Pleno del Congreso n.º 86 · XV legislatura

Raúl Cuevas Larrosa PP

Sí, juro.

Gala Pin Ferrando SUMAR

Gràcies, presidenta, señorías. Bé, gràcies, presidenta. Senyories. Jo els confesso que hui estic bastant nerviosa pel tema que és, així que també li demane a les companyes vivendistes activistes amb les que hem compartit molts anys de lluita que em perdonin las torpezas. Les confieso que hoy estoy bastante nerviosa por el tema que se trata. Así que también pediré a las compañeras activistas, con quienes llevo años de lucha, que me perdonen las torpezas. Los hogares con ingresos por alquiler en España son solo un 6 % y tienen una renta media de 46 700 euros al año frente a los 22 000 euros al año de la de los inquilinos. Los grandes propietarios privados de vivienda en alquiler acumulan más de 100 000 viviendas. Blackstone, que es el gran casero de España, acumula más de 44 000 viviendas. Pero es que, además, cuando miramos los nombres de las empresas que constan como grandes caseros, coinciden con los carteles que hemos visto en nuestros barrios y en las redes sociales alertando de desahucios: Blackstone, CaixaBank, Cerberus o Lazora. Cuando hablamos de derechos, tenemos que hablar también de privilegios, de cómo hacer que unos pocos dejen de tener privilegios a costa de los derechos de muchos. . Pero es que en el caso de la vivienda quiere decir hablar también de valentía y de voluntad política, y esto es lo que tiene esta proposición de ley que traemos hoy aquí junto con los compañeros de Esquerra Republicana, Bildu, Podemos y BNG: tiene la valentía, la tenacidad y la voluntad política de los movimientos sociales de este país. Esta proposición está redactada por las asambleas de los sindicatos de inquilinas de todo el Estado. Y es que en España el derecho a la vivienda ha avanzado cuando se han escuchado las propuestas de la sociedad civil, que siempre ha primado el interés general por encima del interés particular. Aquellos que trabajan codo con codo con las personas afectadas y desde el conocimiento en carnes de las implicaciones que tiene un mercado intervenido a favor del rentismo y de la especulación han hecho propuestas para que en la Administración podamos estar a la altura. Creo que muchas esperan hoy que algunos de los partidos proponentes les echemos en cara a los partidos del bipartidismo las políticas habitacionales de las últimas décadas — que no han existido o han existido en beneficio de esta intervención del mercado a favor de la especulación—, pero creo sinceramente que la ciudadanía está harta y está desesperada y que siente mucha impotencia y que el Estado la ha abandonado. Por tanto, lo que tenemos que hacer aquí es compartir las complejidades, ser honestos y trabajar para encontrar soluciones. . Básicamente, porque considero que a algunas de las que hemos estado muy implicadas en la lucha por el derecho de vivienda durante muchos años se nos queda corto cómo nombrar la situación actual. No encontramos las palabras porque la vivienda es un eje transversal en nuestras vidas: es nuestro refugio; es donde nos proyectamos; es el lugar básico de los cuidados, de las familias heteronormativas y de las familias diversas. No podemos decir que nos preocupa la salud mental o la lucha contra la violencia machista si no nos preocupamos por la vivienda porque yo tengo que poder irme de mi casa antes de huir de mi maltratador. No podemos decir que apostamos por la clase trabajadora, por una vejez digna y por la juventud sin hacer políticas valientes en el ámbito de la vivienda. Como decía, en este país el mercado está intervenido desde hace décadas, pero a favor de la especulación y del rentismo. Las personas físicas que cobran rentas tienen grandes privilegios fiscales, ya que las bonificaciones fiscales en el IRPF aumentan cuando la vivienda ha sido rehabilitada o cuando se alquila por primera vez, y llegan hasta el 90 %. Aparte está el tema del IVA y el de las socimis, que están en manos de fondos de inversión, que no pagan el impuesto de sociedades y tributan un insultante 1 %. Además, las empresas dedicadas al alquiler con ocho o más inmuebles también tienen grandes beneficios en el IVA y en el impuesto de sociedades, y en varias comunidades, como Madrid y Andalucía, quienes se dedican a comprar pisos para la reventa también pagan menos. Es decir, que gracias a esta intervención en el mercado, de regalarles y perdonarles impuestos, cualquier fondo buitre o especulador paga menos por una vivienda que quien la necesita, y esto se tiene que acabar. La cuestión es que esto atraviesa nuestras vidas y configura nuestras ciudades. Yo iba a buscar en los medios de comunicación testimonios de personas que tienen dificultades para pagar la vivienda o que han sido desahuciadas, pero luego he pensado que es mejor hablar desde mi propia experiencia. Recuerdo perfectamente a mi vecino Juan, de casi 70 años, que ingresaba una pensión mínima y que estuvo dos meses viviendo y durmiendo en el suelo, en plena ola de frío en Barcelona, porque el ayuntamiento se había llevado sus muebles a la espera de encontrarle una vivienda donde realojarse, que no encontró hasta muchos meses después de su desahucio. Además, Juan se había gastado 200 euros — que para él eran una fortuna— en pintar la vivienda para asegurarse de que le devolvían la fianza. Pienso también en Blanca, una vecina de casi 80 años del Barrio Gótico de Barcelona, que durante más de cincuenta años había estado viviendo en un piso del que fue desahuciada porque la propiedad encontró un resquicio legal por el cual, por el impago de 80 euros por parte de Blanca, consiguió desahuciarla. También me acuerdo de Rita embarazada y Siphlu sufriendo acoso inmobiliario en su casa mientras una empresa carroñera les cortaba la luz, hacía obras en la escalera y los amenazaba. Igualmente pienso en jóvenes creadores como Vignesh Melwani, que ha tenido que estar durante meses acogido en casas de amigos porque no encontraba una habitación en Barcelona. ¿Qué implica saber que no podrás pagar una vivienda? Creo que esto es lo que nos tiene que interpelar si queremos que la política tenga que ver con la vida. Implica ansiedad, implica depresión e irritabilidad. De hecho, en la ciudad de Barcelona el número de divorcios está bajando, y no es porque haya un repunte de amor romántico, sino porque hay dificultad de encontrar una vivienda. Implica también tener trabajos precarios y saber que no vas a ver a tus hijos durante muchas horas porque tienes que aceptar esos trabajos precarios. Muchas veces implica dejar de comer ―porque dejas de comer antes de dejar de pagar la vivienda―, insomnio, rabia, impotencia y la certeza de que el Estado te ha abandonado. Pero supone también que hay empresas carroñeras, como Desokupa, que se alimentan de los miedos de la gente y de los bulos de la okupación. Así que, en realidad, garantizar el derecho a la vivienda es una forma también de luchar contra estas empresas filonazis y carroñeras. . Como decía, para garantizar derechos, hay que confrontar privilegios, y para eso nos podemos mirar en el espejo de activistas de la PAH, de los sindicatos de inquilinas o de Raval Rebel; de los miles de colectivos en todo el territorio español que han puesto sus cuerpos y que han recibido multas. Desde aquí hay que hacerlo sin miedo a los grandes poderes mediáticos, que podrán hacer campañas contra nosotros, sin miedo a recibir querellas y con la convicción de que aquí se juega la legitimidad de las instituciones democráticas. Lo que hoy presentamos aquí es importante, pero creo que también es importante que seamos claros y que expliquemos a la ciudadanía que hoy se aprueba la aceptación a trámite de esta proposición de ley. Se aprueba que el Congreso pueda debatir en torno a esta propuesta, que discuta acerca de la regulación del alquiler de temporada y del alquiler de habitaciones. Es importante porque camina en la dirección de dar respuesta a la emergencia habitacional sin ser una solución mágica. La mitad de los inquilinos queda en situación de pobreza severa relativa tras el pago de la vivienda. Seguro que muchas de ustedes lo han visto también, pero yo he visto a gente dejar de ir a una entrevista de trabajo porque no podía pagar el bono de transporte que le suponía ir y volver sin la certeza de que le iban a dar ese trabajo; a gente caminando durante horas hasta su puesto de trabajo porque después de pagar el alquiler se había quedado sin dinero para pagar el transporte, o a niños sin extraescolares. Se trata de situaciones que en realidad son límite y que no ayudan a dignificar la vida. Además, dos tercios de los inquilinos están destinando más ingresos de los recomendados: en el caso de Madrid hablamos de que dos tercios de los inquilinos dedican el 68,7 % de sus ingresos al pago del alquiler; y en el de Barcelona, el 61,4 %. De hecho, uno de cada tres hogares destina más del 50 %. . Bueno, si no les gustan los datos, no pasa nada, los pueden comprobar en las webs oficiales. No solo hablamos de Madrid o Barcelona; en algunos barrios de la ciudad de A Coruña, el alquiler ha subido un 20 % en los últimos años. Además, no se trata de una cuestión de oferta, ya que Mallorca, habiendo perdido población, también ha sufrido un incremento del precio de la vivienda. Decía que es importante porque es un trabajo impulsado por la sociedad civil que hemos recogido redactando proposiciones de ley, pero también lo impulsa a través de manifestaciones, diferentes acciones o una huelga de alquileres que en Cataluña ha empezado a caminar. En Barcelona, los vecinos de la Casa Orsola llevan meses organizándose contra las medidas abusivas de Lioness Inversiones. Las vecinas ponen su inteligencia colectiva, el cuerpo y la vida para garantizar un derecho que debería ser un pilar de la democracia. Pero ¿qué pide esta proposición de ley? Medidas para revertir las brechas que tiene la ley de vivienda. En este sentido, nos alegramos de que el Partido Socialista haya cambiado de opinión. Podríamos haber regulado los alquileres de temporada hace cinco años, pero es perfecto que podamos empezar a hacerlo ahora, aunque vamos un poco tarde. Se trata de regular los alquileres de temporada, que en Cataluña han aumentado un 38 %; porque, mientras que la LAU obliga al arrendador a realizar contratos de cinco o siete años, durante los cuales el precio del alquiler no puede aumentar más allá de la inflación, con el uso fraudulento de los contratos de temporada y habitaciones, se posibilita la expulsión del inquilino y la subida del precio del alquiler, año a año o, en el caso de las zonas tensionadas, lo que se posibilita es que estas viviendas salgan de la regulación para estar captivas por el mercado de alquiler. Es decir, se trata de recuperar la certidumbre en la vivienda, porque ahora mismo la desprotección es la norma para el que alquila un piso en España. En SUMAR instaremos al Grupo Socialista y al Grupo Popular a acelerar la tramitación de esta norma. Y es que la calle nos está diciendo ‘o vivienda o Gobierno’, pero también nos está diciendo ‘o vivienda o legitimidad y credibilidad en las instituciones democráticas’ y creo que eso, menos a los señores de VOX, nos interpela a todos, también al Partido Popular. Y hay que hacerlo sin acompasar nada, sin escuchar a los lobbies, que llevan décadas dictando cuáles tienen que ser las políticas de vivienda. Hay que hacerlo escuchando a los inquilinos y a las inquilinas. Sin embargo, no nos podemos quedar ahí. Es necesario limitar la compra especulativa, que si compras una casa por ley hayas de vivir en ella, hacer que el alquiler sea indefinido, ampliar la moratoria de desahucios, es necesario que la fiscalidad castigue a quienes especulan con nuestras vidas y hay que aplicar las leyes que ya tenemos. Aquí, también, hago una interpelación al Partido Popular para que declare las zonas tensionadas en aquellas comunidades autónomas donde gobierna: Madrid, Andalucía, Canarias, país valencià… . Y, para acabar, quería agradecer a los grupos que votarán a favor de esta admisión a trámite y alegrarme de haber presentado esto conjuntamente con los diferentes grupos de izquierdas, que creo que también es una señal. Quiero agradecer, de nuevo, el esfuerzo, la inteligencia, la persistencia y el poner el cuerpo de los sindicatos de inquilinas y también de gente como la Vane, como Vanesa Valiño que, durante décadas, desde una radiante invisibilidad, ha trabajado al servicio de movimientos sociales e instituciones para iluminarnos en el camino por el derecho a la vivienda. Gracias. .

Pilar Vallugera Balañà ERC

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputades, bona tarda, diputats. És la segona vegada que portem aquesta proposició de llei a aquest Congrés. I ho vam dir just el dia que es va tombar, la primera vegada, que no pararíem fins que això es pogués debatre i això pogués convertir-se en una mesura real. I hem modificacions, perquè també vam dir, des d’aquest faristol, que ho consideràvem tan important que estàvem disposats a fer totes aquelles modificacions que d’alguna manera nosaltres també vèiem necessàries, però que podien conduir a l’aprovació d’aquesta llei. I, per tant, avui em permetran intentar fer els menys retrets possibles, perquè quan som capaços de tirar endavant una mesura que creiem que és bona per la resta de ciutadans i ciutadanes, o per tots, per tots nosaltres, el que escau és donar les gràcies als grups que saben, saps no comparteixen necessàriament la visió amb tu, però que d’alguna manera també venen a cedir per tal de poder tirar endavant. Hi ha missatge primer que m’interessa fer arribar, si és que algú ens està escoltant, si és que algú ens està veient: Això és una presa en consideració. Implica que tot el que diem des d’aquest faristol no serà veritat demà. I ho dic perquè, molt sovint, he pujat a aquest faristol i he assegurat que la vida de la gent que comparteixen amb mi el carrer, que comparteix amb mi país, que comparteix amb mi l’edifici on visc, milloraria. I això avui no ho puc dir. El gran drama que estem tenint les esquerres en aquest país és que prometem, que legislem, però la gent no veu modificada la seva vida en la quotidianitat. Que els diem que baixaran els impostos, que farem molts habitatges i que farem una llei d’habitatge que els permetrà viure dignament sense que tot el seu sou vagi a l’habitatge, i ells no ho noten. Que els diem que estem posant les condicions a la sanitat i l’educació perquè estiguin ben atesos, perquè els seus fills i tinguin una bona escola, perquè tothom sigui ciutadà d’aquest Estat i, especialment, del meu país, Catalunya, i no ho noten. I, fins que l’esquerra no sigui capaç que tot allò que es promet des d’aquest faristol es converteixi en condicions de vida que noti la gent en el seu dia a dia, no serveix de res votar-nos. I aquest és el drama i aquesta és la reflexió quan hem de ser conscients que tenim un hemicicle que, en polítiques econòmiques, és de dretes. I, per tant, demano que entenguin lo difícil que és poder arribar aquí a cap formulació legislativa que sigui veritablement transformadora en clau social d’esquerres. Què fem avui? Tapar els forats de la llei de l’habitatge. Aquesta llei, que se suposa que ha portat al fet que caigui el parc d’habitatges en lloguer, per exemple, a Madrid, però, sorpresa!, si és que a Madrid no s’aplica! Com és possible…? Com és possible, pregunto, que estigui baixant el parc de lloguer de tot l’Estat a causa d’una llei de l’habitatge que no s’aplica en tot l’Estat? I els diré: Perquè les dretes ens guanyen el relat, perquè ens estan dient que no s’aplica per por d’una eventual aplicació de la llei. Senyors, si hi ha una única comunitat autònoma que ho aplica: aquella comunitat que, si fos per casualitat república independent, ja hauria legislat des de fa molt temps sobre l’habitatge, sobre l’educació, sobre la sanitat i sobre allò sobre que només té competències per a gestionar, però no per a decidir. Per això, volem ser una república catalana. Aprofito per a fer l’espóiler de la meva ideologia. Per això necessitem ser una república catalana, per la qualitat de vida de la nostra gent. Dit això, i, per tant, curant-me ja en salut que demà no canviarà la vida de ningú, els voldria fer un parell de referències. La primera: diuen que a Catalunya, a més de baixar els preus dels habitatges en lloguer — que això vol dir que la llei funciona—, s’ha reduït el parc. S’ha reduït el parc per als contractes de lloguer, en xifres de finals del 2022 i xifres de 2023, havien pujat. Per tant, de nou la informació torna a estar esbiaixada i interessada. El que diuen és que hi ha menys habitatges que surten a lloguer, però és que precisament la llei de l’habitatge era per a garantir que els que ja el tenien en habitatge, poguessin seguir aquí. I això és el que ha aconseguit la llei de lloguer. I ningú se n’està fent ressò. Allà, perquè no hi ha valentia suficient i es va deixar el forat dels lloguers de temporada, per on s’han escolat, efectivament, alguns lloguers; i aquí, perquè interessa que el lloguer o l’habitatge sigui un bé de mercat, en lloc d’un dret subjectiu dels habitants d’aquest Estat. En aquestes circumstàncies, la tensió l’hem explicat quaranta mil vegades. És la tensió entre si l’habitatge és un bé de mercat o l’habitatge és un dret subjectiu, en el qual les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital; és previ a predicar-ne altres drets, és previ a predicar el dret a l’honor, el dret a la intimitat, el dret a la pròpia imatge, el dret a la sanitat, el dret a l’escola. És previ a tot això, perquè determina aquests drets a través que tinguis un habitatge on anar a dormir cada dia. Deia la companya que aquest dret s’ha guanyat a base de que moltes persones hi hagin posat el cos; és cert. Cal fer esment a la manifestació del 23 de novembre que va tenir lloc a Barcelona. I cal fer esment també a la ruptura de la legitimitat que representa que no siguem capaços d’escoltar el que ens estan dient, perquè si com a polítics no subvenim les necessitats mínimes dels nostres conciutadans, algú que em digui per a què servim!, algú que m’expliqui quins interessos estem defensant aquí? Els d’aquesta bancada, ja els sé. Però la meva pregunta ha d’anar per aquesta altra bancada d’aquí. Vostès es van comprometre a fer un índex que seria específic per al lloguer abans d’acabar el 31 de desembre de 2024. Queden amb prou feines tretze dies i aquest índex no l’hem vist. Els vam demanar que fixessin un índex que no permetés mai que l’actualització dels lloguers superés el 2 %. No ens han fet el més remot cas! Els vam demanar que agafessin com a pròpia la necessitat de lloguer social en casos de desnonament i grans tenidors. No ens han fet ni cas! Els vam demanar que hi hagués lloguers de temporada dins de la llei de l’habitatge, no ens han fet ni cas! Però és que amb això s’estan convertint en irrellevants! Si el seu Govern no dona sortida a les necessitats més bàsiques, per què serveix un Govern d’esquerres? I aquesta és la gran pregunta que hem de respondre. Estem en temps convulsos. Nosaltres sabem bé a qui ens devem, allò que en deien la classe mitjana que ha deixat d’existir perquè tots plegats som una classe simplement treballadora, la majoria de nosaltres, és la que es veu afectada per aquest tipus de legislacions. Estem en temps convulsos. Al carrer van sortir 150 000 persones en contra de com estaven articulats els lloguers. Estem en temps convulsos i ho estan veient la resta dels partits…, de països, perdó; ho estan veient França, ho estan veient Àustria, estan veient tots els països del nostre entorn com estan funcionant, i això és així perquè, gràcies a la ultradreta, però també gràcies a l’afany depredador de bancs i indústries transnacionals i empreses transnacionals, no queda res que sigui el bé comú. És l’últim Ple abans de les vacances de Nadal. Se’ns ompliran totes les teles amb aquests magnífics missatges de pau, amistat, amor i família, però saben quantes famílies — quantes famílies!— les passaran patins perquè no tenen habitatge? A aquestes no els faran cap anunci, i és a aquestes a les quals em dirigeixo quan dic: Nosaltres ho intentarem, nosaltres remarem, nosaltres estarem al costat de les associacions per a intentar garantir aquests drets. Però aquest hemicicle és de dretes! Aquest hemicicle prefereix — prefereix!— vigilar els interessos dels dividends a finals d’any. Ens heu d’ajudar, perquè estem al vostre servei, a tots els ciutadans els ho dic, però recordin això quan hi hagin en les pròximes eleccions, recordin-ho, perquè venen temps molt més difícils dels que estem ara. Gràcies. Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. Es la segunda vez que traemos esta proposición de ley a este Congreso. Justamente el día en que fracasó, que se tumbó por primera vez, dijimos que no pararíamos hasta que esto se pudiera debatir y pudiera convertirse en una medida real. Hemos hecho modificaciones, porque también dijimos desde este atril que lo considerábamos tan importante que estábamos dispuestos a hacer todas aquellas modificaciones que de alguna manera nosotros también veíamos necesarias, pero que pudieran conducir a la aprobación de esta ley. Por tanto, me permitirán intentar hacer las menos acusaciones posibles porque, cuando somos capaces de llevar hacia adelante una medida que creemos que es buena para el resto de los ciudadanos y ciudadanas, para todos y todas nosotras, sería de rigor dar las gracias a los grupos que sabes que no necesariamente comparten visiones contigo, pero que de algún modo también ceden para ir hacia adelante. Hay un primer mensaje que me interesa hacer llegar, si es que alguien nos está escuchando o nos está viendo, y es que es una toma en consideración, que implica que todo lo que digamos desde este atril no será verdad mañana. Lo digo porque, muy a menudo, he subido a este atril y he asegurado que las personas que comparten conmigo la calle, el país o el edificio en el que vivo mejorarían sus vidas. Y esto hoy no lo puedo decir. El gran drama que estamos teniendo las izquierdas en este país es que prometemos y legislamos, pero la gente no ve modificada su vida en la cotidianidad. Les decimos que bajarán los impuestos, que haremos muchas viviendas y que haremos una ley de vivienda, que les permitirá vivir dignamente sin que todo su sueldo vaya a la vivienda, y ellos no lo perciben, no lo notan. Les decimos que estamos poniendo las condiciones en sanidad y en educación para que estén bien atendidos, para que sus hijos y sus hijas tengan buenas escuelas, para que todo el mundo sea ciudadanía de este Estado y, especialmente, de mi país, Cataluña, y no lo notan. Y, hasta que la izquierda no sea capaz de que todo aquello que se promete desde este atril se convierta en condiciones de vida, que lo note la gente en su día a día, no sirve de nada votarnos. Este es el drama y esta es la reflexión cuando tenemos que ser conscientes de que tenemos un hemiciclo que, en políticas económicas, es de derechas y, por lo tanto, pido que entiendan lo muy difícil que es poder llegar aquí a ninguna formulación legislativa que sea verdaderamente transformadora en clave social de izquierdas. ¿Qué hacemos hoy? Tapar los agujeros de la ley de la vivienda. Esta ley se supone que ha llevado a que caiga el parque de viviendas en alquiler, por ejemplo, en Madrid, pero ¡sorpresa!, ¡si es que en Madrid no se aplica! ¿Cómo es posible que esté bajando el parque de alquiler de todo el Estado a causa de una ley de la vivienda que no se aplica en todo el Estado? Porque las derechas nos ganan el relato, porque nos están diciendo que no se aplica por miedo de una eventual aplicación de la ley. Señores, sí hay una única comunidad autónoma que lo aplica: aquella comunidad que, si fuera por casualidad república independiente, ya habría legislado desde hace mucho tiempo sobre la vivienda, sobre la educación, sobre la sanidad y sobre aquello sobre lo que solo tiene competencias para gestionar, pero no para decidir. Por esto queremos ser una república catalana. Y aprovecho para hacer el espóiler de mi ideología. Por eso necesitamos ser una república catalana, por la calidad de vida de nuestra gente. Dicho esto, y, por lo tanto, curándome en salud en cuanto a que mañana no cambiará la vida de nadie, les quisiera hacer un par de referencias. La primera: dicen que en Cataluña, además de bajar los precios de las viviendas en alquiler — esto significa que la ley funciona—, se ha reducido el parque de viviendas en alquiler, pero los contratos de alquiler, en cifras de finales del 2022 y cifras de 2023, habían subido. Por lo tanto, la información vuelve a estar sesgada e interesada. Lo que dicen es que hay menos viviendas que salen en alquiler, pero es que precisamente la ley de la vivienda era para garantizar que, aquellos que ya tenían la vivienda en alquiler, pudieran seguir ahí. Y esto es lo que ha conseguido la ley de alquiler. Y nadie está haciéndose eco ahí (señala los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), porque no hay valentía suficiente y se dejó el agujero de los alquileres de temporada, por donde se han colado, efectivamente, algunos alquileres; y aquí (señala los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), porque interesa que el alquiler o la vivienda sea un bien de mercado, en vez de un derecho subjetivo de los habitantes de este Estado. En estas circunstancias, ya hemos explicado mil veces que es la tensión, es decir, si la vivienda es un bien de mercado o la vivienda es un derecho subjetivo, en el cual las personas puedan desarrollar su proyecto vital; es previo a predicar otros derechos, es previo a predicar el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen, el derecho a la sanidad, el derecho a la escuela. Es previo a todo esto, porque determina estos derechos, a través de que tengas una vivienda donde ir a dormir cada día. Decía la compañera que este derecho se ha ganado a base de que muchas personas hayan puesto ya su cuerpo; eso es cierto. Hay que mencionar la manifestación del 23 de noviembre que tuvo lugar en Barcelona. Pero también hay que mencionar la ruptura de la legitimidad que representa que no seamos capaces de escuchar lo que nos están diciendo, porque si como políticos no subvenimos las necesidades mínimas de nuestros conciudadanos, ¡que me diga alguien para qué servimos!, ¡que me explique alguien qué intereses estamos defendiendo aquí! ¿Los de esa bancada? , ya los conozco. Pero mi pregunta tiene que ir por esta otra bancada de este lado (señala hacia los escaños de la parte izquierda del hemiciclo). Ustedes se comprometieron a hacer un índice que sería específico para el alquiler antes de acabar el 31 de diciembre de 2024. Quedan escasamente trece días y este índice no lo hemos visto. Les pedimos que fijaran un índice que no permitiera nunca que la actualización de los alquileres superara el 2 %, ¡no nos han hecho el más remoto caso! ¡Les pedimos que tomaran como propia la necesidad de alquiler social en casos de desahucio y no nos han hecho ni caso! Les pedimos que hubiera alquileres de temporada dentro de la ley de la vivienda y no nos han hecho ni caso. ¡Pero es que con esto se están convirtiendo en irrelevantes! Si su Gobierno no da salida a las necesidades más básicas, ¡¿para qué sirve un Gobierno de izquierdas?! Y esta es la gran pregunta que tenemos que responder. Estamos en tiempos convulsos. Nosotros sabemos bien a quién nos debemos, lo que decía, a la clase media que ha dejado de existir, porque todos en conjunto somos una clase simplemente trabajadora, la mayoría de nosotros, que es la que se ve afectada por este tipo de legislaciones. Estamos en tiempos convulsos. A la calle salieron 150 000 personas en contra de cómo se articulaban los alquileres. Estamos en tiempos convulsos y lo están viendo el resto de los países; Francia lo está viendo, Austria lo está viendo, todos los países de nuestro entorno están viendo cómo estamos funcionando, y esto es así porque, gracias a la ultraderecha, pero también gracias al afán depredador de industrias transnacionales y empresas transnacionales no queda nada que sea el bien común. Este es el último Pleno antes de las vacaciones de Navidad. Se nos llenarán todas las televisiones con estos magníficos mensajes de paz, amistad, amor y familia, pero ¿saben cuántas familias —¡cuántas familias!— pasarán estas fiestas sufriendo porque no tienen vivienda? Y a estas no les harán ningún anuncio, y es a estas a las que me dirijo cuando digo que nosotros lo intentaremos, nosotros remaremos, nosotros estaremos al lado de las asociaciones para intentar garantizar estos derechos. ¡Pero este hemiciclo es de derechas!, este hemiciclo prefiere —¡prefiere!— vigilar los intereses de los dividendos a final de año. Nos tenéis que ayudar, porque estamos a vuestro servicio, a todos los ciudadanos se lo digo, pero recuerden esto en las próximas elecciones, recuérdenlo, porque vienen tiempos mucho más difíciles de los que vivimos ahora. Gracias. .

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Presidente andrea, diputatuak, arratsalde on. Tal y como nos comprometimos con los sindicatos de inquilinos, con las plataformas de afectados por las hipotecas y con los sindicatos de vivienda, venimos aquí nuevamente a la carga para defender dignidad en las vidas de la gente, para defender una vivienda digna para todos y para todas, y lo hacemos siendo conocedores — y creemos sinceramente que no seremos las únicas personas conocedoras de esta realidad— y sabiendo que abordamos la principal preocupación de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español en este preciso momento, pero también desde hace años. Y digo que es la principal preocupación de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español, aunque la visión de este hemiciclo lleve a decir lo contrario, porque no parece la principal preocupación de los diputados y diputadas visto el volumen de ocupación de la sala. Pero es importante que sigamos perseverando, aunque sea sobre la base de derrotas, hasta acumular victorias que permitan que la gente tenga garantizado su derecho a un techo, porque quizás alguno todavía no oye los ecos de la calle, pero la calle está empezando a levantarse y a moverse, por lo menos en Euskal Herria. No hace falta ser un experto en dinámicas movilizadoras, sabemos que la calle está empezando a moverse para reclamar lo que le corresponde, que no es sino el derecho a una vivienda digna. Y hoy, igual que en el Pleno de septiembre en el que una proposición de ley muy similar fue derrotada con mayoría de votos en contra, venimos aquí con una propuesta que lo que pretende es achicar la vía de agua que supuso no regular los alquileres de temporada y los alquileres de habitaciones. Tal es así que era una vía de agua prevista, que los grupos que negociamos la ley de vivienda — muchos de los cuales hoy firmamos esta proposición de ley— ya instábamos al Gobierno a que regulara en esa ley de vivienda de mayo del año 2023 los alquileres de temporada y los alquileres de habitaciones, porque era por ahí por donde se iban a fugar los alquileres habituales para buscar mayores nichos de rentabilidad económica o, si lo quieren, mayores niveles de especulación con la vivienda a costa de la gente que necesita una vivienda. Tanto es así, que aceptaron firmar una disposición adicional quinta que decía que en el plazo de seis meses un grupo de expertos — cómo no, siempre grupos de expertos— iba a traer una iniciativa que diera con la fórmula o con la piedra filosofal que regulara los alquileres por temporada y los alquileres de habitaciones. Ha pasado año y medio desde entonces y de las resoluciones del grupo de expertos no sabemos nada. Por tanto, es pertinente que sigamos trayendo estas iniciativas. Yo no voy a emplear esta vez la intervención, como hice en septiembre, para poner los datos encima de la mesa, porque son básicamente los mismos: porque los 3 800 000 viviendas vacías siguen vacías; porque más del 110 % del salario medio del Estado español se tiene que seguir empleando para el pago de un alquiler, que ocupa prácticamente todo eso; porque los jóvenes siguen demandando vivienda; porque el volumen de viviendas públicas en el Estado español no llega al 11 %, igual que antes. Es más, si hay datos nuevos son, si cabe, más preocupantes, como, por ejemplo, el dato de la compraventa de viviendas en el año 2024, que no hace sino acercarnos a la coyuntura del 2007, a lo que entonces se llamó — y a alguno le sonará— el calentamiento del mercado inmobiliario. Todos y todas sabemos que cientos de miles de personas en el Estado español, y en Euskal Herria decenas de miles, por desgracia saben lo que significa calentamiento del mercado inmobiliario. Significa desahucios, significa pérdida de las viviendas, significa impagos y significa apropiación otra vez, acumulación por desposesión por parte de las entidades bancarias de los bienes de la gente humilde. Por tanto, cuidado. Es el momento de que empecemos a hacer cosas y las hagamos con rapidez, con la celeridad que no hemos tenido en todo este tiempo. Es verdad que sobre vivienda se han hecho cosas, en el mercado de la vivienda se han hecho cosas, el Estado español no ha dejado de hacer — sea cual fuera su Gobierno— política, pero política inmobiliaria, al servicio del mercado inmobiliario. Lo que no se ha hecho es política de vivienda para frenar al mercado inmobiliario, política para poner coto o freno al mercado inmobiliario. Sé que hay gente a la que le escandaliza que se diga esto desde esta tribuna, pero ¿qué hay de malo en poner coto a algo que significa un derecho básico para tener vidas dignas? ¿Qué hay de malo en poner coto a la acumulación de riqueza por parte de unos pocos para algo que significa tener vidas dignas? ¿Acaso a alguien le parece mal que se ponga coto al mercado de la educación para que pueda haber educación pública para todos y para todas? ¿Hay alguien que se atreva y levante la mano para decir que le parece mal? ¿Hay alguien al que le parezca mal que se ponga coto al negocio de la sanidad para que todos y todas puedan tener una sanidad digna, adecuada y gratuita? ¿Hay alguien que se atreva a decir que le parece mal que el Estado intervenga y garantice sanidad para todos y todas, porque esto también podría ser motivo de ganancia para unos pocos? Probablemente no, y eso es lo que tendremos que conseguir con el mercado de vivienda. Ciñéndome a las cuestiones referidas en la proposición de ley, los contratos de temporada y el alquiler de habitaciones, quiero señalar alguna cuestión básica. Aparte de que están siendo la vía de fuga para esos contratos de alquiler que encuentran la posibilidad de incrementar sine die y sin tope los alquileres a sus arrendatarios, quiero señalar que este tipo de alquileres, los contratos de temporada, no hacen sino incrementar la inestabilidad residencial, la incertidumbre, la desprotección y la angustia. Si malo nos parecía el empleo temporal, ¿por qué nos tiene que parecer bien la vivienda temporal? ¿Por qué tenemos que aceptar que ser nómada forzoso en esta sociedad sea una constante? ¿Por qué tenemos que dar por bueno que tengan que existir desplazados permanentes en nuestra sociedad porque no pueden pagar lo que les piden? La angustia, señorías, en definitiva, es el peor acicate para funcionar, porque la angustia te hace funcionar con temor, te hace funcionar con miedo y cuando hay miedo no hay libertad. . Para tomar cañas tal vez, pero para tomar decisiones en libertad, para ser dueño de las decisiones que a uno mismo le importen… Por favor, pidan luego el turno de palabra o cállense. Cállese. Ya que no se lo manda la presidenta, se lo digo yo: cállese. . ¿Qué?

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

¿Ven por qué no hay que privatizar la educación? Porque bastante poca hay a pesar de que es pública. . Como les decía, la angustia ―que a algunos parece que les viene bien― hace funcionar con miedo a la gente y con miedo no hay libertad. Por eso, el Estado tiene que intervenir, para garantizar la libertad a todos y a todas , no solo a cuatro señoritos, no solo a cuatro pudientes. Por eso hay que proteger al más débil, para construir una sociedad más justa. Sé que duele que se hable así, pero yo no estoy aquí para agradarles el oído, estoy aquí para defender los derechos de una parte de la ciudadanía vasca que reclama dignidad en sus vidas, que reclama derechos, que reclama un Estado que les proteja de cuatro acaparadores de riqueza. Ante esa realidad ante la que se encuentra la vivienda, nosotros creemos que hay que hacer más y creemos que hay que hacerlo también en el alquiler de habitaciones, porque no se nos escapa que el alquiler de habitaciones se está convirtiendo en la última escombrera del derecho a la vivienda, en la degradación del derecho a la vivienda. Ambas cuestiones, los alquileres de temporada y los alquileres de habitación, como les decía, afectan a otros derechos. Se lo decían antes y se lo decían bien: ¿cómo se puede acceder a tener tarjeta sanitaria si no tienes una vivienda? ¿Cómo puedes acceder a empadronar a tus hijos y a escolarizarlos si no tienes un lugar donde empadronarlos? ¿Cómo puedes acceder a las ayudas sociales que por ley te correspondan, a la protección social que el Estado te deba brindar si no tienes un lugar al que te remitan las cartas? Eso es de lo que estamos hablando, de la dignidad en la vida de la gente. Y sí, estamos hablando de política para hacer frente a los retos presentes construyendo un futuro ―ojalá― mejor y más habitable. Y, sí, no lo oculto — y quizás por eso molestan algunas de las cosas que señalo—, yo vengo aquí a hacer política. Yo no vengo a servir intereses de nadie. Yo vengo a defender unas ideas; unas ideas, por cierto, bastante ―cuantitativamente señaladas― más importantes que las de muchos de este hemiciclo que puedan superarnos en número. Defiendo esas ideas por unas premisas muy básicas: dignidad para todos y para todas, derechos para todos y para todas, vivienda para todos y para todas, libertad real ―esa sí― para todos y para todas. Sé que a alguno y a alguna esto le sonará utópico y, ciertamente, es utópico, pero permítanme ―ya que ha sido un poco bronca la intervención―, terminar con un obsequio, incluso para aquellos con los que me he enzarzado. En esta Cámara, en muchas ocasiones he oído hablar de la utopía y de la quimera y he visto cómo las confundían, no sé si interesada o desinteresadamente. Entiendan una cosa, la utopía, como decía Tomás Moro, es la búsqueda permanente de la sociedad perfecta. La quimera es el engaño, el embuste, la despreocupación y el dolor por la búsqueda de algo imposible. Sigamos, pues, construyendo una utopía para abandonar la quimera de quien dice que hace cosas por la vivienda para que todo siga igual. Besterik ez. Mila esker. .

Ione Belarra Urteaga SUMAR

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hace unos diez días Luigi Mangione disparaba a bocajarro al CEO de UnitedHealthcare, una de las mayores aseguradoras privadas de los Estados Unidos, responsable del endeudamiento por cuestiones de salud de miles de personas y acusada por usuarios, en redes sociales, de no atender adecuadamente a los pacientes para aumentar su rentabilidad. Cuando decimos que la violencia engendra violencia, señorías, hablamos también de esto. El crimen de Mangione solo se puede rechazar desde una posición de izquierdas y democrática como la nuestra, pero creo que nos equivocaríamos y que estaríamos cometiendo un grave error si no escuchamos el profundísimo debate social que ha generado este hecho. Mucha gente se ha preguntado en estos días qué es más violento: si un sistema sanitario como el americano privatizado, que mata a miles de personas cada año, o el crimen de Mangione. Parece difícil pensar que en España pudiera pasar algo parecido a esto y creo que es importante que nos preguntemos por qué, señorías. Sería difícil, porque tenemos la enorme suerte de que nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos y nuestras abuelas pelearon muy duro para traernos una democracia limitada, es verdad, pero una democracia que tiene en su corazón un sistema público sanitario que protege que no se deje a nadie tirado en la puerta de un hospital porque no se puede pagar el tratamiento. . Ese es uno de nuestros mayores tesoros democráticos; esa es, señorías, una de las herencias colectivas más valiosas que tenemos en este país: que se atienda a todo el mundo, cuando las aseguradoras privadas se desentienden de determinados tratamientos porque son demasiado caros. Que tengamos una sanidad pública que hace eso debería ser objeto de protección por parte de todas las demócratas, de todos los demócratas, salvo que te llames Isabel Díaz Ayuso y, entonces, vivas con tu novio en un piso pagado con dinero corrupto precisamente porque tu Gobierno está privatizando y está desmantelando la sanidad pública madrileña para dar ese dinero a la misma gente que le paga a tu novio, a Quirónsalud. . Volviendo al tema que nos ocupa, se preguntarán por qué hablo de esto hoy. Pues hablo de esto hoy, porque tenemos la enorme suerte de que el sistema sanitario español protege a la gente, pero sí tenemos en este país un sistema que yo denominaría casi tan violento como el sistema sanitario americano; ese sistema es el de vivienda. Tenemos un sistema de vivienda enormemente violento con la gente. En estas últimas décadas, decenas de personas se han quitado la vida después de ser desahuciadas por un fondo buitre, por la banca, por una Administración que no tiene corazón, que no tiene escrúpulos. En estos momentos, son millones las personas de nuestro país que se dejan la mayor parte de su sueldo en pagar el alquiler a un casero que no hace nada para ganar ese dinero. Cada vez más personas ni siquiera se imaginan comprando una vivienda, ni siquiera con una hipoteca a treinta años, señorías, y ya es decir. Hay muchísima gente que no solo no se puede emancipar, sino que ni siquiera se puede divorciar porque no se lo puede permitir. España tiene un problema gravísimo de vivienda. Ese problema es de ‘ocupación’, es verdad. Es un problema de ocupación, porque los rentistas están ocupándole la vida a la mayoría de la gente, asfixiándoles, ocupando sus finanzas, dejándoles sin dinero. España tiene un problema de expropiación también con los rentistas, que están expropiándoles los salarios a los trabajadores y las trabajadoras de este país a través del alquiler. Esta violencia, señorías, hay que pararla. La violencia de los fondos buitre que acaparan viviendas para ponerlas en alquiler turístico; la violencia de nuestras jóvenes, que no pueden vivir libremente porque son esclavas de un alquiler o de una hipoteca; la violencia contra las familias, a las que no les queda más remedio que dar una patada en la puerta porque no tienen dónde poner a sus hijos y a sus hijas a cubierto ¡cuando hay millones de viviendas vacías en este país, señorías! . Este sistema violento, que impide que la mayoría de la población tenga una vida decente, digna, feliz hay que cambiarlo entero. Y esta propuesta que hoy traemos aquí ―lo digo honestamente― es una migaja, es una migaja; es empezar a tapar única y exclusivamente un agujero que el Partido Socialista dejó, a sabiendas, en la ley de vivienda. Pero hay que empezar por algún sitio, señorías; empecemos, pues, por aquí. Pero no lo hagamos pensando que con esto es suficiente, seamos conscientes de que lo que hay que hacer es muchísimo más. O hacemos algo urgentemente o la situación dentro de unos años va a ser directamente catastrófica. Las soluciones están ahí, son sencillas, pero necesitan de una cosa muy concreta: valentía política, la que le falta a este Gobierno del Partido Socialista y SUMAR. Bajemos los alquileres un 40 %; prohibamos la compra de vivienda que no es para residir, porque si compramos una vivienda y no es para vivir en ella, ¡señorías, entonces, ¿para qué es?! ¡Para especular, para robarle a la gente! . Prohibamos Desokupa, un comando parapolicial que debería estar ilegalizado. Los contratos de alquiler deberían ser indefinidos. Estas son las propuestas de Podemos en materia de vivienda, las defenderemos en esta legislatura hasta el final. Pero hoy quiero terminar diciendo, para que quede claro, una cosa muy sencilla: nuestros votos se van a usar para mantener todos aquellos logros que Podemos consiguió incorporar en la pasada legislatura y que ahora el Gobierno quiere desmantelar. Con los votos de Podemos, señorías, no se hacen desahucios. Aunque el Partido Nacionalista Vasco diga que no son desahucios, son desahucios, y con nuestros votos no se van a hacer. Por eso, si quieren que levantemos el veto a la ley de eficiencia procesal, van a tener que eliminar esa enmienda. Muchas gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta. Traemos de novo aquí unha proposición de lei nacida do impulso social, da iniciativa social, e rexistrada por diferentes forzas políticas, entre elas o BNG, para regular mellor os alugueres de temporada e por cuartos. Do que se trata é de que estas fórmulas non se convertan en vías para a fraude, perante a evidencia de se estaren a xeneralizar para os arrendadores e arrendadoras sortearen as obrigas que a LAU establece, e, aínda tamén, para evitar a desprotección das persoas que se ven obrigadas a alugar cuartos. Como xa se dixo, esta era unha regulación que debería estar presente na lei de vivenda, mais infelizmente non foi así. E traemos esta proposta porque hoxe xa ninguén nega que estamos diante dunha crise habitacional de grande magnitude, en que crecen as dificultades para ver cumprido o teórico dereito á vivenda, para acceder a unha vivenda digna, quer en propiedade, quer en aluguer. Crecen as dificultades para que mozos e mozas poidan emanciparse e comezar os seus proxectos de vida independente ante a imposibilidade de poder afrontar os prezos disparados dos alugueres. Non hai alternativas habitacionais públicas que incidan realmente no prezo da vivenda, nin sequera que poidan ofrecer solucións ás persoas que se ven desaloxadas. Repunta o problema do impagamento das hipotecas ante a suba desbocada dos xuros. É, por tanto, un problema de primeira magnitude que os poderes públicos deben abordar con urxencia e con decisión. A proposta que hoxe traemos aquí pretende contribuír a prever e resolver situacións concretas, e somos conscientes de que non resolverá o conxunto do problema, para o que son precisas políticas públicas decididas que fornezan alternativas habitacionais e residenciais suficientes e de calidade. É precisamente iso o que o BNG vén reclamando tanto ao Goberno do Estado como ao Goberno galego, que ten as competencias en vivenda; e facémolo desde a lexitimidade de termos actuado en consecuencia cando tivemos responsabilidades de Goberno na Galiza, cun impulso sen precedentes á vivenda pública, que conseguiu facer realidade millares de vivendas en catro anos e xerar mesmo unha inercia coas programadas que, lamentabelmente, o Partido Popular non soubo ou non quixo aproveitar, até voltar a situar en cero ou no unidíxito as vivendas que sacou adiante durante varios anos. Mais xa sabemos que o PP non está para traballar para o interese común senón, en todo caso, para os intereses particulares dos seus amigos, das súas empresas amigas. Porque a construción de vivenda pública é realmente a única vía. Se a vivenda digna é un dereito, é tamén unha obriga para as Administracións públicas garantila, e só é posíbel con políticas públicas de vivenda, especialmente en aluguer social ou controlado. O problema é que ao PSOE lle custa pasar das declaracións aos feitos e da propaganda á realidade. Queremos lembrar que Pedro Sánchez anunciou a mobilización de 50 000 vivendas da Sareb, despois 43 000 vivendas en alugueiro e aínda 20 000 en terreos de Defensa. Mais, como temos denunciado en moitas ocasións, infelizmente todo isto ficou en nada ou case nada. Reparemos en que a Sareb en vez de ceder gratuitamente os inmóbeis para vivenda pública a quen ten as competencias — e só na Galiza serían por volta de 3000— continúa a pretender facer negocio con eles, o que é totalmente inaceptábel. A nova grande solución do ministerio, o chamado plan Viena, opta polo que denominan colaboración público-privada, e que na realidade é máis unha outra fórmula de rendibilidade para investidores e un plan pensado para grandes fondos de investimento; cesión de solo por un período de 80 anos a investidores coa única contraprestación de que as vivendas sexan colocadas no mercado a un prezo 20 % por baixo do dese mercado. Pero lembremos que ese prezo está disparado e mesmo disparatado. Realmente, non vemos interese social nese plan, porque, se o houbese, apostaríase pola restitución do carácter público do patrimonio da Sareb e pola cesión dos solos ás comunidades autónomas para vivenda pública en aluguer. O último grande anuncio do Goberno — dunha restra deles que, como dicimos, fican niso, en anuncios— é o realizado polo presidente do Goberno sobre a creación dunha empresa pública de vivenda. Non, señor Sánchez, ese non é o camiño. Lembrámoslle que as competencias son autonómicas e que xa está ben de permanentes e continuadas invasións competenciais. O que teñen que facer é dotar de financiamento suficiente as políticas públicas de vivenda, ceder os terreos de Defensa inutilizados e pólos, cos recursos necesarios, a disposición das comunidades autónomas para a construción de vivenda pública e social; ceder gratuitamente todos os inmóbeis da Sareb e impulsar medidas lexislativas — como nós facemos hoxe— que vaian na dirección de controlar real e eficazmente os prezos dos alugueres e os xuros das hipotecas e de garantir o acceso á vivenda. Porque, ademais, vostedes son conscientes de que as medidas tímidas que moveron até agora non obtiveron os resultados que anunciaban. Como previamos, a lei de vivenda resultou insuficiente e ineficaz para controlar e mudar as tendencias dun mercado que sen intervención pública só funciona para o máximo lucro dos operadores inmobiliarios e dos fondos voitre. Eses son os poderes reais que vostedes non queren enfrontar e que, por acción ou omisión, continúan beneficiando, fronte á situación de crecentes dificultades das maiorías sociais para verificar o dereito a unha vivenda digna. Reclamámoslles, ademais, que prorroguen o escudo social en relación á prohibición dos desafiuzamentos de persoas vulnerábeis e sen alternativa habitacional, mais que o fagan sen vinculación ás condicións establecidas no momento da pandemia e, posteriormente, en relación coa escalada xeneralizada de prezos, de forma que non haxa maneira de que xuíces sen escrúpulos nin decencia se agarren a que xa non se dan esas condicións para autorizar despexos deshumanos en que, como aínda aconteceu hai apenas unha semana, se deixe a crianzas pequenas, e mesmo bebés, na rúa. É necesario precisar mellor a figura do arrendatario vulnerábel para evitar situacións inxustas e inaceptábeis. Finalizo. En todo caso, esperamos que esta vez si sexa tomada en consideración esta proposición de lei para a regulación dos contratos de aluguer temporal e de cuartos, porque, sen dúbida, vai contribuír a evitar fraudes e abusos que non deberían producirse. Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Traemos de nuevo aquí una proposición de ley nacida de la iniciativa social registrada por diferentes fuerzas políticas, entre ellas el BNG, para regular mejor los alquileres de temporada y de habitaciones. De lo que se trata es de que estas fórmulas no se conviertan en vías para el fraude ante la evidencia de que se esté generalizando para los arrendadores y arrendadoras sortear los deberes que la LAU establece; y, además, para evitar la desprotección de las personas que se ven obligadas a alquilar habitaciones. Como ya se ha dicho, esta era una regulación que debería estar presente en la ley de vivienda, pero desgraciadamente no ha sido así. También traemos esta propuesta porque hoy ya nadie niega que estamos ante una crisis habitacional de gran magnitud y que crecen las dificultades para ver cumplido el teórico derecho a la vivienda, para acceder a una vivienda digna, ya sea en propiedad, ya sea en alquiler. Crecen las dificultades para que los y las jóvenes puedan emanciparse y empezar sus proyectos de vida independiente ante la imposibilidad de poder afrontar los precios disparados de los alquileres. No hay alternativas habitacionales públicas que incidan realmente sobre el precio de la vivienda, ni siquiera que puedan ofrecer soluciones a las personas que se ven desalojadas. Repunta el problema del impago de hipotecas ante la subida desbocada de los intereses. Es, por lo tanto, un problema de primera magnitud que los poderes públicos deben abordar con urgencia y con decisión. La propuesta que hoy traemos aquí pretende contribuir a prevenir y resolver situaciones concretas, y somos conscientes de que no resolverá el conjunto del problema, para lo cual son precisas políticas públicas decididas que den alternativas habitacionales y residenciales suficientes y de calidad. Es precisamente eso lo que el BNG ha estado reclamando tanto al Gobierno del Estado como al Gobierno gallego, que tiene las competencias en vivienda; y lo hacemos con la legitimidad de haber actuado en consecuencia cuando tuvimos las responsabilidades de gobierno en Galicia, con un impulso sin precedentes a la vivienda pública, que consiguió hacer realidad miles de viviendas en cuatro años e incluso generar una inercia con las programadas que, lamentablemente, el Partido Popular no ha sabido o no ha querido aprovechar, hasta volver a situar en cero, con un dígito, las viviendas que sacó adelante durante varios años. Como ya sabemos, el PP no está para trabajar por el interés común, sino, en todo caso, para los intereses particulares de sus amigos y de sus empresas amigas. Porque la construcción de la vivienda pública es realmente la única vía. Si la vivienda digna es un derecho, es también una obligación para las Administraciones públicas garantizarla, y solo es posible con políticas públicas de vivienda, especialmente en alquiler social o controlado. El problema es que al PSOE le cuesta pasar de las declaraciones a los hechos y de la propaganda a la realidad. Queremos recordar que Pedro Sánchez anunció la movilización de 50 000 viviendas de la Sareb; después, 43 000 viviendas en alquiler; y 20 000 en terrenos de Defensa. Pero, como hemos denunciado en muchas ocasiones, desgraciadamente, todo esto ha quedado en nada o casi nada. Fijémonos en que la Sareb en vez de ceder gratuitamente los inmuebles para vivienda pública a quien tiene las competencias ―solo en Galicia serían cerca de 3000―, continúa queriendo hacer negocio con ellos, lo cual es totalmente inaceptable. La nueva gran solución del ministerio, el llamado plan Viena, opta por lo que se denomina colaboración público-privada, que, en la realidad, es otra fórmula más de rentabilidad para inversores y un plan pensado para grandes fondos de inversión; con la cesión de suelo por un período de ochenta años a inversores con la única contraprestación de que las viviendas sean colocadas en el mercado a un precio un 20 % por debajo del de ese mercado; pero recordemos que ese precio está disparado e incluso disparatado. Realmente, no vemos interés social en ese plan, porque si lo hubiese, se apostaría por la restitución del carácter público del patrimonio de la Sareb y por la cesión de los suelos a las comunidades autónomas para vivienda pública en alquiler. El último gran anuncio del Gobierno ―de una retahíla de ellos que, como hemos dicho, quedan en eso, en anuncios― es el realizado por el presidente del Gobierno sobre la creación de una empresa pública de vivienda. No, señor Sánchez, ese no es el camino. Le recordamos que las competencias son autonómicas y que ya está bien de permanentes y continuadas invasiones competenciales. Lo que tiene que hacer es dotar de financiación suficiente a las políticas públicas de vivienda, ceder los terrenos de Defensa inutilizados y ponerlos, con los recursos necesarios, a disposición de las comunidades autónomas para la construcción de vivienda pública y social; ceder gratuitamente todos los inmuebles de la Sareb; e impulsar medidas legislativas ―como nosotros hacemos hoy― que vayan en el sentido de controlar real y eficazmente los precios de los alquileres y de los intereses de las hipotecas y de garantizar el acceso a la vivienda. Además, ustedes son conscientes de que las medidas tímidas que han promovido hasta ahora no han obtenido los resultados anunciados. Como preveíamos, la ley de vivienda resultó insuficiente e ineficaz para controlar y cambiar las tendencias de un mercado que sin intervención pública solo funciona para el máximo lucro de los operadores inmobiliarios y de los fondos buitre. Esos son los poderes reales a los que ustedes no se quieren enfrentar y que, por acción u omisión, continúan beneficiando, frente a la situación de crecientes dificultades de las mayorías sociales para verificar el derecho a una vivienda digna. Les reclamamos, además, que prorroguen el escudo social en relación con la prohibición de los desahucios de personas vulnerables y sin alternativa habitacional, pero que lo hagan sin vinculación con las funciones establecidas en el momento de la pandemia y, posteriormente, en relación con la escalada generalizada de precios, de forma que no haya manera de que jueces sin escrúpulos ni decencia se agarren a que ya no se dan esas condiciones para autorizar desahucios inhumanos y que, como ha sucedido apenas hace unas semanas, se deje a menores, e incluso a bebés, en la calle. Es necesario precisar mejor la figura del arrendatario vulnerable para evitar situaciones injustas e inaceptables. Finalizo. En todo caso, esperemos que esta vez sí sea tomada en consideración esta proposición de ley para la regulación de los contratos de alquiler temporal y de habitaciones, porque, sin duda, va a contribuir a evitar fraudes y abusos que no deberían producirse. Muchas gracias.

Maribel Vaquero Montero EAJ-PNV

Arratsalde on guztioi. Irailean bilkura honetan esan genuen bezala, 2023ko etxebizitza-legea indarrean dagoenetik etxebitzia duin bat lortzea geroz eta zailagoa da. Eta alokairuari dagokionez, ez da lortu legeak zioena. Hau da, ez da inolaz ere, erreztu etxebizitza bat lortzea, etxebizitza gutxiago dago alokagai eta dagoena garestiagoa da. Etxebizitzaren egoera larria lehen bazen, orain larriagoa da. Lege bat onartzearekin ez baita nahikoa etxebizitzaren politika bat ez baldin badago bere atzean. Bestalde, ezin esan genezake legea ez dela aplikatzen ari. Batzuek dioten bezala, legea indarrean dago boletinean argitaratu zenetik, hau da, 2023ko maiatzaren 26tik. Onartu zen garaian esan genuen eta duela 3 hilabeteko debatean errepikatu genuen, legeak eremu konpetentzialean supostu duen erasoaz aparte, zenbait hutsune ditu eta zirrikutu horiek erabiltzen dira gaur legeak alokairuaren inguruan ezartzen dituen zenbait neurri ekiditeko. Batzuek betiko errelatoa eraiki nahiko dute, eraikiko dute eta esango dute espekulatzaile handiak direla soilik zirrikitu hauek erabiltzen dituztenak. Eta irakurketa errez eta interesatuetan oinarritzen baldin bada daukagun diskurtsoa benetan errealitatea bere osotasunean aztertu gabe, zirrikitoak zeintzuk diren eta hauek, hauek zergatik diren aztertu gabe ezin izango dira neurri hartu. Zergatik dago gaur duela urte bat baino gehia baino etxebizitza gutxiago alokagai? zergatik ez da etxebizitza merkeenen alokairuen prezioa jaitsi? zergatik bideratu da ohiko etxebizitzaren alokairua beste alokairu mota ezberdinetara, denboraldi motzakoetara, turistikoetara edo salmentan jarri dira edo hutsik daude? zergatik? Ba entzun nahi izanez gero publikatu diren txostenak irakurri eta adituak diotena kontutan hartzen badugu, puntu batean adostasuna topa genezake. Etxebizitza legeak eragiten duen ziurtasun falta horrek merkatutik etxebizitzak ateratzea eman du. Eta horretaz gain, erregulatu gabeko edo ondo erregulatu gabeko alokairura eraman dituztelako beste zenbait etxebizitza. Merkartuan etxebizitza ipintzen dituzten jabe txiki horien hautua, parte handi batean, etxebizitzak merkatutik ateratzea izan delako. Eta horrek oraindik okertu du are eta gehiago gaur bizi dugun etxebizitza falta zeren estatuko merkatuan alokagai dagoen etxebizitzen ehuneko larogeitabostaren jabe txikiak dira eta hori kontutan hartzea ezinbestekoa da. Datuan nonahi ditugu, iturri ezberdinetako datuak baina azken hilabete hauetan etxebizitza batzordetik igaro diren aditu gehienek errepikatu dutena zera da; etxejabeek beren etxe hutsak alokagai jartzeko segurtasun juridiko gehiago behar eta eskatzen dute. Eta bestalde, pertsona zaurgarrienek etxebizitza bat lortzeko dituzten arazoen aurrean neurriak hartu behar ditugu. Buenas tardes, señorías. Como ya dijimos en el pleno de septiembre, desde que entrara en vigor la ley de vivienda de 2023, el acceso a una vivienda digna es cada vez más difícil. En cuanto al alquiler, no se ha conseguido lo que la ley pretendía, es decir, no se ha facilitado en ningún caso el acceso a la vivienda. Hay menos viviendas en alquiler y las que hay son más caras. Si la situación de la vivienda era ya grave, ahora lo es más. No podríamos decir que la ley no se está aplicando, como dicen algunos, la ley está en vigor desde su publicación en el Boletín, con fecha de 25 de mayo de 2023, en concreto. Ya lo dijimos cuando se aprobó y lo repetimos también en el debate de hace tres meses. Además del ataque que ha supuesto la ley en el ámbito competencial, tiene algunas lagunas que se aprovechan además para evitar algunas de las medidas que hoy impone la ley en materia de alquiler. Algunos querrán construir el relato de siempre, el relato habitual, y dirán que los grandes especuladores utilizan estos resquicios para ganar dinero en vez de destinar la vivienda para su función social, y en esta lectura sencilla e interesada basarán su discurso, sin analizar realmente la realidad en su conjunto, sin analizar cuáles son los resquicios, por qué se aprovechan. No se preguntarán, por supuesto, quién es responsable de estos resquicios, quién está especulando. ¿Por qué hay hoy menos viviendas en alquiler que hace un año? ¿Por qué no se ha reducido el precio del alquiler de las viviendas más baratas? ¿Por qué se ha destinado el alquiler de la vivienda habitual a otros tipos de alquiler de temporada corta, por ejemplo, turísticos, o se han puesto a la venta estas viviendas o están vacías? ¿Por qué? Bien, si queremos escuchar, si leemos los informes que se han publicado y tenemos en cuenta lo que dicen los expertos, podremos llegar a un consenso en un punto: la inseguridad que provoca la ley de vivienda ha llevado a que se saquen viviendas del mercado y, además de eso, ha llevado a que otras viviendas terminen en un alquiler no regulado o no bien regulado. Los pequeños propietarios que ponían sus viviendas en el mercado han decidido, en gran parte, sacar sus viviendas del mercado, y eso aún ha empeorado más la falta de vivienda que sufrimos en la actualidad. El 85 % de las viviendas alquiladas en el mercado estatal corresponden a pequeños propietarios, y esto es necesario tenerlo en cuenta. Existen muchos datos provenientes de diferentes fuentes, pero lo que la mayoría de los expertos que han pasado estos últimos meses por la Comisión de Vivienda han repetido es que los propietarios exigen una mayor seguridad jurídica para alquilar sus viviendas vacías. Por otro lado, debemos también tomar medidas ante los problemas de acceso a una vivienda de las personas más vulnerables. La proposición de ley que hoy debatimos, tal y como lo hizo la anterior, debatida hace apenas tres meses, reconoce que se va de la figura del contrato del arrendamiento de vivienda habitual hacia el arrendamiento por temporada con la entrada en vigor de la regulación de alquileres en aquellos territorios en los que se aplica, pero también en los que no se aplica. Es lo que recoge la proposición de ley. Es una gran contradicción lo que los promotores recogen en la exposición de motivos, porque algunos de los portavoces de los grupos firmantes, por un lado, alegan en numerosas ocasiones que no se están viendo mejoras de la ley porque esta no se está aplicando ―se refieren únicamente al tema de las zonas tensionadas, que es optativa para las comunidades autónomas―, pero, por otro lado, reconocen que esta ley está afectando a los alquileres, porque la ley se está aplicando desde el momento de su entrada en vigor, y es desde entonces cuando los propietarios, sobre todo los pequeños propietarios, han retirado todavía más sus viviendas del mercado del alquiler, porque, según todos los estudios, se ha incrementado su inseguridad jurídica y temen que, ante el impago, no puedan recuperar sus viviendas en un tiempo demasiado largo, que puede llegar a dos años o más, y se conviertan en garantes del derecho a la vivienda de personas y familias vulnerables. No es la Administración la garante del derecho a la vivienda, sino que se convierten en ello los pequeños propietarios. Por lo tanto, no es la Administración pública la que garantiza este derecho. No se trata del temor a la aplicación del artículo 18, en lo relativo a las zonas tensionadas. El último estudio de la OCU lo deja claro: el temor de la mayoría de los pequeños arrendadores no es no poder subir el precio, es el temor al impago. Por lo tanto, tal y como dijimos hace tres meses, con esta ley ¿qué se está generando? Pues inseguridad jurídica hacia el propietario arrendador e inseguridad jurídica hacia aquellas personas que quieren arrendar una vivienda y son obligadas a aceptar contratos de temporada, lo que las aboca a una continua desprotección e inestabilidad en su proyecto de vida. Esta inestabilidad afecta en mayor medida a las personas más vulnerables, que sufren mayor discriminación a la hora de poder alquilar; a menor oferta, mayor dificultad para acceder al alquiler, ya que el propietario o la inmobiliaria requerirá mayores garantías para el pago, discriminando aún más a los más vulnerables. En relación con lo que plantea la proposición de ley, consideramos que se mejora la anterior, ya que, entre otras cuestiones, se elimina la posibilidad de subarriendo sin consentimiento del arrendador en la vivienda de temporada; se sigue manteniendo una duración de temporalidad discutida a nuestro entender, aunque esta vez pasa de seis a nueve meses. Hablábamos en aquel entonces de las necesidades de las personas que tienen que salir fuera por estudios o de los trabajadores temporales. Tendremos que tener en cuenta la temporalidad de esas necesidades. Se tendrá que analizar también lo relativo al desistimiento del contrato en lo referente a la necesidad de indemnización de los contratos temporales. Como hicimos hace tres meses y como ya dijimos entonces, vamos a apoyar esta proposición porque queremos que se inicie su tramitación, y si sigue adelante, presentaremos nuestras propuestas. Las enmiendas no solo afectarán a la ley de arrendamientos urbanos, ya que, aunque se quiera ocultar o disimular, los datos no pueden tapar la realidad y gran parte de los efectos negativos sobre el alquiler de la vivienda habitual se deben a la regulación actual de la vivienda, ley que también habrá que retocar. Vamos a votar, por lo tanto, a favor porque creemos sinceramente que tenemos que dar solución a esta urgencia: la necesidad de una vivienda asequible y digna, en este caso de alquiler. Creemos que tenemos que evitar la inseguridad e indefensión de la persona que alquila, dando seguridad y certidumbre también al arrendador, para que haya oferta suficiente con la que cubrir la demanda, aunque pensemos que el problema no es el alquiler de temporada en sí, sino que este se usa en fraude de ley para evitar la regulación de vivienda actual. Tenemos que buscar una solución para detener el aumento imparable de los precios que está generando que no solo jóvenes, sino también familias que viven de alquiler no puedan hacer frente a las altas rentas actuales. Tenemos ―como también ha dicho antes la portavoz de ERC― que buscar una solución para tapar los agujeros de la ley de vivienda, aunque creemos que los agujeros que tiene la ley no son únicamente estos. Y termino ya. Podemos miente para confundir a la gente. La enmienda planteada por el Grupo Vasco no va de echar a la gente de su casa, va de sacar cuanto antes de tu casa a quien te la ocupa. Hablamos de un delito de allanamiento de morada y de usurpación. Mil esker.

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies, senyora presidenta. Molt bona tarda a tothom. Abans que res, em sento obligada, evidentment, a recordar el context en el qual ens trobem avui. Fa un any ara que es va aprovar una llei de la vivenda espanyola que, segons molts de vostès, havia de solucionar els problemes d’accés al lloguer dels joves i famílies i famílies vulnerables. Junts hi va votar en contra. Els advertim un cop i un altre que només s’aconseguiria reduir l’oferta de lloguer per culpa de la tremenda inseguretat jurídica que es traslladava al sector privat i també per seguir mantenint el bloqueig urbanístic al sòl, i així ha estat. Les darreres dades oficials de tercer trimestre d’enguany, de fa una setmana, acrediten que a Catalunya els preus del lloguer respecte al segon trimestre d’enguany tornen a augmentar. Ja ho veuen. Es van precipitar fa unes setmanes quan esmentaven baixades de preus generalitzats a Catalunya, però el pitjor és que s’han reduït entre un 19 i un 23 % el nombre de nous contractes. Aquest darrer trimestre s’han resolt, acabat, més contractes d’arrendament que no pas se n’han creat de nous. No havia passat mai: saldo negatiu de nous arrendaments per primer cop. Amb les seves noves regulacions accentuen, imprudentment, la inseguretat jurídica del sector privat, que està abandonant a correcuita el mercat del lloguer. Avui, qualsevol ciutadà, qualsevol jove que es vulgui emancipar té moltíssimes menys possibilitats d’accedir a un lloguer que fa un any, perquè hi ha moltíssims menys pisos ofertats en lloguer, entre un 19 i un 2 3 % menys, com els he dit abans. I això, que és el resultat del fracàs de les polítiques basades en apriorismes ideològics suposadament d’esquerres, és un drama. A Catalunya, el principal epicentre de la crisi és la ciutat de Barcelona, i d’allà s’han projectat els efectes perversos al conjunt de l’àrea metropolitana i en certa manera també a la resta de Catalunya. Avui s’insisteix de nou en fórmules similars que ha estat posant en pràctica l’univers Comuns, SUMAR, Podem amb la resta del bloc d’esquerres a Barcelona, fórmules més dirigides a quedar bé que no pas a que vagin bé. Amb les dades a la mà, s’han demostrat escandalosament ineficaces, equivocades, i ens trobem en una situació crítica. En dos anys ens caldran a Catalunya 140 000 noves llars. El parc públic d’habitatge existent, lluny de la mitjana europea, que s’apropa al 10 %, no arriba ni a un miso 2 %. I aquesta dada és molt significativa, perquè, com a Europa una de cada deu habitatges és de titularitat pública, es poden fer polítiques públiques efectives, però aquí, desgraciadament, només menys de dos de cada cent habitatges són de titularitat pública. Què es pot fer amb això? Des de fa anys que els governs responsables no han volgut destinar un pressupost sòlid i sostingut a l’ampliació del parc públic d’habitatge, han preferit aplicar fórmules estrambòtiques en comptes de fer allò que tots els experts recomanen. En l’actualitat no hi ha més parc públic d’habitatge perquè no s’ha volgut, ni els Comuns a Barcelona, ni Esquerra a Catalunya, ni PSOE-SUMAR aquí. Perquè ja ho van veient, limitant el preu del lloguer no s’ha augmentat el parc públic; ni demonitzant als propietaris, tampoc; ni eliminant el lloguer de temporada, tampoc. Res de tot això ampliarà el parc públic d’habitatge. I Junts per Catalunya defensem que és aquí on rau el problema, perquè les nostres propostes no són propagandístiques com les d’alguns, però els experts asseguren que són les úniques propostes capaces de revertir l’actual situació. Han de deixar d’embolicar més la troca amb continus retocs legislatius de molt poc abast real, com el que avui ens proposen. El que és necessari és augmentar a marxes forçades el parc públic d’habitatge, perquè sabem, com saben arreu, com sap qualsevol responsable públic amb una mirada progressista de la situació, que les polítiques públiques d’habitatge s’han de dur a terme principalment amb habitatges públics i amb recursos públics, no extorquint a tothom a tort i a dret, tal i com fem de destinar els recursos públics, tal i com fem en educació, sanitat o en seguretat. En canvi, en habitatge el que s’ha fet aquests darrers anys ha estat fer recaure tota la responsabilitat, que hauria de ser pública, cap al privat, tant en termes de desenvolupament urbanístic com de construcció de nou habitatge com darrerament de protecció, al seu càrrec, dels llogaters vulnerables. Els legisladors, tots vostès, nosaltres, tots, hauríem d’impedir que l’actual Govern i els socis segueixin eludint les seves responsabilitats. Cal que tots reconeguem l’accés a l’habitatge com un nou pilar de l’estat del benestar, com ho són l’educació ―ho deia abans―, la sanitat, la seguretat, i, consegüentment, pressionar per a assegurar que siguin els poders públics els que desenvolupin les polítiques públiques d’habitatge i que les sufraguin amb fons públics, que per a això es recapten impostos, per a redistribuir-los amb l’enfortiment de l’estat del benestar. I avui ens tornem a trobar amb una proposta que causarà molta frustració als que de veritat pateixen el viacrucis d’accedir a un habitatge, perquè de bona fe creuran que això millorarà les seves possibilitats d’accedir a un habitatge digne, però han de saber que no serà així, que només s’està intentant emmascarar de nou el fracàs del Govern i socis amb una proposta que, si s’aprovés íntegrament i de manera literal, empitjoraria encara més l’accés a l’habitatge. Junts per Catalunya vam negociar uns canvis en la proposta inicial i ara s’especifica que salvaguardaran les competències exclusives de Catalunya en aquest àmbit. Per això hem accedit a parlar i a debatre sobre el lloguer de temporada. El nostre vot d’avui, un cop protegides les nostres competències, farà possible el debat. Fem un sí al debat, però no pressuposin ni per un instant un sí de Junts a aquest text. Abans caldria que el text resultant fos substancialment diferent al què aquí se’ns presenta. Hauríem d’anar en la mateixa línia de la del nostre grup de Junts, en el Parlament de Catalunya, que ha registrat una proposició legislativa dirigida a eliminar el frau en aquests tipus de lloguer a través d’un registre públic, que evitarà que alguns propietaris utilitzin deshonestament aquest tipus de contractes per a escapolir-se de les prescripcions exigides pel lloguer habitual. Tinguin present també que Junts per Catalunya no validarà que els joves, per exemple, els joves estudiants catalans, perdin l’opció d’anar a una altra ciutat a estudiar i a començar a construir els seus projectes vitals fora de casa, com hem fet tants, permetent, tal com es proposa veladament en aquest text, l’eliminació de facto dels lloguers de temporada. Ni tampoc validarem mai la precarització del dret a l’habitatge equiparant una habitació a un habitatge. No és novetat per a ningú que Junts sempre hem dit que, si es volen els nostres vots, abans han de negociar amb nosaltres. Avui l’únic que farem és obrir la porta a negociar, res més, però tampoc res menys. Gràcies. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todo el mundo antes. En primer lugar, me siento obligada, evidentemente, a recordar el contexto en el que nos encontramos hoy. Hace un año ahora que se aprobó una ley de la vivienda española que, según muchos de ustedes, tenía que solucionar los problemas de acceso al alquiler para jóvenes y familias y familias vulnerables. Junts votó en contra. Les advertimos una vez y otra que solo se conseguiría reducir la oferta de alquiler por culpa de la tremenda inseguridad jurídica que se trasladaba al sector privado y también para seguir manteniendo el bloqueo urbanístico al suelo, y así ha sido. Los últimos datos oficiales de tercer trimestre de este año, de hace una semana, acreditan que en Cataluña los precios del alquiler respecto del segundo trimestre de este año vuelven a aumentar. Ya lo ven. Se precipitaron hace unas semanas, cuando mencionaban bajadas de precios generalizados en Cataluña, pero lo peor es que se han reducido entre un 19 y un 23 % el número de nuevos contratos. Este último trimestre se han resuelto acabar más contratos de alquiler que los que se han creado de forma nueva. Esto no había ocurrido nunca: saldo negativo de nuevos alquileres por primera vez. Con sus nuevas regulaciones acentúan de forma imprudente la inseguridad jurídica del sector privado que está abandonando con prisas el mercado del alquiler. En la actualidad, cualquier ciudadano, cualquier persona joven que quiere emanciparse tiene muchísimas menos posibilidades de acceder a un alquiler que hace un año porque hay muchos menos pisos en oferta de alquiler. Entre un 19 y un 23 % menos, como les he dicho antes, y esto, que es el resultado del fracaso de las políticas basadas en apriorismos ideológicos supuestamente de izquierdas, es un drama. En Cataluña, el principal epicentro de la crisis es la ciudad de Barcelona, y de ahí se han proyectado los efectos perversos al conjunto del área metropolitana y en cierta medida también al resto de Cataluña. Hoy se insiste de nuevo en fórmulas similares que ha estado poniendo en práctica el universo Comunes, SUMAR y Podemos con el resto del bloque de izquierdas en Barcelona, fórmulas más dirigidas a quedar bien que a que vayan bien y que con los datos en la mano se han demostrado de forma escandalosamente ineficaz. Son leyes equivocadas, y nos encontramos en una situación crítica. En dos años será necesario tener en Cataluña 150 000 nuevos hogares. El parque público de vivienda existente, lejos de la media europea, que se acerca al 10 %, no llega ni a un escaso 2 %, y este dato es muy significativo, porque, como en Europa una de cada diez viviendas es de titularidad pública, se pueden hacer políticas públicas efectivas, pero aquí, desgraciadamente, solo menos de dos de cada cien viviendas son de titularidad pública. ¿Qué se puede hacer con esto? Desde hace años los gobiernos responsables no han querido destinar un presupuesto sólido y sostenido para la ampliación del parque público de vivienda, han preferido aplicar fórmulas estrambóticas en vez de hacer aquello que todos los expertos recomiendan. En la actualidad no hay más parque público de vivienda porque no se ha querido, ni los Comunes en Barcelona, ni Esquerra en Cataluña, ni PSOE-SUMAR aquí. Ya lo van viendo, limitando el precio del alquiler no se ha aumentado el parque público; ni demonizando a los propietarios, tampoco; ni eliminando el alquiler de temporada, tampoco. Nada de todo esto va a ampliar el parque público de vivienda, y Junts per Catalunya defiende que es aquí donde está el problema, porque nuestras propuestas no son propagandísticas como las de algunos, pero los expertos aseguran que son las únicas propuestas capaces de revertir la situación actual. Tienen que dejar de liar más la cuestión con continuos retoques legislativos de muy poco calado real, como el que hoy nos proponen. Lo que es necesario es aumentar a marchas forzadas el parque público de vivienda, porque sabemos, como se sabe en todas partes, como sabe cualquier responsable público con una mirada progresista en cuanto a la situación, que las políticas públicas de vivienda tienen que llevarse a cabo principalmente con vivienda pública y con recursos públicos, no externalizando a diestro y siniestro a todo el mundo, tal como se hace, y destinando recursos públicos, tal como se hace con educación, sanidad o en seguridad. En cambio, en vivienda lo que se ha hecho en los últimos años ha sido hacer recaer toda la responsabilidad que debería ser pública en el sector privado, tanto en términos de desarrollo urbanístico como de construcción de nuevas viviendas como últimamente en protección a su cargo de los rentistas vulnerables. Los legisladores, todos ustedes, nosotros, todos, tendríamos que impedir que el actual Gobierno y sus socios sigan eludiendo sus responsabilidades. Es necesario que todos reconozcamos el acceso a la vivienda como un nuevo pilar del Estado del bienestar, como lo son la educación ―lo decía antes―, la sanidad o la seguridad, y, consiguientemente, presionar para garantizar que sean los poderes públicos los que desarrollen las políticas públicas de vivienda y que las sufraguen con fondos públicos, que para eso se recaudan impuestos, para redistribuir los impuestos reforzando el Estado del bienestar. Hoy nos encontramos de nuevo con una propuesta que causará mucha frustración a los que realmente sufren el vía crucis de acceder a una vivienda, porque de buena fe creerán que esto va a mejorar sus posibilidades de acceder a una vivienda digna, pero tienen que saber que no será así, que solo se está intentando enmascarar nuevamente el fracaso del Gobierno y sus socios con una propuesta que, si se aprobara íntegramente y de forma literal, empeoraría todavía más el acceso a la vivienda. Junts per Catalunya negoció unos cambios en la propuesta inicial y ahora se especifica que van a salvaguardar las competencias exclusivas de Cataluña en este ámbito. Por esto hemos accedido a hablar y a debatir sobre el alquiler de temporada. Nuestro voto de hoy, una vez protegidas nuestras competencias, hará posible el debate. Damos un sí al debate, pero no presupongan ni por un instante un sí de Junts a este texto. Antes sería necesario que el texto resultante fuera sustancialmente diferente al que se nos presenta aquí. Deberíamos ir en la misma línea de la de nuestro grupo, Junts, en el Parlamento de Cataluña, que ha registrado una proposición legislativa dirigida a eliminar el fraude en estos tipos de alquiler a través de un registro público, que evitará que algunos propietarios utilicen de forma deshonesta este tipo de contratos para escapar de las prescripciones exigidas por la ley de alquiler habitual. Tengan presente también que Junts per Catalunya no validará que los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes estudiantes catalanes, pierdan la opción de ir a otra ciudad donde estudiar y comenzar a construir sus proyectos vitales fuera de casa, como hemos hecho tantos, permitiendo, tal como se propone veladamente en este texto, la eliminación de facto de los alquileres de temporada. Tampoco aprobaremos nunca que haya más escasez equiparando una habitación a una vivienda entera. No es novedad para nadie que Junts siempre ha dicho que, si se quieren nuestros votos, antes tienen que negociar con nosotros. Hoy lo único que haremos es abrir la puerta a negociar, nada más, pero tampoco nada menos. Gracias.

Carlos Hernández Quero VOX

Gracias, señora presidenta. Los alquileres de temporada y por habitaciones eran hasta hace muy poco figuras excepcionales en nuestro país. En los primeros se alojaban profesores, estudiantes u opositores que cambiaban de lugar de residencia por unos meses; los segundos eran una opción muy divertida, ideal para muchos jóvenes que se emancipaban con amigos al poco de cumplir los 20. Ambos casos estaban muy tasados, muy circunscritos a un momento vital muy concreto, y se caracterizaban precisamente por su carácter transitorio: el que marchaba a otra ciudad por razones laborales o formativas volvía al poco, y el que daba sus primeros pasos fuera de casa en un piso compartido se iba tan rápido como se estabilizaba su pareja o su trabajo o reunía unos ahorros. El alquiler de temporada o por habitaciones, por tanto, era el primer peldaño dentro de la escalera de la vida de las personas, un detalle puntual y nada más que eso. Este era el fresco habitual de nuestras ciudades hasta hace muy poco. Eran tan insignificantes estas figuras y era tan específico su uso que en los informes y estudios sobre el mercado de alquiler de hace un puñado de años ni siquiera se recogía su incidencia. Esos tiempos ya quedaron atrás, y quién los pillara. En 2024, el 30 % de los pisos anunciados en las grandes ciudades ya solo se ofrecen por meses; el alquiler de temporada se ha disparado un 230 % en toda España desde 2019: en Málaga, 466 %; en Alicante o Sevilla, por encima del 300 %; en Barcelona, 250 %. Con estas cifras se hace evidente que los nuevos contratos de temporada ya no los firman quienes cambian de ciudad por motivos laborales o por motivos de estudios, sino que tenemos a multitud de familias con la incertidumbre de no saber dónde vivirán al año siguiente, a parejas con la casa a cuestas, a jóvenes instalados en un nomadismo perpetuo. Esto es un drama, y las perspectivas no son más halagüeñas tampoco en el caso de los pisos compartidos. La oferta de habitaciones ya supera a la de pisos completos en Madrid, en Barcelona o en Valencia. En estas tres ciudades, en 2020 la suma total de pisos compartidos era de 2500 anuncios; hace seis meses eran 22 000, y esta mañana eran 33 000. También ha cambiado el rostro de los habitantes de este tipo de inmuebles; la edad media es actualmente de 34 años, por lo que hay toda una generación a la que no le ha quedado más remedio que aparcar su proyecto vital y habitar un estado de precariedad indefinida. No conocen la intimidad ni la privacidad ni la estabilidad emocional ni la posibilidad de tener hijos; por no conocer, no conocen ni siquiera a los desdichados que tienen al otro lado del tabique, que también van cambiando cada dos por tres. Esto ya no va únicamente de vivienda, es un problema de tal envergadura, es una transformación tan radical de hábitos y costumbres que amenaza la salud, la libertad, la dignidad y la forma de vida de nuestro pueblo, amenaza lo que somos, nuestra identidad. . Llegados a este punto, es preciso que algunos asuman su responsabilidad, porque aquí no nos han traído ni la marea ni el viento, aquí nos han conducido políticas bien concretas, que son las que defiende este Gobierno y las que preconizan los grupos proponentes, que, en un ejercicio de trilerismo y sinvergonzonería, pretenden hoy desentenderse de los efectos de sus decisiones y sus medidas. . Y es que el auge desaforado de los alquileres de temporada o por habitaciones o turísticos es la consecuencia directa de cinco años de regulaciones fallidas y de legislación aparentemente bienintencionada, muy grandilocuente, muy empalagosa, como esta iniciativa, pero absolutamente devastadora para quienes buscan y necesitan acceder a una vivienda. ¿Qué pensaban, que dejar maniatados y sin garantías a los propietarios en caso de impago no iba a tener consecuencias en términos de desconfianza o de inseguridad? . ¿Pensaban qué suspender los lanzamientos sine die, que prorrogar forzosamente los contratos, que controlar las rentas, que impedir los desalojos en caso de okupación o que condenar a los arrendadores a procesos interminables para recuperar la posesión no iba a hacer mella? ¿De verdad lo pensaban? Se cargan ustedes el mercado de alquileres, los títulos de propiedad sufren un deterioro sin igual, la Administración se lava las manos y traslada al particular su cometido, su tarea de brindar alternativa habitacional a los vulnerables, aquí no construye vivienda pública nadie, ¿y pensaban que esto iba a salir gratis? Pero ¿lo pensaban? ¿Por qué? ¿Por ingenuidad, por infantilismo, porque querían taparse los ojos y entonces ya no pasaba en realidad? . Los actos tienen consecuencias, las políticas tienen consecuencias y ustedes lo sabían. Todo lo que está pasando hoy: el desplome de la oferta de larga duración, la reducción drástica de la firma de contratos de alquiler, los casting inmobiliarios, las colas que dan la vuelta a la manzana para ver los pisos más baratos, el retraso en la edad de emancipación, el récord de hogares en situación de sobreesfuerzo, el récord de inquilinos en riesgo de pobreza, la expulsión del mercado de arrendamiento de jóvenes y rentas bajas, la especulación, todo esto ya sabíamos que pasaría, y sabíamos que pasaría porque ya había pasado en otros lugares. Bueno, en otros no, en todos; había pasado en todos los lugares donde se habían aprobado legislaciones similares a las que ustedes han aprobado en los últimos cinco años. . Pero a ustedes esto les da igual porque andan divorciados de la realidad, solo les importa la ideología, y si para que su ideología quede por encima tienen que quedar por debajo los españoles, ustedes no tienen duda: que sufran. El último giro de guion es que quienes han creado la enfermedad son quienes quieren vendernos la cura, pero lo cierto es que ya no cuela, porque no es una cura, es una pócima envenenada. Una nueva regulación no purga, no limpia, no corrige los errores de la regulación fallida anterior, al revés, la hace aún peor. . Lo que tienen que hacer con los alquileres es dar marcha atrás, no seguir ajustando y ajustando y ajustando las tuercas a ver si no queda un solo piso que los españoles puedan alquilar. ¿Es un problema el bum de alquiler de temporada y por habitaciones? Es un problema. ¿Es un problema que los grandes se pongan las botas con las necesidades de la gente? Es un problema. ¿Quieren que descienda el número pisos turísticos, por habitaciones o de temporada? Alejen sus manos de la vivienda y reconozcan todo lo que han cometido. Reconozcan y háganse responsables del fruto podrido de sus políticas, porque, de lo contrario, seguiremos aquí dando vueltas y vueltas a nuevas regulaciones que serán exclusivamente poner al zorro a cuidar del gallinero. .

Guillermo Hita Téllez PSOE

Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. La vivienda es un derecho y como tal debe ser protegido. El mercado sin regulación no funciona, como ha quedado ya ampliamente demostrado. El Gobierno es muy consciente de este problema y ha hecho del acceso asequible a la vivienda una prioridad central de esta legislatura. Señorías, ya tratamos aquí una iniciativa prácticamente igual sobre alquileres temporales y alquiler de habitaciones en septiembre y no obtuvo el apoyo de la Cámara. Ya se dijo en aquel momento, y se repite ahora, que el Gobierno estaba trabajando y sigue trabajando deprisa en la regulación del registro único de los alquileres de corta duración. La regulación se realizará en forma de real decreto, que actualmente se encuentra en tramitación administrativa urgente en el seno del Gobierno y cuya publicación en el BOE está prevista antes de finalizar este año. De esta forma, España se convertirá en el primer país de la Unión Europea que desarrolle el Reglamento 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. Pero hemos ido más allá con un aumento sin precedentes de los recursos económicos, mejorando la regulación, la fiscalidad, la movilización de suelos públicos, la protección del parque y la colaboración con todo tipo de actores. Estos han sido ejes fundamentales de la política de vivienda en estos doce meses de Gobierno. Quiero resaltar el anuncio que realizó a primeros de este mes el presidente Pedro Sánchez sobre la creación de una gran empresa pública estatal de vivienda que destinará recursos y actuaciones a la creación en todo el territorio de la vivienda pública de acceso asequible, blindada a perpetuidad y que será gestionada por la propia empresa. . El Gobierno es consciente de que la solución del problema concierne a todas las administraciones y, por eso, busca el consenso con todas ellas. En la recién celebrada Conferencia de Presidentes autonómicos, en lo que se refiere a la vivienda, el Gobierno ha propuesto a las comunidades autónomas: uno, blindar el carácter público y social de las viviendas financiadas con recursos públicos de forma permanente e irreversible; dos, aprobar una reforma de la ley del suelo que ofrezca más seguridad jurídica a los ayuntamientos y ayude a acelerar la construcción de viviendas asequibles, y, tres, que hagan uso de la ley de vivienda, cuyas herramientas están dando buenos resultados allí donde se aplican, reduciendo el precio de los alquileres. Y mientras el Gobierno propone, ¿qué hace la oposición del Partido Popular? Pues ya lo dijo el jefe Aznar: el que pueda hacer, que haga. Pero no en ayudar a solucionar los problemas reales de la gente, sino en su inútil estrategia de acoso y derribo — que, por otra parte, no van a conseguir— del Gobierno de Pedro Sánchez. El que deba hacer, que no haga, es la proclama oculta, pero clara respecto del problema de la vivienda, igual también del jefe, allí donde el PP tiene responsabilidades. Pongamos el ejemplo de Madrid, región que conozco bien, paradigma de la actuación del PP y banco de pruebas de sus políticas. Se lleva a rajatabla el mandato de: el que deba hacer, que no haga nada; es el mercado, amigo. . Y se ufanan de ello. El propio alcalde de Madrid, el señor Almeida, lo dijo expresamente: que no iba a hacer nada para regular los alquileres en una de las ciudades que cuenta con los precios más altos de toda España. Y es exactamente lo que hacen: nada. Aunque quizás es mejor que no lo hagan, por otra parte. Recuerden, señorías, la venta que realizó Ana Botella de viviendas públicas a fondos buitres. Afortunadamente, ahora el Tribunal Supremo da la razón a los inquilinos y les permite comprar sus pisos al precio que Botella los vendió a los fondos buitre. . El Gobierno de la señora Ayuso se desentiende completamente del problema. Es más, no lo ve como tal. Reconoce que los precios del alquiler han subido, pero, según ella, no están a los niveles de otras capitales del mundo. Igual Ayuso empieza a pensar que tendríamos un problema cuando los alquileres se pongan a los niveles que tienen París, Londres o Nueva York. En el último año, el alquiler ha subido en Madrid un desorbitado 20 %. Para la señora Ayuso — en realidad, esto es una opinión general en el Partido Popular, si no fuera así, ya se encargaría ella, la jefa, de que su opinión fuera aplicada—, la ley estatal de vivienda es mala, malísima. Dice que la ley es la culpable de que se hayan disparado los precios en Madrid y de que la oferta haya bajado. Yo me pregunto: ¿en qué datos se basa para ello? Porque, que yo sepa, la ley no se está aplicando en la Comunidad de Madrid. Los únicos datos de los que se disponen son los de Cataluña, comunidad en la que sí se está aplicando y los precios se están moderando e incluso reduciendo ligeramente. Sí me consta que hay en Madrid quienes están haciendo algo por el problema de la vivienda. Me estoy refiriendo a alcaldes y alcaldesas de once municipios, todos ellos del Partido Socialista, que se han unido para la confección y aprobación de una iniciativa legislativa que inste al Gobierno regional de la señora Ayuso a la declaración de zonas tensionadas. Son los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos de Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe, Parla, Ciempozuelos, Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Pinilla del Valle y San Martín de la Vega. . Desde aquí les envío el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, porque me consta que les mueve el interés de sus vecinos y vecinas por acceder a alquileres asumibles y asequibles. Pero no es solo que no se haga nada positivo por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de la ciudad de Madrid contra la escalada de precios del alquiler en la región, sino que se está tratando de hacer de Madrid un pseudo paraíso para fondos y millonarios, con todo un abanico de medidas para atraerles hacia nuestra región. ¿Y cuál es el resultado? Si en 2023 había en Madrid 7600 personas con más de tres pisos alquilados, esa cifra ha alcanzado las 10 242 en la actualidad, un 35 % más. Termino, señorías. Les adelanto que el Grupo Socialista repetirá el voto favorable que ya emitió en septiembre pasado para posibilitar que esta proposición de ley pueda ser debatida y mejorada. Muchas gracias. .

Joan Mesquida Mayans PP

Gracias, presidenta. Señorías de Bildu, a ustedes no les corresponde dirigir este Pleno. Absténganse de señalar a nadie. Sus señalamientos ya los hemos vivido. . Y que ustedes vengan aquí a decirnos que con miedo no hay libertad, ¡precisamente ustedes…! . Entrando en materia, la gente a la que representamos quiere seriedad, necesita seriedad y compromiso. No necesitan excusas ni anuncios en vano ni tampoco desvíos de atención como los que acabamos de escuchar del portavoz socialista, al que le preocupa más lo que hace la señora Ayuso que los incumplimientos del señor Sánchez. . Llevamos seis años viendo al señor Sánchez sobrevivir políticamente y no gracias a un proyecto de país, sí a base de cesiones constantes a los partidos minoritarios, a base de entregar la llave del Legislativo a los partidos independentistas, a los quince partidos agrupados en SUMAR y a Podemos, cuyas políticas intervencionistas nos han llevado al límite de la inseguridad jurídica y la consecuente crisis habitacional. Han conseguido aumentar la preocupación del acceso a la vivienda del puesto 17º al 1º del ranking. Señorías, no nos engañemos. El problema de la vivienda no lo han creado el mercado ni los propietarios, ni los cientos de miles de industriales que trabajan en el sector de la construcción, ni los ayuntamientos, ni las comunidades autónomas, ni tampoco el sector turístico. ¿Quién lo ha provocado? El intervencionismo ideológico y sectario de este Gobierno. Lo ha provocado, entre otras leyes, la nueva ley de la vivienda, impuesta hace un año y medio por Podemos, Bildu y Esquerra. Y hoy, estos mismos partidos, sustituyendo a SUMAR por Podemos, presentan esta proposición de ley, que dice textualmente en su exposición de motivos: La realización de contratos temporales se ha convertido en la práctica en una figura clave, utilizada por miles de arrendadores para esquivar algunos de los preceptos más garantistas de la LAU y la regulación de alquileres. Dicho en otras palabras, pretenden poner parches para evitar que siga la fuga de propiedades del alquiler residencial hacia el temporal. Pretenden solucionar el intervencionismo con más intervencionismo. La teoría dice que el Poder Legislativo está para intentar hacer leyes más justas y que protejan a quien quieren cumplirlas. Sin embargo, este Gobierno ha trasladado a los pequeños propietarios la responsabilidad de atender a las familias vulnerables. Sí, ha delegado la protección de los más vulnerables en los particulares, en los ahorradores, que son los que tienen el 89 % de las viviendas de este país. . Y con su inseguridad jurídica ―con la inseguridad que provocan― han conseguido que una de cada cuatro viviendas haya desaparecido del mercado del alquiler residencial. No olvidemos que el Convenio Europeo de Derechos Humanos nos dice que la Administración pública siempre se debe hacer cargo de las personas vulnerables y que en ningún lugar debe recaer sobre los conciudadanos. Ante la falta de certidumbre legislativa y la falta de seguridad jurídica, los ahorradores y los pequeños propietarios no pueden asumir el riesgo de impago ni cubrir los costes de las propiedades durante dos o tres años hasta poder recuperarlas, ni los costes legales que todo esto conlleva. Por tanto, estamos ante otro claro ejemplo en que el Partido Socialista cede el poder a los grupos minoritarios y luego, cuando llegan las nefastas consecuencias, el señor Sánchez se pone de perfil y deja que los Izquierda Unida, después Podemos y ahora SUMAR se hundan en sus miserias. No es la primera vez que pasa, seguro que se acuerdan, ¿a que sí, a que solo sí es sí que se acuerdan? . ¡Vaya batiburrillo de Gobierno! En lo que llevamos de legislatura, este Gobierno ya lleva cincuenta derrotas legislativas. Es decir, medio centenar de ocasiones en las que ustedes mismos se han traicionado por disputas internas, y todo esto sin contar las veces que se han retirado las iniciativas antes de que se debatan para evitar el ridículo en público. Y todo esto sin contar tampoco con las cuarenta y tres leyes bloqueadas en la Mesa para evitar que la oposición apruebe más leyes que el propio Gobierno. ¿Y a qué se dedica este Gobierno? A utilizar todos los recursos públicos para defender judicialmente al entorno del señor Sánchez; también, a colonizar las instituciones públicas para intentar controlar la opinión de los ciudadanos, y a lanzar anuncios en plan salvapatrias, tipo: construiremos 184 000 viviendas públicas. Demostrándose después que la vivienda únicamente es un arma electoral. O hace un par de semanas, decían: crearemos una nueva empresa pública para construir y gestionar vivienda. Pero un par de días después salió la ministra corrigiéndole, diciendo que, al final, lo que harían es reorganizar la empresa pública ya existente, Sepes. Los españoles somos una sociedad a la que la vivienda en propiedad nos ha permitido llegar a la edad de jubilación con cierta independencia económica y también tener una vivienda en propiedad nos ha permitido superar las crisis económicas, pese a estar a la cola de la Unión Europea en datos macroeconómicos. Para recuperar la estabilidad del acceso a la vivienda debemos actuar ya, pero no remando en el sentido contrario. Tomen nota, luego no nos digan que no traemos propuestas. Primero, debemos implantar medidas para que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler, con servicios de intermediación, con seguros de impago y en colaboración con las empresas municipales de vivienda. Segundo, desbloqueen la ley antiokupación para dar certidumbre, tranquilidad y seguridad jurídica. Se trata de estar al lado de las víctimas y esta sería una medida a coste cero para la Administración. Tercero, ayudas para la compra y rehabilitación de viviendas en los pueblos rurales para promover la repoblación activa. Cuarto, hay que reformar la Ley de Suelo para dar seguridad jurídica a los ayuntamientos en sus planeamientos urbanísticos. Y, quinto, tenemos que dotar de medios a las Administraciones locales para atender a las familias vulnerables. No hay tiempo que perder, señorías. Como ya se ha demostrado en otros territorios, el intervencionismo no es el camino. Dejen de utilizar la vivienda como un arma política y de enfrentar a los ciudadanos y escuchen a los expertos, que están cansados de darles la solución. Muchas gracias. .

Isabel Iniesta Egido PSOE

Gracias, presidenta. Buenas tardes. Señorías, hoy defendemos a los consumidores frente a prácticas empresariales abusivas, un tema que nos afecta a todos en el día a día. A principios del pasado mes de septiembre, el Grupo Parlamentario Socialista subió a esta tribuna para defender una iniciativa propia por la que se instaba al Gobierno a adoptar medidas en relación con la práctica de la reduflación; esto es, pagar más por menos, reducir el tamaño de un producto manteniendo el precio, recibir menos cantidad por el mismo dinero, lo que se traduce en subir los precios sin que te des cuenta de inmediato. En aquella ocasión, con motivo del debate, varios grupos indicaron que el Gobierno ya debería haber legislado al respecto, por ello me voy a permitir llevar a cabo una pequeña reflexión: si legislar es una potestad de esta Cámara y no del Gobierno, el mismo reproche merecemos cualquiera de los grupos parlamentarios presentes hoy en el Congreso por no haberlo hecho antes. . En cambio, es una vez más el concepto de política socialista como servicio y herramienta para mejorar las condiciones de vida de las personas el que nos lleva a formular esta iniciativa legislativa que hoy este grupo parlamentario somete a la consideración de la Cámara. No solo les pido su voto favorable, sino también su colaboración para que entre todos mejoremos la propuesta en los trámites posteriores. Y es que, si en general la política debe promover soluciones para los problemas comunes de los ciudadanos haciéndoles la vida más fácil, no tengo ninguna duda de que la iniciativa que hoy defiendo contribuye a ello. Estamos eliminando obstáculos que pueden afectar a las economías de los consumidores y sus derechos. Así, la política de consumo debe ser una herramienta para crear un mercado más justo, seguro y sostenible para todos, y esa es la motivación última de todas las iniciativas que hemos planteado en lo que llevamos de legislatura. Hoy, el Grupo Parlamentario Socialista proponemos soluciones para frenar aquellas prácticas empresariales que aparecen en los momentos en los que, por diversas circunstancias, los consumidores padecemos un encarecimiento de los productos. A cualquiera que me esté escuchando, le viene a la memoria alguna marca o producto que identifica con esta práctica: botellas de refresco, paquetes de arroz, pasta, legumbres, detergentes, frutas u hortalizas envasadas que cuestan lo mismo que antes pero que duran menos sin que seamos conscientes en el momento de la compra de que ha disminuido su cantidad. Se trata de una práctica que afecta por igual a marcas conocidas, productos preenvasados o marcas blancas. Estamos ante una práctica engañosa que se basa en la tendencia que tenemos los consumidores a utilizar como referencia en la compra de los productos su precio y no su peso o cantidad, una práctica engañosa que provoca un encarecimiento real de la cesta de la compra sin conocimiento del consumidor y una práctica engañosa que deteriora la reputación de la marca o establecimiento y su confianza. En definitiva, una práctica que cuando se realiza con opacidad y sin informar claramente al consumidor debe ser considerada — tal y como he mencionado— como una práctica engañosa. Todos estuvimos de acuerdo en el anterior debate, con mayor o menor entusiasmo, en que es necesario poner freno a este tipo de prácticas. Hoy, mi grupo les ofrece la posibilidad de hacerlo a través de una proposición de ley que modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para obligar a informar cuando se produzca una disminución de la cantidad en aquellos productos preenvasados que mantengan el mismo o similar diseño y dimensiones de su envase original. De este modo, se evita que el consumidor pueda percibir que no mantienen su contenido habitual aquellos productos porque la cantidad realmente ha disminuido. Se trata de garantizar que los ciudadanos puedan tomar decisiones óptimas sobre sus intereses, que sean conscientes y estén informados del encarecimiento real del producto, porque la reduflación es una auténtica estafa que menoscaba la confianza de los consumidores y acaba con la imprescindible transparencia que debe regir en las relaciones de consumo. Es un ataque directo a nuestro poder adquisitivo y a la transparencia en el mercado, una estrategia que atenta contra los derechos de los consumidores y que debe ser erradicada. Además, afecta principalmente a los hogares de menores ingresos, a los más vulnerables, que son los que destinan una mayor proporción de su salario a productos básicos, a productos de primera necesidad, como alimentos o artículos de higiene. Esta práctica, señorías, provoca una sensación de empobrecimiento silencioso en el que las familias no solo sienten que el dinero no les alcanza, sino que, además, no pueden identificar claramente las razones que hay detrás de esta pérdida de poder adquisitivo. En un reciente debate en la Asamblea francesa para la aprobación de iniciativas que evitaran este tipo de prácticas en Francia, se aportó el dato de que aproximadamente un 2 % de los productos alimentarios de los supermercados estaban afectados por esta práctica. Aquí, en España, según el estudio publicado en noviembre de 2023 por la consultora Ipsos, el 54 % de los consumidores españoles han notado una reducción del tamaño de los productos en su compra cotidiana. Seis de cada diez consumidores ven esta práctica como inaceptable, lo que nos sitúa entre los países europeos más críticos después de Francia, Suecia y Países Bajos. Según la encuesta realizada por la citada consultora, los snacks, pan, pasta, arroz, dulces, chocolates y comida precocinada son los productos donde la gente dice haber percibido más la reduflación. Asociaciones como la OCU y FACUA han denunciado esta práctica y han alertado sobre el impacto que tiene en la percepción de valor y en la lealtad del consumidor. Por otra parte, también quiero destacar las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno dentro de las campañas nacionales de vigilancia del mercado y coordinadas por el ministerio mediante el control de las menciones en la publicidad y presentación de los alimentos que pueden inducir a error sobre las características de los productos, y en particular, entre otros, sobre la cantidad que pueden contener en su envase. Señorías, la información es un derecho básico de los consumidores para poder tomar decisiones óptimas sobre sus intereses. Cuando estos toman decisiones sin información suficiente o por prácticas que podríamos llamar engañosas, ellos son las primeras víctimas, pero también se ve afectado el conjunto del sistema por una pérdida de confianza que es preciso restaurar. A veces, erradicar determinado tipo de prácticas engañosas puede combatirse fácilmente con más información y un consumidor bien informado puede actuar en el mercado con mayor eficacia que los propios poderes públicos. Tal y como acabo de señalar, sin información no pueden existir consumidores empoderados. Cuando esta información es engañosa, les impide tomar decisiones de consumo bien orientadas, bien sea para proteger sus intereses económicos o bien para influir en el ámbito de la ética o la sostenibilidad. La potencia transformadora de sus decisiones se desvanece o se orienta de forma inconsciente e involuntaria hacia decisiones contrarias a su auténtica motivación. Por eso, con nuestra propuesta exigimos que se informe a los ciudadanos de forma clara y comprensible cuando se reduzca la cantidad de un producto manteniendo el mismo o similar diseño de su envase original, y proponemos, igual que ya ha hecho algún país europeo, que esto se indique en el punto final de venta durante un periodo mínimo de noventa días. Señorías, termino mi intervención pidiéndoles de nuevo su apoyo. Con nuestra iniciativa queremos garantizar que los consumidores cuenten con la información y la transparencia necesarias para tomar decisiones informadas. Si bien las empresas deben adaptarse a un entorno económico desafiante, no podemos permitir que el coste de esa adaptación recaiga injustamente sobre los ciudadanos. Muchas gracias. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidenta. Arratsalde on. De forma muy breve, porque esto ya lo hemos debatido en diferente forma hace bien poco. Es decir, hace tres meses, concretamente el 11 de septiembre, debatimos una PNL acerca de la reduflación, que fue aprobada por este Parlamento por una amplia mayoría, creo que con 308 votos a favor y 33 abstenciones. En aquel momento ya dijimos que se trataba de una iniciativa que de poco serviría para luchar contra este problema si no se materializaba en una ley, y hoy, como consecuencia de aquella proposición no de ley, el PSOE nos propone modificar una ley para regular la reduflación o, lo que es lo mismo, menos producto pero más caro. Hoy, tal y como lo han hecho Francia o Alemania, se toman medidas en la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para evitar que la cesta de la compra se encarezca. En definitiva, para impedir o limitar la estrategia que llevan a cabo algunos fabricantes para reducir sus costes y por la que reducen la cantidad de producto manteniendo los precios, aunque a costa del consumidor. Y es que no hay que olvidar que a nadie nos gusta pagar más por menos o pagar lo mismo por menos, cuando además no nos informan de ello. La reduflación no es ilegal, pero las asociaciones de consumidores piden que tanto los productores como los supermercados lo comuniquen cuando se produzca un cambio de este calibre. Hoy, es lo que se va a hacer: obligar a las empresas a informar al consumidor de forma clara y comprensible si se reduce un producto y se mantiene el mismo precio. Lo dijimos ya, y hoy también lo decimos: resulta un tanto sorprendente que justamente se aborde este cambio cuando la inflación se está estabilizando y no lo hicieran cuando estábamos en plena etapa inflacionista, algo además de lo que ya venían advirtiendo tanto FACUA como la OCU y que los usuarios y usuarias venían también percibiendo, además de que también lo recogió un informe de la consultoría Ipsos, en el que se destaca que el 54 % de las personas consumidoras en España han notado una reducción del tamaño de los productos en su compra cotidiana. Aunque esta iniciativa llega un poco tarde, bienvenida sea, pues se trata de erradicar este tipo de prácticas que afectan a las y los consumidores y que puedan combatirse con más y mejor información y evitar la publicidad o venta engañosa. No se puede menoscabar la confianza de la gente y, por todo ello, votaremos a favor de la toma en consideración de esta iniciativa. Ekimen horren honen alde bozkatuko dogu izanbe produktu bat murrizten bada edo prezioa bera mantenitu manteniten bada enpresak kontsumitzaileari informaziñoa modu argi eta ulergarrian emotera behartuta egongo direlako. Eskerrik asko. Votaremos a favor porque, si se limita un producto y se mantiene el precio, debe informarse al consumidor de manera debida. Muchas gracias.

Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano EH Bildu

Arratsalde on. Buenas tardes. La ley del consumidor ya exige información correcta en la oferta comercial de los bienes y servicios. La información siempre debe posibilitar el elegir sin inducir al engaño; especialmente, se debe facilitar información comparable con el resto de las ofertas y también con respecto a la situación anterior del producto. Pero aquí el moderno marketing también ha venido a modernizar viejas artimañas de lo que era la antigua sisa, que consiste precisamente en robar poco a poco, sin que te enteres, en eso que ahora ha venido a llamarse precisamente la reduflación; esto es, encarecer el producto sin que se note. En realidad, es vender 80 gramos como si fueran 100, pero al precio de 120. En eso consiste. La Comisión Europea señala que inducir a error al consumidor medio sobre el tamaño del producto es una práctica engañosa. También, las actuales legislaciones estatales y autonómicas ya disponen que el etiquetado y presentación de los bienes no pueden inducir a error. Así que estamos de acuerdo con esta propuesta que nos traen, que tiene que impulsar la realización de campañas de información sobre estas prácticas, obligar a informar de forma clara y, sobre todo, reforzar la vigilancia del mercado. La cuestión es la siguiente. Si algo de esto estamos haciendo y no funciona, ¿por qué es? A la hora de discutir esta ley y de concretar su articulado tendremos que fijarnos en cuáles son las razones de esta expansión y por qué no se ha podido controlar esta situación. Y la respuesta es que en el sector agroalimentario hay un incremento y una concentración del poder, de las plusvalías y del marketing por parte de la gran industria agroalimentaria. La reduflación y otras prácticas por el estilo, que también existen, son estrategias para ocultar precisamente ese encarecimiento, para tener una imagen más competitiva de precio y para, además, conseguir más beneficio. Y todo esto se está dando porque las grandes empresas de elaboración y distribución agroalimentaria están desbocadas. Durante estos últimos años, la evolución al alza de los precios de los productos elaborados ha sido muy superior al de los no elaborados. Esto se resalta, por ejemplo, en índices estadísticos como el referido a las ventas, que indica que el volumen y peso total de mercancía vendida no ha aumentado en el último año, incluso ha descendido; sin embargo, el monto de los ingresos se ha incrementado. ¿Y a quiénes está perjudicando especialmente? Efectivamente, a las y los consumidores, que sufren la subida de los precios, pero también a las y los productores, que en muchos casos siguen vendiendo a pérdida sus animales y cosechas a la industria alimentaria. Por eso, si las personas consumidoras están sufriendo la reduflación por parte de las productoras y de los productores, lo que están sufriendo es un remachaque en su situación. Estamos de acuerdo en que hay que responder a estas prácticas, pero simultáneamente hay que crear unas condiciones de mercado para que se dé un reparto más equitativo de las plusvalías y evitar las subidas de precios injustificadas. Responder al fraude y a las subidas de precios injustificadas requiere una intervención más integral. Hay que responder desde diferentes planos: hay que aplicar la ley del consumidor, pero hay que desarrollar también la ley de la cadena alimentaria. Hay que incrementar la información, el control y la vigilancia y es preciso lograr un reparto más justo de las plusvalías en la cadena alimentaria. En este sentido, hoy quiero aprovechar estar aquí para llamar la atención ante una nueva amenaza contra la agricultura familiar, la que va a venir provocada por la rebaja de los aranceles que contempla un posible acuerdo con Mercosur. Hoy, el conjunto de países de Mercosur ya es el principal exportador de productos básicos agrícolas en la Unión Europea. No se necesitan contingentes adicionales libres de derechos arancelarios para incrementar estas exportaciones. La Unión Europea en estos momentos importa diez veces menos de lo que exporta el área geográfica Mercosur ―me refiero a productos agroalimentarios― y, señorías, como señalan las asociaciones agrarias de Vía Campesina, la experiencia dice que este tipo de acuerdos acaba beneficiando a los grandes latifundios y a las élites económicas de ambas partes en detrimento de los pequeños y medianos agricultores. La agroganadería es un sector estratégico que no puede dejarse caer en favor de otros sectores. Es necesario garantizar el futuro del sector, especialmente el de la agricultura familiar. La rebaja progresiva de los aranceles supone una autopista de entrada de productos agrarios a menores precio y ya sabemos sobre la base de qué: el no cumplimiento de estándares sociales y el no cumplimiento de los estándares de calidad. Así que no hagamos políticas en favor de los que nos venden paquetes de ochenta gramos como si fueran de cien y cobrándonos a 120. Muchas gracias.

Josep Maria Cruset Domènech JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies, presidenta. Fa no encara quatre mesos passava per aquesta mateixa Cambra una proposició no de llei, també del mateix Grup Socialista, que tractava exactament el mateix tema. I ja els deia llavors en la meva intervenció que en aquesta matèria aquell tràmit no serviria per a absolutament res i només era una manera de quedar bé sense corregir ni obtenir cap resultat. Per això ara ens trobem avui aquí, amb una nova iniciativa, parlant del mateix per a intentar posar solució a la inacció de l’anterior proposta. Com ja deia en la meva primera intervenció en aquella ocasió, una proposta adreçada a resoldre la típica picardia made in Spain. De fet, revisant les notes de la meva primera intervenció d’aquell dia, avui podria repetir fil per randa la mateixa intervenció i continuaria tenint tot el mateix sentit. Aquell dia jo els deia que Espanya excel·leix en conductes més o menys tramposes, que Espanya és el país de la institucionalització de Rinconete y Cortadillo, i això no és ficció. En el seu cas, és la crònica d’una societat, de la seva societat. Mirem-ho, com es pot entendre si no que l’economia submergida, el mercat negre, l’estraperlo, el frau fiscal, el blanqueig de capitals, les portes giratòries, el tràfic d’influències i, com deia, fins i tot les novel·les picaresques, com es pot entendre que hagin esdevingut no només pràctiques habituals, sinó també en elements que formen part del seu imaginari col·lectiu i d’un estil de vida associat a la idiosincràsia espanyola? Aquest conjunt de fenòmens arrelats tant en l’esfera pública com en la privada no són simples anomalies o desviacions puntuals que s’hagin produït de manera accidental. No, no. S’integren en un marc sociocultural que ha estat alimentat per la història, per les estructures de poder i fins i tot per una certa tolerància social al mentir i no dir la veritat. Sense anar més lluny, aquesta setmana passada, en la compareixença del ministre Cuerpo en comissió, vèiem un nou exemple de com fer trampes fent ballar les dades macroeconòmiques per a aixecar una cortina de fum i fer veure que Espanya és un tros de paradís a la terra. De fet, alguns de les dades macroeconòmiques que explicava el ministre podien ser fins i tot certes, però, tot i que certes, només una anàlisi miop de la situació, i fent trampes en la seva explicació, podia convertir aquelles dades en allò que presumeix tot sovint aquí Pedro Sánchez, que Espanya viu el seu millor moment de la història. De veritat? De veritat que Espanya viu el millor moment de la història? Perquè segurament, el que ens hauríem de preguntar és en quin món viuen vostès, perquè quan obres l’objectiu i mires el conjunt de les dades econòmiques i de la realitat, te n’adones que aquesta afirmació és del tot trampa i les dades diuen una cosa molt distinta. De forma molt sintètica: un 26,7 % d’atur juvenil, el pitjor de tota Europa, 11 punts per sobre de la mitjana europea; un 11,2 % d’atur, també el pitjor de tota Europa; i els que treballen, el seu sou mig és un 17 % més baix que la mitjana europea. Per contra, Espanya és el segon país on més puja el preu de compra d’habitatges, un 33 % en els darrers deu anys. En el mateix període, el lloguer ha augmentat un 60 %. I pel que fa a l’IPC, en els darrers quatre anys ha augmentat un 20 %. Un 20 % d’augment de l’IPC en els últims quatre anys! Per altra banda, vostès presumeixen de tenir el PIB que més creix, doncs en els últims vint anys només ha crescut un 5,7 %, quan a la resta de la Unió Europea ha estat d’un 22,65 %, quatre vegades més que a Espanya. I si es miren el deute públic, les dades la situen en 1 636 000 milions d’euros, 34 000 euros de deute públic per habitant, el deute públic més gran de la història d’Espanya, el 106 % del producte interior brut. I el fons de reserva de les pensions? A la inversa del deute públic: només un 0,4 % del producte interior brut, enfront del 7 % que té França o del 11,2 que té Portugal. Així podríem anar allargant les evidències que, com els deia al començament, vostès fan trampes i els ciutadans no noten pas que Espanya sigui aquest tros de paradís que diuen vostès a la terra. Perquè és evident que els indicadors de costos estan molt per sobre d’Europa i que els indicadors d’ingressos estan molt per sota d’Europa, l’equació no s’aguanta. Perquè escoltin, tothom està insatisfet; parlis amb el sector que parlis, i vagis on vagis, fa temps que no es troba ningú satisfet amb vostès i amb les seves polítiques. Ningú, ni tan sols els seus. Així doncs, està bé evitar les trampes en la comercialització de productes, com proposen avui. Sí, i tant! Però, escoltin, per a això no calia fer una proposició de llei. Ja els vam dir quan van debatre el mateix fa uns mesos, que això ho podrien haver arreglat fa temps per altres vies molt més ràpides i contundents, que proposant un simple etiquetatge. O potser es pensen que sense un sistema dur d’inspeccions i sancions, qui fa aquestes pràctiques ―tècnicament reprovables― no trobarà per altres vies per a saltar-se aquesta proposta que vostès fan avui? Per tant, amb tot això no n’hi ha prou per a garantir els drets i el benestar dels ciutadans. El que caldria esperar d’un Govern és que fessin el que cal per a deixar de tenir el deute públic més gran de la història, no facilitar que sigui el país amb les majors dificultats per a accedir a l’habitatge — ja sigui de compra o de lloguer—, o de deixar de ser el que tenen més atur d’Europa, deixar de ser els que tenen el pitjor atur juvenil de tot Europa, aconseguir reduir l’IPC per a no escanyar més la gent i no pensar en tot moment en augmentar els impostos a ciutadans i empreses. Això sí que seria realment meritori, però jo diria que això és demanar massa per a vostès. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, presidenta. Hace no todavía cuatro meses pasaba por esta Cámara una proposición no de ley del mismo Grupo Socialista que abordaba exactamente el mismo tema, y ya les decía entonces en mi intervención que en esta materia ese trámite no serviría para absolutamente nada y solo era una forma de quedar bien sin corregir ni obtener ningún resultado. Por eso hoy estamos aquí, ante una nueva iniciativa, hablando de lo mismo para intentar poner solución a la inacción de la anterior propuesta. Como ya decía en mi primera intervención en aquella ocasión, una propuesta dirigida a resolver la típica picaresca made in Spain y, repasando las notas de mi primera intervención, hoy podría repetir exactamente lo que dije en aquella ocasión y todo tendría sentido. Ese día les decía que España es excelente en conductas más o menos tramposas, que España es el país de la institucionalización de Rinconete y Cortadillo, y esto no es ficción. En su caso, es la crónica de una sociedad, de su sociedad. ¿Cómo podemos entender si no que la economía sumergida, el mercado negro, el estraperlo, el fraude fiscal, el blanqueo de capitales, las puertas giratorias, el tráfico de influencias y, como decía, incluso las novelas picarescas se hayan convertido no solo en prácticas habituales, sino también en elementos que forman parte de su imaginario colectivo y de un estilo de vida asociado a la idiosincrasia española? Este conjunto de fenómenos arraigados tanto en la esfera pública como privada no son simples anomalías o desviaciones puntuales que se hayan producido de forma accidental. No, se integran en un marco sociocultural que ha sido alimentado por la historia, por las estructuras de poder e incluso por una cierta tolerancia social a mentir y no decir la verdad. Sin ir más lejos, la semana pasada, en la comparecencia del ministro Cuerpo en comisión, vimos un nuevo ejemplo de cómo hacer trampas haciendo bailar los datos macroeconómicos para levantar una cortina de humo y hacer ver que España es un pedazo de paraíso en la tierra. De hecho, algunos de los datos macroeconómicos que contaba el ministro podían ser incluso ciertos, pero, a pesar de ser ciertos, solo un análisis miope de la situación, y haciendo trampas en su explicación, podía convertir aquellos datos lo que presume aquí Pedro Sánchez, que España vive su mejor momento de la historia. ¿De verdad? ¿De verdad que España vive su mejor momento de la historia? Seguramente, lo que deberíamos preguntarnos es en qué mundo viven ustedes, porque cuando se abre el objetivo y se ven los datos económicos y la realidad, te das cuenta de que esta afirmación es una trampa y que los datos nos cuentan algo muy distinto. De forma muy sintética: un 26,7 % de paro juvenil, el peor de toda Europa, 11 puntos por encima de la media europea; un 11,2 % de paro, también el peor de toda Europa; y en cuanto a los que trabajan, su sueldo medio es un 17 % más bajo que la media europea. Por el contrario, España es el segundo país donde más sube el precio de compra de viviendas, un 33 % en los últimos diez años. En el mismo periodo, el alquiler ha aumentado un 60 %. En lo que respecta al IPC, en los últimos cuatro años ha aumentado un 20 %. ¡Un 20 % de aumento del IPC en los últimos cuatro años! Por otro lado, ustedes presumen de tener el PIB que más crece, pero en los últimos veinte años solo ha crecido un 5,7 %, cuando en el resto de la Unión Europea ha crecido un 22,65 %, cuatro veces más que en España. Si ustedes echan un vistazo a la deuda pública, los últimos datos la sitúan en 1 636 000 millones de euros, 34 000 euros de deuda pública por habitante, la deuda más grande de la historia de España, el 106 % del producto interior bruto. Y el fondo de reserva de las pensiones, al revés de lo que acaba de decir: solo un 0,4 % del producto interior bruto, frente al 7 % que tiene Francia o el 11,2 que tiene Portugal. Así podríamos continuar con las evidencias, porque, como les decía al principio, ustedes hacen trampas y los ciudadanos no notan que España sea este pedazo de paraíso en la tierra. Es evidente que los indicadores de costes están muy por encima de Europa y que los indicadores de ingresos están muy por debajo, y la ecuación no se sostiene. Todo el mundo está insatisfecho; hables con quien hables, con el sector que hables, o vayas donde vayas, nadie está satisfecho con ustedes y con sus políticas. Nadie, ni los suyos. Así pues, está bien evitar las trampas en la comercialización de productos, como proponen hoy. Sí, esto está bien, pero, oigan, para esto no era necesaria una proposición de ley. Ya les dijimos cuando debatimos lo mismo hace unos meses que esto lo podrían haber arreglado hace tiempo a través de otras vías mucho más rápidas y contundentes, más que proponer un simple etiquetado. ¿O quizá creen, sin un sistema duro de inspecciones y sanciones, que quien lleva a cabo estas prácticas ― técnicamente reprobables― no va a hallar por otras vías para saltarse esta propuesta que ustedes hacen hoy? Con todo esto no es suficiente para garantizar los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Lo que cabría esperar de un Gobierno es que hicieran lo necesario para dejar de tener la deuda pública más grande de la historia, y no facilitar que sea el país con las mayores dificultades para acceder a la vivienda ―ya sea de compra o de alquiler―, o para dejar de ser el país con más paro de Europa, el país con el mayor paro juvenil de Europa, y conseguir reducir el IPC para no ahogar más a las personas y no pensar en todo momento en el aumento de impuestos para ciudadanos y empresas. Esto sí que sería realmente meritorio, pero yo diría que esto es pedir demasiado para ustedes. Muchas gracias.

Jordi Salvador i Duch ERC

Bona tarda. Això de la reduflació ja sembla un tema per fascicles. Primer, ens porten una proposta no de llei; al cap d’una setmana és una proposició de llei i potser d’aquí a poc serà un projecte de llei. Bé, en fi. La reduflació és un atac directe contra les classes populars, és una pràctica que redueix el contingut dels productes mentre els preus es mantenen o fins i tot augmenten, una manera encoberta d’empobrir-nos cada dia més. Això afecta els productes que comprem cada dia: la llet, els cereals, el detergent, la pasta… Ens trobem amb caixes més petites i menys contingut, però amb preus intactes o disparats. Les classes treballadores, ja escanyades — ja escanyades—pels salaris insuficients i preus desbocats, el petit autònom veu com cada dia perd poder adquisitiu. Aquesta pràctica augmenta la pobresa i fa encara més precària la vida de moltes famílies. Aquest problema no és nou. La reduflació és, en certa manera, un intent d’estafar sense cap ètica, que cal combatre-ho amb contundència. No ho neguem. Sabem que controlar la reduflació és imprescindible, però també sabem que sense una política econòmica valenta aquesta llei serà insuficient i cal anar molt més enllà. Està bé la reduflació, està molt bé, però crec que hi ha coses més importants a regular per a poder millorar el poder adquisitiu de les classes treballadores, ja siguin assalariades o ja siguin autònoms. Mentrestant, anem a evidències, anem a fets. Les grans empreses — que alguns encara els estalvien impostos— les grans empreses continuen acumulant beneficis escandalosos. Segons dades recents, els beneficis empresarials de l’Estat, fets, els beneficis empresarials de l’Estat espanyol han crescut de forma desproporcionada en comparació amb el PIB, mentre que els salaris, en canvi, no han anat disminuint… han anat disminuint, perdó, en termes relatius. És a dir, més percentatge del PIB per als beneficis empresarials, menys per a les aportacions dels salaris. Això evidencia una desigualtat de creixement i una manca de redistribució justa de la riquesa. El problema doncs no és només la reduflació, és un sistema que permet aquestes injustícies. Què fa falta per afrontar aquest problema? A banda del que vostès proposen, aquí hem aportat com a Esquerra uns altres solucions, i alguns altres partits també en el mateix sentit. Augment salarial significatiu, increment del salari mínim, fins a assolir al 60 % del salari mitjà, tal com recomana la Carta Social Europea, per a garantir condicions de treball dignes. Més controls i sancions, si no s’estableixen en aquesta llei sancions reals per a dissuadir aquestes pràctiques, sense sancions clares, tot això és paper mullat. Transparència permanent, només s’exigeix informar durant noranta dies. Això no és suficient. L’etiquetatge ha de ser clar i accessible de manera constant, incloent-hi la història de pes i mida del producte. Què proposem? Règim sancionador contundent a les empreses que enganyen en aquest tema. Índex de reduflació, cal identificar les empreses que utilitzen aquestes pràctiques i publicar-ne resultats perquè la ciutadania ho sàpiga. Llistes de males pràctiques, associacions de consumidors i sindicats han de tenir eines per a assenyalar les empreses que es lucren amb aquest engany. Clàusules de revisió salarial, incorporar als convenis col·lectius — i això sí que és molt important— incorporar als convenis col·lectius clàusules que garanteixin augments salarials automàticament vinculats a l’IPC per a protegir el poder adquisitiu, només podent-se despenjar en cas que hagin minvat els beneficis, que hagin minvat o que hagin arribat per sota del que és lògic, no? Negociació col·lectiva, això també és molt important i molt efectiu. Promoure acords entre sindicats i patronal que assegurin una redistribució justa dels beneficis empresarials. Això inclou mesures com incentivar la participació activa dels treballadors en les negociacions i garantir que els increments salarials siguin proporcionals als beneficis empresarials, assegurant així que el creixement econòmic es reflecteixi en les condicions de vida de la classe treballadora. De res ens serveix quan vostès diuen que el PIB està augmentant i que està pujant si aquest PIB no repercuteix a tota la població en general. No serveix de res per a la majoria de la gent. En definitiva, calen mesures molt més valentes, sense augmentar salaris i sancions, els abusos al control de la reduflació serà insuficient. Exigim doncs un control ferm amb els drets de la classe treballadora per a garantir una vida digna. I per altra banda, també he escoltat aquí alguns que parlen des del supremacisme que només hi ha corrupció en l’Estat espanyol. Jo crec que alguns partits estan plens de corrupció, estan molt plens de corrupció i plens de finestres giratòries o de portes giratòries. Recordem a Duran i Lleida, a Sánchez Llibre o recordem els casos Pujol, etcètera. No. La corrupció està molt ben repartida pels pobles i pels països; cap poble se’n salva, malauradament. I cal combatre-la a tot arreu per igual. Moltes gràcies. Buenas tardes. Esto de la reduflación parece un tema por fascículos. Primero, una propuesta de ley; después, una proposición de ley y dentro de poco quizá será un proyecto de ley. La reduflación es un ataque directo contra las clases populares, una práctica que reduce el contenido de los productos mientras los precios se mantienen o aumentan, una manera encubierta de empobrecernos cada día más, y esto afecta a los productos que compramos cada día: leche, cereales, detergente, pasta. Las cajas son cada vez más pequeñas y con menos contenido, pero con precios intactos o disparados. Las clases trabajadoras, ya ahogadas por los salarios insuficientes y los precios desbocados, y el pequeño autónomo ven cómo cada día pierden poder adquisitivo. Esta práctica aumenta la pobreza y hace que la vida sea todavía más precaria para muchas familias. Este problema no es nuevo. La reduflación es, en cierto modo, una forma de estafar y hay que combatirlo con contundencia. Controlar la reduflación es imprescindible ―lo sabemos―, pero también sabemos que sin una política económica valiente esta ley será insuficiente y debe ir más allá. La reduflación, sí, está bien combatirla, pero creo que hay cosas más importantes que debemos regular para poder mejorar el poder adquisitivo de las clases trabajadoras, ya sean asalariadas o autónomas. Entre tanto, hay evidencias, hechos: algunos todavía se ahorran impuestos. Las grandes empresas acumulan beneficios escandalosos. Los beneficios empresariales del Estado español han crecido de forma desproporcionada en comparación con el PIB mientras que los salarios han ido disminuyendo en términos relativos. Más porcentaje del PIB para beneficios empresariales y menos aportaciones para los salarios y esto conduce a una desigualdad, a una falta de redistribución justa de la riqueza. El problema no es solo la reduflación, es un sistema que permite estas injusticias. ¿Qué es preciso para hacer frente a este problema? Al margen de lo que ustedes proponen, aquí Esquerra y otros hemos aportado soluciones en un mismo sentido. Aumento salarial significativo. Aumento del salario mínimo hasta llegar al 60 % del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea, para garantizar condiciones de trabajo dignas. Más controles y sanciones. Si no se establecen en esta ley sanciones reales para disuadir estas prácticas, sin sanciones claras todo esto es papel mojado. Transparencia permanente. Solo se exige informar durante noventa días. Esto no es suficiente. El etiquetaje debe ser claro y accesible de forma constante, incluyendo historia, peso, medida y tamaño del producto. ¿Qué proponemos? Un régimen sancionador contundente para las empresas que engañan en este tema. Índice de reduflación. Se deben identificar las empresas que autorizan estas prácticas y publicar resultados para que la ciudadanía lo conozca. Listas de malas prácticas. Asociaciones de consumidores y sindicatos deben disponer de herramientas para ver qué empresas se lucran con este engaño. Cláusulas de revisión salarial. Incorporar a los convenios colectivos ―y esto es muy importante― cláusulas que garanticen el aumento salarial vinculado al IPC para proteger el poder adquisitivo y que solo se puedan descolgar si se han reducido los beneficios o que hayan llegado por debajo de lo que es lógico. Negociación colectiva. Esto también es muy importante. Promover acuerdos entre sindicatos y patronales que aseguren una redistribución justa de los beneficios empresariales. Esto incluye medidas como la incentivación de la participación activa de los trabajadores en las negociaciones y garantizar que los incrementos salariales sean proporcionales a los beneficios empresariales, asegurando de esta forma que el crecimiento económico se refleje en las condiciones de vida de la clase trabajadora. Porque no sirve de nada que ustedes digan que el PIB está aumentando si este PIB no repercute en toda la población en general, no sirve de nada para la mayoría de las personas. En definitiva, se precisan medidas más valientes. Sin aumentar los salarios y sin aumentar las sanciones, el control será insuficiente. Exigimos un control firme con los derechos de la clase trabajadora para garantizar una vida digna. También he escuchado cómo algunos hablan desde el supremacismo, diciendo que solo hay corrupción en el Estado español. Creo que algunos partidos están llenos de corrupción y llenos de puertas giratorias. Recordemos a Duran i Lleida, a Sánchez i Llibre o el caso Pujol. La corrupción está muy bien repartida en los pueblos y países; no hay ningún pueblo o país que se salve de ella y hay que combatirla en todas partes por igual. Muchas gracias. .

Fèlix Alonso Cantorné SUMAR

Gracias, presidenta. La proposición de ley que nos presenta hoy el partido mayoritario en el Gobierno tiene muy buenas intenciones, pero llegamos todos un poco tarde. Señorías, está muy bien dotarnos de medidas para frenar el futuro abuso de las distribuidoras de alimentos en España, al igual que en otros sectores; el problema aparece cuando el cambio llega tarde y no se actúa de forma contundente con las leyes vigentes que tienes aprobadas y a tu disposición. La ciudadanía se desanima y piensa: ¡A buenas horas mangas verdes! En cuanto la inflación empezó a bajar, las cadenas se apresuraron a publicitar el cambio que nunca debieron hacer. Por ejemplo, en los paquetes de galets ―ahora que estamos en Navidad―, al igual que en todos, ya pone claramente el gramaje. Parte de la ley cumplida. Por eso intentaremos que sea un poco más ambicioso de lo que se nos plantea. En los primeros días de volver al gramaje inicial, hasta colocaron en las cintas de pago, en el separador de los productos, la publicidad correspondiente. Es normal que vayamos por detrás porque no tenemos una bola de cristal. Por eso, cuando detectamos un fraude legal, pero fraude, al fin y al cabo, lo que hemos de intentar conseguir es que no se repita y menos que en el proceso siempre sea un winwin para la empresa. Reduce la cantidad y no sube el precio. Y en la reducción, posiblemente, tenga más margen de beneficio, ya que el precio, como todos sabemos, es libre. Para más cachondeo, cuando vuelve al gramaje inicial, como nos ha pasado, hace una campaña de marketing y los que quedamos mal somos nosotros y las Administraciones. Para el consumidor, que no tiene por qué entender de leyes, no actuamos cuando toca y cuando lo hacemos, vamos a remolque de las grandes cadenas, que son las buenas. Por eso SUMAR, como siempre, es el que estira un poquito más a la izquierda en defensa de los consumidores para no endulzar las medidas y que no molesten al que defrauda. El problema no está exclusivamente en avisar en caja alta y tipografía de palo que te están engañando, sino en que no lo hagan. En la sociedad del mercado el precio es libre y es precisamente en el precio donde nos fijamos, donde se fijan las familias cuando van al súper y no en el gramaje. Si la empresa productora o la comercializadora quieren cambiar la cantidad de un producto habitual, deben estar obligadas a cambiar la imagen del envoltorio utilizando otro color, por ejemplo, y, como propone la PL, un aviso; y si es posible, con luces fosforescentes y en carteles, como cuando promocionan sus ofertas y rebajas. No sé si sus señorías se acuerdan de cómo, cuándo y por qué se inició todo esto que hoy discutimos; yo sí. El 27 de diciembre de 2022, con efectos de 1 de enero de 2023, y como medida para reducir el coste que la guerra en Ucrania producía en la economía familiar, el presidente Pedro Sánchez anunciaba ―abro cita―: La cesta de productos de primera necesidad, que hasta ahora tributaba al 4 %, pasará a tributar al 0 %. Por otro lado, el aceite y la pasta, que actualmente tienen un IVA del 10 %, pasarán a tenerlo del 5 %. Cierro la cita. En el Grupo Plurinacional SUMAR no éramos unos entusiastas de la medida, ya que los antecedentes apuntan a que cuando rebajas el IVA, alguien se lo queda en el trayecto y nunca llega la rebaja al consumidor. Como me han escuchado decir varias veces desde la tribuna ―igual piensan que soy un poco pesado, lo siento―, era en aquellas fechas un inquieto director general de Consumo en las Islas Baleares. Teníamos dos días hábiles para comprobar si las cadenas modificaban sus precios antes de la entrada en vigor. Hacían lo que en muchas rebajas, es decir, subir para luego bajar y llevárselo crudo; es lo que habitualmente hacen. Eran dos días en plenas vacaciones de Navidad, con el poco personal que tienen las Administraciones de consumo y Navidad en la Administración, no digo más. Hicimos a correcuita un listado de sesenta productos básicos para chequear si bajaban, mantenían o subían los precios. Empezamos el 28 de diciembre y repetimos el 4 de enero. Se analizaron siete grandes superficies en la isla de Mallorca y ―¡oh sorpresa!― tres supermercados subieron precios de alimentos básicos en vez de bajar el IVA; y otros en algunos productos mantenían precios sin aplicar la bajada. Esa era la realidad. Ese muestreo se lo pasamos a la CNMC, porque desde la comunidad autónoma no teníamos capacidad suficiente para analizar de forma rigurosa si se cumplía o no y para que, en el supuesto de incumplimiento, se sancionase por la Administración competente. Es importante que nosotros armemos leyes que sean aplicables y que la Administración actúe con lo que tiene y no mire para otro lado. En consumo, como en otros muchos temas, la Administración competente es la autonómica y demasiadas veces mira hacia otro lado. Como sus señorías saben, porque lo anunció aquí mi compañero Carlos Martín, SUMAR pretende introducir un impuesto inteligente que se adapte en función de los márgenes excesivos que tenga cada una de estas empresas. Otro elemento fundamental dentro de la reduflación, que hoy no se trata, es la reduflación en la vivienda. En solo tres años, el tamaño medio de la vivienda se ha reducido en ocho metros cuadrados, pero son más caras. Y, señorías, la mala noticia es que parece que es una tendencia que no va a cambiar, sino que los hogares van a seguir menguando de tamaño. Señorías, hemos de actuar. Otro caso de reduflación es el que han vivido durante más de veinticinco años los afectados de las hipotecas referenciadas al IRPH. Este caso de estafa bancaria ha sido sentenciado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 12 de diciembre a instancias de unas prejudiciales del juzgado de Primera Instancia de Donostia y referenciadas a una serie de preguntas de los letrados Ortiz y Erausquin, cuestiones extraídas del informe financiero encargado por Consumo de las Baleares. En ella, la reduflación la han ejercido la Abogacía del Estado y el Tribunal Supremo ―ellos dos―, porque su visión de defensa de los españoles se reduce a los intereses de los españoles que están al frente de las entidades bancarias. Otra sorpresa. Precisamente en este tema, el diputado que les habla ha enviado una carta al Banco de España con el informe de un reconocido matemático, en la que se demuestra que esas hipotecas llamadas IRPH tenían una doble retribución, ya que se cobraba por partida doble la comisión de apertura y, en cambio, el servicio solo se prestaba una vez. A la espera de la confirmación del Banco de España, al que he de reconocer su labor objetiva, los bufetes de abogados ya pueden ir ampliando su personal, porque los abusos bancarios no pueden quedar impunes. Y SUMAR es y será el aval que tienen la ciudadanía y los consumidores para defenderles. Gracias. .

Jacobo González-Robatto Perote VOX

Muchas gracias, presidenta. A su señoría de Junts, que ha hecho aquí una disertación de la corrupción alrededor de toda la sociedad española, por lo que sea se le ha olvidado un tres per cent de los datos. No sé si será olvido o despiste. . Como saben, la reduflación tiene lugar cuando pagamos lo mismo o más por un producto, pero recibimos menos cantidad o de peor calidad, es decir, vienen menos patatas en la bolsa y nos cobran lo mismo. Es un hecho denunciable y que tiene consecuencias directas sobre el consumidor español, cuyo poder adquisitivo ya se encuentra de por sí mermado con respecto a la media de la Unión Europea. Es una estafa silenciosa, pero también una perfecta metáfora de lo que ocurre con la gestión del Gobierno, que pone tronos a las causas y parches a las consecuencias. . Y vamos a ver el porqué, el porqué y el cómo de la hipocresía del Gobierno, que aplica la reduflación a todos los ciudadanos: encarecen la cadena de producción y elevan los impuestos de todo, y luego buscan revertir las consecuencias con eufemismos y pegatinas. Ustedes han batido el récord en recaudación de impuestos. Durante los seis primeros meses del año exprimieron y esquilmaron un 10 % más de impuestos a la ciudadanía; en cambio, no vemos dónde están esos servicios. Estoy seguro de que la etiqueta que ustedes desean para los alimentos sería de mayor utilidad en la nómina de los españoles y que se explicara qué hacen con los dineros que extraen con el IRPF. Una etiqueta que, por ejemplo, se podría poner en el impuesto sobre circulación, ya que ahora tu coche diésel paga los mismos impuestos, pero puede circular por menos calles. . Una etiqueta que se puede poner también en cualquier producto que lleve IVA o en la declaración de la renta; una etiqueta que se puede poner en los precios de la vivienda, que aumentan un 10 % al año; o una etiqueta que, por desgracia, podemos ver en la primera página de la ley ELA, en la que ustedes prometen y luego se olvidan. Pagamos más impuestos que nunca y recibimos menos servicios públicos y, además, de peor calidad. Asimismo, batimos un récord de deuda, incrementando nuestro país la suma que debemos a razón de 135 000 euros por minuto. Es decir, pagamos más impuestos, estamos más endeudados y, en cambio, perdemos más poder adquisitivo. . Esa es la concepción de progreso del Partido Socialista, la que enfila el camino hacia el abismo. Ese es el resultado, una sensación de retroceso y falta de rumbo. Los ciudadanos pagamos los platos rotos de una desastrosa gestión. Hay miles de ejemplos que vamos a ir enumerando poco a poco. Empecemos por Renfe, un caso, además, que a todo el mundo nos viene a la cabeza y un símbolo claro de este deterioro. Mientras que el Gobierno presume de que los trenes están en el mejor momento de la historia, vemos cómo los trenes de alta velocidad y larga distancia llegan tarde como nunca. El porcentaje de retrasos se ha duplicado del año 2019 al año 2023; casi el doble de incidencias en apenas cuatro años, todo por la mala gestión. Esto significa que los ciudadanos están pagando billetes más caros y reciben un servicio cada vez más impredecible y deficiente. Señores, esto no es progreso, esta es la reduflación aplicada a su gestión de los servicios públicos. Pero vamos con otra aún más preocupante: la educación, la inversión más importante para el futuro de nuestros hijos. Aquí no estamos hablando de retraso de trenes; estamos hablando, como he dicho, del futuro de nuestros hijos. En el último informe PISA, que es demoledor, los alumnos españoles han obtenido los peores resultados en materias tan importantes como son las matemáticas. España no solo no avanza, sino que retrocede mientras otros países mejoran. Nos venden leyes educativas que solo generan confusión, bajan la exigencia, a la par que solo promueven el adoctrinamiento. Y el resultado es claro: nuestros jóvenes salen menos preparados y menos competitivos al mundo; eso sí, la recaudación de los impuestos sigue funcionando a toda máquina. Vamos ahora con la sanidad pública, un orgullo nacional que se tambalea en manos Partido Socialista. Los datos son escalofriantes: 850 000 personas están en lista de espera para ser operadas ; el peor dato desde que hay registros. Son familias enteras las que sufren durante meses, e incluso años, en lista de espera para ser atendidas, y ahora se les añade el millón y medio de personas que ya no serán atendidas por MUFACE, sino que irán a la ya saturada sanidad pública. ¿Y dónde va el dinero que se recauda con estos impuestos? Porque no van a las colas de los hospitales, ni a la mejor atención primaria, ni a reducir estas cifras vergonzosas. Van a chiringuitos, a los 32 000 millones de euros que repartieron en subvenciones ustedes el año pasado; a 400 millones en ayudar a terceros mientras Valencia, por ejemplo, agoniza; a regar publicidad institucional; a los Broncanos; a los sindicatos corruptos, o, por ejemplo, al Ministerio Interior de Marruecos, que le dan 30 millones. A todo, menos a lo que de verdad importa. Va a los Koldos, a los secretarios de organización del PSOE, al número dos de Sánchez, a la mujer de Sánchez, al hermano de Sánchez. Van a todo esto, menos a las cosas que realmente importan. Estamos ante un Gobierno que, ante esta crisis, aplica la reduflación a la gestión pública. Pagamos más impuestos que nunca, recibimos cada vez peores servicios y la calidad de vida de los ciudadanos se resiente. Y enfrente se encuentran a un Gobierno cuyas soluciones pasan por cambiar las etiquetas de los productos; unos productos con precios cada vez más elevados debido, precisamente, a la inacción del Gobierno. Y este es el resultado de las políticas que priorizan la recaudación sobre la gestión eficiente. Y la pregunta es sencilla: ¿hasta cuándo vamos a tolerar que nos cobren más por menos calidad en todo lo que debería ser público y garantizado? Seamos claros, señorías. España necesita una gestión responsable, eficiente y comprometida con sus ciudadanos, no con la propaganda. Es hora de exigir soluciones y dejar atrás la reduflación gubernamental que nos roba oportunidades y el futuro cada vez que disminuye nuestro poder adquisitivo. Y el culpable, una vez más, señorías, con los récords de recaudación es el Gobierno del Partido Socialista. Muchas gracias. .

Silverio Argüelles García PP

Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Hoy subo a esta tribuna para dar voz a millones de españoles que ven como el esfuerzo en sus salarios se diluye por el alza de los precios, los impuestos y unas políticas que solo benefician a unos pocos. La reduflación es uno de los ejemplos más claros de esta situación. Este concepto, que parece muy técnico, se entiende fácilmente cada vez que alguien realiza una compra y descubre que trae menos cantidad en el mismo envase por el mismo precio y en algunas ocasiones más. Esta práctica refleja la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para controlar la inflación. Estamos ante un Gobierno sin rumbo, sin recorrido y sin iniciativa. . Solo les queda convocar elecciones. Preguntaba la portavoz de Esquerra Republicana en el anterior punto del orden del día, la señora Vallugera, que para qué sirven los gobiernos de izquierdas. Para engañar y para esparcir el fango entre los españoles. La reduflación no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una política económica fallida que ha reducido el poder adquisitivo de las familias en más de 5 puntos. Esta Cámara aprobó este año dos proposiciones no de ley del Grupo Popular para mitigar el efecto de la inflación. En una de ellas, en el mes de febrero, se exigía la reducción del IVA de la carne, el pescado y las conservas. En otra, en el mes de abril, se pedía una rebaja del IRPF para las rentas medias y bajas, modificando los tres primeros tramos. Estas medidas, defendidas por mis compañeros Mila Marcos y Juan Bravo, se anticipaban a un escenario de inflación creciente que hoy es ya una realidad. La inflación acumulada desde el año 2021 se aproxima al 20 %, y el Gobierno ha permanecido inactivo ante estas propuestas. Mientras Europa tomaba medidas para combatir la inflación, el Gobierno de Pedro Sánchez adoptaba la política del avestruz, escondiendo la cabeza y culpando a los demás. Pero, pese a que se aseguró que la inflación sería transitoria, tres años después los precios siguen subiendo, afectando al poder adquisitivo de los españoles. Cada mes la población se empobrece más. El índice AROPE revela que el 26,5 % de la población española, es decir, unos 12,7 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social, uno de cada cuatro. Y la situación es aún más preocupante en los menores de 18 años, donde uno de cada tres, el 34 %, vive en condiciones de pobreza. Somos el segundo país, solo por detrás de Rumanía. España es uno de los países en los que más crece la pobreza, siendo el tercer país de la Unión Europea en el que más se ha elevado. Aunque los datos macroeconómicos puedan mostrar cierta estabilidad, la realidad para muchas familias españolas es un deterioro constante de su calidad de vida bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Todo aumenta en este país, su corrupción y la cesta de la compra, que recordamos que se ha incrementado un 38 % desde el año 2022. . Hago mías las palabras de mi compañero Antonio Martínez, en el mes de septiembre, que intervenía para fijar la posición del Grupo Popular en la proposición no de ley que el Grupo Socialista trajo aquí, han sido ustedes incapaces hasta de copiar en la exposición de motivos la fecha en la que se celebró ese debate, que fue el 10 de septiembre y no el 11 de febrero. Mienten. Es innato en ustedes. . Mienten hasta en lo más básico, y también mienten cuando dicen que Francia adoptó medidas en abril de este año, de 2024, cuando en realidad fue en marzo de 2023. Quizás lo que querían era acercar la fecha al primer anuncio que hicieron ustedes para combatir la reduflación y hacer lo mismo que se hacía en Francia y Alemania, que fue en septiembre del año 2023. Hablaba la representante del Grupo Socialista de prácticas empresariales que el Gobierno ya debería haber regulado. ¿Por qué no lo hicieron cuando lo anunciaron en septiembre de 2023? Hablaba también de las campañas nacionales que hicieron, sobre las que dirigí una pregunta al Gobierno en el mes de junio y nos contestaron en septiembre, acerca de unas campañas nacionales para controlar 140 productos. ¿Saben qué comunidades lo hicieron? Baleares, Extremadura, La Rioja, Murcia y Madrid. ¿Les suena algo quién gobierna en esas comunidades? El Partido Popular, que es el único que se preocupa de verdad de los ciudadanos. . Miren, Francia tomó medidas, como decía, en marzo 2023, un año antes, con la aprobación del llamado «trimestre antiinflación». Ese programa francés logró acuerdos con grupos de distribución, acuerdos para reducir los márgenes de los productos básicos, y desde noviembre del año 2023 es necesario que cuando se aplique a un producto la reduflación lo indiquen en su etiquetado. Qué diferencia con ustedes, que lo hacen todo desde la imposición, renunciando al diálogo entre los agentes afectados. La inflación no solo afecta a los precios, también alimenta la inflación fiscal. Mientras suben los precios, el Gobierno incrementa la recaudación a costa de los ciudadanos. Desde el año 2018, ustedes, el Gobierno, han aumentado más de setenta veces los impuestos a los españoles, incluyendo tasas encubiertas y normativas que asfixian a las familias, autónomos y empresas. Desde la llegada de Pedro Sánchez, la brecha de la renta per cápita de España respecto a la media europea ha aumentado un 37 %. Actualmente la renta per cápita española se sitúa en 6540 euros por debajo de la media europea, reflejando un incremento del 13 % en la distancia con otros países de su entorno. Y nos vienen aquí y nos dicen en esta tribuna que no podemos permitir que el coste recaiga sobre los ciudadanos. ¡¿Pero cómo tienen tanta cara?! . ¿Qué están haciendo ustedes más que repercutir a los ciudadanos, a sus bolsillos, la inflación y la subida de impuestos? El Gobierno se jacta del incremento de la recaudación, pero ¿a costa de quién? De los españoles, que ven como su dinero pierde valor. Este aumento no es un logro del Gobierno, es un robo silencioso a las familias, que ven como su poder adquisitivo se esfuma en el supermercado. Ustedes nos hablan hoy aquí de este informe: IPSOS Global. . Estoy seguro de que no se lo han leído entero, porque miren lo que dice. Este informe dice que el 54 % de los encuestados afirman haber notado la reduflación y la consideran inaceptable, pero también dice que el 77 % cree que el poder adquisitivo se reducirá o se mantendrá en 2024, que el 38 % de los españoles declara vivir con lo justo, que el 23 % no llega a final de mes y que el 71 % es pesimista sobre la inflación para el año 2024. Este informe era de otoño de 2022. Ojo con este dato, el 61 % de los españoles culpa a las políticas del Gobierno de la situación inflacionaria. ¿Ustedes se lo han leído? ¿De verdad me quieren decir que se lo han leído y no han hecho nada en todo este año para solucionar los problemas que sufrimos los españoles? El Partido Popular está preparado para liderar el cambio. Hoy nos traen aquí esta propuesta en su semana fantástica de la corrupción, en sus ocho días de oro de la corrupción. Señorías, este Gobierno no va a ninguna parte y no sirve ya para casi nada. El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, es la única alternativa para gobernar con eficacia y devolver a los ciudadanos el control sobre su economía. La política económica actual, marcada por la inflación, la reduflación y la subida de impuestos, ahoga a los españoles. El Gobierno debe reducir los impuestos a familias, autónomos y pymes, debe dejar de beneficiarse de la inflación que engorda las arcas públicas. Ya está bien de eslóganes vacíos y de excusas. Se necesita una gestión económica más justa y más responsable. .

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Presidente, señorías, permítanme que empiece con una cuestión que poco o nada tiene que ver con esta materia, pero es para mandar nuestras condolencias y nuestra solidaridad más sincera para con los familiares, amigos y compañeros de Enric Bataller, que es un compañero que muchos de ustedes recordarán, porque ha sido diputado de Compromís en esta Cámara hace no demasiados años y que parece ha fallecido hoy. Por tanto, vaya nuestro recuerdo y nuestro afecto para sus familiares, amigos y compañeros en primer lugar. Agur eta ohore, Enric. Ya puestos en materia, permítanme que comience con una fecha ya lejana en el tiempo, pero probablemente muy presente en la memoria de muchos trabajadores y trabajadoras y de los sindicatos del conjunto del Estado español. Hablo del 3 de febrero de 2022. El 3 de febrero de 2022, en esta misma Cámara, se sustanció un sonoro debate en torno a las condiciones laborales del mercado laboral en lo que afectaba a los y las trabajadoras del Estado español. Nosotros en ese momento dimos nuestra palabra de que haríamos todo lo posible para revertir todos los aspectos lesivos de la reforma laboral de 2012, que trabajaríamos para derogar todas las cuestiones lesivas de esa reforma laboral de 2012, y eso es y no otra cosa lo que estamos haciendo al presentar esta proposición no de ley. Hoy lo hacemos con uno de los elementos probablemente más icónicos, más simbólicos, de lo que supuso la reforma laboral de 2012 y, para ser justo y sincero, de lo que supusieron todas las reformas laborales, más de cincuenta, que se vinieron poniendo en práctica en el Estado español desde 1980, siempre para recortar derechos a la clase trabajadora, siempre para depauperar sus condiciones salariales, siempre para condicionar sus condiciones laborales. Por tanto, lo que hoy planteamos es que se recupere un aumento de la indemnización por despido. Lo hacemos al albur de los últimos acontecimientos, y lo hacemos ―también lo digo― de una manera simple, sencilla. Si han tenido la oportunidad de leer la proposición no de ley, verán que no hemos intentado hilar demasiado fino y al extremo para buscar un apoyo mayor, y lo decimos así, con sinceridad, abiertamente: queríamos concitar un mayor apoyo porque queríamos que esto fuera el primer elemento de una hoja de ruta, de un rumbo hacia la recuperación de la dignidad o de la dignificación de las condiciones laborales para la clase trabajadora en el conjunto del Estado español, por supuesto que en Euskal Herria, pero por extensión en el conjunto del Estado español. Por eso hemos dotado o revestido a esta proposición no de ley, que sabemos que es solo eso, una proposición no de ley, pero que puede marcar una predisposición, una determinación de este Gobierno que se dice progresista para avanzar en este territorio, casi con una pose o con una redacción virginal, quizás imbuidos por los tiempos navideños en los que nos adentramos. Pero, como decía, lo hacemos marcados también por la coyuntura, y es que si bien desde la década de los 90 se han venido sistemáticamente recortando las indemnizaciones por despido improcedente en el Estado español, pasando de aquellos añorados y recordados cuarenta y cinco días por año y cuarenta y dos mensualidades a los treinta y tres días por año y veinticuatro mensualidades que hay en la actualidad tras la generalización que la reforma impulsada por el Gobierno del Partido Popular y el señor Mariano Rajoy llevó a efecto en 2012, lo que creemos sinceramente es que toca revertir ese camino. Lo creíamos porque lo decían las calles en diferentes huelgas generales, bastantes en Euskal Herria, alguna menos en el Estado español, pero también notables, que hicieron salir a millones de trabajadores y trabajadoras para reclamar que no se tocaran sus derechos. Y lo hacemos también siendo conscientes de la lectura de tiempos. También somos conscientes de que habría sido más fácil llevar esta iniciativa hacia adelante hace dos años. Por eso quería empezar con el 3 de febrero de 2022, porque entonces sí había una mayoría progresista y de izquierdas, dispuesta a tirar para adelante a la velocidad que fuera preciso para hacer esto, y no es menos cierto que ahora es más difusa o más heterogénea esa mayoría que sujeta o sostiene al Gobierno del Estado español. En cualquier caso, si lo que no les mueve en este debate es su posición o su ubicación en el espectro ideológico entre la izquierda y la derecha, entre el progresismo y lo reaccionario, podrían siquiera apoyarla porque seguramente todos y todas aquí tienen un marcado carácter europeísta. Yo sigo con atención los debates y he oído a señorías de diferentes formaciones políticas, diría que casi de todas, proclamar su honda convicción europeísta, casi atribuyéndose la paternidad del proyecto europeísta, tal y como se ha desembocado hasta los días presentes por parte de la familia política o ideológica de la que provienen. Bien, pues si es por ese europeísmo y ese europeísmo no está de vacaciones, tendrían que apoyar esta iniciativa, porque al final es el Comité de Ministros del Consejo de Europa quien ha emitido en noviembre una recomendación instando al Gobierno de España a que revise las actuales indemnizaciones por despido improcedente y las eleve para dotarlas de una remuneración más adecuada y que esta tenga un carácter disuasorio para el despido, y que además lo haga contemplando el daño real causado a los y las trabajadoras con cada despido. Como digo, eso lo ha dicho el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Esa recomendación la han emitido ellos, pero es una recomendación que acompaña a la que ya en julio emitió el Comité Europeo de Derechos Sociales, que decía que el Estado español estaba incumpliendo la Carta Social Europea firmada por el Estado español en 1980 en lo que tiene que ver con esta materia. En otro punto anterior alguien hablaba de la necesidad de escuchar a los expertos. ¿Por qué no se plantean escuchar a los expertos aquí? Supongo que el Comité Europeo de Derechos Sociales sabe algo de los derechos laborales de las poblaciones que residen en la Unión Europea y que, por tanto, escucharle no será una necedad, sino que puede ser incluso bueno y satisfactorio. Como decía, hoy tenemos la oportunidad para lanzar un mensaje claro: que esta Cámara no desoye las demandas de los sindicatos, que no desoye la demanda de los y las trabajadoras y que no desoye las demandas de Europa, y que lo hace para situar mayor dignidad en los y las trabajadoras, por encima de las recomendaciones ―entre muchas comillas― o presiones ―de manera más directa expresada― de las patronales, ya sea vasca, catalana o estatal, porque las patronales al final siempre juegan a apuntalar marcos involutivos, marcos que optimicen sus beneficios en detrimento de los derechos de los y las trabajadoras, y es lógico, porque ellos saben que el capitalismo no es un terreno neutral de juego entre dos clases enfrentadas. Evidentemente, ellos defienden a su clase, y yo sé que el capitalismo tiene ideología y no es un terreno neutro, y yo defiendo a mi clase, que no es la suya. Por eso les pido el apoyo en cualquier caso, porque creemos que esta iniciativa, con independencia del credo político al que se adscriban, solo hace dotar de más derechos…

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

… más protección y hacer más difícil el despido, sobre todo porque hay mucha gente que todavía sigue sufriendo el despido, por ejemplo, los seiscientos trabajadores de la planta de Nafarroa de BSH en Esquíroz, que hoy se despiertan con esa triste noticia. .

Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS

Gràcies, president. Bona tarda, senyories. El Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu ha presentat aquesta PNL que en la seva part dispositiva insta el Gobierno, en la base al requeriment realitzat pel Consell d’Europa, a augmentar la indemnització per acomiadament improcedent, recuperant els nivells previs del 2012. Des de Junts per Catalunya entenem que qualsevol alteració del sistema s’ha de fer amb fórmules que siguin acotades, realistes i que, sobretot, aportin seguretat jurídica, és a dir, que s’han de fer a partir de criteris de valoració prèviament coneguts que no comportin l’increment de costos per acomiadament per sobre del que tenen la majoria de països de la Unió Europea. També cal tenir en compte que una revisió de la indemnització comportarà de ben segur un desequilibri del mercat laboral i del seu marc transaccional; per cert, un marc fixat en les darreres reformes laborals on, per exemple, totes les parts van acceptar minimitzar la temporalitat. I per evitar aquest desequilibri que els dèiem, nosaltres veiem necessari que qualsevol proposta de modificació del sistema indemnitzatori vagi acompanyada de la revisió de les altres variables que alteren el comportament del nostre mercat de treball. I és per això mateix, senyories, que des de Junts per Catalunya els diem una vegada més als partits del Govern, i en aquest cas també al partit proponent, que no es poden fer reformes o modificacions parcials sense abordar els reptes de fons. No es poden fer modificacions sense abordar els problemes d’eficiència i d’eficàcia que llastren el mercat laboral. Reptes que es poden declinar, en primer lloc i en el cas que ens ocupa, abordant la flexibilitat en matèria de contractació i temporalitat, però també abordant l’absentisme, la incapacitat temporal, la mobilitat, la cobertura de vacants, la productivitat, la formació, l’atur o les polítiques actives, per citar-ne algun. I és en aquest sentit que va la nostra esmena, en el sentit d’instar el Govern, evidentment, a revisar la indemnització per acomiadament improcedent, a revisar-la responent al requeriment del Consell d’Europa, a revisar-la protegint les persones treballadores i fent-la dissuasiva per a les empreses, però, alhora, ajustada a les indemnitzacions que existeixen a la resta d’Europa. Però, sobretot, tot això cal fer-ho revisant també aquests conjunts d’inputs que els he declinat fa un instant i que queden recollits en la literalitat de la nostra esmena. Saben, com sempre, que nosaltres, quan presentem una iniciativa o quan presentem una esmena, ho fem pensant en el context laboral i econòmic català, però és cert també que en aquest cas l’esmena, la nostra proposta, és extrapolable i assumible per als quals pensin en el seu país o en el seu territori o en el conjunt de l’Estat. Res més i moltes gràcies. Gracias presidente. Buenas tardes, señorías. El Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu ha presentado esta PNL que en su parte dispositiva insta al Gobierno, en base a los requisitos realizados por el Consejo de Europa, a aumentar la indemnización por despido improcedente, recuperando los niveles previos a 2012. Desde Junts per Catalunya entendemos que cualquier alteración del sistema se tiene que hacer con fórmulas que sean acotadas, realistas y que, sobre todo, aporten seguridad jurídica, es decir, que se tiene que hacer a partir de criterios de valoración previamente conocidos que no comporten el incremento de costes por despido por encima de lo que tienen la mayoría de países de la Unión Europea. También hay que tener en cuenta que una revisión de la indemnización comportará seguro un desequilibrio del mercado laboral y de su marco transaccional; por cierto, un marco fijado en las últimas reformas laborales donde, por ejemplo, todas las partes aceptaron minimizar la temporalidad. Y con el fin de evitar este desequilibrio que les comentábamos, nosotros vemos necesario que cualquier propuesta de modificación del sistema indemnizatorio vaya acompañada de la revisión de las otras variables que alteran el comportamiento de nuestro mercado de trabajo. Es por esta misma razón, señorías, que desde Junts per Catalunya les decimos una vez más a los partidos del Gobierno, y en este caso también al partido proponente, que no se pueden realizar reformas parciales sin abordar los retos de fondo, que no se pueden hacer modificaciones sin abordar los problemas de eficiencia y de eficacia que lastran el mercado laboral. Son retos que se pueden declinar, en primer lugar y en el caso que nos ocupa, abordando la flexibilidad en materia de contratación y temporalidad, pero también abordando el absentismo, la incapacidad temporal, la movilidad, la cobertura de vacantes, la productividad, la formación, el paro o las políticas activas, por citar algunas. Y en este sentido va nuestra enmienda, en el sentido de instar al Gobierno a revisar la indemnización por despido improcedente, a revisarla respondiendo a los requisitos del Consejo de Europa, a revisarla protegiendo a las personas trabajadoras y haciéndola disuasiva para las empresas, pero, al mismo tiempo, ajustada a las indemnizaciones que existen en el resto de Europa. Pero, sobre todo, hay que hacerlo revisando también este conjunto de inputs que les he declinado hace un instante y que quedan recogidos en la literalidad de nuestra enmienda. Saben, como siempre, que cuando nosotros presentamos una iniciativa o cuando presentamos una enmienda lo hacemos pensando en el contexto laboral y económico catalán, pero es cierto también que en este caso la enmienda, nuestra propuesta, es extrapolable y asumible para los que piensen en su país, en su territorio o en el conjunto del Estado. Nada más y muchas gracias.

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señor presidente. A reforma laboral do ano 2012, impulsada polo Partido Popular e profundamente regresiva e antisocial, implicou, entre outras moitas cuestións, flexibilizar as condicións para despedir e abaratar o despedimento, baixando de corenta e cinco para trinta e tres días de indemnización no caso de despedimentos improcedentes. Isto non só deu máis capacidade e facilidades ás empresas para despedir, senón que desprotexeu os traballadores e as traballadoras. O peor é que doce anos despois esta situación de desprotección continúa. E faino porque a reforma realizada polo Goberno do PSOE e Unidas Podemos, con Yolanda Díaz á fronte do Ministerio de Traballo — por tanto, agora, de SUMAR— e contra os compromisos públicos adquiridos, non derrogou a reforma laboral do PP de 2012. Tiveron aínda outra oportunidade para facelo aprobando a proposición de lei que presentamos conxuntamente BNG, Esquerra Republicana de Catalunya e Bildu, debatida neste Pleno en marzo de 2023, que derrogaba, esta vez si de maneira integral, a reforma regresiva do PP. Mais preferiron, tanto o PSOE como Unidas Podemos, votar en contra. Nesa proposta recuperábase a indemnización de corenta e cinco días, mais tamén a autorización administrativa previa dos ERE, que tantos fechamentos de empresas — polo menos na Galiza— e despedimentos puido ter evitado, ou a prevalencia dos convenios autonómicos e provinciais sobre os estatais cando mellorasen as condicións laborais, cuestión que, finalmente, lembramos, acabou saíndo adiante nesta lexislatura. Como lembra a formación propoñente, Euskal Herria Bildu, agora é o Comité de Ministros do Consello de Europa quen decide facer unha recomendación ao Estado español para que proceda a establecer un sistema de compensación por despedimento improcedente que resulte adecuado e disuasorio para as empresas e teña en conta os danos reais sufridos polas persoas traballadoras ilegalmente despedidas. Unha recomendación deste tipo debería ser motivo de vergoña para o autodenominado Goberno máis progresista, e, como dicimos nós, xa lles é tarde para actuar. A que esperan para derrogar de verdade a reforma regresiva do Partido Popular e, no mínimo, recuperar as condicións de despedimento — non precisamente superestritas— anteriores a 2012? Evidentemente, o BNG votará a favor desta PNL e continuará a insistir na necesidade de recuperar de verdade os dereitos para a clase traballadora galega e do conxunto do Estado. Moito obrigado. Gracias, señor presidente. La reforma laboral del año 2012, impulsada por el Partido Popular y profundamente retrógrada y antisocial, ha implicado, entre otras cosas, flexibilizar las condiciones para despedir y abaratar el despido, bajando de cuarenta y cinco a treinta y tres días la indemnización en el caso de los despidos improcedentes. Esto no solo ha dado más capacidad y facilidades a las empresas para despedir, sino que ha desprotegido a los trabajadores y a las trabajadoras, y lo peor es que doce años después esa situación de desprotección continúa. Y es así porque la reforma realizada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, con Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo — ahora de SUMAR— y contra los compromisos públicos adquiridos, no ha derogado la reforma laboral del PP de 2012. Tuvieron aún otra oportunidad para hacerlo aprobando la proposición de ley que presentamos conjuntamente BNG, Esquerra Republicana y Bildu, debatida en este Pleno en marzo de 2023, que derogaba de manera integral una reforma agresiva del PP. Pero han preferido, tanto el PSOE como Unidas Podemos, votar en contra. En esa propuesta se recuperaba la indemnización de cuarenta y cinco días, pero también la autorización administrativa previa a los ERE que tantos cierres de empresa — por lo menos en Galicia— y despidos podría haber evitado, o la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales sobre los estatales cuando mejorasen las condiciones laborales, cuestión que, finalmente, recordamos, acabó saliendo adelante en esta legislatura. Como recuerda la formación proponente, Euskal Herria Bildu, ahora es el Comité de Ministros del Consejo de Europa quien decide hacer una recomendación al Estado español para que proceda a establecer un sistema de compensación por despido improcedente que resulte adecuado y disuasorio para las empresas y tenga en cuenta los daños reales sufridos por las personas trabajadoras ilegalmente despedidas. Una recomendación de este tipo debería ser motivo de vergüenza para el autodenominado Gobierno más progresista, pero, como decimos nosotros, ya es tarde para actuar. ¿A qué esperan para derogar de verdad la reforma regresiva del Partido Popular? Y lo mínimo es recuperar las condiciones de despido, no precisamente las superestrictas anteriores a 2012. Evidentemente, el BNG votará a favor de esta PNL y continuará insistiendo en la necesidad de recuperar de verdad los derechos para la clase trabajadora gallega y del conjunto del Estado. Muchas gracias.

Noemí Santana Perera SUMAR

Gracias, señor presidente. En Podemos tenemos claro que en la defensa de los derechos laborales no podemos quedarnos a medias, y por eso vamos a luchar por todas las medidas que sean necesarias para proteger a las trabajadoras y a los trabajadores frente a los despidos, así que, por supuesto, vamos a apoyar esta proposición no de ley de EH Bildu que incrementa las indemnizaciones por despido improcedente de estas trabajadoras. La realidad es que en España se sigue incumpliendo la Carta Social Europea ―ya lo ha dicho el proponente―, lo denunciaron los sindicatos en el año 2022 y recientemente lo ha confirmado el Consejo de Europa. Las indemnizaciones actuales son claramente insuficientes y la reforma laboral de 2012, promovida por el Partido Popular, convirtió el despido en una herramienta barata y fácil para las empresas de nuestro país, recortando, eso sí, los derechos de millones de trabajadores y de trabajadoras. Desde Podemos reconocemos en la reforma laboral del año 2021 un avance, pero es un avance insuficiente a todas luces. Nosotras nos desmarcamos de aquellos que asumen la limitación de la reforma laboral como un éxito cerrado. Para nosotras no es un éxito que no se hayan recuperado las indemnizaciones por cuarenta y cinco días por año trabajado y no es un éxito que las empresas sigan utilizando el despido como una herramienta fácil para precarizar a las trabajadoras y a los trabajadores. Además, no podemos olvidar las grandes injusticias del sistema laboral actual. El contrato laboral es el único tipo de contrato que en caso de incumplimiento no se indemniza por la totalidad a la parte perjudicada, que en este caso sería el trabajador o trabajadora, y esto es lo que hace es demostrar la desigualdad estructural de un modelo que prioriza a las empresas y a la patronal. Desde Podemos vamos a seguir trabajando con valentía no solo para revertir la precariedad laboral que trajo consigo los recortes en materia laboral que puso en marcha el Partido Popular, sino también los que se pusieron en marcha por parte del Partido Socialista, así que vamos a dar nuestro voto favorable a esta proposición no de ley. Gracias.

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidente. Mi grupo y yo queremos mostrar nuestras condolencias al que fue nuestro compañero en esta Cámara y que, además, recordamos con mucho cariño. La reforma laboral del 2021 ratificó la versión revisada de la Carta Social Europea, así como el procedimiento sobre reclamaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. UGT y Comisiones Obreras apostaron por esta vía para aumentar la cuantía de las indemnizaciones por despido improcedente; un cambio de actitud y de opinión por cuanto que la rebaja de la indemnización de los 45 días de salario por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades, a los 33 días de salario por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades, fue fruto precisamente del Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo de 1997, que adoptaron UGT y Comisiones Obreras junto a CEOE y Cepyme. Tampoco se puede olvidar que la indemnización vigente, consecuencia de la reforma laboral del 2012, en la práctica ya venía siendo aplicada porque con la reforma de 2010, con el PSOE, se amplió el ámbito subjetivo del contrato de trabajo para el fomento de la contratación indefinida y precisamente uno de esos atractivos era esta rebaja indemnizatoria cuando los despidos objetivos sean calificados como improcedentes. Y esto es lo que hoy debatimos aquí: una propuesta basada en la resolución del Comité de Derechos Sociales, que rechaza precisamente el tope de indemnización por despido improcedente, porque esta ― dice― ni es disuasoria ni repara adecuadamente el daño causado a las personas trabajadoras. En definitiva, lo que viene a decir es que las compensaciones deben variar en función de las circunstancias de cada persona trabajadora, circunstancias que entendemos que serán aquellas relativas a la edad, situación familiar, género, antigüedad u otras. Una resolución, que es cierto que no es vinculante, pero que algunos juzgados están reconociendo, otorgando para ello compensaciones adicionales. Es una cuestión esta, además, que se encuentra pendiente de pronunciamiento del Tribunal Supremo. Si nos atenemos exclusivamente a la justificación esgrimida por el Comité, por ejemplo, entendemos que no es lo mismo un despido improcedente que otorga la misma indemnización a una mujer de 50 años con cargas familiares que, por ejemplo, a una mujer de 30 años sin cargas familiares, con estudios o diferentes casuísticas. Esto puede tener sus ventajas, como una indemnización más justa atendiendo a las circunstancias propias de la persona trabajadora, pero también sus desventajas, porque es cierto que la empresa se lo puede pensar dos veces antes de despedir, pero también se lo puede pensar dos veces a la hora de contratar. En este sentido, debiéramos preguntarnos no solo por las ventajas de esta propuesta, sino también por esas posibles consecuencias colaterales que pueden ser negativas como, por ejemplo, dualidades que pueda haber en este sentido en una misma empresa o incluso que se llegue a posibles discriminaciones a determinados colectivos, paralizando contrataciones. Es necesario profundizar más en esta cuestión para valorar las ventajas o desventajas de una indemnización desde luego predeterminada frente a una indemnización incierta, en función de las circunstancias de cada caso y en función de los daños efectivamente causados. Hablan de aumentar la cuantía en su propuesta, pero desconocemos cómo proponen que se materialice esta, si a través de distintos tramos de cuantías, que podría ser, y determinando casuísticas, o a través de un diseño pactado entre sindicatos y empresas. Porque ¿cómo se diseña o se regula una indemnización que varía en función de las circunstancias de la persona trabajadora y a la vez garantice la transparencia de las condiciones para ambos, para las personas trabajadoras y empresas y empresarios autónomos con trabajadores a su cargo? La dificultad está en regular algo que es subjetivo: ¿qué parámetros se van a utilizar? Porque estas circunstancias, hasta ahora, necesariamente deben probarse en sede judicial y quedan sometidas a la apreciación discrecional de un tribunal competente. Entendemos y compartimos el fondo del asunto y las buenas intenciones que lleva aparejada esta iniciativa que no es nueva, que ya anunció también la ministra de Trabajo y que, sin embargo, el Gobierno parece que no compartía, aparte del PSOE, por cuanto que defendió en Europa el sistema de despido actual frente a la cuestión planteada por UGT y Comisiones Obreras ante el Comité. Por otro lado, hay que decir también que el Banco de España proponía una reforma del despido más centrado en mejorar la determinación de las causas y también en reducir la incertidumbre asociada. En definitiva, nos movemos en un terreno resbaladizo en torno a una propuesta bienintencionada y que entendemos que requiere de un mayor análisis y mayor rigurosidad para poderse regular de forma eficaz y eficiente y que sirva precisamente para disuadir de este tipo de despidos y para una restauración económica, desde luego, más justa. Nada más y muchas gracias.

Jordi Salvador i Duch ERC

Senyor president, senyories, cal començar fent un exercici de memòria política. La darrera reforma laboral, impulsada pel Govern Sánchez-Díaz, va ser una ocasió perduda. La composició d’aquella Cambra, més a l’esquerra que l’actual, oferia una oportunitat històrica per anar molt més enllà en drets laborals, i ho podran constatar avui mateix. Però es va optar pels vots de la dreta de Ciutadans i de la dreta dels convergents, renunciant a abordar aquests aspectes fonamentals com les causes i el preu de l’acomiadament improcedent. Repeteixo, improcedent, que en alguns llocs està prohibit. I, el que és més greu, aquella reforma es va aprovar sense debat, furtant a aquest Parlament la possibilitat de presentar esmenes. Això és molt greu i no ho oblidarem. I el que és més greu, aquella reforma es va aprovar sense debat i ara és el moment de fer el que hauríem d’haver fet en el seu moment, que és anar posant pedaços. Aquest és el motiu pel que avui som aquí, aquí debatent una PNL de Bildu, perquè aquells que tenien la responsabilitat d’impulsar un canvi real van decidir mirar a un costat de la patronal, que només negocia quan guanya; si no guanya, es despenja. Si no guanya, es despenja. Crec que no cal que doni exemples de moltes vegades que s’ha despenjat, i quan estan els seus, ni s’asseuen. Recordo de la reforma de 2012. Senyor Cervera, el 2012, sense cap mena de diàleg social, es va aprovar la reforma laboral del Partit Popular, sense reforma. És a dir, i sense canvis estructurals, unilateralment. El que passa que el bloc de dretes plurinacional cada vegada està més clar i més consolidat, passa que alguns baden i no s’adonen que això pot passar. En fin… Però, senyoria, nosaltres vam ser molt persistents. Des del Grup Republicà no només vam portar aquesta qüestió a través d’una pregunta oral a la ministra i una interpel·lació directa a la ministra, sinó que recordo que vam portar aquí, amb Bildu i BNG, una proposició de llei per a recuperar els drets perduts, incloent-hi el preu de l’acomiadament i les seves causes. Se’ns la va tombar quan es podia haver aprovat. I no som només nosaltres qui ho diuen. El senyor Pepe Álvarez, secretari general de la UGT, ja ho advertia clarament un mes abans de l’aprovació de la reforma del 6 de gener. Ho deia ell, perdó, ho deia el 6 de gener de 2022, un mes abans del 3 de febrer, quan es va aprovar, gràcies a Casero, una reforma laboral, a més de voler-la pactar amb la dreta. Pepe Álvarez encara es pensava que es podria aprovar en seu parlamentària algunes millores. Deia així Pepe Álvarez, el 6 de gener: «Queda por negociarse lo más importante: el despido», i es va passar el rodillo. Això és el que va passar. El Tribunal Constitucional diu que és clar que quan un organisme internacional interpreta un tractat, aquesta interpretació és vinculant per a l’Estat espanyol. És vinculant per a l’Estat espanyol. Ni el Govern ni els tribunals poden ignorar-lo, tal com afirma Cristóbal Molino Navarrete, catedràtic de Dret del Treball. La sort ja està tirada. Pensa el Govern espanyol continuar incomplint el mandat dels tribunals internacionals de reformar i millorar les condicions dels treballadors injustament acomiadats? La dreta també ho permet, això, tan europeista que és? No aplicarà aquesta sentència? Però no només parlem de lleis, sinó de persones. A Espanya acomiadar surt massa barat, fins al punt que les empreses poden calcular l’acomiadament com una despesa més, sense cap conseqüència real. Això no és una democràcia laboral, senyories, això és un sistema que afavoreix l’abús, la precarietat i la inseguretat jurídica, però dels treballadors. La PNL de Bildu, que nosaltres defensem, és clara i és justa. Reclama el mateix que reclamem: reclama el que diuen a Europa, recuperar un sistema d’indemnitzacions a un acomiadament improcedent, improcedent, proporcional i reparador, garantir que l’acomiadament tingui efecte dissuasiu. Senyories de PSOE i de SUMAR, la vostra reforma de l’any 2022 es va quedar a mig camí. Té coses bones, però es va quedar a mig camí, podent anar molt més enllà. Avui tenim l’oportunitat de rectificar. Avui tenen l’oportunitat de rectificar i veuran que és molt més difícil fer-ho avui que fa uns mesos. Nosaltres, des del Grup Parlamentari Republicà, el tenim clar: els drets no es negocien amb segons qui; es garanteixen. No permetrem que l’acomiadament injust continuï sent un privilegi assequible per a les empreses mentre que els treballadors i les treballadores són desprotegits i ignorats. És hora d’actuar en la línia que hauríem d’haver actuat en la legislatura passada i començar a recuperar tots els drets i no només uns quants, perquè, quan la dreta gana, perdem deu llençols; quan arriba l’esquerra, guanyem tres, però ja hem perdut set. I així es va repetint la història. Moltes gràcies. Señor presidente, señorías, hay que empezar haciendo un ejercicio de memoria política. La última reforma laboral, impulsada por el Gobierno Sánchez-Díaz, fue una ocasión perdida. La composición de esa Cámara ofrecía la oportunidad histórica de ir más allá en derechos laborales y lo podemos constatar hoy mismo, pero se optó por los votos de la derecha, convergentes y Ciudadanos, no abordando el tema, por ejemplo, del pago del despido improcedente. En algunos lugares está prohibido este despido improcedente. Y esa reforma se aprobó sin debate, robando a este Parlamento la oportunidad de presentar enmiendas. Esto es muy grave y no lo olvidaremos. Y lo más grave es que esa reforma se aprobó sin debate y ahora es el momento de hacer lo que deberíamos haber hecho en su momento: ir poniendo pedazos. Por eso estamos aquí debatiendo una PNL de Bildu, porque los que tenían la responsabilidad de impulsar un cambio real decidieron mirar a un lado con la patronal, que solo negocia si gana; si no gana, se descuelga. Creo que no es necesario que dé ejemplos de las veces que se ha descolgado, y cuando están los suyos, ni se sientan. Me acuerdo de la reforma de 2012, señor Cervera. En 2012, sin ningún tipo de diálogo social, se aprobó la reforma laboral del Partido Popular, sin debate y sin cambios estructurales, unilateralmente; el bloque de derecha plurinacional cada vez está más claro y consolidado, pero algunos no se dan cuenta de que esto pasó. Pero nosotros fuimos muy persistentes. El Grupo Republicano no solo llevamos esta cuestión a través de una pregunta oral a la ministra y con una interpelación directa, sino que recuerdo que llevamos aquí, con Bildu y BNG, una propuesta de ley para recuperar los derechos perdidos, incluido el precio del despido y sus causas, y no se aprobó. No somos solo nosotros los que lo decimos. El señor Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, ya lo advertía claramente el 6 de enero de 2022, un mes antes del 3 de febrero, cuando se aprobó esta reforma laboral gracias a un pacto con la derecha. En ese momento todavía se pensaba que se podrían aprobar en sede parlamentaria algunas mejoras. Pepe Álvarez, el 6 de enero. . Queda por negociarse lo más importante: el despido, y se pasó el rodillo. Esto es lo que pasó. El Tribunal Constitucional dice que está claro que cuando un organismo internacional interpreta un tratado esta interpretación es vinculante para el Estado español. Ni el Gobierno ni los tribunales pueden ignorarlo, como afirma Cristóbal Navarrete, catedrático de Derecho del Trabajo. La suerte está echada. ¿Piensa el Gobierno español continuar incumpliendo el mandato de los tribunales internacionales de reformar y mejorar las condiciones de los trabajadores injustamente despedidos? ¿La derecha también lo permite, tan europeísta como es? ¿No va a aplicar esta sentencia? Pero no solo hablamos del despido de personas. En España despedir sale demasiado barato, hasta el punto de que las empresas pueden calcular el despido como un gasto más, sin ninguna consecuencia real. Esto no es una democracia laboral, señorías, esto es un sistema que favorece el abuso, la precariedad, la inseguridad jurídica, pero de los trabajadores. La PNL de Bildu, que nosotros defendemos, es clara y justa. Solicita lo mismo que reclamamos: reclamar lo que dice Europa, recuperar un sistema digno ante un despido improcedente, que esta indemnización sea proporcional y reparadora, y que el despido tenga un efecto disuasorio. Señorías, la reforma del año 2022 se quedó a medio camino. Tiene cosas buenas, pero se quedó a medio camino y podía ir más allá. Hoy tenemos y tienen la oportunidad de rectificar, y verán que es mucho más difícil hacerlo hoy que hace unos meses. Nosotros, en el Grupo Parlamentario Republicano, lo tenemos claro: los derechos no se negocian con según quién; se garantizan. No permitiremos que el despido injusto continúe siendo un privilegio asequible para las empresas mientras que los trabajadores y las trabajadoras son despedidos e ignorados. Es hora de actuar en la línea en la que deberíamos haber actuado en la legislatura pasada y empezar a recuperar todos los derechos y no solo unos cuantos, porque, cuando la derecha gana, perdemos diez sábanas; y, cuando llega la izquierda, ganamos tres, pero ya hemos perdido siete. Y así se va repitiendo la historia. Muchas gracias.

Verónica Martínez Barbero SUMAR

Muchas gracias, presidente. Querría empezar con un recuerdo al que fuera diputado de Compromís, Enric Bataller, y mandar un abrazo fuerte a su familia, allegados y allegadas. Señorías, España encabeza el crecimiento económico en Europa, ya que crece casi cuatro veces más que la media de la Unión Europea. Y no solo eso, también lidera la creación de empleo en Europa. Desde 2002, se ha creado un millón de empleos netos, uno de cada cuatro de los generados en la Unión. Pero hay más: el PIB creció un 3,4 % interanual, mientras que el empleo lo hizo un 2 %. Por lo tanto, la productividad del factor trabajo aumentó un vigoroso 1,4 %. Hay más empleo, de más calidad y con un crecimiento muy relevante de la productividad. . Llevamos cuatro años de políticas eficaces que demuestran que proteger a la clase trabajadora no solo es una cuestión de justicia social, sino también de inteligencia económica. Cuando llegamos al Gobierno encontramos un panorama desolador: una década de Gobiernos del Partido Popular que se habían dedicado a desmantelar los derechos laborales, y de diversos Gobiernos del Partido Socialista que procuraron encontrar un equilibrio en las relaciones laborales que se quedaba muy muy corto. En lugar de conformarnos con un mercado laboral roto, nos propusimos reconstruirlo y dotarlo de estabilidad, seguridad y derechos. El resultado está a la vista: más contratos indefinidos, menos temporalidad y más empleo. Pero sí, queda mucho por hacer. Las relaciones de trabajo en España enfrentan tres problemas estructurales: unas jornadas de trabajo excesivas, un montón de horas extras que ni se pagan ni se cotizan y la persistencia de un despido injusto cuya indemnización no es verdaderamente restaurativa para la persona afectada ni realmente disuasoria para las empresas. Señorías, el problema que tenemos hoy es que la indemnización por despido se calcula en exclusiva en función de la antigüedad y del salario. Este modelo ignora factores cruciales como la causa del despido, las circunstancias personales del trabajador afectado o las características de la empresa. No es de recibo que una tienda de barrio pague la misma indemnización por despido que una multinacional, que factura millones. . Este sistema no solo es injusto, sino que fomenta la competencia desleal entre empresas. Como les decía, el Ministerio de Trabajo y Economía Social lleva cuatro años de avances en materia laboral. En la pasada legislatura dimos el primer paso: atacamos la precariedad, ya que la reforma laboral puso fin al abuso y logró reducir la temporalidad al nivel más bajo de la historia. Y ahora toca el segundo paso: toca estabilidad y seguridad. Nadie puede sentirse estable en su empleo si el despido sigue siendo barato, injusto y sin consecuencias reales para quien despide sin causa, que es de lo que estamos hablando. . Por eso toca garantizar una protección frente al despido injustificado, y motivos para ello tenemos de sobra. Son muchos los estudios que demuestran que los despidos injustificados afectan a la salud mental de las personas trabajadoras, y por eso la protección frente a la extinción injusta debe incorporar la dimensión personal y emocional, y no solo la económica. Como ya se ha dicho, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha emitido una resolución que condena a España porque su legislación no cumple precisamente con un despido que sea, efectivamente, restaurativo y disuasorio. Y el argumento principal: la clase trabajadora debe ser el eje de las políticas públicas no solo por justicia social, sino porque una economía que desprotege a sus trabajadores genera desigualdad, inestabilidad y un menor crecimiento, y eso lo hemos demostrado. Garantizar unas relaciones laborales justas es pensar en términos de país, porque salvaguardar la igualdad de oportunidades, unas condiciones dignas de trabajo y de despido y la estabilidad laboral no beneficia solo a las que trabajan, sino que fortalece la economía, reduce las desigualdades y fomenta una sociedad más cohesionada. Es un compromiso que trasciende ideologías porque, cuando todas y todos tienen acceso a un empleo digno, el país avanza unido. Competir con despidos baratos e injustos no es competir, es hacer dumping social a la parte débil de las relaciones laborales. Pero, claro, tenemos una derecha parlamentaria, señorías del PP, que, frente al ofrecimiento y la mano tendida, intenta bloquear cada paso que damos. Lo vimos con las subidas del salario mínimo interprofesional, lo vivimos con la reforma laboral, y lo veremos ahora, que planteamos una indemnización justa por despidos injustos. Y cuando traigamos la reducción de jornada sin reducción del salario, ¿qué van a hacer? ¿Votar en contra de la voluntad de la ciudadanía que quiere esa reducción de jornada y un despido justo? ¿Van a seguir ignorando a la ciudadanía como hacen cada día en las comunidades autónomas que gobiernan, por ejemplo, en materia de vivienda? . Señorías del PP, su modelo ha sido siempre el mismo: despidos fáciles, salarios bajos y derechos mínimos. Algunas estamos aquí para sumar y ustedes solo han sabido restar, pero, miren, nunca es tarde: siempre están a tiempo de mirar a la calle, de mirar fuera de este hemiciclo, ver lo que quiere la mayoría social y actuar en consecuencia.

Verónica Martínez Barbero SUMAR

Termino, presidente. Doy las gracias al Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu por traer al Pleno esta PNL que, una vez más, nos permite afirmar que los derechos ―como nos ha enseñado la lucha de la clase trabajadora―no se mendigan; se pelean y se conquistan, y en esto en esto nos van a encontrar. Muchas gracias. .

David García Gomis VOX

Muchas gracias, presidente. Señorías, camaradas y compañeros, subo a este púlpito en este momento tan crucial para denunciar con vehemencia la verborrea vil y abyecta que Bildu pronuncia cada vez que abre la boca desde esta tribuna. Y denuncio todos los ataques, el daño y el horror que ha perpetrado contra los trabajadores de España y contra el pueblo español en su conjunto. Bildu es ese engendro de la política separatista que, con el oportunismo más bajo, nos quiere vender que tiene principios y valores y que se preocupa por algo más que por su agenda política en pro del separatismo. . Vienen aquí vestidos de demócratas, cuando en realidad son los herederos y el brazo político de aquellos que tienen las manos manchadas con la sangre de los trabajadores españoles. . No nos engañan aunque ahora vayan sin capuchas porque, díganme: ¿qué clase de defensa de los trabajadores se puede esperar de aquellos que apoyaron y que hoy aplauden y homenajean a asesinos de trabajadores? Yo se lo digo: ninguna. . Bildu, en su ceguera ideológica y en su hoja de ruta de pudrir las entrañas de una tierra doblemente española como es la vasca, ha olvidado que los trabajadores españoles no somos piezas en su tablero político; somos el corazón y el pulso de España, que se merece que no se le tome el pelo con discursos como el que usted ha pronunciado. Hablan de derechos y justicia aquellos que con sus viles acciones hablaron más alto que con sus palabras; hablan de derecho y justicia aquellos que aprueban que con balas, secuestros, extorsiones y miedo se expulsara de sus casas y de sus tierras vascas a trabajadores y a sus familias ; hablan de derechos y justicia mientras siguen conspirando en la sombra, vendiendo nuestro futuro al mejor postor. Porque sí, señorías de Bildu, ustedes siguen destilando odio. Y vienen aquí con su marxismo socialista, que promueve ese falso redentor mostrando su verdadero rostro; un rostro, como he dicho, de odio y de engaño. Mientras las familias españolas se enfrentan a la explotación fiscal, a la precariedad, a la falta de oportunidades, Bildu se dedica a sus juegos de poder y a sus pactos tenebrosos con el autócrata de la Moncloa. Bildu usa la causa de los trabajadores para lavar su imagen y tratar de borrar su pasado. Han demostrado que los trabajadores les importan muy poco y que no les importan ni las familias, ni que tengamos las tasas de desempleo más altas de la Europa de la OCDE, ni que nuestros jóvenes se tengan que emancipar y que tengan que marcharse fuera en busca de oportunidades. Solo les importa seguir exprimiéndonos a impuestos, que luego despilfarran en sus delirios ideológicos, en sus amigotes y en regalárselo a países extranjeros, como prebendas y autopromoción. Y de las familias españolas que no llegan a final de mes, que sufren el abandono de este Gobierno y de un Congreso lleno de egoístas a los que solamente les importa su estatus y su sueldo, no se preocupan realmente. . La verdadera defensa de los trabajadores no se hace con medidas a corto plazo o con discursos vacíos; la verdadera defensa se hace defendiendo nuestros sectores productivos, nuestra soberanía industrial y productiva, un proyecto de una España fuerte y próspera y con menor dependencia del exterior; se hace anteponiendo los intereses de España a los intereses egoístas de sus señorías, unas señorías egoístas que prefieren ser cómplices de esta sin razón, en lugar de estar al lado del pueblo. Pero que sepan los españoles que aun quedamos en esta Cámara trabajadores valientes, que estamos dispuestos a sufrir el señalamiento y la censura por denunciar las tropelías y traiciones de Sánchez y de sus socios. . Unámonos y luchemos, no solo contra Bildu, sino también contra este Gobierno infame y traidor y contra todo lo que representa la división, el egoísmo político, la falsedad, la corrupción, la traición y el abandono y la destrucción de las clases medias y trabajadoras. Acabemos con las mentiras de este Gobierno, acabemos con Sánchez y su Gobierno corrupto, que está llevando a la ruina a nuestras familias. Con Sánchez en el Gobierno, solo hay paro, pobreza y corrupción. .

Blanca Cercas Mena PSC-PSOE

Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Todas las medidas que ha hecho y que está haciendo este Gobierno, todas, van orientadas a contribuir a una Europa más social. Por lo tanto, bienvenidos sean los pronunciamientos que haya en este sentido, incluido el de la Carta Social Europea que ustedes han estado comentando. Quiero recordar que España ratificó el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo y también la Carta Social Europea. Los dos convenios ofrecen protección frente a despidos injustificados y, así, también garantizan una indemnización adecuada u otra reparación apropiada. Señorías de Bildu, ustedes hablan única y exclusivamente de cuantía. Este Gobierno tiene como prioridad la protección de las personas y también de los empleos. De todas maneras, haría falta una visión más amplia, pero, en cualquier caso, celebramos que se abra este debate en esta Cámara; creo que es una buena noticia. Ahora bien, me gustaría introducir la reforma del 2012, la reforma que el Partido Popular llevó a cabo. ¿Qué hizo aquella reforma? Yo creo que destruyó empleo, redujo prestaciones sociales, bajó los salarios y, sobre todo, abarató el despido. . Estas políticas nos han llevado a incumplir los criterios de la Carta Social Europea y esta situación respecto a estas políticas es la que ha dado lugar a diferentes sentencias judiciales: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que, amparándose en esta carta social, han incrementado indemnizaciones por despido injustificado. .

Blanca Cercas Mena PSC-PSOE

La reforma del 2021, en su momento, no dio una respuesta concreta a este tema. Sin embargo, me gustaría recordarles varias cosas. Este Gobierno ya ha manifestado una clara voluntad de modificación de este punto. Y lo ha hecho incluyéndolo en los acuerdos de Gobierno y, sobre todo, incluyéndolo en el Plan Anual Normativo; por supuesto que lo ha incluido. Y también teniendo en cuenta que esto debe hacerse dentro del diálogo social, que es fundamental, porque es la única herramienta para hacer realidad las reformas. Y, sobre todo, teniendo en cuenta el principio de seguridad judicial, que es lo que evitará que podamos tener conflictos judiciales de este otro tipo. Pero, señorías, lo más importante que ha hecho la reforma del 2021 es crear empleo; cerca de veintidós millones de personas están trabajando en este momento. . Nunca ha habido tanta gente trabajando; cuatro de cada diez contratos son contratos indefinidos y, paralelamente, ha aumentado el salario mínimo interprofesional y hemos creado el ingreso mínimo vital. . Señorías, esto simplemente demuestra que la fórmula para crear empleo de calidad no pasa por el abaratamiento del despido. Señorías, somos un partido de izquierdas, somos un partido socialista que en nuestro ADN llevamos la necesidad de protección de los derechos y libertades de todas las personas…

Blanca Cercas Mena PSC-PSOE

… siempre a favor de la clase trabajadora y de la mayoría social, y yo lo que creo — no tengo ninguna duda— es que va a seguir siendo así. . Muchas gracias. .

María Isabel Prieto Serrano PP

Bildu trae esta iniciativa legislativa para — supuestamente— mejorar los derechos de los trabajadores, pero no es creíble. No es creíble, porque es un partido que quiere destruir la unidad de España y al que le importa muy poco el progreso de los españoles y los derechos de los trabajadores. . Es un partido que solo está pendiente de cobrar los peajes al Partido Socialista, que Pedro Sánchez siempre estará dispuesto a pagar para mantenerse en el poder. Nos encontramos con otra iniciativa laboral que afecta de forma determinante a las empresas, pero sin contar con su opinión. Ni siquiera mencionan en su proposición no de ley la necesidad de que esta medida se debata y se consensúe en el marco del diálogo social, lo vuelven a omitir. Aprobar esta modificación legislativa supondría introducir una mayor rigidez en el mercado laboral y en las relaciones laborales, y aumentarían las dificultades de acceso al empleo de numerosas personas, en especial aquellas personas que tengan circunstancias desfavorables; además, hay que decir que un sistema de indemnización tasado viene siempre a dotar de una mayor seguridad jurídica a los trabajadores. El Consejo de Europa, que no forma parte de la estructura institucional de la Unión Europea, no es un órgano comunitario, recientemente — en noviembre—, ha emitido una recomendación, concretamente para que se revise la normativa por parte del Estado español para que las indemnizaciones tengan en cuenta el daño real sufrido por los trabajadores despedidos de forma ilícita, así como las circunstancias individuales de sus casos que resulten disuasorias para el empleador. El Gobierno socialista, junto con SUMAR, defendió ante la Comisión Europea que el sistema español de protección del trabajador que ha sido despedido de forma ilícita provee una indemnización adecuada y articula un mecanismo de reparación adecuado. Deducimos, por tanto, que el Gobierno está conforme con la regulación actual del Estatuto de los Trabajadores. Prueba de ello es que, en febrero del 2023, votó en contra de una moción de Esquerra Republicana que pretendía subir la indemnización; y sobre todo, el Gobierno socialista junto con SUMAR no reformó el Estatuto de los Trabajadores con la reforma laboral del 2022. . Nos preguntamos: ¿el Partido Socialista va a cambiar otra vez de opinión al respecto? La regulación actual deriva de la reforma laboral del 2012, que fue realizada por el Partido Popular para recuperar el empleo que se estaba destruyendo masivamente en el contexto de la mayor crisis económica y social que ha vivido este país en los últimos treinta años, fruto de la herencia ruinosa que nos dejó el Partido Socialista con Zapatero y su mala gestión. . Recordamos sus falsos brotes verdes, que solo él vio; su Plan E, que supuso un agujero de más de 7800 millones de pérdidas, tal y como señaló el informe del Tribunal de Cuentas en 2013; decenas de miles de millones de facturas sin pagar, que dieron lugar al plan de pago a proveedores, que evitó el cierre a miles de autónomos y pymes, y todo gracias al Partido Popular. El PSOE negó sistemáticamente la crisis y no adoptó medidas estructurales, dejando al país en una situación extrema y al borde del rescate económico, que el Partido Popular supo evitar y pudo hacerlo. La reforma laboral del 2012 fue una reforma para el empleo y sirvió para recuperar siete de cada diez puestos de trabajo de los más de tres millones y medio que se destruyeron con la crisis. . Se aprobaron medidas que tendían a la flexibilidad del mercado laboral, precisamente para evitar los despidos y para que este fuese el último recurso. Ahí tenemos los ERTE, figura jurídica creada y establecida por la ministra Fátima Báñez en 2012. . El Gobierno de Mariano Rajoy heredó de Zapatero una tasa de paro del 24 % y la redujo al 15 % en el año 2018. . Señorías de Bildu, su defensa de los trabajadores se resume en el asesinato de más de doce sindicalistas por la banda terrorista ETA, terroristas a los que siguen homenajeando hoy en día. . SUMAR forma parte de este Gobierno, pero tiene una opinión diferente. En la calle, mantiene el despido restaurativo y que hay que hacer una reforma del Estatuto de los Trabajadores, sin embargo, en su reforma laboral del 2021 no tocaron el artículo 51 del Estatuto, lo dieron por válido, así que es una actitud incoherente e hipócrita. . ¿Por qué? Porque luego, cuando están en el Consejo de Ministros, no hacen la reforma oportuna, un ejemplo más de la debilidad y de la contradicción de la coalición de Gobierno. Respecto al carácter disuasorio de la indemnización, debemos tener en cuenta que la paradoja hoy es que 2,2 millones de trabajadores renuncian a sus puestos de trabajo, los abandonan. Son dimisiones, no despidos, y esto no lo han tenido en cuenta.

María Isabel Prieto Serrano PP

Termino. Estamos ante recomendaciones que no compelen a los Estados miembros, no son obligatorias, no son trasposiciones de directivas comunitarias. En nuestro ordenamiento jurídico los trabajadores están protegidos.

María Isabel Prieto Serrano PP

Hay mecanismos complementarios que garantizan una reparación adecuada de sus derechos y de sus circunstancias personales. Señorías de Bildu, los conocemos, sabemos quiénes son, lo que han hecho y lo que pretenden… .

Ester Muñoz de la Iglesia PP

Gracias, señor vicepresidente. Señorías, quiero comenzar saludando y agradeciendo la presencia a todos los pacientes, familias y asociaciones que habéis tenido que volver a venir a este Congreso, que os habéis vuelto a desplazar desde vuestros domicilios para estar hoy aquí. Soy plenamente consciente del esfuerzo que supone para vosotros venir. . No es la primera vez que estáis aquí, y es muy triste que tengáis que volver porque no se ha cumplido lo que se prometió. No se cumplió el compromiso que hubo con vosotros de que esta ley ELA estuviera financiada. Hace unos días leía en Twitter a Jordi Sabaté pedir perdón públicamente por haber dado falsas esperanzas a muchos pacientes que estaban enfermos de ELA. Pedía disculpas por confiar en los políticos, pedía perdón porque no se había cumplido lo que prometimos. Y no, Jordi, no; tú no tienes que pedir disculpas, son otros los que tienen que pedir perdón. . El ambiente que se respiró en este Congreso el día en que finalmente aprobábamos por unanimidad la ley ELA invitaba a la esperanza. Todos los diputados querían hacerse fotos con vosotros. Los ministros ―cogieron una sala aparte en este Congreso― y la presidenta del Congreso se hicieron fotos con vosotros. ¡Pero si os llamaron desde la Moncloa! El presidente Sánchez se hizo fotos con vosotros. Todos vimos la foto de Jordi con Sánchez sonriendo. ¡Claro, porque lo habían conseguido!, o eso les dijeron, que lo habían conseguido. Mirad, la ley ELA fue mucho más que una mera votación. Lo que conseguisteis pacientes, familias y asociaciones con vuestra lucha en los últimos años supera la aprobación de una mera ley. Vuestro coraje y determinación por una vida digna para vosotros, por todos los que pasaron y por todos los que están por llegar se estudiará en los libros de Historia y de Ciencias Políticas, seguramente; porque desde vuestras sillas, desde vuestras camas, desde vuestras pantallas de ordenador, fuisteis capaces de conseguir lo que otros no habíamos logrado: derribasteis el muro de la intransigencia y el sectarismo político. Este ya es vuestro legado. El acuerdo fue posible y os lo debemos a vosotros. Pero esta lucha no acababa ahí, lo dijimos y lo advertimos. La ley era importante, pero más importante era la financiación, porque sin financiación no hay ley. Es perfectamente comprensible que creyerais que no podían volver a fallaros, pero aquí estamos. Insisto, Jordi, no, tú no tienes que pedir perdón. El presidente Feijóo se comprometió con vosotros a ser vigilante y exigente. La ley saldría en el BOE, pero el Gobierno era el único que tenía la capacidad de dotarla económicamente y, cuarenta y siete días después de que esté publicada en el BOE, aquí estamos: con ley, pero sin financiación. ¡Cuánta rapidez ―incluso codazos― para la foto, pero cuánta desidia para traer financiación! . Así no, señorías, así no. No hay derecho a crear expectativas y luego pisotear la esperanza de tantos miles de personas que llevan años sufriendo. Esto es todavía, si cabe, más dramático. Yo estoy muy orgullosa de pertenecer a un grupo que está prácticamente al completo cuando pedimos financiación para la ley ELA. ¿Dónde está el PSOE? Probablemente muerto de la vergüenza. . Probablemente. . Miren, no hacen falta los presupuestos generales del Estado para dotar económicamente la ley ELA. Los artículos 50 y siguientes de la Ley General Tributaria permiten que se puedan hacer dotaciones extraordinarias con fondos de contingencia o con créditos extraordinarios. De un presupuesto de más de 400 000 millones de euros, solo hace falta rascar 200 millones de euros. Es verdad que estamos acostumbrados a un Gobierno que vive del marketing, de la propaganda, de los anuncios flash, pero con esto no, señorías del PSOE, con esto no se juega. Con la vida de miles de españoles no se juega, señores socialistas. Reconozco que se me hace insoportable pensar que pudieron ver en la aprobación por unanimidad de la ley ELA una oportunidad para tapar la debilidad parlamentaria y sus casos de corrupción. Quiero pensar que no ha sido así. Es incomprensible que tengamos que salir hoy aquí de nuevo a exigir financiación que prometieron dar. Ya advierto que traeremos esta PNL las veces que haga falta hasta que cumplan con lo que han prometido, porque el Partido Popular tiene un compromiso con todos los pacientes, con las familias y las asociaciones y para mí es ya algo personal. Les voy a explicar por qué. Ser ponente de esta ley a mí me ha cambiado la vida. Quiero explicarme. Conocer a gente como Ester, como José, como Jordi, como Noemí, como Carlos ―que está hoy aquí, Carlos de Pablo― me cambió todo. Cuántas lecciones aprendidas durante estos meses acompañándolos en la lucha, aprendiendo el verdadero significado de lo que es resiliencia, de enfrentarte a lo que la vida te pone enfrente. Por fin conozco qué significa. Hace unos meses, Carlos de Pablo, que está aquí, me invitó a su casa con su familia y pasé unas horas con ellos. Estuvimos hablando de cómo impactó el diagnóstico en su familia, de cómo lo afrontaron, de cuáles fueron las medidas que tomaron, de los miedos y cómo se enfrentaron para dar la batalla. Lo hicimos hablando a pecho descubierto, como se hace este tipo de cosas: con la verdad por delante. Hablamos también de las cosas positivas, porque él tiene cosas positivas. Carlos de Pablo, como muchos otros pacientes, tiene una familia, tiene una casa en la que pueden tener todos sus aparatos para poder vivir. Pero yo hoy quiero acordarme de todos los que no los tienen, ¡de todos aquellos pacientes de ELA que, además de darles el peor diagnóstico de su vida, viven solos, con padres mayores, en apartamentos que no tienen ascensor! . ¡Yo quiero acordarme de todos aquellos pacientes de ELA que no pueden estar hoy aquí y que también nos necesitan! Que también nos necesitan. Señorías, insisto, cuando ayer preparaba esta intervención me parecía mentira tener que volver a salir aquí a pedir dinero para la ley ELA. Es que no hemos aprendido nada. Ya no sé qué hacer, no sé qué decir y no sé cómo explicar al Gobierno que hay gente que está eligiendo la eutanasia ¡porque no tiene dinero para vivir! ¡Es que ya no sé cómo decirlo y no sé cómo explicarlo para que el Gobierno lo entienda! ¿De verdad no hemos aprendido nada? Señorías — veo que en el Grupo Socialista escuchan poco, están todos con el móvil—, no sé si esta será la última vez que yo salga aquí para defender la vida digna de tantos pacientes de ELA, lo que sí les aseguro es que hasta que no pongan el dinero no vamos a dejar de salir. . Termino con un último mensaje de agradecimiento y cariño para todos los pacientes y sus familias. Me habéis cambiado la vida. Jamás voy a volver a dudar en decir un te quiero, en dar un abrazo a mis seres queridos, a mi familia o a mis amigos, porque no sé cuándo va a ser la última vez que pueda hacerlo. Me habéis enseñado las prioridades de la vida, a reconocerlas y agradecerlas. No os vamos a abandonar y, desde luego, no vamos a permitir que os vuelvan a fallar. Muchas gracias. .

Maribel Vaquero Montero EAJ-PNV

Muchas gracias. Con su permiso, hablaré desde el escaño. Simplemente quiero decir que estamos de acuerdo con que se pueden incorporar, sin presupuestos, las partidas necesarias para que esta ley y otras leyes salgan adelante, pero me parece que la representante del Grupo Popular ha patrimonializado este dolor. . Yo creo que todos quisimos que fuera de todos. . Sí, es verdad, toca cumplir. Muchas veces se aprueban leyes que luego son de difícil cumplimiento. . Es verdad. Nos tenemos que comprometer a que esas leyes que todos votamos a favor se cumplan. Pero, por favor, me gustaría que no se patrimonializara el dolor de estas personas, que no se les use y que seamos todos y todas capaces de llevar esta ley adelante. . En lo que corresponde a mi grupo estamos comprometidos no solo desde aquí, sino en las instituciones que gobernamos. Muchas gracias. .

Pilar Calvo Gómez JxCAT-JUNTS

Gràcies, president. Bé, senyories, m’agrada recordar que l’objectiu de Junts, impulsor de les propostes de llei per a les persones amb esclerosi lateral amiotròfica, va ser aconseguir el màxim consens. No formant part de cap bloc, podríem haver sumat a dreta o a esquerra per tirar endavant la llei; i, de fet, se’ns va proposar a dreta i a esquerra. Però nosaltres volíem que aquesta llei fos de tothom, de tots els grups parlamentaris, com va ser unanimitat al Congrés, al Senat i al carrer. La llei ELA, per tant, és mèrit de tots i un compromís de tots. Junts va treballar per a aquest consens transversal perquè, un cop es publiqués la llei ELA, ningú evadís responsabilitats. És una llei que amplia prestacions i que requereix més recursos. En les negociacions, això sí — ho hem de recordar—, el Govern va intentar vincular els recursos de la llei ELA amb l’aprovació dels pressupostos, però es va deixar clar des del primer moment, davant les pròpies associacions liderades per ConELA, que el Govern pot dotar dels recursos necessaris les comunitats autònomes sense haver de tenir un acord pressupostari amb la majoria dels grups parlamentaris. Això es va deixar molt clar. El Govern espanyol ara ha de complir amb el que va validar i aportar els recursos necessaris per a garantir que les persones amb ELA que es troben en situació de gran dependència i en final de la seva vida, tinguin, per exemple, l’atenció domiciliària especialitzada de 24 hores, perquè no es produeixi una mort evitable. Una atenció que necessiten persones com el Carlos de Pablo, a qui saludo des d’aquí, que no falla mai. I bé, n’hi ha altres prestacions, però aquesta és la que més importa a les famílies perquè els garanteix una vida digna. I d’això es tractava, senyories, de garantir una vida digna per als malalts, que no volen ser una càrrega econòmica per a les seves famílies; de garantir una vida digna per a les persones cuidadores, que estan esgotades física i psicològicament. I si m’adormo? I si resulta que s’atura el respirador? I si en un moment que l’he deixat sol o sola s’ofega? Doncs aquesta angoixa és la que hem d’intentar evitar. Quan es va aprovar la llei, tothom es va fer fotos amb les associacions i amb els malalts, també el president Sánchez; però si les persones amb ELA no tenen l’atenció que estableix la llei, passaran, passarem de sortir a la foto a de sortir retratats. Cada associació està fent la seva feina a nivell autonòmic per a obtenir el compromís dels respectius departaments de Drets socials o de Salut, perquè, evidentment, hi ha una part que correspon als governs autonòmics, però les noves prestacions han de venir cobertes des de Madrid. Prou de fer més gran l’infrafinançament estructural que, per exemple, pateix Catalunya, en sanitat, on cada any s’han de posar 3000 milions extraordinaris a un pressupost de 13 000 per a cobrir les necessitats, i en Drets socials, on patim l’impagament de la llei de dependència. Aquesta mateixa setmana, l’Observatori de la Dependència ha donat a conèixer les xifres de la llista de la dependència: Catalunya és el territori de l’Estat on més persones han mort mentre esperaven la resolució sobre la dependència, més de 100 000 persones des de 2007. I una de les principals causes, està claríssim, és la falta de recursos. I, evidentment, dins d’aquesta llarga llista de persones que ens han deixat sense resposta positiva per part de l’Administració, hi ha persones amb ELA. S’ha d’evitar aquesta injustícia. No pot ser que un ciutadà estigui cotitzant i pagant impostos tota la vida i que l’Estat no respongui com mereix quan toca. Per aquesta raó, diferents associacions d’ELA de tot l’Estat estan contactant a hores d’ara els governs de les diferents comunitats autònomes. La Fundació Catalana contra l’ELA, la Fundació Miquel Valls, va demanar, tan bon punt es va aprovar la llei el mes d’octubre, veure’s amb el president Illa. Encara no els ha rebut. Està tot dit. D’altra banda, la llei ELA estableix també l’obligació de fer un reglament abans d’un any perquè altres malalties d’alta complexitat i en situacions de gran dependència irreversibles es puguin acollir a les prestacions que ara ja tenen reconegudes les persones amb ELA. Estem en contacte amb les associacions de malalties que poden…, que podrien acollir-se i farem tot el possible per a acompanyar-los en aquest camí, com hem estat al costat de les persones amb ELA i de les associacions, a les quals, per cert, trobo molt a faltar. Han estat moltes setmanes treballant, molts mesos treballant molt estretament i la veritat és que tots recordarem aquell 10 d’octubre, quan aquesta Cambra es va vestir de verd, quan va haver-hi aquesta unanimitat, aquest sí de tot el món a la llei ELA, com un dia que durarà anys, com un dia per al record, sobretot per als que vam poder participar des del primer moment de la llei. A totes les persones afectades per ELA, a les seves famílies, a totes les persones que pateixen alguna malaltia, els desitgem que passin unes bones festes acompanyats de la gent que estimen; i també per a tu, Carlos, que tingueu bones festes tots. Gràcies. Gracias, presidente. Bien, señorías, me gusta recordar que el objetivo de Junts, impulsor de las propuestas de ley para las personas con esclerosis lateral amiotrófica, fue conseguir el máximo consenso, no formando parte de ningún bloque. Podríamos haber sumado a derecha o a izquierda para progresar con la ley; de hecho, se nos propuso a derecha y a izquierda. Pero nosotros queríamos que esta ley fuese de todos, de todos los grupos parlamentarios, como fuese, unanimidad en el Congreso, en el Senado y en la calle. La ley ELA, por lo tanto, es mérito de todos y un compromiso de todos. Junts trabajó para este consenso transversal para que, una vez se publicase la ley ELA, nadie evadiese responsabilidades. Es una ley que amplía prestaciones y que requiere más recursos. En las negociaciones, eso sí ―lo recordaremos―, el Gobierno intentó vincular los recursos de la ley ELA con la aprobación de los presupuestos, pero se dejó bien claro desde el primer momento, ante las propias asociaciones lideradas por ConELA, que el Gobierno puede dotar de los recursos necesarios a las comunidades autónomas sin tener que obtener un acuerdo presupuestario con la mayoría de los grupos parlamentarios. Esto se dejó muy claro. El Gobierno español ahora tiene que cumplir con aquello que validó y aportar los recursos necesarios para garantizar que las personas con ELA que se encuentran en situación de gran dependencia, al final de su vida tengan, por ejemplo, la atención domiciliaria especializada de 24 horas, para que no se produzca una muerte evitable. Una atención que precisan personas como Carlos de Pablo, a quien saludo desde aquí, que no falla nunca. Hay otras prestaciones, pero esta es la que más importa a las familias porque les garantiza una vida digna. Y de esto se trataba, señorías, de garantizar una vida digna para los enfermos, que no quieren ser una carga económica para sus familias; y garantizar una vida digna para las personas cuidadoras, que están agotadas física y psicológicamente. ¿Y si resulta que se detiene el respirador? ¿Y si en un momento que le he dejado solo o sola se ahoga? Bueno, pues esta angustia es la que hemos de intentar evitar. Cuando se aprobó la ley, todo el mundo se hizo fotos con las asociaciones, con los enfermos, también el presidente Sánchez; pero si las personas con ELA no tienen la atención que establece la ley, pasarán de salir en la foto y de salir retratados. Cada asociación hace su trabajo a nivel autonómico para obtener el compromiso de los respectivos departamentos de derechos sociales o de salud, porque, evidentemente, hay una parte que corresponde a los gobiernos autonómicos, pero las nuevas prestaciones han de venir cubiertas desde Madrid. Basta de hacer más grande la infrafinanciación estructural que, por ejemplo, sufre Cataluña. En sanidad se tienen que poner 3000 millones extraordinarios a un presupuesto de 13 000 para cubrir las necesidades, y en derechos sociales, donde sufrimos el impago de la ley de dependencia. Esta misma semana, el Observatorio de la Dependencia dio a conocer las cifras de la lista de la dependencia: Cataluña es el territorio del Estado en donde más personas han muerto mientras esperaban la resolución sobre la dependencia, más de 100 000 personas desde 2007. Y una de las principales causas ―está clarísimo― es la falta de recursos. Evidentemente, dentro de esta larga lista de personas que nos han dejado, sin respuesta positiva por parte de la Administración, hay personas con ELA. Hay que evitar esta injusticia. No puede ser que un ciudadano esté cotizando y pagando impuestos toda la vida y que el Estado no responda como merece cuando toca. Por esta razón, distintas asociaciones de ELA de todo el Estado están contactando ahora mismo con los gobiernos de las distintas comunidades autónomas. La Fundación Catalana de ELA Miquel Valls pidió, tan pronto se aprobó la ley en el mes de octubre, verse con el presidente Illa. Todavía no les ha recibido. Todo está dicho, ¿no? Por otra parte, la ley ELA también establece la obligación de hacer un reglamento antes de un año para que otras enfermedades de alta complejidad y en situaciones de alta dependencia irreversibles se puedan acoger a las prestaciones que ya tienen reconocidas las personas con ELA. Estamos en contacto con las asociaciones de enfermedades que podrían acogerse y vamos a hacer todo lo posible para acompañarlos en este camino, como hemos estado al lado de las personas con ELA y de las asociaciones, a las que, por cierto, encuentro mucho a faltar. Han sido muchas semanas trabajando, muchos meses trabajando muy estrechamente; y la verdad es que todos recordaremos ese 10 de octubre, cuando esta Cámara estaba vestida de verde, cuando hubo unanimidad, ese sí de todo el mundo a la ley ELA, como un día que durará años, un día para el recuerdo, sobre todo para los que pudimos participar desde el primer momento de esta ley. A todas las personas afectadas por ELA, a sus familias, a todas las personas que sufren alguna enfermedad les deseamos que pasen unas buenas fiestas acompañados de la gente que aman; y también para ti, Carlos. Que tengáis buenas fiestas todos. Gracias. .

Jordi Salvador i Duch ERC

Senyories, avui el Grup Popular ens porta una proposició no de llei amb aparença de voler millorar el finançament de la llei ELA. Quan llegim entre línies, ens adonem que aquesta PNL és més soroll que substància. És una maniobra purament electoralista, plena de gesticulacions i buida de contingut real. Fa tan només unes setmanes es va aprovar per part de tots la llei de l’ELA amb un consens històric en aquesta Cambra. Ha passat molt poc temps i ja estan aquí, intentant aquí veure si poden patrimonializar aquest tema, no? A la vegada és una indecència. Una llei que, com ja vaig advertir aleshores, només serà efectiva — i ho vam dir tots— si compta amb un reglament dins d’un any — no ha passat un any— i un finançament suficient. Per això, el Grup Republicà ja va reclamar des del primer dia la creació d’un fons econòmic específic que respongués a la magnitud de les necessitats. Aleshores, si aquest compromís era clar per a tothom, a què ve aquesta PNL? Si realment volen millorar la vida de les persones amb ELA — i no solament les d’ELA; la de moltes altres persones que pateixen moltíssim, moltíssim—, el camí no es presenta a través de proposicions no de llei oportunistes. El camí és asseure’s, el camí és negociar, garantir pressupostos de l’Estat, intentar negociar-los i intentar portar aquí millores. Aquest és el camí, però això vol dir feina i vol dir no titulars. Senyories del PP, deixin de fer l’oposició del fang. Els nostres pobles precisen menys espectacle i més política de veritat, política que escolti associacions com CONELA, la Fundació Catalana contra l’ELA, que han estat les veritables impulsores d’aquesta llei; política que respongui a les demandes de les famílies, unes famílies que no poden esperar més. Des d’Esquerra Republicana continuarem defensant que la llei ELA no es quedi en paper mullat. I espero que segueixin tots, i això vol dir negociar, negociar, negociar i pressionar, pressionar, pressionar. Continuarem vigilants perquè aquesta llei s’implementi i perquè mai més es repeteixi el cas de la llei de la dependència, una bona llei que no funciona encara avui per manca de finançament on toca. El PP avui ens presenta una PNL per a aparentar preocupació, una PNL quan han estat governant dècades. Però nosaltres els diem clarament: si volen ser útils, deixin de fer política d’aparador i posin-se a treballar, negociïn uns pressupostos, uns fons; i negociïn allò que realment hi hagi diners a la gent que li fa falta, igual que en el cas de l’ELA; i no més, però sí que igual, perquè hi ha molta gent que està patint en aquest moment per falta de pressupost. I res més. Deixin de fer electoralisme i dediquin-se a fer feina. Moltes gràcies. Señorías, hoy el Grupo Popular nos trae una proposición no de ley con apariencia de querer mejorar la financiación de la ley ELA. Leemos entre líneas, y nos damos cuenta de que esta PNL es más una maniobra puramente electoralista llena de gesticulaciones y vacía de contenidos reales. Hace tan solo unas semanas se aprobó por parte de todos la ley de la ELA con un consenso histórico en esta Cámara. Ha pasado muy poco tiempo y ya están aquí intentando ver si pueden patrimonializar este tema. Es una indecencia. Una ley que, como ya advertí en su momento, tan solo será efectiva — lo dijimos todos— si cuenta con un reglamento dentro de un año — no ha pasado un año— y una financiación suficiente. El Grupo Republicano, en su momento, ya reclamó la creación de un fondo económico específico que respondiese a la magnitud de las necesidades. Entonces, si este compromiso era claro para todos, ¿a qué viene esta PNL? Si realmente quieren mejorar la vida de las personas con ELA ―y no tan solo las de ELA; nosotros hablamos de personas que sufren mucho, muchísimo―, el camino no se presenta a través de proposiciones no de ley oportunistas. El camino es sentarse, el camino es negociar, garantizar presupuestos del Estado, intentar negociarlos e intentar llevar mejoras. Este es el camino, pero esto añade trabajo y no titulares. Entonces, señores del PP, dejen de hacer la oposición del fango. Nuestros pueblos precisan menos espectáculo y más política de verdad, política que escuche a las asociaciones de ELA, como la Fundación Catalana contra la ELA, que han sido las auténticas impulsoras de esta ley; políticas que respondan a las demandas de las familias, unas familias que no pueden esperar más. En Esquerra Republicana continuaremos defendiendo que la ley ELA no se quede en papel mojado. Espero que lo hagan todos: negociar, negociar, negociar; presionar, presionar, presionar. Esto es lo que significa. Continuaremos vigilantes para que esta ley se implemente y para que nunca más se repita el caso de la ley de la dependencia, una buena ley que no funciona todavía hoy por falta de financiación donde hace falta. Hoy nos presentan una PNL para aparentar preocupación, una PNL cuando han estado gobernando durante décadas. Nosotros les decimos claramente: si quieren ser útiles, dejen de hacer política de aparador y pónganse a trabajar, negocien unos presupuestos, unos fondos; y negocien aquello que realmente dé dinero a la gente que le hace falta, al igual que en el caso de la ELA; y no más, pero sí que igual, porque hay mucha gente que está sufriendo en este momento por falta de presupuesto. Nada más. Dejen de hacer electoralismo y dedíquense a trabajar. Muchas gracias. .

Rafael Cofiño Fernández SUMAR

Buenas tardes. No vamos a entrar en una intervención confrontativa con el Grupo Popular. No ha sido mi estilo nunca la confrontación ni la escenografía, porque no me sale tampoco. Llegamos hace un año para tratar de hacer políticas útiles y no para hacer escenografías ni discusiones. La gente no es tonta, la gente sabe que se moría cuando había un Gobierno popular en la Presidencia del Gobierno, y la gente sabe que se sigue muriendo en malas condiciones habiendo un Gobierno progresista desde hace unos años. Por eso, nos hemos puesto de acuerdo hace unos meses, unas semanas, para tratar de mejorar la vida de la gente, y ese es el objetivo. Voy a intentar ser muy didáctico para explicar cómo veo yo el tema de los presupuestos. Empiezo por tres autocitas que hice en esta misma Cámara cuando se aprobó la ley: la ley no es una fórmula mágica, solamente es el principio. Lo que queda al día siguiente es seguir trabajando y poner el despertador a las cinco y media de la mañana para trabajar y hacer las cosas lo mejor posible entre todos, según sea nuestro puesto de trabajo. Y que miremos también a las tribunas para pensar en ellas llenas de gente cuando pensemos en aprobar unos buenos presupuestos generales del Estado y en financiar la ley ELA. . Por tratar de ser un poco didáctico, diré que para poder hacer las cosas hace falta dinero y hace falta presupuesto. El dinero viene de muchas fuentes, pero viene de los impuestos. Por ejemplo, una fuente de ingresos ha sido lo que se ha logrado aprobar hace unas semanas con la mejora del paquete fiscal ―que no recuerdo cómo fue votado en esta Cámara, pero hubo gente que no votó a favor. No sé cuáles fueron los motivos―. Con esa pequeña mejora del paquete fiscal, que no es todo lo que queríamos, hemos conseguido 7500 millones de euros más, con la posibilidad de ampliar recursos para el sector público de alrededor de 4500 millones. Con ese dinero se hacen cosas. Los presupuestos generales del Estado vienen regulados por varias normas, y la más importante de ellas es un librín amarillo que teníamos en casa cuando estaba en la EGB, que es la Constitución; concretamente, viene regulado cómo funcionan de forma anual ―no a los 48 días, sino de forma anual― en el artículo 134. Los presupuestos, posteriormente, los elabora la bancada azul de este Congreso. Son ellos los que van a decidir, los que van a hacer una propuesta de los presupuestos generales del Estado. Nuestro papel como grupo parlamentario, incluso estando en el Gobierno, es no estar de acuerdo a veces con algunas cosas de nuestro Gobierno y tirar de él. Eso es así. Hoy ha salido el tema de MUFACE y, claramente, no estamos de acuerdo con ello. . Nuestro papel como Gobierno es tratar de tirar entre la sociedad civil, para mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras y de las personas que más sufren ―concretamente el colectivo de ELA y otras personas―, y el Gobierno. No voy a citar ejemplos, porque se han citado de forma continua esta Cámara, de cómo ha sido la evolución presupuestaria en los últimos años o de cómo ha sido la mejora del gasto público. Por poner solamente un ejemplo del gasto social, en el año 2024 el gasto social consolidado representó más del 50 % del total del presupuesto, marcando un récord histórico. Los ministerios tienen capacidad de ejecutar algunas cuestiones, pero otra ejecución se realiza a través de las comunidades autónomas. Por ejemplo, nuestro ministro, Óscar Puente, tiene todas las piezas de Lego para poder trabajar, y por eso es muy rápido montando puentes, trenes y demás, porque todas las piezas de Lego las tiene él. Otras piezas de Lego las tienen que comprar las comunidades autónomas, y por eso tenemos también otro apartado de nuestra Constitución que son las competencias de las comunidades autónomas, y esto forma parte del trabajo que tienen que hacer, por ejemplo, en derechos sociales y en sanidad. Yo vengo de trabajar casi veinticinco años en la Administración, en Asturias, y vengo de la otra parte, de recibir fondos del Estado y de ver cómo se pueden repartir en diferentes capítulos. Y para bien o para mal, porque muchas veces es verdad que hacen falta recursos, sabemos que se puede mejorar la gestión en las comunidades autónomas. Todo esto lo hemos visto en el proceso de la elaboración de la ley ELA. A lo largo del proceso de elaboración hemos visto comunidades autónomas en las que los procesos de agilización de la dependencia y discapacidad ya se estaban haciendo. Es decir, esta PNL es muy interesante, pero también sería una buena PNL para realizar en todas las comunidades autónomas y ver en qué medida ya se ha empezado a trabajar desde ellas, que nos consta que lo están haciendo, ¿eh? . Me consta que comunidades de su signo político lo están haciendo; no nieguen, que lo están haciendo. . Están trabajando muy bien en algunas comunidades autónomas del Partido Popular en mejorar las condiciones que tienen las personas con ELA y en agilizar algunos de los procedimientos. Tenemos una buena ley, ha habido una buena ley de consenso; la ley es necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos ejecutarla; necesitamos una acción política y presupuestaria; necesitamos menos fotografías ―lo dije el primer día y lo sigo diciendo ahora―, y tenemos una corresponsabilidad institucional en el espíritu de desbloquear un trabajo y avanzar en la ley que hemos logrado desatascar desde que estamos aquí, porque estaba atascada en las cañerías del Congreso. Sigamos trabajando sin demasiado ruido y avanzando juntos en la misma dirección. Muchas gracias. .

María de la Cabeza Ruiz Solás VOX

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. El pasado 10 de octubre fue un gran día para las personas con ELA y para sus familias; un día de esperanza y de lágrimas que, por fin, eran de alegría; un día en el que hubo aplausos a la grada y fotos de políticos posando sonrientes junto a los representantes de las asociaciones de afectados. Todos los telediarios se hicieron eco de la gran noticia y las redes sociales y los periódicos anunciaban la buena nueva. Aquel día sobrecogía escuchar ahí arriba el sonido de los respiradores que nos hacían sentir aquí abajo muy pequeños, pequeños frente a la grandeza de quienes no se rinden ante la adversidad y de quienes no solo luchan por su vida, sino que lo hacen también por la vida de los que podrían enfermar mañana. Aquel día votamos bajo la mirada atenta de personas que dependían de nuestro voto para vivir o morir, y mientras unos estaban de fiesta por el logro obtenido, a otros nos podía la responsabilidad. Sin duda la puesta en escena fue perfecta. Se escucharon en esta Cámara los discursos victoriosos de los partidos que habían logrado tramitar su proposición de ley. Todos estaban eufóricos por su éxito político; habían conseguido su medalla, aunque fuera compartida; engordaban su lista de proyectos aprobados y se felicitaban por ello. Incluso la portavoz del Partido Socialista, venida muy arriba, se permitía el lujo de ensuciar el debate acusando a la derecha de no querer pagar impuestos, como si esa fuera la falsa causa de la desatención de los enfermos de ELA y no el hecho de que su partido dejara morir una ley aprobada tres años atrás y, con ella, a muchas personas que no fueron provistas por su Gobierno de los recursos imprescindibles para poder seguir viviendo. Pero entre todos esos discursos triunfalistas hubo uno que destacó por todo lo contrario, el discurso contenido, sincero y cargado de responsabilidad de mi compañera diputada de VOX, Rocío de Meer. Ella les pidió que no hicieran lo que ya habían hecho en otras ocasiones; les pidió que no frustraran la esperanza generada en tantas personas con la aprobación de esta ley; les pidió que esta ley no se quedara solo en el Boletín Oficial del Estado, que a su aprobación le siguiera el desarrollo del real decreto necesario; les pidió que no se quedara en un cajón sin financiación. Tristemente, hoy comprobamos que su miedo era fundado, y aquel día ya no será el día en el que los enfermos de ELA y sus familias ganaron la batalla, sino el día en el que este Gobierno volvió a engañarnos otra vez. . Señorías, casi está acabado el año, y del compromiso de Pedro Sánchez con los enfermos de ELA solo nos queda la foto. Por otra parte, ¿qué se podía esperar de un Gobierno que es capaz de abandonar a su suerte al pueblo para hundir al adversario político como ha hecho en Valencia? ¿Qué se podía esperar de un Gobierno que moviliza dinero con rapidez y diligencia para alojar en hoteles a inmigrantes ilegales mientras cientos de personas se han quedado sin hogar? ¿Qué se podía esperar de un Gobierno que, mientras los enfermos de ELA y sus familias siguen esperando, destina 227 millones de euros a las obras del metro de El Cairo? Nada. No se podía esperar nada; sin embargo, muchos lo esperaban por pura desesperación. Así que hoy, sin un solo avance, nos tememos lo peor. Cada día que pasa es un día menos para las familias que no tienen recursos para mantener a sus seres queridos con vida; cada día que pasa es un día de angustia para los que reciben el diagnóstico más temido; cada día que pasa es un día que nos aleja de la alegría y la esperanza de aquel 10 de octubre y nos acerca a una nueva y terrible decepción, y ya llueve sobre mojado. Sinceramente, esperamos que al menos no tengan la indecencia de venir hoy aquí a decirnos que la dotación de recursos para esta ley y su puesta en marcha depende de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. De verdad que esperamos que no lo hagan, porque sería salvajemente cruel y depravado someterlos a semejante chantaje. Los enfermos de ELA y sus familias no se merecen depender de la negociación infame de unos presupuestos que ustedes han convertido en un arma arrojadiza, de unos presupuestos que están cada día más lejos gracias, entre otras cosas, a las señorías de Junts, que no solo sostienen a este Gobierno con su apoyo, sino que con una mano proponen una ley para los enfermos de ELA y con la otra chantajean al Estado que ha de ponerla en marcha. . Hoy, el Partido Popular presenta esta proposición no de ley para garantizar la dotación adecuada de los recursos que aseguren el pleno cumplimiento de la ley ELA ―por supuesto, la vamos a votar a favor― porque es evidente que, como nosotros, tampoco se cree al Gobierno y a sus socios, pero no deja de ser surrealista que para que se ejecute una ley haya que presentar una PNL que garantice el cumplimiento de esa ley, cuando lo que deberían hacer los unos y los otros es no volver a pactar lo que les conviene con este Gobierno y dejarlo caer de una vez. Señorías del Partido Popular, ni Consejo General del Poder Judicial ni consejeros de Radiotelevisión Española ni ministros socialistas ni comisarias en Europa ni presidentes de comisiones ni nada de nada. . Con quien es capaz de engañar por segunda vez a los enfermos de ELA, con quien es capaz de jugar con la vida de los españoles mientras se llena los bolsillos con tramas de corrupción vergonzosas no hay absolutamente nada que negociar ni nada que pactar. Está muy bien perseguir el cumplimiento de una ley como esta, y a su lado nos van a tener, a pesar de todo, pero estaría mucho mejor que empezaran a hacer oposición verdadera junto a nosotros sin cálculos partidistas. Señorías del Partido Socialista, los enfermos de ELA y del resto de enfermedades en curso irreversible y sus familias no pueden esperar ni un minuto más, y lo único que aceptaremos que pase en el día de hoy es que se nos comunique cuándo se van a aplicar las medidas aprobadas en esta ley y cuándo van a llegar los recursos a los hogares de los afectados.

María de la Cabeza Ruiz Solás VOX

Termino. Cualquier otra cosa que ustedes nos digan serán excusas vanas, un insulto a la inteligencia de todos los españoles y, lo que es todavía mucho peor, una traición rastrera a todos los que ese día 10 de octubre creyeron en nosotros y pusieron su esperanza y su propia vida literalmente en nuestras manos. Muchas gracias. .

Emilio Sáez Cruz PSOE

Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Saludos afectuosos a las personas afectadas por esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades neurodegenerativas que hoy nos acompañan. Si hay que felicitar a alguien, es a ustedes, porque son los que se lo merecen después de tanto trabajo, después de tanto esfuerzo. . Y, por supuesto, no vamos a permitir que ningún grupo parlamentario atesore un bien que es común y es un éxito colectivo. Señorías, la primera vez que me dirigí a ustedes fue hace un tiempo para pedirles el apoyo en relación con la modificación del artículo 49 de nuestra Constitución. La verdad es que ese cambio ha merecido la pena. Hoy las personas con discapacidad y las personas con ELA y otras enfermedades están más protegidas. El colectivo con ELA cuenta con nuestra complicidad y con nuestro compromiso, con el apoyo del Gobierno del presidente Sánchez, que está con ellos. Señora Muñoz, claro que el Estado tiene que estar ahí, y lo estará, pero compartirá conmigo que les corresponde también a las comunidades autónomas desplegar las medidas que se recogen en la ley ELA. Lo mismo ocurre con el sistema de la dependencia: les corresponde a las comunidades autónomas desarrollar, planificar, ordenar y coordinar su despliegue. Por tanto, si estamos de acuerdo en esto, estarán de acuerdo sus señorías del Partido Popular en que ustedes, que gobiernan la gran mayoría de comunidades autónomas, están fallando a las personas dependientes, a sus familias y a sus cuidadores. . Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos no, y a ustedes los hechos les delatan. . Esta es una gráfica que demuestra las inversiones del Estado en el Sistema Nacional de la Dependencia: en 2011, cuando les dejamos el Gobierno, invertíamos 2000 millones de euros; en 2018, cuando dejaron el Gobierno, estaban 700 millones de euros por debajo de lo que invertíamos nosotros, y en 2023, 4605 millones de euros, es decir, 3278 millones de euros más de lo que ustedes invertían. . Pero permítanme que siga con las políticas sanitarias en las comunidades autónomas. . Madrid, la región más rica, repite en 2025 como la que menos invierte en materia sanitaria por habitante, casi 1000 euros menos que la comunidad que más invierte, que es Asturias, gobernada por el Partido Socialista; listas de espera desbordadas, urgencias rurales carentes de médicos, pocos pediatras, pocas enfermeras y escasez de camas. . Ustedes podrán estar orgullosos de estos recortes, pero les aseguro que la ciudadanía no lo está. Sigamos con Andalucía: tres cuartos de lo mismo. Moreno Bonilla (muestra un recorte de prensa), líder en España en destrozar la sanidad pública. . Al Partido Popular le importa muy poco la salud, muy poco el estado de los pacientes y muy poco las condiciones laborales del personal sanitario. .

Emilio Sáez Cruz PSOE

Han subido (muestra un recorte de prensa) las partidas de privatización de la sanidad en un 74 %, 304 millones de euros más en Andalucía. . Y podría seguir; tengo de Castilla y León, de Murcia, de la Comunidad Valenciana, pero no tengo tiempo y me cortará la presidenta. Al final, menos inversiones, más lista de espera, más expedientes en los cajones… . Del señor Feijóo, casi que no voy a hablar mucho. Ustedes, en definitiva, no son de fiar. ¿Saben cuáles son las comunidades autónomas que más invierten? Asturias, Navarra, el País Vasco, Castilla-La Mancha, casi todas gobernadas por los socialistas. . Nosotros sí que defendemos la sanidad pública y la dependencia. Finalizo, presidenta. A las personas afectadas por ELA les decimos que estamos con ellas ; a sus señorías de la derecha les decimos que la salud de los españoles nos afecta a todos y que, aunque algunos tengan la posibilidad de acudir a la sanidad privada, cuando la cosa se les complica bien que vienen a la sanidad pública para que les asista. . Entendemos las reivindicaciones de los sanitarios. . Ustedes, que gestionan casi todos los hospitales de España, están poniendo en peligro uno de los pilares de nuestra sociedad del bienestar, que es el sistema público de salud universal y gratuito. Pero estén tranquilos, el Gobierno de Pedro Sánchez cumplirá con las personas afectadas de ELA. .

Emilio Sáez Cruz PSOE

Gracias, señora presidenta. La pregunta que nos hacemos todas y todos es si cumplirán ustedes. Muchas gracias. .

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidenta. Estamos ante las dos revoluciones tecnológicas que van a cambiar el paradigma de la industria: la energética y la digital. El Estado tiene una oportunidad de oro en cuanto a la revolución energética, pues tiene recursos naturales ―sol, viento y agua― y la mejor tecnología que le permite producir electricidad limpia a costes más baratos que el resto de los países, una ventaja competitiva que hay que aprovechar para atraer inversión extranjera verde, para que nuestra industria se pueda descarbonizar, se pueda reindustrializar y pueda producir bienes de mayor valor. La expansión de las energías renovables, el autoconsumo, el aumento de vehículos eléctricos, puntos de recarga, bombas de calor, procesos de descarbonización y reindustrialización, actividades emergentes, nuevas industrias y centros de datos requieren una mayor demanda de energía a la que hay que dar respuesta, pero para eso necesitamos que las redes que distribuyen esa energía del sol, el viento y el agua estén preparadas, y hoy la red ni está expandiéndose al mismo ritmo ni tiene capacidad para asumir esta mayor demanda de energía. El suministro de electricidad a nuestra industria, empresas y hogares no lo aseguran las plantas de producción o generación, sino las infraestructuras de red de transporte y distribución. Sin redes eléctricas, no hay integración de renovables, y sin redes eléctricas, las industrias no se pueden descarbonizar ni podemos captar nueva industria. Los informes Letta y Draghi señalan la importancia de estas inversiones en redes para avanzar en la electrificación de la economía y evitar los cuellos de botella, así como la necesidad de movilizar inversiones masivas en las redes de infraestructuras energéticas europeas. Sin embargo, lo cierto es que la industria en general se está encontrando con que las redes eléctricas son un cuello de botella para sus necesidades de crecimiento y descarbonización, y como ejemplo podemos decir que recientemente se han denegado una cantidad muy relevante de accesos a la red eléctrica asociados precisamente a estos procesos de reindustrialización, descarbonización y electrificación, así como a nuevas necesidades asociadas a la integración de proyectos de energías renovables, en gran parte por falta de la capacidad de red de transporte, que está además estrangulando el desarrollo de la red de distribución. El sector lleva tiempo alertando de este problema y es previsible que esta situación empeore en el futuro según se aumente la electrificación de la economía y se presenten nuevas peticiones. Esta no es una cuestión que solo afecte a un territorio o a un grupo de sectores, es un problema generalizado, y no se puede dejar en la estacada a quien quiere descarbonizar y acceder a las renovables. Todo esto está pasando porque tenemos una regulación y una planificación del pasado y para el pasado, y por eso la moción lo que busca es proponer modificaciones en el corto y medio plazo a través de medidas estructurales, pero también a través de medidas coyunturales, para que la industria pueda acceder a las redes de forma inmediata o por lo menos con modificaciones concretas para determinadas leyes. Planteamos una modificación puntual para que se puedan otorgar permisos de acceso y conexión, para considerar determinadas posiciones en las subestaciones como instalaciones planificadas, para que los titulares de transporte y sus gestoras puedan otorgar estos permisos de acceso y conexión, para conectar distribución o consumo, incluyendo la posibilidad de que los costes de inversión sean sufragados transitoriamente por los sujetos que deseen conectarse a la red para que, a su vez, sean incluidos y reconocidos en la siguiente planificación eléctrica, algo que realizó en parte ya el ministerio en un decreto de Ucrania. Planteamos también que se aborde un proyecto de ley para reformar la Ley del Sector Eléctrico y para ampliar la capacidad de conexión de las redes de transporte, para que más de un consumidor se pueda conectar a estas sin que tenga que ceder la instalación a la distribuidora, para facilitar a la industria esa capacidad real que existe en la red de transporte y que ahora está cautiva por Red Eléctrica; capacidad existente, pero, desde luego, infrautilizada. Planteamos modificar el límite de inversiones en términos de PIB previsto en la regulación, por cuanto que no sirve para cubrir la nueva potencia que se va a implantar y que estaba concebida para el control económico y financiero del sistema eléctrico — aquello del déficit de tarifa— y que el propio ministerio sacó también a audiencia pública en julio. Solicitamos, también, flexibilizar los planes de inversiones existentes, así como las futuras planificaciones, con el objetivo de atender a las necesidades reales que requieren los procesos de descarbonización, con revisiones bianuales, como establece Europa. Pedimos también fijar mecanismos de priorización de inversiones basadas en desarrollo y descarbonización de la industria existente, en la captación y desarrollo de nueva industria y en proyectos de generación; asimismo, desarrollar e incorporar los mecanismos necesarios, entre ellos la colaboración público-privada y la participación de las instituciones autonómicas, para que puedan financiarse las infraestructuras de transporte, en respuesta a las necesidades y peticiones presentes y futuras. Solicitamos desbloquear capacidades cautivas en subestaciones pendientes de subasta y habilitar para la cobertura de la demanda capacidades no asignadas en posiciones consideradas de regeneración, y consensuar con las autoridades autonómicas las necesidades de inversión en la red de transporte y distribución que aseguren la supervivencia y la transformación de los sectores económicos afectados por la transición energética. La industria es fuente de empleo de calidad, riqueza y bienestar, algo que ha quedado claro tras los acontecimientos que hemos vivido en los últimos años. En Euskadi lo sabemos muy bien, y trabajamos para seguir siendo industriales en 2050, desde luego, en un entorno de neutralidad, pero para ello resulta imprescindible el refuerzo de las redes eléctricas, y de ahí los ocho puntos de la moción, con medidas concretas, que no generalistas, si lo que de verdad pretendemos es solventar esos cuellos de botella y que la industria tenga esos accesos. Evitar que las redes continúen siendo una barrera para el desarrollo requerirá modernizar muchas facetas de la operación, regulación y planificación del sistema eléctrico. No hacerlo supone retrasar e incumplir los objetivos ambientales del PNIEC, riesgo cierto de cierre de empresas y deslocalización, con el consiguiente impacto que esto conlleva en el empleo y en el PIB; supone retrasar los procesos de descarbonización de la industria, limitar la expansión y el crecimiento de la industria y que nuevas empresas desistan de la intención de instalarse aquí, porque ya está ocurriendo. Empezamos a tener casos de industrias que eligen otros países para ampliar sus capacidades de producción por no disponer de estos accesos. No se trata de proponer enmiendas o transaccionales genéricas que pueden recoger el fondo de esta moción o de esta interpelación, pero que no concretan, porque esto, en definitiva, significa no tener voluntad para avanzar, al menos en cuanto a algunos puntos solicitados que son mucho más concretos y que la industria necesita ya. Nada más y muchas gracias.

Teresa Jordà i Roura ERC

Bona tarda a totes i tots, diputades, diputats. Avui, en el si d’aquesta moció, no molt divertida, però sí extremadament interessant, els porto una notícia, i és que els electrons no volen. Sap greu, però els electrons no tenen ales. I això vol dir que, si en aquests moments anem cap a una economia evidentment descarbonizada, i per a desprendre’ns dels combustibles fòssils necessitem indiscutiblement electrificar-nos. Caminem, doncs, cap a una economia electrificable per a fer viable la transició energètica. Així doncs, és evident que si, com deia, els electrons no volen, necessitem xarxes, perquè sense xarxes no hi ha electricitat i, sense electricitat, no podem avançar cap a la descarbonització. Feta doncs aquesta humil — deixi’m dir-ho així—, però vital lliçó estil Barrio Sésamo, és extremadament obvi que l’expansió de les energies renovables, que el creixement, per exemple, en l’autoconsum, que l’augment del número de vehicles elèctrics, els punts, per exemple, de recàrrega, les bombes de calor, els processos de descarbonització i de reindustrialització — vitals i importantíssims—, les activitats emergents, les noves indústries, els centres de dades, etcètera, etcètera, requereixen molta més energia, i és imprescindible poder donar resposta a aquesta demanda. I, per aquest motiu necessitem, com deia Idoia en aquest cas, molta més xarxa, i que aquesta xarxa tingui sobretot molta més capacitat per a assumir totes les demandes de potència que li són requerides. En definitiva, necessitem més xarxa, necessitem més capacitat i, si m’ho permeten, també necessitem molta més transparència per a electrificar l’economia. I encara avui, si parlem d’energia, crec que continua sent obligatori parlar, a més a més de transparència, parlar també de democratització. I, en aquest sentit, hem presentat tres esmenes en aquesta moció. La primera, per a reclamar més ampliació en el radi d’autoconsums compartits. El nostre objectiu, ho hem dit manta de vegades, són arribar als 20 quilòmetres. És fàcil d’entendre: quanta més distància, més consumidors poden aprofitar-se d’aquesta tecnologia. Estendre aquest autoconsum col·lectiu a més polígons industrials o a més urbanitzacions, especialment, val a dir, al món rural, on les distàncies òbviament són més llargues és, per a nosaltres, vital. És permetre que qui no gaudeix de poder tenir una infraestructura per a instal·lar, per exemple, plaques solars pròpies — que és la majoria de la població— pugui accedir també a l’autoconsum. Per tant, és una mesura que avança cap a la sostenibilitat i també cap a la democratització de l’energia. Una segona esmena que plantegem en aquesta moció és per impulsar totes aquelles modificacions normatives necessàries per a garantir que en el moment que l’Estat tramiti una autorització administrativa relacionada amb les esteses elèctriques, ja siguin aèries o ja siguin soterrades, s’exigeixi com a condició vinculant l’informe favorable de biodiversitat de les comunitats autònomes que, en aquest cas, siguin afectades. Amb aquesta esmena, evidentment, no ho amaguem, el que busquem, i serveix òbviament per a tots els territoris de l’Estat, el que perseguim, el que busquem és evitar situacions com les que vam viure o hem viscut o vivim encara a Catalunya en relació amb les línies de molt alta tensió. I l’última esmena és una esmena molt interessant — des del nostre punt de vista, òbviament—, que el que fa és buscar evitar situacions en les què les empreses, aquelles que tenen necessitat i voluntat d’electrificar-se, no tinguin problemes, no trobin traves, que els ho fem més fàcil, perquè, al final, l’objectiu és fer la transició energètica i, aleshores, és poc prudent que els posem traves. I com podem fer això? Doncs el que demanem, en aquesta esmena, és que es modifiqui l’article 31 del Reial decret llei 8/2023 per a eliminar la necessitat de les empreses preexistents, és a dir, aquelles que ja existeixen, de portar avals en les sol·licituds d’accés per a fer autoconsum. Tan fàcil com aquells que volen electrificar-se per a donar joc a les energies renovables fer-los la vida una mica més fàcil. I acabo. Més xarxa, més capacitat, més democratització, evidentment, més transparència i moltes més ganes de fer, de fer que aquesta transició energètica sigui possible, però, sobretot també, que sigui justa i que no deixi absolutament ningú enrere. Moltes gràcies. Buenas tardes a todas y todos, diputadas y diputados. Hoy, en el seno de esta moción, no muy divertida, pero sí extremadamente interesante, voy a darles una noticia, y es que los electrones no vuelan. Lo siento, pero los electrones no tienen alas, y esto significa que, si en estos momentos vamos hacia una economía descarbonizada, para desprendernos de los combustibles fósiles necesitamos indiscutiblemente electrificarnos, por tanto, caminamos hacia una economía electrificable para hacer viable la transición energética. Así pues, es evidente que si, como decía, los electrones no vuelan, necesitamos redes, porque sin redes no hay electricidad y, sin electricidad, no podemos avanzar hacia la descarbonización. Hecha esta humilde, pero vital lección estilo Barrio Sésamo, es extremadamente obvio que la expansión de las energías renovables, que el crecimiento del autoconsumo, que el aumento del número de vehículos eléctricos, los puntos de recarga, las bombas de calor, los procesos de descarbonización y reindustrialización vitales, importantísimos, las nuevas industrias, los centros de datos, etcétera, etcétera, requieren mucha más energía, y es imprescindible poder dar respuesta a estas demandas. Y, por este motivo necesitamos, como decía Idoia en este caso, mucha más red, y que esta red tenga muchísima más capacidad para asumir todas las demandas de potencia que se le requieren. En definitiva, necesitamos más red, más capacidad y, si me lo permiten, también necesitamos mucha más transparencia para electrificar la economía. Y, si hablamos de energía, hoy continúa siendo obligatorio hablar de transparencia y democratización. Hemos presentado tres enmiendas a esta moción. La primera, para reclamar más ampliación del radio de autoconsumos compartidos. Nuestro objetivo, lo hemos dicho muchas veces, es llegar a los 20 kilómetros. Es fácil de entender: cuanta más distancia más consumidores pueden aprovecharse de esta tecnología. Ampliar el autoconsumo colectivo a más polígonos industriales o urbanizaciones, sobre todo en el mundo rural, donde las distancias obviamente son más largas para nosotros es vital; es permitir que quien no goza de poder tener una infraestructura para instalar placas solares propias — la mayoría de la población— pueda acceder al autoconsumo. Por lo tanto, es una medida que avanza hacia la sostenibilidad y que la energía sea más limpia. Una segunda enmienda que planteamos en esta moción hace referencia al impulso de las modificaciones normativas necesarias para garantizar que cuando el Estado tramite una autorización administrativa relacionada con el tendido eléctrico, ya sea aéreo o subterráneo, se exija como condición vinculante el informe favorable de biodiversidad de las comunidades autónomas que se vean afectadas. Con esta enmienda, no lo escondemos, lo que pretendemos, y sirve para todos los territorios del Estado, lo que perseguimos y buscamos evitar situaciones como las que vivimos en Cataluña en relación con las líneas de muy alta tensión. Y la última es una enmienda muy interesante desde nuestro punto de vista, obviamente, que pretende evitar situaciones en las que las empresas, aquellas que tienen necesidad y voluntad de electrificarse, no tengan problemas o trabas, que sea más fácil para estas empresas, porque, al fin y al cabo, el objetivo es llevar a cabo la transición energética y es poco prudente que pongamos trabas a estas empresas. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues en esta enmienda pedimos que se modifique el artículo 31 del Real Decreto Ley 8/2023 para eliminar la necesidad de las empresas preexistentes, es decir, las que ya existen, de facilitar avales en las solicitudes de acceso para hacer autoconsumo. Los que quieren electrificarse para dar juego a las energías renovables quieren hacerles la vida más fácil. Más red, más capacidad, más democratización, evidentemente, más transparencia y muchas más ganas de hacer que esta transición energética sea posible, pero, sobre todo, que también sea justa y que no deje a nadie atrás. Muchas gracias. .

Vicenç Vidal Matas SUMAR

Moltes gràcies, presidenta. Quan creim en l’emergència climàtica o creim que en el món està passant tal com una emergència cal actuar, i cal actuar en molts àmbits. Un d’ells, per estrany que paresqui, és les xarxes de distribució i transport, i és en allò quotidià. El canvi que hem de fer en els nostres models econòmics són transversals i afecten molts àmbits de la nostra vida, perquè la transició ecològica va d’això. Va de parlar també de xarxes de distribució i de transport. Evidentment, alguns vectors d’energia que hem utilitzat fins ara hauran de decréixer, hauran de desaparèixer, com el carbó, i altres s’hauran d’incrementar, com l’energia elèctrica generada per fonts renovables. Per això, ens caldrà més xarxes de distribució i de transport. Cal estar preparats i no hi esteim ara mateix, perquè, evidentment, hi haurà mobilitat sostenible que serà elèctrica. Per tant, hi haurà més consum d’electricitat. Hi ha més centres de dades, hi ha més bombes de calor que esperem que puguin arribar a més llars perquè no passin fred. Evidentment, cada vegada hi haurà més consum i ho hem de fer millor, perquè així es pugui donar. Per tant, cal planificar, el més important és planificar. Que no sigui el sector privat qui decideixi on es fan les inversions, sinó que planifiquem tots, amb l’interès general com a bandera, amb transparència i en democràcia. I, per això, estarem tots d’acord que criteris com els que es varen manifestar en la intervenció de la ministra, tots hi estarem més d’acord. Cal seguretat al sistema. Cal corregir tot el que faci possible que no es cobreixi la demanda, cal integrar les renovables i cal descarbonitzar la indústria. Aquests criteris, tots hi estem d’acord, però en la interpel·lació que ha donat resultat a aquesta moció tant el Partit Nacionalista Basc com la ministra han centrat la seva intervenció en els grans consumidors, en la indústria, en la demanda, i evidentment que això és lícit, però nosaltres ho veiem amb una altra mirada, una mirada des del nostre petit país, una mirada que és diferent perquè vàrem donar per fet coses que no hi són, coses que no hi estan avui dia. Primer, el primer criteri que per a nosaltres és importantíssim, la seguretat. La ministra va dir que el sistema era robust, que el sistema garantia el subministrament, i no, no és veritat. I posaré un exemple bàsic. El 2016 es va rompre l’enllaç entre Mallorca i Menorca i va suposar una situació de risc per a tota l’illa de Menorca, que es va posar encara més de manifest el 2018, amb un cap de fibló, que va rompre les dues línies principals i va tomar cinc torres. I això va deixar durant 48 hores això va deixar a més de 30 000 persones, mitjana Menorca, a les fosques. Per tant, el sistema no és robust. Cal actuar en ell, cal tenir un segon enllaç. Cal que es connectin totes les bateries per a poder regular amb energies renovables, que es varen prometre en aquell moment i encara no hi són. Cal que es facin les inversions, perquè el sistema aïllat de Menorca, i he posat l’exemple de Menorca, però pot passar el mateix a Mallorca, a Menorca, a Eivissa, a Formentera, a les illes Canàries, a Ceuta o Melilla, no ens quedem aïllats. El segon criteri, que és molt important per a nosaltres, és la integració de les renovables. La ministra va dir que a l’Estat espanyol hi havia molta capacitat per a assumir les renovables, que ja hi havia capacitat de sobra per a integrar-les. Em sap molt mal dir que, de moment, Menorca forma part d’Espanya i allà no hi ha aquesta capacitat per integrar les renovables. Les energies renovables ara mateix no es poden connectar a la xarxa, perquè no hi ha capacitat. Els informes es fan desfavorables. No hi ha prous transformadors per a assumir aquest enganx. Per tant no podem estar d’acord amb part del que es proposa a la PNL, que és emplear aquests transformadors per altres usos com puguin ser atendre altres demandes. A més a més, Red Eléctrica, tot i que a Menorca la xarxa de distribució es de mitja i és privada, fa els informes i ara mateix els ha fet tots en contra. I això fa que molts de parcs fotovoltaics, que ara mateix estan implantats en el territori, que ara mateix han de ser claus per a aconseguir l’estratègia que Menorca 2030 sigui realment sostenible, no es puguin connectar a la xarxa. I això, no és admissible. I el tercer, l’impacte damunt el territori. Per mi em sembla increïble, que la ministra de Transició Ecològica, en la primera intervenció en aquest Ple, en la seva primera interpel·lació, sols fes menció a l’impacte en el territori que suposen aquestes xarxes. Perquè suposen un impacte, i n’hem de ser conscients. Hem de ser conscients de l’impacte que fan. I que, evidentment, cada territori pot suportar impactes diferents. No és el mateix una línia en la Península que una línia a n una illa, i això cal tenir-ho clar. Cal que s’eviti el que està passant. Ara mateix, molta iniciativa privada, el que està fent són línies privades, acumulant-les de forma que es converteixen en línies principals, que són competència de Red Eléctrica, així vulnerant la Llei del Sistema Elèctric i la llei eusquera d’impacte ambiental. Posaré un exemple mirant la meva companya de Compromís i el meu company d’Alatxar. En línia entre Aragó i el País Valencià, al Maestrat, un parc eòlic de més de 121 molins, que deforestarà 890 hectàrees i que suposa 173 quilòmetres d’una nova línia elèctrica totalment privada, acumulant suposats projectes parcials. D’això no va, la transició ecològica, no va d’aquest tipus de models. Per tant, des del País Valencià, des de les illes Balears, des d’Aragó demanam una planificació que sigui segura per als nostres territoris, que sigui robusta, que permeti les inversions que sabem que són complexes, i també la flexibilitat per adaptar-nos i aprofitar aquestes innovacions. Demanam que els criteris, evidentment, siguin diferents. Al País Basc hauran d’aplicar el criteri de la demanda, probablement serà prioritari per a ells, però per a nosaltres, el nostre país, no és aquest. Són uns altres criteris. Per tant, la planificació ha de tenir en compte la diversitat de realitats que existeixen en l’Estat. Evidentment, com ja ha dit la nostra companya d’Esquerra Republicana, el sector energètic el que necessita és més democràcia i molta més transparència. Gràcies. Muchas gracias, presidenta. Cuando creemos en la emergencia climática y creemos que en el mundo está ocurriendo algo como una emergencia hay que actuar, y hay que actuar en muchos ámbitos. Uno de ellos está aquí por escrito, son las redes de distribución y transporte, y es en lo más cotidiano el cambio que tenemos que realizar en nuestros modelos económicos. Son transversales y afectan a muchos ámbitos de nuestra vida, porque la transición ecológica es esto. Se ha hablado también de redes de distribución y de transporte. Evidentemente, algunos vectores de energía utilizados hasta ahora tendrán que decrecer, que desaparecer como el carbón, y otros tendrán que aumentar, como la energía eléctrica generada por fuentes renovables. Por ello, será necesario tener más redes de distribución y transporte. Hay que estar preparados y no lo estamos ahora mismo, porque, evidentemente, habrá movilidad sostenible que será eléctrica y eso llevará más consumo de electricidad, habrá más centros de datos, habrá más bombas de calor esperando llegar a más hogares para que no pasen frío. Cada vez habrá más consumo y tendremos que hacer las cosas mejor para que esto sea así. Por lo tanto, hay que planificar, lo más importante es planificar. Que no sea el sector privado quien decida dónde se hacen más inversiones, sino que planificar es planificar todos, con el interés general como bandera, con transparencia y en democracia. Por ello, estaremos todos de acuerdo en relación con los criterios, como se manifestó en la intervención de la ministra. Debemos tener seguridad en el sistema. Hay que corregirlo para que se pueda cubrir la demanda, hay que invertir en renovables y hay que descarbonizar la industria. Con estos criterios estamos todos de acuerdo, pero en la interpelación que ha llevado a esta moción tanto el Partido Nacionalista Vasco como la ministra se han centrado también en grandes consumidores, en la industria, en la demanda, y evidentemente esto es así, es lícito, pero nosotros lo vemos con otra mirada, una mirada desde nuestro pequeño país, una mirada que es diferente porque, además, aquí se están dando por hecho cosas que no ocurren, que no existen hoy en día. En primer lugar, el primer criterio para nosotros, importantísimo, es la seguridad. La ministra dijo que el sistema era robusto, que garantiza el suministro, y no es así, no es cierto. Ponemos un ejemplo básico. Cuando hubo una rotura del enlace entre Mallorca y Menorca supuso una situación de riesgo para toda la isla de Menorca, y esto se hizo más claro todavía cuando hubo una alteración climatológica que destruyó cinco torres. Durante cuarenta y ocho horas esto dejó a más de 30 000 personas, media Menorca, en total oscuridad. El sistema no es robusto, hay que actuar, hay que tener un segundo enlace. Es necesario que se conecten todas las baterías para poder regular con energías renovables. Eso se prometió en su momento y todavía no está ahí. Es necesario que se hagan inversiones en el sistema. He puesto el ejemplo de Menorca, sí, pero puede ocurrir igual en Mallorca, en Ibiza, en Formentera, en las islas Canarias, donde sea. No podemos quedarnos aislados. El segundo criterio, que es muy importante para nosotros, es el de integración de renovables. En el ministerio se dijo que en el Estado español había mucha capacidad para asumir las renovables, que ya había capacidad de sobra para integrarlas. Me sabe muy mal decir que, de momento, Menorca forma parte de España y esa capacidad no está en absoluto en cuanto a las renovables. Las energías renovables ahora mismo no se pueden conectar a la red porque no hay capacidad. Los informes son desfavorables, no hay suficientes transformadores para asumir este vínculo, con lo cual no podemos estar de acuerdo con parte de lo que se propone. La información no funcionó. En todo caso, los transformadores se están utilizando para atender otras demandas. Además, a pesar de que en Menorca la red de distribución se conduce por hilos, ahora se emiten informes negativos. Lo que está implementado en el territorio es clave para conseguir la estrategia de que Menorca en 2036 sea sostenible y será imposible porque esa conexión no se permite todavía, y funciona como un obstáculo. En tercer lugar, el impacto en todo el territorio. A mí me parece increíble, en relación con el Ministerio de Transición Ecológica, que en la primera intervención en la interpelación la ministra solo mencionara el impacto en el territorio que suponen estas redes. Pero, claro, suponen un impacto, hay que ser conscientes del impacto. Y, claro está, cada territorio puede soportar impactos diferentes. No es lo mismo una línea en la Península que una línea en una isla, y esto hay que tenerlo claro. Es necesario que se evite lo que está ocurriendo ahora mismo. Hay mucha iniciativa privada que trabaja en líneas privadas, acumulándolas de forma que se convierten en líneas principales, que son competencia de la red eléctrica, y así vulneran la Ley del Sistema Eléctrico, porque esto tiene un impacto ambiental. Otro ejemplo de mi compañera de Compromís, la línea entre Aragón y el País Valenciano, el Maestrazgo. Hay una parte ahí, 121 molinos que van a significar una deforestación de 890 hectáreas y que supone casi 200 kilómetros de una nueva línea eléctrica totalmente privada acumulando supuestos proyectos parciales. La transición no es esto, no es este tipo de modelos. . Por lo tanto, desde el País Valenciano, las Islas Baleares y Aragón pedimos una planificación que sea segura para nuestros territorios, que sea justa, robusta, que permita inversiones que sabemos que son complejas, y también flexibilidad para que se puedan aprovechar las innovaciones posteriormente. Pedimos criterios distintos. En el País Vasco tendrán que aplicar un criterio de demanda, posiblemente será prioritario para ellos, pero para nosotros, en nuestro país, nuestros criterios son otros, con lo que la planificación tiene que tener en cuenta la diversidad de realidades que existen en el Estado. Evidentemente, como ya ha dicho nuestra compañera de Izquierda Republicana, el sector energético lo que necesita es más democracia y mucha más transparencia. Gracias. .

Andrés Alberto Rodríguez Almeida VOX

Muchas gracias. Señora Sagastizabal, su iniciativa para la optimización y el desarrollo de la red eléctrica es útil para el plan de reindustrialización de España que VOX registró en esta Cámara el 13 de agosto de este año 2024, cumpliendo así con uno de nuestros compromisos del programa electoral para las pasadas elecciones generales. Hemos presentado enmiendas para suprimir los ecos ideológicos de esta iniciativa, como las reivindicaciones autonomistas y las propias del fanatismo climático globalista. La primera enmienda que ha registrado Esquerra Republicana también se suma a esas reivindicaciones autonomistas, condicionando las normas nacionales a informes vinculantes de las comunidades autónomas, y tampoco podríamos aceptar su inclusión. En cualquier caso, esta iniciativa carece de sentido si no hablamos de la capacidad de generación de electricidad. Si no fuésemos capaces de generar suficiente electricidad para atender la demanda de la industria y de los hogares españoles, de nada serviría la red eléctrica que pretenden optimizar y ampliar. ¿De qué sirve una red ferroviaria sin trenes o una autopista sin coches? Absolutamente de nada. El fanatismo climático de este Gobierno socialcomunista, del PP y del resto de partidos de esta Cámara, a excepción de VOX, ha convertido a España en un país sin soberanía energética y cada vez más dependiente de países que en muchos aspectos están enfrentados a los intereses de los españoles. La aceptación de la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental provocó el enfado de Argelia, que estrechó lazos con la Italia de Georgia Meloni mientras redujo drásticamente sus exportaciones de gas a España. Ahora, España… .

Andrés Alberto Rodríguez Almeida VOX

Muchas gracias. Confío en que esa caída no haya sido nada y que tenga una pronta recuperación. Hablaba sobre las consecuencias de la política exterior de este Gobierno con respecto al Sáhara y cómo ha afectado esto al coste de la energía, en concreto del gas, y cómo la Italia de Giorgia Meloni sí ha conseguido acceder al gas de Argelia en muy buenas condiciones mientras que España compra más gas ruso que nunca y financia así el Gobierno de Rusia al tiempo que hace creer al mundo que apoya a Ucrania frente a Rusia. Por cierto, todo esto sucede también para alegría del Partido Popular, que todavía no ha explicado sus conexiones con las empresas gasísticas de Putin. . Este proceso de pérdida de recursos y déficit energético se ha visto acelerado con leyes delirantes que socavan nuestra soberanía, con demoliciones de centrales energéticas y prohibiendo la exploración y el aprovechamiento de nuestros propios recursos naturales. En VOX defendemos y promovemos la necesaria soberanía energética en un territorio peninsular rodeado de mar y cuya única conexión con el resto del continente europeo es mediante un vecino al que le interesa nuestra dependencia energética precisamente para mantener la ventaja competitiva que supone disponer de una energía más barata. . Por lo tanto, España debe asegurar con todos los medios a su alcance su soberanía energética; el suministro energético de todos los españoles no puede depender de la especulación de terceros países. Por eso, VOX propone unas medidas de puro sentido común. En primer lugar, fomentar la inversión y la actualización del parque de generación nuclear y promover la extensión de la vida útil de las centrales nucleares existentes. Y, en segundo lugar, en relación con las centrales nucleares que ya han sido cerradas, proponemos utilizar sus emplazamientos y sus nodos de vertidos para implantar minirreactores nucleares, conocidos por sus siglas en inglés como SMR. En diciembre de 2023, veintidós países se comprometieron a triplicar su capacidad de energía nuclear para 2050: Bulgaria, Canadá, República Checa, Finlandia, Francia, Ghana, Hungría, Japón, República de Corea, Moldavia, Mongolia, Marruecos, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos. Por otro lado, el Gobierno socialcomunista de Sánchez nos aleja cada vez más de la posibilidad de acceder a una energía más limpia y barata, necesaria para evitar el cierre de nuestras industrias pero también para que el pago de la factura eléctrica de los hogares de las familias españolas deje de ser una odisea. Para terminar, no sé si el PNV ha pensado qué sería de la red eléctrica que pretenden promover con esta iniciativa si se hiciera realidad su utopía separatista. ¿Tienen previsto desenchufarse de la red eléctrica española o para eso sí les gustaría seguir siendo españoles? . Señorías, dejen de estafar a sus votantes negando la evidencia: la unidad es un bien moral superior a la separación. Lo más valioso de las provincias vascongadas es ser parte de España, patria común e indivisible de todos los españoles. Muchas gracias. .

Andreu Martín Martínez PSC-PSOE

Gracias, señora presidenta. Bon día, buenos días, bos días, egun on. Señorías, esta moción tan constructiva es una magnífica oportunidad para hablar de los muchos avances en materia de transición energética y ecológica en los que está inmerso en nuestro país. Se trata de una prioridad desde el primer Gobierno del presidente Sánchez y seña de identidad de las políticas del Partido Socialista Obrero Español en la lucha global contra el cambio climático, identidad y un liderazgo personificados en la señora Teresa Ribera ―hoy vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea ― y que han hecho de España un referente europeo y mundial en competitividad y en transición verde y justa, con políticas que tienen continuidad con la actual vicepresidenta tercera y ministra, la señora Sara Aagesen. Pocas dudas puede haber de que el nombramiento de la señora Ribera ha sido un éxito y un reconocimiento europeo a las políticas ambientalistas del presidente Sánchez, aunque, ¡ojo!, el señor Tellado y el señor Feijóo dejaron clara su posición y el voto en contra. ¡Vaya papelón, señorías! . Miren, en lo único que han sido ustedes eficaces es en hacer el ridículo, ahora también en Bruselas. . Y son reincidentes en poner palos a las ruedas del Gobierno de España en Europa, pero los hechos son los que son: no pintaron nada con la reforma de las pensiones, no pintaron nada con los fondos de recuperación, no pintaron nada con Doñana y no pintaron nada con la política agraria común. La realidad es que el señor Feijóo no pinta nada en la Unión Europea. . Señorías, por mucho que les pese a algunos, España es la mejor economía mundial de 2024 según The Economist, y tiene ante sí grandes retos: la transición energética y verde, el desarrollo de una economía descarbonizada y electrificada, la reindustrialización, la movilidad eléctrica o el objetivo para 2030 del 81 % de energías renovables en la generación eléctrica. Hemos avanzado mucho en este aspecto; el año pasado fuimos el primer gran país en superar el 50 % de energías renovables. Con respecto a los motivos expuestos por la señora Sagastizabal, no podemos estar más de acuerdo, incluido el impacto en todos los territorios. A Tarragona, comptem amb el pol petroquímic més important del sud d’Europa. Els seus reptes en innovació, eficiència, circularitat, descarbonització i electrificació basats en renovables és descomunal. L’interès és màxim per part de totes les seves empreses i ens ho fan saber de manera clara i precisa. En Tarragona contamos con el polo petroquímico más importante del sur de Europa. Sus retos en innovación, eficiencia, circularidad, descarbonización y electrificación basados en renovables son descomunales. El interés es máximo por parte de todas sus empresas y nos lo hacen saber de forma clara y precisa. Quiero decirles también que ya disponemos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 y que próximamente tendremos listo el plan de transporte de energía eléctrica 2025-2030. La gran cantidad de proyectos que quieren implantarse en nuestro país anticipa la continuidad de un fuerte desarrollo que tenemos que gestionar, y para ello la flexibilidad que usted reivindica es un elemento que debemos tener en cuenta. Todo el mundo quiere tener proyectos industriales en España porque somos más competitivos. De hecho, estamos en el ranking mundial, en el top diez del despliegue de tecnologías renovables. Un dato: desde el año 2018, este desarrollo ha supuesto un crecimiento del 70 % de la potencia renovable instalada. Por otra parte, existe un necesario balance entre flexibilidad y estabilidad. En muchos casos, una planificación conlleva décadas de vigencia de los proyectos vinculados, por lo que es deseable una planificación dotada de más flexibilidad y en la que la demanda sea por primera vez una prioridad. Somos conscientes de que debemos estar atentos para no cometer errores. Debemos evitar la fuga de buenos proyectos y la especulación o que la insaciable demanda de ventajas fiscales impida que la riqueza que se crea en un país tenga un justo retorno para seguir innovando en el sector energético. Apoyamos la moción que presentan y esperamos poder acordar, con la enmienda planteada, el mejor texto. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, señora Aagesen, fue muy explícita en su comparecencia la semana pasada tendiéndoles la mano e invitándoles a la colaboración. En eso están este Gobierno y este grupo parlamentario. También, en el diálogo con las empresas y la sociedad civil, conscientes de que los importantes retos que tenemos por delante solo podrán afrontarse desde el consenso y el trabajo conjunto de todos. Es lo que ya hacemos y lo que seguiremos haciendo. Seguimos trabajando. Muchas gracias. .

Alberto Catalán Higueras UPN

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Para que la electricidad llegue a la industria española, primero tiene que haber empresas. Por lo tanto, mis primeras palabras tienen que ser para manifestar, en nombre de Unión del Pueblo Navarro, nuestra solidaridad y nuestro apoyo a los trabajadores de BSH, de Esquiroz, y a los trabajadores de las empresas auxiliares de esta factoría por el anuncio conocido ayer de cierre de esta empresa; más de 660 trabajadores a la calle, otra empresa más que se cierra en Navarra. El Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra tendrá algo que decir y que hacer, como también el Gobierno de España, por eso ayer lo interpelábamos, para conocer las medidas que va a tomar al respecto. Señorías, para garantizar el mantenimiento y el desarrollo industrial, para garantizar la productividad y la conectividad de la industria española es fundamental contar con una adecuada red de transporte eléctrico. Si a eso le sumamos la apuesta que se ha hecho por las energías renovables y la decisión de la descarbonización, es fundamental que la planificación, la ordenación, sea flexible, sea ágil y sea también ambiciosa. Pero si importante es el transporte de la electricidad, fundamental y esencial es su generación. El rechazo a la energía nuclear tiene sus riesgos, como los tiene también la distribución de la generación de energías renovables por las comunidades autónomas españolas. Hay comunidades autónomas que son unas grandes consumidoras de electricidad y, sin embargo, no están apostando por la generación de energías renovables. En este momento, el 80 % de las renovables se concentra en pocas comunidades, es que incluso hay ciudadanos de estas que están manifestando sus discrepancias, porque comprueban cómo sus territorios se llenan de molinos y de placas y, sin embargo, el consumo y el beneficio va para otras comunidades autónomas, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Navarra apostó decididamente en su día por las energías renovables, lo hicieron las familias navarras con su esfuerzo, invirtiendo sus ahorros y también su esperanza, que luego fue frustrada por los Gobiernos de Mariano Rajoy y de Rodríguez Zapatero, al disminuir las primas energéticas. ¿Qué pasa con estas familias, 65 000 a nivel español y varios miles en la Comunidad Foral de Navarra, que fueron engañadas? Ahí están, señorías, téngalos muy presentes, como los laudos que se han ido conociendo de condenas a España por esta disminución de las primas a los grupos inversores. Por tanto, señorías, tan importante o más que el transporte es la canción de energía, y en este caso de las energías renovables, y todos tenemos que tomar buena nota. Muchas gracias.

Cristina Valido García CCa

Señorías, hablamos de capacidad y de arquitectura de la red eléctrica. Canarias tiene ocho sistemas desconectados, independientes y, además, obsoletos y desfasados. Canarias lleva viviendo ceros energéticos en los últimos años, sin comparación con otros territorios; ceros energéticos que tardan días en restablecerse, grupos electrógenos que tardan días en llegar a la isla afectada. Y a todo esto hay que sumar las enormes dificultades que tenemos por nuestra orografía, por la protección de nuestro territorio y de nuestro paisaje, y por cuestiones que están en el ámbito de la salud pública, como puede ser el traslado de centrales que se han quedado dentro de las poblaciones. Les puedo hablar de la central de El Charco, en Puerto del Rosario, Fuerteventura, o de la central de Caletillas, en Candelaria, Tenerife. Se han quedado dentro de la población, con el problema que esto genera para la salud de los habitantes de esa zona. Pedimos y pedimos inversión, pedimos el traslado de estas centrales y nadie contesta. Nosotros creemos que no solo debemos apoyar esta iniciativa en cuanto al compromiso que exige de revisión de las inversiones de presente y de futuro absolutamente urgentes, sino porque es verdad, y aquí se ha dicho que no, que no se puede planificar por igual para todo el territorio del Estado. Es que para Canarias no valen respuestas con las mismas medidas con las que se responde en territorio continental, no nos valen las mismas recetas. Un archipiélago ultraperiférico, con islas separadas y con sistemas separados, necesita una respuesta coherente y adecuada a su geografía, a su orografía y a la situación de su paisaje. Queremos más inversión, por supuesto, y que la planificación de las infraestructuras responda, como se ha dicho aquí, a la demanda ciudadana y no, como siempre, al objetivo de las operadoras, es decir, sus beneficios e intereses particulares. La demanda no solo no está cubierta en Canarias, sino que tiene un déficit muy importante, y este es un asunto clave para nosotros y que esperamos que el Gobierno resuelva, tal y como se ha comprometido con la agenda canaria, otro de los temas al que espero que el presidente me conteste mañana. Gracias.

Josep Maria Cruset Domènech JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies, presidenta. Portem avui a debat una moció que va molt més allà del que pot semblar en una primera lectura del seu text. De fet, la necessitat de portar a debat aquest tema evidencia quina és la situació i quina és la manera de fer del Govern de l’Estat en matèria energètica i, jo m’atreviria a dir, en matèria industrial i econòmica. Un Govern que viu al dia i només pensa en com saltar la pròxima tanca de la seva particular cursa d’obstacles sense desmembrar-se en l’intent; un Govern que, en lloc de netejar d’obstacles el camí per on transita, es dedica a sabotejar-se a ell mateix col·locant-se cada vegada més dificultats en la seva gestió diària; un Govern, com he dit altres vegades, de mirada curta i vol gallinaci, enfocat només al proper sondeig d’opinió del CIS o del CEO. Per això, ens trobem debatent aquesta moció, perquè el Govern no fa, ni de bon tros, la seva feina. I això passa perquè aquest és un Govern escorat en els extrems, captiu dels extrems, radicalitzat en conceptes clau, que eviten el progrés de la nostra societat i que, en conseqüència, malbarata recursos i oportunitats que minven el benestar dels ciutadans. Mirem alguns exemples recents. Un Govern que posava en risc l’esforç del sector turístic per a reconvertir-se en una destinació de qualitat, amenaçant amb pujar l’IVA del sector o saturant-lo amb l’exigència d’obtenir les dades personals dels clients. Un Govern que posava en risc el sector industrial volent imposar un impost a les energètiques que hagués dificultat la seva descarbonització i, a la vegada, hagués augmentat el preu de l’energia per a altres sectors industrials i per als ciutadans mateixos. Un Govern que és capaç de boicotejar-se a ell mateix, boicotejar una llei pròpia que estava impulsant per a evitar que prosperi la nostra iniciativa d’eliminar l’impost del 7 % a la producció elèctrica, fet que rebaixaria directament la factura elèctrica dels ciutadans. Un Govern… Muchas gracias, presidenta. Debatimos hoy una moción que va mucho más allá de lo que podría parecer en una primera lectura de su texto. De hecho, la necesidad de llevar a debate este tema evidencia cuál es la situación y cuál es la manera de operar del Gobierno del Estado en materia energética y, me atrevería a decir, en materia industrial y económica. Es un Gobierno que vive al día y solo piensa en cómo saltar la próxima reja de su particular carrera de obstáculos sin desmembrarse en el intento; un Gobierno que, en vez de limpiar de obstáculos el camino por el que transita, se dedica a sabotearse a sí mismo colocándose cada vez más dificultades en su gestión diaria; un Gobierno, como he dicho otras veces, de mirada corta y realmente estrecho de miras, que solo se preocupa por los próximos sondeos del CIS y otros. Por eso estamos aquí debatiendo esta emoción, porque el Gobierno no cumple, no hace ni mucho menos su trabajo, y esto ocurre porque se trata de un Gobierno escorado en los extremos, cautivo de los extremos, radicalizado en conceptos clave, lo que evita el progreso de nuestra sociedad y que, en consecuencia, también gasta recursos que aminoran el bienestar de los ciudadanos. Miremos algunos ejemplos recientes. Es un Gobierno que ponía en riesgo el esfuerzo del sector turístico para reconvertirse en destino de calidad, amenazando con subir el IVA del sector o saturándolo con la exigencia de obtener los datos personales de los clientes. Un Gobierno que hacía correr un riesgo al sector industrial queriendo imponer un impuesto de las energéticas que hubiera dificultado su descarbonización y, al mismo tiempo, hubiera aumentado el precio de la energía para otros sectores industriales y para los ciudadanos mismos. Un Gobierno que es capaz de boicotearse a sí mismo, de boicotear una ley propia que estaba impulsando para evitar que prospere nuestra iniciativa de eliminar el impuesto del 7 % a la producción eléctrica, hecho que rebajaría directamente la factura eléctrica de la ciudadanía. Un Gobierno… .

Josep Maria Cruset Domènech JxCAT-JUNTS

Un Govern que prefereix boicotejar la seva pròpia llei, deixant-la en un calaix per a evitar que es prolongui la producció de plantes de cogeneració per a garantir el seu funcionament, una plantes — tot sigui dit de passada— que són clau per a molts sectors, com, per exemple, per al sector ramader a Catalunya. Un Govern que permet l’acord amb Mercosur que condemna la pagesia. Un Govern que no veta l’acord sobre la pesca al Mediterrani que condemna als pescadors. Un Govern que és el principal adversari de qualsevol sector econòmic i social que vulgui prosperar. Un Govern que acaba anant en contra de tothom i, com deia, de si mateix. Dit això, si volem prosperar, si volem benestar, si volem bons serveis públics, si volem protecció social, si volem bona formació, bones infraestructures, si volem complir els objectius de descarbonització, si volem tot això, que ho volem, només hi ha un camí: garantir la prosperitat del país, perquè és un disbarat aconseguir tot això que volem a costa de deute públic, com s’ha fet en els darrer anys, a costa de menjar-nos els recursos econòmics de les pròximes generacions en el present. Això no és sostenible en el temps. A hores d’ara, com deia en l’anterior intervenció, Espanya ja té el deute públic més gran de la seva història i, per tant, urgeix facilitar el desenvolupament i garantir la prosperitat del país. I per a fer-ho, les xarxes elèctriques són clau. El seu desenvolupament i la seva adaptació, la de les xarxes elèctriques, són fonamentals per a garantir el subministrament elèctric a la demanda actual i futura, perquè per a descarbonizar les empreses i deixar de consumir combustibles fòssils, cal electrificar els processos industrials i el dia a dia de l’activitat econòmica i la dels propis ciutadans. No hi ha més. Només podem eliminar els combustibles fòssils substituint-los per electricitat i, per tant, les xarxes elèctriques són clau. I tot això actualment no està passant. Presidenta, em diuen que no corre el temps. Gràcies. I tot això actualment no està passant. La xarxa existent no té capacitat per a assumir la demanda actual de potència elèctrica i, a la vegada, no s’està expandint la xarxa existent al ritme que cal. Això sí, quan es fan noves xarxes sovint, massa sovint, el Govern ho fa d’esquenes al territori, com passa amb la línia de molt alta tensió Valmuel-Begues, que ens deixarà un territori trinxat de forma definitiva. És en tot aquest context, quan el Govern no fa la feina, quan ens toca fer la feina a la resta. I, per això, en aquest àmbit de la moció d’avui, Junts per Catalunya serem al costat d’allò que més necessita el nostre país. Moltíssimes gràcies. Un Gobierno que prefiere boicotear su propia ley, dejándola en un cajón para evitar que se prolongue la producción de plantas de cogeneración para garantizar su funcionamiento, plantas ―hay que decirlo de pasada― que son clave para muchos sectores, como, por ejemplo, para el sector de ganadería en Cataluña. Un Gobierno que permite el acuerdo con Mercosur que condena a los trabajadores del campo. Un Gobierno que no veta el acuerdo sobre la pesca en el Mediterráneo que condena a los pescadores. Un Gobierno que es el principal adversario de cualquier sector económico y social que quiera prosperar. Un Gobierno que acaba yendo en contra de todo el mundo y, como decía, de sí mismo. Habiendo dicho esto, si queremos prosperar, si queremos bienestar, si queremos buenos servicios públicos, si queremos protección social, si queremos buena formación y buenas infraestructuras, si queremos cumplir los objetivos de descarbonización, si queremos todo esto, y lo queremos, solo hay un camino: garantizar la prosperidad del país, porque es un disparate conseguir todo esto que queremos a costa de deuda pública, como se ha hecho en los últimos años, a costa de comernos los recursos económicos de las próximas generaciones en el presente. Esto no es sostenible en el tiempo. Actualmente, como decía en la intervención previa, España tiene la deuda pública más grande de su historia y, por lo tanto, urge facilitar el desarrollo y garantizar la prosperidad del país. Para cumplirlo, las redes eléctricas son clave. Su desarrollo y su adaptación, la de las redes eléctricas, es algo fundamental para garantizar el suministro eléctrico a la demanda actual y futura, porque para descarbonizar las empresas y dejar de consumir combustibles fósiles es necesario electrificar los procesos industriales y el día a día de la actividad económica y la de los propios ciudadanos. No hay más. Solo podemos eliminar los combustibles fósiles sustituyéndolos por electricidad y, por lo tanto, las redes eléctricas son clave, y todo esto actualmente no está ocurriendo. . Presidenta, me dicen que no corre el tiempo. Gracias. Bien, y todo esto actualmente no está ocurriendo. La red existente no tiene capacidad para asumir la demanda actual de potencia eléctrica y al mismo tiempo no se está ampliando la red existente al ritmo necesario. Eso sí, cuando se construyen nuevas redes, demasiado a menudo el Gobierno lo hace de espaldas al territorio, como ocurre con la línea de muy alta tensión Valmuel-Begues, que nos va a dejar un territorio trinchado de forma definitiva. Es en todo este contexto, cuando el Gobierno no cumple con su trabajo, cuando tenemos que hacer el trabajo los demás y por eso en este ámbito de la moción de hoy Junts per Catalunya estará al lado de aquello que más necesita nuestro país. Muchas gracias.

Juan Diego Requena Ruiz PP

Gracias, señora presidenta. Antes de comenzar, señor Rodríguez, portavoz de VOX, usted ha hablado de soberanía energética y simplemente quiero recordarle que 2023 cerró el año con un 32,4 % de autoabastecimiento energético, el mayor en los últimos treinta y cinco años. Cuando venga aquí, al menos venga bien documentado, porque si no usted queda a la misma altura de rigor a la que ha estado el portavoz del Grupo Socialista. . Dicho esto, hoy debatimos una moción consecuencia de interpelación urgente que se hizo la semana pasada que pone el foco en otro de los grandes fracasos de la política energética del Gobierno, en este caso el desarrollo y despliegue de la infraestructura eléctrica tanto de transporte como de distribución. Es decir, las redes eléctricas, las subestaciones, los nudos eléctricos, esos que permiten la integración de todo el sistema eléctrico de generación y de consumo en España. En esencia, nosotros compartimos la moción. De hecho, el pasado 22 de marzo el Grupo Popular registró una iniciativa que reconoce ese problema y que permite aumentar la inversión en redes, modificando el límite legal que se impuso para rescatar al sistema eléctrico del déficit de 30 000 millones de euros en la época de Zapatero, una iniciativa que permite dar respuesta a peticiones industriales, que permite considerar líneas prioritarias como estratégicas y que se aceleren los plazos y que permite el desarrollo de los almacenamientos, entre otras propuestas. Por tanto, compartimos la moción, señorías del PNV. Pero, señorías, escuchando hoy al Grupo Parlamentario Socialista y escuchando la semana pasada a la ministra, pareciera que este problema era ajeno al ministerio, que a ella misma ni le preocupaba y que el problema no existía, que no había un problema de redes y que lo que se había hecho era suficiente. Esa es la complacencia a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno y el sanchismo, que es tan ignorante de la realidad que vivimos en nuestro país. Señorías, es importante saber que la vicepresidenta tercera lleva desde el principio con Teresa Ribera y que ella ha sido la responsable del Plan Nacional de Energía y Clima. Es ella la responsable de un plan que fracasa, que no solo lo hace en las redes, sino que lo hace en todo lo que planifica. Pedro Sánchez ha nombrado a una ministra y vicepresidenta tercera no sabemos por qué méritos; desde luego, por una buena planificación eléctrica y una buena política energética no, porque quizá no lo sepan, pero el PNIEC, el plan que la vicepresidenta tercera aprobó, preveía construir 4400 megavatios de energía eólica al año y se están construyendo apenas cero, 480 de 4500. Tiene que construir 1800 megavatios de almacenamiento, ya sea en batería o en bombeo, y se está desarrollando el nada despreciable récord de cero. Es un plan que prevé invertir 400 000 millones de euros, pero tenemos noticias como las que se leen a diario en los periódicos: una, los fondos rehúyen a Sánchez y se hunde la inversión en España un 60 %; y dos, la inseguridad jurídica y regulatoria impulsan al capital extranjero para desviar su interés por España e Italia atrae 7000 millones de euros. Es un PNIEC que prevé unas interconexiones con Francia, pero cuando uno se lee el plan francés ve que esas interconexiones no tienen un horizonte temporal ni están planificadas por Francia. En definitiva, el de Sara Aagesen, con apenas treinta días como ministra, es un PNIEC en relación con el cual tiene que explicar dos escándalos colosales. Uno, el fraude a los biocombustibles que implica a Víctor de Aldama, ese nexo corruptor suyo. Y tiene que explicar también su gestión con el biometano. Cumplir objetivos del PNIEC, ninguno. Lo único que ha hecho Sara Aagesen con la hoja de ruta del biometano es ver cómo su entorno personal, familiar y de amistades ha construido un millonario patrimonio gracias a las ayudas públicas. Pongan atención a los ministerios que están implicados en las ayudas a su entorno y entramado familiar: el Ministerio de Defensa, el de Ciencia, el de Industria, el de Transportes, el de Hacienda, el de Trabajo, el del Interior y el de Transformación Digital. Unas ayudas que servían para que la familia de la vicepresidenta tercera estuviese no solo consiguiendo contratos públicos, sino dando un confort laboral a todo su entorno. Quizá sea casualidad, pero en una de las ayudas que tiene financiación pública está implicado el antiguo amigo y compañero de Teresa Ribera en la época de Zapatero, que era director general como ella, con el que casi compartía despacho y es el conseguidor de uno de los grandes contratos de financiación pública, Jaime Palop. Hay una cuñada y una amiga de la cuñada de la vicepresidenta que están en la Universidad de Valladolid, que se llaman María y Sara Isabel, que investigan gracias a la ayuda y a la participación de la empresa del marido y del hermano de la vicepresidenta, que son los grandes perceptores de fondos públicos. Y cierra todo esto un grupo empresarial corrupto implicado en el caso de financiación ilegal del PSOE en la Comunidad Valenciana, el caso Azud. Todo muy sórdido. Señorías, con estos antecedentes, con esta dedicación a la corrupción, con los problemas de Aldama, Koldo, Ábalos, de la mujer del presidente, del hermano, con el fraude de los hidrocarburos y el largo etcétera de corruptelas que salpican al Gobierno, es imposible que se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es al desarrollo de las redes eléctricas, a la ayuda a la industria, al desarrollo ―termino― de una política energética que elimine la pobreza energética, que ayude al tejido productivo y a las familias. Hoy, esta moción consecuencia de interpelación urgente es necesaria porque viene y hace lo que tenemos que hacer desde la oposición, que es impulsar acciones de Gobierno. Con un Gobierno tan corrupto como este es hora más que nunca de redoblar los esfuerzos, de mejorar la vida de los ciudadanos. A ver si con el año que viene ustedes, los de siempre, empiezan a pensar de manera diferente. Gracias. .

Ricardo Chamorro Delmo VOX

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes ―ya noches―, señorías. La intervención de la nueva ministra de Transición Energética la pasada semana nos dejó boquiabiertos a muchos que tenemos sensibilidad social hacia los españoles. Su lenguaje progre verde, con ciertos aires elitistas, términos ingleses y esnobs, nos demuestra que es fiel aprendiz de su antecesora, Teresa Ribera, que hoy, gracias al Partido Popular Europeo, se codea en Bruselas con los grandes lobbies y poderes económicos al margen del sufrimiento del pueblo europeo y español , que padece sus políticas ecofanáticas que solo benefician a la élite y al gran capital en detrimento de las naciones y de los intereses del pueblo. Su gran marco es la agenda verde y el cambio climático ―nos lo dejó muy claro en su intervención―, una agenda que destroza a nuestros sectores productivos ―ya sea la industria o el sector agrario―, que deslocaliza nuestra producción, que fulmina nuestra soberanía energética y que no contribuye a un sistema energético estable y barato. Lo hemos podido ver, además, en las recientes noticias. Hace unos días hemos sufrido cortes en el suministro de energía para parte de la industria como consecuencia de la incapacidad del sistema para satisfacer toda la demanda ante el descenso de las temperaturas y la parada de la central nuclear de Ascó. Y hace poco más de un mes también sufrimos un auténtico drama ecológico y humano. La ejecución de ciertas infraestructuras, que estaban planificadas, hubiera minimizado el impacto del temporal y los más de dos centenares de fallecidos no hubieran sido tales , algo ratificado por ingenieros y expertos. Lo dijo muy bien nuestro portavoz en la interpelación a la ministra refiriéndose a la presa de Cheste, al encauzamiento del barranco del Poyo o a la limpieza de las riberas de los cauces. Lo que ha pasado en Valencia es responsabilidad, en gran parte, del Ministerio de Transición Ecológica y de las políticas ecofanáticas 2030. Lo dijimos, lo repetimos y lo diremos todas las veces que sea necesario, aunque duela. . La historia de la civilización, desde el inicio de los tiempos, se ha basado en la gestión del recurso hídrico ante los cambios climáticos, la escasez y la sequía utilizando infraestructuras, como en el caso de la civilización surgida alrededor de los ríos Tigris y Éufrates, donde las canalizaciones y presas fueron necesaria para el desarrollo de la civilización, o alrededor del Nilo, en Egipto. También las grandes construcciones romanas ―el acueducto de Segovia―, los sistemas de riego árabes o el aprovechamiento de las aguas subterráneas a través de pozos por los íberos, por ejemplo, en la meseta castellana. De hecho, las infraestructuras hídricas siguen siendo motor de desarrollo en Marruecos y en Egipto, dos países, además, donde nosotros, a través de fondos europeos, estamos financiando el Plan Toshka y el Plan Marruecos Verde, mientras que en Europa no lo hacemos. Israel y China, por ejemplo, también utilizan esas infraestructuras para su desarrollo industrial y su cohesión territorial desde el punto de vista nacional, por poner solo algunos ejemplos. Pero resulta que en Europa y en Occidente una serie de iluminados y ecopsicópatas dicen que, ante la falta del recurso hídrico y su escasez, tenemos que destruir las presas y azudes que contienen ese recurso porque hay que dejar los ríos correr libres. . Lo llaman regeneración de ecosistemas fluviales, restauración de la naturaleza. Es decir, destruir la civilización y las infraestructuras que protegían a nuestros pueblos ante la escasez de agua y los desastres naturales o que contribuían al regadío para producir alimentos. Una auténtica regresión a la barbarie y a la ruina de una civilización occidental que parece que se quiere suicidar. . También se ataca a la ganadería, a la agricultura, a la gente que vive en nuestro mundo rural, a nuestra industria. Y mientras, esos mismos ecopsicópatas de los que hablábamos antes compadrean con China o con la India en los foros económicos mundiales ignorando para esos países en desarrollo, emergentes o como les quieran llamar las emisiones de CO2 o sus políticas medioambientales. Para estos señores parece ser que en China no contaminan. Paralelamente, Europa sucumbe y el pueblo europeo cada vez vive peor. . El futuro de España requiere una visión política que priorice los intereses nacionales frente a las imposiciones externas que minan nuestro progreso económico y social. En el ámbito hídrico es fundamental promover una gestión eficiente y solidaria del agua que garantice el suministro para el consumo humano, la agricultura y la industria y que despliegue infraestructuras ordenadas a la prevención de los efectos de catástrofes climáticas como las inundaciones ―por ejemplo, las que hemos vivido tristemente hace un mes― y las sequías. El Gobierno debe adaptar también un modelo energético diversificado que apueste firmemente por la energía nuclear. Un mix energético apostando, evidentemente, por la energía nuclear para la consecución de esa soberanía energética de la cual también hablaba la ministra el otro día, pero que no sabemos cómo la va a llevar a cabo. Solo así se podrá garantizar la seguridad del suministro, la competitividad de la industria, la independencia frente a países terceros y una energía asequible para todos los españoles. Esta moción consecuencia de interpelación plantea elaborar un plan nacional del agua que garantice la gestión eficiente, solidaria y sostenible de los recursos hídricos en todo el territorio nacional, paralizar la demolición de infraestructuras hídricas existentes, poner fin a todas las medidas climáticas que afecten de manera desproporcionada a los agricultores y ganaderos españoles y derogar todas las políticas climáticas o ecofanáticas que asfixian a la industria española priorizando el desarrollo de un marco normativo que favorezca la competitividad. En concreto, revertir las políticas derivadas del Pacto Verde Europeo debido a su impacto negativo en los intereses estratégicos, económicos y sociales de los españoles, y que han sido confeccionadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista allá en Bruselas, y lanzar un plan de reserva también de emplazamientos nucleares para la construcción de nuevas centrales nucleares, porque las centrales nucleares en Europa no son contaminantes. Aquí sí. . A ver qué le dice la señorita Ribera allí a sus socios de Gobierno. Muchas gracias. .

Javier Sánchez Serna SUMAR

Gracias, presidenta. Hoy VOX venía a darnos una lección sobre políticas en materia de agua y fuentes de energía y para ello ha presentado una moción donde plantea propuestas tan novedosas como la construcción de nuevas centrales nucleares, derogar las políticas que ustedes llaman climáticas y construir muchas presas. En su moción, VOX denuncia el fanatismo climático que estaría asolando el país y el mundo. Lo que no nos dice es que el año 2023, el último sobre el que se tienen registros, fue el segundo más caluroso y el sexto más seco de España en la serie histórica. VOX culpa al Pacto Verde Europeo y a las políticas radicales que condenarían a nuestro sector primario. Lo que no nos dice es que el comisario europeo de Agricultura entre 2019 y 2024 que ha puesto en marcha todas esas políticas con barniz ecocapitalista es Janusz Wojciechowski, un polaco del mismo Grupo VOX en el Parlamento Europeo. VOX dice que el sector primario sufre una crisis estructural por los costes de la producción y por la competencia desleal con países extracomunitarios. Lo que no nos dice es que ellos votaron en contra de la ley de cadena alimentaria para que nuestros agricultores recibieran un precio justo de las grandes cadenas y que sus eurodiputados han votado a favor de acuerdos de libre comercio con países extracomunitarios como Vietnam. Y tampoco cuenta que el pasado 9 de febrero votaron en contra de suspender esos tratados de libre comercio que proponía el Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo. Por cierto, en los próximos meses va a llegar al Parlamento Europeo una votación crucial, la de Mercosur, que también es respaldada por su amigo Javier Milei. Es muy criticada por las comunidades rurales y por las asociaciones ecologistas, pero es respaldada por Milei. ¿Qué harán ustedes, señorías de VOX, seguirán diciendo que las políticas de libre comercio están hundiendo nuestro campo o, por el contrario, tragarán con lo que les pidan los grandes capitales? VOX dice que en España se han demolidos 108 presas. Este es un bulo tan burdo que no voy a perder ni un minuto en refutarlo. Solamente me gustaría que usted volviera a subir aquí y me dijera una decena de nombres de esas presas que se han derruido. No va a subir porque no me las puede decir. Y VOX habla también de la producción energética y, como decía, de su genial idea de abandonar las energías renovables y construir nuevas centrales nucleares, que supongo que, como le gustan tanto, las querrá construir al lado de su casa. Señorías de VOX, qué decepción. Tanto criticar a los nacionalistas y lo que ustedes no dicen es que se han unido a ellos para tumbar el impuesto a las energéticas. Lo que VOX no dice es que se han unido al PNV y a Junts, al partido de Repsol, para tumbar un impuesto que propuso Podemos y que en el año 2023 permitió recaudar 1164 millones de euros. Cuando se trata de barrer para el capital, para esas élites que tanto critican, VOX siempre rema en el mismo barco que los nacionalistas Josu Jon Imaz y Antonio Brufau. En resumen, ustedes no proponen nada nuevo, ni en política hídrica ni en materia energética. Ustedes solo son los defensores de un statu quo donde se especula con lo común, con el agua de todos, con la energía, y donde se sigue degradando el hábitat de todos y todas. En Podemos, por el contrario, compartimos las palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuando dice que el capitalismo fósil está acabado y que ese capitalismo se ha demostrado incapaz en las últimas décadas para detener una crisis climática que amenaza las condiciones de la vida misma. Las crisis climáticas, señorías de VOX, no se combaten con políticas del siglo pasado de grandes presas y trasvases. Como hemos visto, en los ciclos de sequía los trasvases también colapsan y cuando las sequías son regionales, afectan asimismo a las cuencas cedentes. Por eso en Podemos siempre hemos defendido que hay que transitar hacia una política del agua del siglo XXI que, uno, recupere acuíferos como reservas hídricas naturales que se reserven para estaciones de sequía; dos, aumente y mejore las infraestructuras de desalación mediante energía fotovoltaica y solar que permita abaratar el precio del metro cúbico; y tres, proteja los regadíos con un adecuado sistema de seguros de sequía que integre las variaciones provocadas por el aumento de las sequías y por el cambio climático. Señorías, en España el 1 % más rico contamina catorce veces más que el 50 %. Por eso lo fundamental en nuestro país es que la justicia climática vaya de la mano de la justicia social y para eso lo primordial es que quien más contamine más pague, y los que más contaminan tienen que financiar la transición energética y ecológica de los sectores más vulnerables. Es una vergüenza que mientras las energéticas tienen beneficios extraordinarios a costa de una guerra que desangra a Europa, el Gobierno del PSOE haya eliminado el impuesto a las energéticas y no haya una fecha encima de la mesa para recuperarlo. A Repsol, a Iberdrola, a Naturgy y a Endesa se les perdonan todos los impuestos, pero luego tenemos que correr todos para cobrar el impuesto al diésel a los trabajadores y a los autónomos. Quiero decir desde aquí que con Podemos no cuenten para esto. O la transición energética y ecológica la ganan los pueblos y la paga el capital o todo será una estafa monumental. Nada más y muchas gracias. .

Roberto García Morís PSOE

Gracias, señora presidenta. Señorías, estamos ante un ejemplo más de la política indocumentada de VOX, que juega a colocar informaciones falsas, y en este caso, sin ninguna base científica. Y no solo eso, ustedes, que son el partido de la ley y del orden, traen nuevamente una moción que, punto por punto, propone incumplir todas las leyes posibles, tanto europeas como españolas. Ustedes deberían ser conscientes de que el cambio climático mata, y de que sus consecuencias ya están aquí. . Y en materia hídrica es más que patente y deberían saberlo. Se lo hemos dicho muchas veces. El agua es un bien necesario, muy necesario, pero es escaso, y por eso debemos conservarlo, porque sin agua no hay vida. No hay forma de garantizar el derecho al agua si no se hace con una visión estratégica y sostenible, porque no solo de ello depende nuestra calidad de vida, también el desarrollo está vinculado a una buena gestión del recurso hídrico. Los recursos disponibles limitan y marcan el desarrollo, por lo que su aprovechamiento sostenible es fundamental. Hay que pensar en el hoy y en el mañana, y para ello hay que hacer uso del conocimiento científico, ese conocimiento que ustedes pisotean cada vez que salen a tribuna. Y no solo pisotean el conocimiento, también a quienes lo producen, a los científicos y a las científicas, muchos de ellos españoles. La semana pasada, precisamente, un estudio elaborado por FECYT señalaba que los científicos, y especialmente las científicas, que más ataques reciben en las redes sociales son los que comunican, entre otras cosas, sobre temáticas medioambientales. . Escuchándolos a ustedes, a uno no le extrañan estos datos. La visión estratégica de la gestión del agua no puede dejar de lado hechos objetivos, como que desde 1980 España dispone de un 12 % menos de recursos hídricos, habiendo aumentado nuestra población en más de diez millones de personas. El agua disminuye, los habitantes aumentan. Con lo cual, no cabe más política que la estratégica, que la que piensa a futuro, que la que tiene presente el cambio climático en sus decisiones, porque va a haber más periodos de sequía y también más episodios de precipitaciones extremas, y tenemos que estar preparados y seguir invirtiendo en una gestión del agua acorde a las directrices europeas, claro que sí. Sus bulos respecto a la destrucción de presas, sus bulos sobre lo bueno que es destruir la naturaleza para, según ustedes, favorecer la agricultura atentan, además de contra el conocimiento, contra el sentido común. Que ustedes vean los ecosistemas de los ríos como tubos que pueden usar como las tuberías de un edificio deja claro el atrevimiento y la ignorancia de sus propuestas. . Mientras ustedes aquí proponen supuestas medidas de mejora, en su pacto con el Partido Popular en el Gobierno del señor Mazón, han aprobado el cambio de leyes para poder edificar nuevas construcciones hoteleras en las zonas de playa a doscientos metros de la costa. ¿En qué quedamos, señorías de VOX, protegen o no protegen a la ciudadanía? . Finalmente, sus propuestas en materia energética son, por ser suave, un auténtico disparate. Por supuesto, nuevamente, la propuesta consiste en el incumplimiento de las leyes, la negación de la ciencia y de la realidad con sus habituales soflamas. El otro día, en la interpelación, escuchamos aquí al señor Figaredo hablar mal de Asturias y de las políticas que desplegamos en Asturias. Por eso quiero decir ―anótelo bien, señor Figaredo― que usted a los socialistas, y a los socialistas asturianos, no nos da lecciones sobre nada, y menos sobre política industrial. . La ciudadanía asturiana sabe que tanto el Gobierno de Asturias como el Gobierno de España están implicados en el desarrollo de nuestra tierra, tanto en compromiso presupuestario como en actividad legislativa. Léase el proyecto de la nueva ley de industria y autonomía estratégica y comprobará su importancia para el tejido industrial asturiano. Por cierto, ¿votarán ustedes a favor de esta ley? ¿Lo harán también sus aliados del Partido Popular? Me imagino que nuevamente será un no. Termino, señorías. Mientras ustedes siguen negando toda evidencia y van contra el sentido común, la ciencia seguirá presente en las políticas públicas de este Gobierno. Muchas gracias. .

Joaquín Melgarejo Moreno PP

Señora presidenta, señorías, buenas tardes. La moción que presenta VOX es un nuevo motivo para hablar del fracaso del Gobierno de Pedro Sánchez. Les voy a hablar de cuatro fracasos. Podría hablar de muchos más, pero convendrán conmigo que dispongo de un tiempo limitado y estos son los temas a los que hace referencia esta iniciativa. El primer fracaso es el de las políticas del agua. El segundo fracaso es el de la política energética, y en particular, de la energía nuclear, por no hablar de la falta de explicaciones de por qué están paralizando la Comisión de Transición Ecológica que contempla una modificación legislativa para bajar la factura eléctrica de las familias españolas, de las empresas y de las industrias. . El tercer fracaso se refiere al sector primario, en especial a los regantes; ejemplo de ello son los agricultores de mi provincia, Alicante. Asimismo, los ganaderos y las actividades de la España rural a las que el Gobierno persigue, pero especialmente les hablaré de la pesca, porque, señorías, el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a abandonar a los pescadores de nuestro país. Y, por último, hablaremos de la agenda climática, otro fracaso de Pedro Sánchez, lo vendan como lo vendan. . El primer fracaso al que me refería es en política de aguas. Les voy a ser muy claro. No solo se han dedicado a enfrentar a territorios, siempre con un único interés, el cálculo electoral, sino que además, y lo más importante, estas últimas semanas hemos podido constatar que no hicieron las obras para proteger a la población, obras de defensa que estaban contempladas en los planes de cuenca. No hacer estas obras ha provocado la mayor tragedia humana de nuestra historia reciente en Valencia. Señorías, hemos escuchado decir muchas veces a Pedro Sánchez que el cambio climático mata, pero tomen nota, señorías de la izquierda, por desgracia, y lo hemos visto recientemente, lo que se lleva vidas es no proteger a la población del cambio climático. . Escuchen bien, señorías del Partido Socialista: presa de Cheste, presa de Montesa, presa de Villamarchante, limpieza de cauces, sistema de alerta temprana, adecuación del barranco del Poyo… ¿Les suena? Y podría seguir. Todas estas inversiones no realizadas cargarán sobre la conciencia de quien todavía no ha dimitido de su cargo y tiene toda la responsabilidad de lo que pasó en Valencia : la señora Teresa Ribera, fugada de sus responsabilidades. El segundo fracaso es en materia de energía nuclear. ¿Ustedes son conscientes del daño que le están haciendo a nuestro país y a los territorios donde se ubican las centrales nucleares en términos de empleo y competitividad, como la comarca donde se encuentra la central de Almaraz, en Cáceres? ¿A qué están jugando? ¿Qué intereses están defendiendo? ¿Cómo se puede abogar por el cierre de las centrales nucleares en España al tiempo que se defiende la energía nuclear en Europa? Que ustedes practican el cinismo es una realidad que todos conocíamos, pero que sea a costa de las oportunidades de los españoles no se lo vamos a permitir de ninguna forma. Tercer fracaso: hemos vuelto a ver cómo Pedro Sánchez abandona a los pescadores, incapaz de defender en Bruselas nuestra pesca en el Mediterráneo. Señorías, si no quieren que haya pescadores en España, díganlo claro, pero no los lleven a la ruina a plazos. ¿Ustedes consideran que alguna familia puede vivir trabajando veintisiete días al año? Los pescadores lo único que están pidiendo es certidumbre y que se les hable claro. El cuarto fracaso es una agenda climática irreal. Ustedes no analizan nada ni consensuan nada, ni con la industria, ni con las comunidades autónomas, ni con los sectores afectados, ni con el principal partido de la Cámara, el Partido Popular. . Su agenda climática para lo único que sirve es para polarizar y enfrentar. Señorías, en la cuestión climática en esta Cámara hay tres posicionamientos distintos: de un lado, está la izquierda, que ha demostrado durante estos años que la economía no les importa; de otro lado, tenemos a VOX, que obvia el impacto que el cambio climático está teniendo en nuestras sociedades y en nuestras vidas; y el Partido Popular, firmemente comprometido con la lucha contra el cambio climático. Esta es la razón de su existencia, pero haciéndolo compatible, eso sí, con la economía, porque es posible y porque es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad no dejar a nadie por el camino. Muchas gracias. .