Pleno del Congreso n.º 77 · XV legislatura

Emilia Almodóvar Sánchez PSOE

Presidenta, señorías, buenas tardes. Comenzamos la sesión en defensa del consumidor bajo el prisma de que tan importante es el reconocimiento normativo de derechos como establecer cauces eficaces para su ejercicio. Con este objetivo, el Grupo Parlamentario Socialista trae hoy aquí una proposición de ley para armonizar la información a incluir en las páginas web, contratos y facturas de electricidad y gas en relación con la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Señorías, la vulnerabilidad económica entorpece el acceso a la justicia, y este principio, que es aplicable con carácter general, lo es más en el derecho de consumo. Con independencia de los derechos que puedan reconocer nuestras leyes, estos derechos se convierten en humo si no existen cauces adecuados para que los consumidores los puedan hacer valer. Esto lo entendimos muy bien los socialistas cuando pusimos en marcha el Sistema Arbitral de Consumo, paradigma en Europa del sistema alternativo que garantiza el respeto de los consumidores. . La Constitución exige que los poderes públicos garanticen la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los intereses económicos de estos. Por tanto, nuestro marco constitucional es el mandato que impulsó la aprobación en España en 1984 de la primera ley general para la defensa de los consumidores y usuarios. Avanzando en la garantía de la eficacia sobre bases firmes para la protección de sus derechos, en su artículo 31 mandató al Gobierno la creación de un sistema arbitral que entendiera y resolviera, con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, las quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios. El Sistema Arbitral de Consumo fue desarrollado reglamentariamente por primera vez en el Real Decreto 636/1993. En el ámbito internacional, cuando la Asamblea General de la ONU aprueba las directrices sobre la protección del consumidor, enumera una serie de medidas que permite a los consumidores obtener compensación, y así se abre el camino de la resolución alternativa de litigios con un mecanismo extrajudicial; un mecanismo que es rápido, justo y poco costoso, y teniendo en cuenta las necesidades de las personas consumidoras con bajos recursos. La Directiva 2013/11, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, es la norma que aplica los procedimientos de resolución alternativa y exige que se cumplan unos requisitos de calidad en toda la Unión Europea, y que los consumidores y las consumidoras conozcan la existencia de dichos procedimientos. El objetivo de esta directiva es claro: que los consumidores puedan identificar rápidamente qué entidades de resolución alternativa son competentes para tratar su reclamación. Esta norma también deja bien claro que la información debe ser clara, comprensible y de fácil acceso. Esta Directiva 2013/11 fue traspuesta al ordenamiento jurídico español en la Ley 7/2017, del 2 de noviembre. Esta ley fue objeto de una intensa negociación durante su tramitación parlamentaria, en la cual el Grupo Parlamentario Socialista incorporó más de cuarenta enmiendas al texto del proyecto. El resultado del texto disponía a sectores concretos a dos cambios normativos de especial trascendencia: en primer lugar, la protección de los usuarios del transporte aéreo, de aceptación obligatoria y resultado vinculante para las compañías aéreas; y, en segundo lugar, la creación de una única entidad para la resolución de litigios de consumo en el sector financiero y la obligación a las entidades financieras de que participaran en los procedimientos de dicha entidad. Con esta ley no solo se revoluciona el concepto tradicional de la resolución de conflictos en consumo garantizando su calidad, sino que también somete a este procedimiento a dos de los sectores que actualmente presentan más reclamaciones por parte de los consumidores y usuarios: el sector eléctrico y el sector de hidrocarburos. Como señalamos en la iniciativa que hoy debatimos, las empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas natural están obligadas a ofrecer a sus consumidores la posibilidad de solucionar sus conflictos a través de una entidad de resolución alternativa de litigios. ¿Por qué es necesario explicar a los consumidores, en concreto a los más vulnerables, qué son y para qué sirven estos sistemas alternativos de litigios? Es necesario porque ellos deben saber que pueden acudir a un lugar diferente al judicial cuando tienen que reclamar una queja, un error en su factura, un error en sus contratos o en su suministro. Por tanto, esta proposición de ley que hoy presentamos quiere que las empresas lleven a cabo un sistema donde aparezca en la factura de sus clientes el nombre de las empresas. Es obligatorio por parte de las empresas de gas y de luz obtener esos datos para que sus clientes sepan dónde poder dirigirse. Tanto es así que, en su artículo 46.1, la Ley del Sector Eléctrico ―y voy a citar textualmente― establece que: Serán obligaciones de las empresas comercializadoras, en relación con el suministro, informar a sus clientes sobre sus derechos respecto de las vías de solución de conflictos de que disponen en caso de litigio. En términos similares se expresa el artículo 57 bis de la Ley del Sector de Hidrocarburos para suministro del gas natural. No obstante, y ese es el motivo de nuestra propuesta, los últimos informes de supervisión del proceso de resolución alternativa de litigios entre comercializadoras y consumidores de energía eléctrica y gas natural señalan, de forma contundente, la necesidad de introducir modificaciones legislativas sectoriales, armonizando la información que deben incluir en las páginas web, contratos y facturas eléctricas y gas, en relación con la resolución alternativa de litigios de la regulación 7/2017. Asimismo, es importante y de especial relevancia que se especifique y se puntualice que el desarrollo de dicho mecanismo sea vinculante para las partes. Conscientes de la importancia de la resolución alternativa de litigios para consumidores y siguiendo las recomendaciones del organismo supervisor, hoy sometemos a la consideración de esta Cámara nuestra propuesta para que ambas leyes sectoriales, reguladoras del sector del gas y de la electricidad, concreten el contenido del deber de información de las empresas suministradoras respecto de la posibilidad por parte de sus consumidores de solucionar sus conflictos a través de una entidad de resolución alternativa de litigios en materia de consumo, armonizando la regulación sectorial con la obligación de información que refleja su artículo 40 en la Ley 7/2017. Como señalaba al inicio de mi intervención, tan importante es el reconocimiento normativo de derecho como establecer cauces eficaces para su ejercicio. La resolución alternativa de litigios es una garantía para el ejercicio de los derechos de los consumidores. Además, un consumidor informado es un consumidor protegido. Por otro lado, vemos que los datos nos demuestran que un 98 % de los consumidores del sector del gas y un 99 % de la electricidad han contratado con comercializadoras que tienen adheridas a sus entidades una resolución alternativa de litigios. También nos reflejan los datos que el número de reclamaciones gestionadas a través de dichas entidades es muy escaso y reducido: un 0,76 % para el sector eléctrico y un 0,77 % para el suministro del gas. Estos datos nos traducen un importante desconocimiento; un desconocimiento de los consumidores sobre los procedimientos que se deben establecer legalmente para resolver sus conflictos y problemas en el sector del gas y de la electricidad; un desconocimiento que probablemente muchos de nosotros hayamos tenido en algún momento. Estos datos muestran, por otra parte, que no se está cumpliendo correctamente con el deber de una información accesible, fácil y clara. Asimismo, señalan los informes del Defensor del Pueblo que un alto número de consumidores no sabe a qué órgano o Administración acudir para resolver sus reclamaciones frente a sectores energéticos. Señalan, incluso, que las consejerías autonómicas responsables en la materia ―competentes para conocer las discrepancias que surgen en el marco de las reclamaciones energéticas―, una vez que se ha concluido el proceso de reclamación y han sido desestimadas estas reclamaciones por las comercializadoras, han detectado casos en los que las autoridades de consumo han facilitado una información errónea al considerar que el consumidor no tenía acceso a una vía extrajudicial. ¿Qué nos indican estos informes? Nos indican que aún nos queda un importante camino por recorrer para consolidar el sistema, para unificar criterios y difundir de forma adecuada las posibilidades que brinda nuestro ordenamiento jurídico a los consumidores para proteger sus derechos. Señorías, esperamos contribuir con nuestra propuesta a avanzar en este camino y seguir evolucionando en la protección jurídica del consumidor, que somos la sociedad en general. Amparados en las recomendaciones que realiza la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su último informe, es nuestra intención aclarar el contenido del deber de informar a los consumidores sobre la posibilidad de solucionar sus conflictos a través de una entidad de resolución alternativa de litigios en materia de consumo que se contienen en dos importantes leyes sectoriales: la Ley del Sector Eléctrico y la Ley del Sector de Hidrocarburos. Somos conscientes de que la resolución alternativa de litigios aún no es suficientemente conocida por los consumidores y usuarios. Por este motivo, es importante remover desde los poderes públicos cualquier obstáculo que pueda dificultar la información que debe ofrecerse a los consumidores para el acceso a esta vía de solución de conflictos. Reitero mis palabras del principio: un consumidor informado es un consumidor protegido. . Contribuir a este objetivo es lo que motiva esta propuesta, la cual espero que sea de interés para el resto de los grupos parlamentario de esta Cámara y podamos seguir avanzando para la sociedad española. Muchas gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Moitas grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. Antes de entrar en materia, permítame unha cuestión previa. Nuns minutos acompañarei unha representación dos traballadores e traballadoras da empresa Circet que se achegan ao Congreso para trasladar as súas reivindicacións, para trasladar a defensa dos seus postos de traballo. Estamos falando dunha empresa francesa que vén de adquirir unha unidade produtiva autónoma dedicada á instalación e mantemento de redes fixas e telecomunicacións — Comfica— que conta entre os seus clientes con Movistar, nada máis e nada menos que Movistar, e tamén moitas administracións públicas, entre elas a Xunta de Galiza. E que no noso país ten un cadro de persoal de máis de 350 traballadores e traballadoras. Pois ben, nada máis Circet facerse co control de Comfica abriu un expediente de regulación extintivo para un terzo do seu persoal no Estado español sen xustificación económica, que impactaría ademais moi especialmente na Galiza, onde este expediente implica o despedimento de 118 persoas. Onte mantiven unha reunión con eles. Comprometinme, entre outras cousas, a trasladar tamén as súas reivindicacións ao Congreso e a pedirlle ao Goberno e ao Ministerio de Traballo que actúen para evitar que estes despidos se poidan producir. Por certo, tamén para lle reclamar ao Ministerio de Traballo que derrogue, dunha vez por todas, a reforma laboral do Partido Popular e, entre eles, ese precepto que foi eliminado que implica que os ERE tivesen que ter autorización administrativa previa, que daría máis capacidade á Administración para defender os dereitos dos traballadores e traballadoras. En relación coa presente proposición de lei, que pretende incorporar en dous artigos da Lei do Sector Eléctrico a obriga de incluír nas páxinas web, contratos e facturas o nome e datos de contacto de, no mínimo, unha entidade de resolución de conflitos cuxo pronunciamento sexa vinculante para a comercializadora e para as persoas consumidoras, temos que dicir que nos parece un obxectivo loábel. Mais tamén excesivamente tardío e inconcreto. De feito, eu quero lembrar que o BNG xa ten defendido mecanismos de resolución de conflitos e de defensa dos consumidores e consumidoras en leis, en normas anteriores, por medio de emendas que infelizmente non foron incorporadas. Aquí o que se propón é dar maior publicidade e facilitar un maior coñecemento da existencia destes mecanismos para o seu uso por parte das e dos consumidores, pero nós xulgamos que se trata dunha reforma limitada que en si mesma merecería maior concreción e máis garantías. A propia lei asegura que debe existir un procedemento público e gratuíto entre o Ministerio ou outras Administracións que, como público, será precisamente gratuíto para todas as persoas. Porén, isto non é o que se pretende publicitar e, por tanto, xorden algunhas preguntas: o servizo desta outra entidade vai ser tamén gratuíto para a persoa consumidora? Onde estará radicada a entidade de resolución de conflitos? Será un procedemento centralizado que esixa necesariamente unha tramitación telemática e só telemática? Non sería máis adecuado esixir que as entidades e procedementos fosen accesíbeis de forma próxima aos consumidores e consumidoras? Se se tratar dun único ente centralizado, como se garantirán os dereitos lingüísticos das persoas consumidoras? Un aspecto en que parece que nunca pensa o Goberno cando lexisla: os dereitos lingüísticos son tamén dereitos básicos dos cidadáns e das cidadás e, por tanto, tamén deben estar presentes neste caso. Consideramos que é preciso asegurar a existencia, como dicía, dun procedemento de reclamación público e gratuíto, e que poida ser en galego, para a resolución de controversias. Mais tamén que as reclamacións presentadas esixan a revisión e/ou inspección por parte das Administracións competentes en materia de consumo. Deben ser reguladas claramente as obrigas das empresas distribuidoras e comercializadoras en relación á calidade da subministración, o establecemento de prazos para a resolución das solicitudes de alta, mudanza de compañía ou avarías, obrigas de mantemento da atención presencial, e distribuída territorialmente para o fácil acceso das persoas consumidoras sen que se force a facer colas interminables ou chamadas con máquinas, a maior parte das veces sen resposta ou polo menos sen resposta positiva. Unha vez existan obrigas neste sentido, as Administracións poderán de oficio esixir o cumprimento para asegurar o respecto dos dereitos dos consumidores e usuarios e usuarias. O acceso ao mecanismo de resolución de conflitos descarga a responsabilidade de forma individual nos consumidores e, por tanto, debe existir un control público. Mais, para alén desta cuestión, en relación coa factura eléctrica das persoas consumidoras o BNG seguirá a reclamar algúns elementos que nos parecen esenciais: a simplificación da factura, que se eliminen desta todos os cargos e peaxes que non teñen a ver co consumo e que se rebaixe o IVE de forma permanente á luz e ao resto das subministracións básicas dos fogares a 4 %, como produtos que son de primeira necesidade. Acabamos de propolo nesa lei que debateremos o xoves do imposto complementario ás multinacionais que, lamentablemente, nin sequera puido ser votado porque foi vetado polo Goberno, precisamente para evitar que os grupos políticos se pronunciasen ao respecto. Ademais, é preciso modificar o sistema de determinación do prezo da enerxía eléctrica, o chamado pool, para asegurar un sistema xusto que non facilite ou permita o enriquecemento obsceno e arbitrario das eléctricas, como aconteceu xa e continúa a acontecer. E debe, tamén, ser introducida a regulación de tarifas diferenciadas que eximan, cando menos, do pagamento de custos como o de transporte e peaxes aquelas comunidades produtoras excedentarias de enerxía eléctrica, o que permitiría abaratar a factura e compensar, no mínimo en parte, os custos sociais, ambientais, patrimoniais e económicos que deben asumir, que debemos asumir, por exemplo, no caso da Galiza, por albergar a maioría das instalacións de produción enerxética, de produción eléctrica. En definitiva, tense de garantir, si, e nese sentido votaremos a favor da toma en consideración do dereito de acceso a un sistema de resolución de conflitos para as persoas consumidoras. Mais tamén presentaremos emendas para mellorar o texto e para incorporar todos estes outros elementos, todas estas outras modificacións, na Lei do Sector Eléctrico. Moitísimo obrigado. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Antes de entrar en materia, permítanme una pequeña cuestión previa. En unos minutos acompañaré a una representación de los trabajadores y trabajadoras de la empresa Circet que vienen al Congreso para trasladar sus reivindicaciones, para trasladar la defensa de sus puestos de trabajo. Estamos hablando de una empresa francesa que acaba de adquirir una unidad de producción autónoma dedicada a la instalación y mantenimiento de redes fijas y de comunicación ―Comfica― que cuenta entre sus clientes con Movistar; nada más y nada de menos que Movistar. También muchas Administraciones públicas, entre ellas, la Xunta de Galicia. En nuestro país es un cuadro de personal de más de 350 trabajadores y trabajadoras y nada más que Circet se va a hacer con el control de Comfica y abrió un expediente de regulación extintivo para un tercio de su personal en el Estado español sin justificación económica, que impactaría especialmente en Galicia, donde este expediente implica el despido de 118 personas. Ayer mantuve una reunión con ellos. Me he comprometido, entre otras cosas, a trasladar también sus reivindicaciones al Congreso y a pedir al Gobierno y al Ministerio de Trabajo que actúen para evitar que estos despidos se puedan producir. Por cierto, también para reclamar al Ministerio de Trabajo que derogue, de una vez por todas, la reforma laboral del Partido Popular y, entre otras cosas, ese precepto que fue eliminado, que implica que los ERE tuviesen que tener autorización administrativa previa, que daba más posibilidad a la Administración de defender los derechos de trabajadores y trabajadoras. En relación con la presente proposición de ley, que pretende incorporar en dos artículos de la Ley del Sector Eléctrico la obligación de incluir en las páginas web contratos y facturas, el nombre y datos de contactos de, por lo menos, una entidad de resolución de conflictos cuyo pronunciamiento será vinculante para la comercializadora y para la persona consumidora, tenemos que decir que es un objetivo loable, pero también muy tardío e inconcreto. Quiero recordar que el BNG ya ha defendido mecanismos de resolución de conflictos y defensa de los consumidores y consumidoras en leyes y normas anteriores por medio de enmiendas que, desgraciadamente, no fueron aceptadas. Aquí lo que se propone es dar mayor publicidad y facilitar el mayor conocimiento de la existencia de estos mecanismos para su uso por parte de los consumidores y consumidoras, pero pensamos que se trata de una reforma limitada y que en sí misma merecería más concreción y más garantías. La propia ley asegura que debe existir un procedimiento público y gratuito entre el ministerio y otras Administraciones, que, como público, tiene que ser precisamente gratuito para todas las personas, pero esto no es lo que se pretende publicitar y, por lo tanto, nacen algunas preguntas: ¿El servicio de esta otra entidad también va a ser gratuito para la persona consumidora? ¿Dónde estará erradicada la entidad de resolución de conflictos? ¿Será un procedimiento centralizado que exija necesariamente una tramitación telemática y solamente telemática? ¿No sería más adecuado exigir que las entidades y procedimientos fuesen accesibles de forma próxima para los consumidores y consumidoras? Si se trata de un único ente centralizador, ¿cómo se garantizarán los derechos lingüísticos de las personas consumidoras? Hay que pensar en los derechos lingüísticos, que también son derechos básicos para los ciudadanos y ciudadanas y, por lo tanto, también tienen que estar presentes en este caso. Consideramos que es necesario asegurar la existencia de un procedimiento de reclamación público y gratuito, y que pueda ser en gallego, para la resolución de controversias, pero también que las reclamaciones presentadas exijan la revisión y/o inspección por parte de las Administraciones competentes en materia de consumo. Deben ser reguladas claramente las obligaciones de las empresas distribuidoras y comercializadoras en relación con la calidad del suministro, establecimiento de plazos para la resolución de solicitudes de alta, cambios de compañía o averías, o vías de mantenimiento de atención presencial, y distribuidas territorialmente para el fácil acceso de las personas consumidoras sin que se obligue a hacer colas interminables o llamadas a máquinas, la mayor parte de las veces sin respuesta o sin una respuesta positiva. Una vez que existan las obligaciones, en este sentido, las Administraciones podrán de oficio exigir su cumplimiento para asegurar el respeto de los derechos de los consumidores y usuarios. Los mecanismos de resolución de conflicto descargan la responsabilidad de forma individual en los consumidores; por lo tanto, debe existir un control público. Pero más allá de esta cuestión en relación con la factura eléctrica de las personas consumidoras, el BNG seguirá reclamando algunos elementos que nos parecen esenciales: la simplificación de la factura, que se eliminen de esta todos los cargos y peajes que no tengan que ver con el consumo y que se rebaje el IVA de forma permanente a la luz y al resto de suministros básicos de los hogares al 4 %, como productos que son de primera necesidad. Acabamos de proponerlo en esa ley que se debatirá el jueves sobre el impuesto complementario a las multinacionales que, lamentablemente, no pudo ser votado porque fue vetado por el Gobierno, precisamente para evitar que los grupos políticos se pronunciasen al respecto. Además, es necesario modificar el sistema de determinación del precio de la energía eléctrica, el llamado pool, para asegurar un sistema justo que no facilite o permita el enriquecimiento obsceno y arbitrario de las eléctricas, como sucedió y sigue sucediendo. También hay que introducir la regulación de las tarifas diferenciadas que eximan, por lo menos, del pago de costes de transporte y peajes a aquellas comunidades productoras excedentarias de energía eléctrica, o que permitirían abaratar la factura y compensar, como mínimo, en parte los costes sociales, ambientales, patrimoniales y económicos que debemos asumir, por ejemplo, en el caso de Galicia, por albergar la mayoría de las instalaciones de producción eléctrica. En definitiva, hay que garantizar, sí. En ese sentido, votaremos a favor de la toma en consideración al derecho de acceso a un sistema de resolución de conflictos para personas consumidoras, pero también presentaremos enmiendas para mejorar el texto e incorporar el resto de estas modificaciones necesarias de la Ley del Sector Eléctrico. Muchas gracias.

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidenta. Arratsalde on. Hoy el Grupo Socialista nos trae una proposición de ley para obligar a detallar y armonizar la información que hay que incluir en las páginas web, contratos y facturas de electricidad y gas, en relación con la resolución alternativa de litigios en materia de consumo; en definitiva, una proposición de ley para proteger a las y los consumidores. Vamos a votar a favor, puesto que la proposición de ley es la propuesta literal de la modificación de la Ley del Sector Eléctrico y de la Ley de Hidrocarburos que realizó la CNMC, en un informe de noviembre de 2022 al respecto, al propio Ministerio para la Transición Ecológica; todo ello, como he dicho, para garantizar los derechos de las y los consumidores. El regulador europeo E-FER, en su conferencia anual sobre consumidores, destaca que para que la transición energética tenga éxito los consumidores tendrán que estar informados, apoyados y motivados a lo largo de esta transformación, para lo que es fundamental que los y las consumidoras estén suficientemente protegidos y protegidas y tengan un acceso sencillo a los mecanismos de resolución alternativa de litigios, no solo para cumplir con el principio de simplicidad, sino también para cumplir con el principio de protección al consumidor. En este sentido, tanto la Ley del Sector Eléctrico como la Ley de Hidrocarburos establecen para las y los consumidores la posibilidad de resolver sus litigios de consumo acudiendo a entidades de resolución alternativa de litigios que hayan sido acreditadas por la autoridad competente e incluidas en el listado nacional de entidades acreditadas. Sin embargo, y a pesar de esta posibilidad, en el propio informe de la CNMC de 2022, que se ha mencionado, en el que se analizó precisamente el grado de cumplimiento de esta obligación por parte de las comercializadoras energéticas, se observa, por un lado, un aumento del número de comercializadores adheridos a entidades de resolución alternativa de litigios que cumplen con la Directiva 2013/11, de la Unión Europea, y, por otro lado, un mayor grado de información, aunque esta información acerca de este mecanismo que ofrecen a sus consumidores, desde luego, es desigual y no se da en todos los canales de difusión. Es decir, se constata que se ofrece información en las páginas web, en los contratos y en las facturas de las comercializadoras, y en algunos casos en otra información promocional, pero no en todos los casos con suficiente información para el consumidor, lo que supone, con carácter general, que el uso que se realiza, al menos en España, del sistema arbitral de consumo en el conjunto de sectores sea, desde luego, bastante reducido y, según la CNMC, suponga el 0,20 % de las reclamaciones resueltas desfavorablemente para el consumidor. Además, podemos decir que el consumidor, en general, desconoce estas vías de reclamación. La CNMC señala la necesidad de que los comercializadores destaquen esta información en sus páginas web, en la información promocional y en sus contratos, dado que este mecanismo es una herramienta relevante que protege al consumidor y establece para ello una propuesta regulatoria al Ministerio para la Transición Ecológica, que, como ya he dicho, es la que hoy nos propone el Grupo Socialista. Aldaketa hau kontsumitzaileen babesa hobetzea proposatzen dau, izan ere kontsumo arloko auzien ebazpen alternatiborako erakundeak, erderaz, ADR gisa ezagutzen diranak, justiziara iristeko bidea erraza, arina eta kostu txikikoa diralako. Beraz, alde bozkatuko dugu, iniziatiba honen alde bozkatuko dugu bezeroek elektrizidadia eta gas konpainiei erreklamatzea errazteko. Eskerrik asko. Este cambio es para proteger a los consumidores, porque todas las asociaciones de la ADR necesitan un camino para llegar a la justicia de forma rápida. Por tanto, vamos a votar a favor de esta iniciativa para que los clientes y clientas puedan hacer las reclamaciones de forma mucho más fácil a sus compañías de luz y gas. Muchas gracias.

Josep Maria Cruset Domènech JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies, presidenta. Primer de tot, he de recordar-los que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de consum, tal com recull l’article 123 de l’Estatut de Catalunya, i aquesta competència inclou la defensa dels drets dels consumidors i els usuaris i l’establiment i l’aplicació dels procediments administratius de queixa i reclamació, una competència que també inclou la regulació dels òrgans i els procediments de mediació en matèria de consum i la regulació de la informació en matèria de consumidors i usuaris. Així mateix, l’article 28 de l’Estatut empara els drets dels consumidors i dels usuaris i el seu dret a la protecció de la seva salut i seguretat, i també expressa que aquests, els usuaris, tenen dret a una informació veraç i entenedora sobre les característiques i els preus dels productes i dels serveis, a un règim de garanties dels productes adquirits i dels subministraments contractats i a la protecció de llurs interessos econòmics davant de conductes abusives, negligents o fraudulentes. Però, anant més enllà, en l’article 49 s’indica que els poders públics han de garantir l’existència d’instruments de mediació i d’arbitratge en matèria de consum, n’han de promoure el coneixement i la utilització i han de donar suport a les organitzacions de consumidors i usuaris. Per tant, un cop més ens trobem davant d’una proposta, la seva, per modificar una llei estatal referent i ocupant una competència exclusiva de Catalunya. I nosaltres, per tant, un cop més defensarem les competències de Catalunya i plantarem cara davant dels continuats intents d’ingerència i de supeditar-nos. Plantar cara, que vol dir la presentació d’una esmena a la totalitat a aquesta proposició de llei per protegir la invasió competencial que s’està pretenent portar a terme, una esmena a la totalitat que, a més a més, com ja ho hem vist en altres ocasions, no la aixecarem si no hi ha acord en matèria competencial. Dit això, ens sobta que no fos fins a l’any 2017, quatre anys després de la directiva europea relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, que la legislació espanyola no la incorporés en el seu ordenament jurídic. Curiosament, en aquella transposició, a l’exposició de motius — en aquella—, el legislador espanyol va manifestar que és important destacar que aquesta llei — aquella— no regula ni desenvolupa procediments de resolució alternativa de litigis, sinó que es limita a establir els requisits que busquen l’harmonització de la qualitat de les entitats de resolució alternativa a què poden recórrer els consumidors i els empresaris per a la solució dels seus litigis. Set anys després d’aquesta transposició i onze anys després des de que el Parlament Europeu dictés la directiva, avui vostès venen aquí i expressen de nou que els darrers informes de supervisió del procés de resolució alternativa de litigis entre comercialitzadors i consumidors publicats per la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència resulta que assenyalen la necessitat d’introduir modificacions legislatives que determinin l’obligació d’informació prevista a la normativa sectorial. En poques paraules, onze anys després, les empreses elèctriques i les gasístiques — les empreses elèctriques i les gasístiques— no sembla pas que s’hagin aplicat el que la legislació de l’any 2013 requereix, i als successius governs de l’Estat, en lloc de fer la seva feina i forçar l’aplicació de la llei, únicament se’ls hi acudeix legislar de nou que han de complir la legislació. Què els fa suposar, doncs, ara que, si fins ara no han donat compliment a la llei, a partir d’avui ho faran, quan, a més a més, els canvis que es proposen en aquesta proposició són canvis mínims, irrisoris, que no impacten directament en allò que es podria canviar? Com és possible que no aprofitin aquesta oportunitat per regular els procediments de resolució alternativa de litigis que sí que serien d’utilitat per als usuaris? Doncs la resposta és ben fàcil: com és habitual, en lloc de treballar, en lloc de fer la feina, en lloc d’impulsar solucions a la problemàtica dels ciutadans, tornen a venir aquí amb una operació de maquillatge de la realitat, amb més burocràcia, això sí — i que tots, a més a més, sabem que no funcionarà—, amb més burocràcia i sense cap mena de garantia que aquesta proposta funcionarà. Així que facin els deures que hagin de fer per donar compliment a les directives europees i per garantir els drets dels usuaris i consumidors i deixin-se d’operacions de maquillatge. Deixin en pau les competències que són exclusives de Catalunya i deixin que siguem els catalans els que establim en base al nostre Estatut com protegir els consumidors i fer valer els seus drets. Perquè, com passa sempre, també en matèria de consum i segurament de manera més exagerada encara en matèria de consum, és més fàcil i més eficaç donar respostes a la necessitat de la gent des de la curta distància en lloc de des de més de cinc-cents quilòmetres. En resum, o respecte a les competències o esmena a la totalitat. Així de fàcil. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, presidenta. Antes que nada, debo recordarles que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de consumo, como recoge el artículo 123 del estatut de Catalunya, y esta competencia incluye la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios y el establecimiento y aplicación de los procedimientos administrativos de quejas y reclamaciones, una competencia que también incluye la regulación de los órganos y los procedimientos de mediación en materia de consumo y la regulación de la información en materia de consumidores y usuarios. Asimismo, el artículo 28 del estatuto ampara los derechos de los consumidores y usuarios y su derecho a la protección de su salud y seguridad, y también expresa que estos, los usuarios, tienen derecho a una información veraz y entendedora sobre las características y los precios de los productos y los servicios, a un régimen de garantía de los productos adquiridos y de los suministros contratados y a la protección de sus intereses económicos ante conductas abusivas, negligentes o fraudulentas. Yendo más allá, en el artículo 49 se indica que los poderes públicos deben garantizar la existencia de instrumentos de mediación y arbitraje en materia de consumo, deben promover el conocimiento y la utilización y deben apoyar a las organizaciones de consumidores y usuarios. Así pues, una vez más nos encontramos ante una propuesta, la suya, para modificar una ley estatal referente y ocupando una competencia exclusiva de Cataluña. Nosotros, por lo tanto, una vez más, defenderemos las competencias de Cataluña y plantaremos cara ante los continuos intentos de injerencia y de supeditarnos. Y plantar cara quiere decir la presentación de una enmienda a la totalidad a esta proposición de ley para proteger la invasión competencial que se está intentando llevar a cabo, una enmienda a la totalidad que, además, como se ha visto ya en anteriores ocasiones, no levantaremos si no hay acuerdo en materia competencial. Dicho esto, nos sorprende que no fuera hasta 2017, cuatro años después de la directiva europea relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, que la legislación española no la incorporara en su ordenamiento jurídico. Curiosamente, en esa trasposición a la exposición de motivos ―en esa―, el legislador español manifestó que es importante destacar que esta ley ―aquella― no regula ni desarrolla procedimientos de resolución alternativa de litigios, sino que se limita a establecer los requisitos que buscan la armonización de las entidades de resolución alternativa a que pueden recurrir los consumidores y empresarios para la resolución de sus litigios. Siete años después de esa trasposición y once años después de que el Parlamento Europeo dictara la directiva, hoy ustedes vienen aquí y expresan de nuevo que los últimos informes de supervisión del proceso de resolución alternativa de litigios entre comercializadores y consumidores, publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, señalan la necesidad de introducir modificaciones legislativas que determinen la obligación de información prevista en la normativa sectorial. En pocas palabras, once años después, las empresas eléctricas y las gasísticas no parece para nada que se hayan aplicado lo que la legislación del año 2013 requería y a los sucesivos Gobiernos del Estado, en vez de hacer su trabajo y forzar la aplicación de la ley, únicamente se les ocurre legislar de nuevo que tienen que cumplir la legislación. ¿Qué les hace suponer, pues, que, si hasta ahora no han cumplido con la ley, a partir de hoy lo van a hacer, cuando además los cambios que se proponen en esta proposición son cambios mínimos, irrisorios, que no afectan directamente a aquello que podría cambiarse? ¿Cómo es posible que no aprovechen esta oportunidad para regular los procedimientos de resolución alternativa de litigios que sí serían de utilidad para los usuarios? Pues la respuesta es muy sencilla. Como es habitual, en vez de trabajar, en vez de hacer el trabajo y de impulsar soluciones a la problemática de los ciudadanos, vuelven a venir aquí con una operación de maquillaje de la realidad, con más burocracia, eso sí, que todos además sabemos que no funcionará, con más burocracia y sin ningún tipo de garantía de que esta propuesta vaya a funcionar. Así que hagan los deberes que tengan que hacer para dar cumplimiento a las directivas europeas y para garantizar los derechos de los usuarios y consumidores y déjense de operaciones de maquillaje. Dejen en paz las competencias que son exclusivas de Cataluña y dejen que seamos los catalanes quienes establezcamos, sobre la base de nuestro estatuto, cómo proteger a los consumidores y cómo hacer valer sus derechos, porque como sucede siempre, también en materia de consumo y posiblemente de forma más exagerada aún en materia de consumo, es más sencillo y más eficaz dar respuesta a la necesidad de la gente desde la corta distancia en vez de desde más de 500 kilómetros. En resumen, respeto a las competencias o una enmienda a la totalidad. Así de fácil. Muchísimas gracias.

Fèlix Alonso Cantorné SUMAR

Gracias, presidenta. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada pagan un precio más elevado. ¿Lo recuerdan todos ustedes? Es una frase ―muy distentida, por cierto― que dijo el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Cerca de 11 millones de consumidores en España están acogidos a la tarifa regulada, 11 millones de tontos, entre ellos yo. A todas sus señorías, al igual que al resto de los españoles, una llamada telefónica nos ha violentado durante la mejor de las siestas de verano, en una etapa llana del tour. ¿Qué querrán? Muy sencillo: jugar con las palabras y el desconocimiento entre lo que es la distribuidora y la comercializadora de gas y electricidad. No tienen que cambiar, nos dicen, le ofrecemos un mejor contrato en el que usted pagará menos. Normalmente se conforman con que cambies de comercializadora por otra de la competencia y otras muchas veces la estafa es ofrecer algo imposible de materializar, porque está por debajo del precio real de coste. Cuando te llega el contrato y el primer recibo, si lo miras, que la gran mayoría de la gente no lo mira, el sobresalto es mayúsculo, no tiene nada que ver con la conversación telefónica registrada. Los consumidores más expertos, los pocos que saben orientarse en el complejo mapa de la Administración pública, llevan su reclamación a la Administración de consumo autonómica. Empresas multinacionales conocidas por todos nosotros participan en las juntas arbitrales de Consumo. Allí diferentes árbitros analizan la reclamación y exigen a la compañía la transcripción de la conversación telefónica. Curiosamente, esta nunca aparece. Caso resuelto, el consumidor tiene razón y se le compensa. Un apunte. Las empresas matrices están adheridas a las juntas arbitrales, pero sus filiales low cost no. En esas, al consumidor engañado le toca presentar denuncia judicial. Si la Administración de consumo autonómica es proactiva y va más allá, interroga directamente a la empresa. La respuesta siempre es la misma: un comercial que trabaja para una subcontrata se ha excedido. Si se les recuerda que no es la primera vez que pasa, la respuesta es categórica: ya hemos rescindido el contrato con esa empresa que dañaba nuestra reputación comercial. Ese era el modus operandi que utilizaban las empresas cuando el precio de la luz ocupaba la portada de los medios de comunicación y, por tanto, como sabemos por otros temas, se convertía en una preocupación de los ciudadanos. Recientemente, hemos vuelto a ver el mismo método para que la gente contratara una alarma para que, supuestamente, no le okuparan su casa. En España, en 2022 se produjeron 17 000 denuncias, de las que solo un 5 % fueron ocupaciones ilegales, es decir, 850 okupaciones de viviendas de primera y segunda residencia en toda España. Gracias a la derecha, a la publicidad de los medios de comunicación y a la alarma creada, hoy muchos de esos 26 millones de viviendas que hay en España tienen instalada una alarma en su vivienda. Negocio redondo. Volviendo a la luz y al gas, el grupo de izquierdas Plurinacional SUMAR no está solo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, también denuncia que las comercializadoras no son transparentes, ni antes ni después ni durante la contratación, y que incurren en prácticas engañosas. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha propuesto poner fin a las llamadas fraudulentas y la contratación telefónica solo será posible si llama el propio cliente o si le llaman tras solicitarlo explícitamente. Pero cuando este tipo de fraudes se solucionen, aparecerán nuevos. ¿Y para qué el ADR? En ciertos ámbitos, como el laboral, ya existe la conciliación obligatoria. Ampliar este enfoque a otros tipos de procedimientos ayudará a resolver muchos conflictos de manera más rápida y económica. La implementación del ADR como paso obligatorio antes de litigar aliviará la carga de trabajo de los tribunales de España. Hemos de trabajar para dar a conocer el ADR, al igual que las juntas arbitrales de Consumo. De igual forma, hemos de estar vigilantes para que estas fórmulas avanzadas de resolución de conflictos entre empresas y consumidores no se conviertan en un servicio de atención al cliente y de reclamaciones de las grandes multinacionales a cargo de los fondos públicos de la Administración. Por eso, las Administraciones de consumo y la CNMC, una vez que se haya constituido el ADR, no pueden olvidarse del problema e igual que ellos utilizan la inteligencia artificial para enchufarnos sus productos, las Administraciones deben utilizar las mismas herramientas para seguir aquellas prácticas que no son errores, sino políticas de empresa que buscan de forma reiterada el beneficio extraordinario con el abuso hacia los consumidores y sancionar; naturalmente, sancionar. Estas empresas a las que hoy queremos ayudar para resolver de forma rápida y satisfactoria sus conflictos con los consumidores son las mismas que quieren escaquearse de pagar impuestos. Sus señorías saben que soy diputado de los Comunes, de los Comuns per Tarragona. Repsol, que opera en el complejo petroquímico, es la empresa más contaminante de España, con el 62 % de las emisiones de todo el IBEX 35. En el Camp de Tarragona destacan las emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Muchos de estos contaminantes no son analizados y sobre algunos compuestos ni siquiera existe regulación ni control. Apoyado por los grupos lobistas de esta Cámara y medios de comunicación que reciben importantes inyecciones publicitarias, Repsol utiliza el chantaje fiscal para seguir pagando menos de un 3 % en el impuesto sobre sociedades, frente al 18 % de las pymes. Se trata de un chantaje falso ―un chantaje falso―, pues estas empresas tienen que reconvertir sus contaminantes refinerías si no quieren pagar grandes multas aquí y en Portugal. De momento, la acción de las manadas lobistas y la prensa parece que soplan a favor de las chimeneas en lugar de a favor de la ciudadanía. Señorías, si queremos que el pueblo, con sus impuestos, y la acción de los servicios públicos siga salvando al pueblo, constituyamos el ADR, sí, pero no nos olvidemos de hacer pagar a aquellos que más beneficio obtienen de sus malos humos y del abuso a los consumidores. Muchas gracias. .

Tomás Fernández Ríos VOX

Buenas tardes. Señorías, ¿ven esto que tengo aquí? . ¿Lo ven? Pues no, no es mi lista de la compra ni el trabajo del colegio de mi hija de este fin de semana, no. Esto ―dos hojas― es la proposición de ley que estamos debatiendo hoy; esto, folio y medio. ¿De verdad, señores socialistas, no les da vergüenza? Una proposición de ley que, además, no tiene ningún sentido. Les voy a recordar que actualmente se está debatiendo el Proyecto de ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela y esta proposición de ley, esta nimiedad que ustedes traen hoy aquí no es más que lo que debería ser una enmienda, un añadido a ese proyecto de ley, en concreto a la mediación en los contratos de electricidad o hidrocarburos. Pero ustedes no, ustedes no pueden presentar una enmienda, ustedes no pueden mejorar esa ley; ustedes traen a esta Cámara esta simpleza de proposición de ley. ¿Y saben el motivo real? Pues que su única intención es hacer teatro, el paripé de que aquí, en esta Cámara y en esta legislatura, se está legislando algo, cuando la realidad es que tenemos una legislatura bloqueada para cualquier asunto importante, como se demostró ayer en la Comisión de Hacienda. Porque este Gobierno Frankenstein que lideran ustedes, que solo busca decretar amnistías o dar sin medida cada vez más dinero y privilegios a sus socios separatistas y golpistas, en ningún caso sirve para mejorar la vida de los españoles. Eso, ténganlo muy claro, no les interesa. Eso sí, llenan el Diario de Sesiones de decretos leyes y de proposiciones de ley absurdas, absolutamente irrelevantes, cuando no malintencionadas, con el único resultado de hacernos perder a todos el tiempo y, lo que es más grave, para gastar más dinero de los contribuyentes y volver cada vez más locos a los ciudadanos con toda esta paranoia de normativa inútil que ha llegado a un punto que ya es absolutamente imposible de cumplir. . Porque, ¿saben ustedes cuántas leyes y normas tenemos en España en estos momentos, la mayoría tan ineficaces y ridículas como esta? Pues en torno a trescientas mil. Solo les voy a poner un ejemplo, para que se hagan una idea los ciudadanos que me estén escuchando. El año pasado, en 2023, un año en el que para alivio de los ciudadanos se paró la legislatura durante cinco meses por la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones, el año pasado ―insisto―, en medio año se aprobaron 683 normas estatales. En ese mismo período, 2023, los distintos boletines oficiales publicaron más de 1,2 millones de páginas, o sea, que una persona que quisiera más o menos leer o estar al tanto de lo que se ha legislado tendría que leer unas 3500 páginas al día. Da para escribir 850 Quijotes. . Pero esto que parece una broma, no tiene nada de broma; todo lo contrario, es un auténtico drama para un país como el nuestro, porque este ansia de intervencionismo que tienen ustedes en todo no solo genera un entorno de incertidumbre y desconcierto constante en la ciudadanía, que ya no sabe a qué atenerse, sino que además afecta muy negativamente a la competitividad de nuestras empresas, limitando de manera importante su capacidad para innovar, para crecer o, lo que es lo mismo, para crear riqueza. Y se lo digo muy claro: nosotros, VOX, vamos a gobernar, no tengan la más mínima duda. . Y cuando gobernemos, a diferencia de ustedes, por cada ley que aprobemos, derogaremos tres; por cada ley nueva, tres fuera. Tres por una, recuérdenlo. Porque lo que necesitan los consumidores son normas sencillas, claras, fáciles de entender y que se cumplan, sobre todo que se cumplan por las personas que las dictan, y no esta vorágine de normativas europeas, estatales, autonómicas, provinciales y locales, que son una auténtica locura y que solo tienen la intención de mantener esta gigantesca y esperpéntica estructura del Estado que, cuando llega el momento en el que los ciudadanos realmente la necesitan, no vale absolutamente para nada, como desgraciadamente hemos visto hace unos pocos días, demostrando el Estado fallido que han creado ustedes, unos (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) y otros (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Aquí tenemos de nuevo, como digo, un ejemplo más de todo esto, otra vuelta de tuerca a la burocracia, al intervencionismo con el que, insisto, están ustedes obsesionados. En este caso, además, no es más que un parche superficial, deficiente y vacío de contenido real, que no aporta ninguna mejora significativa para los consumidores, que no resuelve los problemas reales que padecen los ciudadanos y que, lejos de proteger sus derechos, los pone en peligro. Porque el consumidor, señores ‘socialistos’, no necesita más leyes; el consumidor lo que necesita es competencia real y precios justos , pero eso precisa algo que ustedes no comprenden. Eso exige liberar los mercados, reducir los impuestos que encarecen las facturas y garantizar que los consumidores puedan recurrir a una justicia sin trabas ni imposiciones. A ustedes se les llena la boca con que buscan proteger a los consumidores. ¡Qué cinismo! Ustedes protegen a los consumidores como un pirómano protege un bosque. Su gasolina y su cerilla son los impuestos confiscatorios. ¿Cómo puede ser que la recaudación por IRPF ―el IRPF, que es el impuesto que realmente sufren las rentas bajas y las rentas medias― se haya incrementado en cinco años un 45 %? Se ha recaudado un 45 % más en cinco años. Son ustedes unos auténticos bandoleros. . Si ustedes quieren de verdad proteger a los consumidores, que somos todos, lo mejor que pueden hacer por ellos es no continuar con esta agonía de legislatura. Déjense ustedes de tanta proposición inútil, que no vale para nada, y disuelvan esta Cámara, que con este Gobierno y con los socios que tienen no tiene ningún sentido y solo sirve para dañar cada día más la libertad y la igualdad junto con la seguridad de los españoles. Se lo repito: convoquen elecciones ya y dejen de hacer perder el tiempo a esta Cámara y, sobre todo, de volver locos a los ciudadanos. Márchense y dejen que seamos nosotros los que arreglemos este desastre en el que nos están sumiendo, porque se lo vuelvo a repetir, y lo van a ver muy pronto. Si no, fíjense en lo que está pasando en el mundo. Se lo repito: fíjense en lo que está pasando en el mundo. . Sí, lo que está pasando con las ideas que algunos defendemos. Es la hora. Se acerca el momento y llega el momento de que un partido como VOX, de verdad, gobierne y solucione los problemas de este país. Muchas gracias. .

Guillermo Mariscal Anaya PP

Gracias, presidenta. Nosotros también estamos de acuerdo con que hay que ampliar los mecanismos de arbitrio para rehuir de los juzgados a la hora de resolver conflictos que tienen que ver con la factura eléctrico-gasista, por supuesto que sí, pero ¿por qué una proposición de ley y no una enmienda en un texto que esté incurso en la Cámara? ¿Por qué quiere una proposición de ley y no una iniciativa que esté ya vigente? Porque no tienen prisa, porque esto es mentira. Es falso que tengan prisa en que esto se apruebe. Podrían haberlo incluido en cualquier enmienda ―una enmienda intrusa― en cualquier texto que estuviese vigente y no lo han hecho. Y como esto no es urgente y estamos de acuerdo, hablemos entonces del contenido de la factura. Hablemos de la responsable de la política energética en nuestro país, que eso sí es importante, de aquella que nos ha llevado a la situación en la que estamos actualmente, la que lleva catorce semanas desaparecida del Congreso, sin agenda desde el 28 de agosto y sin tomar ninguna decisión de política energética desde el mes de abril, cuando fue designada no candidata al Parlamento Europeo. Esa inacción en política energética es lo único que le podemos agradecer a la señora Ribera, porque la energía eléctrica que hoy estamos consumiendo, que hoy ilumina esta casa, que tienen en su casa los españoles o que es el instrumento para la competitividad de muchas industrias, es hoy la segunda más cara de todo 2024. Hoy, porque la más cara fue ayer. E imagino que esto tiene que ver con la responsabilidad de la ministra de Energía también. . Desde que ella fue nominada candidata al Parlamento Europeo, en abril de 2024, hasta el mes de noviembre ―escuchen bien―, el precio de la energía ha subido un 273 %. De abril a noviembre. Algo tendrá que ver con la política energética, ¿o no? Ustedes se han negado reiteradamente a implementar el IVA reducido en la energía eléctrica y en la factura del gas también. Se han negado reiteradamente, a pesar de que han incrementado en un 30 % los ingresos desde que Sánchez es presidente del Gobierno. Les hemos pedido que saquen de la factura aquellos asuntos que no tengan que ver con la política energética, como, por ejemplo, el déficit de tarifa. Solo en el año 2024 vamos a pagar por los errores de política energética del señor Zapatero 2371 millones de euros. Si nos hubiesen hecho caso y en 2022, en 2023 y en 2024 ese déficit lo hubiésemos incluido en los presupuestos generales del Estado, hubiéramos disminuido la factura eléctrica a los españoles en 7000 millones de euros. Les veo y recuerdo cómo recientemente hablaban ustedes mucho de vulnerabilidad, de problemas de las familias más desfavorecidas. Llevan sin publicar un informe al respecto desde el año 2022, pero hay un informe que ha publicado la Universidad de Comillas que dice que hay ocho millones ―ocho millones― de familias que tienen una temperatura inadecuada en sus hogares y que hay 3 200 000 hogares que viven en situación de pobreza energética. Ante eso, imagino que también tendrá algo que decir la señora Ribera. . ¿Qué ocurre con la industria, la industria electrointensiva, aquella que utiliza energía eléctrica para el desarrollo y la elaboración de sus productos y que emplea en España a 2 900 000 personas? ¿Qué pasa con ella? Ustedes podrían perfectamente destinar el 25 % de los ingresos de CO 2 procedentes de las subastas a favorecer a esas empresas y, por lo tanto, destinar 896 millones de euros, pero no lo hacen. Han presupuestado 300, cuando la energía eléctrica para esta industria es dos veces ―dos veces― más cara que en Alemania y tres veces más cara que en Francia. Por tanto, procurando que no sean homogéneas y que compitan en desigualdad de condiciones. Además, esta vicepresidenta, esta ministra, contraria a la neutralidad tecnológica, ha implementado un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que es especulativo, irrealizable y propagandístico. Pongo un ejemplo. El PNIEC dice que en 2030 tiene que haber en España 5,5 millones de vehículos eléctricos. Hoy en día hay matriculados cuatrocientos. Es decir, ellos están en un sitio y la realidad en otro. Hay un colapso absoluto en el desarrollo de la energía renovable; por ejemplo, en Canarias, con lo que está ocurriendo con la energía eólica offshore, donde una inversión de 1000 millones de euros está paralizada porque son incapaces de desarrollarla y de con ello abaratar la factura eléctrica no solo de los canarios, sino de todos los españoles. ¿Saben ustedes cuánto ha disminuido la inversión extranjera en España por cosas como esta, por cuestiones como esta, desde que Sánchez es presidente del Gobierno? Un 55 % en valores nominales y un 67 % si descontamos la inflación. Eso también es política energética. La ministra Ribera nos ha llevado a aumentar la dependencia del gas de forma galopante, sin desarrollar ni el biometano ni el almacenamiento hidráulico ni el almacenamiento eléctrico. Añadido esto al conflicto con Argelia, nuestro principal proveedor, y teniendo en cuenta además que aplicó la famosa excepción ibérica, incrementó el consumo solo en el año 2022 de gas para fabricar energía eléctrica un 57 %. Solo en 2022. Eso quiere decir problemas con el primer proveedor, más consumo y que tenemos que buscar un segundo proveedor y es cuando aparece Rusia, que en el año 2018 prácticamente no existía como proveedor de gas para España, pero que hoy ocupa el segundo lugar, con más de un 20 %. Le voy a dar algunos datos, porque los datos se comprueban; es mejor que estar comentándolos. En el año 2022, año de inicio de la invasión de Ucrania, España compró 3520 millones de euros de gas ruso; en 2023, 2800 millones de euros, y en lo que llevamos de 2024, 1600 millones. En total, las empresas españolas, derivado de la política energética propulsada por Teresa Ribera, han gastado más 8000 millones de euros en gas ruso. Por último, lo que más le interesa a la señora Ribera: la energía nuclear. Ha decidido que hay que apagar todas las centrales nucleares que hay en España, los siete equipos. ¿Pero qué alternativa da? Ninguna. Por tanto, una energía que no emite CO 2, estable, que garantiza la estabilidad del sistema eléctrico español y que funciona veinticuatro horas los siete días de la semana, la vamos a parar en España. Pero ¡ha llegado el milagro de Bruselas! Es decir, en Madrid decimos una cosa y en Bruselas decimos la otra. Pobres de Pirineos para abajo y ricos hacia arriba. ¿Eso es lo que la señora Ribera quiere para los españoles? . ¿Cuál es la razón para argumentar que es necesario el cierre nuclear en España y en el resto de Europa no? Escúchenme bien, somos el único país del mundo con equipos nucleares en funcionamiento que ha decidido que no haya continuidad o alargamiento de la vida útil. El único del mundo. ¿Cuál es la razón? ¿Dónde miente la señora Ribera, en Madrid o en Bruselas? Señorías, quiero destacar que esta política energética que la señora Ribera ha venido defendiendo nos ha hecho más vulnerables, más pobres y menos competitivos; ha aumentado la incertidumbre hacia nuestro país y ha reducido nuestra autonomía estratégica y nuestra seguridad energética. Básicamente, se ha basado en una política energética en la que no ha habido nunca evaluación de impacto económico ni social de las medidas, porque nunca se ha dialogado con los actores más relevantes y porque se ha abandonado la neutralidad tecnológica. Señorías, España merece una política energética coherente, competitiva y realista, que ponga la economía en la senda de la prosperidad y garantice un futuro sostenible para todos. Muchas gracias. .

Llanos De Luna Tobarra PP

Presidenta, diputados, hoy les presentamos la proposición de ley para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de los cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones. Con este reconocimiento se pretende reforzar uno de los pilares básicos del sistema penitenciario, que son los funcionarios de prisiones, funcionarios que tienen como tareas fundamentales, por un lado, la retención y la custodia de detenidos y presos y, por otro, la reeducación y la reinserción social de aquellos que han estado sometidos a penas privativas de libertad. Actualmente, el personal de la institución penitenciaria lo integran alrededor de 21 500 personas, de las que alrededor de 14 400 se dedican a tareas de vigilancia para garantizar el orden y la seguridad interior en los centros penitenciarios y en los centros de reinserción social. Estas importantes funciones se realizan en entornos confinados, donde el contacto con los internos es muy estrecho y el clima laboral, tenso. Piensen que la convivencia es forzada, ya que los reclusos se ven obligados a cumplir sanciones penales en contra de su voluntad, lo que hace que los funcionarios se enfrenten a situaciones de indisciplina, desobediencia, amenazas y conductas violentas. Por tanto, debe ser un objetivo primordial de la Administración penitenciaria velar por la integridad física y la salud tanto de los funcionarios como de los internos. Tengan en cuenta que un gran porcentaje de reclusos padecen problemas de salud mental y de adicciones, lo que complica todavía más el trabajo de los funcionarios. El pasado mes de febrero, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias cifró en 508 las agresiones a funcionarios durante 2023, un 12 % más que en el año anterior, pero un 126 % más que hace cinco años, lo cual está convirtiendo a este colectivo en los funcionarios que más agresiones están recibiendo de toda la Administración General del Estado. Esto significa que, de media, cada dieciséis horas agreden a un funcionario de prisiones. Por eso, resulta imprescindible establecer medidas eficaces contra estas agresiones en su ámbito laboral. Aunque el protocolo de actuación frente a las agresiones en centros penitenciarios y centros de inserción les reconoció por primera vez de forma explícita la condición de autoridad pública, he de señalarles que no hay ningún texto con rango de ley que les reconozca esta condición. Por tanto, creemos que es muy importante que se haga. He de resaltar que ―justo hoy hace una semana― el secretario general de Instituciones Penitenciarias, con motivo de su comparecencia en la Comisión de Interior de esta Cámara, dijo textualmente que creía que era positivo y necesario el reconocimiento de la condición de autoridad, urgiendo a los grupos parlamentarios a aprobar esta condición de agentes de la autoridad, ya que, como dijo, la responsabilidad es del Poder Legislativo, añadiendo además que la norma se encontraba en esta Cámara. Y, efectivamente, existe una proposición de ley del Senado, que entró en esta Cámara, para el reconocimiento de agentes de la autoridad a los funcionarios penitenciarios, proposición de ley cuyo trámite tiene congelado la presidenta del Congreso, señora Armengol, que ha prorrogado hasta en dieciocho ocasiones el plazo para la presentación de enmiendas , dando cumplimiento a lo que ordena el Gobierno. Exactamente, la última prórroga es de esta mañana. Y también tiene parada la tramitación de otra proposición de ley del Grupo Socialista. Esto pone de manifiesto, en evidencia, la debilidad parlamentaria de este Gobierno, que, para evitar perder votaciones al no contar con los votos de sus socios de investidura, han sumido al Congreso en una cámara absolutamente paralizada, a la que están usurpando sus competencias legislativas. Por poner un ejemplo, no tenemos más que ver el espectáculo caótico y bochornoso de la Comisión de Hacienda de ayer, en la que el Gobierno mantuvo retenidos a todo el personal de la Cámara y a los diputados hasta la una de la madrugada porque no le salían los números. . Esta circunstancia es de una gravedad extrema, ya que, debido a la injerencia del Ejecutivo en el Poder Legislativo, se está poniendo en peligro un principio fundamental de nuestra democracia, como es la separación de poderes. No sé si el secretario general, cuando apremiaba a los diputados a reconocer con urgencia precisamente en esta Cámara la condición de agentes de seguridad, lo dijo por desconocimiento o por mala fe. El Grupo Popular, consciente de la necesidad de que un texto con rango legal establezca el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad a estos funcionarios, presenta esta proposición de ley, esperando que se tramite con la celeridad a la que aludía el propio secretario general de Instituciones Penitenciarias. El reconocimiento de agentes de la autoridad también supone que, si reciben una agresión en el ejercicio de sus funciones, puedan ser indemnizados en los mismos términos que contempla el Código Penal para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las agresiones y los asesinatos de los trabajadores en las cárceles son una tragedia que no se puede repetir. Y aquí, en nombre de mi grupo parlamentario, quiero mostrar un cariñoso recuerdo y la condena del asesinato de Nuria López a manos de un preso en el presidio de Tarragona, como también quiero enviar a sus familiares todo nuestro cariño y toda nuestra solidaridad. . Los funcionarios de las prisiones españolas solicitan desde hace muchos años mayor seguridad en los puestos de trabajo, algo que reclaman los funcionarios de todas las comunidades autónomas, porque, aunque en el País Vasco y en Cataluña estas competencias, como saben, se encuentran transferidas a la Generalitat y al Gobierno del País Vasco, tampoco en esos territorios tienen reconocida esta condición de agente de la autoridad, algo que sí ocurre en países de nuestro entorno con sus homólogos, como, por ejemplo, en Francia. Disponer de unos funcionarios con prestigio social, con reconocimiento institucional a su labor y con respaldo legal a su autoridad es requisito fundamental para avanzar en un sistema penitenciario de calidad. Pero, lamentablemente, el Gobierno de España no está en eso. El Gobierno de España utiliza a los funcionarios y la política penitenciaria como moneda de cambio para mantener a Sánchez en la Moncloa. Es absolutamente infame e indigna la frase de su socio Otegi: Presos por presupuestos. Pero, hablando de presupuestos, también es indigno que el presidente del Gobierno haya querido utilizar la tragedia de la DANA para sacar unos presupuestos. . Un presidente que está atrincherado en la Moncloa, más preocupado por la corrupción de su entorno que por el interés general y por los problemas de los españoles. Pero al Grupo Popular sí nos interesan los españoles y nos preocupan los trabajadores, por eso hoy presentamos esta proposición de ley para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones, no como hace el Gobierno, que los viene engañando de forma repetida, que les promete que habrá un reconocimiento ―que, como dice el secretario general, tiene que ser urgente―, pero que después, cuando llega esto a la Cámara, se congela siguiendo, como digo, las órdenes del Gobierno. Nosotros queremos este reconocimiento de la condición agentes de la autoridad para los funcionarios, pero también dotarles de los medios materiales adecuados para que puedan desempeñar su trabajo. Por poner un ejemplo, les diré que carecen de guantes seguros que eviten la acción de objetos punzantes y que carecen de chaquetas ignífugas, cuando saben que son los primeros que acuden cuando hay un incendio en un centro penitenciario, antes de que lleguen los bomberos. Nosotros entendemos que estas son medidas esenciales para la prevención de riesgos laborales. En definitiva, proponemos reforzar uno de los fundamentos del sistema penitenciario, como son sus funcionarios, a los que además mostramos desde aquí todo nuestro reconocimiento por su trabajo ejemplar, como han demostrado con creces, sobre todo en las grandes crisis, y basta recordar la actuación ejemplar que han tenido durante la pandemia, como también queremos recordar aquí la actuación ejemplar que han tenido los funcionarios de prisiones del centro penitenciario de Picassent, que, debido a la DANA, han tenido que ir enlazando turno tras turno ante la imposibilidad de poder ser relevados, porque, como saben, la zona estaba inaccesible para sus compañeros. Por tanto, señorías, al ser esta una ley que avanza en la protección de los funcionarios y en la calidad del sistema penitenciario español, les pido no solo su voto favorable a esta toma en consideración, sino también que se apruebe con la celeridad, con la urgencia que esto requiere, porque todos los funcionarios nos están escuchando y lo están esperando precisamente de esta Cámara, que es la que tiene competencia para regularlo y reconocerlo con rango de ley. De ahí la propuesta que hacemos de modificación de la ley orgánica de instituciones penitenciarias. Muchas gracias. .

Cristina Valido García CCa

Buenas tardes, señorías. Coalición Canaria votará a favor de esta proposición de ley. En ningún momento nos hemos planteado o contemplado ninguna otra posibilidad. Esta es una cuestión que tiene una importancia fundamental para el buen desempeño de la tutela penitenciaria efectiva. Desde el inicio de esta legislatura, he hecho diversas preguntas al ministro responsable para poder conocer más de cerca, para poder conocer por dentro la situación de los centros penitenciarios de Canarias. Si es importante cuidar estas instalaciones, si es importante responder a las necesidades sociales y económicas de los presos para mantener un orden y poder trabajar en la rehabilitación en territorio continental, en las islas se añade la dificultad de que muchas de estas personas están alejadas de su territorio de arraigo 2000 kilómetros, sin posibilidad de conexión, de visitas y con enormes dificultades sociales y económicas para poder hacer una vida normal, como hace cualquier preso de las islas que pueda estar cerca de esa familia, que siempre siempre, pase lo que pase, echa una mano. Los propios trabajadores nos han trasladado sus preocupaciones y sus necesidades, y también las hemos trasladado al ministerio. Compartimos la necesidad urgente de que estos funcionarios sean considerados sin ambages, con rotundidad, agentes de autoridad, para elevar su protección laboral, pero también para el mayor reconocimiento de sus riesgos y, cómo no, de las indemnizaciones que les pertenecen en cualquier situación de agresión. Entendemos que el pleno reconocimiento como agentes de autoridad para funcionarios y funcionarias de prisiones es un acto de justicia laboral y una medida social necesaria para impulsar el servicio que desarrollan con más garantías y seguridad jurídica. Compartimos plenamente, como digo, el punto 2 de esta proposición de ley para que, además, los informes de los funcionarios gocen de algo muy importante, la presunción de veracidad cuando no haya prueba en contrario. Pero esta medida, señorías, a pesar de ser un paso importante ―y creo que he sido muy clara en mis primeros minutos respecto al apoyo sin ambages a esta cuestión― no es, desde luego, la solución a los muchos problemas que tienen los trabajadores de prisiones, que viven una complejísima situación que obliga a abordar otros muchos temas que no están siendo abordados adecuadamente. Medidas necesarias vinculadas a la seguridad laboral para prevenir esas situaciones que hacen que sea necesario que se les considere agentes de la autoridad laboral. Estoy hablando, por ejemplo, de la atención a la salud mental, algo que no se está produciendo de la manera adecuada en las prisiones del Estado español, dada la carencia de recursos, de médicos, de enfermeros y del abordaje y el tratamiento necesario en unos espacios donde la salud mental es una de las cuestiones más críticas no solo para las personas presas, sino también para los propios trabajadores. Como he dicho, faltan profesionales, faltan médicos, faltan enfermeros, y esto lleva a situaciones peligrosas, porque el suministro de medicamentos que hay que hacer a tantísimos presos, sin profesionales adecuados, sin la ratio necesaria, genera mucha tensión. Pero es que, además, hay presos a los que hay que proporcionarles la medicación de manera individualizada y separada. ¿Cómo se hace eso si ni siquiera contamos con las plantillas de enfermería que se requieren? Son situaciones de precariedad que conducen a la conflictividad, a la tensión en la convivencia. Y, desde luego, no se puede entender que nos preocupemos en este momento por esa figura de agente de la autoridad ―que, insisto, apoyamos― sin abordar lo que les pone en peligro. Estamos hablando en algunos casos ―les voy a hablar de Tenerife II― de que los trabajadores y las trabajadoras de enfermería padecen además la jubilación de médicos que no se han repuesto. Tienen que repartir entre tres mil y cuatro mil unidades de medicamentos recetados y, como dije antes, hasta setenta y cinco personas necesitan de una atención individualizada y separada. Esto es imposible con los profesionales que tienen hoy. Además, a muchos de ellos se les prometió ese complemento de residencia por lejanía cuando fueron desplazados, que se ha actualizado para otros cuerpos funcionariales, pero no para ellos. Y hablamos de unas instalaciones con unas carencias que hacen que la vida allí no sea medianamente normal y que inciden en el malestar y en los problemas ―insisto― de convivencia que se viven en su interior. La inflación se ha disparado, los precios de la cesta de la compra, pero los menús siguen siendo los mismos o peores, y esto también genera muchos conflictos que tienen que resolver los funcionarios de prisiones, insisto en que con ratios por debajo de los que deberían tener. Esta es una queja más que habitual, y no la hacen los propios presos, la hacen los trabajadores, que son los que viven la tensión en cada comida ante el enfado, el disgusto y las situaciones de tensión que se generan. En el caso de Tenerife II ―en mi isla y en mi municipio, en El Rosario―, la prisión no tiene un depósito de agua. La prisión Tenerife II no tiene un depósito de agua propio; se suministra de la red de abastecimiento del municipio de El Rosario, un municipio de menos de 20 000 habitantes, que en un momento de emergencia hídrica incluso tiene cortes para la población general. Imagínense ustedes lo que ocurre en una prisión cuando hay restricciones de agua, descargando toda la presión en el municipio, que tiene que abastecer a todos sus vecinos. Llevamos años esperando que se acometa el depósito, que tampoco sale adelante. En definitiva, son muchas las circunstancias que generan enormes problemas y conflictos, y aunque hoy apoyamos, por supuestísimo, el reconocimiento de agentes de la autoridad, no nos olvidemos de que si no prevenimos las agresiones de poco les va a servir, porque, al final, no tener las prisiones como Dios manda, no tener el personal que Dios manda, no atender a la gente como tiene que hacerse es dejar a los trabajadores y a las trabajadoras absolutamente indefensos. Ante esto, nuestro reconocimiento les dará seguridad jurídica, no tengo ninguna duda, pero el miedo y la preocupación ante lo que pueda ocurrir mañana por cualquiera de los motivos que he explicitado, eso no se lo quita nadie. No podemos seguirles poniendo en riesgo. Que sean agentes de la autoridad y con medios, con recursos, con personal cualificado y en las ratios adecuadas, con instalaciones decentes y con menús adecuados, y, por supuesto, en el caso de Canarias, con la actualización del complemento por desplazamiento, cosa que sigue sin hacerse. Muchas gracias.

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on, jaun-andreok. Llevamos años considerando la conveniencia de reformar el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, tanto en debates en el Pleno de esta Cámara como en la Comisión de Interior, bien como iniciativas legislativas, bien como proposiciones no de ley o bien como mociones; sin embargo, nunca ha llegado a culminarse esta reforma. Por no remontarnos a legislaturas muy pretéritas y referirnos exclusivamente a la pasada, recordaré que, solo en este Pleno, como proposición de ley, debatimos la reforma en cuatro ocasiones, tres monográficamente y una cuarta en el contexto más amplio del régimen estatutario del personal de Instituciones Penitenciarias, siendo tomadas en consideración dos de ellas. Ahora, en esta XV Legislatura, de nuevo se reproduce el patrón de otras anteriores. Así, si tomáramos en consideración esta iniciativa, se sumaría a la del PSOE que ya tomamos en consideración en junio pasado, cuyo trámite de enmiendas se encuentra concluido y a la espera de iniciar los trabajos en ponencia y comisión. Sin embargo, señorías, y aun pareciendo que habrá una mayoría suficiente para aprobar esta reforma del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria, a la vista de los grupos parlamentarios que la propugnan, aun con distintas iniciativas, mucho nos tememos que esta correrá la misma suerte que en las pasadas legislaturas y que se quedará en nada. Por nuestra parte, por parte del Grupo Vasco, señorías, adelantamos que daremos nuestro voto favorable a la toma en consideración de esta iniciativa, lo mismo que lo hemos prestado a otras con la misma finalidad, sin perjuicio de los matices y observaciones que en el trámite de enmiendas hayamos de considerar. Por lo que hace al fondo del asunto, la tan traída y llevada reforma del artículo 80, señalaré que se endereza, en líneas generales, a la mejora de la protección jurídica de los funcionarios penitenciarios frente a agresiones de terceros, contemplando para ello cinco aspectos; a saber: primero, el reconocimiento legal de su condición de agentes de la autoridad ―reconocimiento formal―; segundo, la identificación en los procedimientos administrativos y judiciales consecuencia de su actividad profesional con el número profesional para reservar el anonimato de sus datos personales; tercero, el valor probatorio de sus informes; cuarto, la separación de otros detenidos e internos cuando sean privados de libertad, y, por último, el resarcimiento por la Administración de los daños que puedan sufrir en la prestación del servicio, lo que se llama el principio de indemnidad. Todas ellas son medidas que, por sí solas, no parece que puedan determinar la reducción de la conflictividad de los centros penitenciarios, aunque sí coadyuvarán ―como decíamos― a una mayor protección jurídica de estos funcionarios, aunque también consideramos que a efectos penales no aportarán sustancialmente una mucho mayor protección a la vista de la definición de los tipos penales de atentado y resistencia grave de los artículos 550 a 556 del Código Penal por su ya condición de funcionarios públicos de los trabajadores de ejecución penitenciaria, así como de la derivada de agentes de la autoridad en la medida en que ejecutan las decisiones de los directores de los centros penitenciarios en cuanto que son autoridad para disponer y disponer de los atributos de mando y jurisdicción propia en sentido amplio, según se deriva de la normativa penitenciaria y de la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo. Ni siquiera el tipo básico de atentado contra la autoridad supondría una sensible mejor protección a la vista de la agravante específica contemplada en el artículo 551.4 del Código Penal, relativa a determinados hechos cometidos en el interior de los centros penitenciarios. Sin embargo, todo lo expuesto no quiere decir que el reconocimiento explícito de la condición de agentes de la autoridad no tenga otros efectos relevantes, tanto simbólicos como prácticos, como, por ejemplo, para reforzar el principio de autoridad en los centros penitenciarios y también la propia estima de los funcionarios, a fin de su función de mantener la buena convivencia, preservar a las personas internas y facilitar el trabajo en pos de la reinserción y resocialización de las personas penadas como fin último de la pena, partiendo también de la confianza en la neutralidad de los funcionarios penitenciarios como garantes de la calidad y eficiencia de un servicio público, lo que claramente tendrá reflejo y reconocimiento en el valor probatorio de los informes que emitan respecto de los hechos presenciado o constatados, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio de que aquellos deban aportar todos los elementos probatorios disponibles, en línea precisamente con lo establecido en el artículo 77.5 de la ley de procedimiento administrativo, de la Ley 39/2015. Sin embargo, y respecto a la identificación del número profesional, señalaré que la LECRIM, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya lo contempla en el artículo 762.7 para las declaraciones de los agentes de la autoridad, y en los procesos administrativos también figura en la Instrucción 4/2001 de Instituciones Penitencias, sin perjuicio de que para este supuesto fuera más garantista incorporarlo a una ley, y lo mismo cabría señalar respecto a la separación de otros detenidos y reclusos. Por último ―voy finalizando, presidenta―, respecto al principio de indemnidad, que aunque no figura en esta proposición de ley del Grupo Popular sí es una reclamación unánime del colectivo y también del conjunto de las iniciativas que hemos visto para reformar el artículo 80, señalaré que, en general, en todas las iniciativas tratadas parece que se basa en una suerte de equiparación con el régimen aplicable a otros agentes de la autoridad con los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque luego lo supera al incluir los daños personales más allá de los materiales causados a aquellos. Tampoco queda completamente aclarado si el derecho a la indemnidad es directo de la Administración o subsidiario una vez que el autor de la agresión o del daño sea insolvente. En cualquier caso, señorías, volveremos a votar a favor de la iniciativa, confiando que en esta legislatura podamos finalmente modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria de manera consensuada y no se quede una vez más en el cajón. Nada más. Muchas gracias.

Jon Iñarritu García EH Bildu

Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on. Buenas tardes, señorías. Comenzaré con una cuestión previa, ya que la portavoz del Grupo Popular que ha defendido la proposición, y de igual forma algunos medios de derecha, se ha centrado en lo que ocurrió ayer en la Comisión de Hacienda. Es cierto que acabó bien entrada la noche, pero, señorías, no es algo extraño en el parlamentarismo, más allá del debate de la conciliación. Lo hemos visto en otros Estados europeos, pero aquí, en las Cortes Generales, ha ocurrido. No es la primera vez que una comisión… . Tranquilos, no se pongan nerviosos. . No se ponga nervioso, señor Conde. Señor Conde, tranquilo, ¿No ha comido o qué le pasa? Lo que quiero decir es que más allá de centrarse en la anomalía de lo ocurrido ayer, esto que traen ustedes ¿no les parece una anomalía? Es decir, esta proposición ―o alguna similar― la presentaron ustedes en abril en el Senado y llegó a la Cámara. De igual forma, en el mes de junio se defendió y se aprobó, y está en periodo de enmiendas, por mucho que digan que está secuestrada y tal ―qué fácil, ¿no?―. Y ustedes la traen ahora. Y esto, claro… . Tranquilos. ¿Qué les pasa? Calma. El asunto es: ¿no tienen más ideas o es una competición con el Partido Socialista y la semana que viene la van a volver a presentar en el Senado? Porque es una marcianada parlamentaria. Lo de que ayer acabará tarde la comisión puede ser curioso, pero es una marcianada: la hemos defendido en junio y ha sido aprobada. Además, dicen que el director general de Instituciones Penitenciarias la semana pasada dijo que esto se tenía que aprobar. ¡Pero si la registraron en marzo! Es de marzo. La tenían por ahí apartada y no tenían nada mejor que traer a colación este asunto. Pero entro en el fondo. Es cierto que en esta cuestión es donde más claros se ven los parámetros de izquierda y de derecha a la hora de resolver problemas que hay en la sociedad, como los hay ―los hay y los han mencionado diferentes portavoces― en las prisiones, en las instituciones penitenciarias. Si vamos a los hechos comparados, decía una portavoz: Para dar la tutela penitenciaria efectiva es necesario aprobar la consideración de agentes de la autoridad. Pero ¿qué nos dicen los datos? Se ha puesto el ejemplo de algún Estado europeo donde los funcionarios y funcionarias de prisiones son agentes de la autoridad y el ejemplo de algunos otros donde no lo son. Pues precisamente los datos nos dicen que allí donde no lo son, que son los países nórdicos, esos que solemos poner de ejemplo habitualmente, es donde menos agresiones hay tanto entre internos como a funcionarios. Eso nos dicen los datos. ¿Va a disminuir la agresividad o mejorar la situación de las prisiones convertir a los funcionarios en agentes? No. Los datos nos dicen que no. Es una medida simbólica, es una medida populista, es una medida de derechas. Desde parámetros de izquierda, no soluciona el fondo del problema intentar llevar por la vía del autoritarismo una cuestión que debe ser resuelta por la vía de la reinserción y la rehabilitación, como dicen todos los expertos, como lo dice el Consejo de Europa, como lo dicen los datos. Es más, los funcionarios y las funcionarias de prisiones ya tienen una protección especial como agentes de la autoridad, como así lo dice la disposición segunda de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Además, la jurisprudencia, la legislación penal penitenciaria, reconoce esa figura en las instrucciones y en las circulares. Ante posibles agresiones, ya existe esa figura. Entonces, ¿a qué viene esto, más allá del simbolismo, cuando los datos nos dicen lo contrario? ¿Qué ocurre? Lo decía bien la portavoz de Coalición Canaria, la señora Valido. La cuestión está en que las prisiones son reflejo de lo que hay en la sociedad, y en la sociedad si hay más problemas mentales, si hay más problemas de consumo, si hay más problemas de agresividad, más se van a dar en las prisiones: al menos, un 30 % de los internos tiene problemas mentales, 4,2 de ellos ―esto es, cerca de 1800― tiene problemas graves mentales. Al mismo tiempo, es allí, en las instituciones penitenciarias, donde hay una carencia de sanitarios, de psicólogos y de psiquiatras, lo que viene señalándose por diferentes organismos año tras año. No se consigue dar solución a ese problema, y ahí está la cuestión. Es cierto que el pasado año hubo 5000 agresiones entre internos y 500 agresiones a funcionarios de prisiones, que son muchas, pero las que hubo en las calles contra agentes de la autoridad fueron más de 15 000. Quiero decir que unas cosas son las prisiones y otra las calles. También los agentes de la autoridad en las calles las sufren año tras año; solamente algunas salen en los medios de comunicación, pero es algo habitual. Hay que tomar medidas, obviamente, pero la cuestión está en la rehabilitación y en la resocialización, no en el autoritarismo, que no solventa nada, como nos han dicho los datos. Acabo, señorías. En esta cuestión, Euskal Herria Bildu sigue defendiendo los mismos parámetros que defendía antes. Es una constatación que el progresismo busca con derechos y avances solventar estas problemáticas. Lamentablemente, el Partido Socialista cambió de opinión el pasado año y defiende lo contrario de lo que había defendido hasta ahora. Nos apena sinceramente, porque ahí (señala los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) les ganan. Ustedes se han avenido a ese discurso que, con los datos comparados y los ejemplos de otros países europeos, va en la línea contraria. Esto no significa que no haya que dar más medios y mayor formación ―incluso en la proposición del Grupo Popular, en el artículo 80.4, se pedía más formación―. Obviamente, cualquier funcionario y funcionaria debe tener más formación y más medios. La cuestión está ahí, en la carencia de medios, en la carencia de medios sanitarios, en la carencia de salud mental en las prisiones. Ahí es donde verdaderamente habría que poner el foco, y en muchas ocasiones queda de lado. Así lo repite constantemente el observatorio contra la tortura del Consejo de Europa en sus diferentes visitas a los centros penitenciarios. Es hora ya de buscar soluciones, pero desde una perspectiva de derechos y desde una perspectiva de izquierdas. Sin más, como hemos hecho hasta ahora, votaremos en contra. Muchas gracias. .

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies. Ho faré des de l’escó, presidenta, perquè seré molt breu. Volem posar de manifest — ja ho sabem tots— que s’està tramitant una proposició legislativa, una modificació en termes molt similars a la que avui ens tornen a presentar. I els indiquem doncs que, en cas que prosperi, creiem que el que seria adequat és que s’acumulessin en la seva tramitació. I, en tot cas, repetiré el que ja va esmentar el meu company Cervera quan s’iniciava el tràmit de la primera de les proposicions, i és que des de Junts per Catalunya vetllarem perquè aquesta modificació, la que s’acabi concretant, no desvirtuï en cap cas el model penitenciari propi, el model penitenciari català, Que tampoc suposi o representi una recentralització o una centralització encoberta que afecti les competències de la Generalitat de Catalunya. I, finalment, que en cap cas pugui convertir-se en un llast per al Govern de la Generalitat, per al Govern de Catalunya, perquè, com tantes vegades ja ha passat, el mal finançament en la seva aplicació no estigui a l’alçada de l’augment del cost, que tots sabem que en aquest cas serà bastant considerable. Moltes gràcies. Muchas gracias. Voy a hacerlo desde el escaño, presidenta, porque voy a ser muy breve. Queremos poner de manifiesto ―ya lo saben todos― que se está tramitando una proposición legislativa, una modificación en términos muy similares a la que hoy vuelven a presentarnos. Les indicamos que, en caso de que prospere, creemos que lo adecuado sería que se acumularan en su tramitación. En cualquier caso, repetiré lo que ya ha comentado mi compañero Luis Cervera cuando se iniciaba el trámite de la primera de las proposiciones. Junts per Catalunya hará que esta modificación, la que se acabe concretando, no desvirtúe en ningún caso el modelo penitenciario propio, el modelo penitenciario catalán, no que suponga o represente una recentralización o centralización encubierta que afecte a las competencias de la Generalitat de Catalunya y, finalmente, no pueda convertirse, en ningún caso, para el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, como tantas veces ha sucedido ya, en una mala financiación en su aplicación y que no esté a la altura del incremento del coste, que sabremos que sería considerable. Muchas gracias.

Francesc-Marc Álvaro Vidal ERC

Bona tarda, president, senyories. Hem llegit atentament aquesta proposició de llei del Grup Popular. Planteja un assumpte molt sensible i complicat, que ja hem abordat altres vegades en aquesta cambra. Hem de dir que nosaltres, el Grup d’Esquerra, hi votarem en contra, com hem fet altres vegades. Considerem que és una mesura que vol incidir més en les percepcions del ciutadà que en la realitat; considerem que és una mesura populista i oportunista. En primer lloc, cal recordar que Catalunya i el País Basc tenen assumides les competències en matèria penitenciària i transferits els mitjans i els serveis penitenciaris. Per tant, senyories, la nostra primera reserva és competencial. És inevitable, sobretot, veure-hi una ombra de centralisme i de recentralització també. Nosaltres, com a Esquerra, defensem el model penitenciari català enfocat en la reinserció mitjançant processos d’acompanyament a les persones des d’una perspectiva social per construir una societat més justa, igualitària i segura i, sobretot, amb menys víctimes. Senyories, estem preocupats en aquest sentit — aprofito per dir-ho— per les declaracions del nou conseller de Justícia de la Generalitat, que ha manifestat que ell és partidari de declarar agents d’autoritat als funcionaris de presons. Mai, mai, fins ara, cap conseller de la Generalitat havia traspassat aquesta línia vermella, la qual cosa indica — i ho dic amb pena— un notable desconeixement de les presons de Catalunya per part del senyor Espadaler. En l’exposició de motius de la proposició del Partit Popular es parla d’aconseguir espais de convivència més segurs. Esquerra sosté que convertir els funcionaris en agents d’autoritat, com si fossin policies, no va, senyories, en aquesta direcció, no soluciona res i, ans el contrari, generaria distorsions i problemes. El funcionari, com vostès saben, és un actor indispensable de transformació de la persona que està reclosa en un sentit de reeducació i de reinserció social. Aquest reconeixement que proposa el Partit Popular no facilitaria aquest objectiu, perquè introdueix un biaix molt greu de desconfiança afegida a la relació entre interns i funcionaris. Senyories — vostès haurien de saber-ho—, a literatura especialitzada sobre sistemes penitenciaris apunta que la confiança i el respecte mutu són claus per mantenir la seguretat i un ambient correcte en els centres penitenciaris. La condició d’agent d’autoritat podria generar tensions sobrevingudes entre interns i funcionaris. Assignar als funcionaris de presons el rang d’agents d’autoritat incrementaria el risc d’abús de poder — ho repeteixo: abús de poder— en un entorn que és especialment delicat. Podria haver-hi més casos d’arbitrarietat repressiva i els interns, en aquest sentit, tindrien menys possibilitat de denúncia. Crec que ho ha esmentat al meu col·lega, el diputat Iñarritu: el Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura ha denunciat, efectivament, algunes conductes sobre presumptes maltractaments a les presons espanyoles. Això és així, senyories del PP. I també, segons dades d’Amnistia Internacional i de l’Observatori del Sistema Penal, hi ha preocupació en aquest sentit. Canviar la consideració dels funcionaris podria obstaculitzar encara més les investigacions en aquestes situacions irregulars. Diversos col·lectius de drets humans alerten que aquestes mesures contribueixen a una cultura punitiva extraordinàriament anacrònica, especialment en contextos de privació de llibertat. No és l’objectiu de la presó que entenem des del Grup Republicà, no és el model penitenciari que volem per a una societat del segle XXI. Les presons són espais excepcionals, singularment vigilats i sota un control ben fort. Per dins, això és a càrrec dels funcionaris corresponents i, per fora, a càrrec, com vostès saben, de les forces de seguretat; en el cas de Catalunya, del Cos de Mossos d’Esquadra. En un entorn tancat i vigilat com és una presó, l’augment del poder per als funcionaris de presons reduiria encara més els drets dels presos, inevitablement, de manera inercial, mecànicament, posant-los, vulguin o no, el pres, en una situació de més alta vulnerabilitat. Actualment, la jurisprudència, senyories del PP — ho saben—, ja considera que els funcionaris de presons disposen d’una protecció significativa quan esdevenen atacs i agressions contra ells, i això és considerats un delicte contra l’autoritat. Això és així segons el Codi penal. Això implica que els presos poden ser castigats severament. Per tant, donar un reconeixement afegit com a figures d’autoritat a aquests funcionaris no canvia res de manera substancial. En canvi — en canvi—, és important, aquest nou estatut podria incrementar les condemnes o sancions per qualsevol acte de resistència o desacord per part dels interns. Hem de recordar, a més, senyories del PP, que avui els informes que escriuen els funcionaris ja tenen presumpció sistemàtica de certesa davant la declaració d’un intern. Per tant, no afegeix res de nou tampoc. Diguem-ho clar: a la majoria de països d’Europa els funcionaris de presons no tenen la consideració — no tenen— d’agents d’autoritat, però compten amb mecanismes de protecció laboral i jurídica específics. El Grup Republicà està a favor de que els funcionaris tinguin aquests elements de protecció laboral específics. Per exemple, a Alemanya, al Regne Unit, es proporciona formació i protocols especials per garantir la seguretat dels funcionaris. Vaig acabant, senyor president. Lamentem també, com ha dit el diputat Iñarritu, que el PSOE hagi girat a la dreta en aquestes coses. Quina època, aquesta, en què la manera de combatre la dreta és afegir-se al discurs de la dreta. Quina època més trista que haurem d’explicar als nostres nets. Senyories, la política ha de resoldre problemes i no pas crear-ne de nous. El Grup d’Esquerra pensa que aquesta proposició de llei del PP crea més problemes, la qual cosa... Buenas tardes, presidenta, señorías. Hemos leído atentamente esta proposición de ley del Grupo Popular. Plantea un asunto muy sensible y complicado. Lo hemos abordado otras veces en esta Cámara y tenemos que decir que nuestro grupo, Esquerra, votará en contra, como ha hecho otras veces. Consideramos que es una medida que quiere incidir más en las percepciones del ciudadano que en la realidad. Consideramos que es una medida populista y oportunista. . En primer lugar, hay que recordar que Cataluña y el País Vasco tienen asumidas las competencias en materia penitenciaria y transferidos los medios y los servicios penitenciarios. Así pues, señorías, nuestra primera reserva es competencial. Es inevitable, sobre todo, ver en ello una sombra de centralismo y recentralización. Nosotros, Esquerra, defendemos el modelo penitenciario catalán enfocado en la reinserción mediante procesos de acompañamiento a las personas desde una perspectiva social para construir una sociedad más justa, igualitaria y segura y, sobre todo, con menos víctimas. Señorías, estamos preocupados en este sentido ―aprovecho para decirlo― por las declaraciones del nuevo conseller de Justicia de la Generalitat, que ha manifestado que él es partidario de declarar agentes de autoridad a los funcionarios de prisiones. Nunca hasta ahora ningún conseller de la Generalitat había traspasado esta línea roja, lo cual indica ―lo digo con pesar― un notable desconocimiento de las cárceles en Cataluña por parte el señor Espadaler. En la exposición de motivos de la proposición del Partido Popular se habla de conseguir espacios de convivencia más seguros. Esquerra sostiene que convertir a los funcionarios en agentes de autoridad, como si fueran policías, no va, señorías, en esta dirección. No soluciona nada, más bien al contrario; generaría distorsiones y problemas. El funcionario, como ustedes saben, es un actor indispensable de transformación de la persona que está recluida en un sentido de reeducación y de reinserción social. Este reconocimiento que propone el Partido Popular no facilitaría este objetivo, porque introduce un sesgo muy grave de desconfianza añadida a la relación entre interno y funcionario. Señorías, ustedes deberían saberlo. La literatura especializada sobre temas penitenciarios apunta que la confianza y el respeto mutuos son claves para mantener la seguridad y un ambiente correcto en los centros penitenciarios. La condición de agente de autoridad podría generar tensiones sobrevenidas entre internos y funcionarios. Asignar a los funcionarios de prisiones el rango de agentes de autoridad aumentaría el riesgo de abuso de poder ―repito: abuso de poder― en un entorno que es especialmente delicado. Podría haber más casos de arbitrariedad represiva y los internos, en este sentido, tendrían menos posibilidad de denunciar. Creo que ha comentado mi colega, el diputado Iñarritu, que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha denunciado, efectivamente, algunas conductas sobre presuntos malos tratos en las cárceles españolas. Esto es así, señorías del PP. También, según datos de Amnistía Internacional y del observatorio del sistema penitenciario, hay preocupación en este sentido. Cambiar la consideración de los funcionarios podría obstaculizar todavía más las investigaciones en estas situaciones irregulares. Distintos colectivos de derechos humanos alertan de que estas medidas contribuyen a una cultura punitiva extraordinariamente anacrónica, especialmente en contextos de privación de libertad. No es el objetivo de la cárcel que entiende el Grupo Republicano. No es el modelo penitenciario que queremos para una sociedad del siglo XXI. Las cárceles son espacios excepcionales, singularmente vigilados y bajo un control muy fuerte. Por dentro esto es a cargo de los funcionarios correspondientes y por fuera a cargo, como ustedes saben, de las fuerzas de seguridad; en el caso de Cataluña, del cuerpo de Mossos d’Esquadra. En un entorno cerrado y vigilado como el de la cárcel, el aumento del poder para los funcionarios de prisiones reduciría todavía más los derechos de los presos inevitablemente y de forma inercial, mecánicamente, poniendo ―se quiera o no― al preso en una situación de más alta vulnerabilidad. Actualmente, la jurisprudencia, señorías del PP ―lo saben―, considera que los funcionarios de prisiones disponen de una protección significativa cuando tienen lugar ataques y agresiones contra ellos, y estos son considerados un delito contra la autoridad. Esto es así según el Código Penal. Esto implica que los presos pueden ser castigados severamente. Así pues, dar un reconocimiento añadido como figuras de autoridad a estos funcionarios no va a cambiar nada de manera sustancial. En cambio, es importante este nuevo estatuto que podría aumentar las condenas o sanciones por cualquier acto de resistencia o de desacuerdo por parte de los internos. Tenemos que recordar, además, señorías del PP, que hoy los informes que escriben los funcionarios ya tienen presunción sistemática de certidumbre ante la declaración de un interno. Así pues, no añade nada nuevo tampoco. Dejémoslo claro. En la mayoría de los países de Europa, los funcionarios de prisiones no tienen ―no tienen― la consideración de agentes de autoridad, pero cuentan con mecanismos de protección laboral y jurídico específicos. El Grupo Republicano está a favor de que los funcionarios tengan estos elementos de protección laboral específicos. Por ejemplo, en Alemania o Reino Unido se proporcionan información y protocolos especiales para garantizar la seguridad de los funcionarios. Voy terminando, señor presidente. Lamentamos también, como ha dicho el diputado Iñarritu, que el PSOE haya virado a la derecha en estas cosas. ¡Qué época esta en la que la manera de combatir a la derecha es añadiéndose al discurso de la derecha! ¡Que época tan triste vamos a tener que contar a nuestros nietos! Señorías, la política tiene que resolver problemas y no crear nuevos. El Grupo de Esquerra cree que esta proposición del PP genera más problemas, y sabemos que …

Francesc-Marc Álvaro Vidal ERC

... volem advertir, serà greu. És la nostra responsabilitat, senyories, com a legisladors evitar-ho. I recordin una dita castellana: lo mejor es enemigo de lo bueno. Gràcies. … es nuestra responsabilidad como legisladores evitarlo. Recuerden un dicho: Lo mejor es enemigo de lo bueno. Muchas gracias. .

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

Señor presidente, señoras y señores, el 2 de abril del 2024 se registró por el Grupo Popular esta proposición que venimos hoy a debatir. La traen a consideración después de que hace un mes se haya cerrado el plazo de enmiendas de otra proposición de ley con idéntico objeto, a la que el Grupo Popular presentó una enmienda más extensa, incluso, que el texto que hoy nos traen aquí a debate. No sé, señora Luna, si se han autoenmendado ―nos lo tendrá que explicar― a través de la PL que ha presentado el Grupo Socialista o si nos ponen a discutir la versión antigua, la corta, por algún motivo. Yo creo que esto es un poco una burla al Parlamento. El trabajo del Grupo Parlamentario Popular no es enfangar ni sabotear las instituciones del Estado, sino redactar proposiciones de ley sobre los problemas de la sociedad. Es obvio que el Partido Popular siempre llega tarde, como vimos con el señor Mazón. El 17 de abril del año 2024 se registró la proposición de ley de reforma de la ley penitenciaria del Grupo Socialista, para reconocer el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios. La toma en consideración se aprobó en junio y está únicamente pendiente de que se aborde en breve el trabajo de la ponencia legislativa. Las diferencias entre ambas propuestas son mínimas y sencillas de solventar en el proceso de elaboración de un dictamen legislativo. Considerando que la otra propuesta es más extensa y detallada al incluir también la obligación de resarcir económicamente a los funcionarios penitenciarios cuando sufran daños personales o materiales con ocasión del servicio, no alcanzamos a entender cuál es la intención del Grupo Popular de duplicar en esta Cámara un debate que ya está abierto para el reconocimiento del carácter de autoridad. Se nos ocurren varias: no sé si están riéndose de nosotros, si nos están haciendo perder el tiempo o si están haciendo que los contribuyentes pierdan gratuitamente dinero. Como ya han presentado enmiendas a la PL del Grupo Socialista, que no están en esta PL, ¿debemos entender que esta PL que ahora debatimos es insuficiente, que está insuficientemente redactada? ¿Hay más explicaciones? ¿Es, simplemente, porque han llegado tarde? ¿Esta actuación carente de lógica es porque no se han enterado de que existe otra en tramitación legislativa que ya ha cerrado el plazo de enmiendas? ¿Quizás es simplemente una sutil trampa para luego decirnos que no están de acuerdo con lo que ustedes votan? No sé qué explicación darle. En la práctica, están apartando la atención de los funcionarios y de la sociedad sobre los verdaderos problemas de las prisiones, porque el reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad es importante y lo reivindican los sindicatos, pero también es visto con preocupación por organizaciones de derechos civiles y derechos humanos. Vaya por delante nuestro reconocimiento a los profesionales que trabajan en las prisiones, a todos ―a los de los servicios médicos y psicológicos, a los juristas, a los servicios generales, al personal de vigilancia―, y está claro que hay que darles recursos, porque su tarea va mucho más allá de sus competencias ―muchas veces tiene una orientación claramente tratamental― y hay falta de medios e inversiones suficientes. Nuestro país ha avanzado de forma sobresaliente en el contexto europeo en estos últimos cuarenta años de democracia en materia de prisiones. Estamos situados a la vanguardia europea de los tratamientos de reinserción de la población penitenciaria. Por eso, nos sorprende que esta proposición que hoy presenta tenga contenidos más limitados que los que están en tramitación y, sobre todo, que ignore los problemas. Presentan hoy una PL que ignora los problemas más importantes que hay en el sistema penitenciario. Miren, ustedes incluyen tres modificaciones ―es el corazón de su propuesta― que ya están incluidas en la ley que está en tramitación: la consideración de agente de la autoridad, el reconocimiento del principio de veracidad de los informes emitidos por los funcionarios y medidas para que la situación de detención o traslado de retenidos o funcionarios que estén en régimen de prisión ―ellos encarcelados― puedan tener garantías de seguridad. Eso está muy bien, pero ¿por qué no abordan, en este debate sobre el reconocimiento del carácter de agente de la autoridad, una tendencia populista, como ya se ha hecho en esta tribuna, de reforzamiento del autoritarismo? Es decir, cuando ustedes no se centran en los verdaderos problemas y siguen haciendo énfasis en algo que ya se está tramitando, realmente lo que están haciendo es recurrir a ese discurso populista que refuerza el autoritarismo, que denuncia unos falsos problemas de convivencia en nuestra sociedad, unos problemas que no existen en este país. Apuntarse a ese discurso a quien acaba luego reforzando es a la ultraderecha. Es un discurso absolutamente injustificado, cuyas consecuencias ya hemos visto en toda Europa. Lo que les propongo ―aprovecho para proponérselo a todos los grupos parlamentarios― es que nos centremos en los problemas pendientes de resolver en las prisiones, que son otros, no es este ―ya hay una PL en marcha cuya tramitación está a punto de acabar―. Les proponemos un acuerdo para mejorar el sistema penitenciario, para aliviar la sobrecarga y la limitación de los recursos de los funcionarios, para abordar la deficiencia de los servicios sanitarios y de salud mental, para aliviar su escasa remuneración, la falta de medios técnicos para atender a los internos y la ausencia de coordinación con los sistemas de salud de las comunidades autónomas. Un médico o una médica en una prisión española no puede acceder informáticamente al historial médico del interno porque no puede acceder a las bases de datos del Sistema Nacional de Salud, salvo en tres comunidades autónomas, Navarra, País Vasco y Cataluña, las únicas que han cumplido la Ley 16/2003 e incorporado los servicios sanitarios y de salud penitenciarios a los correspondientes servicios públicos de salud de sus comunidades autónomas. Es una obligación que tenían todas las comunidades autónomas antes ―¡atentos!― del 1 de diciembre de 2004; es decir, desde hace veinte años numerosas comunidades autónomas no cumplen con este mandato. Iba a preguntárselo al señor Feijóo, pero no está, o a la señora Gamarra, pero tampoco está, así que, señora Luna, se lo tengo que preguntar a usted: ¿va el Partido Popular a incorporar los servicios de salud penitenciarios en la sanidad pública en Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Andalucía, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja o Murcia? . Y también le pedimos al Partido Socialista que lo haga en Castilla-La Mancha y Asturias. En esta última estamos en el Gobierno, así que nosotros nos vamos a poner ya a trabajar para que se haga esa transferencia.

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

Ya acabo. Solamente si conseguimos un acuerdo para poner en marcha inmediatamente estas medidas, este debate habrá servido para algo; si no, es una absoluta pérdida de tiempo para este Congreso. Sobre su proposición, obviamente vamos a votar en contra, y lo vamos a hacer para favorecer a los funcionarios, porque ¡solo faltaba que, estando a punto de aprobar la otra PL, ahora la complicáramos con este invento que nos traen! Gracias. .

Francisco Javier Ortega Smith-Molina VOX

Muchas gracias. Esta toma en consideración que nos trae el Grupo Popular, para llevar a cabo la reforma de la Ley General Penitenciaria en su artículo 80 y reconocer que los funcionarios de prisiones deben ser entendidos y reconocidos legalmente como agentes de la autoridad, está muy bien, pero llega tarde y es manifiestamente insuficiente. Pero el Grupo Socialista tampoco puede decir nada, porque, como ya se ha dicho esta tarde aquí en varias ocasiones, lleva retrasando la aprobación de esta condición durante varias legislaturas y, además, no hace más que dejar que caduque, seguir prorrogando y prorrogando y volver a presentarla. Hace cuatro años, en febrero de 2020, VOX ya presentó una proposición de ley de carácter global, de carácter integral, dirigida a establecer un marco general de protección y garantías para nuestros funcionarios de prisiones. A nadie se le oculta que VOX es el único partido de esta Cámara que no cree en el sistema de competencias de las comunidades autónomas. En concreto, en esta materia creemos que es absolutamente necesario que el Estado recupere la competencia exclusiva penitenciaria para que no ocurran situaciones de trato favorable, como hemos visto, por ejemplo, en Cataluña con respecto a los presos condenados golpistas o, en el País Vasco, con respecto a los presos condenados asesinos etarras. . Y además para evitar una situación inaceptable, y es que a igual trabajo e igual responsabilidad no haya una terrible discriminación con respecto a los funcionarios del resto de España, y por eso esa exigencia permanente de lograr una equiparación salarial. VOX presentó ya por entonces en el Senado una propuesta de estatuto orgánico para los funcionarios de prisiones, una regulación integral para esos más de 21 500 funcionarios. Cómo no lo íbamos a hacer si uno de los fundadores de VOX es precisamente José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones, que fue secuestrado durante 532 días por los socios bilduetarras del Gobierno de Sánchez. . Por eso nos importan las prisiones, porque lo llevamos muy dentro, porque sabemos la lucha diaria que llevan los funcionarios de prisiones, sabemos las terribles presiones que sufrieron por el terrorismo etarra, por las mafias del tráfico de estupefacientes y en unas condiciones de absoluto abandono e inseguridad por parte de los gobiernos del Partido Socialista, del Partido Popular, del Partido Popular y del Partido Socialista, décadas de abandono a nuestros funcionarios de prisiones. Por eso nosotros no andamos con parches, con medias tintas, con oportunismos circunstanciales que algunos nos traen de vez en cuando para parecer, de cara a la galería, que les importan nuestros funcionarios de prisiones. Para nosotros la cuestión es mucho más importante. Por eso, hemos propuesto en ese estatuto la necesidad de la creación de una academia nacional de altos estudios penitenciarios donde sean formados en materia jurídica, en materia de defensa personal, en materia de psicología, de donde vengan verdaderamente preparados para enfrentarse a una tarea diaria de altísima responsabilidad y de altísimo peligro. Segundo, que sean reconocidos como agentes de la autoridad y, junto con ello, que sea aceptado el principio de indemnidad, es decir, que el Estado responda de las indemnizaciones que se establezcan a favor de los funcionarios de prisiones; y además que sea reconocida como profesión de riesgo, con el derecho a una jubilación anticipada para nuestros funcionarios. . Se ha citado ya el terrible suceso del 30 de agosto de 2023: el cobarde y vil asesinato de una funcionaria de prisiones, Nuria López. Nuria López es un caso muy llamativo, muy triste, pero es que en el pasado año 2023 hubo 508 casos de agresiones que sufrieron nuestros funcionarios de prisiones, habiendo aumentado en más de un 12 % la siniestrabilidad y las agresiones con respecto a estos funcionarios. Esto por sí solo justificaría el reconocimiento de ese principio de autoridad y otras muchas medidas que van directas a garantizar su seguridad. En tercer lugar, es absolutamente necesario ampliar la plantilla, una plantilla envejecida, escasa y desmotivada. Pongamos dos ejemplos: dos funcionarios de prisiones que tienen que entrar en un módulo con más de ciento cuarenta reclusos, varios de ellos altamente peligrosos; o que de cada tres bajas que se producen en Instituciones Penitenciarias, solo una es cubierta. Esto lleva a una situación, como digo, de envejecimiento y de escasez en la plantilla de funcionarios de prisiones. Hay una falta de medios materiales, necesitan equipos de protección individual, chalecos, guantes, trajes especiales, material contra incendios y también, cómo no, la utilización, como en tantas otras prisiones del mundo, de sistemas Táser de inmovilización de reclusos con sistema de bloqueo desde la unidad central de control de seguridad de cada centro penitenciario. Y no quisiera olvidarme, porque también es de justicia y muy importante: necesitan una retribución justa, con salarios, con incentivos y con los pluses de peligrosidad que requiere su trabajo. Por eso, desde aquí todo nuestro apoyo y agradecimiento a los funcionarios de prisiones, que cada día son la última frontera de la seguridad y de la justicia en un Estado de derecho, que han sido — repito— abandonados, ignorados y utilizados durante décadas por los partidos Popular y Socialista y todos los diferentes socios que han ido pasando a su lado. Llegará la hora en que los funcionarios de prisiones tengan el estatuto orgánico que se merecen, con todas estas necesidades perentorias que vienen reclamando desde hace décadas incluidas. Muchas gracias. .

Juan Carlos Jerez Antequera PSC-PSOE

Presidente. Señorías, confieso que a veces para seguir el Pleno, en especial cuando están en el uso de la palabra diputados y diputadas del Grupo Popular o de VOX y se ponen en modo odio, insulto o bronca, yo me pongo en modo zen, con riesgo de ensoñación. . Es una cuestión de salud democrática. Cuento esto porque, cuando me propusieron para defender la posición del Grupo Socialista hoy aquí ante esta proposición de ley de modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria, pensaba: hostia, si esto ya lo hemos tratado, ¿o lo he soñado — por el tema del riesgo de ensoñación—? ¿Lo he soñado? No, no lo he soñado, se trató aquí el 18 de junio, y la propuesta en aquel caso era más completa y era del Grupo Socialista. Pero es que incluso el Grupo Popular votó a favor y, en el trámite de enmiendas, presentó dos enmiendas que, a mi juicio, incluso ampliaban o mejoraban el texto: ampliaban la condición de funcionario para que tuvieran la condición de agente de la autoridad, y ampliaban el concepto de funcionario a funcionarios de carrera, interinos, eventuales o laborales, es decir, a todo empleado público, a todo trabajador y trabajadora que se dedica a la profesión en centros penitenciarios. Bien, pues no lo he soñado. Entonces pensé: a lo mejor es algún tipo de descuido del Grupo Popular, es un descuido y lo han traspapelado cuando han ido al registro para presentar otras iniciativas. Pero es que tampoco, no se ha traspapelado, porque estamos aquí y porque hay una intención clara del Grupo Popular de que también se trate aquí hoy, a pesar de que se trató el 18 de junio. Ni lo he soñado ni ha sido un descuido, estamos aquí debatiendo otra vez la misma propuesta tomada ya en consideración el 18 de junio de este año. Señorías, no ha sido un descuido, pero sí que es un error, porque ¿qué objetivo tiene esta repetición? . También se ha dicho aquí antes, los empleados de Instituciones Penitenciarias y sus representantes sindicales deben hacerse la misma pregunta que me hago yo: ¿qué objetivo tiene esta repetición? Señorías del Grupo Popular, lo he comentado: ya votaron a favor de esta proposición de ley presentada por el Grupo Socialista y, como otros grupos de la Cámara, presentaron enmiendas. Es decir, ahora además, resulta que en el texto que han presentado hoy, cuando yo he comentado que querían ampliar con sus enmiendas a funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual, se enmiendan a sí mismos y vuelven a hablar solo de funcionarios. Todo esto me recuerda su presunto error en la votación sobre la ley de antecedentes penales , que al final, después de sus explicaciones, uno se preguntaría si se leyeron el texto. Señorías del Grupo Popular, ¿de verdad creen que así ayudan al colectivo de trabajadores de las Instituciones Penitenciarias? Y tengo que referirme a otra cosa. Ya hicieron gala de utilizar esta tribuna para insultar al Gobierno cuando presentaron la propuesta para la jubilación anticipada de policías nacionales y guardias civiles el pasado 15 de octubre. Su diputada portavoz en aquella ocasión desplegó todo el repertorio de bulos, insidias y mentiras contra el Gobierno. Habló de todo, de todo menos de la reivindicación de los policías y guardias civiles. Es como si yo aquí hoy me dedicara a enumerar todas las contradicciones, mentiras y bulos que han hecho correr estas semanas para tapar la incompetencia del Govern de la Generalitat Valenciana y de su presidente. Pero hoy toca hablar de servidores públicos. Señorías, les recuerdo que, durante el debate de la proposición socialista el 18 de junio, la misma portavoz que he comentado antes llegó a decir, y cito literalmente, que los diputados y las diputadas socialistas tendríamos que estar agachados todos debajo de los escaños. ¡Qué barbaridad! Y más aún dicha en este escenario, que aún preserva los restos de aquella intentona del 23-F. ¡Menuda contribución al parlamentarismo democrático! Y flaco favor le hacen ustedes a las legítimas reivindicaciones de los profesionales y los sindicatos. . Como ya destacó el compañero José Luis Aceves en el Pleno comentado del 18 de junio, el Grupo Socialista apoya el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los empleados públicos de Instituciones Penitenciarias. De esta forma, se les otorgará una protección real y efectiva acorde con la situación actual de las prisiones españolas y conforme a las singularidades propias de dicho cuerpo, lo que les permitirá desarrollar sus funciones en mejores condiciones. Pero, señorías, nuestras propuestas van más allá de la declaración de condición de agentes de seguridad. Es fundamental dotar a estos cuerpos de la normativa que ya poseen los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, permitiendo así, uno, su identificación por número de registro profesional, salvaguardando su anonimato y su intimidad domiciliaria en los actos procesales de notificación, emplazamiento o requerimiento; dos, la separación de los trabajadores penitenciarios del resto de otros detenidos o presos; tres, su protección por parte de la Administración, al aplicarse la obligación de resarcirles en los supuestos de daños materiales o personales sufridos como consecuencia de su actividad profesional; cuatro, la presunción de veracidad, ya que con la condición de agente de autoridad gozarían del principio de veracidad, salvo prueba en contrario; y, cinco, la necesidad de dotar de formación reglada de acceso al cuerpo y de formación continua y de especialización a lo largo de la carrera profesional. O sea, política útil, refuerzo y profesionalización de los servicios públicos. Presidente, acabo, y quiero hacerlo en nombre de mi grupo, expresando nuestro reconocimiento a los empleados públicos del Cuerpo de Instituciones Penitenciarias por su servicio a la comunidad. Señorías del Grupo Popular, vengan a la política útil, defiendan lo público. Y, sí, señorías, votaremos a favor, otra vez. Gracias. .

Andrea Fernández Benéitez PSOE

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Miren, tenemos el inmenso privilegio de vivir en uno de los países con mayores cotas de igualdad del mundo. Según el último índice de igualdad publicado por la Unión Europea en 2023, avanzamos a muy buen ritmo, recortando brechas que tienen que ver con el empleo, con el conocimiento o con el reparto de poder. España cuenta con una sociedad claramente comprometida con la igualdad y también con instituciones que en su mayoría trabajan para seguir corrigiendo la injusticia que representa aún hoy en día el machismo. Si me permiten, una prueba de ello es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que, como todos ustedes saben, se trata de una herramienta, y junto con la sociedad civil, los poderes económicos, el Consejo General del Poder Judicial, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otras entidades, como las administraciones, trabajamos para generar una hoja de ruta común que nos permita atajar la violencia machista. Hablamos, como todos entenderán, de un triunfo de la razón del que tendríamos que estar muy orgullosos y orgullosas. . Creo, señorías, que hablando de igualdad, este debe ser el ejemplo a seguir. Señorías, me preocupa especialmente que esta causa se haya convertido en uno de los arietes polarizadores de la política actual. Por ello, quiero insistir en una idea que ya he planteado: los demócratas tenemos la obligación de defender el progreso de la igualdad, porque es una condición de posibilidad de la democracia. Me atrevería a decir que es uno de esos fuegos sagrados que conservamos y que nos alejan del frío que comienza a hacer en el resto del mundo. Y es quizás sea la potente capacidad democratizadora que tiene la igualdad el motivo por el que la extrema derecha global tradicionalmente ha estado contra la libertad y la autonomía de las mujeres. A escala internacional, de hecho, surgen cada vez más ideas y acciones políticas coordinadas que están dedicadas a reducir y a cercenar la igualdad como valor. Estas maniobras van recalando en los países y, desde luego, España no es una excepción. Sin ir más lejos, quiero resaltar un lamentable ejemplo, que es aquel intento de imponer el llamado latido fetal en Castilla y León, que proponía que las mujeres, antes de interrumpir su embarazo, tuvieran que escuchar el latido del feto. Esta fue una de las grandes apuestas de la extrema derecha y una de las lamentables herencias de su paso por las instituciones. Maniobra detenida, por cierto, gracias al tesón y al trabajo del PSOE de Castilla y León. . Me atrevo a decir que no fue casualidad que esta medida se implantara semanas después de que esta Cámara aprobara la prohibición de acosar a las mujeres en las puertas de las clínicas. No fue casualidad porque lo que buscaban era, precisamente, institucionalizar esas coacciones que estábamos prohibiendo por ley gracias al empuje feminista de esta Cámara. Y les diré más, resulta profundamente descorazonador que sea el Partido Popular quien convierta el Senado en un lugar de encuentro para debatir sobre este derecho. Es la dirección de la Cámara del Senado quien decide el calendario de ocupación de los espacios y, por tanto, es la Presidencia del Senado la que permite que se abra en el Senado, insisto, en una Cámara de las Cortes Generales, un debate para prohibir el derecho al aborto. La Red Política por los Valores, que es la entidad organizadora de este evento, es una de las grandes muñidoras de estos postulados absolutamente iliberales. Se trata de una organización dedicada a la producción ideológica contra la igualdad de derechos, contra la libertad y contra la autonomía de las mujeres. Es más, José Antonio Kast, el director de esta fundación, afirma que las mujeres deben ser perseguidas por el delito de asesinato cuando interrumpen su embarazo, y además es uno de los grandes defensores del legado de Pinochet; no sé qué les parece esto a ustedes. Señorías del Grupo Popular, todos los ojos les miran a ustedes, no solo aquí en España, sino también en Europa. Las democracias necesitan conservadores, demócratas cristianos o liberales que sean capaces de hacer propuestas útiles. Ustedes no pueden ser esto que les acabo de describir, no pueden ser esto. Tenemos la responsabilidad ineludible de ser capaces de generar conversaciones comunes sobre lo que supone la igualdad, porque nos jugamos muchísimas vidas en ello, señorías. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es sobre todo un derecho a la salud. Eliminar o limitar la posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir sus embarazos en condiciones de garantías médicas no evita los abortos, solo pone en juego su salud, exponiéndolas a la muerte y al sufrimiento. Estas leyes, señorías, no atacan la vida, sino que impiden la clandestinidad, la insalubridad y el sufrimiento, como les decía. Así lo reconoce la comunidad internacional cuando ha estudiado todos aquellos países en los que el aborto está prohibido. No necesitamos reflexiones sobre si el aborto debe perseguirse, prohibirse o no, señorías, necesitamos cumplir la Ley de Salud Sexual y Reproductiva , es decir, necesitamos educación sexual, lo que implica abordar también cuestiones muy espinosas, como la pornografía, y necesitamos anticoncepción y planificación familiar. Y para eso, necesitamos a todas las fuerzas políticas dispuestas a sostener un debate honesto y sin los excesos propios de los que les he hablado anteriormente. Señorías, como ya les he señalado antes, la inseguridad en el acceso a la interrupción del embarazo no se circunscribe a la extrema derecha. Son muchas las comunidades autónomas en las que acceder a este derecho es difícil. Y aquí Castilla y León vuelve a destacar. La no actualización del registro de objetores hace que esta prestación deba ofrecerse en clínicas privadas y, además, se hace a través de ofertas públicas muy por debajo del coste que requiere esta prestación. Esto se traduce en viajes inasumibles por parte de las pacientes, en tener que correr por su propia cuenta con gastos que no les corresponden y, además, también supone la imposibilidad de acceder al método que desean emplear para interrumpir su embarazo. Por cierto, esto también es un derecho gracias a una enmienda que planteó el Grupo Socialista en la última renovación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Por ello, señorías, a través de esta iniciativa queremos que el Congreso se comprometa a exigir a todas las comunidades autónomas que cumplan la Ley de Salud Sexual y Reproductiva , que garanticen este derecho como lo que es: una prestación sanitaria que está en la cartera de servicios de nuestra sanidad pública, ni más ni menos. Esto no puede demorarse más, señorías. Trasladamos esta exigencia bajo la convicción de que ahondar en derechos y garantías es la mejor forma de plantar cara a quienes quieren recortar derechos.

Andrea Fernández Benéitez PSOE

Quiero finalizar con una cita de Simone Veil, que pronunció en su discurso para la despenalización del aborto, y que creo que a todos nos tiene que hacer reflexionar. La cita dice así: La historia nos muestra que los grandes debates que nos han dividido durante tiempo, con los años, terminan siendo una etapa necesaria para la formación de un nuevo consenso social que se inscribe en la tradición de la tolerancia y la moderación de nuestro país. Señorías, protejamos los consensos. Educación y anticonceptivos para no abortar, aborto libre y seguro para no morir. Gracias, presidente. .

Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS

Gràcies, president. Senyories, assistim avui a un nou capítol d’aquesta guerra PP-PSOE, una acció-reacció en tota regla. En aquest cas, el PSOE intentant parar el cop mediàtic del PP quan el PP anuncia que posarà en marxa una iniciativa per eliminar l’obligatorietat de fer ús del permís de paternitat de sis setmanes postpart. El PP ho ha venut com a flexibilitat perquè les famílies disposin com considerin del permís. El PSOE ho veu — i nosaltres també, que consti— com un retrocés, ja que l’obligatorietat té com a objectiu que les mares estiguin acompanyades pels pares en la tasca de cuidar la criatura que acaba d’arribar al món. De fet, aquesta obligatorietat de fer ús del permís en el cas dels pares de manera simultània amb les mares es va implementar perquè la flexibilitat prèvia servia perquè els homes acabessin delegant en les mares l’atenció al nounat. Això, segons les dades de la Seguretat Social. Un altre exemple d’acció-reacció: el PSOE denuncia, en la seva iniciativa d’avui, l’ús del PP de les seves majories al Senat per allotjar-hi una jornada antiavortista el 2 de desembre. Bé, hem de dir que aquesta és una situació que vull dir que no ve de lluny i que no és diferent del posicionament que ha mostrat el PP en contra de la reforma, per exemple, del Codi penal que es va fer en aquesta cambra per castigar les persones que coaccionen les dones que volen interrompre voluntàriament l’embaràs. Deixant de banda aquest estira i arronsa que es porten vostès, el PSOE i el PP, volem posar el focus en un fet inqüestionable: el Govern espanyol sembla no tenir capacitat de fer complir la llei perquè no en controla l’aplicació allà on no té competències. Això és de calaix. I m’explico. En la seva iniciativa denuncien que hi ha comunitats autònomes on no es pot complir la Llei 1/2023, que garanteix l’accés públic, universal i gratuït als serveis i programes de salut sexual i salut reproductiva, serveis que inclouen l’avortament voluntari legal, com a conseqüència, per exemple, que algunes comunitats no compten amb un registre d’objectors de consciència que permeti fer compatibles tots dos drets: el d’objecció i el dret a poder avortar a la sanitat pública, tal com recull la llei. Els recordo que Junts va presentar una esmena que vostès, els senyors del PSOE, van rebutjar, en què es demanava que el registre no fos a nivell autonòmic, sinó de cada centre del sistema públic de salut. Ho demanaven els metges també per raons de confidencialitat respecte dels seus posicionaments, i estava plenament justificat perquè facilitava el servei, com ha quedat demostrat — sí, facilitava el servei. I ara estem veient que aquell «no» ha tingut, podríem dir, unes conseqüències indesitjades. Per acabar, deixi’ns fer memòria d’una altra esmena de Junts que tampoc no va prosperar en la Llei orgànica de salut sexual i reproductiva, la que suprimia l’article que feia referència a la gestació per subrogació. La llei la qualifica com una forma de violència contra la dona i aquesta vam considerar que és — valgui la redundància— una consideració que genera estigma als nens i nenes que viuen a l’Estat i que són fruit d’una gestació subrogada. Aquesta falta de sensibilitat respecte d’ells també s’hauria de corregir, com també les dificultats que els pares tenen a l’hora de fer els tràmits de filiació. Que ho acabin pagant els nens és una conseqüència, una vegada més, indesitjada. El mes de setembre, el Tribunal Suprem va autoritzar els pares d’un nen nascut per gestació subrogada a modificar en el Registre Civil el lloc de naixement. Inicialment hi constava la població estrangera on havia nascut. Se’ls ha permès posar el domicili familiar per protegir de nou l’interès del menor. Evidentment, si al registre hi consta un país estranger quan els pares no hi tenen relació amb aquest país, més enllà de que és on han anat a fer la gestació subrogada, s’està remarcant el caràcter adoptiu de la filiació del menor i, per tant, les seves circumstàncies d’origen. Això entenem que ens hauria de preocupar a totes i a tots, que no s’acabin fent lleis que poden generar situacions que acabin anant en contra del bé superior dels infants. Nosaltres no hem presentat esmena al respecte, evidentment, de la gestació subrogada perquè avui no tocava, però sí que hem presentat una esmena per demanar afegir un punt perquè el registre d’objecció de consciència, respecte de la intervenció directa en la pràctica de la interrupció, sigui, com dèiem, de cada centre sanitari del sistema públic de salut i no d’àmbit autonòmic, i encara menys que constin aquestes dades de l’objector a l’Institut Nacional de Gestió Sanitària. Gràcies. Gracias, presidente. Señorías, asistimos hoy a un nuevo capítulo de esta guerra PP-PSOE, una acción-reacción del PSOE intentando parar el golpe mediático del PP cuando el PP anuncia que pondrá en marcha una iniciativa para eliminar la obligatoriedad de hacer uso del permiso de paternidad de seis semanas postparto. El PP lo ha vendido como flexibilidad para que las familias dispongan como consideren de este permiso. El PSOE lo ve — y nosotros también, que conste— como un retroceso, ya que la obligatoriedad tiene como objetivo que las madres estén acompañadas de los padres en la tarea de cuidar a la criatura que acaba de llegar a este mundo. De hecho, esta obligatoriedad de hacer uso del permiso en el caso de los padres de forma simultánea con las madres se implementó porque la flexibilidad previa servía para que los hombres terminasen delegando en las madres la atención al recién nacido, esto de acuerdo con los datos de la Seguridad Social. Otro ejemplo de acción-reacción: el PSOE denuncia en su iniciativa de hoy el uso de esas mayorías en el Senado para organizar una jornada antiabortista el 2 de diciembre. Bien, hemos de decir que esta es una situación que no nos viene de lejos y que no es distinta del posicionamiento que ha mostrado el PP en contra de la reforma, por ejemplo, del Código Penal que se hizo en esta Cámara para castigar a aquellas personas que coaccionan a las mujeres que desean interrumpir voluntariamente su embarazo. Dejando velado este estira y afloja que se llevan ustedes, PSOE y PP, deseamos poner el foco en un hecho incuestionable: el Gobierno español parece no tener capacidad de hacer cumplir la ley porque no controla la aplicación donde no tiene competencias. Esto es de cajón, y me explico. En su iniciativa denuncian que hay comunidades autónomas donde no se puede cumplir la Ley 1/2023, que garantiza el acceso público, universal y gratuito a los servicios y programas de salud sexual y salud reproductiva, servicios que incluyen el aborto voluntario. Como consecuencia, por ejemplo, algunas comunidades no tienen un registro de objetores de conciencia que permita hacer compatibles todos los derechos de objeción y el derecho de poder abortar en la sanidad pública, tal y como recoge la ley. Les recuerdo que Junts presentó una enmienda que ustedes, los señores de PSOE, rechazaron. Entonces se pedía que el registro no fuese a nivel autonómico, sino de cada centro del sistema público de salud. Lo pedían los médicos, también por razones de confidencialidad con respecto a sus posicionamientos, y estaba plenamente justificado, porque facilitaba el servicio como ha quedado demostrado. Sí, facilitaba el servicio. Y ahora estamos viendo que ha tenido unas consecuencias indeseadas. Para terminar, permítanos hacer memoria de otra enmienda de Junts que tampoco prosperó en la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva, la que suprimía el artículo que hacía referencia a la gestación por subrogación. La ley la cualifica como una forma de violencia en contra de la mujer y esta consideramos que — valga la redundancia— es una consideración que genera estigma a los niños y niñas que viven en el Estado y que son el fruto de una gestación subrogada. Esta falta de sensibilidad con respecto a ellos también se tendría que corregir, como también las dificultades que los padres tienen a la hora de realizar los trámites de filiación. Que lo acaben pagando los niños es una consecuencia, una vez más, indeseada. En el mes de septiembre, el Tribunal Supremo autorizó a los padres de un niño nacido por gestación subrogada a modificar en el Registro Civil el lugar de nacimiento. Inicialmente constaba como la población extranjera donde había nacido y se les ha permitido poner el domicilio familiar para proteger nuevamente el interés del menor. Evidentemente, si en el registro consta un país extranjero cuando los padres no tienen relación con ese país, más allá de que es donde han ido a hacer la gestación subrogada, está remarcando el carácter adoptivo de la filiación del menor y, por lo tanto, sus circunstancias de origen. Esto entendemos que nos tendría que preocupar a todas y a todos, que no se acaben convirtiendo en leyes que pueden generar situaciones que acaben yendo en contra del bien superior de los niños y niñas. Nosotros no hemos presentado enmienda al respecto de la gestación subrogada porque hoy no tocaba, pero sí que hemos presentado una enmienda para pedir y añadir un punto por que el registro de objeción de conciencia con respecto a la intervención directa en la práctica de la interrupción sea, como decíamos, de cada centro sanitario del sistema público de salud y no de ámbito autonómico. Y todavía menos que consten estos datos del objetor en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Gracias.

Pilar Vallugera Balañà ERC

Sí, bona tarda. Gràcies, president. Bona tarda, diputats; bona tarda, diputades. Nosaltres hem presentat una esmena, i per això sortim en aquest torn, perquè, a més a més, volíem afegir que el Govern tingui el compromís de denunciar tant les associacions com les iniciatives antiavortament que estem veient en aquest Estat aquests darrers dies. És a dir, ens trobem amb una proposició no de llei que no té un contingut excessivament dens ni complicat ni difícil d’entendre i que fins i tot en altres moments hauríem dit que, bé, era una cosa molt poc treballada per portar-la en aquest Ple. Però és cert que, després de parlar amb la companya senadora Sara Bailac, que està al capdavant de l’aliança que s’està fent contra la cimera antiavortista que està preparant al Senat, he hagut de concloure que la proposició té el seu sentit. Clar, jo crec que si sortim al carrer i comencem a explicar a la gent que en aquest Ple estem debatent en ple segle XXI, el 2024, que hi ha una part dels legisladors, i legisladores, que han decidit que un dret que hem obtingut, com l’avortament, i, per tant, la cúspide, la cima del que són els drets sexuals i reproductius els estem posant a debat, jo crec que no hi hauria un acord unànime al carrer. I també crec que no estem sent capaços d’explicar que determinades ideologies comportaran a la quotidianitat de la gent coses com aquestes, coses que donem per fetes, drets que donem per adquirits, per assentats, per inamovibles, i no ho són. Llavors, cada cop que pujo en aquest faristol a defensar un d’aquests drets, em desespero una mica, perquè qualsevol dia d’aquests acabarem també debatent si el divorci ha de ser o no amb culpabilitat o qualsevol dia d’aquests acabarem debatent si les senyores podem tenir o no un compte bancari sense que el marit ens autoritzi. I, per tant, la meva estupefacció és gran quan al Senat es permet i es dona suport a una iniciativa d’aquest calibre. Permetin-me dir-los de tota manera, perquè crec que és important saber-ho, que els col·laboradors de la cimera no són gent innòcua, no són només ànimes inflamades religiosament i caritatives que consideren que això és matar una vida i, per tant, creuen que s’ha de fer. No, no, és la ultradreta. És gent com el Center for Fundamental Rights, que és un grup d’experts de dreta proper al Govern hongarès que — a part d’ajudar Trump, clar— ha anomenat els jueus «excrements pudents» i ha anomenat la comunitat gitana «animals». Eh, 2024. És aquesta gent la que anirà al Senat. No és la bona gent en defensa de la família i de les oportunitats perquè les dones tinguin altres alternatives abans d’avortar, no: és la International Organization for the Family, que és un grup classificat com a grup d’odi, perquè odia la comunitat LGTBI+; és el Talenting Group. En aquests tinc menys a dir-hi, perquè només — només— treballen en cooperació internacional en base als principis bíblics, donant suport a mitjans de comunicació com les webs cristianes en contra de l’educació sexual — en contra de l’educació sexual—, que és un dret de qualsevol nen i de qualsevol nena en una societat democràtica, avançada i occidental. Per tant, amb això volem dir: com sempre, el feminisme és una eina més al servei de la ultradreta per fer el seu discurs viral. Per tant, en aquest sentit hem d’estar absolutament units fent front a aquest retrocés que ens podem trobar qualsevol dia. I ja ho he dit quaranta vegades també: hi ha un capítol de El cuento de la criada — La història de la criada — que comença de la manera més tonta en una societat normal i acaba sense targetes de crèdit, sense capacitat de vot, sense capacitat de tenir un compte bancari. I és una distopia, però si no els parem acabarà sent veritat. I si jo he de donar per fet que hi ha una part del PP que és raonable, els hi demano que aixequin la veu, perquè és la seva majoria absoluta al Senat la que permet que això estigui passant. Acabo amb un prec al Govern. Fa uns dies els hi vam demanar explicacions perquè en les baixes per dismenorrea o en les baixes per avortament no arribessin els diagnòstics als empresaris, i per què estava passant. No ens han respost. Demanem, si us plau, que ens responguin en aquest cas, perquè és greu. Les empreses no han de tenir mai els diagnòstics, i menys si són d’aquest tipus. Gracias, presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas. Nosotros hemos presentado una enmienda, por esto salimos en este turno, porque además queríamos añadir que el Gobierno ha de tener el compromiso de denunciar, tanto en las asociaciones como en las iniciativas antiaborto, qué estamos viendo en este Estado en estos últimos días. Es decir, nos encontramos con una propuesta no de ley que no tiene un contenido excesivamente tenso ni complicado ni difícil de comprender y que, incluso, en otros momentos habríamos dicho que era una cosa muy poco trabajada para llevarla a este Pleno. Pero es cierto también que después de hablar con la compañera senadora Sara Bailac, que está delante de la vigilancia que se está haciendo en contra de la cumbre antiabortista que están preparando en el Senado, he tenido que concluir que la propuesta tiene su sentido. Creo que si salimos a la calle y empezamos a explicar a la gente que en este Pleno estamos debatiendo en pleno siglo XXI ―en el año 2024, de hecho― que hay una parte de los legisladores y las legisladoras que han decidido que un derecho que hemos tenido, como el del aborto, que está, por lo tanto, en la cúspide, en la cima de los derechos sexuales y reproductivos, lo estemos poniendo a debate, pues no creo que hubiera un acuerdo unánime en la calle. Tampoco estamos siendo capaces de explicar que ciertas ideologías comportaran en la cotidianeidad de las personas cosas como estas, cosas que damos hechas. Son derechos que damos por adquiridos, por sentado e inamovibles, y no lo son. Entonces, claro, cada vez que subo a este estrado a defender estos derechos, me desespera un poco, porque un día de estos acabaremos también debatiendo si el divorcio ha de ser o no con culpabilidad; o cualquier día de estos acabaremos debatiendo si las señoras podemos tener una cuenta bancaria sin que nuestro marido nos lo autorice. Por lo tanto, mi estupefacción es grande cuando el Senado se permite y da apoyo a una iniciativa de este calibre. No obstante, permítanme decirles, porque creo que es importante saberlo, que los colaboradores de la cumbre no son gente inocua. No son almas inflamadas religiosamente y caritativas que consideran que esto es matar una vida y que, por lo tanto, creen que se tiene que hacer. No, no, es la ultraderecha. Es gente como el Center for Fundamental Rights, que es un grupo de extrema derecha cercano al Gobierno húngaro que, aparte de al señor Trump, ha pedido para los judíos… y ha llamado animales a la comunidad gitana. Es esta gente la que irá al Senado. No es la buena gente en defensa de la familia y de las oportunidades para que las mujeres tengan otras alternativas antes de votar, no. Es la Internacional Organization for the Family, que es un grupo clasificado como grupo de odio, porque odia la comunidad LGTBIQ+. No tengo que comentar mucho de ellos. Bueno, trabajan en cooperación internacional con principios bíblicos, dando comunicación basada en los valores cristianos, en contra de la educación sexual ―repito, en contra de la educación sexual―, que es un derecho de cualquier niño o niña en una sociedad democrática avanzada y occidental. Por lo tanto, como siempre, queremos decir que el feminismo es una herramienta más al servicio de la ultraderecha para realizar su discurso y hacerlo virar. En este sentido, hemos de estar absolutamente unidos, haciendo frente a este retroceso que nos podremos encontrar cualquier día. Ya le he dicho cuarenta veces: hay un capítulo de El cuento de la criada, que empieza de la forma más tonta en una sociedad normal y acaba sin tarjetas de crédito, sin capacidad de voto y sin capacidad de tener una cuenta bancaria. Es una distopía, pero si no les paramos, acabará siendo verdad. Y si he de dar por hecho que hay una parte del PP que es razonable, les pido que levanten la voz, porque su mayoría absoluta en el Senado es la que permite que esto esté ocurriendo. Y termino con un ruego al Gobierno. Hace unos días les pedimos explicaciones de por qué estaba pasando que en las bajas por dismenorrea o aborto llegasen los diagnósticos a los empresarios. No nos han respondido. Pedimos, por favor, que nos respondan en este caso, porque es grave. Las empresas no han de tener nunca los diagnósticos, y menos si son de este tipo.

Pilar Vallugera Balañà ERC

Acabo immediatament. Per tant, que alguna de les seves ministres requerides, per favor, comparegui. Moltes gràcies. Termino inmediatamente. Por lo tanto, pedimos que alguna de las ministras requeridas comparezca. Muchas gracias. .

Aina Vidal Sáez SUMAR

Defender el derecho al aborto debería ser algo lejano y anacrónico incluso, y debería serlo si se respetaran básicamente los derechos de las mujeres de forma integral. Porque hablamos de autonomía, de no ser infantilizadas ni tutorizadas, de ser reconocidas como seres humanos maduros y con capacidad de raciocinio y elección. Pero, desgraciadamente, es de rabiosa actualidad, y no solo por los objetores o los ultras, sino también por los países que amenazan en retroceder en este derecho. De hecho, hay países tan cercanos, como Andorra, que lo prohíben en todas sus circunstancias; y también en Honduras o en el Vaticano. No debe ser casualidad pues ese lema feminista que grita «Fuera los rosarios de nuestros ovarios». Su supresión provoca la violación de múltiples derechos, como el derecho a la propia vida, a la salud, a la intimidad, a la autonomía y a no sufrir violencia ni discriminación. No es solo un derecho relacionado con la salud. Garantizar este derecho es crucial para eliminar además las desigualdades que padecen muchas mujeres, especialmente aquellas que viven en situación de exclusión social, marginación o discriminación, porque, por muy católica que sea la clínica, si hay dinero, el aborto se hace. Esto es una realidad. El aborto debería ser un derecho fundamental autónomo, que reconociera que las mujeres somos libres y que nuestro cuerpo es nuestro. Y no lo digo solo yo ni tampoco los miles de mujeres que han luchado durante décadas, poniendo sus cuerpos, su inteligencia y también su libertad, lo dice el Parlamento Europeo, que el 11 de abril de este 2024 pedía mediante una resolución que se incluyera el derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Declara: Toda persona tiene derecho a la autonomía física y a un acceso libre, informado y pleno. Y sigue: Francia dio un importante paso adelante y gran parte de la derecha votó ―anótenselo ustedes― a favor de introducir el aborto en la Constitución. Amnistía Internacional establece una relación directa entre el derecho al aborto y el cumplimiento de los derechos humanos. El acceso a un aborto legal y seguro no es un derecho aislado, pues forma parte de los derechos sexuales y reproductivos, y al derecho a la autonomía personal ―repito, a la autonomía personal―, o al acceso a los servicios de salud integral. Por eso es urgente que nos dotemos de todos los mecanismos que garanticen, al fin y al cabo, que sea real y efectivo. España se ha erigido en realidad como uno de los países pioneros en el reconocimiento de los derechos relacionados con las mujeres y, también, de los derechos reproductivos y sexuales desde 1985 hasta 2022. Estar a favor del aborto ―escúchenme bien, señorías― es estar a favor de la vida de miles y miles de mujeres que han sido multadas, encarceladas y condenadas al ostracismo social; o que han muerto, y aún lo hacen, en cuartuchos insalubres; o que se desangran, por ejemplo, por las calles o en su cama. Su vulneración sí puede conllevar la muerte. . Aprovecho, pues, la tribuna para agradecer a tantas y tantas mujeres que lo defendieron antes de que apareciera en nuestras leyes; mujeres que lucharon contra el machismo y el sistema patriarcal en clandestinidad, contra el silencio, el reproche y las miradas punzantes. Por ellas, por nosotras y por todas las que vendrán, debemos seguir avanzando. . Pese a que nuestras leyes reconocen el derecho, no todas las mujeres en España pueden ejercerlo por igual. Todas las mujeres deberían poder acudir a un centro de salud u hospitalario público cercano, pero hay mujeres en España que deben peregrinar por otras ciudades o comunidades autónomas con tal de poder acceder a este derecho. Señorías, les debo advertir que las feministas no vamos a consentir que por la puesta en marcha del registro de objetores no funcione en ciertos territorios. No permitiremos que en los hospitales públicos no exista personal médico para realizar abortos, porque esto tiene que ver ―insisto― con la vida y con nuestro derecho a ser seres humanos. Con eso tiene que ver. Por todo eso hemos presentado dos enmiendas, señorías, como bien sabe el Grupo Socialista. La primera aborda el problema de los registros de las personas objetoras de conciencia y la segunda nos encamina, al fin y al cabo, a introducir el aborto como un derecho fundamental e, insisto, autónomo en nuestra Constitución. Porque el feminismo avanzó orgullosamente en 1985, lo hizo en 2010, lo hizo en 2019, lo hizo en 2022 y lo vamos a volver a seguir haciendo en 2024, en 2025 y en todos los años que nos vengan por delante, señorías; todos. . El feminismo y las mujeres de este país, señorías, no vamos a permitir ni que se nos desprecie, ni que se menoscaben nuestros derechos porque, insisto, esto no es un derecho que solo tiene que ver con la salud, sino que tiene que ver con entender que las mujeres somos seres libres, autónomas, conscientes, adultas y que hacemos con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana. . Así que, sin más, muchas gracias y, no lo duden, nos van a tener enfrente en el Senado el día 2. .

Elvira Velasco Morillo PP

Muchas gracias, presidente. Señores del Grupo Parlamentario Socialista, tengo que empezar manifestándoles que al ver su iniciativa me generó cierta perplejidad. Hablan de igualdad cuando forman parte de un Gobierno y de un grupo parlamentario que ha creado la mayor desigualdad entre hombres y mujeres. Les recuerdo la ley del sí es sí, que ha rebajado penas y sacado de la cárcel a delincuentes sexuales. . Lo que me sorprende, señora Fernández, es que usted pretenda que la ministra de Sanidad, Mónica García, haga algo en favor de las mujeres. Tengo que recordarle que fue la responsable, primero, de que se silenciara a una víctima de violencia sexual, y, después, de que al presunto acosador se le premiara con un puesto en esta Cámara. . Pero, claro, como dijo Tania Sánchez, Errejón nos valía la pena porque era un gran político. ¿Dónde está la defensa de su feminismo? Además, plantean una iniciativa faltando a la verdad en su exposición de motivos cuando hablan de Castilla y León, comunidad a la que pertenecemos las dos. Sabe que en ningún momento se ha modificado el protocolo de atención de interrupción del embarazo, que está ajustado al ordenamiento jurídico. Actúen con seriedad a la hora de reflejar algo por escrito. Claro, si es que pueden. Esta tarde hemos visto que no. Y no lancen cortinas de humo para tapar sus propios errores, y más cuando estamos hablando de salud. Ustedes presentan una iniciativa para instar al Gobierno, a sus socios de Gobierno ―en este caso a SUMAR, que es quien está al frente de Sanidad―, a que desarrollen la Ley Orgánica 1/2023, de salud sexual y reproductiva. No se olviden que, haciendo referencia a la objeción de conciencia y a un posible registro de objetores, es preciso tener presente lo que dicen los artículos 18, 19 bis y 19 ter. Señorías, estamos hablando de una ley de aplicación por los profesionales sanitarios que fue redactada sin recabar su opinión ni la de las sociedades científicas, y que se tramitó sin los informes pertinentes del Consejo de Estado ni de la Comisión de Bioética. Es una ley que rezuma hostilidad hacia los profesionales sanitarios a quienes no escucharon. El registro médico de objetores de conciencia, además de cercenar un derecho constitucional, oculta la voluntad de castigar a quienes, ejerciendo su derecho, se niegan a practicar abortos. Tiene un sospechoso tufo a lista negra y, por su carácter público, puede limitar el derecho reconocido en el artículo 18 de la Constitución. Por ello, es importante que en esta iniciativa quede claro que los profesionales sanitarios han de ser tenidos en cuenta, como hemos contemplado en nuestra enmienda. La ley lleva publicada desde el 28 de febrero de 2023 y ahora, casi dos años después, ustedes presentan esta iniciativa en línea con los anuncios flash de la ministra; eso sí, saltándose la ley en los artículos antes mencionados, porque no tienen en cuenta ni al marco del consejo interterritorial ni a las profesiones sanitarias. Sin embargo, la ministra anuncia borradores de protocolos para el registro de objetores de conciencia. Miren, llevan un año de legislatura y el único balance que pueden hacer es el de un año de corrupción que ha salpicado al Ministerio de Sanidad. ¿Para qué crean un observatorio contra el fraude y la corrupción sanitaria? ¿Qué pasa? ¿Qué ocultan, que no conocemos aún los españoles? Ha sido un año también de mala gestión que afecta a la igualdad de todos los españoles y a su cohesión territorial. ¿Dónde está la financiación de la ley ELA? ¿Para cuándo van a resolver la falta de médicos de familia y comunitaria? ¿Realmente les interesa la Atención Primaria? Pero bueno, señorías, aún hay esperanzas de que se resuelva la situación de la Atención Primaria, porque tenemos a una ministra que lo va a impulsar como representante del Comité Ejecutivo de la OMS en Europa, y lo que no hacemos en España lo vamos a hacer ahora desde la OMS. . ¿Para cuándo la Agencia de Salud Pública? Les recuerdo que terminó el plazo de presentación de enmiendas el 18 de septiembre. ¿Qué pasa, que su debilidad parlamentaria no permite la tramitación? La emergencia provocada por la DANA pone en valor el papel que podía tener este organismo en la planificación de recursos o en cómo prevenir infecciones o epidemias. ¿Por qué tienen tanto rechazo al modelo MUFACE? ¿Van a ceder, señorías del Grupo Socialista, a esto con tal de mantener a Sánchez en la Moncloa? Señorías, lo que estamos viendo en el Parlamento es una clara huida por parte del Gobierno, empezando por Sánchez y continuando por sus ministros. La ministra de Sanidad tiene más de doscientas preguntas orales y treinta peticiones de comparecencias de mi grupo pendientes de sustanciarlas en la Comisión de Sanidad. Tengo el convencimiento de que se le ha olvidado el camino. Y, mientras tanto, en el Sistema Nacional de Salud sin dar solución a los múltiples problemas por los que pasa. Muchas gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Obrigado, señor presidente. Moi boa tarde. Garantir o aborto como un dereito para todas as mulleres e que sexa prestado na sanidade pública sen dilacións nin trabas é unha loita histórica do feminismo galego e tamén do BNG. Neste sentido, quero lembrar que nós temos presentado no seu día emendas durante a tramitación da Lei de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo, emendas, algunha delas, que ían dirixidas precisamente a eliminar os artigos referidos á obxección de conciencia. Se, como a propia exposición de motivos desta PNL afirma, a interrupción do embarazo é xa un dereito regulado por lei e amparado polos tribunais e polo dereito internacional, non cabe obxección de conciencia. Porén, esa posibilidade foi infelizmente mantida no texto. Nós temos que dicir que o persoal sanitario está para garantir dereitos, nunca para negalos. Non pode ser que o hipotético dereito dun médico á obxección negue e impida un dereito fundamental das mulleres. Sabemos que era deber das comunidades autónomas, dado que son as Administracións competentes en materia de sanidade, regular un rexistro de obxectores, cuestión que aínda non se cumpriu en moitas delas, o que dificulta o acceso á interrupción do embarazo na sanidade pública. Porén, tamén cabe lembrar que era obriga do Ministerio levar un rascuño ou proposta de protocolo ao Consello Interterritorial do Sistema de Saúde. Un protocolo que deberá incluír as condicións mínimas do rexistro e que a ministra, por certo, anunciou a fin do mes de setembro que tiña ultimado. Mais aínda non foi aprobado. Esa falta de protocolo é a que tamén está servindo de escusa para non avanzar no exercicio real e sen pexas do dereito á interrupción voluntaria da gravidez por parte das mulleres. E insistimos en que ningún hipotético dereito dun médico pode negar o que é fundamental para preservar a saúde e a vida das mulleres. E porque, ademais, se utiliza — sabémolo— para, de paso, favorecer o negocio das clínicas privadas e facilitar as campañas ultras de atemorización contra as mulleres que queren abortar. Contra isto hai que actuar. Por tanto, nós votaremos a favor desta PNL que o que fai é reclamar ao Goberno, na súa parte resolutiva, avanzar na protección e defensa dos dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres e esperamos que, efectivamente, o Goberno actúe e dea un paso decisivo nesta dirección. Moito obrigado. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Garantizar el aborto como un derecho para todas las mujeres y que sea prestado en la sanidad pública sin dilaciones y trabas es una lucha histórica del feminismo gallego y también del BNG. En este sentido, quiero recordar que nosotros hemos presentado enmiendas durante la tramitación de la ley de derechos sexuales y de la interrupción voluntaria del embarazo; enmiendas algunas de las cuales iban dirigidas precisamente a eliminar los artículos referidos a la objeción de conciencia. Como dice la propia exposición de motivos de esta PNL, la interrupción del embarazo es un derecho ya regulado por la ley y avalado por el derecho internacional, no cabe objeción de conciencia. Sin embargo, esa posibilidad fue infelizmente mantenida en el texto. Tenemos que decir que el personal sanitario está para garantizar derechos, nunca para negarlos. No puede ser que el hipotético derecho de un médico a la objeción niegue e impida un derecho fundamental de las mujeres. Sabemos que era deber de las comunidades autónomas, dado que son las administraciones competentes en materia de sanidad, regular un registro de objetores; cuestión que todavía no se cumplía en muchas de ellas, lo que dificulta el acceso a la interrupción del embarazo en la sanidad pública. Sin embargo, también hay que recordar que es obligación del ministerio llevar un registro territorial, un protocolo, hacer un borrador del protocolo que la ministra anunció, por cierto, a final del mes de septiembre, que había ultimado pero que todavía no ha sido aprobado. Esa falta de protocolo es la que también está sirviendo de excusa para no avanzar en el ejercicio real y las trabas al ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria por parte de las mujeres. Insistimos en que ningún hipotético derecho de un médico puede negar lo que es fundamental para preservar la salud y la vida de las mujeres. Porque, además, se utiliza ―lo sabemos― para, de paso, favorecer el negocio de las clínicas privadas y facilitar las campañas ultras de atemorización contra las mujeres que quieren abortar. Contra esto tenemos que actuar. Por tanto, nosotros vamos a votar a favor de esta PNL que va a reclamar al Gobierno, en su parte resolutiva, la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esperamos que, efectivamente, el Gobierno actúe y dé un paso decisivo en esta dirección. Muchas gracias.

Noemí Santana Perera SUMAR

Señorías, esta tarde debatimos una proposición no de ley que reafirma el compromiso con la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos en un contexto en el cual conquistas como estas se ven completamente amenazadas. Para nosotras es importante recordar los avances en la anterior legislatura, durante la cual España alcanzó un reconocimiento internacional por el trabajo realizado en materia de igualdad. Así también lo hace la proposición no de ley en su parte expositiva, haciendo referencia a estos informes. Medidas como la ley de libertad sexual, la ampliación de los derechos reproductivos o los avances en corresponsabilidad han sido hitos, sin lugar a duda, destacados. Sin embargo, es una lástima que no se haya valorado lo suficiente a la ministra que hizo posible estos avances, nuestra compañera Irene Montero. Lamentamos que en esta legislatura el feminismo haya pasado a ser algo testimonial, y ha sido relegado a un segundo plano del debate político en esta Cámara sin tener la ambición que nosotras creemos que se merece. A pesar de las leyes que tenemos vigentes, todavía existen retos importantes que debemos sacar adelante. La falta de registros adecuados de objetores de conciencia y las desigualdades regionales que existen en el acceso al aborto, entre otros problemas, siguen afectando a miles de mujeres en nuestro país. No es suficiente con aprobar leyes en esta Cámara, sino que hay que asegurar su implementación, hay que garantizarla; y que sea de manera homogénea en todo el territorio de nuestro país. Debemos garantizar una supervisión efectiva y asegurar los recursos adecuados para todas las mujeres sin importar su origen, situación económica o el lugar donde viven. Señorías, no podemos retroceder en derechos ni convertir los avances en igualdad en meras declaraciones de intenciones. Gracias.

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Arratsalde on, kaixo guztioi. Gaur alderdi sozialistak dakarren ez-legezko proposamen honek hiru helburu nagusi ditu: batetik, alde batetik berdintasun politiketan eman diren aurrera pausuen defentsa sutsua egitea, bestalde 1/2023 osasun sexual eta haurdunaldia borondatez eteteko legeak dioena bete dadila exijitzen duela, eta bestalde, kontzientzi objekzioa ez dadila izan eragozpena. Horiexek hiru gauz horiek izango lirateke batez ere gai nagusiak gaur alderdi sozialistak ekartzen dizkit, erkartzen diguten ez-legezko proposamen honetan. Buenas tardes a todas y a todos. La PNL presentada hoy por el Grupo Socialista tiene tres objetivos principales. Por un lado, la defensa ferviente de los avances realizados en cuanto a las políticas de igualdad; por otro lado, exigir el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/2023, de salud sexual y reproductiva.; y, por último, que la objeción de conciencia no sea un impedimento. Estos tres temas serían los principales que recoge la PNL que el Grupo Socialista nos trae hoy aquí. Digamos que hoy no vamos a repetir el debate del aborto porque ya se ha hablado mucho; tanto que, ya en su momento, se cruzó el río, como decíamos, no solo por su legalidad, sino en toda su totalidad. La sociedad ha cambiado, y ahí estamos en otra tesitura. Tampoco vamos a hacer un debate sobre la igualdad y sus logros porque son muchos y son necesarios, evidentemente, y es el armazón fundamental para el progreso, la democracia y la ubicación en una Europa de derechos y libertades ―de eso no tenemos ninguna duda―. El negacionismo de esos derechos es el que está quedando en evidencia últimamente, como todos sabemos. Por tanto, estamos de acuerdo con el objetivo de garantizar el derecho a la salud sexual y con lo que propone, es decir, que hay que garantizar el derecho a una salud sexual y también a la interrupción voluntaria del embarazo. Los que llevamos ya unos trienios aquí hemos participado en varias leyes: en las de 2010 y en las de 2023; y también en una propuesta que pudo hacer el Partido Popular y que se quedó en el camino. Se quedó tan en el camino que se quedó en el camino hasta el ministro que lo propuso. Por lo tanto, digamos que estamos de acuerdo con el objetivo, pero pregunto: ¿por qué por medio del consejo interterritorial? Nosotros, por ejemplo, en Euskadi somos plenamente competentes en los dos sentidos: en el sentido del ámbito competencial y en el sentido del servicio sanitario para ejercerlo. Nosotros vamos a decidir el cómo. La ley orgánica ya dice el qué, pero nosotros vamos a decir el cómo. Es un servicio público, y cada uno, el que es competente en la materia, decide el cómo. El artículo 13 de la ley de interrupción voluntaria del embarazo dice: «Son requisitos necesarios de la interrupción voluntaria del embarazo: a) Que se practique por un médico especialista, preferiblemente en obstetricia y ginecología o bajo su dirección. b) Que se lleve a cabo en centro sanitario público o en un centro privado acreditado». Afortunadamente, eso se cambió en la ley, porque el anteproyecto lo ponía de otra manera, y tuvimos que hacer fuerza para que al final la redacción fuera la que es. En Euskadi el servicio es público porque lo ofrece, lo dirige y lo establece Osakidetza; y después lo realizan físicamente unas clínicas privadas concertadas y acreditadas para ello. Las mujeres que acuden en Euskadi a hacer una interrupción voluntaria del embarazo están monitorizadas por el Servicio Vasco de Salud. Hay una instrucción del Departamento de Sanidad que dice claramente cómo se debe ejercer, y es público; y en ella se dice cómo debe ser la derivación. Por lo tanto, para aquellos que están con lo público y lo privado, que creo que confunden muchas veces, les digo que las que van voluntariamente en Euskadi las dirige Osakidetza a unos centros concertados; y no es por un tema de objeción de conciencia, es por un tema de no saturación del servicio público de Osakidetza; y es por un tema de eficiencia, porque en los casos en los que no es voluntario y es por un tema médico más allá de la catorce semanas, como dice la ley, lo hace Osakidetza en sus propios centros. El asunto de la objeción de conciencia ―ya que me queda poco tiempo― es un derecho individual e intransferible; y hay una obligación de dar el servicio por medio de las autoridades sanitarias. Objeción de conciencia, sí; obligación de dar servicio, también. Sobre el registro, nuestra opinión, desde el principio, fue no estar de acuerdo; estábamos en oposición con lo que se dice sobre la obligatoriedad de esos registros. No estamos en contra de que haya ―y eso lo decíamos aquí cuando defendíamos nuestras enmiendas en la ley del aborto―, pero no consideramos que sea obligatorio. Reitero lo anterior: cada uno es autónomo y debe saber cómo es la mejor manera para hacerlo. Defendemos, pues, el acceso libre y gratuito de las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo; no somos nadie para juzgar por qué lo hacen. Defendemos la obligatoriedad de las autoridades sanitarias competentes en ofrecer ese servicio. Defendemos el derecho a la objeción de los médicos individualmente. Y defendemos la autonomía de las comunidades autónomas que, como Euskadi o Navarra, son plenamente competentes para organizar estos servicios. Muchas gracias, señor presidente.

Marije Fullaondo la Cruz EH Bildu

Eskerrik asko mahaiburu jauna. Arratsalde on jaun-andreok. Bueno, kalifikatibo bat erabiltzearren, bitxia da gobernuan dagoen alderdiak gobernuari osoko bilkuran eta legez besteko proposamen baten bidez eskatzea legea bete dezan. Dena den, bitxikeria bitxikeri, bat egiten dugu talde sozialistak aurkeztutako legez besteko proposamenaren edukiarekin oro har, eta horrenbestez, gure aldeko bozka izango du. Buenas tardes, señoras y señores. Por utilizar un calificativo, resulta curioso que el partido en el Gobierno solicite al Gobierno en Pleno, y a través de una proposición no de ley, que cumpla la ley. No obstante, curiosidades aparte, compartimos el contenido de dicha proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, y, en consecuencia, contará con nuestro voto a favor. La verdad es que, aunque estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión y apoyaremos la PNL, como acabo de decir, nos resulta cuando menos curioso que el Grupo Socialista inste al Gobierno a coordinar e impulsar las acciones pertinentes a través del consejo interterritorial. Es cierto que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular con o sin apoyo de VOX no solo no han desarrollado el derecho al aborto, sino que además le han puesto todo tipo de impedimentos, pero no es menos cierto que el Partido Socialista tampoco viene con los deberes hechos. En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, gobernada por el Partido Socialista, el registro de objetores aún no está hecho, y lo mismo ocurre en la Comunidad Autónoma Vasca, donde el Partido Socialista gobierna junto con el PNV. Como resultado, hoy en día alrededor del 90 % de los abortos en Euskal Herria se realiza en clínicas privadas; es decir, el 90 % de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo no pueden ejercer su derecho en los servicios públicos de salud. ¿Cuál es el motivo para que el Partido Socialista no haya impulsado el registro de objetores en nuestras comunidades autónomas siendo miembro ―mayoritario en una y minoritario en otra, pero miembro al fin y al cabo― de ambos Gobiernos? En este sentido, no olvidemos que es el Ministerio de Sanidad a quien corresponde la redacción del protocolo que regirá el registro de objetores. Si bien la ministra Mónica García dijo ya en septiembre que el ministerio estaba en disposición de desarrollar dicho protocolo, aquí estamos esperando todavía. Después de dos meses aún no sabemos nada sobre el tema. Por otra parte, tampoco podemos dejar de lado las responsabilidades que en esta cuestión tiene el Ministerio de Igualdad, porque la ley sobre derechos sexuales y reproductivos debe implementarse en su totalidad, no solo en cuanto al derecho a la interrupción del embarazo. Si bien muchas competencias de su desarrollo quedan en manos de las comunidades autónomas, para poder llevarlas a cabo, el ministerio debe dotar del presupuesto y del impulso necesarios para la implementación de la ley. Y aunque se salga un poquito del tema de hoy, el Ministerio de Igualdad también debe poner las vías para implementar en su totalidad la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, más allá del Código Penal, poniendo el foco en las medidas integrales que propone, por ejemplo, en los campos de formación, prevención y sensibilización, y para ello debe dotarla también de los presupuestos y el impulso necesarios. Beraz, baloliak kanpora botatzeari utzi behar zaio. Hitzetik, hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia da. Bakoitzak bere erantzukizuna bere gain hartu eta bere betebeharrak betetzeko garaia. Besterik ez. Eskerrik asko. Por lo tanto, hay que dejar de echar balones fuera. Es hora de pasar de las palabras a los hechos y es tiempo de que cada cual asuma su responsabilidad y cumpla con sus obligaciones. Nada más. Muchas gracias. .

Lourdes Méndez Monasterio VOX

Muchas gracias, presidente. Señoría, su discurso perfectamente aprendido, con los argumentos falaces de siempre, no nos ha explicado muchas cosas. Por eso le pregunto: ¿Por qué ustedes mismos han pasado de concebir el aborto como un mal que hay que tratar de evitar a concebirlo como un bien que se debe procurar? ¿Por qué, señorías, consideran que es bueno y saludable matar a un ser humano en el seno de su madre y consienten que se trate como un anticonceptivo más? . ¿Por qué, señorías, les parece escandaloso lo que propone VOX: que una mujer que va a decidir eliminar la vida de su hijo pueda escuchar voluntariamente el latido de su corazón? ¿Por qué les parece eso escandaloso? A nosotros lo que nos resulta escandaloso es que todos ustedes, incluido el Partido Popular, impidan que una mujer que va a sufrir ese desgarro conozca el alcance de sus actos y pueda decidir en libertad. ¿Y ustedes hablan de libertad? Es un daño irreparable, señorías. Lo que es escandaloso, señorías, es que presionen a los médicos cuya función es salvar las vidas para que las eliminen. . Les pregunto: ¿Por qué no ofrecen ningún tipo de alternativa al aborto a las mujeres que tienen problemas?, ¿por qué no les ofrecen alternativas? ¿Acaso les parece bien que seamos el país de Europa donde más crece el aborto?, ¿les parece bien? ¿Por qué existen todo tipo de medios y financiación para acabar con la vida de un hijo y no existen medios para sacarlo adelante? . ¿Me puede usted explicar usted por qué? ¿Por qué, según REDMADRE, se gastan doce veces más en abortos que en ayudar a las mujeres embarazadas que quieren ser madres?, ¿por qué, señoría? ¿Por qué, con el expolio fiscal que sufrimos, invierten nuestros impuestos en financiar las muertes y no los destinan a salvar vidas? ¿Por qué no se destinan nuestros impuestos a salvar vidas? Señoría, ¿por qué si, según el CIS, el 77 % de los jóvenes no tienen hijos por motivos económicos, no llevan a cabo una política de natalidad? ¿Por qué eligen ustedes siempre la muerte? . Todas estas preguntas, señorías, las dejan sin respuesta porque existe una maldad intrínseca escondida en sus políticas. La guerra que han emprendido no es una guerra con tanques ni es una guerra con bombas, es una guerra bastante más dañina. Va dirigida como un torpedo directamente al corazón; es un enemigo invisible disfrazado de derechos para acabar destrozando a la mujer, a su hijo y a la familia, y en esta guerra están todos ustedes implicados, y digo todos, incluido el Partido Popular, que ha asumido de forma total la ideología de género y la consideración del aborto como un derecho. . ¿Y nosotros, señorías, somos los ultras, los radicales, los de extrema derecha por defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural? Pues, señorías, nosotros pensamos que los radicales son ustedes, los que consideran que es un derecho, es un avance y es progreso matar a un ser humano. De extrema izquierda y radical es su Gobierno, que deja las políticas sociales en manos de ministras comunistas; una ideología condenada por las múltiples violaciones de derechos humanos realizadas a lo largo de la historia. Eso es lo radical. ¿Cómo vamos a aceptar que impongan su visión de la mujer, la de su musa intelectual, Simone de Beauvoir? Se puede seguir riendo usted, señoría, pero Simone de Beauvoir era una mujer acusada de abusos sexuales a otra mujer, que tuvo relaciones sexuales con una menor y que, por supuesto, despreciaba obsesivamente la maternidad. Usted se puede seguir riendo. Lo que es de extrema izquierda, señoría, es intentar impedir que se celebre un acto en el Senado a favor de la vida. Esa es su democracia. ¿Nos acusan de ir contra los derechos de las mujeres ustedes, los que sacan violadores a la calle o hacen competir a las mujeres contra los hombres porque el sexo se puede elegir; los que basan su política de igualdad en perspectivas de género que no tienen en cuenta la cualidad maternal y tan solo persiguen inocular la división y el odio contra el hombre; los que estimulan la eliminación de un hijo? Eso sí, estas políticas son para los demás, no para ustedes. . Nosotros queremos que se reconozca el derecho de una mujer a ser madre, pero a todas las que quieran ser madre, no solo a las ministras. Señorías, ustedes pasarán, todos pasaremos, pero la verdad no pasará. Hay unas verdades inherentes al propio mundo y al ser humano que determinan que o somos defensores de la vida y la familia o España y Europa no serán. Termino. Señorías, el derecho a la vida es la raíz y el sustento de toda civilización, y solo VOX lo defiende por convicción. Otros se equivocaron cuando por rentabilidad política abandonaron los principios. El mundo está despertando y el PP se empeña en estar en el lado equivocado de la historia. .

Francisco Sierra Caballero SUMAR

Gracias, presidenta. Señorías, es costumbre en esta Cámara hablar de democracia, derechos y libertades, principios constitucionales, pero poco, muy poco, yo diría que rara vez de la gente de abajo, de las clases populares, de la pobreza. Me van a permitir hacer uso de la palabra para hablar de la dialéctica de lo concreto, de la poética de la política en la vida común, de las redes y vínculos de solidaridad ante la falta de red eléctrica, de desconexiones, de disyunciones sufridas como brechas o grietas de nuestra democracia y la necesidad, sin duda, de conjugar, tejer, anudar políticas para el común de la gente que, especialmente en nuestra tierra, en Andalucía, sufre y padece un abandono histórico intolerable. Señorías, esta PNL que presenta SUMAR es una iniciativa parlamentaria para suturar heridas sociales y acometer desde el sur y para los de abajo los déficits de servicios que padecen las víctimas de los intereses creados del oligopolio eléctrico y de un Estado que no responde cuando se le requiere. Supongo que les suena, o probablemente no. El sur, los de abajo suelen protagonizar poco los debates de esta Cámara. Siento decirles, señorías, que Andalucía existe; la gente de los tres barrios con mayor pobreza de España existe, resiste y sobrevive, y el Gobierno y el Estado deben cumplir con los vecinos del Polígono Sur, de Los Pajaritos, de Amate y de tantos otros barrios ignorados de Andalucía. . En el territorio andaluz existen entornos urbanos que viven profundas contradicciones sociales a causa del modelo dominante de desarrollo urbano y de una inadecuada planificación de sus asentamientos. Urge la adecuación de las políticas públicas a las necesidades de la gente más humilde, los de abajo, que sufren que los de arriba vivan por encima de sus posibilidades, por cierto, por lo que se ve, sin solución de continuidad. Decía Julio Anguita, al hablar del reto de la disyuntiva que enfrentamos en este momento histórico ―parafraseando a Rosa Luxemburgo―, que es tiempo de elegir la bolsa o la vida, la cotización y los márgenes de ganancia de las eléctricas o la gente. Es falsa la dicotomía economía o democracia, lo sabemos muy bien, la historia así lo demuestra, pero, mientras, los poderes públicos no actúan y los barrios vulnerables entran en una espiral de deterioro imparable convirtiéndose en espacio de segregación espacial, de inseguridad, espacios de nuda vida. Repito, por si no han escuchado esta idea básica: barrios de nuda vida. Para ser sostenible la ciudad requiere cohesión social e integración entre sus partes. La mejora de la calidad de vida y la protección del medio ambiente desde las áreas centrales a las periferias marginales son claves para fomentar el sentido de pertenencia, retener la población residente y atraer a nuevos actores, pero también, evidentemente, para garantizar la convivencia. El sociólogo Scott Lash hace muchos años analizó las consecuencias de la globalización, y señalaba que tendía a estructurar dos tipos de territorios: los territorios vivos, aquellos que tienen infraestructuras, conectividad, flujos, intercambios y movimiento, y aquellos otros marginados, que son territorios muertos, desconectados, aislados, sin servicios públicos, en los que la vida no vale nada y la gente se muere por no tener red ni redes públicas ni siquiera acceso a servicios públicos para la vida. Toda política que aspire a instituir relaciones justas, fraternas y solidarias debe socavar la autonomía del capital. Dicho claro, directo y pronto: sin limitaciones legales ―y esta es la función de esta Cámara―, la libertad de mercado que cerca las libertades públicas e individuales y que, además, se contrapone a los derechos de la multitud garantizando los de la casta no garantiza los derechos humanos. Los vecinos de los barrios empiezan a perder lo único que les queda ―no la dignidad, que nunca la perdieron―, empiezan a perder la esperanza justamente frente a operadores económicos que incumplen recurrentemente sus obligaciones de manera sistemática. Esta formación política va a luchar siempre contra todos los guetos. Combatimos los de Varsovia y lucharemos contra los de Gaza, los del Polígono Sur o los del barrio de las Moreras, porque este grupo de la izquierda plurinacional es patriota ―lo hacen los hechos― y no es idiota. . Sabemos que hay alternativas reales y concretas para estos barrios. Ya no nos valen aquí discursos cínicos, torpes o astutos, ni pícaros ni cándidos ni majaderos ni sublimes ni patética reivindicación de la pobreza ni, por supuesto, desarrollismo paternalista. Esta PNL atesora años de luchas y reivindicaciones no atendidas por el Estado y las distintas administraciones públicas. Es un problema básico de nuestra democracia: el ensamblaje, la conexión de infraestructuras que tiene que ver con derechos fundamentales constitucionales. Así que pedimos que, en este contexto de construcción de la España federal, se avance en diálogo y cooperación interinstitucional, agencia y participación de los ciudadanos, políticas de cuidados, atención a los barrios vulnerables y cultura enjambre, haciendo posible un hábitat sostenible y comunal de convivencia con derechos y dignidad. Les pido el apoyo a esta iniciativa para pasar del crecimiento marginal y la marginación del suministro eléctrico a una política para la mayoría social, que en barrios como Almanjáyar, donde vive mi gente, exige cuando menos cinco condiciones básicas: mejorar las infraestructuras eléctricas ―no nos dejen anclados en el siglo XIX; para ese rato están los amigos de VOX, no hacen falta más políticas a ese respecto ―; rehabilitación y planes integrales en los barrios; renovación urbana con información y participación ciudadana; planificación de la sostenibilidad y adaptación al cambio climático, y financiar el cambio urbano mediante cooperación de las administraciones local, autonómica y estatal. Básicamente, si lo recuerdan, hay dos conceptos muy elementales en nuestra democracia: lealtad institucional y compromisos concretos y patriotismo constitucional. La normalidad no puede ser el estado de excepción permanente, porque este es un tiempo ―así lo han dicho los ciudadanos desde el 23-J― de políticas sensatas, equilibradas y racionales pensadas para el bien común y para la gente que más lo necesita. En los próximos días vamos a tener que dar respuesta. Espero que sus señorías respalden esta PNL, y el domingo, que tengo almuerzo con las mujeres de la Asociación de Vecinos Esperanza Sur, pueda decirles mirándolas a la cara que sus señorías cumplieron con la honorabilidad que les corresponde, siendo coherentes con lo que dice la Constitución y lo que establece la ley. Así que, de algún modo, espero poder confirmar a Ana, Rosario, Maribel, María, Narcisa, Ana, Josefa y Florinda que sus señorías cumplieron, que son de verdad servidores públicos; que sus señorías no olvidan el sur ni Andalucía ni los barrios pobres. Estas mujeres tienen mucha dignidad, pero no hagan que pierdan la esperanza, porque cuando eso ocurre pierden ustedes, perdemos todos, pierde la democracia, y la fractura social siempre pasa factura política. Tiempo al tiempo. Confío en ustedes, confío en la democracia. Ellos confían en ustedes, no fallen, porque llevan mucho tiempo esperando resoluciones prácticas a este respecto. Muchas gracias. .

Carlos Hernández Quero VOX

Gracias, señora presidenta. Señorías de SUMAR, se agradece que por fin traigan a esta Cámara algo de transformación material, algo pensado para responder a las necesidades de los muchos y no a las ocurrencias o divagaciones de unos pocos. Mientras la desigualdad hacía estragos en nuestra sociedad, mientras tenían que probar suerte lejos de los suyos, mientras la vivienda se convertía en un lujo y mientras el coste de la vida se disparaba, andaban ustedes enredados con la huelga de juguetes, los carriles bici, las matemáticas con perspectiva de género, los teléfonos contra el racismo ―a los que, evidentemente, nadie llama― y las regañinas contra la gente corriente, contra la señora que pide la bolsa de plástico en el súper, contra el trabajador que no puede cambiar de vehículo, contra el paisano que está demasiado apegado a su terruño y contra el vecino al que se le está haciendo un poquito de bola lo del paraíso multicultural, así que de verdad se agradece. Lo que no sabemos es si la preocupación es genuina, si esto lo traen por convencimiento o es porque ven las orejas al lobo y hay que frenar de alguna forma la sangría de votos, y es que años de creencias de lujo y lenguaje pedantón hacen mella. Quién iba a decir que los García, los Pérez, los Hernández iban a pasar olímpicamente de lo del poliamor, la plurinacionalidad, los bancos de colores, los «nada que celebrar», los ‘señoros’, los pronombres… ¡Quién lo iba a decir! Entonces, claro, hay que volver a lo material Lo que traen es interesante. Una nación socialmente justa no puede mirar para otro lado cuando hay compatriotas que no tienen agua, no tienen luz, no tienen comida caliente; cuando su casa no tiene las condiciones mínimas exigibles de habitabilidad; cuando las infraestructuras en su barrio brillan por su ausencia; cuando allí donde se mire exclusivamente se ve abandono y exclusión, o cuando son espacios cada vez más segregados y fragmentados. Señorías, el problema es que ya nadie les cree, y menos en los barrios. Yo no sé si se puede estar preocupado por los trabajadores y aplaudir al mismo tiempo las políticas que conducen a la deslocalización de la producción y a la desindustrialización, es decir, las políticas que destruyen sus empleos en sus comunidades y los separan de sus familias. ¿Se puede hacer esto al mismo tiempo? ¿Se puede estar preocupado por el poder adquisitivo de la gente corriente cuando su prioridad en materia fiscal es bajar el IVA al arte contemporáneo y al veterinario del caniche para subírselo a los productos de primera necesidad? ¿Se puede? . ¿Pueden hablar de hogares dignos los que han expulsado a los vulnerables del mercado de alquiler con su ley de vivienda, los que lo único que han construido ha sido, como mucho, castillos en el aire? ¿Se puede estar preocupado por la vida cotidiana de los de abajo mientras se promociona una inmigración masiva y desbocada que satura servicios, precariza empleos y devalúa salarios? ¿Dónde creen ustedes que estarán más cómodos con la inmigración: en la plaza de un barrio popular o en una reunión de la gran patronal? ¿Dónde creen que estarán más cómodos? Y sigo. ¿Se puede tener empatía con la gente común cuando se niega la inseguridad que sufren a diario; cuando se dice que los narcopisos, que las bandas, que las agresiones en manada, que los machetazos no existen, que están en la cabeza de la gente, que son imaginaciones? ¿Les importa a ustedes que cada vez más personas se sientan forasteras en su propio entorno o les da igual?, porque esto también tiene que ver con los barrios y la política de barrio. ¿Se puede estar preocupado por el futuro de los ciudadanos de menos recursos cuando se han cargado la única herramienta que tenían para poder prosperar, que es la educación? ¿Se puede estar preocupado por los servicios de los barrios mientras su Gobierno va soltando por el mundo el dinero que aquí escatima o niega? . Esta semana, 400 millones a la hucha del Banco Mundial; hace unas semanas, los afortunados en Marruecos o en otros lugares del mundo, y Dios sabe dónde caerá el gordo dentro de un mes, pero seguro que vendrá bien cargado. ¿Se puede estar preocupado por los barrios de menor renta cuando se legisla una y otra vez a favor de cupos y haciendas propias para las regiones de más renta, es decir, cuando se quita músculo a la hacienda común y se adelgaza la capacidad de redistribución del Estado porque así lo piden, así lo ordenan y así lo exigen los de la oligarquía separatista? Por cierto, decía el grupo proponente que Andalucía existe; sí, pero esto dígaselo a los separatistas, que consideran que los andaluces son chusma y se quieren independizar precisamente para no pagar ni las ayudas ni las becas comedor a los andaluces. A ellos es a quienes hay que decírselo. . ¿Pueden estimar de alguna forma las clases populares a quién se burla de sus creencias o a quién censura sus costumbres y tradiciones? Y ya, por cerrar las preguntas, ¿puede la izquierda hablar de exclusión en Andalucía cuando ha gobernado esa tierra como si fuera su cortijo durante cuarenta años? Yo creo que no, que no se puede; no se puede porque es imposible soplar y sorber al mismo tiempo, porque no se puede ir de amigo de los barrios cuando uno es la comparsa de todos los responsables de su degradación. .

Juan Antonio Lorenzo Cazorla PSOE

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy desde el Grupo Parlamentario Socialista saludamos la presentación de esta proposición no de ley por parte del Grupo Plurinacional SUMAR sobre dos cuestiones que consideramos urgentes: una, garantizar el abastecimiento energético en barrios degradados y, dos, que estos barrios se rehabiliten de una manera integral. Desde el Grupo Socialista hemos enmendado esta proposición no de ley con el objetivo de completarla, incluso para poner de manifiesto las gestiones que ya está haciendo el Gobierno de España y las inversiones que ha puesto a disposición para que estas aspiraciones se materialicen de manera urgente. En cuanto al primer punto de la proposición, hay que decir que el Grupo Parlamentario SUMAR advierte, y nosotros los conocemos perfectamente, sobre los cortes energéticos que se vienen produciendo, y tenemos que adelantar que son las compañías eléctricas, en primer lugar, quienes tienen la obligación legal de garantizar el suministro, y no solo a las grandes empresas, lógicamente, sino también a los pequeños clientes, y más a los pequeños clientes que viven en estos barrios desfavorecidos, incluso ―y esto es importante― cuando durante el transporte de la energía pudieran haber sufrido sustracciones ilegales o delictivas. Señorías, estas circunstancias no son una razón suficiente para interrumpir el suministro a pequeños consumidores que tienen sus contratos en vigor; son contratos legales. Las compañías han de realizar inversiones y, en este caso, la Junta de Andalucía, vigilar y sancionar. Estamos circunscribiendo esta cuestión ―lo hacía así el compañero de SUMAR― a la comunidad autónoma andaluza, a barrios andaluces, concretamente a barrios sevillanos y, como decía, la Junta de Andalucía tiene que hacer cumplir la ley en defensa del usuario, del usuario de buena fe. . La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, obliga a las empresas a que realicen planes de inversión que mejoren el servicio en zonas donde de manera continua hay una baja calidad en la distribución. En cuanto al segundo punto, la rehabilitación de barrios, hay que decir que la tramitación de una ley que contemplaba esta proposición no de ley de alguna manera dilataría en el tiempo las acciones que ya están a disposición, en este caso para las comunidades autónomas y también para los ayuntamientos, que son las Administraciones competentes en este aspecto. Son fondos que están a su disposición, señorías, en una estrategia nacional, en el Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, que constituye precisamente el componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Este plan tiene dos objetivos fundamentales: el primero es la rehabilitación del parque edificado de viviendas y el segundo, el incremento del alquiler social con edificios energéticamente eficientes. Además, el Programa de Rehabilitación para la Recuperación Económica y Social en Entornos Urbanos consiste específicamente en sus dos apartados, el C y el I, en tres líneas económicas fundamentales que están a disposición: 976 millones de euros disponibles para la rehabilitación de barrios, 1994 millones para la rehabilitación integral de edificios específicos y 450 millones de euros para la creación de entornos favorables en este tipo de barrios. Si sumamos todo, son 3400 millones de euros disponibles para que se lleven a cabo estas actuaciones, no solo en Andalucía, sino también en el resto de España. Señorías, yo también soy andaluz, señor Sierra, y nosotros nos preguntamos si realmente la Junta de Andalucía, de la que estamos hablando, la que ustedes proponían en este caso, tiene la capacidad de gestionar estos fondos. Vienen demostrando que no, que no son capaces. La Junta de Andalucía tiene bastantes problemas en gestionar fondos europeos. Por tanto, desde aquí les pedimos que impulsen, que gestionen junto a los ayuntamientos y que tengan celeridad en la aplicación de estos fondos, básicamente porque son competentes ―o eso espero, espero que lo sean― en áreas de vivienda y también de urbanismo. Hay que decir que en Andalucía, tristemente, existe un problema estructural; cada día la desigualdad crece en nuestra tierra por acción del Gobierno neoliberal de Moreno Bonilla. . Sí, señorías de VOX, ese señor al que ustedes hicieron presidente. El señor Moreno Bonilla está condonando, rebajando impuestos a las grandes fortunas y a la vez privatizando servicios públicos. Esto fomenta la desigualdad de una manera acelerada, porque se olvida de las personas más vulnerables, de los ciudadanos en riesgo de exclusión social y que suelen habitar precisamente en estos barrios de los que estamos hablando. Estos barrios, señorías, para terminar, necesitan una rehabilitación integral y transversal, no solo urbanística, también social. Esto es competencia de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos, dado que el Gobierno de España ya ha puesto fondos disponibles para implementar este objetivo, que es estratégico y prioritario para el Gobierno y también para el PSOE. Muchas gracias. .

María Soledad Cruz-Guzmán García PP

Gracias, señora Armengol. Gracias también a la nueva portavoz de SUMAR, la tercera en tan solo un año, por su propuesta, que, aunque no acierta en la solución, nos da la oportunidad de acercarnos a los problemas reales, estos de los que su desgobierno está tan alejado porque está a otra cosa, enfrascado en sus estrategias políticas de supervivencia a cualquier precio. ¡Cuánto nos habrán costado ayer los votos del impuestazo, señorías! . Están pendientes de ocultar su patente debilidad parlamentaria, que crece como los casos de corrupción que acorralan a este Gobierno, hundiéndolo en su agonía legislativa y judicial. Tan poco pisan el terreno, tanto huyen de los problemas de los españoles, que se han olvidado de la principal reivindicación de los vecinos de los barrios con menor renta per cápita: la falta de seguridad. Si escucharan las letras del rapero Hache o si se adentraran en la vida cotidiana del Polígono Sur de la mano del tiktoker Manuel Jiménez, sabrían de lo que les hablo. Les hablo de barrios complicados, singulares y auténticos, con el flamenco corriendo por sus venas y por sus calles, al natural; de barrios de familias con diferentes necesidades sociales, formativas o laborales, que son atendidas por el comisionado ―hoy tenían su feria del empleo―, por el ayuntamiento y por muchas, muchísimas asociaciones, como la de Antonio Guerrero, los Salesianos, el Catering Social Abrecaminos, los amigos de Vencedores con su gimnasio o el inagotable trabajo de Maruja Vilches, que consigue enganchar a los jóvenes con la droga más hermosa: la música de la banda del Polígono Sur. Muchas gracias a todos. Señorías de SUMAR, aquí la seguridad es dignidad. Alabamos su propuesta, una ley para dotar de más recursos a estos barrios que pueda sumarse también a las inversiones de otras Administraciones, como las que hace la Junta de Andalucía, como el proyecto de regeneración que acaba de ver la luz, el pulmón verde del Polígono Sur que conectará con otros barrios, o las más de cien viviendas que se han rehabilitado energéticamente en los barrios que nombran en su PNL. Su desconexión absoluta de la realidad de España es tal que hoy se han olvidado del vídeo que hace una semana voló por las redes hasta hacerse viral: un vecino de Las Tres Mil Viviendas, en tiempo real, narraba el tiroteo entre dos bandas rivales de narcotraficantes. Disparaban con armas militares, fusiles de asalto AK-47, desde un balcón a otro, de una azotea a otra, de un edificio a otro, y en la noche sevillana aquellas ráfagas ofrecían la misma sensación que, por desgracia, tantas veces nos retransmiten los corresponsales de guerra en los telediarios. Nunca la marginalidad ha ofrecido una imagen tan drástica y tan dura en una capital española, en la cuarta ciudad más poblada de España. Tras estos gravísimos incidentes, la Policía consiguió desmantelar ocho plantaciones de marihuana, que son la principal causa de esos problemas de cortes de suministro de los que nos hablan, producidos por la sobrecarga de los peligrosos enganches ilegales que abastecen a esos cultivos. . Esa es la verdad. Para que se haga una idea, cada plantación supone un gasto de suministro de ochenta viviendas de 100 metros cuadrados y ese consumo industrial, para el que no está calculada la red, produce no solo la avería en los fusibles, sino incendios en los transformadores que ponen en riesgo la vida de los vecinos. La inseguridad también provoca el aumento de ocupación ilegal, y de manera injusta las viviendas son ocupadas por la fuerza frente a aquellos que escogieron seguir confiando en el sistema. ¿Con quiénes están ustedes, señorías de SUMAR? Sin seguridad no hay solución para el Polígono Sur ni para ninguno de estos barrios. Solo en Sevilla faltan medio millar de policías nacionales. El alcalde de mi ciudad se lo ha reclamado hasta tres veces al ministro del Interior, que sigue tan desaparecido como Sánchez, prófugo de sus responsabilidades, ocupado quizá en blindar al DAO de la Policía en el real decreto de ayudas por la DANA. . Lamentable, realmente lamentable. ¿Van a hacer ustedes el favor de reclamarle esos efectivos a su compañero Marlaska? Estaría bien, señorías de SUMAR, porque en estos barrios la seguridad es sinónimo también de libertad. De modo que sí, le digo que tienen ustedes razón cuando proponen una ley para que se les preste más atención y más presupuesto a estos barrios y que nos tendrán de la mano si presentan en esta Cámara esta ley, pero no sabemos si sus socios de Gobierno estarán de acuerdo. Llevan seis años gobernando, tiempo más que suficiente para hacer algo más que escribir esta carta a los Reyes Magos. Por ejemplo, hagan cumplir la estrategia contra la pobreza energética, exíjanselo a la ministra Ribera, que vuelve mañana tras su examen fallido de Bruselas. . Pídanselo, ustedes son también Gobierno y son responsables. Por cierto, ¿dónde está su ministro de Derechos Sociales en todo esto? Es que muchos españoles no saben ni que existe. Sería una hipocresía sin límites, un desprecio a quienes hoy pretenden proteger, que mañana vuelvan a caer en el olvido. Como les decía, señorías, les agradezco esta iniciativa y que podamos dar solución entre todos. Por esa razón, si de verdad quieren ayudar a las familias de estos barrios, acepten nuestras enmiendas y muestren a España que han venido a gobernar y no a hacer ruido. Sean valientes, no hagan ustedes como en otras ocasiones, que limitan su interés por los problemas a un mero brindis al sol. Muchas gracias. .

Martina Velarde Gómez SUMAR

Muchas gracias, presidenta. Señorías de SUMAR, en esta proposición plantean dos cuestiones. La primera es uno de los principales problemas de los barrios vulnerables, situación que conozco y conocemos muy bien en mi tierra porque diez de los quince barrios más pobres de todo el país están en Andalucía. Y siendo andaluza, sé perfectamente qué quieren decir los cortes de luz en los barrios más pobres de Granada, Sevilla, Córdoba o Málaga. Y cuánta aporofobia, y esto lo digo por el Partido Popular, que me ha precedido, y cuánto clasismo se esconden detrás del trato tanto de los medios como de muchos de los partidos. Porque, de verdad, señorías del PP, no quería meterme en esto, pero menudos tópicos típicos de mi tierra y de Sevilla. ¡Menudos tópicos típicos! . Tienen un alcalde que está gobernando en Sevilla, que se ponga a trabajar por los barrios, pero a trabajar, no a pedir policía para más seguridad, sino mejorar los barrios para que no haga falta policía. . Sí, exactamente , que ya está bien de criminalizar siempre a la gente que vive en barrios vulnerables y de pedir más policías en vez de más derechos. ¡Que se pongan a trabajar su alcalde y el señor Moreno Bonilla! ¿Dicen ustedes que este Gobierno lleva seis años? El suyo, en Andalucía también lleva seis años; a ver si hacen algo y trabajan. . Voy a dejar ya al PP porque, de verdad, es tremendo. . ¿Pueden guardar silencio, por favor? Estoy hablando. Quiero dar las gracias al Defensor de la Ciudadanía de Granada por el trabajo que está haciendo, denunciando continuamente la situación que sufrimos en el distrito norte de Granada, pero también a la lucha vecinal y a la lucha de los colectivos pro derechos humanos que, después de cinco años de procedimientos judiciales contra Endesa, no han visto satisfechas sus reivindicaciones. Pero podemos celebrar, y es lo único que podemos celebrar, que las redes de apoyo comunitario hayan crecido estos años; eso ya nadie lo va a poder parar, tampoco ustedes. Los cortes de luz son una violación explícita de los derechos humanos, hay que decirlo así de claro, y hablar de cortes de luz es hablar de abusos. Y esto hay que decirlo sin paños calientes, señorías, es abuso por parte de las multinacionales con beneficios millonarios ―que de eso no hablan porque no les interesa, de los beneficios millonarios― frente a las necesidades de la gran mayoría de la población. El acceso a los suministros básicos tiene que tratarse por todas las Administraciones públicas, todas, como un derecho que se debe garantizar de manera universal, independientemente de la cuenta que se tenga en el banco, del dinero que se tenga en la cartera o del barrio en el que se resida. Señorías, con los suministros y con los cortes de luz también tengo que decir que pasa exactamente lo mismo que con la vivienda. La campaña orquestada sobre la vivienda por los fondos de especulación y las empresas aseguradoras generan siempre relatos sobre las okupaciones para obviar el problema real, igual que ustedes hablan de plantaciones para obviar los problemas reales de los cortes de luz, un problemón que arrastramos desde hace décadas, señorías, no hace seis años, de hace décadas, desde la privatización de este sector. Las grandes empresas de suministro se escudan siempre detrás de cualquier artimaña para justificar su violencia hacia las familias más vulnerables, como diciendo que afecta solo a una pequeña parte de la población. Pero no es verdad, no es verdad porque en España, en 2023, el 10 % de las familias no ha podido pagar su factura de luz y el 17 % de la población no puede tener en su casa una temperatura adecuada y sufre pobreza energética. Y, con inflación disparada, también se disparó ese porcentaje y eso repercutió directamente en la subida de precio a los hogares monomarentales y de personas mayores, con hijos o dependientes. Desde 2016, Podemos lleva diciendo, y ha defendido siempre, que hay que garantizar sí o sí los suministros básicos y sancionar duramente a las empresas que no cumplen con su obligación y su responsabilidad de solidaridad. Lo hemos defendido fuera y dentro de las instituciones, pero también en el Gobierno y ahora, cosa que, como decía, el PP lo dice hoy, pero no lo decía ayer. Señorías de SUMAR, les voy a decir una cosa: ustedes presentan esta propuesta y el Partido Socialista les enmienda. Por favor, están en el Gobierno; por tanto, seamos serios. Y, ¿saben qué? Que estamos muy cansadas de los llamamientos genéricos o las invitaciones al oligopolio a que cumpla y a que su Gobierno prácticamente pida, por favor, que hagan las cosas en vez de obligarles, porque si no, parece que les molestan demasiado. Entonces, ¿cómo no se van a sentir impunes las eléctricas, si hasta un autodenominado Gobierno progresista propone reducirles los impuestos? Siempre se salen con la suya. No hemos votado a un Gobierno para que trabaje en garantizar que los oligopolios obtengan cada vez más beneficios millonarios; no. Y, por cierto, respecto al abandono de los barrios vulnerables ustedes citan tres, pero podemos hablar de Palma-Palmilla, Granada Norte, Moreras, Huerta de la Reina, Polígono del Guadalquivir, Azahara, Palmeras o distrito sur de Córdoba, solo por citar los más relevantes de Andalucía. Toca un plan de inversión centrado en la rehabilitación. Por eso, cumplan en el Gobierno también con el artículo 8 de la ley de cambio climático de una vez y que eso se cuente en los presupuestos, porque se puede recaudar. Pero, eso sí, si dejan de forrarse — y voy terminando— los grandes patrimonios, los fondos de inversión con sus espectaculares beneficios o los de especulación, porque, ¿dónde se ha visto que el Estado desatienda las necesidades estructurales e infraestructurales del país, pero permita que se lo lleve calentito el Florentino Pérez de turno, el fondo de especulación del ‘amigo de’ o la gran banca? Termino, señorías. No se puede soplar y sorber a la vez, no se puede estar con las eléctricas, con BlackRock, con Florentino Pérez y también con los vecinos de Granada norte, de los barrios de Sevilla, de los barrios de Córdoba y de los barrios de Málaga. No se puede, por un lado, defender los derechos de acceso al suministro de toda la población y tener barrios dignos y, por otro lado, garantizar millonadas a Endesa y a Iberdrola o que se abran las puertas a los fondos de especulación y a sus negocios turbios.

Martina Velarde Gómez SUMAR

No, señorías, decidan de qué lado van a estar de una vez, porque nosotras, en Podemos, lo tenemos muy claro: del lado de la gente. Gracias. .

Maribel Vaquero Montero EAJ-PNV

Arratsalde on guztioi. Bueno, atzo etxebizitzako agerraldian bertako poniente batek esatentzun etziala irtenbideak eta soluzioak topatuko polarizazio honetan jarraitzen badugu eta etxebizitzaren kontuarekin eta hemen ere ikusi da horrelako polarizazioa dagoela. Onak eta txarrak. Bueno, nik jarraituko det gaurko legez besteko proposamenarekin, SUMAR legerbiltzar taldearen legez besteko proposamenak auzo batzuei eragiten dien errealitate bat mahai gainean jartzen du nahiz eta proposamena egiten duen taldeak ekimen hau Andaluzian kokatzen duen eta zehazkiago ekimenak esaten duen moduan, auzo degradatuetan edo errenta txikiagoko auzoetan. Hau da gizarte-desberdintasunaren, langabeziaren, pobreziaren eta segurtasun ezaren arazoa bereziki pairatzen duen auzoetan. Denok bat etor gaitezke hirigintza hobeago izateak kalitatezko zerbitzuak, garbitasuna, eri-segurtasunak eta mugikortasunak hobetzeko konexio hobeagoek auzo horietan bizi diren pertsonen bizi-kalitatea eta aukerak hobetzen dituela. Era berean, bat gatoz proposamena egin duen taldearekin arlo publikotik jarduteko beharrarekin, hau da, auzoak eta herriak bizitzeko modukoak izateko oinarrizko energia hornidura izateko eta bizitza irisgarriak birgaituak eta klima-aldaketaren ondorioetara egokituak izateko konpententzia duten administrazioek neurriak hartu behar dituztela. Ez dugu beraz, zalantzan jarriko auzo hauek duten hirigintza erreforma integrala baten beharraz proposatutako eremuaren birgaitze fisikorako, sozialerako, ekonomikorako eta ingurumenerako ekimenak programatzen dituela, bai etxebitziak birgaitzeko eta berritzeko eta bai espazio publikoa, ekipamendua eta biztanleriaren hobekuntza soziala eta ekonomikoa hobetzeko. Hau izan da eta zioen azalpenean egiten den diagnostikoarekin bat eginda, ez dugu bat egiten SUMARrek planteatzen dituen neurriekin, hau da, zioen azalpenean planteatutako beharrei aurre egiteko eskatzen duenarekin. Batez ere, ez gatoz bat bigarren puntuan jasotzen denarekin, planteatutako arazoari, nahiz eta larria izan, irtenbidea lege proiektu bat proposatzea denean, eskumen, esparruren aurka egiteaz gain neurri guztiz desorekatua eta desproportzionatua dela pentsatzen dugu. Ayer, en la comparecencia sobre vivienda un ponente dijo que no encontraremos soluciones si permanecemos en esta situación de polarización. Y, al respecto de la cuestión de la vivienda, ya lo hemos visto aquí también, dicha polarización es palpable: la de los buenos y los malos. Bien, yo continuaré con la proposición no de ley de hoy del Grupo Parlamentario SUMAR. La PNL ha puesto sobre la mesa una realidad que afecta a una serie de barrios, si bien es cierto que el grupo proponente sitúa esta iniciativa en Andalucía, y más concretamente, como dice la iniciativa, en barrios degradados o de menor renta, es decir, barrios que sufren especialmente el problema de la desigualdad social, el paro, la pobreza y la inseguridad. Muchas de nosotras y nosotros podemos coincidir en que contar con un mejor urbanismo, servicios de calidad, limpieza, seguridad urbana y mejores conexiones que redunden en una mejor movilidad son condiciones que mejoran la calidad de vida y las oportunidades de las personas que viven en esos barrios. . Asimismo, coincidimos con el grupo proponente en la necesidad de actuar desde el ámbito público. Es decir, que para que los barrios y pueblos sean habitables y dispongan del suministro energético básico, así como viviendas accesibles, rehabilitadas y adaptadas a los efectos del cambio climático, las administraciones competentes deben adoptar medidas. Por tanto, no cuestionamos la necesidad de una reforma urbanística integral de estos barrios, una reforma que tenga en cuenta en sus programas iniciativas de rehabilitación física, social, económica y ambiental de los espacios propuestos tanto para la rehabilitación y renovación de viviendas como para la mejora del espacio público, el equipamiento y la mejora social y económica de la población. Dicho esto, y en consonancia con el diagnóstico de la exposición de motivos, no podemos adherirnos a las medidas que propone SUMAR; es decir, no compartimos lo expuesto en el punto 2. A pesar de que el problema planteado es grave, la solución, es decir, proponer un proyecto de ley, además de atentar contra el marco competencial es una medida totalmente desequilibrada y desproporcionada. Consideramos que proponer la necesidad de un proyecto de ley de rehabilitación integral de los barrios para dar solución al problema planteado, un problema muy grave, además de ir en contra del marco competencial, es matar moscas a cañonazos. Es abusar de una medida legislativa para solucionar un problema de gestión que ya tiene suficiente regulación y tramitación y que, además, supondría un proceso más largo en el tiempo para que lo regule quien no es competente. Porque planificación urbanística es competencia tanto de los ayuntamientos como de las comunidades autónomas. Y si preocupa la partida presupuestaria, hoy por hoy existen fondos europeos que podrían destinarse y se están destinando a ello. Por todo lo señalado, ¿qué mejora supondría una ley? Tampoco compartimos, ni por adecuación al marco competencial ni por considerar adecuado ni adaptado al fin que se pretende, las orientaciones básicas que se plantean de mantenerse en sus términos. Por lo tanto, no podremos aprobar esta proposición de ley. Esperemos que se transaccione o que se llegue un acuerdo que mejore el texto que el grupo proponente propone. Existen planes integrales de rehabilitación en Euskadi y también en Andalucía; planes integrales gracias a los que se regeneran zonas y edificios, se crean espacios dotacionales, espacios verdes y de ocio, y no ponemos en duda que se tengan que articular más medidas en todos los ámbitos no solo de regeneración urbana, también socioeconómicas y contando siempre con la participación de las personas que viven en estas zonas. Para ello, para la regeneración de diferentes zonas, se han estado suscribiendo acuerdos bilaterales entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las diferentes comunidades autónomas y los respectivos ayuntamientos, que están siendo financiados a cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es decir, por fondos europeos, y también son complementados en Euskadi, por lo menos con fondos propios de la comunidad autónoma y de los municipios afectados. En Euskadi estos programas no son nuevos, Se actúa desde hace años en municipios donde se impulsa la transición energética, la mejora de la habitabilidad y se fomenta la reinserción laboral. Así, además de adaptar las viviendas para que estas sean accesibles y energéticamente más sostenibles, se crean entornos urbanos adaptados a los nuevos retos sociales y medioambientales, y se fomenta la cohesión social. Termino diciendo que la inversión en rehabilitación integral de barrios, sí, evidentemente, sí, pero con el procedimiento más adecuado para ello y teniendo en cuenta el marco competencial, dos premisas que no cumple esta iniciativa y que el portavoz del grupo proponente tampoco ha llegado a defender. Esta iniciativa se ha trasladado a esta Cámara, pero, a nuestro entender, es una iniciativa que se tendría que haber debatido en los ayuntamientos concernientes en la comunidad autónoma, en este caso, de Andalucía. Muchas gracias.

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Molt bona tarda. Moltes gràcies, senyor president. Avui, SUMAR ens torna a presentar una proposta no legislativa. Ells, que formen part del Govern, presenten una proposta no legislativa. Ja de bon començament he de dir que ho veiem una mica incoherent, no? Les propostes no legislatives tots sabem que no tenen cap capacitat de transformació normativa, no tenen impacte, excepte el propagandístic, que aquest sí, segurament. Vostès, que com a Govern tenen la capacitat de poder executar canvis, bé haurien de veure que en cada PNL que presenten aquí, a l’hemicicle, estan eludint la seva responsabilitat de governar en favor d’una ocurrència només simbòlica, d’una forma de fer veure que fan alguna cosa, una mica de postureig, Però, en fi, en tot cas, i respecte a la proposta concreta d’avui en l’àmbit de l’habitatge, que és competència exclusiva — ara parlaré de Catalunya— de la Generalitat i dels municipis. I dic «parlaré de Catalunya» perquè quan s’arriba al cos de les propostes concretes després allà ja no concreten en Andalusia; per tant, quan parlen de la ley es refereixen a tot el territori de l’Estat espanyol. Per tant, repeteixo, l’habitatge, que és competència exclusiva de la Generalitat i dels seus municipis. Junts per Catalunya no l’entenem, la seva tossuderia, en ignorar la distribució de les competències a favor de Catalunya, i encara menys quan tots ho saben. Són ben previsibles els de Junts en aquest tema. Quan a Madrid es proposen polítiques públiques que impliquen una intervenció o una regulació que envaeix les nostres competències o que pretén diluir-les o recentralitzar-les, a nosaltres no ens hi trobaran mai-mai. No entrem ni en el fons de la qüestió. No ens hi trobaran mai. Cal que reiterem a cada Ple que quan l’Estat envaeix les competències exclusives estan atacant directament les iniciatives pròpies de cada territori, quan tots sabem que des del territori és on apareixen les respostes més adequades a les realitats territorials i locals? Cal que repetim que atropellen les particularitats de cada territori com si fossin meres colònies? Que menystenen la capacitat dels governs territorials i locals també, dels ajuntaments, per gestionar? Que els estan menystenint? Hi ha vida, eh?, més enllà de la política espanyola, hi ha coneixement, hi ha proximitat, hi ha compromís, hi ha capacitat, i vostès s’entesten en menystenir-ho. Al final, actuen en lògica espanyola i, quan ho fan, generen conflictes territorials sense sentit, que segurament s’haurien d’acabar resolent en els tribunals, el que vostès proposen. Quan vostès proposen crear marcs legals uniformes, que és el que vostès proposen en la seva proposició, menystenen la diversitat territorial, ignoren les solucions específiques segons les pròpies circumstàncies, les pròpies necessitats. qüestionen la idoneïtat de les decisions locals. Junts per Catalunya mai, mai, mai validarem que es debilitin les competències catalanes ni les de la Generalitat ni dels nostres municipis ni dels nostres ajuntaments. Nosaltres no tenim una agenda paral·lela. La nostra agenda política és diàfana i és clara, que és o Catalunya o Catalunya. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Hoy SUMAR nos vuelve a presentar una propuesta no legislativa. Ellos, que forman parte del Gobierno, presentan una propuesta no legislativa y ya debo decir desde un principio que el Gobierno es un poco incoherente. Las propuestas no legislativas sabemos que no tienen ninguna capacidad de transformación normativa, no tienen impacto excepto el propagandístico, que este sí, posiblemente. Ustedes que, como Gobierno, tienen la capacidad de poder ejecutar cambios, deberían ver que en cada PNL que presentan aquí, en el hemiciclo, están eludiendo su responsabilidad de gobernar en favor de una ocurrencia solo simbólica, de una forma de pretender que hacen algo, un poco de postureo. Pero, en fin, en cualquier caso, y respecto a la propuesta concreta de hoy, el ámbito de la vivienda es competencia exclusiva — ahora hablaré de Cataluña— de la Generalitat y de los municipios. Y digo que hablaré de Cataluña porque cuando se llega al cuerpo de las propuestas concretas, ahí ya no concretan en Andalucía. Así que cuando hablan de la ley se refieren a todo el territorio del Estado español. Así que, repito, la vivienda es competencia exclusiva de la Generalitat y de sus municipios. Junts per Catalunya no entiende su tozudez en ignorar la distribución de las competencias a favor de Cataluña y aún menos cuando, todos lo saben, los de Junts somos muy previsibles en este tema. Cuando en Madrid se proponen políticas públicas que implican una intervención o una regulación que invade nuestras competencias, que pretenden eludirlas o recentralizarlas, a nosotros no nos van a encontrar nunca con esto. Ya no entramos en el fondo de la cuestión. Nunca nos van a encontrar con esto. ¿Hace falta que recalquemos en cada Pleno que cuando se invaden las competencias exclusivas están atacando directamente las iniciativas propias de cada territorio, cuando sabemos todos que desde el territorio es donde aparecen las respuestas más adecuadas a las realidades territoriales y locales? ¿Hace falta que repitamos que atropellan las particularidades de cada territorio como si fueran meras colonias? ¿Menosprecian la capacidad de los Gobiernos territoriales y locales, también de los ayuntamientos, para gestionar? ¿Les están menospreciando? Hay vida más allá de la política española; hay conocimiento, hay proximidad, hay compromiso, hay capacidad, y ustedes se empeñan en menospreciarlo. Actúan con la lógica española y, cuando lo hacen, generan conflictos territoriales sin saber que posiblemente habría que terminar dilucidando esto en los tribunales, lo que ustedes proponen. Cuando ustedes proponen crear marcos legales uniformes, que es lo que ustedes plantean en su proposición, menosprecian la diversidad territorial e ignoran las soluciones específicas según las propias circunstancias, las propias necesidades, cuestionan la idoneidad de las decisiones locales. Junts per Catalunya nunca nunca validará que se debiliten las competencias catalanas ni las de la Generalitat ni las de nuestros municipios ni las de nuestros ayuntamientos. Nosotros no tenemos una agenda paralela. Nuestra agenda política es diáfana y es clara, y es: o Cataluña o Cataluña. Muchas gracias.

Francisco Sierra Caballero SUMAR

Aceptamos las propuestas presentadas por el Grupo Socialista.

Javier Sánchez Serna SUMAR

Gracias, presidente. Las últimas informaciones que se han publicado sobre el rey emérito, Juan Carlos I, vuelven a arrojar dudas sobre el papel del monarca en el golpe de Estado que se dio en esta Cámara el 23 de febrero de 1981. En concreto, nos referimos a la filtración de unos audios entre Juan Carlos I de Borbón y la vedette Bárbara Rey, donde podemos escuchar al exjefe del Estado agradeciendo el silencio de uno de los generales golpistas del 23-F, del señor Alfonso Armada. En un momento de la conversación, Juan Carlos I se refiere así a Armada: El tío se pasa siete años en la cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra; en cambio, el tío este ―se refiere a Sabino Fernández, el exjefe de la Casa Real― siempre está largando. Estas palabras no han pasado desapercibidas para nadie. Estamos hablando de que el entonces rey de España, en una conversación privada con su ‘amiga’ Bárbara Rey, se jacta de que uno de los generales golpistas del 23-F ha guardado silencio a pesar de los años de cárcel mientras que a su vez se queja de que su jefe de la Casa Real habla demasiado. A este respecto, surgen algunas dudas y cuestiones. Por ejemplo: ¿qué es aquello sobre lo que el general Armada guardó silencio? ¿Por qué el rey Juan Carlos I celebraba que un golpista declarado, a pesar de la condena a siete años de cárcel, jamás dijera una palabra? ¿En qué le beneficiaba al rey ese silencio de Armada? Además de estos audios, se han conocido más cosas. Dos semanas después de la publicación de aquellos audios, el periódico Público desvelaba la confesión que Sabino Fernández ―exjefe de la Casa Real, como decía― habría hecho a un pequeño grupo de amigos antes de morir. Según personas presentes, Sabino habría confesado que ―y cito― fue el propio rey quien promovió el golpe, con el objetivo de acabar con la carrera política de Suárez y la UCD. Por otra parte, la serie documental de HBO Salvar al rey, emitida en septiembre del año 2022, también recogió testimonios de exmiembros de los servicios de inteligencia del Estado, reconociendo que Juan Carlos I, como mínimo, conocía, amparó y encubrió los preparativos del golpe de Estado del 23 de febrero. Resulta evidente que, a partir de estas nuevas revelaciones, mucha gente se estará haciendo preguntas sobre el papel que ese supuesto salvador de la democracia, el rey emérito, tuvo en aquella jornada y, sobre todo, en los días previos al golpe. El 23-F ha operado hasta ahora como un mito legitimador de una monarquía que venía prácticamente sin legitimidad democrática, impuesta por un dictador, pero aquel día, sin embargo, y según el relato oficial, el rey frenó un golpe militar y así habría salvado nuestra democracia. A la vista de los hechos, cabría preguntarse si realmente el fin del golpe del 23-F fue imponer una dictadura militar o si buscaba más bien reforzar el papel de la monarquía en todo el proceso de transición democrática. Más allá de especulaciones, aquí el problema de fondo es que la documentación del 23-F nunca fue desclasificada y aún hoy, cuarenta y tres años después, no hay una fecha determinada para hacerlo. Por eso Podemos registró una interpelación al Gobierno de España para preguntarle si, a la luz de estas nuevas revelaciones, podrían considerar al menos la desclasificación de esos documentos ocultos del 23-F; sin embargo, la respuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, la semana pasada aquí no es que fuera decepcionante, sino que fue poco menos que surrealista. La ministra Robles vino aquí a relatarnos la versión oficial del 23-F, a contarnos que ya había habido juicio y a decirnos que la documentación había sido examinada por tribunales militares y que, por lo tanto, aquí ya no hay nada más que mirar o que decir. Bueno, dijo eso y que a ella le gustaba mucho que viniera la gente los seis de diciembre a mirar los tiros que había pegado Tejero y que somos una democracia plena. En fin, como digo, fue una intervención surrealista de la ministra de Defensa. Podemos ha presentado esta moción para pedir una vez más que el Gobierno de España desclasifique y haga pública toda la información que obre en su poder sobre el golpe de Estado del 23-F. En primer lugar, porque es una prerrogativa del Gobierno de España y si quieren, lo pueden hacer; de hecho, lo han hecho ya con tanta otra documentación clasificada durante estas cuatro décadas. Y, en segundo lugar, porque vamos ya muy tarde. La mayoría de los países europeos tienen legislaciones democráticas que permiten desclasificar documentos confidenciales a los treinta años. Como he dicho, desde el 23-F han pasado casi cuarenta y cuatro años y seguimos teniendo una ley de secretos oficiales que viene de la Dictadura. Y lo que es peor, se presentan legislatura tras legislatura muchos intentos de reforma, pero se dejan caducar todas. La ministra de Defensa nos decía el pasado miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez está comprometido con sacar una nueva ley de secretos oficiales. La pregunta es obvia: ¿a qué esperan? En esta Cámara tienen una mayoría democrática para hacerlo. De hecho, ya se han aprobado proposiciones de ley que van en este sentido. Entonces, ¿por qué no permiten su tramitación? ¿Por qué semana tras semana se piden prórrogas y se evita la reforma definitiva de esta ley de secretos oficiales? ¿Tiene que ver con que aprobar una nueva ley de secretos oficiales implicaría la desclasificación automática de los documentos clasificados del 23-F? Yo sé que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular son partidos monárquicos, partidos que defienden una jefatura hereditaria del Estado y que, además, llevan cuarenta años tapando muchos escándalos relacionados con Juan Carlos I y con la Monarquía, pero sinceramente creo que estas nuevas informaciones que hemos conocido revisten la suficiente gravedad para que incluso ustedes, como defensores de la institución monárquica, deban estar interesados en despejar todo tipo de dudas sobre el papel del exjefe del Estado en los acontecimientos del 23-F, y eso se hace sencillamente permitiendo el examen público y libre de la documentación que todavía está clasificada. No tiene sentido que cuarenta y tres años después del intento de golpe de Estado no haya siquiera una fecha fijada para la desclasificación de toda la documentación. Defender eso es tanto como pensar que la ciudadanía española es menor de edad o que la Monarquía solo puede operar en condiciones de opacidad, impunidad y secreto. El problema es que ambas consideraciones son contrarias a la misma idea de democracia. Señorías, hoy les pedimos el voto favorable a esta moción para que el principio democrático y el principio parlamentario prevalezcan sobre el principio monárquico y los secretos del rey emérito. Muchas gracias. .

José Antonio Rodríguez Salas PSOE

Muchas gracias, presidente. Bertrand Russell dijo: «La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido evitable». Y es fundamental conocer y entender bien la historia para que aquello que ocurrió en el pasado nos sirva de guía en la toma de decisiones, acertar en el presente y evitar errores futuros. Señorías, aquí hay treinta y siete disparos: veinticuatro en la bóveda y trece más en la galería. Cuando tuvo lugar el golpe de Estado, donde estamos sentados los diputados y diputadas del Congreso no estaba la pantalla que tenemos hoy para votar y todo lo que ven ustedes desde la parte última del sillón hacia arriba no existía. Por tanto, cuando vinieron con los subfusiles a ocupar el Congreso, esos subfusiles apuntaban directamente al estómago de las personas. Y uno se asusta cuando llega y ve un subfusil, pero sobre todo cuando lo tiene en la boca del estómago. De aquel momento, hay una persona que todavía está aquí, en el Congreso: Santiago, el encargado que está arriba. La sensación que tiene uno de esos momentos es que la democracia no puede rendirse ante la historia ni puede arrodillarse ante la dictadura. Es muy importante recordarles que el pasado 17 de septiembre el Consejo de Ministros de este Gobierno aprobó el Plan de Acción por la Democracia, un plan que constituye una hoja de ruta para fortalecer los principales elementos de nuestro Estado de derecho. Este plan del Gobierno, que contempla la reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, trata de dotarnos de un marco avanzado y garantista que sustituya la actual normativa preconstitucional. En una democracia plena se debe respetar el principio de publicidad, el acceso a la información pública y la transparencia en la actuación de los poderes públicos. En este sentido, señorías, existe la voluntad política y solo falta un trabajo sosegado y un acuerdo amplio para tener un texto que proteja al máximo los derechos de la ciudadanía y la seguridad nacional. Recuerden que ya en la pasada legislatura se aprobó un anteproyecto de ley en Consejo de Ministros que fue sometido al trámite de información pública y a los informes necesarios del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, de la Fiscalía y del Consejo de Transparencia. Sería, pues, necesario avanzar en temas tales como el concepto de seguridad nacional, que justifique en su caso la no desclasificación, y el plazo para la desclasificación automática, adecuar los plazos a los mejores estándares europeos. En este sentido, se puede compartir la necesidad de una desclasificación automática de los asuntos acerca de los que ya ha pasado un determinado tiempo, una desclasificación basada en criterios claros y no de oportunidad política. Lo requiere la democracia, la transparencia y las exigencias de publicidad e incluso de conocimiento por parte de investigadores, historiadores y escritores. Por lo tanto, es necesario acordar un plazo y, sobre todo, un régimen transitorio para aquellos documentos que serían automáticamente desclasificados al entrar en vigor la ley ―al haberse cumplido ya ese plazo― y que pudieran implicar un riesgo para la seguridad nacional o para los derechos individuales de algún ciudadano. Hay que buscar el necesario equilibrio entre un principio general de publicidad y transparencia que exija que los documentos se desclasifiquen automáticamente en un plazo determinado de años con la necesaria preservación de otros valores. Me refiero, por ejemplo, a la seguridad nacional, pero también a otras dificultades técnicas para poner en marcha toda la desclasificación masiva que se pueda llegar a producir. Del mismo modo, esta nueva normativa debe alinearse con la categoría de clasificación de información con la que cuentan las organizaciones internacionales de seguridad, como, por ejemplo, la OTAN. No partimos de cero: se ha realizado ya un importante trabajo previo tanto en el Gobierno ―el anteproyecto citado― como en iniciativas parlamentarias. A modo de ejemplo, podemos citar la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), la 122/000005, que fue tomada en consideración en el Congreso de los Diputados con el voto favorable de la mayoría de los grupos. Señorías, para ir terminando, permítanme recordarles que, según el título y objeto de la presente moción consecuencia de interpelación urgente, no se debate sobre la Monarquía española, sino sobre la desclasificación de los documentos del 23 de febrero. En cualquier caso ―insisto―, es deseable que en este tema se pudiera contar con el máximo consenso entre las fuerzas parlamentarias. Señorías, recuerden lo que dijo la ministra. Se refería a la enmienda que nosotros planteamos: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, con el necesario consenso entre las fuerzas parlamentarias, la actualización durante la presente legislatura y conforme a estándares europeos de la normativa en materia de información clasificada. Esta es la enmienda que hemos planteado y esperemos que sea aceptada. Muchas gracias. .

Aitor Esteban Bravo EAJ-PNV

Arratsalde on. Buenas tardes. Votaremos a favor, claro que sí, pero no porque haya ahora unos audios que descubren no sé qué cosas, no, sino porque lisa y llanamente han pasado casi cuarenta y cuatro años desde que sucedió esto. Y datos ya tenemos desde hace tiempo, muchas cosas que han pasado, pero simplemente por el paso de cuarenta y cuatro años, en una sociedad madura todas estas cosas se deberían conocer. Me sorprende que la propuesta la haga Podemos, siendo un partido que ha estado en el Gobierno durante bastante tiempo. Ha tenido incluso un vicepresidente del Gobierno. Y digo yo que algo podrían haber hecho respecto a esto. Si no es cambiar la ley, sí desclasificar estos documentos, porque quiero decirlo muy claro: el Gobierno puede desclasificar documentos de acuerdo con el ordenamiento jurídico muy fácilmente, simplemente hace falta voluntad. Así pues, que alguien que haya estado en el Gobierno nos venga ahora con esto porque han aparecido unos audios… En fin, hay muchas más cosas. Del Grupo Socialista no me sorprende la enmienda. Me la esperaba, ya lo sabía. Claro, ya lo vamos a hacer y lo vamos a hacer para todo, patada a seguir. Los que sabemos un poco de rugby ya sabemos de qué va esto: patada a seguir y vamos a ganar tiempo. Pero en realidad es mentira, no van a desclasificar absolutamente nada. No van a desclasificar absolutamente nada. Yo lo siento, pero es que al representante socialista le sacan ustedes aquí a leer unas cosas que suenan muy técnicas y que yo ya las he oído, porque no sé cuánto llevan, pero yo con este tema ya estoy rodado. He oído tantas veces lo que usted acaba de decir aquí que ya no me lo creo: que hace falta tiempo, que hace falta estudiar técnicamente… Han pasado la tira de años desde que se tomó en consideración la primera proposición aquí y todo sigue igual. Todo sigue igual, hasta en el Congreso. Por ejemplo, la comisión sobre torturas que se hizo en las primeras legislaturas. Pido verla, siendo miembro además de la Comisión de Secretos Oficiales, y me lo niegan. Al final, lo consigo. ¿Y qué me encuentro? Que habían tenido a unos funcionarios tachando nombres y datos durante semanas. Así estamos todavía hoy en este hemiciclo. Y sí, antes todo el mundo sabía, por ejemplo, lo de las queridas del rey, lo de las comisiones, lo de las cuentas, etcétera, pero nadie decía nada, tampoco la prensa, porque había un velo que cubría todo. Ahora de eso ya se puede hablar, porque es tan evidente después de lo del elefante… Además, como le hemos sustituido y hemos puesto a otra persona, pues adelante. Pero esto sigue igual en cuanto a la desclasificación. ¿Y por qué sigue igual? ¿A qué se tiene miedo? ¿A qué se tiene miedo? Igual a la lista, a que se compruebe que era verdad la lista de la doctora Carmen Echave, la doctora del Congreso de los Diputados, que oyó dictar de boca de Armada a Tejero y en la que aparecían miembros de partidos políticos que están presentes en este hemiciclo y nombres bastante relevantes. ¿A eso se tiene miedo? ¿A que se sepa qué había ahí detrás? No lo sé. Si no es a eso, ¿a qué? ¿A qué? Han pasado ya cuarenta y cuatro años. ¿Queda algo que contar? Seguro que algo sí, pero ya, per se, lo que tendríamos que hacer es cambiar la ley. Y como no lo van a hacer y, desde luego, la propuesta que hicieron y que ha mencionado el representante socialista era peor todavía que lo que tenemos ahora ―porque hubiera sido algo gatopardiano, de verdad que el proyecto de ley que presentaron era absolutamente inaceptable―, lo que habrá que hacer, por lo menos si hay un poquito de vergüenza torera, de querer y de voluntad democrática, es no solo este asunto. Está el caso Zabalza, que se lo han pedido muchas instituciones y desde muchos ámbitos en el Estado, incluido los Parlamentos vasco y navarro. Y está el caso del bar Aldana, en el que murieron compañeros de mi partido político en un atentado ligado probablemente a fuerzas parapoliciales. Hay muchos casos que deberían conocerse ―tenemos derecho a que se conozcan― y el Gobierno puede hacerlo si quiere. Lo puede hacer SUMAR, lo puede hacer el PSOE y antes también lo pudo hacer Podemos. Si quieren, se puede levantar ese secreto. Lo que es una vergüenza es que sigamos así en este momento, así que no me cuenten que van a cambiar la legislación. Beraz, aldeko botoa emango dogu, baina PODEMOSek egin ahal izan eban gobernuan hegoalako eta etzenduen gura izan eta PSOEk guzurra esaten dau, esaten dauenean aldatuko dauela legea. Badakigu ez daukazuela ezelango borondaterik eta Aldana tabernako kasua, Zabalza kasua eta baita ere otsailaren 23an gertatutakoaz jakiteko eskubidea daukagu. Borondate politikoa badago eztago legean arazorik. Besterik ez eta eskerrik asko. Vamos a dar nuestro voto a favor, pero Podemos lo podía haber hecho cuando estaba en el Gobierno y no lo hizo. Y el PSOE miente cuando dice que va a cambiar la ley. Sabemos que no tienen esa voluntad. Ahí está el caso taberna, el caso Zabalza y también lo que ocurrió el 23 de febrero. Tenemos derecho a saber lo que pasó. El problema no es legal, es de voluntad política. Nada más que añadir. Muchas gracias.

Jon Iñarritu García EH Bildu

Muchas gracias, presidente. Señorías, arratsalde on. Buenas tardes. Para comenzar mi intervención, haré mención a un artículo muy interesante que seguramente han leído muchas de sus señorías. Este pasado fin de semana se publicó en el diario El País un artículo del periodista Miguel González que señalaba el acta secreta de creación de la UME en 2006. . Y, claro, al leer este artículo, llegué a tres conclusiones que quizá algunos de ustedes piensen que es así y quizá otros no. En primer lugar, este diario se hacía con un acta secreta, lo que periodísticamente es una gesta importante. Y yo pensaba: con lo fácil que es para algunos periodistas y algunos medios hacerse con actas secretas y qué complicado es para el Congreso de los Diputados pedir la desclasificación de papeles, no ya de hace dieciocho años, sino de hace cuarenta y tres años. Es complejo. Al mismo tiempo, el artículo mencionaba cómo el ministro de Defensa del momento, el señor Bono, se tuvo que enfrentar a varios generales, a los más importantes del Ejército en ese momento, y señalaba que muchos de ellos seguían teniendo posiciones franquistas o progolpistas. Esto fue en 2006. Repito, en 2006; habían transcurrido ya veintiocho años de periodo constitucional, y esto nos lleva a otra reflexión. Es más, uno de los tenientes generales allí presentes, el señor Joaquín Tamariz, que era el segundo JEME, el segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, había estado implicado en el 23-F, nunca había sido juzgado y había llegado a esa posición, a la más alta de las Fuerzas Armadas. Pues bien, todo esto me ha llevado a reflexionar sobre la ley de secretos oficiales, sobre el papel de la Transición y que tantos militares tantos años después sigan teniendo ese componente profranquista o progolpista, de igual forma que el 23-F fue un capítulo cerrado en falso. Lo decía el señor portavoz de Unidas Podemos. Es cierto que los audios que se han mostrado últimamente de esta señora, de Bárbara Rey, hablando con Juan Carlos I dejan entrever unos indicios que van en la misma dirección en la que ya antes se habían hecho públicos, ya fuera por Pilar Urbano, ya fuera por referencias a Sabino Fernández, ya fuera por el que fue embajador de Alemania en España en el año 1981, dirigiendo una nota a su país señalando que el rey Juan Carlos I había tenido comprensión en una reunión ante los autores del golpe, o a través de uno de los participantes, el subteniente de la Guardia Civil, el señor Manuel Pastrana, diciendo que habían estado aquí y que Tejero le había dicho que era todo con órdenes de la Zarzuela. Vamos, que todo va en la línea de pensar que el anterior jefe del Estado, que hoy en día sigue teniendo el título de rey, tenía conocimiento, estuvo implicado y fue compinche de lo que ocurrió aquel día en esta Cámara. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí se crea un mito: el rey salvador de la democracia. Y yo creo que los hechos, los indicios y las pruebas, incluso una declaración misma del señor Juan Carlos I, van en dirección contraria. No, el salvador no; el que la puso en peligro y estuvo involucrado en el golpe de Estado, poniendo en valor en ese audio al que fuera su preceptor y que fue secretario de la Casa del Rey, el señor Armada. Por cierto, no tenía conocimiento de que el señor Armada ―y esto lo digo como anécdota― fue cesado porque se dedicó a enviar cartas pidiendo el voto ―!Oh, casualidad!― para Alianza Popular con el sello de la Casa Real. Por eso fue destituido. Pero a lo que íbamos: el jefe de Estado puso en valor a este señor ¿por callar qué? ¿Qué fue lo que calló? Señorías ―lo he dicho en otras ocasiones―, si la información que pudiera estar clasificada dejara en evidencia que Juan Carlos I defendió la democracia, defendió los valores constitucionales y que no estaba implicado para nada en ese golpe de Estado, esos papeles hubieran sido desclasificados al día siguiente. Si tan claro está que el rey salvó a España y salvó la democracia, ¿qué temor hay a que se conozcan esos papeles? Para acabar, es un sinsentido que a estas alturas de la película sigamos teniendo una ley de secretos oficiales de carácter franquista y que cuarenta y tres años después sea imposible conocer…

Jon Iñarritu García EH Bildu

… lo que pasó en ese caso y en tantos otros que, es cierto, son razón de Estado porque dejarían en evidencia que la Transición no fue ni ejemplar ni pacífica, y nos seguiremos preguntando para qué sirve un rey. Muchas gracias, señor presidente.

Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS

Gràcies, president. Bona tarda, senyories. Avui Podemos ens porta al Ple la moció conseqüència de la seva interpel·lació a la ministra de la Guerra per la desclassificació de la documentació sobre el 23-F, de la documentació del cop d’estat de 1981 liderat pels generals Armada i Milans del Bosch i amb el tinent coronel Tejero com a artista mediàtic del dantesc vodevil que va viure aquesta cambra. Més de quaranta anys després, i malgrat l’amplíssima literatura que han generat aquells fets, avui no en sabem tota la veritat i continuen havent-hi molts dubtes, com quin va ser el paper del rei Juan Carlos I més enllà del que se li ha atorgat oficialment com a figura clau que va desactivar el cop d’estat i va salvar la democràcia, més enllà d’aquell paper de temporitzador executat la matinada del 24 de febrer i que va servir per blanquejar l’hereu polític del dictador i la pròpia monarquia i que allò llavors va donar aires democràtics a una institució antidemocràtica per naixement, a més de anacrònica i caduca, com totes les monarquies del món. Però l’espanyola sempre arrossega connotacions pitjors que la majoria, perquè, a diferència d’altres monarquies europees que es limiten a exercir el seu paper de representació, la monarquia espanyola s’ha dedicat a ser actor actiu de la política de l’Estat: Felipe VI ho va fer amb l’«a por ellos» del 3 d’octubre del 2017 i ho va fer el seu pare, l’emèrit, el rei de la corrupció, amb el tema que ens ocupa. I, així, som molts els que ens preguntem: va tenir coneixement previ del cop, el rei? El monarca va pressionar políticament el Govern de Suárez? Va girar el rei l’argument quan va veure que Tejero i companyia eren la banda del Empastre? Quina era la seva relació amb els militars colpistes? I Armada no hi era i no se l’esperava o és que la seva ombra era tan allargada que no calia que hi fos perquè senzillament tot estava lligat i ben lligat? I, parlant del general Armada, existia i a què responia el pla Armada? N’estaven al cas partits polítics i líders polítics? Quins? Les darreres setmanes s’ha estrenat a Netflix Asalto al Banco Central. Parla d’uns papers que implicaven Manglano i apunta a un govern pactat inclús amb els socialistes en el teòric executiu d’Armada. I, parlant de Manglano, quin va ser el paper dels serveis d’intel·ligència? Totes aquestes preguntes continuen a l’aire malgrat, com dèiem, el molt que s’ha investigat i s’ha escrit al respecte. Continuen en l’aire les dues grans controvèrsies: la de les complicitats prèvies, que apunten a certs actors polítics, i la del paper del rei, que encara avui no sabem amb claredat si va ser solució o problema o ambdues coses alhora. Posar llum a aquests dubtes passa perquè es desclassifiqui la documentació inclosa en els arxius oficials sobre el 23-F, que continuen sent secrets i que, malgrat que prosperi aquesta moció, continuaran sent-ho. I continuaran sent-ho perquè una llei franquista així ho determina, i, malgrat les iniciatives liderades reiteradament pel Partit Nacionalista Basc per reformar-la, avui continuem igual que fa cinquanta-sis anys, certament, com tantes coses a l’Estat espanyol. Mirin, sense voluntat i mentre continuï vigent una llei franquista — la 9/1968, de secrets oficials— no serà possible una investigació transparent i completa. I, senyories, mentre les majories parlamentàries continuïn vetant — uns grups per activa i els altres per passiva— la modificació d’una llei aprovada i rubricada pel caudillo, ja poden guarnir tant com vulguin la democràcia espanyola, que cada cop que aquesta surti a la foto continuarà sent igual de gris que sis dècades enrere. Què més ha de passar per saber la veritat? Que no vol regenerar la democràcia el president Sánchez, senyories socialistes? Si ho vol fer, menys esmenes i més projectes. Perquè, mirin, que Felipe era ics i que eme punto era Mariano Rajoy ja ho sabem. Ara, poder s’hauria de saber quin va ser el veritable paper de la monarquia en el serial del 23-F. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Hoy Podemos nos trae al Pleno la moción consecuencia de su interpelación a la ministra de Defensa por la desclasificación de la documentación sobre el 23-F, de la documentación del golpe de Estado de 1981 liderado por los generales y con el teniente coronel Tejero como artífice y artista mediático de ese dantesco vodevil que vivió esta Cámara. Más de cuarenta años después, y pese a la amplísima literatura generada por dichos hechos, hoy todavía no sabemos toda la verdad y sigue habiendo muchas dudas, como, por ejemplo, cuál fue el papel que desempeñó el rey Juan Carlos I más allá del que se le ha otorgado oficialmente como figura clave que desactivó el golpe de Estado y salvó la democracia, más allá de ese papel de temporizador ejecutado la madrugada del 24 de febrero que sirvió para blanquear al heredero político del dictador y a la propia Monarquía. Eso entonces dio aires de democracia a una institución antidemocrática por nacimiento, además de anacrónica y caduca, como todas las monarquías del mundo, pero la española siempre arrastra connotaciones peores que la mayoría, porque a diferencia de otras monarquías europeas, que se limitan a ejercer su papel de representación, la Monarquía española se ha dedicado a ser actor activo de la política del Estado: Felipe VI lo hizo con el «a por ellos» del 3 de octubre de 2017 y lo hizo su padre, el emérito, el rey de la corrupción, con el tema que nos ocupa. Así, somos muchos los que nos preguntamos: ¿tuvo conocimiento previo del golpe el rey, el monarca? ¿Acaso presionó políticamente al Gobierno de Suárez? ¿El rey giró el argumento cuando vio que Tejero y compañía eran la Banda del Empastre? ¿Cuál era su relación con los militares del golpe? ¿Y Armada no estaba y no se le esperaba o es que su sombra era tan alargada que no hacía falta que estuviera porque sencillamente todo estaba ligado, todo estaba ya listo? Y hablando del general Armada, ¿existía y a qué respondía el plan Armada? ¿Estaban todos al corriente? ¿Estaban al corriente partidos políticos y líderes políticos? ¿Cuáles? Las últimas semanas se ha estrenado en Netflix Asalto al Banco Central, que habla de unos papeles que implicaban a Manglano y apunta a un Gobierno pactado incluso con los socialistas en el teórico Ejecutivo de Armada. Y hablando de Manglano, ¿cuál fue el papel de los servicios de inteligencia? Todas estas preguntas siguen pendientes, en el aire, por mucho que se haya investigado y escrito al respecto. Siguen en el aire las dos grandes controversias: la de las complicidades previas, que apuntan a ciertos sectores políticos, y la del papel del rey, que todavía hoy no sabemos con claridad si fue una solución, un problema o ambas cosas a la vez. Lanzar luz sobre esto pasa por desclasificar la documentación de los archivos oficiales sobre el 23-F, que siguen siendo secretos y que, aunque prospere esta moción, continuarán siéndolo, porque hay una ley franquista que así lo determina. Pese a las iniciativas lideradas reiteradamente por el Partido Nacionalista Vasco para reformarla, hoy seguimos igual que hace cincuenta y seis años, ciertamente como tantas otras cosas en el Estado español, y, miren ustedes, sin voluntad y mientras siga vigente una ley franquista, la de 1968, de secretos oficiales, no será posible una investigación transparente y completa. Señorías, mientras las mayorías parlamentarias sigan vetando a unos grupos por activa y a otros por pasiva la modificación de una ley aprobada y rubricada por el caudillo, ya podemos decorar como queramos la democracia española, que cada vez que salga en la fotografía seguirá siendo igual de gris que seis décadas atrás. ¿Qué más tiene que pasar para saber la verdad? ¿Es que no quiere regenerar la democracia el presidente Sánchez, señorías socialistas? Si lo quiere hacer, menos enmiendas y más proyectos. Miren ustedes, que Felipe era equis y que M. era Mariano Rajoy ya lo sabemos, ahora tal vez tendríamos que saber cuál fue el verdadero papel de la Monarquía en el serial del 23-F.

Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS

Termino, presidente. Amb tota probabilitat, la veritat seria suficient com perquè l’Espanya política obrís el meló de la continuïtat de la monarquia. Nosaltres, Junts per Catalunya, ja ho saben, treballem per la foto en color de Catalunya. Si vostès volen fer el mateix pel seu estat, poder cal que, si el seu rei va despullat, ho admetin. Moltes gràcies. Con toda probabilidad, la verdad sería suficiente como para que la España política abriera ese melón de la continuidad de la monarquía. Nosotros, Junts per Catalunya, ya lo saben, trabajamos por esa fotografía en color de Cataluña. Si ustedes quieren hacer lo mismo por su Estado, tal vez sea preciso que, si su rey está desnudo, lo admitan. Muchas gracias.

Francesc-Marc Álvaro Vidal ERC

Novament, bona tarda. Estaba pensando, a raíz de la propuesta de los diputados de Podemos, proponer una permuta de debate a las señorías del PP y del PSOE: No hablemos más del 23-F, hablemos de la muerte del general Prim. Lo mataron cerca de aquí el 27 de diciembre de 1870. Lo digo, señorías del PSOE, porque han dicho: No hablemos de los Borbones. Pues hablemos de un pobre hombre que quiso quitar a los Borbones. ¿Lo puedo decir aquí? Hay una sala dedicada a Prim. ¿Puedo hablar bien de Prim, que no quería mucho a los Borbones? Pobre hombre, no le salió bien la operación; lo mataron. Y Amadeo de Saboya, como vio el patio, llegó y se piró. En fin, si no podemos hablar del 23-F, amigo Aitor, hablemos de Prim. Conectaremos con los carlistas y todo este rollo, y vamos tirando. La verdad, este tema es repetido y cansino, y sabemos, señorías del PSOE, que ustedes no van a abrir los archivos, no los van a tocar, no lo van a hacer; por tanto, estamos aquí haciendo un poco de comedia. Ojalá yo tuviera el don del espiritismo y pudiera invocar ahora en esta sesión a Prim, porque a lo mejor algo nos contaría el hombre. Por cierto, era catalán; perdón. Era catalán, sí. El otro catalán que fue militar era Francesc Macià, pero este ya se dio cuenta del mal negocio de España y se hizo independentista. Miren, el tema es serio, pero me cuesta mucho tomármelo en serio porque sé que no van a desclasificar, porque sé que esto es solo un brindis al sol. Entonces, yo podría hablar aquí seriamente de la necesidad de construir un relato crítico sobre el 23-F, sobre los ángulos muertos de esta historia, sobre los enormes vacíos en el relato, sobre la tremenda dificultad de explicar un juicio que fue bastante mal pergeñado, como se ha dicho y se ha documentado, donde la trama civil se redujo a un solo tipo y donde la verdad es que el papel del entonces jefe del Estado quedó un poco, digamos, entretelas. Senyories, el combat per la veritat és una lluita diària. No cal que recordi que el Partit Popular, per exemple, durant un temps important va sostenir la falòrnia sobre el terrible atemptat de l’11 de març de l’any 2004 a Madrid. Des del 23-F a l’11 de març sempre hi ha hagut falòrnies, i estem acostumats a edificar la política del present sobre això, ens hi hem acostumat. Estem dopats de mentida. Tenim un problema amb la veritat històrica. I els he de dir, senyories del PSOE, que hi ha una cosa que no entenc, hi ha una cosa que em costa molt d’entendre: com pot ser que vostès, senyories del PSOE, amb el senyor Pedro Sánchez al capdavant, cada dia diguin que volen combatre les mentides, les mitges veritats, les falòrnies — això que en espanyol es diu «bulos»—, volen combatre tot això i a la vegada, històricament, no volen entrar en la veritat documental? O sigui, com es pot defensar en l’actualitat que volem transparència i volem anar contra els que fan fakes i en la història volem mantenir el fake? No ho entenc, senyories del PSOE, no ho entenc. Ja sé que potser soc català i soc limitat, però no ho entenc. Per responsabilitat, per decència, hauríem de desclassificar, i perquè és una vergonya a nivell europeu. A qui estem protegint? A qui estem protegint? Estem protegint un fantasma o estem protegint algú que va de fantasma? Realment, el que vostès fan només es pot definir amb una llatinada: excusatio non petita, accusatio manifesta. Això del 23-F és un macguffin. I el problema més greu és que, quan no volen desclassificar sobre els fatxes d’ahir, alimenten el feixisme d’avui. Gràcies. Señorías, el combate por la verdad es una lucha diaria. No hace falta que recuerde que el Partido Popular, por ejemplo, durante un tiempo importante sostuvo una falacia sobre el terrible atentado del 11 de marzo en Madrid. Desde el 23-F al 11 de marzo siempre ha habido estos bulos y estamos acostumbrados a edificar así la política del presente. Estamos dopados de mentiras. Tenemos un problema con la verdad histórica. Y debo decirles, señorías del PSOE, que hay una cosa que no entiendo, hay una cosa que me cuesta mucho entender. ¿Cómo es posible que ustedes, señorías del PSOE, con el señor Pedro Sánchez al frente, digan cada día que quieren combatir las mentiras, las medias verdades y esto que se conoce en español como bulos, que quieran combatir todo esto y, a la vez, históricamente no quieran entrar en la verdad documental? Es decir, ¿cómo se puede defender en la actualidad que queremos transparencia y que queremos ir contra los que hacen fakes y en la historia queramos mantener el fake? No lo entiendo, señorías del PSOE; no lo entiendo. Ya sé que soy catalán y tal vez soy limitado, pero no lo entiendo. Por responsabilidad y por decencia habría que desclasificar, y porque es una vergüenza a nivel europeo. ¿A quién estamos protegiendo?, ¿estamos protegiendo a un fantasma o estamos protegiendo a alguien que va de fantasma? Realmente lo que ustedes hacen solo se puede definir con una expresión latina, excusatio non petita, accusatio manifesta. Y el problema más grave es que cuando no quieren desclasificar sobre los fachas de ayer alimentan el fascismo de hoy. Muchas gracias. .

Vicenç Vidal Matas SUMAR

Gràcies, president. Soc d’aquella generació que tradicionalment se’ns ha explicat o se’ns ha transmès que el 23-F posava fi a la Transició i s’iniciava aquella democràcia de color rosa, aquella democràcia feliç, aquella democràcia tan afortunada que teníem. Fa temps que sabem que aquest relat és fals i que aquest relat és totalment edulcorat. La historiadora francesa Sophie Baby ens explica recentment que en el context dels anys del 23-F es van matar, van morir set-centes persones per violència política o policial en el context aquell del 23-F. També sabem que se’ns ha explicat històricament el gran consens de la Constitució o de la Transició i que això és fals. Prova d’això són molts de partits que avui són presents aquí, que promogueren el no a la Constitució del 78, entre ells el partit del PSM, el Partit Socialista de Mallorca, del que jo en soc hereu. Votaren no per republicans i per sobiranistes. Però hom pensaria que una persona com jo, que ja va néixer als anys vuitanta, ja hauria pogut saber tot el que va passar el 23-F; que la democràcia, que l’Estat, que el Partit Socialista, el gran beneficiat de la Transició, o el Partit Popular ens haurien explicat bé aquells fets, que ja ho sabríem. Però no és així. Durant quaranta anys, l’esquerra sobiranista, l’esquerra federalista i el PNB han reclamat saber el que va passar — com dirien, posar llum a la foscor—, desclassificar els documents del 23-F per tenir-ho tot ben clar. Aquí mateix, sobre aquesta tribuna, es va cridar allò de: «¡Quieto todo el mundo!» I es va disparar i tenim els trets aquí. Eren les sis i mitja de l’horabaixa. El rei, fins ben entrada la matinada, fins a set hores després, no va sortir a donar el seu discurs. Què va passar abans del 23-F, durant i després del 23-F? Quin va ser el paper de la monarquia? Els àudios de Bárbara Rey i el monarca sols posen més llenya al foc del que ja han anat sabent els historiadors durant aquests anys. «Jamás ha dicho nada», referint-se a Armada. Què sabia el rei? Què sap, o què sabia el senyor Armada? Què és allò tan important que la societat, cinquanta anys més tard, no podem saber, que no podem ser capaços i adults per assumir-ho? Què és? Que el rei fou el promotor del 23-F, com deia el cap de la Casa Reial i va publicar el diari Público fa poc temps? És aquest el gran misteri? Perquè en això es basa la gran legitimació de la monarquia borbònica; es basa la seva legitimitat en el 23-F. A gent com el meu pare, que el rei aquell dia fou el salvador, és un mite que li han venut. Si això trontolla, trontolla la monarquia. Perquè sabem que el rei és corrupte, sabem que el rei va ser un gran defraudador, però també hem de saber si el rei era un idiota, un idiota en sentit grec, aquell que destrueix el bé comú per enriquir-se ell mateix. Jo diria que sí, que el rei emèrit, en sentit grec, era un idiota. El 23-F ha de ser aclarit pel bé. Hem de desclassificar tota la documentació per transparència, per saber la veritat, per poder investigar. Però no ens quedem només amb el 23-F. Volem una democràcia real, volem saber tota la informació, i no és normal que a un estat democràtic no es pugui saber la seva història, no es desclassifiquin les documentacions. Quan estàvem al Senat, quan el meu partit teníem representació al Senat, el febrer del 2023, fèiem una pregunta relativament senzilla. El senyor Suárez va fer una consulta, una enquesta: monarquia o república? I així ho va reconèixer a diferents mitjans de comunicació. Férem aquesta pregunta per escrit, i el Govern em contestà un mes més tard, l’abril del 23, que l’Estat, que el Govern estava treballant en la llei, en l’avantprojecte de llei de desclassificació de documentació. Amb aqueixa resposta, com a mínim, sabérem que l’enquesta existia i que era un secret. Però què passa amb els avantprojectes de desclassificació, amb suprimir aquesta llei franquista? Com bé s’ha dit aquí, més de cinc vegades s’ha intentat, però sempre hem fracassat. Per què? Per què els tràmits sempre es queden en el tràmit de la reforma de secrets oficials? Per què, senyors del Partit Popular i Partit Socialista, mai s’avança? Crec que és el moment d’avançar. I, com ells deien, estem cansats del debat. Ho deien els companys d’Esquerra Republicana, ho deien els companys del PNB. Ja està bé. Si es creuen l’agenda democratitzadora, senyors del Partit Socialista i tots els que donen suport al seu Govern, els hem de dir una cosa: avancin, avancin en la democràcia, perquè si no els feixistes toquen a la porta. Gracias, presidente. Soy de esa generación a la que tradicionalmente se nos ha contado que el 23-F ponía fin a la Transición y se iniciaba aquella democracia de color rosa, esa democracia feliz, esa democracia tan afortunada que teníamos. Hace tiempo que sabemos que este relato es falso, que este relato está totalmente edulcorado. Sophie Baby nos explica recientemente que en el contexto de los años del 23-F se mataron, murieron 700 personas por violencia política policial en el contexto del 23-F. También sabemos que, aunque se nos ha contado históricamente el gran consenso de la Constitución o de la Transición, esto es falso. Prueba de esto son muchos partidos que están presentes aquí hoy que promovieron el no a la Constitución del 78. Entre ellos, el Partido Socialista de Mallorca, del que yo soy heredero; votaron no, por republicanos y por soberanistas. Uno pensaría que una persona como yo, que nació en el año 1980, ya habría podido saber todo lo que sucedió en el 23-F; que la democracia, que el Estado, que el Partido Socialista ―el gran beneficiado de la Transición― o el Partido Popular deberían contarnos bien aquellos acontecimientos, que ya lo sabríamos, pero no es así. Durante cuarenta años la izquierda soberanista, la federalista y el PNV han reclamado saber lo que sucedió, arrojar luz sobre la oscuridad, desclasificar documentos del 23-F para que todo estuviera bien claro. Aquí mismo, sobre esta tribuna, se dio el grito: ¡Quieto todo el mundo! Y se disparó, y tenemos aquí los tiros. Eran las seis y media de la tarde. El rey, hasta bien entrada la medianoche, hasta siete horas después, no salió a dar su discurso. ¿Qué sucedió antes del 23-F, durante y después?, ¿cuál fue el papel de la Monarquía? Los audios de Bárbara Rey y el monarca solo añaden más leña al fuego de lo que hemos ido sabiendo de esa historia durante estos años. Jamás ha dicho nada refiriéndose a Armada. ¿Qué sabía el rey o qué sabía el señor Armada que fuera tan importante que la sociedad casi cincuenta años después no pudiera saber, que no podamos ser capaces y adultos para asumirlo? ¿Qué es, que el rey fue el promotor del 23-F, como decía el jefe de la Casa Real y publicó el diario Público hace poco?, ¿es este el gran misterio? Porque en esto se basa la gran legitimización de la monarquía borbónica, que basa su legitimidad en el 23-F. Para gente como mi padre, que el rey fue el salvador ese día es un mito que se le vendió. Si esto es algo que no se sostiene, tampoco se sostiene la Monarquía. Sabemos que el rey es corrupto, que fue un gran defraudador, pero también tenemos que saber si era un idiota; un idiota en el sentido griego, aquel que destruye el bien común. Yo diría que sí, que el rey emérito, en el sentido griego, era un idiota. El 23-F debe aclararse. Hay que desclasificar toda la información por transparencia, para saber la verdad, para poder investigar. Pero no nos quedemos solo con el 23-F. Queremos una democracia real, queremos saber toda la información y no es normal que un Estado democrático no pueda saber su historia, que no se desclasifiquen las documentaciones. Cuando estábamos en el Senado, cuando mi partido tenía representación en el Senado, el 23 de febrero hicimos una pregunta sencilla. El señor Suárez hizo una consulta, una encuesta: Monarquía o República. Así se lo reconoció a distintos medios de comunicación. Teníamos esta pregunta hecha por escrito y el Gobierno, al responder, un mes más tarde, dijo que el Gobierno estaba trabajando en un anteproyecto de ley de desclasificación de documentación. Con esa respuesta, como mínimo, sabíamos que existía dicha encuesta y que era un secreto. ¿Pero qué sucede con los anteproyectos de desclasificación al suprimir esta ley franquista? Como se ha dicho aquí ya, más de cinco veces se ha intentado, pero siempre se ha fracasado. ¿Por qué? ¿Por qué los trámites siempre se quedan en trámites de reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales? Porque los señores del Partido Popular y del Partido Socialista nunca avanzan. Creo que es el momento de avanzar. Como se ha dicho, estamos hartos del debate. Lo decían los compañeros de Esquerra Republicana y del PNV. Ya está bien. Si se creen esta agenda democratizadora, señores del Partido Socialista y todos los que apoyan su Gobierno, avancen en la democracia, porque si no los fascistas llaman a la puerta. Gracias. .

José María Sánchez García VOX

Con la venia. Sobre el 23-F se sabe todo o casi todo, tanto en razón del procedimiento judicial que tuvo aquellos hechos por objeto como de las muchas obras publicadas después por historiadores y periodistas. Por ejemplo, la de Jesús Palacios titulada 23-F, El rey y su secreto, Madrid 2011, y otras tantas. La moción no obedece a saber algo sobre el 23-F en relación con la Monarquía. No, no; la moción obedece, en primer lugar, a una obsesión y mentira de la izquierda para atacar y desacreditar al Ejército en los términos que la izquierda considera que lo desacredita; a saber, que es reaccionario, franquista, etcétera. Lo hemos escuchado esta tarde aquí. Y probablemente tiene una intención envenenada del Grupo Podemos contra el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque ya se sabe ―y desde hace muchos años― que la izquierda, en particular el Partido Socialista, no fue ajena a esa operación del 23-F, sino que participó activamente en ella. Varios fueron los socialistas, y, por cierto, también algunos comunistas, que figuraban como ministros en la lista que le entregó la noche del 23 al 24 de febrero de 1981 el general Armada al teniente coronel Tejero en este Congreso, que la rechazó. . De modo que si el teniente coronel Tejero ejecutó esa operación, también la frustró, les guste a ustedes o no les guste. Entre esos que digo que figuraban en la lista podemos citar nada menos que a Felipe González, Peces-Barba, Javier Solana, Enrique Múgica, Solé Tura, Ramón Tamames, etcétera. Pero, puestos ya en estos afanes investigadores de hechos pasados y en modo memoria democrática, también podemos mirar, por ejemplo, las matanzas de Paracuellos, señores de Podemos, porque sigue habiendo 526 asesinados por comprobar definitivamente ―según datos del general Casas de la Vega publicados en 1994―, adicionales, por supuesto, a los 2410 listados nominalmente de asesinados, hechos en los que tuvo alguna responsabilidad Carrillo, al que no sé por qué, en memoria hemipléjica, la ministra de Defensa mencionaba el último día en tono laudatorio. . La moción persigue igualmente agredir y agraviar a la institución monárquica, porque la izquierda española, siempre caracterizada por la ignorancia y la peor intención, siempre primaria e inverecunda, sigue idolatrando la República, fetiche más o menos ecuménico y extranjero en la historia nacional y fetiche, como digo, que dio lugar desde la Revolución francesa a la irrupción con ese propósito europeo, mundial, de esta forma de gobierno de la que la historiografía más reciente y revisora de la Revolución francesa nos ofrece cifras escalofriantes de sus resultados en términos de muertos: 600 000 en las guerras internas causadas por el ejército revolucionario, 400 000 en las guerras exteriores, 40 000 ejecutados en aquellos años. Y yo pregunto: ¿No les parece a ustedes, señores de Podemos, de mayor actualidad que se desclasifiquen los documentos del CNI relativos, por ejemplo, a la financiación bolivariana de su partido y algunos de sus líderes, documentos a los que no han podido tener acceso los jueces? . ¿O documentos, grabaciones y vídeos relativos a la presencia en España de la señora Rodríguez, doña Delcy, prohibida por un reglamento europeo de medidas restrictivas? ¿O los relativos a las misteriosas conversaciones ―grabaciones en este caso― del presidente del Gobierno y su cónyuge en relación, por ejemplo, con Marruecos? ¿Esto no es de una actualidad que merezca una desclasificación de mayor urgencia e interés que esta de los hechos antes mencionados? La Monarquía, y vuelvo a mi razonamiento sobre ello, es la forma de gobierno histórica de la patria, les guste a ustedes o no, y está más allá de dinastías y de monarcas particulares.

José María Sánchez García VOX

Por último, y concluyo, la referencia a cierta actriz en el texto de la moción sitúa a esta Cámara en un teatro en el que se representa un sainete, lo que sucede muy a menudo, desgraciadamente.

José María Sánchez García VOX

Por lo tanto, no es lo más edificante para el pueblo, que lleva muchos años gobernado por manipuladores, embaucadores, desaprensivos y pasotas. Nada más. Muchas gracias. .

Rafael Antonio Hernando Fraile PP

Señor Sánchez, permítame que se lo diga sin acritud. ¿Acaso ustedes leen lo que escriben? ¿Hay lógica entre su exposición y su petición para desclasificar todos los papeles del 23-F, que seguramente ni existen? ¿No ha escuchado usted al señor Esteban, que le ha dicho claramente por qué no desclasificaron esos papeles cuando el señor Iglesias, perteneciendo al CNI, estaba en el Gobierno? No hay ninguna razón. No es solo que ustedes sean huérfanos en sindéresis, sino que su problema es que viven en Netflix. Ya sé que tienen algunos socios que ahora les acompañan, como el portavoz de Junts, el señor Cervera, pero ustedes, como buenos marxistas, están acostumbrados a retorcer la realidad para adaptarla a sus intereses y sus fobias. Para eso, no cuenten con nuestro grupo. Miren, tras muchos testimonios, la verdad del 23-F es evidente: el rey paró el golpe y, gracias a ello, se consolidó nuestra transición y nuestra democracia; triunfó la reconciliación y la reforma frente a la revancha y el inmovilismo, y también frente al terrorismo. . Eso fue así. Señor Vidal, eso no es un mito; haga más caso a su padre, que sabe más que usted. Pero resulta definitivamente chocante que los señores de Podemos vengan a hacer revisionismo de lo que sucedió hace cuarenta y tres años para tapar sencillamente la corrupción que está pasando ahora: la corrupción de los negocios y el abuso de los recursos públicos por parte de la esposa del presidente; la corrupción del señor Ábalos y la trama socialista, con la que ustedes, de Podemos, compartían mesa en el Consejo de Ministros; la imputación como presunto delincuente del fiscal general del Estado, ese al que ustedes con sus votos han protegido en esta Cámara; el caso Delcy, o la ocupación de las instituciones, sobre todo ahora que ustedes han conseguido colocar en el consejo de administración a un amiguete de Podemos. Ustedes decían ser la nueva política, pero les mueven intereses muy viejunos. Decían que iban a conquistar los cielos, pero solo llegaron a Galapagar; allí quitaron la escalera y dejaron a casi todos abajo, y así el ‘pacto de los botellines’ acabó a botellazos, en el que el Robespierre Errejón es el último de sus juguetes rotos. . Señorías, a ustedes les encanta hablar de la Monarquía y de lo que sucedió hace cuarenta años para desprestigiarla, pero les cuesta mucho hablar de la Monarquía de nuestro tiempo, de esta mañana mismo, por ejemplo, donde sus majestades los reyes han visitado Chiva, Utiel y Letur, y han sido recibidos por un centenar de personas que han agradecido su cercanía, su implicación y su cariño. . Esa es la presencia del Estado. Porque no es que haya, señorías, como dicen algunos señores de VOX, un Estado fallido; aquí ha habido sencillamente un Gobierno huido. Y tampoco les gusta hablar de la Monarquía de hace dos semanas, cuando los reyes visitaron Paiporta. Allí se encontraron con la rabia y la desesperación de gente que lo había perdido todo y ellos se quedaron al lado de la gente y dieron la cara junto al presidente Mazón. . Otros salieron huyendo. Respondieron a la indignación de los vecinos llamándoles ‘elementos marginales de extrema derecha’ y sacaron al Loro Park, furioso, a decir que la visita era un capricho del rey y un error gigantesco. ¡Qué vergüenza, señores del PSOE! ¡Qué vergüenza, señores del Gobierno! Señorías, a algunos de ustedes no les gusta hablar de esto porque hoy tenemos una Monarquía moderna y ejemplar; una Monarquía a la que atacan porque es el símbolo de lo que todos ustedes parecen obviar: la unidad y la permanencia del Estado, la fortaleza de nuestras instituciones democráticas y el triunfo de la España constitucional, que representa lo que nos une y nos debería unir a todos frente a aquellos que pretenden levantar muros para dividirnos y rompernos a todos ; una Monarquía, señorías, que nos hace sentirnos hoy más orgullosos que nunca. Por eso me van a permitir que concluya mi discurso diciendo aquello de ¡Viva el Rey! . Nada más y muchas gracias. .

Javier Sánchez Serna SUMAR

Por el artículo 71.3, por alusiones.

Javier Sánchez Serna SUMAR

El portavoz de VOX se ha referido a que mi formación política, Podemos, ha recibido financiación de Venezuela. . La Audiencia Nacional ha dicho que no existe ningún tipo de financiación extranjera a Podemos. La única fuerza en esta Cámara que ha recibido financiación extranjera, en este caso de Irán… .

Javier Sánchez Serna SUMAR

No.

Ignacio Gil Lázaro VOX

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, como es sabido, el pasado 29 de octubre la gota fría asoló zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía y provocó una inmensa catástrofe en la provincia de Valencia. La reacción tardía y errónea del Gobierno regional no empece señalar la inacción dolosa del Gobierno, que desde el primer momento debió tomar la dirección única de todas las operaciones. Esta no era una cuestión opcional ni dependía de la aquiescencia o no de la comunidad autónoma, era un deber legal impuesto por nuestro ordenamiento jurídico en virtud de las características de la catástrofe. Y esa tesis de mando único estaba avalada por la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto. . Sin embargo, el Gobierno no lo hizo por un mero cálculo de interés partidista, dejando abandonados a su suerte a los afectados, asistidos tan solo por una inmensa y ejemplar legión de voluntarios. . Si el Gobierno hubiera cumplido con su deber, hubiera debido decretar inmediatamente, el mismo día 29, el nivel 3 de emergencia y asumir el mando, y a partir de ahí, en conexión con lo dispuesto en la Ley de Seguridad Nacional, haber decretado la llamada situación de interés para la seguridad nacional, lo que hubiera permitido ordenar la movilización general de las Fuerzas Armadas, atribuyendo al jefe del Estado Mayor de la Defensa y a su Estado Mayor Conjunto y mando de las operaciones la planificación y ejecución de todas las operaciones de auxilio, ya que la característica de la catástrofe superaba la capacidad operativa y de mando de la UME. Sin embargo, no se hizo, y no solamente no se hizo, sino que hubo que escuchar declaraciones inaceptables de la señora ministra de Defensa diciendo que el Ejército no está para todo, en perfecta línea, eso sí, con esa miserable frase del presidente del Gobierno que le perseguirá toda la vida: si quieren más ayuda, que la pidan. . En definitiva, señorías, por mucho que el Gobierno intente ahora camuflar su inacción criminal, lo cierto es que en los primeros momentos las unidades militares fueron remitidas con cuentagotas y lo cierto es que, aunque ahora el Gobierno pretenda tapar esa realidad a través de declaraciones como las efectuadas hace unos días por el jefe de la UME, en contradicción con sus propias manifestaciones y las manifestaciones anteriores de la ministra de Defensa, los hechos son los hechos. Y los hechos son que en los primeros días en muchos municipios afectados no se vio una sola unidad militar y que, como consecuencia de ese abandono, en esos municipios, en Valencia y en toda España surgió un clamor que decía: ¿Dónde está el Ejército? Por tanto, señorías, la moción que hoy presenta mi grupo pretende, en primer lugar, condenar la inacción dolosa del Ejecutivo, que incumplió su deber de asumir el mando directo de todas las operaciones y declarar la situación de interés para la seguridad nacional. Exigimos que inmediatamente proceda a decretar esa situación. Expresamos nuestra gratitud y nuestro reconocimiento a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los distintos cuerpos dependientes de las diferentes Administraciones que han estado sobre el barro y siguen estando allí. Agradecemos, sin lugar a duda, la inmensa generosidad de los voluntarios, que han acreditado con su presencia que, cuando el Estado falla, y aquí ha fallado el Estado central y ha fallado la Administración autonómica, surge imparable la nación. Y agradecemos, por supuesto, a todos esos Gobiernos extranjeros que desde el primer momento ofrecieran su ayuda a España y que, incomprensiblemente, el Gobierno de España rechazó y exigimos al Gobierno de España, porque en este momento toda ayuda sigue siendo útil, que proceda a recibirla cuanto antes. Señorías, aquí no valen ya discursos hipócritas. Aquí hay una realidad de abandono, de omisión del deber de socorro, de dejación de funciones del Gobierno de Sánchez. Hay la construcción de una mentira política reiterada para tratar de cubrir ante la nación ese abandono y su propia cobardía en su fuga no solamente de la atención debida a los afectados, sino su propia fuga cobarde de Paiporta. . Por eso, señorías, todo lo que aquí ha sucedido acredita que el Gobierno de España ha traicionado a la nación, que lo ha hecho por cálculo político, que lo ha hecho de una manera absolutamente miserable y, por tanto, desde esa condición, el Gobierno, con su inacción criminal, ha vuelto a demostrar su inmensa vileza moral. Pagarán en las urnas, no les quepa la menor duda, pero tampoco les quepa la menor duda de que pagarán ante los tribunales, antes o después, pero lo harán, y VOX ha empeñado todo su afán en ello, porque que ustedes paguen ante los tribunales es un deber de justicia con las víctimas, y ese deber de justicia con las víctimas es, hoy más que nunca, un deber de dignidad nacional. Muchas gracias. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidente. Señorías de VOX, en primer lugar, quiero volver a expresar nuestra solidaridad con las personas que han sufrido y siguen sufriendo los efectos de la gota fría, expresar nuestro reconocimiento a todos los servidores públicos y servicios públicos que están trabajando en Valencia y Castilla-La Mancha y manifestar nuestra gratitud al voluntariado que desinteresadamente está ayudando en las zonas devastadas. Respecto a la moción, señorías de VOX, nuestro grupo parlamentario considera que no es momento aún para la búsqueda de culpables ni para responsabilidades. Ahora consideramos que hay que estar en lo que hay que estar, en normalizar lo básico, en dar respuesta a las consecuencias materiales más graves de la DANA, tanto en bienes públicos como en privados, y en dar respuesta a las personas golpeadas por la gota fría. Estas personas en muchísimos casos lo han perdido todo, incluidas sus propias viviendas, y se encuentran, como vulgar o popularmente se dice, con una mano delante y otra detrás, y las ayudas para lo básico solo están parcialmente desplegadas. Y qué decir del proceso de duelo, aún no concluido, de todos los familiares y amigos de los cientos de fallecidos y de toda la comunidad, porque es también público. Por eso les decía, señorías de VOX, que ahora que hay que estar en lo que hay que estar. Una vez que solventemos lo básico y neutralicemos las consecuencias más graves e inmediatas de la DANA, será el momento de analizar lo ocurrido, de entender lo ocurrido, de decantar hechos, de separar el polvo de la paja, de analizar la desinformación que crece en este tipo de circunstancias con el fin político de desprestigiar a las instituciones, dejando expedita la vía a fuerzas iliberales, y de obtener experiencia y conocimiento de todo este análisis de lo ocurrido para implementar en el futuro los cambios precisos de todo orden y prevenir situaciones como la vivida o catástrofes similares derivadas de fenómenos climáticos extremos, que no duden que volverán a producirse más intensamente y de manera repetida, según los científicos nos avanzan, y junto a esto exigir, también en su caso, responsabilidades políticas. Señorías, a nuestro juicio, invertir este orden de cosas solo contribuirá al incremento del descrédito de lo que se llama despectivamente clase política, por el pimpampum de la gestión de la DANA, y a generar la impresión en la ciudadanía de que estamos más a lo nuestro que en lo de los demás, las víctimas de la DANA. Señorías ―voy finalizando, presidente―, a nuestro grupo parlamentario en este momento no le gustaría entrar en estas lógicas que solo generan tierra quemada y descrédito. Por eso, votaremos en contra de la moción, incluidos sus dos últimos puntos. Consideramos que no hay que instar al Gobierno a que reconozca la labor de todos los funcionarios públicos que están trabajando en las zonas que han sufrido los efectos de la DANA ni tampoco la labor del voluntariado y la sociedad civil, porque creemos que lo ha hecho desde el primer momento, como lo habría hecho cualquier Gobierno de cualquier color. Nada más y muchas gracias.

Engracia Rivera Arias SUMAR

Muy buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero expresar mi más sentido pésame a todas las familias y amigas de las víctimas de la DANA, a todas las personas que han perdido a sus seres queridos. También quiero mostrar todo el apoyo a las personas que han perdido sus casas, sus lugares de trabajo, sus centros educativos, sus negocios, sus barrios y sus vehículos. En segundo lugar, quiero expresar mi profundo agradecimiento a todas las personas que han trabajado incansablemente durante estos días tan difíciles, a nuestros bomberos, a los equipos de protección civil, a los diferentes cuerpos policiales, a la UME y a todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Gracias por su valentía, su profesionalidad y su entrega en una catástrofe que seguro que les va a marcar para siempre. . También quiero dar las gracias a todo el personal sanitario que ha atendido a las personas heridas, así como a todas las personas trabajadoras que han mantenido los servicios públicos en funcionamiento, en muchas ocasiones con la incertidumbre de no conocer la suerte de sus propios familiares o amigos. En estos días tan difíciles, se ha hecho viral una frase: solo el pueblo salva al pueblo. Es una frase que nos recuerda a Machado, quien en febrero del año 1937 escribió a su amigo Vigotski una carta que podríamos hoy dedicar a las personas que se han organizado en solidaridad y han acudido desde todos los puntos de nuestra geografía para limpiar el barro y ayudar a los afectados. Dice la carta: «En España, lo mejor es el pueblo. Por eso la heroica y abnegada defensa de Madrid — en este caso Valencia—, que ha asombrado al mundo, a mí me conmueve, pero no me sorprende. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos […] invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva. En España, no hay modo de ser persona bien nacida sin amar al pueblo. La demofilia es entre nosotros un deber elementalísimo de gratitud». . Por ello, doy las gracias a todas las personas voluntarias que han colaborado para hacer llegar ayuda a Valencia o a Castilla-La Mancha y a las que han acudido desde distintos puntos de nuestra geografía para ayudar a limpiar el barro. Yo misma me he calzado las botas de agua y me he desplazado desde Sevilla a Valencia, integrada en unas brigadas del Partit Comunista del País Valencià, para colaborar en estas tareas y ayudar a las personas afectadas, y he podido vivir en primera persona toda esa solidaridad, pero también la más absoluta desolación. Con esta moción, el Grupo Parlamentario VOX, lejos de expresar solidaridad y agradecimiento, lo que hace es volver a extender bulos, poniendo en duda cuáles son las competencias autonómicas. Esta moción supone la negación del Estado de las autonomías y demuestra un gran desconocimiento, fingido o no, sobre el marco competencial y normativo en materia de protección civil. El Grupo Parlamentario VOX pretende que se aplique la Ley de Seguridad Nacional en lugar de la normativa aplicable en materia de protección civil, que es la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, e ignora que el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece que la Generalitat Valenciana tiene competencia exclusiva en materia de protección civil y seguridad pública. Podemos poner en cuestión la solvencia del mando autonómico, preguntarnos por qué no se alertó a la población a tiempo para que se pusiera a salvo o cómo es posible que la Aemet alertara durante horas sobre el peligro mientras el president de la Generalitat estaba incomunicado. Lo que no se puede poner en cuestión es la competencia de la comunidad autónoma. Más allá del debate competencial y jurídico, el Grupo Parlamentario VOX pretende que se modifique la cadena de mando, y eso, romper la cadena de mando y coordinación, puede provocar una catástrofe aún mayor, porque solo puede llevar a generar más caos y desorganización, como así han dicho los especialistas y profesionales que están trabajando en las tareas de emergencia. Conozco de primera mano la situación de los profesionales que se han desplazado a Valencia porque un familiar mío es uno de los militares desplegados allí. Precisamente la semana pasada los diputados de SUMAR registramos una pregunta escrita donde le preguntábamos al Gobierno si veía la necesidad de aprobar un complemento extraordinario a la retribución de nuestros soldados desplazados a Valencia y si tenían acceso al equipo de protección individual y a los medios materiales necesarios para desarrollar sus tareas. Nuestro grupo parlamentario no necesita invocar a la patria para defenderla, porque somos pueblo, pueblo organizado. .

Engracia Rivera Arias SUMAR

Termino, presidente. Al Grupo Parlamentario VOX no le importa la repercusión que pueda tener la medida que propone, porque su único objetivo real es utilizar a las víctimas y aprovecharse de la tragedia para desgastar al Gobierno, negar el Estado de las autonomías y utilizar políticamente una tragedia. ¡Ese es el patriotismo que ustedes invocan! Nada nuevo bajo el sol desde que Machado escribiera aquella carta en 1937. .

Marta Trenzano Rubio PSOE

Muchas gracias, presidente. Señorías, hoy no es un día cualquiera. . Como valenciana les hablo con un nudo en la garganta. Las heridas de la tragedia que azotó Valencia aún laten en la memoria de quienes la vivieron. Permítanme, en primer lugar, honrar la memoria de las víctimas, hombres, mujeres y niños, vidas truncadas que jamás volverán y que dejaron un vacío imborrable en sus familias y en sus pueblos. A sus seres queridos, a quienes hoy enfrentan el peso del duelo, les envío el más profundo abrazo desde este hemiciclo. . Su dolor es también el nuestro, y desde esta tribuna les decimos que no están solos. Sin embargo, en medio de este dolor nos encontramos una vez más con la manipulación y el oportunismo político de VOX y del Partido Popular, que pretenden borrar la verdad y ensuciar el recuerdo de quienes sufrieron. Es indignante que mientras los valencianos lloraban a sus muertos y empezaban a reconstruir lo perdido, algunos elegían usar la tragedia como arma política. Pero es nuestra responsabilidad dejar las cosas claras. El Sistema Nacional de Protección Civil no deja lugar a interpretaciones: las comunidades autónomas son las responsables de la dirección, coordinación y activación de recursos en emergencias de ámbito autonómico. Y, más cerca de Valencia, la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, de la Comunitat Valenciana, reafirma que es la Generalitat quién debe liderar esa gestión. Es esa misma Generalitat la que, en manos del PP y VOX, recortó 14 millones de euros del presupuesto de emergencias y desmanteló el proyecto de la Unidad Valenciana de Emergencias, una unidad podría haber cambiado el desenlace de esta tragedia. Por cierto, ese mismo Gobierno dará 250 millones de euros a los damnificados, mientras perdona cada año 550 millones de euros a los 26 000 valencianos más ricos. ¡Qué vergüenza! . Queda claro, señorías, que es su modelo de Estado el que nunca salva al pueblo. . Mientras Carlos Mazón ignoraba las alertas de la Aemet y ridiculizaba a la Universidad de Valencia por haber suspendido las clases, mantenía su agenda política y desaparecía durante las horas críticas, hubo quiénes sí estuvieron a la altura. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, canceló su agenda y se puso al frente de la coordinación de los recursos estatales disponibles. Su liderazgo permitió que la UME, la Guardia Civil y el resto de los efectivos se movilizaran en tiempo récord. . De hecho, rescataron a seis mil personas en casi cuarenta mil actuaciones. Esta moción de VOX no es más que la punta del iceberg de una estrategia política compartida con el PP. En lugar de asumir responsabilidades, el PP se ha dedicado a lanzar una campaña de desinformación contra el Gobierno, especialmente contra la vicepresidenta Teresa Ribera. . Mención especial merece la intervención de Esteban González Pons en el Parlamento Europeo. Su discurso no solo fue falso, sino profundamente indignante. Pons culpó a Teresa Ribera de la tragedia, escondiendo deliberadamente que la gestión de la emergencia era responsabilidad de su compañero de partido. Con su actitud no solo deshonró a las víctimas, sino que también puso en riesgo la estabilidad de la Comisión Europea en una reacción sin precedentes, todo por quitar de encima el foco de la responsabilidad del PP. Es absolutamente indecente. Pero esta actitud no es nueva, es el patrón. Lo vimos con el desastre del Prestige, con el 11-M, con el Yak-42 y con el accidente del metro de Valencia. Hoy, el PP y VOX repiten la misma fórmula: primero negación; luego negligencia, y, finalmente, impunidad. . También merece ser destacada por rocambolesca la actuación del señor Feijóo que, primero, vino a Valencia a mostrar lo orgulloso que se sentía con la capacidad de gestión de Mazón y, unos días después, desde Madrid, pidió auxilio al presidente del Gobierno para que echara a Mazón del mando, cosa que él no se atreve a hacer, y tomara las riendas del asunto. No se puede caer más bajo. A diferencia de ellos, el Gobierno de España sigue firme en su compromiso. Se han activado todos los recursos necesarios para mitigar las consecuencias de la DANA. Pero no solo se trata de responder ante la emergencia, se trata de prevenir futuras tragedias. Por eso seguiremos impulsando políticas que aborden el cambio climático frente a los negacionistas, reforzando las infraestructuras y los servicios públicos frente a sus recortes y apoyando las áreas vulnerables frente a aquellos que las abandonan. Seguiremos apostando por la ciencia y respetando a sus profesionales, que, como siempre, sí que estuvieron a la altura. Señorías, las crisis no se combaten con mentiras ni con mociones cargadas de odio. Se enfrentan con responsabilidad, solidaridad y visión de futuro. A VOX y al PP les digo que su cinismo ya no engaña a nadie. España necesita más que nunca buena política, a la altura de los desafíos a los que nos enfrentamos. Pero, para ello, es necesario derrotar a los miserables, derrotar la mentira, defender la verdad y defender la honorabilidad, esa que el señor Mazón se dejó en la barra de un bar. Muchas gracias. .

Julia Parra Aparicio PP

Presidenta, señorías, el 29 de octubre de 2024 será recordado como uno de los días más trágicos y tristes de nuestra historia reciente. Hoy quiero, en primer lugar, expresar mis más sinceras condolencias a las víctimas y a las familias. Su recuerdo siempre permanecerá en nuestro corazón. Quiero agradecer la respuesta de los españoles que, una vez más, han demostrado una solidaridad imposible de describir, de voluntarios, empresas, asociaciones y, por supuesto, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como de bomberos, Policía local, protección civil y Cruz Roja y, señorías, de las comunidades autónomas, que han demostrado que, cuando un rincón de España sufre, sufre el conjunto de la nación española. . Aquí no ha fallado el Estado, aquí no ha fallado la política, no ha fallado la sociedad española, aquí ha fallado el Gobierno de Pedro Sánchez. . Falló antes del 29 de octubre por no poner en marcha las infraestructuras necesarias para proteger a la población. . Falló el 29 de octubre por no declarar la emergencia nacional cuando se sabía que había riesgo de rotura de la presa de Forata y que había muchos municipios en riesgo de inundación. Y falló después del 29 de octubre porque llegó tarde y llegó mal, y lo más grave es que intentó aprovechar una desgracia para hacer cálculo político. . Mientras Valencia se ahogaba, el Gobierno de Pedro Sánchez sometió a un abandono total al pueblo valenciano. . No lo vamos a olvidar. . Permítanme que centre la atención…

Julia Parra Aparicio PP

Permítanme que centre la atención en un tema capital. ¿Por qué el ministro Marlaska no declaró la emergencia nacional la noche del 29 de octubre? ¿Qué más tenía que pasar? La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil es clara: si un territorio nacional se encuentra en una situación de catástrofe natural, deben ponerse todos los recursos del Estado al servicio de ese territorio. . Pero el Gobierno decidió no actuar. Señorías del Partido Socialista, la emergencia nacional no se pide. La emergencia nacional es un derecho que tienen todos los territorios de España que lo necesiten. El deber de proteger a una población es indelegable y el pasado 29 de octubre el Gobierno de Pedro Sánchez no cumplió con su deber y abandonó a los valencianos. . Desde el minuto uno, nuestras Fuerzas Armadas estaban listas para desplegarse, pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, decidió que el Ejército ―cito textualmente― no puede estar a todo. Para la señora Robles, según sus propias palabras, las primeras veinticuatro horas son cruciales para gestionar una tragedia, sin embargo parece que para la señora Robles esas primeras veinticuatro horas en Valencia no fueron cruciales. Inexplicable, señorías. ¡Inexplicable! . Todavía no se han dado explicaciones de por qué el ministro Marlaska rechazó la ayuda internacional. De nuevo, inexplicable. . Y , señorías, es una falta de respeto a las víctimas y a los afectados que Sánchez tarde un mes en dar cuenta de la peor catástrofe de nuestra historia reciente. Es inaceptable. Miren, es incomprensible que el dolor ajeno, que a todos nos conmueve, no despierte en el presidente del Gobierno una mínima empatía. Termino ya, presidenta. Yo, como valenciana, le pido al Gobierno que, cuando la atención mediática y las miradas dejen de estar sobre Valencia, no haga como en La Palma, donde todavía hay familias que no han recibido las ayudas ; que, cuando Pedro Sánchez vuelva a enfrentarse a polémicas y otras prioridades tomen el centro de atención en la Moncloa, Valencia siga presente; y que no volvamos a escuchar a un presidente del Gobierno que diga: si necesitan más recursos, que los pidan. Muchas gracias. .

Carina Mejías Sánchez VOX

Muchas gracias, presidenta. En la sustanciación de la moción anterior hemos visto cómo vivimos una actualidad que nos arrolla, pues lo que hace tan solo dos semanas era prioritario, en la actualidad política ha quedado rápidamente arrasado por los tristes acontecimientos que se han vivido en la Comunidad Valenciana, en la comunidad andaluza y en Castilla-La Mancha. Unos tristes acontecimientos que nos obligan a que, cuando hablemos de infraestructuras, hablemos necesariamente de las treinta y seis infraestructuras que han quedado arrasadas como consecuencia de la riada y de la DANA que lamentablemente han vivido los vecinos valencianos estos días. Ahora esa debe ser nuestra principal prioridad en acción e inversión en infraestructuras. A ello nos hemos referido en el punto número 11 de esta moción, pero créanme, esta triste actualidad no debe hacer que dejemos de ver lo que ha sido la realidad del año que hemos vivido, el año negro de la red ferroviaria española. Estos días hemos podido comprobar la celeridad en la ejecución de las infraestructuras dañadas, acompañadas de una incesante propaganda ministerial. En algo hemos salido ganando, y es que el Twitter del ministro Puente ha dejado atrás el insulto permanente para dejar paso a una información incesante y continua sobre las obras de reconstrucción, que solo puede interpretarse como un intento de lavado de imagen, porque no podemos olvidar de dónde partimos. Como les decía, es cierto que la prioridad debe ser restablecer las comunicaciones en Valencia para que pueda llegar toda la ayuda necesaria y la conectividad a los ciudadanos valencianos, pero este Gobierno lleva ya seis años gobernando y no hemos visto para nada la misma celeridad en la ejecución de las inversiones en cercanías o en el corredor mediterráneo, que han sido largamente reivindicadas por todos los ciudadanos. Y aunque la actualidad se acelera, no podemos olvidar lo que hemos vivido este verano en el año más negro de la historia ferroviaria: las graves incidencias, los retrasos injustificables, averías constantes y descarrilamientos en la red ferroviaria española, que exigen acciones y muchas explicaciones por parte del Gobierno, y de las que nadie hasta ahora ha asumido ni una sola responsabilidad. . Sí se nos han dado muchas excusas. Se dice que se está haciendo el mayor esfuerzo inversor como nunca antes, del que no hemos encontrado justificación alguna. Nuestro grupo parlamentario ha solicitado un informe sobre las inversiones efectuadas en la red ferroviaria durante los últimos años y no hemos obtenido ninguna respuesta. Sería un bonito ejercicio de transparencia que facilitaran la información que solicitan los grupos parlamentarios. Es necesario revisar la estrategia de inversión en las infraestructuras, sí, para conocer cuáles son las principales carencias del sistema; para acometer las inversiones y las obras necesarias, y priorizar las obras de mantenimiento y de mejora de la red ferroviaria allí donde se necesitan. A ello hay que añadir, como también señala la moción, que la entrada de nuevos competidores ha provocado un mayor uso de las vías, y eso requiere, además del cobro de los cánones y de incrementar los ingresos en ADIF, más y mejor inversión en mantenimiento. En el último año, se han producido accidentes de relativa gravedad, que podían incluso haber sido peores. Solo en el año 2023 se han producido más de veinticinco descarrilamientos, que se dice pronto, siendo el más grave el que se ha producido últimamente entre las estaciones de Chamartín y Atocha, solamente impedido por la pericia de un funcionario. Son accidentes que hay que prevenir, por lo que solicitamos también una revisión del plan de refuerzo de la seguridad ferroviaria, a fin de evitar accidentes de consecuencias que debamos lamentar en un futuro. Por eso también hemos exigido un nuevo protocolo de comunicación para informar a los viajeros de las averías y de las situaciones de riesgo, a lo que creo que todos los que somos usuarios habituales del tren tenemos derecho. Mantener y mejorar las acciones de seguridad debe ser una prioridad en un servicio público de tanta trascendencia y tan demandado como el servicio público de transporte ferroviario. También hemos vivido circunstancias que han sido consecuencia de la mala planificación y de la improvisación. La falta de planificación e improvisación en las obras de reforma de algunas de las estaciones ha provocado colapsos y cuellos de botella durante meses, y la falta de respuestas alternativas ha sido unas de las más contestadas, como por ejemplo la que se produce en el servicio ferroviario del corredor mediterráneo, entre Tarragona y Sant Vicenç de Calders, una falta de comunicación y de alternativas que han puesto en riesgo la actividad diaria de muchísimos ciudadanos. Tampoco debemos olvidar que la red ferroviaria española es uno de los principales servicios de conectividad entre los diferentes territorios y, por ello, también un instrumento básico en la cohesión nacional, así como los servicios de cercanías son un servicio principal de uso diario para una gran mayoría de los españoles, y hemos visto cómo se han reivindicado reiteradamente inversiones en los servicios de cercanías sin que tuvieran respuesta. Su descuido y deterioro en el mantenimiento y la inversión son inexcusables. En cambio, este Gobierno, que ha estado dedicado durante años a otras prioridades, sobre todo este ministerio, está muy lejos de ser capaz de ofrecer un servicio de calidad. Muy al contrario, lo que ha hecho es rebajar los estándares de calidad, reduciendo los compromisos de puntualidad, precarizando puestos de trabajo, provocando conflictos en la gestión de plantillas, como con los maquinistas, respecto a los que los sindicatos reclaman una ampliación de su contratación, mejorar su formación y los tiempos de capacitación, y que en este momento exigen una respuesta por parte del ministerio. Es cierto que en este momento, como consecuencia de las riadas que han asolado localidades de la Comunidad Valenciana — en total, nueve localidades afectadas—, su reconstrucción debe ser una prioridad, pero no podemos olvidar que este último año se recordará como el año negro de la red ferroviaria española, en la que miles de ciudadanos y usuarios se han visto afectados, y que esa situación solo es imputable a una más que deficiente gestión por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, del que una vez más pedimos su reprobación. Nada más y muchas gracias. .

Jorge Pueyo Sanz SUMAR

Señora presidenta, señorías, mi primera frase es obligado que vaya para los seis de Zaragoza, que llevan seis meses en prisión. . ¿Cuánto tiempo tienen que estar estas personas en prisión sin ningún tipo de indicio? En cuanto al tema que nos atañe, compartimos la preocupación por la situación del ferrocarril. Sinceramente, es innegable. Se están acumulando muchas incidencias y retrasos, lo sufrimos todos y todas. Por un lado, son derivados de la falta de inversión durante décadas, por eso hay convoyes obsoletos en alguna de las líneas, que están pidiendo el relevo a gritos; nos traen los peores trenes a Aragón; en concreto, a Caspe, donde estuve el otro día. Y, por otro lado, hay retrasos atribuibles también a la congestión que se produce por la multiplicación de convoyes de distintas empresas ―bueno, el éxito de la liberalización del servicio―. Y no podemos perder de vista que la movilidad es un derecho fundamental. Por eso en Chunta Aragonesista defendemos que esta tiene que ser la legislatura del ferrocarril. VOX ha expuesto en su moción algunas cuestiones para justificar su discurso crítico y su exigencia de responsabilidades, pero vemos que se han olvidado de muchas comunidades autónomas. En concreto, en lo que me afecta a mí, se han olvidado de Aragón. No sé si porque su diputado de Aragón, que se presentó por Aragón, dimitió del partido. Bueno, tampoco ha defendido nunca a Aragón, era de Madrid. Me van a permitir que hable yo de Aragón entonces. En Aragón podemos hablar de líneas ferroviarias que llevan sufriendo años de abandono. Esto se traduce en retrasos, averías, una calidad del servicio lamentable, líneas como Zaragoza-Teruel o Zaragoza-Binéfar en las que los convoyes son antiguos y poco fiables, y las obras realizadas tampoco resuelven los problemas de fondo. Nos traen ―repito― los últimos trenes. Podemos hablar de una gestión deficiente del servicio público: inconsistencias en la aplicación de compra de billetes, como en la línea Quinto-Zaragoza, que imposibilita saber la demanda del mismo y también dificulta el servicio; frecuencias insuficientes, como en la línea de Caspe-Mora, que no permite que los trabajadores se trasladen con seguridad; en cuanto a horarios, trenes que van con muchas horas de retraso; malas decisiones como destinar material anticuado ―repito, nos traen el peor servicio―, y el AVE sería el ejemplo del fracaso del modelo, al menos en Aragón, como con las recientes averías que hay en el AVE HuescaMadrid, que obligan a pasajeros a utilizar trenes regionales. Ni siquiera el AVE funciona. Hay dos modelos: el modelo de siempre, que Aragón es una zona de paso, o un modelo que realmente vertebre Aragón decididamente, con un cercanías, con obligaciones de servicio público y también con un modelo de regionales y medias distancias. Vas al ministerio a pedir trenes y te dicen: vaya, lo siento, es que esta línea que usted me pide no cumple con el índice de masa crítica para hacerse. O sea, que como no hay gente no hay trenes y, como no hay trenes, señorías, no hay gente. Es la pescadilla que se muerde la cola. Pero nosotros lo vamos a exigir igual en los presupuestos. Esos problemas de servicio también redundan en la desigualdad territorial y en la discriminación de quienes vivimos en el mundo rural. Municipios como Quinto, Azaila o La Zaida sufren un abandono que condena a su población al aislamiento y a depender del transporte privado. La movilidad pública debería ser un puente hacia otras oportunidades y no un muro que limite el desarrollo. Es una condena de muerte a quien no puede coger el coche: personas con discapacidad, con movilidad reducida, personas mayores o simplemente personas que no tengan el carné de conducir. Ahora vienen y nos dicen al mundo rural aragonés y a todo el mundo rural del Estado que no usemos el coche, que contamina, y eso genera mucho rechazo allí, porque no se entiende. Claro que no queremos utilizar el coche, claro que queremos descarbonizar, pero es que no hay ningún tipo de servicio, no hay trenes, no hay una alternativa, no hay buses, ¡no hay nada! La movilidad es un derecho y es un servicio público esencial; es el derecho del que dependen muchos otros. Si en un pueblo no tienes coche, no tienes el derecho de ir a la escuela; si no tienes coche, no puedes tener ocio; si no tienes coche, no puedes ir al hospital. No podemos tratarlo como un servicio secundario que pueda venir aquí con recortes y que pueda tener unas políticas al final mal gestionadas. Invertir en movilidad pública es invertir en igualdad, sostenibilidad y progreso. . En este sentido, es preciso recordar otra vez ―y recordamos otra vez, otra vez― que las obligaciones de servicio público en Aragón son insuficientes. Por eso, exigimos al Estado una revisión de esas obligaciones de servicio público, mejorar las frecuencias en las líneas como Zaragoza-Teruel, Zaragoza-Binéfar hasta Lleida ―como reivindican― y la Caspe-Mora para garantizar la fiabilidad, así como reformar las infraestructuras y la seguridad. Señorías de VOX, pedir en su moción la reprobación del ministro justo en este momento en el que, bueno, se ha convertido en un moderado de Twitter, es cuestionable, pero es más cuestionable sobre todo cuando es a ustedes a quienes les tiembla el pulso para pedir la reprobación de Mazón. Concluyo ya. No podemos seguir tolerando este nivel de abandono ni en el mundo rural ni en el resto del Estado. Aprovecho esta intervención para exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible su compromiso con el ferrocarril y que esto se vea también reflejado en los presupuestos generales del Estado, con un esfuerzo para modernizar las infraestructuras y garantizar el servicio público digno en Aragón y en todo el Estado. No vamos a apoyar la moción, como estaba claro, porque esta moción no persigue la mejora del servicio ferroviario. Se les ve el plumero, señorías de VOX, solo persiguen el titular y la caza de un ministro y obviamente, señorías de VOX, no vamos a participar en sus cacerías. Muchas gracias. .

Álvaro Morales Álvarez PSOE

Muchas gracias, presidenta. Buenas noches. Señorías de VOX, traen una moción tan inapropiada como inoportuna. Vamos a desmontar uno a uno los puntos de su propuesta. Piden ustedes evaluar la Estrategia indicativa ferroviaria 2021-2026 y dotarla de recursos financieros necesarios para realizar inversiones. Resulta, señorías, que estamos en un momento histórico si hablamos de inversiones en la red ferroviaria. En tan solo estos dos últimos años se han invertido 3400 millones de euros en mantenimiento de la red convencional. Se han comprado 412 nuevos trenes para la red convencional y cercanías por importe de 5500 millones de euros. Desde 2019, se han incrementado en 753 los kilómetros de la red de alta velocidad española, siendo España el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad. Desde 2018 y tras años de mínima inversión por parte de los gobiernos de Mariano Rajoy, los socialistas hemos aumentado las inversiones ferroviarias un 72 %, triplicando la inversión en cercanías y red convencional. En el punto cuarto de su moción piden actualizar el plan de acción de seguridad ferroviaria. Si quieren, señorías, les paso la actualización del plan para 2024, por si no lo han encontrado en la web del Ministerio de Transportes. También hablan en su moción de una comunicación a los viajeros inmediata y efectiva de incidencias y retrasos. Aparte de los medios convencionales que existen en trenes y estaciones, también existe un canal oficial de WhatsApp de Renfe que avisa en tiempo real de todas las incidencias. Y si no usan cercanías, también existe una aplicación similar en ADIF de media y larga distancia y alta velocidad. Piden reforzar y ampliar los servicios ferroviarios y me pregunto: ¿qué mejor forma de cohesionar nuestro país que llegar con la alta velocidad a veintinueve capitales de provincia, conectando el 68 % de la población, con un horizonte 2030 de unir treinta y seis capitales de provincia? En cuanto a los retrasos, ustedes quieren que se vuelva a los compromisos de puntualidad anteriores, pero, sinceramente, como usuario no quiero que me abonen el importe, lo que quiero es llegar a tiempo al trabajo o a casa, y esto realmente se está consiguiendo: los trenes de larga distancia en nuestro país tienen una puntualidad del 91 %, la mejor de los países equiparables según la Comisión Europea. . Un ejemplo de lo inoportuna que es la moción es que ustedes piden más contratación de personal tan solo diez días después de que 20 000 candidatos hayan acudido a la mayor oferta de empleo de la historia de ADIF, que incorporará a más de 6000 profesionales. El colmo de la inoportunidad es que vuelven con la matraca de la reprobación del ministro Puente por su gestión justo cuando llevamos dos semanas viendo algo insólito en todos los medios de comunicación: incluso la ciudadanía se ha puesto de acuerdo en alabar la gestión del ministro por la reconstrucción de las infraestructuras destruidas por la DANA. Llegan tarde otra vez al solicitar la recuperación de la Red de Carreteras del Estado afectadas por la DANA. Gracias a los trabajadores del ministerio y a las empresas del sector, se ha restablecido el tráfico en tiempo récord, por ejemplo, en la A-7, en la A-3 e incluso en la línea de alta velocidad MadridValencia y en la red de cercanías de Valencia. Señorías, el compromiso del Gobierno con las infraestructuras del Estado es máximo, liberando todas las autopistas de peaje, como la AP-1 a su paso por Briviesca, y haciendo llegar el AVE a todos los territorios, como a Burgos y, próximamente, a Miranda de Ebro. Señorías de VOX, lecciones de gestión las justas, que ya sabemos lo que son capaces de hacer en las comunidades donde gobernaron. Por ejemplo en Valencia, donde lo primero que hicieron fue quitar la Unidad de Emergencias. Diputados valencianos de todos los grupos, ¿damos las gracias a VOX o a la cobardía del PP por tragar con la eliminación de la Unidad de Emergencias? . No den lecciones de gestión, señorías de VOX, que sabemos lo que son capaces de hacer en los ayuntamientos, como lo que están intentando en el Ayuntamiento de Burgos: eliminar las ayudas a las ONG. Solo gracias al PSOE, a las asociaciones y a los burgaleses, saliendo a la calle, se conseguirá que el PP no ceda a las exigencias xenófobas de la ultraderecha. Señorías de VOX, espero que no vuelvan a gobernar en ningún sitio. Ahí estará para impedirlo el Partido Socialista, y para gestionar en beneficio de todos. Muchas gracias. .

Héctor Palencia Rubio PP

Gracias, señora presidenta. Señorías, antes de nada, me gustaría transmitir desde el Grupo Popular, nuestra cercanía, nuestro afecto, nuestra solidaridad con todos los afectados por la riada. Bajo sus grandes titulares, señores del Partido Socialista y del Gobierno, se destapa su incapacidad para atender todas las necesidades de los afectados por la riada. Por eso, quiero aprovechar mi primera parte de la intervención para demandar tres cuestiones en materia de transportes. Y quiero seguir las palabras que le perseguirán de por vida a Pedro Sánchez: «Si necesitan más recursos, que los pidan». . Pues sí, los pedimos. Primero, han dejado fuera de las ayudas a miles de damnificados que, encontrándose en las zonas de la riada, no eran de allí. El caso del transporte es un buen ejemplo: se estima que el 50 % de los camiones y de las empresas de transporte afectados eran de otras partes de España. Algo parecido ocurre con los taxistas, con los feriantes… Por eso, les pedimos que corrijan de inmediato su error. Segundo, cientos de afectados se están viendo perjudicados, porque los operadores de alta velocidad no están considerando causa de fuerza mayor el temporal, y, por tanto, no devuelven el importe de los billetes por la suspensión de exámenes o eventos derivados de las consecuencias posteriores de la riada. Protejan a los afectados de inmediato, señores del Gobierno. Tercero, que ninguna infraestructura pública dañada directa o indirectamente por la tragedia quede sin reconstruir, sea de competencia local, de competencia provincial, estatal o autonómica; garanticen su financiación. Señores del PSOE y del Gobierno, este no es su momento, como tenía escrito Ana Redondo en sus papeles, para nosotros es el momento de los afectados y sus necesidades. . Por cierto, señor portavoz del Grupo Socialista, no se puede eliminar aquello que no está creado, con lo cual, no somos cobardes. Espero que el ministro no sea como el presidente del Gobierno, que huyó de Paiporta, que huye de este Parlamento, que huye de sus responsabilidades como presidente. O como la ministra a la fuga, la señora Ribera, porque, como dijo el presidente Feijóo, los errores humanos se pueden perdonar, pero la indolencia nunca; y ustedes, señores del Gobierno, han actuado de mala fe desde el primer momento. . Señores diputados, volvemos a hablar hoy del caos ferroviario en España, y confirmo que no será la última vez, por mucho que el ministro se lamentara la pasada semana afirmando que este tema cansa. Aquí lo único que nos cansa es Óscar Puente, su falta de humildad, su falta de capacidad de gestión y su falta de liderazgo. . Por cierto, quiero aprovechar para desmontar un bulo más del ministro Puente, que acostumbra a inventarse bulos de los demás, pero los suyos no los ve. No ha comparecido siempre que se le ha pedido, no ha contestado a lo que se le ha preguntado, y no hace caso a la mayoría de este Congreso. La semana pasada anunció que habrá menos incidencias en 2024 frente a 2023 como argumento para defender que no existe caos ferroviario en España. Como buen trilero, lo que ocultó a los españoles es que ha cambiado las reglas de juego a mitad del partido, porque hasta 2023 era un retraso lo que ahora considera el señor Puente en 2024. El señor Puente ha manipulado las estadísticas. . También afirmó que mantener en Renfe los criterios de indemnizaciones por impuntualidad sería un suicidio económico, pero ¿en qué quedamos? Si es cierto que habrá menos incidencias en 2024, ¿por qué dice usted que será un suicidio mantener los criterios de puntualidad de Renfe? Señor Puente, nos está robando tiempo y dinero a todos los españoles. . Se cumple un año de este Gobierno y seis años de Sánchez como presidente, el más débil de la democracia en España. Un año dedicado a tapar su derrota electoral; un año marcado por la corrupción en su entorno más cercano: su mujer, su hermano, su brazo derecho; un año incapaz de construir mayorías, como demuestra el bochornoso episodio de ayer, secuestrando a la Comisión de Hacienda hasta la madrugada. También se cumple un año del señor Puente al frente del Ministerio de Transportes: un año de caos ferroviario, un año rebelándose contra las decisiones de este Congreso, un año de polémica en polémica. Y la pregunta clave, señor Puente: ¿por qué mantuvo en cargos de dirección a parte del equipo del ausente Ábalos, pese a que algunos de ellos terminaron imputados? Concluyo, señora presidenta. Se cumple un mes del accidente de Atocha, un mes sin comparecer y sin responder a las siguientes preguntas: ¿por qué se usó el tramo que más pendiente tiene de la red de alta velocidad en España? ¿Por qué se hizo a la hora de tráfico de pasajeros? ¿Por qué sigue hoy el tren en el túnel si se iba a retirar inmediatamente? Ya les contesto yo: el ministro no tiene tiempo para trabajar, pero sí para lavar su imagen, para dedicarse a ir de plató en plató de televisión, de programa en programa de radio; y el tiempo que le sobra, a bloquear a todos los que no pensamos como él en redes sociales. . Para terminar, señor Puente, nos transmite usted la misma seguridad a los españoles con el caos ferroviario que Homer Simpson a los mandos de la central de Springfield. Muchas gracias. .