Pleno del Congreso n.º 88 · XV legislatura

Cristina Valido García CCa

Señorías, buenos días. Coalición Canaria quiere explicar los motivos de sus enmiendas fundamentales a esta ley. Una ley que votamos hoy producto de la trasposición de una norma europea respecto de un asunto, el desperdicio alimentario, en el que no solo no nos podemos quedar atrás, sino en el que, además, tenemos que hacer muchas cosas. Hay tarea pendiente. Presentamos diez enmiendas y de esas diez enmiendas se nos aprobaron bastantes. Estamos contentos por el nivel de consenso adquirido, pero hay dos cuestiones que no queremos dejar pasar. Coalición Canaria cree que el mejor motivo para evitar el desperdicio alimentario no es únicamente la sanción. Creemos que se ha perdido una oportunidad de oro para incentivar y para fomentar la conciencia de la ciudadanía sobre el desperdicio alimentario y también que se podían haber establecido medidas fiscales y otras herramientas para invitar a los operadores a trabajar en la promoción y en la pedagogía que evitase un desperdicio alimentario que esta sociedad en este siglo no se puede permitir. Nuestras enmiendas 8 y 9 iban dirigidas a eliminar el IVA a los alimentos que se donan a los bancos de alimentos. Estas enmiendas fueron vetadas por suponer una minoración de ingresos, y nosotros queremos dejar claro hoy aquí que no nos parece que esto suponga una minoración de ingresos relevante. No vamos a entrar en otras consideraciones de qué cosas se financian o qué cosas se dejan de cobrar que, desde luego, tiene un impacto mucho mayor que quitar el IVA a los alimentos que se donan a instituciones que se dedican a garantizar que las familias que nada tienen tengan un lugar donde ir y conseguir alimentos para su casa, para llenar la nevera, atender a muchas familias con menores. No hace falta que les recuerde los datos de pobreza infantil. Por eso seguiremos trabajando y buscando la vía para la exención del IVA a los alimentos que son para donación a bancos de alimentos o a entidades que distribuyen alimentos y que atienden a los más vulnerables. . Muchas gracias.

Néstor Rego Candamil BNG

Moi bo día. Debatemos hoxe a aprobación definitiva da lei de desperdicio alimentar. É unha cuestión realmente importante atendendo, por un lado, á necesaria redución de residuos e, polo outro, fundamentalmente, á necesidade de facilitar o uso de recursos alimentarios que agora se desperdician, para mellor garantir os dereitos en materia de alimentación do conxunto da poboación. Alimentación accesíbel — especialmente no caso de persoas en situación de vulnerabilidade— e alimentación sustentábel, permitindo escoller produtos que garantan un mellor aproveitamento. Consideramos que o texto mellorou substancialmente durante os traballos no relatorio e comisión, e que a norma que finalmente se somete á aprobación do Pleno é máis respectuosa coas diferenzas dos actores da cadea, así como coas competencias das comunidades autónomas nesta materia. Queremos subliñar que, a pesar de que non se incorporase a nosa emenda para entender excluído o sector primario, si que se exclúen as pequenas explotacións, que estaban moi preocupadas por teren que implementar máis burocracia para xustificar a realización de prácticas para evitar o desperdicio alimentar, cando xa non se produce nos seus ámbitos, cando menos na grande parte das explotacións agrarias da Galiza. Así mesmo, consideramos que é a liña correcta a promoción de convenios e da doazón, especialmente a entidades sen ánimo de lucro, corrixindo a perspectiva especialmente mercantilista de que adoecía o texto orixinal. Tamén a incorporación no texto de canles de venda ao por menor de produtos feos, imperfectos ou pouco estéticos, que permite abrir outra vía para evitar o desperdicio de alimentos. En definitiva, votaremos favorabelmente a esta norma, que pode servir para avanzar nunha maior concienciación social e no fomento de mellores prácticas nos distintos elos da cadea alimentaria, así como lograr un maior e mellor aproveitamento dos recursos e alcanzar o obxectivo de que non se tiren ao lixo millares de quilos de alimentos, ao tempo que moitas persoas e fogares non teñen acceso a unha alimentación mínima. Este obxectivo cremos que esta norma pode axudar a que sexa cumprido. Polo menos estanse dando pasos na boa dirección e por iso a apoiaremos. Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Debatimos hoy la aprobación definitiva de la ley de desperdicio alimentario, una cuestión realmente importante atendiendo, por un lado, a la necesaria reducción de residuos y, por otro, fundamentalmente, a la necesidad de facilitar el uso de los recursos alimentarios que ahora se desperdician para mejorar y garantizar los derechos en materia de alimentación del conjunto de la población, alimentación accesible ―sobre todo en el caso de personas en situación de vulnerabilidad― y alimentación sostenible, permitiendo escoger productos que garanticen un mejor aprovechamiento. Consideramos que el texto ha mejorado sustancialmente durante los trabajos del informe y comisión, y que la norma que finalmente se somete a la aprobación del Pleno es más respetuosa con las diferencias de los actores de la cadena, así como con las competencias de las comunidades autónomas en esta materia. Queremos subrayar que, a pesar de que no se haya incorporado nuestra enmienda para entender excluido el sector primario, sí se excluyen las pequeñas explotaciones, que estaban muy preocupadas por tener que aplicar más burocracia para justificar la realización de prácticas para evitar el desperdicio alimentario cuando ya no se produce en sus ámbitos, por lo menos en la mayor parte de las explotaciones agrarias de Galicia. Asimismo, consideramos que es la línea correcta la promoción de convenios y la donación, especialmente a entidades sin ánimo de lucro, lo cual corrige la perspectiva especialmente mercantilista de la que adolecía el texto original. También la incorporación en el texto de canales de distribución y venta a minoristas de productos feos, imperfectos o poco estéticos, que permite abrir otra vía para evitar el desperdicio de alimentos. En definitiva, votaremos favorablemente esta norma, que puede servir para avanzar en una mayor concienciación social y en el fomento de mejores prácticas en los distintos eslabones de la cadena alimentaria, y así lograr un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos y alcanzar el objetivo de que no se tiren a la basura miles de kilos de alimentos, mientras que muchas personas y hogares no tienen acceso a una alimentación mínima. Ese es el objetivo, y creemos que esta norma puede ayudar a que se cumpla. Por lo menos, estamos dando pasos en la buena dirección y por eso la apoyaremos. Muchas gracias.

Martina Velarde Gómez SUMAR

Muchas gracias, presidenta, señorías. Quiero agradecer la presencia aquí de las organizaciones agrarias que han venido. Esta es una ley importante. Vamos un poquito tarde, pero está bien que se vaya a aprobar hoy este proyecto de ley de pérdidas y desperdicios alimentarios. Cerca del 30 % de la superficie agrícola está destinada a productos que no se consumirán; eso supone, a su vez, un malgasto del 24 % del agua empleada en la producción. En total, entre los productos sin elaborar y los elaborados, cerca de 8 millones de toneladas de alimentos al año acaban en la basura. Por eso era muy muy urgente aprobar regulaciones y mecanismos que permitan transitar hacia una reducción drástica del desperdicio alimentario mediante un aumento de la prevención y también de la donación de esos excedentes. La ley que aprobaremos hoy es muchísimo más ambiciosa que el primer texto que se trajo aquí, gracias a los acuerdos y a las enmiendas de los distintos grupos. Hemos logrado establecer objetivos concretos de reducción del desperdicio alimentario para el año 2030, como es alcanzar una reducción del 50 % de residuos alimentarios per cápita en venta minorista y un 20 % en las cadenas de producción y de suministro. También hemos logrado que se incluya nuestra enmienda para que los establecimientos de más de 1300 metros cuadrados estén obligados por ley, sin excepciones, a disponer de acuerdos o convenios para donar sus excedentes alimentarios; además de incluir la práctica del espigueo, que nos parece muy importante que se despliegue en las comunidades autónomas. El espigueo permite a personas y a entidades sin ánimo de lucro recolectar los productos que no se han recogido en el campo, y es una actividad comunitaria de raíces históricas, que favorece tanto la práctica más ecológica como también el suministro de recursos básicos a quienes lo necesiten, especialmente a las comunidades rurales. Esta iniciativa incluye, además, la renovación del sistema de representación del campo, que hasta ahora ha sido disfuncional. Hemos logrado avanzar hacia una nueva fórmula en este tema de representación del campo con el consenso de las organizaciones agrarias, cosa que nos satisface muchísimo. El acuerdo, lo tenemos que reconocer, no ha sido nada fácil; es más, ha sido bastante complicado, parecía casi imposible. Por eso quiero dar las gracias, desde aquí, a Iñaki, a Águeda, a Toni, a Teresa, a Isidra… por el trabajo conjunto de nuestro grupo parlamentario y las organizaciones agrarias, por esa colaboración; así como al ministerio por haber aceptado nuestra enmienda y nuestra propuesta, que mejora, por supuesto, los mecanismos democráticos de representación y asegura también la participación de todas las organizaciones. Personalmente, me siento muy satisfecha de haber contribuido a ser útiles para tantas personas, a pesar —y eso sí lo tengo que decir— de las numerosas presiones de la derecha para dejar sin representación a organismos muy importantes del sector agrario. Termino pidiendo el voto para nuestras enmiendas, porque debe existir la posibilidad de que las cooperativas puedan contratar dos potencias eléctricas en el mismo año para asegurar su consumo de forma eficiente y también ahorrar en la factura eléctrica. Asimismo, solicitamos la eliminación del IVA de la entrega de bienes donados para facilitar esta práctica. Muchas gracias a todos los grupos, porque hemos llegado a un gran consenso en esta ley. .

Joseba Andoni Agirretxea Urresti EAJ-PNV

Egun on. Buenos días a todas y a todos. Egun on. Buenos días a todos y a todas. Labur izango naiz eta uste dut gai nagusienak bere momentuan komisioan hitz egin genituela. Eskerrik asko parte hartu duten guztiei behinik eta behin azkenean iritsi zaigu lege hau izkenean iritsi zaigu lege hau kongreso honetara. Aurreko legea itzaldiko lege baita eta etzun bukaerarik izan eta orain lortu dugu bukaera ematea. Lege honek helburu argi bat dauka, gauza guztien gainetik eta guk bat egiten dugu helburu horrekin: elikagaien alferrik galtzea ekiditea eta soberakinak murriztea. Eta baita ere irtenbide egoki bat ematea kontsumitzen ez ditugun elikagai horiei. Eta horiek dira helburu nagusiak eta nik uste dut lortuko dugula helburu hori gehien bat lege honen bitartez. Seré breve, porque creo que los temas principales se trataron en la comisión en su momento. Muchas gracias a todas las personas que han participado, porque por fin ha llegado esta ley a este Congreso; fue una ley anterior que no tuvo final y por fin hemos conseguido darle un cierre. Esta ley tiene un objetivo muy principal ante todo, y nos unimos a ese objetivo: se trata precisamente de evitar el desperdicio alimentario y también reducir los desechos. Igualmente, pretende dar una salida a esos alimentos que no consumimos. Esos son los objetivos principales y creo que, mayoritariamente, hemos conseguido dar una respuesta a esta ley. Lo más importante de esta ley es, al fin y al cabo, evitar el desperdicio alimentario, sin duda alguna; eso lo saben todos. Pero yo quería hacer un comentario sobre el tema de la avocación al Pleno. Parece que las leyes son menos importantes si no se avocan a Pleno o son más importantes solamente si se avocan a Pleno. Yo llevo muchos años en este Congreso y, antes, las comisiones tenían su capacidad legislativa y se culminaba en la comisión y no hacía falta siempre venir a Pleno con una ley. Pero parece que algunos, si no se viene a Pleno, no las toman en consideración o no les dan excesiva importancia. Creo que es algo que deberíamos repensar. Decía que esta es una ley que es consecuencia de un acuerdo, y eso está en línea con los objetivos que nos marca Europa y los objetivos que debemos marcarnos para un nuevo futuro, con un sistema de sostenibilidad ambiental, social y económica. Y el tema de la alimentación es básico y fundamental para ello. Me gustaría que esta ley se tomara principalmente por lo que es: una ley en contra del desperdicio alimentario, pero parece que también se va a convertir en una ley de representación agraria. Nosotros no estamos totalmente de acuerdo en la forma en la que se ha introducido este tema en la ley. Consideramos que era algo urgente y necesario, que era fundamental darle una solución a esa ausencia de representación agraria que existía con la ley anterior, pero creo que debería o se podía haber hecho de otra manera para que todos nos sintiéramos contentos con su resultado. Nosotros hemos presentado no muchas enmiendas; algunas fueron aprobadas, otras fueron transaccionadas y algunas han quedado vivas. Supongo que hoy a la hora de votar quizá algún grupo cambie la postura que tuvo en comisión y puedan salir adelante, porque creo que es importante que en este tema también quede claro qué es ámbito competencial autonómico y qué es lo que le corresponde a la Administración General del Estado, y algunas de nuestras enmiendas van en ese sentido. Cuando se dice Administración no siempre automáticamente hay que suponer que es la del Estado, porque en este caso no lo es. Por ejemplo, tenemos una enmienda en la que claramente las obligaciones de difusión e información se insertan, por ejemplo, en materia de protección del medio ambiente — lo dice al artículo 149.1 de la Constitución— y las competentes son las comunidades autónomas, sin perjuicio de remitir esa información al ministerio que se determine — que puede ser el de Agricultura, el de Medio Ambiente o el que fuere—. Pero, en este caso, la competente según esta ley, en esa materia es la Administración General del Estado y automáticamente el Ministerio de Agricultura. Creo que no es la forma correcta. Asimismo, cuando se habla de Gobierno automáticamente se entiende que es el Gobierno central, y no; en función de quién sea competente en esa materia pueden ser los de las comunidades autónomas, y en este caso en muchas ocasiones lo son. En este sentido, las enmiendas que hemos presentado siempre aportan y nunca reducen, y dejan claro cuál es el ámbito de cada uno. Creemos que es importante, por último, agradecer la colaboración que con sus propuestas han tenido las entidades sociales, los bancos de alimentos, etcétera, porque se han visto muy implicados en esta ley y tienen una responsabilidad importante y una labor muy muy muy necesaria en esta sociedad en la que parece que todo nos sobra y, al fin y al cabo, cuando no sabemos qué hacer lo que hacemos es tirar. En nombre del Grupo Nacionalista Vasco, quiero decir que vamos a apoyar esta ley, lo hicimos también en comisión y hemos participado con nuestras enmiendas en que se mejorara. Es una ley que vino de la legislatura anterior, pero no pudo ser culminada y ahora, por fin, parece que va a tomar camino para que lo que nos marca Europa y lo que nos marca un mundo más sostenible, por fin, en el Estado español también pueda ser desarrollado. Votaremos a favor. Muchas gracias, señora presidenta.

Teresa Jordà i Roura ERC

Bé; molt bon dia, diputades i diputats. Una salutació cordial a les persones, entitats, associacions, organitzacions agràries que avui ens acompanyen a la tribuna de convidats. Per fi sembla que, si res no es torça — que mai se sap en aquesta casa—, en una estona donarem llum verda a la llei de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari en aquest Estat, un text legislatiu que, val a dir, ja existeix al meu país. El març del 2020, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar, i ho va fer per unanimitat, la primera llei de prevenció de les pèrdues i desaprofitament alimentari. Una llei pionera, una llei que prioritza la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari en origen davant de la redistribució dels excedents al llarg de tota la cadena alimentària, des de la producció primària fins al consumidor final. Una vegada més, el Parlament català s’avançava, s’avançava legislant sobre un dels majors problemes, si m’ho permeten, ètics, i mediambientals també, de l’actual model de consum: la ingent quantitat d’aliments que dia rere dia acaben a les escombraries. No és per menys, eh? Segons l’Informe del consum alimentari a Espanya de l’any 2022 — fa justament dos anys—, que elabora el propi ministeri, cada ciutadà de l’Estat espanyol va llençar una mitjana de 25 quilos d’aliments a les escombraries en un any —25 quilos. Això és un total de 1200 milions de quilos d’aliments sense consumir que s’han perdut. I encara que en el seu moment, val a dir també, el ministre Planas va vendre com un triomf aquesta xifra, perquè era més baixa que la xifra d’abans de la covid, a nosaltres no ens va semblar adequat, eh?, que ens alegrem d’aquesta xifra, bàsicament perquè aquesta xifra equival — atenció— a 200 000 elefants africans o a 747 avions de menjar que es perdia, i encara es perd, i això, òbviament, mai pot ser una victòria de cap Administració pública, i especialment quan aquesta lleugera disminució del malbaratament alimentari respon, també, com el propi Govern admet, al fet de que els preus dels aliments bàsics siguin més cars; en cap cas respon a cap altre fet. Creiem, en definitiva, que tot plegat és una immoralitat. I diem immoralitat perquè l’informe de El estado de la pobreza, elaborat el 2024, elaborat enguany, ens parla de l’esgarrifant xifra de gairebé un 65 % de la població que no ha pogut permetre’s el luxe — dic el luxe, quan no hauria de ser així— de menjar carn o menjar peix en cap dels seus àpats cada dos dies, en cap dels seus àpats, una dada que augmenta any rere any. D’aquí, doncs, la importància que l’Estat espanyol també es posés les piles i legislés per posar fre al desaprofitament alimentari. Entrant en matèria de manera molt ràpida, com a balanç de les mesures que fins al moment hem aconseguit des del Grup Republicà, des d’Esquerra Republicana, en destacaré alguns. El primer, incloure la prevenció com la primera opció en la jerarquia de prioritats. Ho defensem sempre així, eh?; ho vam fer la passada legislatura també amb la llei de residus. Per nosaltres el millor residu és aquell que no es genera, perquè, de la mateixa manera, la no generació d’excedent alimentari és l’opció òptima per no provocar pèrdues — és senzill. Hem aconseguit, doncs, que la prevenció sigui recollida en primer terme de la jerarquia de prioritats. També incorporar en els contractes públics — per nosaltres molt important— clàusules per a la prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari. Ens sembla bàsic que en els plecs de qualsevol contracte del sector públic s’incloguin les pràctiques adequades des del punt de vista del desaprofitament alimentari, com al final, gràcies a la negociació, també hem pogut aconseguir. També incloure la possibilitat de regular l’espigolament, per nosaltres també clau. Aquesta activitat, l’espigolament, és una activitat que es desenvolupa en diferents zones agrícoles i es fa per recuperar, òbviament, els excedents que, malgrat ser totalment comestibles, es llencen, massa vegades perquè no són bonics, no? Doncs hem aconseguit que es reconegui la sobirania de les comunitats autònomes per poder regular l’espigolament com una activitat sense ànim de lucre per prevenir les pèrdues d’aliments. Ara bé, queden coses pendents, eh? Per nosaltres — important— queda pendent incloure l’obligatorietat de mesurar i quantificar les pèrdues i el desaprofitament alimentari per part de les empreses de la cadena alimentària. Ens sembla una mesura fonamental, encara que en aquest cas el Partit Socialista doncs s’ha negat en rotund a acceptar-la malgrat que no hem deixat d’intentar-ho. Com ja recull la llei catalana, nosaltres entenem que posseir informació sobre el volum de productes perduts és fonamental per poder aplicar bé les polítiques que posin fi a aquest desaprofitament alimentari. Sense dades, diputades i diputats, és complicat incidir de la manera més adequada. Un apunt, per acabar, respecte a la representativitat de les organitzacions agràries d’àmbit estatal perquè aquestes puguin assegurar l’efectiva consideració de tal representativitat i així també doncs puguin interlocutar amb els poders públics. Hem treballat intensament per incloure certs requisits que els permetin exercir com a tals. I, una vegada més, vull posar en valor el meu país, vull posar en valor Catalunya. El 1975 moria el dictador Franco; el 1993, al meu país s’aprovava la primera llei democràtica al camp de tot l’Estat espanyol. Només un any després, el 1994, a Catalunya ja es celebraven eleccions agràries, unes eleccions democràtiques. D’aleshores ençà han passat gairebé cinc dècades, gairebé cinquanta anys, i avui hi torna a haver un reconeixement democràtic per a tothom, i això és per celebrar-ho, malgrat que instem tots els territoris de l’Estat a celebrar, òbviament, eleccions democràtiques al camp. En definitiva, a Catalunya la democràcia sempre ha estat la nostra bandera. Per tant, avui — i ara sí que acabo, presidenta— podem celebrar i alhora també podem dir que millorem l’aprofitament de recursos i que avancem cap a una distribució més justa i més equitativa dels aliments, perquè l’accés de tothom a una dieta saludable, a una dieta, si m’ho permeten, suficient, és un dret, és un dret que no pot quedar subjecte mai, que no hauria de quedar subjecte mai als interessos econòmics d’uns pocs. I, finalment, gràcies, gràcies a tots els grups parlamentaris, a alguns més que a altres, però, en qualsevol cas, gràcies també, perquè era important, era vital que aquesta llei doncs veiés la llum. Gràcies per les seves aportacions. Gràcies per l’esforç, val a dir, ingent de tot el conjunt, però de manera especial a uns quants diputats d’aquesta cambra que hem set capaços de fer pinya: gràcies, Águeda; gràcies, Iñaki; gràcies, Isidre; gràcies, Martina; gràcies, Toni. Hem fet un bon equip, un d’aquells equips que demostra que quan es vol, encara que sigui en l’últim segon de l’últim minut, sempre es pot. Gràcies i enhorabona. Buenos días, diputadas y diputados. Saludos cordiales a las personas, entidades, asociaciones y organizaciones agrarias que nos acompañan aquí, en la tribuna de invitados. Por fin parece que, si nada se tuerce — pero nunca se sabe en esta casa—, dentro de un rato daremos luz verde a la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en este Estado. Es un texto legislativo que hay que decir que ya existe en mi país. En marzo de 2020, en el Pleno del Parlamento de Cataluña se aprobó — y se hizo por unanimidad— la primera ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Fue una ley pionera, una ley que prioriza la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en origen ante la redistribución de los excedentes a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor final. Una vez más el Parlamento catalán se adelantaba, legislando sobre uno de los mayores problemas — si me permiten— éticos, y medioambientales también, del actual modelo de consumo: la ingente cantidad de alimentos que día tras día acaban en la basura. Y no es para menos, según el Informe de consumo alimentario en España del año 2022, hace justamente dos años, que elabora el propio ministerio, se dice que cada ciudadano del Estado español tiró una media de 25 kilos de alimentos a la basura — en un año, 25 kilos—, y esto es un total de 1200 millones de kilos de alimentos sin consumir que se han perdido. Y aunque en su momento hay que decir que el ministro Planas vendió como un triunfo esta cifra porque era más baja que la cifra anterior a la COVID-19, a nosotros no nos lo pareció. No nos pareció adecuado que nos alegráramos de esta cifra, básicamente porque esta cifra equivale — atención— a 200 000 elefantes africanos o a 747 aviones de comida y alimentos que se perdían y se pierden todavía, y esto, evidentemente, nunca puede ser una victoria de ninguna Administración pública, especialmente cuando esta ligera disminución del desperdicio alimentario responde también, como el propio Gobierno admite, al hecho de que los precios de los alimentos básicos sean más caros; en ningún caso responde a otra razón o a otro hecho. Creemos, en definitiva y en resumen, que es una inmoralidad. Y decimos inmoralidad porque el informe del estado de la pobreza elaborado en 2024, este año, nos habla de la terrorífica cifra de casi un 65 % de la población que no ha podido permitirse el lujo — y digo el lujo, cuando no debería ser así— de comer carne o pescado en ninguna de sus comidas, en ninguna, y es una cifra que aumenta cada año. De ahí la importancia de que el Estado español también se pusiera las pilas y legislara para poner freno al desperdicio alimentario. Y, entrando rápidamente en materia, como el balance de las medidas que hasta el momento hemos conseguido en el Grupo Republicano, en Esquerra Republicana, destacaré solo algunas. En primer lugar, incluir la prevención como la primera opción en la jerarquía de prioridades. Lo defendemos siempre así, lo hicimos en la pasada legislatura en la ley de residuos. Para nosotros el mejor residuo es el que no se genera, porque del mismo modo la no generación de excedente alimentario es la opción óptima para no provocar pérdidas; es sencillo de seguir. Hemos conseguido, por tanto, que la prevención sea recogida en primer término de la jerarquía de prioridades; también incorporando en los contratos públicos — para nosotros muy importante— cláusulas para la prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Nos parece básico que en los pliegos de cualquier contrato del sector público se incluyan las prácticas adecuadas desde el punto de vista del desperdicio alimentario, como al final, gracias a la negociación, también hemos podido conseguir; además de incluir la posibilidad de regular la especulación. Esta actividad se desarrolla en distintas zonas agrícolas para recuperar los excedentes que, aunque son totalmente comestibles, se tiran, a menudo porque no son bonitos de ver. Pues hemos conseguido que se reconozca la soberanía de las comunidades autónomas para regular esta actividad sin ánimo de lucro para prevenir las pérdidas de alimentos. Sin embargo, quedan cosas pendientes, para nosotros, importantes. Queda pendiente incluir la obligatoriedad de medir y cuantificar las pérdidas y el desperdicio alimentario por parte de las empresas de la cadena alimentaria. Nos parece una medida fundamental, aunque en este caso el Grupo Socialista se ha negado en rotundo a aceptarla, a pesar de que no hemos dejado de intentarlo. Como ya recoge la ley catalana, nosotros entendemos que poseer información sobre el volumen de productos perdidos es fundamental para aplicar bien las políticas que pongan fin a este desperdicio alimentario. Sin datos, diputadas y diputados, es complicado incidir del modo más adecuado. Y un apunte para acabar respecto de la representatividad de las organizaciones agrarias de ámbito estatal, para que estas puedan garantizar la consideración efectiva de tal representatividad y así también puedan interlocutar con los poderes públicos. Hemos trabajado intensamente para incluir ciertos requisitos que les permitan ejercer como tales, y una vez más quiero poner en valor a mi país, quiero poner en valor a Cataluña. En 1975, moría el dictador Franco y, en 1993, mi país aprobó la primera ley democrática en el campo de todo el Estado español. Solo un año después, en 1994, en Cataluña ya celebrábamos elecciones agrarias, unas elecciones democráticas. Desde entonces y hasta ahora han pasado casi cinco décadas, casi cincuenta años, y hoy vuelve a haber un reconocimiento democrático para todo el mundo, y esto es para celebrarlo, a pesar de que instamos a todos los territorios del Estado a celebrar, evidentemente, elecciones democráticas en el campo. En definitiva, en Cataluña la democracia siempre ha sido nuestra bandera. Por tanto, hoy — acabo, señora presidenta— podemos celebrar y, al mismo tiempo, podemos decir que mejoramos el aprovechamiento de recursos y que avanzamos hacia una distribución más justa y equitativa de los alimentos, porque el acceso de todo el mundo a una dieta saludable, a una dieta — si me permiten— suficiente es un derecho, y es un derecho que no puede quedar nunca sujeto, que no debería nunca quedar sujeto a los intereses económicos de unos pocos. Finalmente, gracias. Gracias a todos los grupos parlamentarios, a algunos más que a otros, pero en todo caso, gracias, también, porque era importante, era vital que esta ley viera la luz. Gracias por sus aportaciones, gracias por el esfuerzo ingente — hay que decirlo— de todo el conjunto, pero muy especialmente a algunos diputados de esta Cámara que hemos podido hacer piña. Gracias, Águeda; gracias, Iñaki; gracias, Isidra; gracias, Martina y gracias, Toni. Hemos hecho un buen equipo, uno de esos equipos que demuestran que, cuando se quiere, aunque sea en el último segundo del último minuto, siempre se puede. Gracias y felicidades. .

Juan Antonio Valero Morales SUMAR

Buenos días, señorías. Concluimos este 2024 con una ley de desperdicio alimentario, una ley que ha sido muy trabajada con muchas organizaciones, porque esta legislatura sí sirve a la gente y esta legislatura sí mejora el país, a pesar del palo entre las ruedas que Partido Popular y VOX siempre intentan meter. Cuando hacen eso, cuando intentan tumbar o revertir medidas del Gobierno, piensan que van solo contra el Partido Socialista y SUMAR, pero no es así. Cuando ponen el palo entre las ruedas, lo hacen contra la mayoría social; se lo ponen a las familias trabajadoras, a las pequeñas y medianas empresas y a la juventud. A pesar de ese papel tan poco edificante del Partido Popular y de VOX, los resultados de esta legislatura son históricos en materia de empleo, con 22 millones de ocupados prácticamente, con las tasas de paro más bajas desde 2008, con reducción de la desigualdad social, con un aumento de la renta media en los hogares, a pesar de la inflación, y con un descenso de hasta 10 puntos en la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan. . Pero esto no es la Arcadia feliz y, por eso, aquí algunas y algunos estamos centrados en mejorar la vida de la gente y hoy debatimos el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, porque también contribuye a mejorar el país. El despilfarro alimentario encarece los precios de los alimentos, malgasta recursos naturales y aumenta los residuos y el impacto ambiental. Por eso, esta ley es tan necesaria, porque contribuye a la eficiencia de la cadena alimentaria, a abaratar los precios y a tener una economía circular que genere menos residuos y contaminación. En el mundo se desperdician cerca de un 30 % de los alimentos producidos, y en España, solo en 2023, cerca de 1183 millones de kilos, es decir, unos 25 kilos por persona. .

Juan Antonio Valero Morales SUMAR

Gracias, presidenta. En las clases de la ESO me pasaba igual: normalmente, llegando a los viernes, era siempre más complicado. Entiendo a sus señorías, pero pido un poco de atención. Gracias. . Decía que en nuestro país se agotan los recursos naturales mientras se están desperdiciando alimentos; mientras 733 millones de personas pasan hambre en el mundo, como consecuencia de la acumulación capitalista, y mientras los desperdicios alimentarios generan cerca de un 10 % de los gases de efecto invernadero. Por eso, esta ley se compromete con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de esa satánica Agenda 2030, promulgada por la no menos diabólica Naciones Unidas. Por tanto, esta ley interviene en la cadena alimentaria para afrontar uno de los grandes retos de nuestra época: la crisis climática y su amenaza a la seguridad alimentaria. Ante esta realidad, lo que está encima de la mesa es un modo inviable de producción y consumo. Es tiempo de reducir, es tiempo de decrecer. Frente a la lógica capitalista del derroche, toca disminución controlada y progresiva. . Es imposible una economía de crecimiento continuo y exponencial dependiente de un planeta con recursos limitados, pero sí es posible el bienestar social y el cuidado medioambiental si aspiramos a vivir mejor con menos, con menos residuos, con menos despilfarro y con menos consumismo capitalista. En ese sentido, los distintos eslabones de la cadena alimentaria tienen que reducir la presión sobre el medio ambiente y promover la conservación de los recursos naturales. Tenemos que priorizar la igualdad y la justicia social, midiendo la calidad de vida no en función del PIB, sino en función de la salud, de la educación y del tiempo libre, y promover un consumo consciente y sostenible. Por tanto, esta ley es útil frente a la crisis climática, pero también tiene que serlo ante la pobreza. Solo el año pasado cincuenta y cuatro bancos de alimentos atendieron a 1 188 000 personas. Esta ley beneficia a esas entidades, que son las grandes abanderadas en la recogida de productos de retirada del mercado. No en vano, muchas de las enmiendas las hemos trabajado con la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, con Cáritas, con organizaciones como To Good to Go o Enraíza Derechos, el colectivo #LeySinDesperdicio y organizaciones agrarias. Queremos que esta ley esté a la vanguardia europea y que no baje peldaños con respecto a lo que ya se hace en otros países europeos, de ahí que traigamos enmiendas vivas que la mejoran, primero, en favor de los consumidores, para distinguir en los productos la fecha de consumo preferente, incentivando su compra con medidas promocionales; esto supondrá menos desperdicio y más ahorro al consumidor. También mantenemos enmiendas para hacer que la Administración sea más proactiva en el cumplimiento de los objetivos de esta ley. Queremos un plan nacional que fije objetivos, que concrete un calendario de reducción específico y que evalúe el grado de cumplimiento y la tasa de destrucción de las empresas de la gran distribución e industriales. . Y, cómo no, traemos enmiendas que son buenas para el sector agroganadero. Esta ley tiene sentido si fortalece la ganadería y la agricultura socialmente necesarias, la ganadería y agricultura ligadas al territorio, que están asfixiadas por la agroindustria. Por eso, queremos que esta ley vaya acompañada de incentivos y de un fondo para compensar a los pequeños productores, porque hay que apoyar a quien se compromete. Y también queremos promover el consumo de proximidad, con medidas de fomento del consumo y de la distribución de productos frescos y de proximidad para las grandes empresas de distribución y para las empresas turísticas. Otra cuestión de importancia que esta ley debe introducir en la obligación del Gobierno de regular el espigueo en el plazo de un año. La práctica del espigueo permite recuperar las pérdidas de productos alimentarios en el campo después de las cosechas, fomentando la economía circular. En definitiva, hemos trabajado esta ley para afrontar la crisis climática, para proteger la ganadería y la agricultura social y profesional, para proteger a los consumidores y para proteger a los trabajadores del campo. Por eso, estamos en contra de esa enmienda que el Grupo Popular ha colado por la puerta de atrás para precarizar la mano de obra en el campo, que además podría conllevar la devolución de fondos europeos. Con esta enmienda el Partido Popular se cobra la venganza del éxito de la reforma laboral, pero se cobra la venganza en las vidas de los trabajadores y trabajadoras del campo. . El Partido Popular demuestra con eso que es un partido antiobrero, obsesionado con desproteger a los más vulnerables, y no lo vamos a permitir; no vamos a permitir que se cuelen por la puerta de atrás y roben derechos conquistados con la reforma laboral. . Sabemos muy bien que esta es una legislatura inédita por su complejidad y que a veces toca tomar decisiones difíciles y afrontar dilemas difíciles, pero tenemos claro que en todas esas situaciones no nos va a temblar el pulso para proteger a la mayoría social. . Por los trabajadores y trabajadoras del campo, por los jornaleros y jornaleras extremeños y andaluces y para proteger a la mayoría social, nuestro voto siempre va a estar con la clase trabajadora. No vamos a permitir que el Partido Popular se sirva de esta ley para convertir el campo en el cortijo de la derecha. .

Tomás Fernández Ríos VOX

Gracias, señora presidente. Señorías, se lo dije a ustedes hace tres semanas desde esta misma tribuna: Están ustedes obsesionados. Leyes y más leyes, sanciones y más sanciones, impuestos y más impuestos, normas y más normas. Es increíble el ansia voraz de intervencionismo que tienen ustedes, de meterse en todo y de regularlo todo, pero lo único que consiguen es ponerles cada vez más trabas y más piedras en el camino a los españoles para poder salir adelante, con lo difícil que ya lo tienen. . No sé en qué realidad paralela viven ustedes, pero para el ciudadano de a pie y para el autónomo que abre su negocio, ordeña sus vacas o arranca su tractor la mayor preocupación a día de hoy no es el desperdicio, como ustedes ven, es simplemente llegar a fin de mes. Es que más del 26 % de la población española está ahora mismo en exclusión social, uno de cada cuatro; es que más del 82 % de las familias ya no pueden consumir habitualmente productos de primera necesidad, como la carne y el pescado, como antes era normal. ¿Pero en qué mundo viven ustedes? Claro que está bien marcar una serie de pautas para mejorar el desperdicio alimentario, cómo no, por supuesto que está bien, pero esta barbaridad de proyecto de ley que han traído ustedes supone otro mazazo más para las medianas empresas del sector agroalimentario, asfixiándolas con más costes, con más trabas y con más trámites, como si ya tuvieran pocos, y todo por esa obsesión suya con la Agenda 2030 , que solo sirve para imponer ideologías ajenas a la realidad de España, denostando a nuestro sector productivo y mermando nuestra soberanía nacional. Ustedes demuestran un desconocimiento total de la realidad de nuestro sector primario. Nuestros agricultores y ganaderos ya aplican prácticas de economía circular de manera voluntaria y eficaz desde hace tiempo, porque ellos saben mejor que nadie cómo optimizar sus recursos, porque les va la supervivencia en ello. Ustedes, en vez de aprobar esas iniciativas, lo que van a hacer hoy ―insisto― con este texto es penalizarlos con más normativas coercitivas. Señores del PP, ustedes, con su complacencia y su abstención, siguen participando de este aquelarre sin sentido. Ustedes siguen sin entenderlo: esto no va de poner parchecitos, esto va de poner pie en pared y no participar ni negociar con aquellos que nos quieren hundir. ¿Cuándo lo van a entender de una vez? . Ustedes tienen que estar preparados ―como ya les dije también hace tres semanas― para, cuando llegue el momento, derogar, derogar y derogar, porque la mayoría de las leyes ideológicas que se están aprobando en esta Cámara para lo único que sirven es para complicar la vida del ciudadano y la productividad de nuestras empresas. Además, señores del Gobierno, para que lo tengan claro, si se habla de desperdicios, se habla de desperdicios; si se habla de peluquerías, se habla de peluquerías, y si se habla de gasolineras, se habla de gasolineras. Ustedes, señores [socialistos]1, no tienen escrúpulos, como ya han demostrado en el pasado. Ustedes fueron capaces de retorcer el Reglamento para, en su día, en un decreto de pandemia, blindar a Pablo Iglesias en el CNI, y para, recientemente, usar una ley de intercambio de antecedentes para soltar a cuarenta asesinos de ETA; hoy, en este proyecto de ley, otra golfada más, en este caso, introduciendo en una ley de desperdicios a última hora, por la puerta de atrás, una enmienda que es casi más larga que el texto del proyecto, tan solo para satisfacer las exigencias, el chantaje de sus socios separatistas. Pretenden introducir de forma sibilina nuevas normas para alterar la representatividad del sector agrario de manera opaca, en lugar de realizar los comicios para la elección de los representantes 1 Palabra retirada por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara. agrarios que tanto ustedes ―y se lo digo, señor ministro, señor Planas, ya que está aquí― como el Partido Popular en su momento estaban obligados por ley a convocar. Con esta infame enmienda que han aprobado en ponencia quieren perpetuar la existencia de un consejo agrario caduco y una representatividad falsa, diseñada a la medida de este Gobierno, que sigue ignorando la legítima voz del campo español. Son ustedes unos [sinvergüenzas]2. . Aun así, nosotros hemos pretendido en este proceso ser constructivos, hemos intentado mejorar este desastre de proyecto tan global con propuestas orientadas a defender a nuestro sector agrario, promoviendo planes a nivel estatal, los cuales reforzarían nuestra soberanía alimentaria; propuestas que ustedes, por supuesto, ni se han dignado a leer. Al menos, creo que ―contra su voluntad― hoy conseguiremos, gracias a nuestro voto, la eliminación de impuestos en las donaciones de alimentos y de artículos de primera necesidad para las entidades sin fines lucrativos. Era una vergüenza que el Gobierno se lucrarse del IVA procedente de la solidaridad en estos tiempos de penuria. Creo que conseguiremos apoyar que los agricultores puedan disponer de dos potencias eléctricas, algo que es una solución lógica para reducir costes y garantizar el mantenimiento de su actividad o corregir los problemas derivados de la reforma laboral, sí, porque permitirá a las empresas formalizar contratos temporales según las circunstancias. En cualquier caso, nos hemos vuelto a quedar solos, porque hemos sido los únicos, señores del PP, los únicos que abogábamos por la creación de un plan de acción conjunto que sirviera para cada empresa en todo el territorio nacional. Pero, vamos a ver, ¿qué quieren ahora de nuevo? ¿Que muchas empresas hagan diecisiete planes distintos, uno por cada región donde operen? Miren, los que hemos tenido empresas que operaban en distintas regiones sabemos el coste que eso supone. ¿Saben la locura organizativa que significa? ¿Saben lo que implica que existan distintas reglas, distintas sanciones en territorios adyacentes? Ustedes, de verdad, no se imaginan la inseguridad jurídica que eso provoca, no tienen ni idea ni les importa lo más mínimo. . Acabo. Sé que se van a volver a reír, ya sé que se van a reír, pero se lo dije el otro día y se lo repito hoy: Vamos a gobernar, claro que vamos a gobernar. Parece que ustedes no se dan cuenta, pero con leyes como estas ustedes son nuestros mejores aliados; nos están poniendo la alfombra verde. Este asunto claro que va de desperdicio, de un gran desperdicio político, y lo único que consiguen es que el pescador, el ganadero, el dueño de un pequeño restaurante o el dueño de un pequeño comercio vean cómo ustedes les llevan cada vez más a la ruina más absoluta , y todos ellos están viendo cada día que los únicos que aplicamos el sentido común a las cosas somos, sin duda, nosotros. Muchas gracias. .

María Luisa Faneca López PSOE

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, a todos y a todas. Dejemos las palabras gruesas fuera de este hemiciclo. A ver si somos capaces de hacerlo. Señor ministro, bienvenido, y bienvenidas también las organizaciones agrarias que hoy nos acompañan en esta Cámara. . Quiero emplear las primeras palabras de mi intervención para felicitarle a usted, señor ministro, sí, por el buen trabajo, a pesar de esas negociaciones tan complicadas de TAC y cuota para 2025 ―muy complejas― en Bruselas la semana pasada sin el apoyo de los diputados del Partido Popular. Gracias por su contundencia y seriedad en la defensa del sector pesquero. Ellos lo saben. Ha conseguido que se obtenga un buen resultado para la pesca de arrastre del Mediterráneo y del Atlántico sur. Señorías, el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que debatimos hoy va a dotar por primera vez al Gobierno de España de un marco legal para prevenir el desperdicio alimentario, con un enfoque centrado en la prevención y en la concienciación ciudadana sobre el aprovechamiento de los alimentos. Como sociedad, debemos estar concienciados todos y todas para 2 Palabra retirada por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara. evitar el despilfarro de alimentos, porque es un imperativo categórico que implica al conjunto de la sociedad en términos de justicia social, protección ambiental y crecimiento económico. Señorías, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura nos dice: Se desperdician aproximadamente en el mundo unos 1300 millones de toneladas anuales de alimentos, lo que supone un 30 % de los alimentos que se producen. Son datos muy graves, señorías. Además, hay que tener en cuenta que más de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo; por eso es tan importante. Si nos centramos en nuestro país, señorías de VOX, en los hogares españoles se desperdician 1245,88 millones de kilos de alimentos, lo que supone que se tiran a la basura el 4,2 % de los alimentos que se adquieren, que no se consumen, añadiendo a esto lo que se desperdicia en la hostelería, la restauración colectiva y la distribución. Señorías, son datos que nos tienen que hacer reflexionar a todos. No podemos seguir en la tendencia de usar y tirar. Así lo entiende el Gobierno de España, que siempre trabaja a la vanguardia de políticas que mejoren la vida de la gente. Ahora, ha querido impulsar una norma que no solo asegura el suministro alimentario, sino que también pretende que se disminuyan los riesgos ambientales y se preserven nuestros recursos naturales y energéticos. El proyecto de ley, entre sus objetivos, viene a fomentar la utilización eficiente de los alimentos, la reutilización de los productos y la donación para contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de la población más vulnerable. Señorías, malgastar los recursos naturales supone un lastre para la eficiencia del sector productivo y su competitividad. Por tanto, es una obligación evitar el desperdicio, también para todos los operadores de la cadena alimentaria. Como señalaba anteriormente, es una tarea que debe implicar al conjunto de la sociedad. De esta forma, la ley establece una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos, para que no se conviertan en desperdicio alimentario, siendo este un aspecto esencial. La prioridad máxima que establece la norma es el consumo humano, a través de la donación o la redistribución de los alimentos; también contempla la transformación de alimentos en zumos, mermeladas, etcétera; cuando no sean aptos para el consumo humano, la preferencia será la alimentación animal, y si no es así, se usarán en la obtención de combustibles. La ley también articula medidas de buenas prácticas en cuestiones como la venta de productos imperfectos, como decía su señoría, y preferencia de caducidad próxima. Un apoyo clave para ello son la innovación y las nuevas tecnologías, como aquellas que permiten aumentar la vida útil de los alimentos, sobre todo, con el envasado. Señorías, quiero resaltar en esta Cámara que el proyecto de ley que presentamos hoy está en línea con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que establece en su punto 12.3 la necesidad de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante, así como disminuir las pérdidas a lo largo de la cadena de producción y suministro para el año 2030. Sí, señorías de VOX, estamos dentro de la agenda porque es importantísimo. . Si no respetamos el medio ambiente, si no trabajamos para evitar el desperdicio alimentario, tampoco tendremos agricultura ni ganadería ni pesca, como usted dice. Es algo fundamental. Va todo completamente unido. Para que nuestros productores puedan seguir avanzando, tienen que estar recogidas todas estas líneas de trabajo. Señorías de VOX, después de escuchar a su portavoz ahora y de escuchar sus intervenciones continuamente, quiero decirles que el desperdicio alimentario supone un irreparable quebranto en términos de justicia social, de protección ambiental y de crecimiento económico, pero su negacionismo resume toda su intervención: es un bulo el cambio climático, no existe, y el desperdicio alimentario, tampoco; las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias, señorías, no existen y, además, no deben existir porque entorpecen, se tiene que centrar todo en el Estado. Señorías de VOX, eso no es así. Estáis haciendo algo que yo no puedo entender ni entendemos muchos. ¿Por qué os presentáis en las comunidades autónomas si tampoco las reconocéis? Es absurdo. Está claro, muy claro, señorías de VOX, que realmente, cuando os presentáis a vicepresidentes o a consejeros de agricultura, ganadería y pesca, lo que queréis es deteriorar la imagen de nuestras autonomías. Y en eso sois cómplices, señorías del Partido Popular, porque los ponéis en vuestros Gobiernos y compartís las mentiras y los bulos en los temas del campo, la agricultura o la pesca, temas tan importantes para la economía de los agricultores. Hay que decirles la verdad y gestionar todo junto, y en esa línea vamos. Señorías, la verdad es que ustedes no hacen más que entorpecer siempre con esos bulos y mentiras. Señorías, quiero agradecer el trabajo de todos los ponentes de todos los grupos políticos. Le hemos echado horas, hemos trabajado y hemos buscado ese interés mutuo para que la ley saliera lo mejor posible. Hay que seguir avanzando, hay que seguir limando. Es cierto que los trabajadores, con la reforma laboral, han ido perfectamente, han ido hacia adelante, pero habrá que trabajar y buscar mejoras para los propios trabajadores. Señorías, aparte de agradecer sus aportaciones a la ley a todos los portavoces y ponentes, también quiero agradecer las de las organizaciones agrarias, ganaderas, pesqueras, de consumidores, de la industria y de empresas distribuidoras, así como las de todas las asociaciones que forman la cadena alimentaria en todos sus eslabones y, cómo no, las de las ONG, que están haciendo un trabajo importante para atender a todas las personas y familias más vulnerables. Por último, señor ministro, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero agradecerle a usted y a todo el equipo del Ministerio de Agricultura la elaboración de este proyecto tan importante y necesario para el conjunto de la sociedad. Como usted dice y es lema del Gobierno de España y del ministerio: Aquí no se tira nada. Muchas gracias. .

Milagros Marcos Ortega PP

Buenos días, señorías. Señorías de la bancada socialista, señor ministro, ¿qué es esto? . ¡¿Qué es esto?! Han convertido la ley de desperdicio alimentario en un auténtico desperdicio de ley, solo a la altura del desperdicio de Gobierno que la propone. . Tiene todos los ingredientes del sanchismo: un peón, el ministro Planas; un afán recaudatorio sin límites, se quieren quedar con el IVA de las donaciones de alimentos; más gasto público y una reforma legal por la puerta de atrás para montarse una agencia estatal, la AICA, y un terrible intervencionismo antidemocrático en el proceso de representatividad de las organizaciones agrarias. Sí, todo esto lo han metido en la ley de desperdicio alimentario. Es evidente lo que les preocupan la gente y el desperdicio: nada. ¡Nada! . Cada año ―y este tema es muy importante para el Partido Popular― se desperdician en España más de 1200 millones de kilos de alimentos según el último estudio. Somos el farolillo rojo de la pobreza infantil en la Unión Europea: 11 puntos por encima de la media, un 34,6 % de niños en pobreza severa, y cada día peor. El índice de miseria es el más alto de toda la Unión; miseria es paro y es inflación, ¿lo saben? Y cada día peor porque han subido ya ochenta y una veces los impuestos. La cesta de la compra es un 36,6 % más cara y, aunque recaudan 150 000 millones de euros más, siguen subiendo los impuestos: el IVA al pan y ahora la energía y el gasóleo. Será que tener un coche diésel y comer pan o calentarse es cosa de ricos. Sabiendo como saben esto, todavía se permiten el lujo de estar chalaneando más de un año con esta ley tan importante y necesaria y de dinamitar el consenso que hubo en esta ley la pasada legislatura. No sé cómo se atreven a venir aquí sin ningún pudor la víspera de Navidad intentando hacer caja con el IVA de las donaciones, pretendiendo impedir que el dinero que donamos todos los españoles para comprar alimentos llegue íntegro a quienes lo necesitan. Dos años sin aplicar el IVA cero que propuso el Grupo Popular en la ley de residuos. Se han embolsado 110 millones de euros por incumplir la ley, según sus cuentas. ¿Saben cuántas personas podían haber comido con 110 millones de euros en estos dos años? ¿Le han preguntado a la gente que dona alimentos si prefiere que se queden ustedes el dinero del IVA para comprar votos o pagar la investidura de Illa, o para que las ONG compren comida? Pregúnteles, están esperando, están ahí arriba. Para que esto no ocurra deben no apoyar el voto particular del PSOE a la enmienda 272, para que el IVA de las donaciones de alimentos sirva de verdad para comprar alimentos. Simplemente deben hacerlo, señorías, si realmente quieren reducir el desperdicio, y deben votar no al veto a los grandes logros que el Partido Popular ha conseguido introducir en esta ley con las enmiendas 276 y 278 y en la transaccional 36. Así se reducirá el desperdicio, no a base pagar más sanciones, sino aumentando la rentabilidad que están suplicando nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, y que el Gobierno les niega sistemáticamente. Hemos logrado cosas muy importantes, gracias también a mis compañeros Javier Folch y Joaquín Melgarejo y muchas de sus señorías. Si conseguimos apoyar esas medidas y que salgan, podrán volver a hacer contratos temporales y recoger la cosecha y no tendrán que pagar todo el año por la cuota máxima de energía cuando solo la necesitan unos meses. Los pequeños agricultores y microempresas ―pescaderías, carnicerías, bares de pueblo― no tendrán que someterse a más burocracia ni a más normas contradictorias como esta, que solo generan sanciones sí o sí, porque o incumplen una ley o incumplen otra. Pero creo que de todo esto, de esta norma, lo más indignante, y mire que esto es grave e inmoral, indignante e inmoral, es que ha utilizado esta ley, señor Planas, para eliminar de raíz la democracia en el campo. . ¿Qué les han hecho los agricultores y ganaderos de este país, señores del Gobierno? Esta ley, señorías del PSOE, es el máximo exponente de la falta de respeto a los agricultores, ganaderos y pescadores. Es muy grave que, en lugar de garantizar su derecho a elegir democráticamente a sus representantes, después de seis años en el Gobierno, señor Planas, en lugar de cambiar la norma que regula la representatividad de las organizaciones y convocar elecciones, la pretenda derogar por la puerta de atrás presentando una enmienda de adición en la ley de desperdicio. Pretende engañar a todos los agricultores y ganaderos, y doblemente a aquellos a los que chantajeó a cambio de firmar un paquete de treinta y tres medidas que el resto no le apoyaron porque sabían que no resolvían nada y, efectivamente, nada han resuelto desde el mes de marzo. ¿Por qué hace esto, señor ministro? ¿Para vengarse de quienes no se dejaron engañar? ¿Para que entre alguna organización nueva o para que no salga alguna que es más afín a ustedes? Escúchenme bien; escúchenme bien, y sobre todo los señores que están en la bancada: el campo tiene derecho a elegir a sus representantes, ustedes también tienen derecho a elegir a sus representantes y usted, usted, a convocar elecciones, a regularlo por ley. Si la ley de amnistía la aprobaron en quince días, esta no tiene por qué esperar cinco años más. No pasa nada por convocar elecciones, se lo digo desde la experiencia. La democracia nunca hace daño, señor Planas. En Castilla y León se convocan con regularidad. Le puedo explicar cómo, no tengo ningún problema. Mire, señor ministro, yo entiendo su frustración. Más de seis años sumiso y sin premio se le deben de estar haciendo muy largos, pero no la pague con el sector. ¡Que lleva desde el mes de marzo sin convocar el Consejo Agrario, hombre! ¿Qué ha estado haciendo? ¿Preparando la estrategia intervencionista? No humille más ni denigre a los agricultores y ganaderos. Quiénes le firmaron el acuerdo fue a cambio de elecciones, y no tienen por qué entrar por la puerta de atrás. . ¿O es que pretenden hacer lo mismo con todos los sectores? ¿Van a hacer lo mismo? Con las instituciones públicas ya sabemos que sí, pero ¿les ha dicho usted lo mismo a los representantes de la construcción, de la hostelería, de la industria, a Comisiones Obreras, a UGT o a CSIF? ¿Les ha dicho que a partir de ahora deciden ustedes por ley quién es representativo y quién no lo es? ¿Les ha dicho que van a decidir ustedes el voto por ellos? Contésteme, señor ministro, ¿este sistema intervencionista es para todos? No queremos pensar que está considerando usted a los agricultores y ganaderos como de segunda y que solo son ellos los que no tendrán derecho a elegir democráticamente a sus representantes. Democracia, señor ministro; democracia, también en el campo. Tienen derecho. Y si ya España ha caído en todos los índices oficiales de democracia, porque ha caído en todos los índices oficiales de democracia ―en alguno hasta catorce puestos; siete, en The Economist―, con esto nos vamos a caer de la tabla. Esto no es democracia. Miren, señorías, no pretendan que seamos cómplices de este engaño masivo y de este desprecio absoluto a nuestra gente del campo. Ni del campo ni de la mar. Bastante tienen con sobrevivir a sus recortes, a sus nulas negociaciones y a su ninguneo constante. Termino, señora presidenta. Llámenme ingenua, pero tenía la esperanza de que se tomaran esta ley en serio, como nos la tomamos nosotros. No ha podido ser. Pero antes de acabar les voy a recordar, en estas fechas, que la alimentación es un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Solo por eso, por los millones de personas, entre ellas muchos niños, que lo están pasando mal en este país y que no merecen una chapuza de este calibre y que se olvide del desperdicio alimentario y de sus necesidades, deberían ustedes replantearse el voto y no apoyar los vetos del Partido Socialista a las mejoras del Partido Popular. Muchas gracias. .

Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano EH Bildu

Señora presidenta, señor ministro, señorías, egun on, buenos días. Pues ni el espíritu navideño ni nada de esto hace que la demagogia se aparque por unos momentos. Acabamos de oír en la intervención de la representante del Partido Popular, y lo hemos oído antes de otro partido de la extrema derecha, todo un muestrario de lo que puede ser la demagogia y de aquello a lo que nos estamos enfrentando durante todos estos años y nos va a tocar enfrentarnos. Esa intervención es muy significativa en cuanto al significado oculto de los verdaderos intereses que tienen en estos momentos. Ha terminado hablando de la representatividad, etcétera. ¡Lo que no les interesa es tener una verdadera representatividad del sector en el Estado! ¡No les interesa que de verdad se afiance la representatividad en las autonomías, que tienen las competencias de agricultura! No les ha interesado hablar nada de cómo han metido el subterfugio por detrás de la precarización en el campo en la contratación laboral. Sus intereses están muy claros: sus intereses están a favor de la gran empresa y para que los que más ganan sigan ganando más, y que la precariedad siga gobernando en el campo. Pero no me voy a despistar más en este sentido. Quiero llamar la atención sobre la importancia que tiene la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. La situación del desperdicio en el mundo es escandalosa. Al año, miles de millones de toneladas de alimentos se convierten en residuos no utilizados, y el desperdicio, fundamentalmente, se está produciendo en el mundo desarrollado, en un mundo que produce alimentos en abundancia y en el que, paradójicamente, sigue habiendo grandes capas de población que no acceden a la alimentación saludable, incluso dentro de nuestros propios países. Ya hace diez años, los países miembros de la ONU se comprometieron, dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, a que para el año 2030 se reduzca a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita: en la venta al por menor, en el nivel de los consumidores, reducir las pérdidas en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. Son muchos los efectos negativos que tiene esta situación: genera impactos sociales, reparto injusto de la alimentación; genera impactos ambientales negativos relacionados con la gestión de los alimentos gestionándolos como simples residuos o con el derroche de todos los recursos que se han venido invirtiendo para la producción de estos alimentos; genera impactos en el cambio climático generando gases de efecto invernadero al producir alimentos que al final son desperdicios, y afecta al ámbito económico, ya que, junto a los alimentos, también se envían a la basura recursos que tienen un coste adicional. Hacer frente a esta situación requiere actuar reduciendo pérdidas allí donde se producen. El 12 % de los alimentos se está perdiendo, se desperdicia en la recogida, en la manipulación, en el almacenamiento; en la etapa del procesamiento, un 5 %, y en la distribución y en la comercialización, un 9 %. Esta ley viene a responder a todas estas fases de la cadena alimentaria en las que se producen los desperdicios de modo significativo, desde la recogida hasta la comercialización. Nuestras enmiendas se han dirigido especialmente a la creación de un marco legal que permita desarrollar programas y normativas a las instituciones correspondientes, con objeto de que se potencien la prevención, la reutilización y la valoración social de las pérdidas. En el debate y trabajo de la ponencia en la propuesta de la ley se han recogido básicamente nuestras enmiendas, pero esta ley, en su recorrido, ha incorporado nuevos elementos a iniciativa del Gobierno que le han dado unos contenidos muy heterogéneos al margen del objeto de la ley. Quiero destacar la normativa de la representación estatal de las organizaciones agrarias, que, a nuestro entender, debiera haberse gestionado en un proyecto de ley diferente y con una dinámica de partida consensuada y participada. Con diálogo, con muchas horas de reuniones y la actitud positiva de las organizaciones agrarias más representativas se ha podido llegar a una normativa mínimamente respetuosa con la pluralidad organizativa, y así se recoge en este dictamen. Hasta aquí todo correcto, pero en el proceso del debate y a propuesta del Partido Popular, que es lo que realmente le interesaba, se ha introducido en el dictamen, con el voto favorable de VOX y, desafortunadamente, de Junts, un elemento que puede suponer una rebaja de los derechos laborales de las personas trabajadoras en las campañas agrícolas. El PP, VOX y desafortunadamente Junts, con la abstención del PNV, han introducido una enmienda a una ley básica, una modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores para que en las campañas agrícolas temporales se pueda aplicar la excepcionalidad de contratación por circunstancias ocasionales e imprevisibles, siendo como son las campañas agrícolas normalmente previsibles. Esto supone que estos trabajadores y estas trabajadoras pueden quedarse sin las condiciones que ofrecen los contratos fijos discontinuos que hasta ahora se estaba intentando que rigieran en estas actividades. Se estaba dando un gran paso en la dignificación de los jornaleros y jornaleras. Hoy, yo pido a Junts y al PNV, se le pido a toda la Cámara, que aprovechen la oportunidad de revertir este error apoyando el voto particular presentado para enmendarlo. Esperamos que así sea. . Pueden estar poniéndose en riesgo los derechos laborales de las y los trabajadores del campo, pero también pueden estar poniendo en riesgo la propia ley. Muchas gracias. .

Isidre Gavin i Valls JxCAT-JUNTS

Gràcies, senyora presidenta. Senyors diputats, senyores diputades... Saludar també les organitzacions que ens acompanyen des de la tribuna, organitzacions agràries, organitzacions de l’àmbit social, que totes elles han fet aportacions importants a tots nosaltres per tal de millorar aquest text. I, per tant, començo el nostre posicionament. D’aquí a uns anys faltaran aliments al món, això ho sap tothom; determinats especialistes diuen que això passarà abans i d’altres diuen que això passarà després. Per això, nosaltres venim aquí sempre a defensar la necessitat de cuidar el sector productor de proximitat de casa nostra — els pescadors, els pagesos, els ramaders. Per cert, senyora portaveu socialista, l’únic que m’esperava escoltar avui aquí és felicitar el ministre pels acords amb la Unió Europea pel tema de la pesca, és l’últim que esperava escoltar jo avui, uns acords que són un desastre. En tot cas, la gran importància de disposar d’aliments per a l’alimentació de la gent, de les persones, i hi ha molt malbaratament. S’han donat xifres; jo no diré les meves, perquè són pràcticament repetitives. Es llencen molts aliments, i això ni és ètic ni és sostenible ni és eficient. S’ha de lluitar contra el malbaratament alimentari, i lluitant contra el malbaratament també lluitem contra la desigualtat i lluitem contra el canvi climàtic. Per tant, cal educar, divulgar, promoure, crear condicions perquè tots els actors, també els usuaris, també les famílies, hi contribueixen. La Generalitat de Catalunya ja té una llei de malbaratament des de l’any 2020 — ja s’ha dit això per un portaveu anterior— i, malgrat això, com que aquesta causa és una causa que requereix actuar amb visió local, però és una causa global, és una causa europea i és una causa global, també té sentit que l’Estat espanyol tingui una llei de malbaratament. De fet, la Unió Europea promou que els estats impulsin la reducció del malbaratament. Bé, per tant, en aquesta llei nosaltres hem intentat amb les nostres esmenes, amb acords... Gracias, señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas. Saludo también a las organizaciones que nos acompañan desde la tribuna, organizaciones agrarias y del ámbito social. Todas ellas han realizado aportaciones importantes para todos, para mejorar este texto. Comienzo con nuestro posicionamiento. Dentro de unos años faltarán alimentos en el mundo, esto lo sabe todo el mundo. Determinados especialistas dicen que esto pasara antes y otros dicen que esto ocurrirá después, por ello nosotros siempre venimos aquí a defender la necesidad de cuidar del sector productor de proximidad, de casa ―los pescadores, agricultores y ganaderos―. Por cierto, señora portavoz socialista, lo último que esperaba era que felicitara al ministro por los acuerdos con la Unión Europea por el tema de la pesca, lo último que esperaba escuchar yo hoy aquí porque esos acuerdos son un desastre. En todo caso, tiene una gran importancia disponer de alimentos para la alimentación de las personas, y hay mucho desperdicio; se han dado cifras, que no voy a repetir, pero sí, desperdiciamos muchos alimentos, y esto no es ético ni es sostenible ni es eficiente. Hay que luchar contra el desperdicio alimentario, y luchando contra el desperdicio también luchamos contra la desigualdad y contra el cambio climático. Por tanto, es necesario educar, divulgar, promover, crear condiciones para que todos los actores, también los usuarios y las familias, contribuyan. La Generalitat de Catalunya tiene ya una ley de desperdicio desde el año 2020, esto ya se ha dicho por parte de una portavoz anterior, y, a pesar de ello, como esta causa requiere actuar con visión local, pero es una causa global, una causa europea, también tiene sentido que el Estado español tenga una ley de desperdicio. De hecho, la Unión Europea promueve que los Estados miembros impulsen la reducción del desperdicio alimentario. Por tanto, en esta ley nosotros hemos intentado con nuestras enmiendas… .

Isidre Gavin i Valls JxCAT-JUNTS

… o amb transaccions que la llei incorpori elements que per nosaltres eren importants. Primer, ens hem assegurat que es respecti la competència de Catalunya i la llei catalana — per entendre’ns, eh?—, que té normativa pròpia, que hi hagi un principi de subsidiarietat — a les esmenes del PNB, per exemple, també s’hi ha fet referència, i hi donarem suport—, i perquè són polítiques que s’han de gestionar des de la proximitat, perquè hi ha elements de polítiques socials, de la producció agrària de proximitat, etcètera. Hem garantit això. Hem intentat un equilibri en algunes votacions entre una burocratització excessiva i la necessitat de que hi hagi, lògicament, normes que impulsin i que potenciïn la reducció d’aquest malbaratament. A totes les lleis ens hauríem de posar al cap la necessitat de reduir la burocràcia i l’excessiva normativització. Un punt prioritari per nosaltres ha estat protegir els petits agricultors d’una normativa que aquest projecte li generava un excés de burocràcia. Però no només el criminalitzava; criminalitzava moltes vegades el petit pagès o el productor de decisions que no li corresponen i que no les controlen. Hi ha collites que el pagès produeix, perquè és la seva feina, però que és la comercialització la que no li compra, la que no li accepta aquell producte, per motius estètics, de vegades, però són decisions que el petit pagès no controla. Hem tret els microempreses, però també les petites empreses agràries d’aquesta burocràcia, com dic, d’aquest control i d’aquesta responsabilitat. Hem aconseguit la prohibició de comercialització de productes d’aprofitament, però que s’excepcionin les entitats del tercer sector social sense ànim de lucre — molt important també. I amb altres acords col·laterals s’han introduït a la llei altres temes que també tenen la seva importància. Primer, el de la representativitat. Efectivament, es volia, a través d’una proposta del ministeri i del Grup Socialista que no agradava a ningú, introduir una situació transitòria per reconèixer organitzacions agràries a nivell de l’Estat que són representatives i que avui no tenen aquest reconeixement. I, al final, els grups petits — ja s’ha citat— ens hem hagut de posar a treballar i dialogar entre nosaltres per buscar una solució de mínims, que no ens acaba de satisfer a tots al cent per cent, però que serveix per evitar aquesta anomalia. I, per cert, senyora del PP, si tant els hi agrada la democràcia al camp, convoquin eleccions a les comunitats autònomes on governen i no les convoquen vostès, que és on s’han de fer les eleccions, al camp, a cada comunitat autònoma, perquè ha de representar la proximitat de la representativitat agrària. També s’ha insistit, s’ha parlat d’aquest tema d’introduir una modificació de la contractació en el tema dels temporers. Nosaltres hem votat a favor — sí, sí, és això, naturalment que sí—, i no per precaritzar ningú. La vida diària i la vida pràctica i la realitat de les coses no es pot gestionar des d’una posició ideològica intransigent. No volem precaritzar ningú, però el sistema de fixos discontinus és un fracàs de burocràcia, de lentitud i de problemes per als pagesos a l’hora de trobar personal, perquè, a més a més, hi ha escassesa de personal i, a més a més, és un personal majoritàriament estranger i molt volàtil, i, per tant, és un sistema que no funciona. No hi ha intenció de precaritzar ningú, però no volem que es mantingui un sistema que, sincerament, no funciona i que és un greu problema per als pagesos. Hem introduït també que es declari l’interès general d’un parell de recs del Pirineu i del Prepirineu que estaven pendents de les compensacions de la construcció del pantà de Rialb fot vint-i-cinc anys enrere, petits recs d’una zona amb despoblació. I tot això són els motius principals que ens han portat a donar suport a aquesta llei. I, en aquest sentit, nosaltres mantindrem el posicionament de les votacions que hem fet, tant respecte d’algunes esmenes concretes com respecte del conjunt de la llei. Moltes gràcies. … o con transacciones que la ley incorpore elementos que para nosotros eran importantes. Primero, nos hemos asegurado el respeto a la competencia de Cataluña ―a la ley catalana, para entendernos―, que tiene normativa propia, que haya un principio de subsidiariedad ―a las enmiendas del PNV, por ejemplo, también se han referido y les daremos apoyo―, porque son políticas que hay que gestionar desde la proximidad, porque hay elementos de políticas sociales, de la producción agraria, de proximidad, etcétera. Hemos garantizado esto. Hemos intentado un equilibrio en algunas votaciones entre una burocratización excesiva y la necesidad de que haya lógicamente normas que impulsen y potencien la reducción de este desperdicio. En todas las leyes deberíamos meternos en la cabeza la necesidad de reducir la burocracia y la excesiva normativización. Un punto prioritario para nosotros es proteger a los pequeños agricultores de un exceso de burocracia que este proyecto generaba para ellos. Pero no solo esto, sino que criminalizaba muchas veces al pequeño agricultor o al productor en cuanto a decisiones que no les corresponden y que no controlan. Hay cosechas que el agricultor produce, porque es su trabajo, pero es la comercialización la que no le compra, la que no le acepta ese producto, a veces por motivos estéticos. Son decisiones que no controlan los pequeños agricultores, las microempresas o las pequeñas empresas agrarias. Esa burocracia, como digo, ese control, esa responsabilidad, hay que tenerlos en cuenta. Hemos conseguido la prohibición de comercialización de productos de aprovechamiento, pero que se excepcionen las entidades del tercer sector social sin ánimo de lucro, muy importante también. En otros acuerdos colaterales se han introducido en la ley otros temas que también tienen su importancia. Primero, el de la representatividad. Efectivamente, se quería, a través de una propuesta del ministerio, del Grupo Socialista, que no gustaba a nadie, introducir una situación transitoria para reconocer organizaciones agrarias a nivel del Estado que son representativas y que hoy no tienen este reconocimiento, y al final los grupos pequeños hemos tenido que empezar a trabajar y debatir entre nosotros para buscar una solución de mínimos que no nos acaba de satisfacer a todos al cien por cien, pero que sirve para evitar esa anomalía. Por cierto, señora del PP, si tanto les gusta la democracia en el campo, convoquen elecciones en las comunidades autónomas donde gobiernan, que no las convocan ustedes y es donde hay que hacer elecciones, en el campo y en cada comunidad autónoma, porque hay que representar la proximidad de la representatividad agraria. También se ha insistido, se ha hablado de este tema de introducir una modificación de la contratación en el tema de los temporeros. Nosotros hemos votado a favor sí, naturalmente que sí y no para precarizar a nadie. La vida diaria, la vida práctica, la realidad de las cosas no se puede gestionar desde una posición ideológica intransigente. No queremos precarizar a nadie, pero el sistema de fijos discontinuos es un fracaso; un fracaso de burocracia, de lentitud y de problemas para los agricultores a la hora de encontrar personal, porque además hay escasez de personal y, además, un personal mayoritariamente extranjero y muy volátil. Por tanto, es un sistema que no funciona. No hay intención de precarizar a nadie, pero no queremos que se mantenga un sistema que, sinceramente, no funciona y que es un grave problema para los agricultores. Hemos introducido también que se declare el interés general de parte de los riegos del Pirineo y Prepirineo. Estamos pendientes de las compensaciones de la construcción del pantano de Rialb desde hace veinticinco años; pequeños riegos en una zona con despoblación. Todos estos son los motivos principales que nos han llevado a dar apoyo a esta ley. En este sentido, nosotros mantendremos el posicionamiento de las votaciones que hemos realizado, tanto respecto de algunas enmiendas concretas como respecto del conjunto de la ley, Muchas gracias.

Luis Planas Puchades

Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera, en primer lugar, agradecer a todos los grupos de la Cámara el trabajo que han efectuado en este proyecto de ley, muy especialmente a la Comisión de Agricultura, a su presidente y a todos los ponentes. Enviamos un proyecto de ley a las Cortes Generales y, sin duda, el trabajo de sus señorías lo ha mejorado. Hay que tener en cuenta, además, que este es un proyecto de ley de un muy alto impacto social, con consecuencias económicas, con consecuencias ambientales y con consecuencias éticas, morales, quiero subrayarlo porque, sin duda, realza su importancia. Finalmente, quiero hacer una mera indicación en reconocimiento del trabajo con sus señorías. El progreso social se escribe en el Boletín Oficial del Estado y sus señorías están contribuyendo a ello. Muchas gracias y Feliz Navidad. .

Félix Bolaños García PSOE

Buenos días, señorías. Subo a esta tribuna por tercera vez para solicitar el voto favorable a un nuevo real decreto ley que tiene que ver con las ayudas que estamos concediendo desde el Gobierno, convalidadas por este Congreso, a los afectados por la DANA. En este caso, pido el voto favorable a la convalidación del Real Decreto Ley 8/2024, de 28 de noviembre. El objetivo es similar al de los dos anteriores reales decretos leyes que convalidó esta Cámara y es, en definitiva, renovar el compromiso, tanto del Gobierno como de esta Cámara, con los municipios y con las personas afectadas por la DANA que sufrió, sobre todo, la Comunidad Valenciana. Se inscribe este real decreto en las dos primeras etapas del plan de respuesta a la catástrofe, la reacción y la reconstrucción, y está compuesto por sesenta medidas. La cantidad de dinero movilizado para este real decreto ley ronda los 2274 millones de euros que, unidos a los 14 000 millones de euros movilizados en los dos reales decretos leyes anteriores, suman un total de más de 16 200 millones de euros movilizados para dar ayudas a las personas afectadas por la DANA. Para que nos hagamos una idea, estos 16 000 millones de euros suponen la mitad del presupuesto anual de la Comunidad Valenciana y en torno al 1 % del PIB de nuestro país. Quiero destacar tres cuestiones con carácter previo a detallar, de manera muy somera, cuál es el contenido de este real decreto ley. Seguimos volcados en solucionar las consecuencias de la catástrofe. La maquinaria del Estado está trabajando sin descanso para dar respuesta a la ciudadanía afectada y no ha parado de hacerlo en ningún momento desde el 28 de octubre, cuando se produjo la tragedia. Estamos ante una situación muy excepcional, con un fenómeno meteorológico que, según los modelos de la AEMET, es el más violento de los últimos dos mil años en nuestro país y, por tanto, ante una situación excepcional damos respuestas extraordinarias. El contenido del real decreto se divide — o así lo voy a hacer, mejor dicho, en esta exposición— en tres áreas de actuación: la primera, el parque móvil; la segunda, tejido productivo, y, la tercera, ciudadanía afectada. Volvemos a actuar sobre las condiciones de vida de la ciudadanía, sus viviendas, sus trabajos, sus vehículos con los que desplazarse y libros de texto para los estudiantes, así como con ayudas para las empresas y la industria y su actividad productiva. Respecto al primero de los bloques, el parque móvil, dirigimos unas medidas que están pensadas para renovar y comprar vehículos que se perdieron como consecuencia de la DANA. En la zona en la que se produjo la catástrofe hay muchos ciudadanos que perdieron sus vehículos, sus furgonetas y sus motocicletas, imprescindible para su vida y su día a día. La catástrofe fue especialmente virulenta con el parque móvil. Dio igual que el vehículo estuviera en el garaje o en la calle: se han perdido todos los vehículos de la zona más afectada, la zona cero, por la DANA. Estamos hablando de que en torno a 120 000 vehículos, coches, motos, furgonetas y camiones afectados ―insisto en que fue irrelevante que estuvieran en la calle o en el garaje― y de que casi en su totalidad han sido siniestro total. Por eso, este real decreto incluye el Plan Reinicia Auto+ para la adquisición de vehículos nuevos o seminuevos que puedan sustituir a los que fueron destruidos durante la catástrofe. La dotación inicial de este plan ―podría ampliarse― es de 465 millones de euros, de tal manera que los ciudadanos que necesiten una ayuda podrán recibir 10 000 euros de ayuda directa, sin tener que devolverlos en ningún caso. El segundo bloque es el de medidas destinadas a revitalizar el tejido productivo, es decir, aborda la recuperación y el relanzamiento de la actividad económica. Superar los estragos de la DANA solo será posible cuando se recuperen las capacidades productiva, económica, industrial, turística y comercial de la zona. Para ello lanzamos tres iniciativas. La primera, el Plan Reinicia+, destinado a financiar a las pymes afectadas, para la inversión industrial productiva, y a las empresas turísticas, con una dotación de 1200 millones de euros, dirigidos a renovación de maquinaria, equipos, instalaciones o stock de productos. La segunda iniciativa es una línea de avales del ICO, creada por el primer real decreto ley, dotada con hasta 240 millones de euros, que se completan con otros 240 millones de euros para autónomos y empresas con el fin de garantizar una financiación que sea adecuada. Y la tercera iniciativa para modernizar el tejido productivo es la apertura de una línea de préstamos de 300 millones de euros, también para pymes, con el fin de que puedan adquirir tecnología y maquinaria de última generación. El tercero de los bloques al que quiero referirme es el de las medidas destinadas a la ciudadanía, a las personas físicas afectadas. Es la parte del escudo social que incluye este real decreto ley. Según los últimos datos del paro de la Comunidad Valenciana, los ERTE han conseguido amortiguar el impacto de la DANA sobre el desempleo, protegiendo de manera eficaz a los trabajadores afectados. Sin embargo, también consideramos que se pueden tomar medidas adicionales en este real decreto ley a las que ya tenían los dos decretos leyes anteriores. En primer lugar, en materia de empleo se introducen algunas modificaciones para incluir, por ejemplo, la protección de los trabajadores frente a fenómenos atmosféricos como la DANA; se reconoce un permiso retribuido de hasta cuatro días por imposibilidad de acudir al centro de trabajo por limitaciones de desplazamiento o riesgo grave e inminente; también se establece el derecho del comité de empresa a ser informado de las medidas en caso de activación de alertas por catástrofes. En segundo lugar, se atiende a las personas con discapacidad con 3 millones de euros, de tal manera que se puedan sufragar obras que estén destinadas a reconstruir infraestructuras de accesibilidad. En tercer lugar, se responde a las necesidades de los niños y las niñas en edad escolar, destinando 19 millones de euros para la adquisición de libros de texto, material didáctico o de estudios. Y, en cuarto lugar, también se reservan 4 millones de euros para la reparación de instalaciones deportivas, en una cuantía muy similar a la que se incluye en el decreto para el sector de la música, las artes escénicas y visuales. Por último, permítanme que también haga una referencia a medidas de carácter procesal que tienen que ver con la tramitación de los procedimientos judiciales que están en curso, porque también desde Justicia hemos incluido disposiciones para una tramitación preferente de determinados procedimientos judiciales que tengan que ver con los afectados de la DANA. En el orden civil, las acciones que tengan como fundamento los daños causados por este fenómeno tendrán tramitación preferente, así como, en el orden social, los procesos por despidos o extinción de contratos por causas económicas, cuando se realicen por empresas beneficiarias de las ayudas de la DANA. Voy concluyendo. El informe que estoy presentando sobre el impacto de la catástrofe es difícilmente superable. La memoria de las víctimas siempre nos acompañará y, desde luego, permanecerá en el recuerdo, en especial esas personas que han fallecido y algunas que todavía están desaparecidas. Las recordamos con todo nuestro afecto y todo nuestro cariño. . Después de una tragedia de estas características, a las Administraciones públicas, a esta Cámara, al Gobierno de España, al Gobierno de la Generalitat y a los distintos ayuntamientos solo nos queda aminorar, en la medida de lo posible, el impacto material y permitir cuanto antes que los ciudadanos recuperen sus condiciones de vida y su modo de vida habitual. Por eso, y lo digo con orgullo, creo que hemos estado a la altura, que han estado todos ustedes a la altura, excepto un grupo parlamentario. Apoyar estas ayudas es lo que nos pide la ciudadanía, la gente, sobre todo los afectados por esta catástrofe. Por tanto, solicito su apoyo para este real decreto ley. Es para lo que estamos aquí, para dar ayudas y tratar de acompañar y proteger a aquellas personas que lo pasan peor. Gracias. Buenos días. .

Javier Sánchez Serna SUMAR

Gracias, presidenta. Hoy el Gobierno vuelve a traer un real decreto con medidas complementarias para hacer frente a los daños producidos por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre. . En nuestro grupo apoyamos, como saben, que se movilicen todos los recursos del Estado para prestar ayuda a los afectados y las afectadas. En este nuevo paquete encontramos subvenciones dirigidas a la renovación y compra de vehículos, préstamos a interés cero para nuevos proyectos de interés industrial y medidas en el ámbito societario para flexibilizar la aprobación de cuentas anuales. Pero quizá la medida a la que se la ha dado mal bombo es al nuevo permiso laboral ante catástrofes climáticas. Son medidas que pueden ser correctas, pero, a nuestro modo de ver, siguen siendo insuficientes. El pasado 29 de octubre vimos algo tremendo, vimos a un presidente de la Generalitat, el señor Mazón, que no envió las alertas de la AEMET para no comprometer intereses económicos ese fin de semana. También vimos que empresas como Mercadona o Amazon mantuvieron a sus trabajadores en los puestos de trabajo y en las furgonetas de transporte, a pesar de los riesgos manifiestos. Desde nuestro punto de vista, si tuviéramos un Estado social digno de tal nombre, un Estado donde el poder democrático y el poder político prevalecieran sobre el poder económico, esas empresas estarían siendo ya inspeccionadas por Trabajo y recibiendo sanciones ejemplares por poner la vida de los trabajadores en grave peligro. En lugar de eso, parece que nos tenemos que conformar con un nuevo permiso laboral ante una catástrofe climática. Es decir, Juan Roig puede despedir a sus trabajadores por comerse una croqueta caducada, pero el Gobierno no puede multar a Juan Roig por enviar a sus repartidores a la muerte en el peor momento de la DANA, repartidores que, además, en algún momento tuvieron que ser rescatados por los servicios de emergencias, aunque la máxima prioridad de algunos fuera tapar el logotipo de Mercadona de los vehículos siniestrados. ¿Saben qué es lo peor, señorías del Gobierno? Lo peor es la sensación de debilidad que dan ustedes y su incapacidad para poner en su sitio a estos capitalistas sin escrúpulos. Entenderán por qué los trabajadores y las trabajadoras de este país no están muy entusiasmados. Señorías del Gobierno, se lo vamos a decir una vez más y las veces que haga falta: por muchos decretos que ustedes traigan a este hemiciclo, aquí hay un error de partida, y es haber dejado el mando de la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA en manos de un negligente y de un gestor homicida como el señor Mazón. Ustedes dirán que es lo único que se podía hacer, aunque, en privado, algunos reconocieran que se podía haber aprobado el estado de alarma y que el mando único por parte del Gobierno de España era una opción factible. La realidad es que en este país se ha aplicado el 155 por poner urnas, pero frente a la peor gestión homicida que se recuerda, como la del señor Mazón, no se puede hacer nada. La semana pasada el arzobispo de Valencia pedía en una misa, no un funeral de Estado, que Partido Popular y Partido Socialista dejaran de lado sus diferencias y gobernaran juntos la reconstrucción. Bueno, a su modo, el arzobispo sintetizaba bien el espíritu bipartidista. El bipartidismo en esta crisis ha decidido arroparse y taparse ante la peor catástrofe climática y su gestión vergonzante. Por eso, el Grupo Socialista se negó a apoyar la comisión de investigación presentada por Podemos y por otros grupos y, por eso, el Grupo Socialista también vota a favor de los presupuestos del Partido Popular en la Diputación de Valencia. Ustedes, en la gestión bipartidista de esta DANA, han coincidido con el Partido Popular en algo fundamental: el mercado no se toca y no se pueden adoptar medidas para frenar la especulación. Como decíamos la semana pasada, detrás de cada desgracia suelen aparecer los buitres, y en esta ocasión no podía ser menos. Los vecinos y las vecinas de Valencia se están quejando de que los precios de alimentos, alquileres y vehículos están subiendo de forma desorbitada. Muchas familias desplazadas por los daños de sus viviendas se han visto obligadas a buscar alojamiento temporal, y en un mercado de la vivienda que sabemos que no tiene regulación alguna esto ha derivado en un aumento generalizado de los precios del alquiler, especialmente en localidades como Alfafar, Picaña y Aldaia donde las viviendas disponibles son limitadas y los rentistas han decidido elevar los precios. Otro de los sectores donde algunos quieren hacer su agosto en pleno invierno es el de los vehículos de segunda mano, los vehículos de ocasión. Tras la inundación de numerosos vehículos en la región, la demanda de coches, lógicamente, ha aumentado, pero con ello también la especulación, llegando a subir el precio de algunos vehículos de ocasión más de 1500 euros. Este real decreto plantea, por ejemplo, el Plan Reinicia Auto, da 465 millones de euros para la adquisición de un vehículo nuevo o de segunda mano por quien haya perdido su coche, pero ¿de qué sirven estas ayudas si no hay un control de precios? ¿A dónde va finalmente ese dinero? Miren, de un Gobierno progresista se espera que, al menos, se atreva a intervenir el mercado en situaciones de catástrofe sobrevenida, pero parece que no. Ya les hemos planteado muchas veces en Podemos que se atrevan a intervenir el mercado de la vivienda en este caso, cancelando hipotecas y limitando alquileres para afectados, y que se atrevan a perseguir la especulación que se practica en muchos municipios afectados con la alimentación o los transportes de segunda mano. Hasta ahora no hemos tenido éxito: ustedes han preferido adoptar medidas que no molesten demasiado a Juan Roig ni a los rentistas ni a los que quieren, como digo, hacer su agosto en pleno invierno. Pero el problema, señorías del Gobierno, es que estas medidas poco van a ayudar a la gente que no puede llegar a fin de mes, que no puede pagar un alquiler o a la que le está costando llenar la cesta de la compra. Por nuestra parte nada más. Muchas gracias.

Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea EAJ-PNV

Gracias, presidente. Beno ez naz luzatuko. Eusko Alderdi Jeltzaleak behin baino gehiagotan esan baitu danak kaltetutakoei laguntzeko ekarriko diran dekretu guztiak babestuko duguzala. No me extenderé demasiado. El PNV ha dicho más de una vez que debemos ayudar a los afectados por la DANA y que aprobaremos todos los decretos a favor de ello. El Partido Nacionalista, como ya dijimos en varias ocasiones, va a apoyar todas aquellas medidas y todos los decretos que vayan encaminados a ayudar a todas las personas afectadas por la DANA. Así que hoy convalidaremos el tercer real decreto ley que se adopta para aprobar las medidas para paliar los daños acaecidos por la DANA en Valencia y otros lugares, en el marco del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento. Si nos atenemos a los datos objetivos de la DANA, número de personas fallecidas, afectadas, extensión y valoración de daños, necesidades perentorias de reparación y reconstrucción del tejido socioeconómico, etcétera, se ponen de manifiesto la magnitud de la catástrofe y la urgencia de seguir adoptando medidas de reparación y recuperación. Esta nueva batería de medidas complementa las anteriores. Se concentra en medidas para hogares, parque automovilístico y tejido productivo y eleva a más de 16 600 millones de euros los recursos movilizados por el Gobierno estatal, que esperemos estén llegando o lleguen a su destino en la mayor brevedad posible. Nos llaman la atención dos medidas de este decreto. Respecto a las ayudas para la reposición de vehículos, es profusa la justificación que realiza el decreto ley, a diferencia del resto de ayudas. Con relación a estas ayudas para la reposición de vehículos, para la actividad directa del Estado respecto a la ciudadanía o las empresas, incluso para la recuperación del tejido socioeconómico tras una emergencia, se requeriría su justificación en un título competencial concreto, porque resulta dudoso que la reposición de un número determinado de vehículos dañados en determinadas localidades geográficas resulte determinante en la ordenación del sector económico a nivel nacional, a los efectos de la aplicación del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, al que el Gobierno se acoge. Igualmente, resulta dudoso que la gestión centralizada por el Estado sea la única forma de garantía para quienes su coche se haya visto dañado por la eventualidad de que algunos no residentes en las localidades afectadas estuvieran circunstancialmente allí. Por otro lado, nos llama la atención la regulación de los llamados mediáticamente permisos climáticos de la disposición final segunda del decreto ley, que pueden resultar convenientes, incluso convincentes, pero con una más matizada redacción. Desde luego, no se trata de una medida para paliar las consecuencias de la DANA y facilitar la recuperación de las localidades afectadas y su tejido socioeconómico. Consideramos que el texto, en este sentido, no cumple con las expectativas de dotar a las empresas y personas trabajadoras de un permiso con reglas claras, lo que puede dar lugar a problemas de interpretación y litigiosidad de forma innecesaria. Es una redacción cuyas inconcreciones estriban en una clara falta de determinación del supuesto de fuerza mayor impeditiva de la asistencia al trabajo y de la determinación de la naturaleza y procedencia de los avisos, órdenes o recomendaciones. A nuestro juicio, estos avisos y recomendaciones de los servicios meteorológicos no justifican este permiso, ni por su naturaleza, puesto que es una mera recomendación ―no impide ni física ni legalmente transitar y acudir al centro de trabajo―, ni por el órgano que la difunde, pues carece de potestad para ordenar medidas restrictivas a la población. En definitiva, consideramos que el presupuesto del permiso debe ser la existencia de órdenes vinculantes de las autoridades competentes en materia de protección civil, autonómicas o estatales, en los supuestos contemplados en la legislación de emergencias y protección civil y en alertas por fenómenos meteorológicos adversos de carácter grave, que supongan ―eso sí― impedimento para acudir al centro de trabajo o transitar por las vías públicas que dan acceso a dicho centro de trabajo. Por todo ello, solicitaremos que este decreto se tramite como proyecto de ley a fin de poder enmendar o mejorar estas cuestiones y, en su caso, añadir nuevas medidas o mejorar las existentes. Horregatik dekretu lege dekretu hau lege proiektu gisa edo mora izapidetzea eskatuko dugu gai hau zuzentzeko eta lan bat dagokion neurri berrian sartzeko edota dagozanak hobetzeko, beraz, dekretuaren alde bozkatuko dugu. Por ello, queremos presentar este real decreto ley como proyecto de ley para poder corregir y, si fuese necesario, incluir nuevas medidas o mejorar las actuales, por lo que votaremos a favor.

Mertxe Aizpurua Arzallus EH Bildu

Eskerrik asko presidente jauna. Egun on. Danak Valentzian eragindako kalteak zertxobait leuntzeko beste dekretu bat dugu eztabaidagai. Aurreko bietan bezela gure baietza emango diegu gaurko bozketan kaltetutako pertsona guztientzat beharrezko neurri sozial, ekonomiko eta laborala jasotzen dituelako. Behin baino gehiagoetan esan dugu, neurri hauek danaren ondorioen eraginpean dauden pertsonen babes soziala handitzeko neurriak dira baina etorkizunera begira ere baliagarriak dira, izan ere, ezinbestekoa iruditzen zaigu antzeko egoera eta hondamendiei aurre egiteko pausuak ematen jarraitzea bide honetan. Eta bai, etorkizunean ere antzeko egoerei aurre egin beharko diegu berriro. Ez dezagun ahaztu hau. Espero dezagun hurrengoan hobeto prestatuta egotea honi aurre egiteko. Eta aurretik esana dut hitzak soberan daudela presazko neurri sakonak eta ekintzak behar dituztenentzat. Horregatik gaurko hitzartzea probestu nahi dugu Valentziako herriari eta kaltetutako pertsonei gure babes, laguntza, laguntza eta elkartasuna berresteko. Gure esku dagoen guztia egiteko gure konpromisoa eta sostengua zuek eta gaur ere horrela egingo dugu dekretu hau onartuta. Gogorazi nahi dugu laguntza jasotzeaz gain, Valentziako herritarrek ez dutela gertatutakoa ahaztu eta zain jarraitzen dutela ordezkari politikoek dagozkien ardurak euren gain har dezaten. Erantzuzkizun politikorik ez duelako inork hartu oraindik. Valentziako herritarrek bizi duten ezinegona beraz ezin da normalizatu eta ezin da ahaztu ere. Litekeena da alderdi popularreko norbaitek pentsatzea denboraren poderioz jendeak gertatutakoa ahaztea. Pentsatzea Valentziak bizitakoa beste eztabiada batzuekin estali daitekeela baina zaila dirudi Valentziako herritarrek jasandakoa ahaztea eta hondamendiaren erantzuleak ahaztea. Denok hunkituta jarraitzen dugu danak Valentzian eragin dituen kalteengatik, eta hildakoengatik. Hondamendi naturalak saihestea gure esku ez dago eta hau gure esku ez badago ere prebentzio lanak egitea legeak behartzen duen bezela eta aldaketa klimatikoari seriotasunez eta ausardiaz aurre egitea bada ordezkari eta erakundeon ardura. Fokua prebentzio lanetan jartzea ezinbestekoa iruditzen zaigu zer egin behar ez den ikustarazteko eta uholde arriskua duten zonaldeetan etxebizitza gehiago ez eraikitzeko. Valentziako danak gogoarazi digulako aurrean dugun etorkizun ziurgabea gaurkoa erabaki politikoen araberakoa izango dela. Beraz, joka dezagun erantzukizunez. Hondamendia, ezbeharra, zorigaitza, desastrea, desmasia, penagarria, tamalgarria, hainbat hitz erabil ditzazkegu Valentzian gertatutakoaz aritzeko. Eta hala ere, guztiak motz geratuko lirateke. Eta kuriosoa bada ere, hitz horiek ez dute balio soilik naturaren erasoaz hitz egiteko. Erantzukizunak bete ez dituen ordezkari politiko baten gabeziez hitz egiteko ere balio dute. Bereziki hiru arazo nagusi batu baitira Valentziako hondamendian. Klima aldaketaren hondarraldia, hirigintza plan irrazional eta zentzugabea eta hondamendiaren kudeaketan, hondamendiaren kudeaketa kaltegarria eta negargarria. Gaurko dekretua onartuta pausu bat gehiago emango dugu kaltetutako pertsonak laguntzeko. Natura errespetatzeko kolpatu gaitzaketen gertaeren aurrean neurriak hartzeko. Besterik ez. Mila esker. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Hoy debatimos otro decreto para mitigar, en cierta medida, los daños causados por la DANA en Valencia. Como en las dos ocasiones anteriores, daremos nuestro sí en esta votación del día de hoy, porque este decreto recoge las medidas sociales, económicas y laborales necesarias para las personas afectadas. Ya lo hemos dicho varias veces: estas medidas pretenden aumentar la protección social de las personas afectadas por las consecuencias de la DANA, pero también son válidas y útiles de cara al futuro. De hecho, nos parece imprescindible seguir dando pasos en este camino para hacer frente a situaciones y catástrofes similares, porque, sí, efectivamente, en el futuro tendremos que hacer frente de nuevo a situaciones similares, no lo olvidemos. Esperemos que la próxima vez estemos mejor preparados y preparadas para afrontarlo. Ya he dicho previamente que las palabras sobran para aquellas personas que necesitan medidas urgentes. Por ello, quiero utilizar esta intervención para demostrar nuestro apoyo y protección a la ciudadanía valenciana. Haremos todo lo necesario, y queremos expresar nuestro compromiso por ello, por lo que también aceptaremos este decreto el día de hoy. Queremos recordar que, además de recibir ayuda, la ciudadanía valenciana no olvida lo sucedido y está esperando todavía que los representantes políticos se encarguen de sus responsabilidades, porque hasta hoy no se han tomado esas responsabilidades. La inquietud que vive la ciudadanía valenciana no debe ser normalizada ni olvidada. Es posible que alguien del PP piense que con el tiempo la gente va a olvidar lo que ha pasado en Valencia. Pueden pensar que se puede ocultar lo que se ha vivido en Valencia tras otros debates, pero parece difícil que los valencianos y las valencianas se olviden de lo sufrido y olviden también a los responsables. Todos y todas seguimos conmocionadas por los daños y víctimas mortales que la DANA ha causado en Valencia. Aunque no esté en nuestras manos evitar desastres naturales, sí es nuestra responsabilidad hacer labores de prevención, tal y como nos obliga la ley, y afrontar el cambio climático con seriedad y valentía, porque es responsabilidad de los representantes y las instituciones. Prestar mayor atención a las labores de prevención nos parece imprescindible para visibilizar lo que no se debe hacer. Entre otros aspectos, debemos evitar la construcción de más viviendas en zonas inundables, porque la DANA de Valencia nos ha recordado que el futuro incierto que tenemos por delante dependerá de las decisiones políticas que tomemos; así que actuemos con responsabilidad. Desastre, siniestro, desgracia, desdicha, penoso, lamentable, podemos utilizar varias palabras para hablar de lo ocurrido en Valencia y, sin embargo, todas ellas se quedarían cortas. Por curioso que parezca, estas palabras no solo sirven para hablar de este ataque de la naturaleza, sirven también para hablar de las carencias de un representante político que no ha cumplido con sus responsabilidades, en especial porque se han unido tres grandes problemas en la situación valenciana: en primer lugar, el ataque del cambio climático; en segundo lugar, un plano urbanístico irracional y disparatado, y, en tercer lugar, una dañina y nefasta gestión del desastre. Con la aprobación del decreto de hoy daremos un paso más para ayudar a las personas afectadas, respetar la naturaleza y tomar medidas ante hechos que nos puedan afectar. Nada más. Muchas gracias.

Nahuel González López SUMAR

Gracias, presidente. Buenos días, señorías. La semana que viene se cumplen dos meses de la terrible catástrofe que asoló al pueblo valenciano, dos meses que parecen eternos para cientos de miles de familias que han perdido a sus seres queridos, bienes materiales, barrios, calles y pueblos enteros, dos meses en los que se ha visto quién ha estado a la altura y quién no, quién aporta soluciones y quiénes son cómplices de una tragedia que podría haberse minimizado con una gestión responsable desde el primer momento. Hoy el Gobierno trae a este hemiciclo el tercer decreto ley para convalidar ayudas que afectan a sectores muy importantes y medidas que mejoran la gestión de este tipo de emergencias. Esto nos lleva a reflexionar: ¿qué esperan de nosotros y nosotras las personas afectadas? Tuve la suerte de poder defender aquí el primer decreto y pedir unidad en las ayudas y contundencia en las responsabilidades. Un mes después, siento que algunos siguen sin entender la dimensión de la tragedia. El Real Decreto Ley 8/2024 responde a la emergencia causada por la DANA con medidas urgentes enfocadas a la reconstrucción y el relanzamiento económico y social de las zonas afectadas, con una movilización de 16 000 millones, que se suman a las otras que ya hemos ido convalidando en este hemiciclo. Entre las medidas destacadas se encuentran ayudas específicas para estudiantes, sectores culturales, deportivos y personas con discapacidad afectadas; un programa para la adquisición de nuevos vehículos; financiación para pymes, autónomos y pequeños empresarios; líneas especiales para turismo, industria y comercio internacional, con buenas condiciones; extensión de plazos para proyectos de eficiencia energética y digitalización del ciclo del agua, adaptándolos a las nuevas circunstancias; garantías de que las empresas y personas afectadas puedan recuperarse sin trabas legales. En definitiva, son más medidas para volver pronto a algo parecido a la normalidad en las zonas afectadas. Quiero destacar una medida muy importante impulsada por el Ministerio de Trabajo y la vicepresidenta Yolanda Díaz: el decreto climático que protege y consolida los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en caso de catástrofe. A pesar de que ya existen medidas legales ―señor Javier Sánchez, se lo digo desde el compañerismo― y cientos de expedientes a empresas que han incumplido en materia laboral durante la emergencia, con este permiso climático se consolidan y se reivindica que en tiempo de crisis la vida humana está por encima de todo beneficio económico, permitiendo permisos y derechos. . Porque, cuando la naturaleza golpea, no podemos pedir a los trabajadores y las trabajadoras que arriesguen su vida para mantener la rueda del capital girando. Esto es una línea roja en la protección laboral. Nosotros estamos aquí para tomar decisiones que impactan directamente en la vida de las personas. Nuestro compromiso debe ser con cada trabajador y cada familia que han sufrido las consecuencias de la DANA, así como con la prevención de las futuras catástrofes climáticas, que lamentablemente, por el cambio climático, van a seguir viniendo. Esta medida es una declaración de guerra contra la explotación y la desidia: basta ya de que el beneficio empresarial se construya sobre el riesgo de los trabajadores y las trabajadoras. Señorías, hay que decirlo claramente: no permitiremos que ningún beneficio se alimente del riesgo de quienes producen y generan beneficios. El trabajo, como dijo un filósofo alemán, es la fuente de toda riqueza y toda cultura, pero ¿qué riqueza es esa si se construye sobre la inseguridad y el sufrimiento? El capital no puede ni debe beneficiarse de la tragedia humana. Este decreto es una fortaleza para nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Es una declaración de que, en emergencias como la DANA, el beneficio no justifica el sacrificio de la seguridad y la dignidad laboral. Señorías del Partido Popular, vamos a hablar claro. Mazón esperó hasta las ocho para lanzar la alerta roja, no porque no supiera qué hacer, sino porque estaba más preocupado por terminar su comilona en un reservado. En las cabezas de su bancada, señorías del Grupo Popular, pesa más bajar la persiana de un Mercadona que el riesgo de que el agua suba cinco metros. . Señorías del Grupo Popular, ustedes son de esas personas que, si cae un meteorito, se ponen una serie de Netflix y piden la cena en Uber. Pero el problema no es solo que carezcan de empatía, sino que es político. Su modelo de sociedad pone la lógica del mercado por encima de la vida misma. Permiten que un trabajador pierda su empleo por no poder llegar a su puesto tras la DANA, porque para ustedes ya no es un autómata productivo. Nosotros militamos en unas siglas que tienen otro ideal y apoyamos y celebramos un Gobierno que está al servicio de la gente trabajadora y pone por delante la vida y no la hipoteca del tercer chalé. Por eso, celebramos y apoyamos cada decreto que proteja a los trabajadores ante cualquier riesgo. Lo hicimos con la reforma laboral, subiendo el salario mínimo interprofesional y mejorando las condiciones materiales de vida de la mayoría trabajadora, a la que ustedes dan la espalda. Y, señorías de VOX, ¿cómo pueden tener la vergüenza de votar en contra de conceder ayudas a las personas afectadas por la DANA que lo han perdido todo? Y no me vengan con hipocresías. Yo estuve allí, soy de allí y siempre estaré con el sufrimiento del pueblo. ¿Cómo pueden venir luego a Valencia cuando han votado en contra de mejoras y de decretos para las personas afectadas? . ¿No tienen vergüenza? Desde nuestro grupo parlamentario seguiremos trabajando por dos cosas: que estas ayudas sean efectivas lo antes posible y que se investigue hasta las últimas consecuencias quiénes fueron los responsables de esta catástrofe. Por eso apoyamos la comisión de investigación para que se esclarezca qué pasó. Y, señorías del PP, les debería dar vergüenza seguir teniendo a Mazón al frente del Gobierno valenciano tras esta tragedia. He tenido la suerte de gestionar emergencias con el Gobierno del Botànic, y he visto lo que es un Gobierno comprometido con una emergencia local o autonómica. Lo que hemos presenciado esta semana supera todo, la falta de responsabilidad, de empatía y de capacidad de gestión. Com és possible que a dia de hui, senyors del Partit Popular, senyories valencianes del Partit Popular, encara hi hagen centenars d’estudiants a Catarroja que no tenen un lloc on anar a estudiar. Com pot ser això? I no tenen vergonya! Com pot ser que la Conselleria d’Educació no estiga a l’altura i estiguen deixant tirats a milers i a centenars de famílies ara mateixa? Si vostès tingueren algo de vergonya, hui ací, en este hemicicle, demanarien la dimissió del senyor Mazón i estarien a l’altura. Des d’Esquerra Unida i des de Sumar ho tenim clar: volem dimissions i un govern autonòmic responsable que estiga a l’altura de la tragèdia. Senyories, hui el nostre grup parlamentari estarà amb les ajudes, estarà amb els decrets que van a aplegar, a millorar la vida de la gent. I vostès on estaran hui, ahir i demà? Gràcies. ¿Cómo es posible que, a día de hoy, señores del Partido Popular, señorías valencianas del Partido Popular, haya todavía centenares de estudiantes en Catarroja que no tienen un lugar donde ir a estudiar? ¿Cómo puede ser esto, que no tengan este lugar? ¿Cómo puede ser esto? ¡Y no tienen vergüenza! ¿Cómo puede ser que la Consejería de Educación no esté a la altura y esté dejando tiradas a centenares de miles de familias ahora mismo? Si tienen vergüenza, aquí, en este hemiciclo, pedirían la dimisión de Mazón y estarían a la altura. Desde Esquerra Unida lo tenemos claro, queremos un Gobierno autonómico responsable que esté a la altura de la tragedia. Señorías, hoy quiero decir que nuestro grupo parlamentario estaremos ahí, a la altura, con los decretos que van a mejorar la vida de la gente. ¿Ustedes dónde estarán hoy, mañana y dónde estuvieron ayer? Gracias. .

Carlos Flores Juberías VOX

Señor González, así que su grupo parlamentario está con los valencianos… Pues veo muy mermados los escaños de su grupo parlamentario. Casi casi casi tan mermados y tan aburridos como el señor ministro a la hora de presentar su tercer paquete de ayudas para la Comunidad Valenciana. Sirvan mis primeras palabras desde esta tribuna para saciar la curiosidad y para responder a la pregunta con la que hace exactamente siete días el portavoz del Grupo Socialista abría su intervención en loa del segundo paquete de medidas para las víctimas de la DANA. Se preguntaba el señor Rallo, después de haber escuchado a mi compañero, el señor Figaredo, si es que VOX no tenía diputados valencianos que pudieran subir a esta tribuna para hacer la tarea que él estaba haciendo. ¿Cómo no los van a tener? Si somos el tercer partido de la comunidad, ustedes el segundo, nosotros el tercero. Por supuesto que los tenemos, y el portavoz socialista lo sabe. Lo que tal vez no sepa es que cualquiera de los integrantes de mi grupo, vengan de Almería o de Asturias, representen a Málaga o a Madrid están tan capacitados, tan motivados y tan comprometidos para defender los intereses de los valencianos como los que fuimos elegidos por Alicante, Castellón o Valencia. . Y aún le diré otra cosa más que seguramente no querrá saber, que codo con codo con estos diputados hay cientos, no, miles de jóvenes tan motivados, tan capacitados y tan comprometidos con el pueblo valenciano como para abandonar sus hogares cada fin de semana, llegar hasta cualquiera de los municipios de nuestra comunidad, partirse el lomo sacando barro de los garajes y retornar a su casa el domingo por la noche sin esperar más recompensa que la incomprensión, cuando no el desprecio, de quienes, como ustedes, se atreven a pontificar desde la comodidad de sus escaños que el verdadero patriotismo es pagar el IVA cuando te tomas una cocacola o pagar el impuesto de sucesiones cuando heredas la casa de tus padres, y que esperan que el barro de las calles de Paiporta se vaya solo. Porque si ni ayudan a los que intentan hacerlo ni valoran a quienes lo hacen gratuita y voluntariamente, explíquenme ustedes cómo piensan que se evapore ese lodo. Pero vayamos a lo que nos ocupa esta mañana, que no es otra cosa que la convalidación o no del Real Decreto 8/2024. Reconozco que su lectura se me ha hecho bastante cuesta arriba, pero no porque me aburra leer textos normativos de casi cien páginas ―tratándose de ayudas para mi gente, ojalá hubiesen sido doscientas―, sino porque me ha puesto de nuevo ante la evidencia de que ni siquiera cuando lo urgente es remediar la más devastadora tragedia que hemos sufrido los españoles en décadas es capaz este Gobierno de dejar de hacer proselitismo de su ideología y propaganda de sus políticas. Introducen ustedes un nuevo tipo de permiso laboral por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación por situaciones de riesgo grave e inminente, y no se les ocurre mejor chorrada que bautizarlo como ‘permiso climático’. No pasa un solo día sin que los medios se hagan eco del clamor popular de que las ayudas no llegan. Pregúntenle a Quique, fotógrafo de Alfafar, que acaba de reabrir su tienda gracias, dice él, a las ayudas de la Fundación Alcem-se y de la Orden de Malta mientras que las públicas están todavía por llegar. . Y llenan la exposición de su decreto ley con loas a la eficacia de su Gobierno. Son ustedes, señor ministro, el ejemplo más acabado de esa peculiar especie de córvidos que no son capaces de esperar ni a la conclusión de un funeral para arrimarse a la viuda del difunto, este todavía caliente en su cuerpo, y susurrarle al oído la mejor manera de sacar partido de la herencia, en este caso, partido político de la herencia. He dicho ayudas, hablemos de ayudas. Por ejemplo, de las destinadas a la adquisición de nuevos vehículos por los titulares de los siniestrados por la DANA que constituyen la medida estrella, por lo menos la única que es a fondo perdido y no vamos a tener que devolver, y una de las más esperadas por los valencianos. Sin ir más lejos, mi amigo Vicente, vecino de Paiporta, que perdió su coche y el de su esposa y que tiene la necesidad ineludible de comprarse, al menos, un nuevo vehículo. Él me pidió consejo acerca de qué hacer y yo, señor Bolaños, me comprometí a preguntarle a usted, que es ministro de tres cosas, pero seguro que sabe de muchas. Mire, las opciones de mi amigo Vicente son cuatro. La primera es comprarle el coche a su amigo Carlos, que lleva tiempo pensando en cambiar de vehículo y que tendría la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro: se cambia de coche y le hace un favor a un amigo, y que además se lo dejaría bien de precio: 5000 euros. La segunda es buscarse algo en el mercado de segunda mano. Los precios andan disparados y con la DANA se han disparado todavía más, pero acaba de encontrar una cosa interesante en un concesionario, una ganga: cuatro años de antigüedad, apenas 100 000 kilómetros, 10 000 euros. La tercera, claro está, es ir a lo seguro y comprarse un coche nuevo, un híbrido o un gasolina, con todas las etiquetas ECO habidas y por haber, aunque bien es cierto que la cosa le saldría por 20 000 euros. Y la cuarta ―de perdidos al río, y perdónenme la broma― sería pedirse para Reyes un eléctrico de último modelo, con el que impresionaría a sus amigos y haría feliz a la nueva ministra de Transición Ecológica, pero que no bajaría de 50 000 euros más IVA. ¿Qué le aconsejaría usted, señor Bolaños, hacer a mi amigo Vicente? No es menester que suba a la tribuna para contestarme porque ya ha contestado a esa pregunta. Lo ha hecho a través del Boletín Oficial del Estado. En su decreto ley anexos 1 y 10 nos lo explica: por comprar un vehículo usado de particular a particular, la ayuda ofrecida por su Gobierno es de cero euros. Por comprar un vehículo usado de más de tres años de antigüedad, la ayuda ofrecida por su Gobierno es cero euros. . Por comprar un vehículo nuevo de combustión la ayuda es de 5000 euros. Y si compras un eléctrico viene Papá Noel en su trineo tirado por Rudolf y te deja 10 000 euros. En otras palabras, este Gobierno, que se dice obrero, le pondrá 10 000 euros de dinero público en el bolsillo a quien mañana se gaste los 63 747 euros que vale un Mercedes EQA nuevo de trinca, y le dará una palmadita en la espalda y mucho ánimo a quien no pueda gastarse más que 5000 en un Seat Ibiza de segunda mano. Es decir, este Gobierno, que se dice obrero, ha cambiado la fórmula de que paguen más quienes más tienen por la fórmula de que cobren más quienes más gasten. . Porque no nos engañemos, incluso en mitad de la tragedia, la principal preocupación de este Gobierno sigue siendo la de hacer caja. Calculen cuanto pagará de IVA quien se compre un eléctrico de 50 000 euros y cuánto pagará quien se haga con un gasoil de 5000, y verán como todo empieza a encajar. Y no me digan, por favor, que el vehículo eléctrico es el futuro, porque será entonces cuando empezaré a preocuparme. ¿Qué hubiera pasado en Valencia si la mayor parte de los coches arrasados hubieran sido eléctricos? Cito: «Si el agua logra acceder a la batería de alta tensión a los sistemas de control del motor eléctrico, se pueden generar fallos eléctricos graves que podrían desencadenar incendios o explosiones debido a las reacciones químicas de las baterías de litio». La información proviene de La Sexta.

Carlos Flores Juberías VOX

Así que, si quiere usted multarles, múlteles a ellos por difundir bulos. Y si cree que es verdad, actúen en consecuencia. Concluyo. VOX valora positivamente que en este decreto se incluyan medidas de sentido común, algunas de las cuales ya habían venido siendo reclamadas con insistencia por este grupo parlamentario. Vemos con buenos ojos las moratorias y ampliaciones de plazo en programas.

Carlos Flores Juberías VOX

Termino. Vemos con buenos ojos las ayudas destinadas al tratamiento de vehículos. Vemos con buenos ojos las ayudas destinadas al sector cultural…

Carlos Flores Juberías VOX

… aunque destinar un millón a bandas de música en una comunidad en donde cada pueblo tiene una o dos es una miseria, pero aun así el voto de nuestro grupo será un voto negativo. .

Vicent Manuel Sarrià Morell PSOE

Gracias, señor presidente. Señorías, señor Flores, de córvidos y vultúridos ustedes entienden bastante. . Dicho esto, lo primero es señalar lo obvio. Los efectos de la catástrofe por la DANA en Valencia son de una magnitud desconocida en nuestra historia reciente. A los 223 muertos hay que sumar alrededor de cien mil hogares, treinta mil empresas y cuatrocientos mil trabajadores afectados. Son cifras que, sin duda, ilustran, junto a la destrucción de infraestructuras públicas y privadas, el enorme reto de reconstrucción que tenemos por delante, una reconstrucción que sin duda sabemos también que no será sencilla, que exigirá muchos recursos, demandará eficacia, agilidad y coordinación entre todas las administraciones del Estado y, por qué no decirlo también, lealtad. Sabemos también que será necesario ir adaptándola en su desarrollo e ir implementando las medidas económicas y sociales conforme avancemos en ella. El Gobierno de España activó desde el primer momento un plan de respuesta inmediata de reconstrucción y de relanzamiento que a día de hoy ya ha movilizado más de 16 000 millones de euros. Lo urgente en el primer momento era atender la emergencia, reforzar la protección social de los afectados, de los trabajadores, recuperar en la medida de lo posible la normalidad y sentar las bases para la recuperación del tejido productivo. Los reales decretos 6/2024, de 5 de noviembre, y 7/2024, de 11 de noviembre, ya convalidados, respondían a esa primera reacción, que se traducía en más de 14 000 millones de euros en ayudas urgentes para reforzar el escudo social y reactivar el tejido productivo, 110 medidas en el ámbito energético, en la protección de los consumidores, en el ámbito tributario, en materia agraria, en vivienda, en medidas laborales de protección del empleo, en medidas para recuperar la movilidad y reconstruir infraestructuras, en el ámbito educativo y cultural. El real decreto que hoy trae el Gobierno para su convalidación supone 2274 millones de euros adicionales en nuevas ayudas, créditos y facilidades legales, con tres objetivos que ha detallado el ministro: ayudar a la ciudadanía y a la recuperación de los hogares afectados, facilitar la recuperación del parque móvil destruido e incentivar la reactivación del tejido productivo. Todo ello a través de medidas que el ministro ya ha detallado, pero que quiero destacar: líneas destinadas a facilitar la liquidez en el cobro de ayudas, como el anticipo del 50 % de estas, que es la primera vez que se hace, mediante una declaración responsable; otras destinadas a facilitar la tramitación en Correos o en la Agencia Tributaria, a la vez que se amplían las ayudas por fallecimiento o daños en viviendas, que en esta ocasión se cuadruplican respecto a situaciones anteriores; el Plan Reinicia Auto, con ayudas de hasta 10 000 euros no reembolsables y compatibles con las indemnizaciones del Consorcio de Seguros; el plan Reinicia+, con 1200 millones de euros para autónomos y empresas con financiación no reembolsable y la que es reembolsable con créditos al interés cero ―señores del Partido Popular―, u otras destinadas a aumentar la protección de trabajadores y autónomos para la recuperación de infraestructuras deportivas o culturales. A día de hoy, para los que dicen que las ayudas no llegan, se han abonado ya alrededor de 600 millones de euros en ayudas directas que no se devuelven, 600 millones de euros. Y a todo ello hay que sumar el Plan de empleo para los municipios afectados de 500 millones de euros, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, o los 700 millones para que la Generalitat pueda atender el gasto extraordinario derivado de la DANA. . Es, pues, incuestionable el compromiso y el esfuerzo sin precedentes que el Gobierno está haciendo con los valencianos, como lo es la voluntad de seguir haciéndolo hasta completar la reconstrucción. Sin embargo, no puedo dejar de referirme al PP que, a pesar de votar a favor de los reales decretos, ha decidido seguir con su estrategia habitual, tanto desde el Gobierno de la Generalitat como aquí mismo. Desde el minuto cero han dedicado todo su esfuerzo, hasta llegar al ridículo, a negar la realidad y derivar sus responsabilidades en la gestión de la emergencia a todos menos quienes tenían la responsabilidad, que era el president Mazón y su Gobierno. . Ayer el diputado De Rosa ―por cierto, conseller de Justicia en la Generalitat con Francisco Camps y, por tanto, conocedor del procedimiento de emergencias en la Generalitat Valenciana― se permitió descargar en la delegada del Gobierno la responsabilidad de la tragedia, sin mencionar ni una sola vez a la Generalitat, como si no existiera. . Debe ser que añora el tiempo de los gobernadores civiles de otras épocas. Ya firmarían ustedes para que el señor Mazón o la señora Pradas, la titular de emergencia en el Consell en el momento de la tragedia, hubiesen tenido una pizca, una miqueta ―que es diu en valencià―, de la profesionalidad y la responsabilidad que demostró esta delegada, Pilar Bernabé, aquel día y en los cincuenta que lo han sucedido. . He de reconocer que no deja nunca de sorprenderme la desfachatez con la que escenifican sus relatos alternativos basados en bulos y mentiras, y no sé por qué me sorprende, porque forma parte de su dilatada experiencia, en especial cuando se trata de tapar sus vergüenzas en hechos luctuosos, como el Prestige, el 11M, el JAK43 o el accidente del metro de Valencia. Es la estrategia del calamar, tapar con tinta de bulo la ineptitud e incompetencia del señor Mazón y el PP valenciano. Es inmoral e intolerable que mientan y confundan a una ciudadanía afectada que lo que necesita son certezas de sus responsables, información fidedigna y esperanza en recuperar sus vidas. Decir, como ha dicho el señor Mazón y han repetido ustedes, que las ayudas hay que devolverlas y solo son créditos con intereses no solo es mentira, sino que es una irresponsabilidad de quien debería ser el primer interesado en no desincentivar a la ciudadanía afectada para acogerse a un amplio abanico de ayudas del Gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que las de la Generalitat son bastante escasas. Por una vez se lo pido por favor ―y con esto acabo―, piensen en la gente y no en el relato, tengan un mínimo de decencia y de responsabilidad, de lealtad institucional; no por el Gobierno, háganlo por las víctimas. Muchas gracias. .

Juan Bravo Baena PP

Muchas gracias, señor vicepresidente. Empezaré, como no puede ser de otra manera, con el reconocimiento de lo que el presidente Feijóo ya les trasladó, y es el voto favorable para cualquier decreto ley que tenga como finalidad ayudar a todos aquellos que han sufrido la DANA, sin género de dudas. . Me gustaría también poner en valor que el Gobierno en estos reales decretos leyes no ha incorporado ningún tema intruso, con alguna pequeña excepción, ha respetado que sean ayudas por la DANA, y eso también hay que ponerlo en valor. Dicho esto, me permitiría, señor vicepresidente, pedirle si pueden retirar lo que dijo el señor de Podemos, que ya creo que no está aquí, en relación con el señor Mazón, al que llamó gestor homicida. Miren, si me lo permiten, el señor Mazón, con sus aciertos y sus errores ―como él ha dicho― estuvo al lado de su majestad el rey en todo momento, en los momentos más complicados. . Ha pedido disculpas públicamente y ha vinculado su futuro a la reconstrucción. Yo, del portavoz del Grupo Socialista, no he oído ninguna disculpa ni ninguna asunción de errores. Pero, bueno, entremos en lo que es la intervención. Si me lo permiten, planteo tres temas: Cincuenta y un días y las ayudas no llegan, las ayudas de los vehículos y propuestas. Cincuenta y un días y las ayudas no llegan. Simplifiquemos. Mire, sé que puedo parecer muy intenso con la simplificación, con la reducción de trabas, pero es lo que hace falta. El propio señor Bolaños ha hablado de aminorar o de facilitar. El señor Bolaños me criticaba el otro día, con razón, y decía: No has dado datos. Y es verdad que llevaba los datos y, por una cuestión de tiempo, no los di, pero me parece que lo podemos hacer hoy con datos de ustedes, de la Moncloa. A 18 de diciembre: ayudas por daños materiales y personales, de más de 28 000 solicitudes han pagado 815, el 3 %. La ayuda para las familias de los fallecidos, de 231 fallecidos han pagado a cuatro personas, menos del 2 %. El Consorcio de Compensación de Seguros, de 3500 millones ha pagado 323, el 9 %. ¿De verdad que es para presumir? . Las ayudas no llegan; cincuenta y un días y las ayudas no llegan. . Miren, vamos a coger el mejor dato que tienen: ayudas a las empresas y autónomos. ¿Saben cuánto han pagado? De 838, 261, el 31 %. ¿Sabe quién lo paga? Vamos atrás. ¿Qué les dijimos que hicieran ustedes, que pagase quién? La Agencia Tributaria. ¿Y cómo? De manera automática. La mejor ayuda que tienen es la que está pagando la Agencia Tributaria. ¿Por qué no nos hacen caso? ¿Por qué no nos copian? ¿Por qué no aplican lo que nosotros les proponemos? Repito, cincuenta y un días y las ayudas no llegan. Fíjense, les hablé de la agricultura el otro día. Desde el 12 de noviembre, el segundo real decreto, a hoy todavía no se puede pedir la ayuda para la reposición de la maquinaria agrícola. ¡Todavía! Ha pasado más de un mes y tienen 7500 zonas agrícolas que ya saben que tienen que recibir la ayuda y no la cobrarán hasta febrero. Cincuenta y un días y las ayudas no llegan. . Sí, señor Bolaños, no se preocupe, no pasa nada, lo entiendo. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. Fíjese, la semana pasada les hablábamos de los centros de atención para los animales, hasta 30 000 euros, de una manera general. En este decreto ley también hay una medida de esas para entidades culturales; no 30 000, sino 300 000 euros. Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de España, 300 000 euros. Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana, 300 000 euros. Unión de Artistas Contemporáneos de España, 300 000 euros. Federación Valenciana de la Industria Musical, 300 000 euros. ¡Si les hace falta ayuda, se la damos sin pedirla! ¡Pero si eso es lo que proponemos! ¡Pero hagan lo mismo con los autónomos, con los empresarios, con los profesionales, con los que sufren la ayuda! ¡Si es lo mismo, es lo mismo! . Miren, tienen un artículo en El País (muestra un recorte de prensa) de una señora, Ana, que voluntariamente dedica su tiempo. Y ¿sabe lo que nos dice, señor Bolaños? Nos dice a las Administraciones: Oiga, cuando entro a pedir la ayuda tardamos casi una hora, la gente tiene muchas dificultades, la aplicación informática se queda colgada; no llega. De verdad, eso es lo que dicen en El País personas anónimas. Lo tiene aquí, lo pueden ver, 16 de diciembre. Y nos dice también que una persona que ha perdido su vivienda y que solamente quedan los pilares no ha cobrado la ayuda de 72 000 euros, que la tiene que pedir. Pero, como dice esa mujer: ¡Pero si pueden ir y visitarla; la casa no existe! Ustedes tienen el IBI, paguemos los 72 000 euros. A eso nos referimos con cincuenta y un días y las ayudas no llegan. Y, fíjese, le voy a dar también algún apunte de su real decreto ley. En el real decreto ley hay unas ayudas para los estudiantes de hasta 600 euros para material escolar. Estamos de acuerdo totalmente, pero, fíjese, le piden dos cosas. En primer lugar, que esté cursando estudios; la Administración lo conoce. Y, en segundo lugar, lo que piden es que esté en una vivienda afectada. ¡Eso lo conocen ustedes! ¿para qué lo tiene que pedir? . Fíjese, frente a la frase de ‘si necesitan más recursos, que los pidan’, se lo pueden pagar automáticamente. . Vamos a la ayuda para los vehículos, si les parece. En la ayuda para los vehículos, señor Bolaños, lo primero es que llega más de un mes más tarde de que haya pasado todo esto, pero ha llegado. Le dijo el presidente Feijóo desde esta tribuna: Van a ganar dinero, ustedes van a poner 465 ―ha dicho, de momento, por ser literal― y van a recaudar aproximadamente más de 500 millones con el IVA. Pero, además, ustedes no han dicho que por las ayudas que van a dar, las familias tienen que pagar el impuesto de la renta; o sea, ustedes van a cobrar, aproximadamente, 90 millones más de IRPF por los que cobren la ayuda. Yo creo que eso no es lo que usted está buscando. Yo estoy convencido de que usted no está de acuerdo con eso. Le pido que lo revisen. Desde la cordialidad que estamos intentando en el debate, revísenlo. Le hago alguna propuesta más. Han puesto hasta el 15 de enero. Creo que no va a dar tiempo a que todo el mundo pueda comprar un coche antes del 15 de enero. . En segundo lugar, las motocicletas; la L1 y L2, las que son de 49 centímetros cúbicos y llegan hasta los 50 kilómetros/hora, no las han incluido. Inclúyanlas, que hay mucha gente. En tercer lugar, déjelo exento. Y, por último, la tramitación. Yo sé que usted está convencido de la simplificación, señor Bolaños. Pues ¿sabe cuántos requisitos piden? Quince, señor Bolaños, quince papeleos para los coches. Le voy a decir algunos que podemos quitar, para ver si le sirve: copia de la ficha técnica del vehículo, la tiene la Administración; copia del permiso de circulación de la Dirección General de Tráfico, lo tiene la Administración; copia de la tarjeta de la Inspección Técnica, la tiene la Administración; copia del vehículo siniestrado, lo tenemos en la Administración; número de reclamación ante el Consorcio de Seguros, lo tenemos en la Administración. Le piden hasta los que tienen movilidad reducida. ¡Pero si eso lo tenemos en la Administración! Cree un grupo y reduzca, que de verdad que se puede hacer, que lo podemos conseguir. . Y ya entro en el último apartado. Como en todo y como usted nos pidió, creo que estamos siendo leales en ese trabajo conjunto. Nos pedía propuestas y yo la semana pasada le pedía la posibilidad de poder votar y hoy vamos a poder votar algunas ayudas para Valencia. Yo no le pedí su voto, pero hoy, si me lo permite, sí que se lo voy a pedir. Usted va a tener el tercer voto para los valencianos, y yo le pido el voto para los valencianos. En segundo lugar, en Valencia, lo que lleva el real decreto ley son 700 millones, pero para endeudarse más. Se lo dije la semana pasada, hagamos la condonación aquí. Para que esa deuda que se genere en Valencia derivada de la DANA, no sea deuda para los valencianos. De verdad que va a encontrar el apoyo. En cuanto a las ayudas, señor Bolaños. Fíjese, el 1 % es lo que ustedes ponen a fondo perdido…

Juan Bravo Baena PP

Voy finalizando, un minuto, como el resto. Gracias. La Generalitat hoy mismo acaba de anunciar 250 millones más, para llegar hasta 950, en proporción del presupuesto un 4 %. Reconozcámoslo, tiene aquí el listado, porque el otro día me decía que no sabía cuáles eran, por si lo necesita. . Y ya con esto finalizo. Mire, proyecto de futuro, trabajemos junto a ustedes, la oposición, la Generalitat, el ayuntamiento, la diputación. Si usted y yo mañana tuviésemos un negocio en Valencia tendríamos muchas dudas en cuanto al futuro, así que intentemos una cosa, hagamos un proyecto a diez años que dé la seguridad a todos los valencianos de que se va a realizar gobierne quien gobierne. Y, eso, usted y yo nos lo llevaremos seguro de por vida por haber trabajado por los demás. Confío en su palabra. Muchas gracias. .

Félix Bolaños García PSOE

Buenos días, señorías, de nuevo. Subo a la tribuna para agradecer a todos los grupos parlamentarios, excepto a la ultraderecha, porque han afirmado que van a votar favorablemente a este real decreto ley. Se lo agradezco en nombre del Gobierno. Creo que los ciudadanos valencianos y las ciudadanas valencianas es lo que nos piden, que haya un tercer real decreto ley de ayudas que, en total, importen 16 000 millones de euros. Quiero también agradecer a todos los grupos las distintas propuestas que han trasladado al Gobierno para incluir en los decretos leyes. Y quiero agradecer expresamente al señor Bravo las propuestas que también nos hicieron; muchas de ellas ya son hoy legislación y ya están en los decretos leyes. Quiero también aclarar a este respecto algunas de las cuestiones que se han dicho en esta tribuna sobre que las ayudas no llegan. Me parece que es bastante obvio que las ayudas están llegando, y voy a dar cifras que son exactas, que son concretas, de las distintas partidas para que ustedes tengan esa información y, por tanto, no repitamos que las ayudas no llegan. Lo cierto y verdad es que ya se han desembolsado, en concepto de ayudas, 600 millones de euros, 600 millones de euros. En concreto, el Consorcio de Compensación de Seguros ha aumentado ya a un 92 % el número de solicitudes que están en tramitación, y ya ha desembolsado 323 millones de euros a veinticinco mil personas; 323 millones de euros, veinticinco mil personas. . De las ayudas de Hacienda a los autónomos y a las empresas, se ha tramitado ya el 77 % y se han abonado 261 millones de euros. . Es una información que tenemos ya los grupos. Se han desembolsado en ayudas directas los anticipos reintegrables por importe de 16 millones de euros para ayudas a las viviendas y ayudas a los enseres. Esta cantidad a ustedes les parecerá baja, pero realmente los anticipos reintegrables ―que ha sido una de las medidas que más puede agilizar la recepción de esas ayudas por parte de los afectados― no se están pidiendo en un número elevado. Creemos que es porque ―ya digo que el 50 % de las ayudas se abonan directamente sin necesidad de más trámite— ha habido mucha desinformación en el sentido de que se les ha dicho a los afectados por la DANA que esas ayudas luego tendrían que devolverlas o que incluso tendrían que devolverlas con intereses. Quiero dejar bien claro que eso es falso, rotundamente falso. Los anticipos no se han de devolver. Por tanto, el número de ayudas que se está solicitando es más bajo del inicialmente previsto. Y el importe que ya se ha pagado son los 16 millones de euros que estamos diciendo. Me gustaría aprovechar esta intervención en la tribuna para decir a los afectados que han de pedir los anticipos de las ayudas para cobrar inmediatamente la mitad de las ayudas a las que tienen derecho. Por tanto, seamos todos medianamente responsables y contemos a los ciudadanos que están afectados cuál es la realidad de estas ayudas. Continúo. De las solicitudes de ayuda por cese de actividad, el 70 % han sido ya concedidas y aprobadas. Por tanto, hay 3300 autónomos y trabajadores que ya se han beneficiado de esa ayuda al cese actividad, y más de 9000 personas se han beneficiado ya directamente por los incrementos en el importe del ingreso mínimo vital que aprobamos en virtud de los decretos leyes. Por último, hay 2825 empresas que se encuentran en ERTE, que están beneficiando también ya a más de 30 000 personas. Es decir, el número de beneficiarios se cuenta por miles. Sumando todas las ayudas que les he dicho, son 600 millones ya desembolsados, ya en el bolsillo de los afectados por la DANA. Sin duda, podemos seguir aportando y seguirá ampliándose el número de tramitaciones que se van aprobando. Seamos todos responsables y expliquemos a los ciudadanos que tienen derecho a estas ayudas, que tienen derecho al anticipo, que toda esa desinformación que en algún momento se ha generado respecto a que había que devolver las ayudas, que había que devolver con intereses, toda esa desinformación no se corresponde con la realidad. Por tanto, al igual que les agradezco ―y lo hago de antemano― que apoyen este decreto ley, que lo necesitan los valencianos, también les agradezco de antemano que sean ustedes responsables, que contemos la realidad de las cosas, que las ayudas están llegando y que también es posible que tengan anticipos reintegrables que ―imagínense― agilizan toda la ayuda a la que tienen derecho los ciudadanos valencianos. Termino ya. Gracias de corazón por apoyar el decreto ley. Gracias a todos los grupos que lo van a hacer, excepto uno de esta Cámara. Espero que los ciudadanos de Valencia sean conscientes de la importancia del voto favorable que ustedes hoy van a dar a este decreto ley. Gracias. .

Martina Velarde Gómez SUMAR

Muchas gracias, presidente. Señorías, ministro, estamos aquí ante el veto aprobado por el Senado. Nos ha preguntado mucha gente por esta cuestión y yo quiero ser muy honesta y muy clara en este punto. Nuestro pacto para aprobar esta ley con el Gobierno se basó en dos cuestiones: una, que tenía que ver con la especialización de la justicia ―con eso queremos decir que los juzgados de Violencia sobre la Mujer asumiesen las competencias de todas las víctimas de violencias sexuales―; y una segunda: que con los votos de Podemos no se iba a legitimar ningún desahucio. Esas dos condiciones eran clarísimas. La primera, la especialización de la justicia, la hemos conseguido después de muchísimas negociaciones con el Ministerio de Justicia. Gracias a ello se va a garantizar el acceso a la justicia de todas las víctimas de violencias sexuales en cumplimiento de la ley del solo sí es sí. Ya lo hemos dicho muchas veces: si queremos que las mujeres víctimas de violencia machista vean una puerta de salida de la violencia, la justicia tiene que estar especializada. Gracias a ese acuerdo se va a hacer efectivo el derecho a la justicia gratuita para todas las víctimas de violencias sexuales. Además, en un plazo máximo de nueve meses los juzgados de Violencia sobre la Mujer y la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer asumirán las competencias en violencias sexuales. Este es un compromiso muy importante, porque la ley del solo sí es sí ya obligaba a esta especialización judicial, sin embargo, tenía un año para entrar en vigor, por lo que llevamos un año de retraso acumulado. La implementación de estas medidas es absolutamente imprescindible para asegurar el acceso a la justicia de las víctimas de violencias sexuales. Estamos muy contentas y muy satisfechas de haber conseguido esto y agradecemos al ministro y al ministerio su disposición. Había una segunda condición que puso Podemos y no solo en esta legislatura, sino también cuando formamos parte del Gobierno en la anterior, donde fui ponente de esta misma ley. Entonces también nos opusimos categóricamente a que dentro de la ley se tramitasen enmiendas que tienen que ver con la vivienda o con los desahucios. Esto no es objeto de la ley, lo dijimos en su momento, en la legislatura pasada; por eso, básicamente la ley no salió adelante. Fue una batalla muy dura para que esas enmiendas se retirasen. Voy a recordar una cosa. Esta es una ley de materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia que, como su nombre indica, es una ley que organiza la justicia para que sea más eficaz. Por lo tanto, no tenía ningún sentido que hubiese enmiendas con respecto a la vivienda y los desahucios en una ley como esta, de cuestiones de procedimiento. Es una ley que están esperando los operadores jurídicos ―lo sabemos―, pero también los administrados de justicia desde hace muchísimo tiempo. Además, como he dicho otras veces, siendo abogada sé perfectamente que cuando la justicia es lenta, no es eficaz y no es eficiente, la justicia no es justa. Por eso, esta ley es muy necesaria y nosotras lo entendemos así. El sistema de justicia de nuestro país está sufriendo desde hace décadas esas insuficiencias que son ya estructurales. Todos y todas teníamos la tarea de que el funcionamiento de este servicio público fuese eficiente, eficaz y, sobre todo, justo para la ciudadanía. Eso es de lo que se trataba, y me refiero al objeto de la ley: eficiencia y eficacia de la justicia. Eso es lo único que teníamos que haber trabajado, pero, una vez más, en esta legislatura se presentaron enmiendas sobre desahucios y otras relacionadas con la vivienda, esta vez por parte del Grupo Nacionalista Vasco, que retiró varias enmiendas y dejó dos vivas. Ya lo dijimos en su momento, no son objeto de la ley. Modifican la Ley sobre Propiedad Horizontal, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dos de ellas eran orgánicas. Aunque retiraron algunas, pues, se dejaron otras enmiendas. El Gobierno nunca nos debería haber traído hasta aquí, a este Pleno, para votar esas enmiendas. El Gobierno tenía que haber vetado esas enmiendas antes de que llegasen a la comisión, porque no son objeto ni materia de esta ley. Hoy no estaríamos aquí. Pero también tengo que decir que esta enmienda no salió adelante en la Comisión de Justicia y por eso no estaba incorporada en el dictamen. La enmienda que se aprobó en Pleno no estaba incorporada en el dictamen, por eso llega aquí viva y se vota aquí en el Pleno. ERC y Bildu votaron a favor de esa enmienda y, evidentemente, con el apoyo del Grupo Popular salió adelante. Votaron por error, y ya se incorporó a la ley, eso sí, aquí en Pleno. Y nos encontramos con esta situación. Por eso, lo único que podemos decir desde Podemos es que, al final, siempre tiene que ser Podemos quien dé la batalla, quien esté negociando durante semanas con el ministerio para que se revierta esta situación que, desde luego, no es nuestra responsabilidad. Porque nosotros hemos cumplido con los acuerdos a los que llegamos con el Gobierno, nosotros hemos votado en contra de esa enmienda en comisión, y también en Pleno, y, sin embargo, ahora está incorporada en el texto. Al final, Podemos es quien tiene siempre que intentar resolver el problema y quien siempre tiene que velar por garantizar los derechos de todos y de todas. Al final, es Podemos quien está preocupado por que con nuestros votos no se legitime ningún desahucio. Siempre hemos dicho — y con esto voy a terminar— que con los votos de nuestra organización política, de Podemos, no vamos a recortar derechos y tampoco vamos a legitimar desahucios, como está ocurriendo en este momento. Nada más. Seguiremos trabajando siempre, hasta el último momento, para que nuestros votos nunca sirvan, como digo, para recortar derechos ni para legitimar desahucios. Muchas gracias.

Jon Iñarritu García EH Bildu

Egun on. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, hoy llega aquí este veto del Senado, que hay que decir que no nos pilla de sorpresa. Teniendo en cuenta cuál es hoy en día la mayoría en el Senado y cuál es la práctica política que está llevando a cabo el Partido Popular, no hay ninguna sorpresa. Nosotros nos mantenemos en lo que dijimos hace ya unas semanas. Creemos que la ley es una ley compleja. Es cierto que ha venido precedida de una negociación muy acelerada, debido a los tiempos marcados por exigencias europeas, pero más allá de la complejidad de esta ley ‘de 3 en 1’, creemos que el acuerdo es satisfactorio. Se avanza en la solución de contenciosos, en la protección integral de la infancia y la adolescencia y, de igual forma, en relación con la planta judicial. En Euskal Herria Bildu propusimos una serie de enmiendas, y es cierto que en aquellas de tipo organizativo no llegamos a grandes acuerdos; esperamos, en el futuro, poder llegar a ellos. Pero vimos con satisfacción que, a partir de una enmienda aprobada conjuntamente con una transaccional con el Grupo Nacionalista Vasco, logramos reducir la temporalidad del empleo público del servicio de la justicia, dando mayor estabilidad profesional a trabajadores y trabajadoras, y también que se reconozca la importancia de una lengua cooficial como es el euskera, para que los empleados y empleadas de la justicia tengan que tener el conocimiento de ambos idiomas cooficiales en la Comunidad Autónoma vasca. Ello supone dar un paso más en su normalización y que cualquier ciudadano que acuda a estos servicios pueda ser atendido en cualquiera de los dos idiomas cooficiales de la Comunidad Autónoma vasca. Es cierto que, de igual forma, no se llegó a un acuerdo en todo lo que tenía que ver con los mutualistas. Creemos que es una asignatura pendiente que debe ser resuelta cuanto antes. En cambio, se dio un paso positivo en la derogación de las golden visa. Creemos que era algo justo y de sentido común. Comentaba la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra en relación con una enmienda que se aprobó — y es cierto— que errare humanum est. Errar es de humanos, y nosotros desde Euskal Herria Bildu pedimos disculpas a la ciudadanía porque nos confundimos en la votación de una enmienda. Eso llevó a que se aprobara una enmienda que no tenía nada que ver con esta ley, pero fue Euskal Herria Bildu — junto a otro grupo parlamentario— quien se confundió. Los grupos que apoyan al Gobierno en este caso votaron bien. ¿Qué ocurre? Que, desde el primer día — no porque nadie tenga que salvar a nadie—, hablando con los partidos del Gobierno, estamos intentando revertirlo, para marcar un calendario y que, próximamente, en una nueva proposición legislativa, podamos corregir ese error. Con base en esa enmienda, se agilizan los juicios en los allanamientos de morada y en las usurpaciones. En lo relativo a los allanamientos de morada, no tenemos nada que decir; creemos que es positivo que se proteja a las víctimas de esa situación. En relación con las usurpaciones, esto es, a la okupación de edificios abandonados, sin uso, creemos que la prioridad, en un momento de crisis habitacional, debe ser proteger a esas personas hasta que se les den alternativas. Hay que ver cuáles son los perfiles que se encuentran en esa situación, no hay que hacer caso a los bulos o a las campañas publicitarias de las empresas de alarmas — hay algún diputado y algún grupo que parece representante de esas empresas de alarmas—, a esos grupos de ultras y matones que se dedican a ir amenazando, fuera de la ley, a personas que se encuentran en esa situación, o a algún grupo que se sienta representante también de lobbies bancarios o de fondos buitre. Aquí la prioridad debe ser dar protección a las personas que se encuentran inmersas en una crisis habitacional. Lo dicho: desde el primer día, estamos trabajando con los partidos que apoyan al Gobierno y con el Gobierno para revertir esa situación. Yo creo que hay una mayoría representada por los partidos progresistas y los partidos que apoyan al Gobierno que podrá dar una solución de sentido común a la situación que se creó con la aprobación de esa enmienda. Para acabar, creemos que la ley es satisfactoria, que cubre numerosos asuntos que necesitan de una respuesta rápida y urgente, y, por ello, la apoyamos y no entenderíamos de ninguna manera que se fuera por la vía — de una forma u otra, con cualquiera de las excusas— de apoyar lo aprobado por el Grupo Popular en el Senado. Sin más, muchas gracias. Les deseo a todos y a todas unas felices fiestas. Feliz Navidad. Gabon zoriontsuak. Gracias.

Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

President, senyories, senyor ministre... Com hem dit repetidament, la proposta del Govern per millorar l’eficiència en el servei públic de justícia no és la nostra proposta. La pretensió era millorar el funcionament en aquest servei de justícia suprimint els jutjats unipersonals i agilitzar els procediments eliminant retards innecessaris. Considerem que queda enfosquida, perquè tot apunta que anem cap a una indesitjable administrativització de la justícia, cap a una justícia més formalitzada i allunyada dels justiciables, dels ciutadans i de les seves necessitats. Els col·legis d’advocats ja han advertit dels perjudicis de la digitalització, de les videoconferències i del canvi en l’organització judicial que comportarà per a la presencialitat i la inmediació dels judicis. No volem una eficiència corporativa en interès només de jutges, de [#01.39] i de funcionaris; volem una eficiència que no sigui la de la millora del servei públic de justícia només per a aquests òrgans, per a aquests components del servei de justícia, sinó que també ho sigui per als ciutadans i per a tots els professionals de la justícia. Volem una llei que sigui eficient per resoldre els conflictes de la societat. Sobra Administració i falta una justícia propera als ciutadans. Per això, des del primer moment hem dit que calia retornar la llei a la societat, a la realitat territorial i lingüística, per exemple, fent que la llei reconegui les competències autonòmiques o afavorint que els procuradors passin a ser més cooperadors de l’Administració de justícia i puguin realitzar actuacions materials, per exemple, en l’execució de sentències. També hem aconseguit que finalment es creï el partit judicial de Sant Cugat. Però sobretot — sobretot—, com hem dit repetidament, la nostra línia vermella ha estat el manteniment de la justícia de pau com a òrgans judicials efectius i plenament integrats al poder judicial, i ho hem aconseguit. La justícia de pau es manté, la competència de Catalunya en justícia de pau no es toca, els jutges de pau no es toquen, les competències judicials dels 898 jutges de pau catalans no es toquen. En la tramitació d’aquesta llei, hi insisteixo, el nostre esforç ha estat per acostar la llei, massa corporativista i allunyada de la realitat, a un model de justícia proper als ciutadans i respectuós amb el territori. Senyories, hi ha un tòpic que he sentit dir aquí alguna vegada i que és fals, o que almenys s’ha demostrat fals en aquesta tramitació legislativa: és allò de que la pressió fa diamants. És mentida, perquè les presses i la pressió no fan diamants, i menys en una tramitació legislativa tan complexa com la que ens ocupa. Centrant-nos en el servei de justícia, aquesta reforma s’ha deixat algunes coses en el tinter i m’interessa ara posar-les sobre la taula. En primer lloc, l’obligatorietat del coneixement de les llengües cooficials per part del personal de justícia, per part de jutges i magistrats i per part dels lletrats de l’Administració i els funcionaris de Justícia. En segon lloc, l’estabilització dels funcionaris i dels lletrats de l’Administració de justícia, que en el cas de Catalunya i de la resta de territoris amb llengües pròpies passa també per l’establiment d’un cupo, d’una reserva de llocs de funcionaris amb coneixement de la llengua. En tercer lloc, ha quedat en el tinter també la promoció d’un quart torn i l’estabilització dels jutges i fiscals substituts. S’ha fet un primer intent, però cal fer un pas més. En quart lloc, caldria revertir l’eliminació de les entitats especialitzades en la realització forçosa dels béns resultants dels procediments judicials. Creiem que ha estat un error eliminar aquesta opció que hi havia ara en la realització dels béns i creiem que s’ha de revertir. En cinquè lloc, ha quedat també en el tinter la justícia de proximitat a Barcelona. I, finalment, caldrà esmenar també alguns oblits en la recuperació dels jutges de pau, especialment en la celebració de matrimonis. I, dit això, i més enllà de la llei d’eficiència en el servei de la justícia, el que cal encarar és la legitimitat de la justícia. El que és prioritari és que la justícia deixi de ser hostatge d’una cúpula judicial que es nega a assumir el rol que, d’acord amb l’ordenament jurídic, li pertoca i, en canvi, intervé en la vida política, actuant amb parcialitat, amb arbitrarietat, amb dobles estàndards i, en definitiva, vulnerant els drets de tots nosaltres. Ho sabem molt bé els independentistes catalans que hem estat objecte de campanyes d’odi i d’estigmatització iniciades i guiades per aquesta cúpula judicial, unes campanyes d’odi que, per a vergonya de molts, han tingut un ressò irresponsable i malintencionat en la progressia espanyola, com vam veure, per exemple, la setmana passada en la intervenció de la portaveu de SUMAR a la subcomissió de discursos d’odi davant d’una persona víctima dels discursos d’odi com és Gonzalo Boye; o com vam veure fa dos anys, quan un portaveu d’un grup d’aquesta cambra, que ara es dedica a fer discursos sobre bulos, va utilitzar la porqueria fabricada pel jutge Aguirre per acusar-nos a nosaltres de connivència amb el Kremlin: ens va dir que érem els amics de Putin dues setmanes després de que Rússia envaís Ucraïna en el context emocional del moment, una posició que va aprofitar des d’aquesta mateixa tribuna el president del Govern per dir que coquetejàvem amb Putin. Ahir, el ministre Bolaños retreia als diputats del PP que es rebolquin en el bulo, en la mentida, i, fins i tot, el ministre Marlaska els va reclamar als mateixos diputats del PP que demanin perdó per haver-nos acusat falsament. El que cal, el que demanem des de Junts per Catalunya és menys gesticulació i més coherència i que els que ara s’escandalitzen amb el que està fent el poder judicial es comprometin a reformar a fons el poder judicial, incloent — incloent— una inexcusable reforma per establir la responsabilitat penal dels jutges quan delinqueixen. I també considerem que aquests que ara es queixen tant del poder judicial i la seva actuació arbitrària han de prendre la responsabilitat i començar a donar exemple ells, perquè si es queixen de que els jutges es neguen a aplicar una llei com la llei d’amnistia, el primer que han de fer és assumir-la ells mateixos, assumir-la política i actuar en conseqüència. Moltes gràcies. Presidente, señorías, señor ministro. Como han dicho repetidamente, la propuesta del Gobierno para mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia no es nuestra propuesta. La pretensión era mejorar el funcionamiento en este servicio de justicia, suprimiendo los juzgados unipersonales y agilizar procedimientos, eliminando retrasos innecesarios. Todo apunta a que vamos hacia una indeseable administrativización de la justicia, hacia una justicia más formalizada y alejada de los ciudadanos y sus necesidades. Los colegios de abogados ya han advertido de los perjuicios que esta digitalización, las videoconferencias y el cambio en la organización judicial, comportará para la presencialidad y la inmediatez de los juicios. No queremos una eficiencia corporativa en interés solo de jueces, debates, funcionarios y no queremos una eficiencia que sea la mejora del Servicio Público de Justicia solo para estos órganos, para estos componentes del servicio de justicia, sino que lo sea también para la ciudadanía y todos los profesionales de la justicia. Queremos una ley que sea eficiente para resolver los conflictos de la sociedad, porque sobra Administración y falta una justicia cercana a la ciudadanía. Por eso, desde el primer momento hemos dicho que era necesario devolver la ley a la sociedad, a la realidad territorial y lingüística. Por ejemplo, hay que reconocer competencias autonómicas o favorecer que los procuradores pasen a ser más cooperadores de la Administración de Justicia y puedan realizar actuaciones materiales, por ejemplo, en la ejecución de sentencias. También hemos conseguido que finalmente se cree el partido judicial de Sant Cugat, pero, especialmente, sobre todo, como hemos dicho repetidamente, nuestra línea roja ha sido el mantenimiento de la justicia de paz como órganos judiciales efectivos y plenamente integrados en el Poder Judicial, y lo hemos conseguido. La justicia de paz se mantiene, la competencia de Cataluña en justicia de paz no se toca, los jueces de paz no se tocan, las competencias judiciales de los noventa y ocho jueces de paz catalanes no se tocan. En la tramitación de esta ley, insisto, nuestro esfuerzo ha sido para acercar la ley, demasiado corporativista y alejada de la realidad, a un modelo de justicia cercano a la ciudadanía y respetuoso con el territorio. Señorías, hay un tópico que he escuchado decir aquí alguna vez y que es falso o que al menos se ha demostrado falso en esta tramitación legislativa, y es aquello de que la presión hace diamantes. Es mentira, porque las prisas y la presión no crean diamantes, y menos en una tramitación legislativa tan compleja como la que nos ocupa. Centrándonos en el servicio de justicia de esta reforma, se han dejado algunas cosas en el tintero y me interesa ponerlas sobre la mesa ahora. En primer lugar, la obligatoriedad del conocimiento de las lenguas cooficiales por parte del personal de justicia, por parte de jueces y magistrados y por parte de los letrados de la Administración y los funcionarios de Justicia. En segundo lugar, la estabilización de funcionarios y personal en el Ministerio de Justicia, que en el caso de Cataluña y del resto de territorios con lenguas propias pasa también por el establecimiento de un cupo, de una reserva de lugares de funcionarios con conocimiento de la lengua. En tercer lugar, ha quedado en el tintero también la promoción de un cuarto turno, el de estabilización de los jueces y fiscales sustitutos. Se ha hecho un primer intento, pero hay que dar un paso más. En cuarto lugar, sería necesario revertir la eliminación de las entidades especializadas en la realización forzosa de los bienes resultantes de los procedimientos judiciales. Creemos que ha sido un error eliminar esta opción que existe ahora en la rehabilitación de los bienes y que hay que revertirlo. En quinto lugar, ha quedado también en el tintero la justicia de proximidad en Barcelona. Y, finalmente, será necesario enmendar también algunos olvidos en la recuperación de jueces de paz, especialmente en la celebración de matrimonios. Habiendo dicho esto, y más allá de la ley de eficiencia del servicio de la justicia, hay que afrontar la legitimidad de la justicia. Es prioritario que la justicia deje de ser raptada por una justicia judicial que se niega a asumir el rol, el papel que de acuerdo con el ordenamiento jurídico le pertoca y, en cambio, interviene en la vida política actuando con parcialidad, con arbitrariedad, con dobles estándares y, en definitiva, vulnerando los derechos de todos nosotros. Lo sabemos muy bien los independentistas catalanes, que hemos sido objeto de campañas de odio y de estigmatización inicial por esta cúpula judicial, unas campañas de odio que, para vergüenza de muchos, han tenido un eco irresponsable y malintencionado en la progresía española; como vimos, por ejemplo, la semana pasada, en la intervención de la portavoz de SUMAR en la subcomisión de discursos de odio ante una persona víctima de los discursos de odio como es Gonzalo Boye. O como vimos hace dos años, cuando un portavoz de un grupo de esta Cámara, que ahora se dedica a hacer discursos sobre bulos, utilizó la porquería fabricada por el juez Aguirre para acusarnos a nosotros de connivencia con el Kremlin. Se nos dijo que éramos amigos de Putin dos semanas después de que Rusia invadiese Ucrania, en ese contexto emocional del momento, una posición que aprovechó en esta misma tribuna el presidente del Gobierno para decir que coqueteábamos con Putin. Ayer, el ministro Bolaños criticaba a los diputados del PP que se revuelquen en el bulo y la mentira e incluso el ministro Marlaska reclamó a los mismos diputados del PP que pidieran perdón por habernos acusados falsamente. Lo que es necesario y lo que pedimos en Junts per Catalunya es menos gesticulación y más coherencia. Y con los que ahora se escandalizan con lo que está haciendo el Poder Judicial que se comprometan a reformarlo a fondo, incluyendo — incluyendo— una inexcusable reforma para establecer la responsabilidad penal de los jueces cuando delinquen. Y también consideramos que estos que ahora se quejan tanto del Poder Judicial y su actuación arbitraria deben tomar la responsabilidad y comenzar ellos a dar ejemplo, porque si se quejan de que los jueces se niegan a aplicar una ley como la de amnistía, lo primero que tienen que hacer es asumirla ellos mismos, asumirla políticamente y actuar en consecuencia. Muchas gracias.

Pilar Vallugera Balañà ERC

Bon dia, president; bon dia, diputats. Tenia la vaga esperança de no haver d’intervenir, perquè ja fa un parell de dies que ho dic: a mi el clima de Madrid em mata. No altres coses només, però, a més a més, també el clima. De manera que hauran d’aguantar aquesta veu, que semblo una granota raucant. Així que les meves disculpes. Però, clar, m’he vist impel·lida a sortir perquè els discursos de grups amb els quals solem estar d’acord en molts motius s’han basat en assenyalar errors. No es preocupin, seguirem el camí també d’assenyalar els errors de gent que fa la sang amb nosaltres quan s’equivoquin. Ho deia Jon Iñarritu: errare humanum est. Marcar-ho aquí al faristol no sé si és tan humanum. Vostès també haurien pogut parar la votació un cop es van adonar, amb aquesta preclara intel·ligència, que ens havíem equivocat, de manera que hagués tornat el text a la comissió, ho hauríem resolt i no caldria que ens estiguéssim plantejant votar a favor d’un veto que ha posat el PP al Senat contra una llei a la qual el contingut de l’error era accessori, perquè no era el que havíem de discutir. Per nosaltres, aquesta llei conté alguns elements que ens han costat molt i que, per tant, és important que preservem, i quan diem això ens tornem a referir als jutjats de pau. Malgrat que sembla que només un dels grups de la cambra ho hagi tingut com a línia vermella — vostès saben que ho he repetit per activa i per passiva: era, efectivament, la nostra línia vermella—, hem deixat una bona organització i un bon lligam amb el que és la justícia o la planta ordinària i, per tant, estem contents. Però el que s’ha assenyalat com a elements que falten els compartim, compartim que sigui necessari el requisit per anar a Catalunya. I ho compartim també — i aquí crec que ens hauríem de poder posar d’acord— amb el que fa, per exemple, referència a la funció pública. Si hi ha una llei de funció pública que s’està tramitant, estaria bé unir esforços, més enllà del que ens haguem dit o deixat de dir en aquest hemicicle, per mirar que no puguin destacar funcionaris de l’Estat a Catalunya que no coneguin les llengües i que, per tant, facin impossible l’atenció de la ciutadania en el seu propi idioma. Per tant, creiem que el que s’ha aconseguit és suficient com per votar en contra d’aquest veto del Senat. Que sigui suficient no vol dir que sigui tot el que calia, però n’és una gran part. Respecte a l’error comès, mirin, jo ja tinc una edat, per tant, hi han coses que em costa molt deixar-me dir i no sortir a dir res. Si hi ha algun grup que s’ha distingit per la defensa contra els desnonaments entenc que és Esquerra Republicana de Catalunya, i també Bildu. I, per tant, no ens vinguin a salvar de res, perquè ja ho salvarem, perquè vam cometre un error. Però si algú ha estat al capdavant del dret de l’habitatge i al capdavant de la defensa de la gent que té problemes en l’emergència habitacional, entenc que hem estat nosaltres. I, per tant, hi ha coses que, ja m’ho permetran, no me les penso deixar escoltar sense dir res. I acabo. Lamentablement, probablement hauré d’intervenir també en el tema dels impostos i hauran de tornar a tenir aquesta tortura de sentir aquesta veu — em sap molt de greu. Només dir que la llei ha sigut suficientment complexa de treballar, suficientment complexa d’arribar a acords, i hi ha hagut una sessió des del que ens van presentar fins ara que fa necessari que s’aprovi en aquest moment. Moltes gràcies. Buenos días, presidente. Buenos días, diputados, tenía la vaga esperanza de no tener que intervenir, porque hace un par de días que lo vengo diciendo: ¡el clima de Madrid me mata! No otras cosas solo, también el clima, de manera que tendrán que aguantar esta voz; parezco una rana que croa, así que mis disculpas. Me he visto impelida a salir porque los discursos de grupos con los cuales solemos estar de acuerdo en muchos motivos se han basado en señalar errores. No se preocupen, seguiremos el camino de señalar los errores de gente que hace sangre con nosotros cuando se equivoquen. Lo decía Jon Iñarritu: errare humanum est, pero marcarlo aquí no sé si es tan humanum. Ustedes también habrían podido parar la votación una vez se dieron cuenta — con esa inteligencia— de que nos habíamos equivocado, de manera que hubiéramos devuelto el texto a la comisión, lo habríamos resuelto y no haría falta que estuviéramos planteándonos votar a favor de un veto que ha puesto el PP en el Senado contra una ley cuyo contenido del error era accesorio, porque no era lo que íbamos a discutir. Para nosotros, esta ley contiene algunos elementos que nos han costado mucho y que, por tanto, es importante preservar, y cuando decimos esto nos volvemos a referir a los juzgados de paz. A pesar de que parece que solo uno de los grupos de la Cámara lo haya tenido como línea roja, ustedes saben que lo he repetido por activa y por pasiva: era, efectivamente, nuestra línea roja. Hemos dejado una buena organización y un buen vínculo con la justicia o la planta ordinaria y, por tanto, estamos contentos. Pero lo que se han señalado como elementos que faltan, los compartimos. Compartimos la necesariedad, es decir, que sea necesario el requisito para ir a Cataluña, lo compartimos también, y creo que aquí nos tendríamos que poner de acuerdo con lo que hace, por ejemplo, referencia a la función pública. Si hay una ley de función pública que se está tramitando, estaría bien unir esfuerzos más allá de lo que nos hayamos dicho o dejado de decir en este hemiciclo, con el objetivo de que no puedan destacar funcionarios del Estado en Cataluña que no conozcan las lenguas y que, por tanto, hagan imposible la atención de la ciudadanía en su propio idioma. Creemos que lo que se ha conseguido es suficiente como para votar en contra de este veto del Senado. Pero que sea suficiente no quiere decir que sea todo lo que hacía falta, pero es una gran parte. Con respecto al error cometido, miren, yo ya tengo una edad y, por lo tanto, hay cosas que me cuesta mucho dejar de decir y no decir nada al respecto. Si hay algún grupo que se ha distinguido por la defensa de los desahucios, entiendo que es Esquerra Republicana de Catalunya, y también Bildu. Por lo tanto, no nos vengan a salvar de nada, porque ya lo salvaremos, porque cometimos un error. Pero, si alguien ha estado en la delantera del derecho a la vivienda y en la delantera de la defensa de las personas que tienen problemas con la emergencia de vivienda, hemos sido nosotros. Por lo tanto, hay cosas que, ya me lo permitirán, pero no pienso dejar que me lo digan sin decir nada. . Y acabo. Lamentablemente, probablemente tendré que intervenir también en el tema de los impuestos y tendrán que volver a escuchar la tortura de esta voz, y me sabe muy mal. Solo quiero decir que la ley ha sido suficientemente compleja de trabajar y suficientemente compleja de llegar a acuerdos. Ha habido una sesión desde que se presentó hasta ahora, que hace necesario que se apruebe en este momento. Muchas gracias. .

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

Señor presidente, señorías, la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia reforma muchos aspectos importantes de nuestro sistema jurisdiccional: introduce los tribunales de instancia, reforma normas de enjuiciamiento, da más medios alternativos de solución de controversias en vía no jurisdiccional ―y esto va a descongestionar la justicia e introducir una nueva cultura de solución de conflictos―, fortalece la justicia restaurativa e incluye un proceso de estabilización de jueces, magistrados y fiscales sustitutos, en situación de absoluta precariedad desde hace años; unos profesionales de la justicia maltratados, que han venido siendo víctimas del encadenamiento de contratos sucesivos en fraude de ley en situación de precariedad. Es un reconocimiento de derechos laborales que es calificado por VOX en su veto como ―literal― un programa comunista de subversión de las instituciones. La legislación y la jurisprudencia europeas han ordenado corregir esta situación mediante la estabilización en estos puestos de trabajo de profesionales con acreditada competencia jurídica, como se ha constatado cada vez que durante años el Poder Judicial ha renovado su sustitución. Es una solución excepcional y limitada para resolver un problema puntual; no es una reforma estructural ni un cambio permanente en las formas de acceso a la carrera judicial y fiscal. Es una medida única para corregir abusos históricos y garantizar la sostenibilidad del sistema judicial. Se trata de un colectivo compuesto por un 77 % de mujeres y más de un 70 % de personas mayores de 50 años. En la izquierda plurinacional nos oponemos al veto de las derechas y reiteramos que nos comprometemos a abordar rápidamente la aprobación de acciones colectivas en garantía de derechos de consumidores y usuarios, para impedir las prácticas abusivas de las grandes empresas. . Y también quedan pendientes en esta ley más medidas para proteger las condiciones de trabajo y el empleo en el Servicio Público de Justicia, como ha venido reclamando Comisiones Obreras. También hay que dejar sin efecto esos errores involuntarios habidos en la votación de enmiendas en este Pleno, que han aprobado medidas procesales que pretenden acelerar lanzamientos en algunos supuestos. Es bastante cuestionable que lo consigan, desde nuestro punto de vista, pero en todo caso obvian la condición de vulnerabilidad de los inquilinos. Como aquí se ha explicado, se trata de un error no intencionado de algunos grupos, que no puede impedir la aprobación de una ley que suprime los visados golden visa de quienes especulan con la vivienda , cumpliendo así la reivindicación del movimiento de defensa del derecho a la vivienda. Ayer asistimos estupefactos a la última cacicada del Partido Popular y VOX para controlar la justicia. Tras el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial durante cinco años, negándose a cumplir la Constitución, llegan las renovaciones de los tribunales superiores de Justicia de comunidades autónomas, y la primera sorpresa fue ayer en las Cortes de Castilla y León, con un espectáculo inaceptable en el Pleno. La terna de jueces propuesta por el Partido Popular fue derrotada por 31 votos a favor y 35 en contra. A pesar de perder la votación, el presidente de la Mesa de las Cortes, de VOX, impuso que quedaba aprobada la terna rechazada por la asamblea legislativa. Este es el respeto a la democracia y a la justicia del Partido Popular y de VOX: pierden una votación y la dan por aprobada. . VOX retuerce la institución y el Partido Popular se aprovecha. Y las derechas hablan de despolitizar la justicia, pero eso solo lo defienden cuando no pueden secuestrarla y ponerla a su servicio. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lleva diecinueve años presidido por un juez nada neutral ni imparcial, que declara, por ejemplo, que el Partido Comunista de España no puede tener los mismos derechos que el resto de los partidos. Y esta transgresión de las reglas básicas de la democracia la continúan hoy con estos vetos del Partido Popular y VOX tras la cacicada del Partido Popular para conseguir controlar la justicia en Castilla y León. Desde luego, los argumentos de su veto decaen totalmente; ya no pueden alegar malas técnicas legislativas o voluntad de intervención de este Gobierno en la justicia. El veto del partido de la verborrea, el odio y la xenofobia, VOX, es tan delirante como sus posiciones en materia de justicia. Solo puede calificarse así la mención literal en su veto a una diabólica presunción de malignidad en la acción de Gobierno para politizar al Poder Judicial y degradar las instituciones. Eso es lo que dicen los que opinan que 31 votos son más que 35 votos. Su desprecio a la Constitución se constata con afirmaciones como que ―literal― esta propuesta adolece de sectarismo ideológico, o la radicalización y agravamiento de los males causados por el Estado de las autonomías, o que debe ser vista como un avance en el proceso de ruptura nacional originado por las autonomías. VOX no respeta la configuración del Estado contenida en la Constitución, y no puede calificarse más que de reaccionario y fascista afirmar que la ley adolece de perversión por introducir el lenguaje inclusivo y el desdoblamiento artificioso para referirse a los dos sexos y añadir que el combate a la violencia de género, la perspectiva de género y la diversidad de género sexual son una ideología disolvente. Esta misoginia es la explicación por la que el PP y VOX no han querido sacar adelante la enmienda presentada por la senadora Carla Antonelli sobre concurso de provisión en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, dando prioridad a las juezas y magistradas que conocen esos juzgados. . Las derechas han pasado del bloqueo institucional al Consejo del Poder Judicial al bloqueo a cualquier medida para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, para reconocer derechos a sus usuarios y a los profesionales de la justicia. No asumen que la justicia es de toda la sociedad, no de su propiedad. Es un servicio público cuya finalidad es satisfacer los derechos fundamentales de la gente en democracia. Por eso, por supuesto, estaremos en contra de estos vetos. Muchas gracias. .

Juan José Aizcorbe Torra VOX

Señor presidente, ya advertíamos a sus señorías en la primera intervención en esta Cámara sobre el presente proyecto de ley que nuestra obligación era no huir de la vehemencia necesaria que requieren los últimos acontecimientos en los que está envuelto el Gobierno. Señalábamos nuestro reproche a un importante proyecto de ley que debe reformar la justicia, proyecto de ley punteado con premura inusitada y enmiendas al peso, incoherente, con absoluto desprecio a las mínimas normas legislativas y que apuntala el fallido Estado de las autonomías amamantado por todos ustedes con regocijo suicida. Es una reforma de la justicia a conveniencia del Gobierno, con las exigencias a la carta, como si de un mercado persa se tratase, para satisfacer intereses colectivos particulares y no generales; con obediencia al separatismo sablista que, en pago a sus favores, modifica ―incluso― la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, cebando con ello las desigualdades y atacando elementos esenciales del Estado. Es un proyecto de ley, como es habitual, repleto de consignas ideológicas y de un lenguaje inclusivo que pervierte y entorpece su significado, advertido por los letrados de esta Cámara, a los que el representante de SUMAR ha llamado fascistas; con un deficiente desarrollo de la carrera profesional del personal de justicia, que pierde la oportunidad de que se constituyan verdaderos juzgados de familia, infancia y capacidad con carácter general y juez especializado; que entorpece la libertad de empresa con atribuciones ilógicas a la Inspección de Trabajo, y que exalta el espíritu confiscatorio de este Gobierno mediante más privilegios a la Agencia Tributaria, con un régimen transitorio inasumible ―y lo saben bien unos y otros―, donde hay diferencias que se mantendrán entre comunidades autónomas por mor de las competencias en justicia y, por ende, desigualdades también entre españoles. Cómo no vamos a mostrar desazón si este Gobierno nos habla de reformar la justicia cuando las decisiones de los tribunales y del Tribunal Supremo son pisoteadas arbitrariamente desoyendo sus resoluciones o sentencias, amnistiando delincuentes, manoseando la Fiscalía General del Estado o amenazando incluso con acabar con la acusación popular. En un sistema jurídico que se precie, las sentencias de los tribunales y del Tribunal Supremo deberían ser el punto final de cualquier controversia. . Su función no es solo garantizar la legalidad, sino también proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluidos los servidores públicos. Sin embargo, cuando estas decisiones carecen de eficacia práctica y permiten que persista o, peor aún, que se perpetúen actuaciones arbitrarias dirigidas a un objeto único ―como, por ejemplo, la escandalosa arbitrariedad e injusticia en el caso del coronel Pérez de los Cobos― algo está fallando. Algo de esto debería decirse aquí, y VOX procurará que se diga en el futuro. Es alarmante cómo el incumplimiento reiterado del contenido de las sentencias puede minar la confianza en las instituciones y perpetuar la ilegalidad en la actuación administrativa, como hace este Gobierno, y la impunidad de quien, de forma reiterada, se burla de la ley y de las decisiones de los tribunales. La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental consagrado en el artículo 24 de la Constitución. Su vulneración afecta no solo a las víctimas directas, sino también a la esencia misma de nuestro ordenamiento jurídico. Cuando las sentencias judiciales se incumplen, como hace este Gobierno, mediante nuevos actos administrativos o decisiones arbitrarias igual de ilegales ―así lo ha manifestado el Tribunal Supremo― se despoja a los ciudadanos de la protección que les garantiza el sistema y se abre puerta a la anarquía jurídica, quebrando el principio de seguridad jurídica. El Estado de derecho no puede ser una ficción. Cuando las decisiones del Tribunal Supremo se convierten en papel mojado, todos perdemos. Es hora de reclamar un sistema en el que la legalidad y la justicia no sean meras palabras, sino pilares fundamentales que guíen la actuación de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de servir al bien común. . Y atención a los vientos que proceden de algunos oráculos de sectores izquierdistas del Tribunal Constitucional, según noticias publicadas sobre la nueva teoría del ala izquierdista de la corte, elegida ―no olvidemos― por el consenso, según la cual un Parlamento no podría derogar leyes. Vaya por delante nuestro aviso a navegantes, pues dicha forma de proceder de la izquierda ya se intentó también en la Segunda República y ―como ya se ha dicho en estas Cámaras― las leyes alcanzan su justificación siempre de una norma superior en el orden jerárquico de las normas del derecho. Este principio de unidad del orden jurídico es algo indiscutible en un Estado de derecho. Las leyes obligan como leyes porque nacen y porque alcanzan su fuerza de una norma suprema, la Constitución, de igual manera que los reglamentos y las sentencias alcanzan su fuerza de otra norma superior a ellos, que es la ley. De este encadenamiento, señorías, no se puede salir. Una ley no puede señalarse a sí misma las condiciones para ser derogada, porque entonces esa ley usurpa disposiciones y características que no residen en ella, sino que residen en la norma siguiente de la escala del orden jurídico único constitucional. Decimos no a este proyecto de ley y a todo lo que provenga de este Gobierno. Nuestra oposición, que quede claro, no puede ser una simple oposición a una línea del Gobierno, a una actuación concreta del Poder Ejecutivo, no; la nuestra, la oposición de VOX se sitúa en un frente mucho más dilatado, fuera de la mecánica usual. Nos levantamos airadamente contra una situación totalmente de contrafuero, en la que los principios del Estado de derecho se conculcan sin que hasta la fecha nadie con autoridad por razón de oficio y virtud de la palabra dada lo evite o rechace. Nuestra obligación es enmendar esta ley y todas las leyes que este Gobierno impostado moldee. Parafraseando a Lope de Vega: Creer sospechas y negar verdades es lo que llaman en el mundo ausencia. Como ausente está este Gobierno de la verdad del pueblo español, que es un pueblo vivo, como la España viva que defiende VOX. Feliz Navidad a todos, señorías. .

Francisco Aranda Vargas PSC-PSOE

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, corresponde a esta Cámara levantar o mantener el veto que el Senado ha puesto sobre la ley de eficiencia de la Justicia, y la elección es sencilla: acuerdo o veto. Frente al debate del Congreso, la mordaza de la mayoría del PP en el Senado ; meses de trabajo frente a días de cierre patronal, de lock out, de vagancia política; Congreso plural frente al sectarismo conservador en un Senado al servicio del PP; debates, transacciones, mejoras, puntos de acuerdo, capacidad de trabajo frente al veto, en definitiva, trabajo colectivo o la derecha vaga y perezosa. . Miren, el Senado, en nuestro sistema, se configura como Cámara territorial y de segunda lectura; una función que ha ejercido con normalidad hasta que el PP ha decidido que eso ya no le interesa, que si una ley no les conviene ni se molestan en debatirla o tramitarla o enmendarla o cambiarla de arriba abajo con su mayoría, de lo que estarían en su legítimo derecho. No. El PP, que tanto se llena la boca de separación de poderes, de partido de Estado, de democracia, aplica la ley del veto en aquellas leyes que no le gustan, y todo por no ejercer su papel leal de oposición. Miren, les voy a leer unas palabras que no son mías, son del señor Bravo, portavoz económico del Grupo Popular, dichas la semana pasada al ministro de Justicia. Abro comillas: «Le voy a pedir una cosa, señor Bolaños, solamente le voy a pedir esto: yo no pido que ustedes voten a favor de lo que nosotros propongamos, tan solo les pido que no nos veten las propuestas que hagamos para ayudar. Le pido exclusivamente que nos dejen debatir». Y bien, señorías, ¿cómo les dejan a ustedes estas palabras? ¿Dónde les quedó a los senadores del resto de los partidos la capacidad de debate? ¿Dónde está en el Senado el «no nos veten las propuestas»? ¿Dónde quedó? La única verdad, señorías, es que aquí, en el Congreso, los diputados tuvimos meses de debate y los senadores, bajo su cerrojo, en el Senado, fueron impedidos de su función legislativa por su capricho o su vagancia, que no sé qué es peor. . La verdad es que en esta ley han decidido dimitir de su responsabilidad política. Señorías, en esta ley ha habido desde el primer momento tres actitudes. La primera ha sido la de siete grupos de esta Cámara, que se han remangado para sacar adelante un texto que pudiera satisfacer a la mayoría de esta Cámara y a los operadores jurídicos que están esperando esta ley. La segunda ha sido la actitud de VOX, con 12 enmiendas de 1070, repito, 12 de 1070, es decir, la nada, siguiendo el ejemplo de su líder; la vaguería, la nadería, el vacío parlamentario, la vaguedad que su jefe les inculca ―y son alumnos bien aventajados―, eso sí, bien aderezado de proclamas fachas, alegorías patrias y, señorías, lecciones que ni les hemos pedido ni necesitamos. Así que pónganse a trabajar y dejen de una vez de engañar a la ciudadanía. . Y la tercera actitud ha sido la de ustedes, señorías del Grupo Popular, con ese cinismo que raya ya lo humanamente soportable. Decidieron tirar por la borda semanas de trabajo para instalarse en el bloqueo a la ley; un bloqueo que han llevado hasta el último escalón con este veto en el Senado. Señorías, ustedes han tomado una decisión política: renunciar a la política para trabajar solo por el poder. Han renunciado a las reglas del juego democrático para manosear fuera de esta Cámara y conseguir lo que esta Cámara democráticamente no les da. Es más, han subarrendado su labor de oposición a actores que residen fuera de esta Cámara. Para que me entiendan, su cuerpo está aquí, pero su mente no. Ustedes se sientan en esos escaños, menos cuando hay copas por Navidad, pero quiénes les hacen el trabajo sucio no están aquí, en esta Cámara. Señorías, si hoy se aprueba esta ley ―que esperemos que sí―, no será por nada de lo que ustedes hayan hecho. Así que, para que lo sepan sus señorías, los operadores jurídicos ―que algunos nos acompañan aquí― y también la ciudadanía, si a partir de hoy vamos a contar con una justicia actualizada y adaptada al siglo XXI, no será por ustedes; si vamos a permitir a los juzgados y tribunales atender en un tiempo razonable la tutela judicial efectiva, no será por ustedes; si vamos a introducir los medios adecuados de solución de controversias en vías no jurisdiccionales ―que espero que así sea―, tampoco será por ustedes; si vamos a aumentar la eficiencia y la celeridad en la tramitación de procedimientos judiciales, no será por ustedes. ¿Saben también qué no va a ser gracias a ustedes? La creación y construcción de tribunales de instancia y oficinas de justicia en los municipios; la introducción de los principios fundamentales del derecho colaborativo; la reforma de leyes contenciosas, la de lo social, la de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tampoco será por ustedes. Sigo: subastas, costas, medidas para letrados, para procuradores, para graduados sociales, para jueces y juezas sustitutos y, sí, para jueces de paz; nada de eso va ser por ustedes, nada. ¿Saben lo que tampoco será por ustedes? Todas las modificaciones que dan continuidad a la LOGILS y a la LOPIVI en defensa del menor en la lucha contra la violencia sobre la mujer. . Nada, nada será por ustedes. Tampoco la especialización de los juzgados en infancia, familia y capacidad será gracias a ustedes; tampoco las secciones de violencia sobre la mujer y la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para la creación de una fiscalía contra la violencia sobre la mujer. Nada será por ustedes. Señorías. Finalmente, las modificaciones en la ley de asistencia gratuita o la ampliación del derecho de asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos y otros delitos graves tampoco serán con su más mínima ayuda en este proceso legislativo. . Termino, presidente. De esto nada será por ustedes y, aunque en el futuro hagan como si nada y se apropien ufanos, como hacen siempre, de conquistas a las que hoy renuncian, todo se hará sin ustedes. La historia les juzgará como el freno del progreso que siempre han sido y siempre serán. Muchas gracias. .

María Jesús Moro Almaraz PP

Señor vicepresidente, señorías, buenos días. En esta dura mañana vamos a intentar ser un poco pedagógicos. ¿Por qué el Grupo Popular propone y el Senado veta una supuesta ley esencial para la justicia en España? Sabemos que, en el tiempo de la lectura rápida, de los ciento cuarenta caracteres y del titular no es fácil explicar lo que implica cada reforma de esta ley, pero creo que se entenderá que, por muy beneficioso que sea un artículo o que sean cinco, no se justifica sacrificar a las mujeres víctimas de violencia de género. Lo explicaré: abre líneas de desprotección probablemente irreparables en la independencia del poder judicial y un nuevo asalto en el desmantelamiento de la estructura del Estado con cesiones a dos comunidades autónomas. . No es fácil explicar la complejidad de esta decisión, pero espero desarrollar con claridad que tenemos que decir que no a la totalidad porque no cabe un voto separado sobre cada parte de la ley. Es el todo o nada, y en el todo se genera mucho daño y puede causarse mucho dolor del que no vamos a hacernos responsables. En todo caso, creemos que pierde la justicia, que ha pasado de ser objetivo a excusa en esta ley. Señorías, ya que estamos cerca de la Navidad, hagamos un ejercicio metafórico clarificador antes de seguir. Imagínense que se acercan a ustedes con un documento encuadernado de 250 páginas, con letra minúscula y apretada, y en la primera página leen: El abajo firmante se compromete y le entrega en este acto un millón de euros con la única condición para la entrega del nominal de que en los próximos cinco segundos firme este documento. Claro, el personaje de nuestra metáfora preguntará: ¿Y las 249 páginas siguientes qué dicen? ¿A qué me obligan? ¿Debo leerlas? Pero no tengo tiempo en cinco segundos. No se moleste, dirá el proponente, es una pura formalidad que no le obliga a devolver la cantidad recibida ni al pago de intereses; la letra es muy pequeña y en todo caso relata las condiciones para que su comunidad de vecinos se beneficie con una lluvia de millones que, si usted no firma, nunca recibirá su comunidad y no le dejarán vivir en paz. Y preguntará: Pero ¿tendrá consecuencias negativas para ellos? No, hombre, no, no, no; son pequeñas incomodidades, pequeñeces, errores, nada comparado con poder contar con un dinero que no podríamos tener si usted no firma. Señorías, un prudente ciudadano, le diría: no firme, nadie da duros a cuatro pesetas. Este texto de la portada del millón de euros, ignorando los 249 folios restantes y decenas de artículos de esta ley, es la ley que debatimos. . ¿Es, por tanto, una ley beneficiosa para la transformación de la justicia, como ha defendido con vehemencia el señor Aranda o como hace en otras ocasiones el señor Bolaños? No es así. Las preguntas trampa que tanto me han hecho ―si usted quiere una justicia más ágil y eficiente, si está de acuerdo con el impulso de los MAC para que desatasquen nuestros juzgados y tener tribunales más eficientes y oficinas modernas que permitan un funcionamiento ejemplar en la atención a los ciudadanos― son la letra grande de unos presupuestos comunes en los que hay coincidencia. Nosotros no nos vamos a negar a eso, los compartimos, lo malo es lo que esconden, y lo que esconde esta ley es a lo que decimos que no. Decimos que no a la letra pequeña inasumible, con muchas objeciones técnicas, temporales y económicas que no han sido salvadas y que no podrán ser subsanadas después. Junto con eso y algún otro beneficio que se ha colado en la tramitación y que tanto lamentan ahora, porque algunos se equivocan ―¡oh!, señorías, algunos se equivocan y piden disculpas―, se han añadido muchas y variadas reformas, que se convierten en condiciones inescindibles y que, por tanto, condicionan nuestro voto. De otro lado, la simplificación ha llevado a decir estos días que esta ley resuelve el problema de la okupación, y que vetarla es impedir que entre en vigor esa ventaja. Señorías, eso es desviar el objetivo de lo fundamental y solo beneficia a quien precisamente no hace nada para luchar contra la okupación, el Gobierno. . Están maniatados por sus socios, que se ponen sistemáticamente del lado de los delincuentes. No estamos hablando de vulnerables, estamos hablando de delincuentes. He escuchado durante horas estas semanas a quien, en defensa de su legítimo interés, intentaba convencernos de que lo demás que arrastra esta ley no importa, porque lo suyo es lo más importante, y humanamente es comprensible. Pero en muchos temas nuestra posición está clara. ¡Doscientas enmiendas, señor Aranda! Doscientas enmiendas que han sido para usted una realidad paralela y con las que han decidido hacer ingeniería jurídica para que el PP no figure, pero ahí está, ahí está. . Luego algunas cosas son porque nosotros nos hemos puesto ahí. Son ustedes los que han decidido quiénes son sus socios, y sus socios son sinceros y lo han dejado muy claro aquí: la justicia española no les importa, la justicia española hay que anularla, a la justicia española hay que pedirle responsabilidad. ¡Quieren impunidad con la justicia española! Esos son sus socios. Esta simplificación hace que nosotros digamos a los ciudadanos: No se preocupen, claramente son ellos los que no quieren atajar el problema de la ocupación, pero ahí está nuestra ley, bloqueada; treinta y tres prórrogas de plazo de enmiendas, pero ahí está la ley. No se preocupen por el veto, pero sí se van a preocupar por una cosa. Aquí se ha vendido algo y tengo que decirlo, y espero que el presidente me deje unos segundos. Esta ley sí va a ser ―puede provocarlo si se vota y sale adelante con este texto― el mayor retroceso en la protección de las mujeres víctimas de violencia machista y en la lucha contra la trata en uno de los peores momentos de sucesión atroz de asesinatos al atribuir por una enmienda, como se ha dicho aquí, para conseguir el voto de Podemos, sin reflexión, sin acuerdo, saltándose los trabajos del pacto, intensos en este momento, saltándose la opinión de los jueces y juezas. No se preocupen tendremos una proposición de ley y seguro que ustedes la van a votar, ahí está y ahí estará. Eso es lo que va a hacer el Partido Popular. .

María Jesús Moro Almaraz PP

Termino, señor presidente. Todas estas cosas y todo lo que en las semanas desde la comisión hasta el Senado dijeron los profesionales, todos los profesionales, no los puedo relatar, que estaban en pie de guerra. Cien transacciones que incorporaron y le dieron la vuelta a todo.

María Jesús Moro Almaraz PP

Han perjudicado a los procuradores. Han engañado a Junts con los jueces de paz. Les han eliminado las competencias para contraer matrimonio. Han hecho todas las barbaridades que han querido. Bienvenidos a los que ahora defienden las enmiendas intrusas.

María Jesús Moro Almaraz PP

Y concluyó. Señor Santiago, pregúntele al señor Bolaños ―agradezco que esté aquí―. Él sabe que intentamos la modificación ―la tenemos en el plan de calidad del presidente Feijóo― del magistrado autonómico y no cuajó en el pacto. Sabe que… .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señor presidente. Moi boa tarde. Esta proposición de lei resultou polémica ao longo de toda a súa tramitación, precisamente porque afecta a cuestións que son esenciais, case diriamos estruturais, atravesadas todas por un criterio básico, non xa desde unha posición de esquerdas, senón tamén minimamente de defensa da xustiza social. Implica unha fiscalidade máis xusta e redistributiva. É dicir, que pague máis quen máis ten, para que tamén poida pagar menos quen menos ten ou quen menos ingresa. Isto é o que sempre defendeu o BNG. Por iso, na tramitación desta proposición partimos dunha proposta moi clara nese sentido, e ambiciosa, é verdade. Partimos de defender non só que se aplicase ese imposto aos grupos multinacionais e grupos estatais de grande magnitude, senón tamén que por medio desta proposición se convertesen os gravames temporais en impostos permanentes á banca e ás grandes enerxéticas e, tamén, que se aproveitase para converter en permanente o imposto ás grandes fortunas, que aínda non caducou. Mesmo para subir o imposto de patrimonio a partir de un millón de euros e, todo iso, tamén para que permitise baixar o IVE de maneira controlada a aqueles elementos que máis afectan ás clases populares. Porque temos que lembrar que o IVE non é un imposto progresivo e, por tanto, castiga máis a quen ten máis dificultades. Sabemos que para que unha proposta deste tipo poida saír adiante é precisa unha maioría parlamentar, que fai precisos tamén os acordos. Lamentamos que polo camiño caese, por exemplo, o imposto ás enerxéticas, mais conseguimos, conxuntamente con outras forzas políticas — Esquerra Republicana de Catalunya, Bildu e o propio BNG—, o compromiso do Goberno de que se ía manter este imposto ás enerxéticas, de que se ía prorrogar temporalmente o gravame existente por medio dun real decreto lei, o que dá, tamén, marxe para a negociación e marxe para o acordo, porque, insisto, somos conscientes de que se precisan maiorías para sacalo adiante. Nós imos continuar traballando nese sentido, tamén para que o imposto ás grandes fortunas se acabe transformando en permanente, porque estamos aquí para defender os intereses das maiorías sociais, os intereses da clase traballadora e das clases populares galegas, e iso implica, tamén, que se complete unha reforma tributaria que leve a esa fiscalidade máis xusta e redistributiva da que falaba. Porque temos evidencia: os bancos e as enerxéticas levan dous anos con este gravame e, porén, continúan incrementando as marxes de beneficios, continúan incrementando as súas contas de resultados. E, por tanto, temos que seguir avanzando nesa dirección, porque se trata de facer xustiza, de contribuír a unha sociedade realmente máis xusta. Esperamos hoxe dar un paso decisivo, mais tamén poder seguir camiñando no futuro. Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. Esta proposición de ley ha resultado polémica a lo largo de toda su tramitación, precisamente porque afecta a cuestiones que son esenciales, casi diríamos estructurales, atravesadas todas por un criterio básico, no ya desde una posición de izquierdas, sino mínimamente de defensa de la justicia social. Implica una fiscalidad más justa y redistributiva. Es decir, que pague más quien más tiene, para que también pueda pagar menos quien menos tiene o quien menos ingresa. Esto es lo que siempre ha defendido el BNG. Por eso, en la tramitación de esta proposición partimos de una propuesta muy clara en ese sentido, y ambiciosa, es verdad. Partimos de defender no solo que se aplicase ese impuesto a los grupos multinacionales y grupos estatales de gran magnitud, sino también que por medio de esta proposición se convirtiesen los gravámenes temporales en impuestos permanentes a la banca y a las grandes energéticas, y también que se aprovechase para convertir en permanente el impuesto a las grandes fortunas, que aún no ha caducado, e incluso para subir el impuesto sobre el patrimonio a partir de un millón de euros, y todo ello para permitir bajar el IVA de manera controlada a aquellos elementos que más afectan a las clases populares. Porque tenemos que recordar que el IVA no es un impuesto progresivo y, por lo tanto, castiga más a quien tiene más dificultades. Sabemos que para que una propuesta de este tipo pueda salir adelante es necesaria una mayoría parlamentaria, lo que hace también necesarios los acuerdos. Lamentamos que por el camino haya caído, por ejemplo, el impuesto a las energéticas, pero hemos conseguido conjuntamente con otras fuerzas políticas ―Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y el propio BNG― el compromiso del Gobierno de que se iba a mantener este impuesto a las energéticas, de que se iba a prorrogar temporalmente el gravamen existente por medio de un real decreto ley, lo cual también da margen para negociación y margen para el acuerdo, porque, insisto, somos conscientes de que se necesitan mayorías para sacarlo adelante. Nosotros continuaremos trabajando en este sentido, también para que el impuesto a las grandes fortunas se acabe transformando en permanente, porque estamos aquí para defender los intereses de las mayorías sociales, los intereses de la clase trabajadora y de las clases populares gallegas, y esto implica que se complete una reforma tributaria que lleve a esa fiscalidad más justa y redistributiva de la que hablaba. Porque tenemos evidencias de que los bancos y las energéticas llevan dos años con este gravamen y, sin embargo, siguen aumentando los márgenes de beneficios, continúan aumentando sus cuentas de resultados. Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando en esta dirección, porque se trata de hacer justicia, de contribuir a hacer una sociedad realmente más justa. Esperamos hoy dar un paso decisivo, pero también poder seguir caminando en el futuro. Muchas gracias.

Ione Belarra Urteaga SUMAR

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Hoy debatimos las enmiendas del Partido Popular a la reforma fiscal del Gobierno, y se ha dicho mucho que esta reforma fiscal sirve para allanar el camino a unos posibles presupuestos generales del Estado, pero, desde mi punto de vista, la aprobación de esta reforma fiscal busca por parte del Gobierno precisamente ser capaz de resistir, aunque sea con respiración asistida, gracias a esta reforma fiscal, aunque no haya presupuestos generales del Estado. Creo que esto es una malísima señal y que en condiciones normales lo lógico hubiera sido que este debate sobre la reforma fiscal y sobre cómo vamos a hacer que quien más tiene más pague en nuestro país se diera en el marco del debate presupuestario, como se ha hecho siempre. Como saben, en Podemos dimos nuestro voto favorable a esta reforma porque tenemos un acuerdo con el Partido Socialista, que se comprometió a aprobar ―no a traer a esta Cámara para que se pierda, sino a aprobar― un impuesto permanente a las energéticas, y Podemos, evidentemente, va a exigir, exactamente igual que hacen el resto de grupos parlamentarios, como no puede ser de otra manera, que los acuerdos que se alcanzan con nosotras se cumplan, porque, lo recuerdo una vez más, nuestros votos valen exactamente igual que los del Partido Nacionalista Vasco y que los de Junts per Catalunya. De hecho, yo quería sugerirle hoy al señor Aitor Esteban que la próxima vez, en vez de presentarse él a las elecciones, directamente le ceda el escaño a Josu Jon Imaz ―o Josu, como le llaman ellos―, o si no que la próxima vez, en campaña electoral, directamente digan a la gente que los votos no son para el Partido Nacionalista Vasco, que son para Repsol. Creo que sería una mala noticia, una noticia terrible, porque este debate, que puede parecer un debate fiscal, que puede parecer un debate menor, es un debate central sobre una cuestión democrática de fondo profundísima. Se trata de decidir, señorías, si en esta Cámara mandan los intereses de Repsol o mandan los intereses de la gente, y creo que sería, como digo, una terrible noticia que mandáramos a la gente el mensaje incorrecto. Las empresas energéticas ganaron el año pasado 10 500 millones de euros solo en beneficios y pagaron apenas 1200 millones con el gravamen extraordinario, auténticas migajas para ellos. Por tanto, creo que es absolutamente injusto ―y desde luego Podemos no va a pasar por ahí― que se vaya a pedir a la clase trabajadora que pague más por el diésel cuando no se les está exigiendo la misma corresponsabilidad a las grandes empresas energéticas. Quien tiene que pagar la transición ecológica es quien más ha contribuido a la emergencia climática, y esas son las grandes empresas energéticas; es quien usa un avión privado, un barco privado o va a un campo de golf; son las grandes macrogranjas, que están gastando un agua que no tenemos y que están contaminando el suelo. Esas empresas son las que tienen que pagar la transición ecológica, y no la gente que tiene que poner diésel en un coche. Los costes, como digo, tienen que estar repartidos. Termino. Creo que el PSOE tiene que entender una cosa. Si el PSOE quiere negociar con Podemos los presupuestos generales del Estado ―no sé si finalmente van a abrir o no esa negociación―, tiene que saber que todos los acuerdos previos que se hayan alcanzado tienen que estar cumplidos ―hablo del bono social eléctrico, hablo del impuesto a las energéticas―, porque si no es imposible confiar en que van a bajar los alquileres por ley un 40 % o van a romper de una vez las relaciones con los genocidas si han sido incapaces de cumplir con el impuesto a las energéticas. Ahí queda dicho. Muchas gracias. .

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Presidenta, señorías, eguerdi on. Comenzaré señalando algo poco sorprendente, y es que nuestro grupo, el Grupo Euskal Herria Bildu, va a votar en contra de las enmiendas que vienen del Senado, que son enmiendas del Partido Popular y que creemos que van en la dirección contraria de justo lo que entendemos que hay que hacer para buscar un escenario diferente al actual, y lo digo así porque creo que el escenario que actualmente abordamos es un escenario ―y cojo datos que el propio Grupo Parlamentario Popular ha señalado en esta tribuna en más de una ocasión para lanzarlos contra el Gobierno― que no nos puede dejar indiferentes. Por ejemplo, el dato de Foessa en torno a los índices de desigualdad ―una desigualdad que en el Estado español desde el año 1995, que es desde cuando empiezan a hacerse estas mediciones―, que señala que nunca ha estado por debajo del 18 %, y llega a picos del 22 y el 23 %. Y precisamente creemos que era importante empezar por esto porque este debate que estamos teniendo siempre corre el riesgo de perderse por terrenos complicados para el lógico entendimiento de la gente, porque nos metemos en tecnicismos, nos metemos en palabras de carácter económico que hacen que no entendamos qué es realmente lo que se está jugando en esto. Seguramente en esta Cámara la mayoría de los diputados y las diputadas estarán de acuerdo en que la política fiscal tiene que servir para redistribuir la riqueza, para que la riqueza permita sostener el Estado del bienestar. ¿Y qué es el Estado del bienestar sino gozar de unos servicios públicos al alcance de todos y todas que nos permitan gozar con un cierto umbral de dignidad desde el que poder desarrollar o proyectar nuestras vidas? Pues esto no se puede hacer con políticas fiscales que pretenden seguir manteniendo una situación en la que los que más tienen no son los que más pagan, y esto no es una frase vacía o una frase grandilocuente, es una constatación objetiva de la realidad, porque todos y todas sabemos que las rentas del trabajo, es decir, lo que aportan los y las trabajadoras del conjunto del Estado español, pesan más en el volumen recaudatorio, en el dinero con el que cuenta el Estado, que las rentas del capital, que son aquellas que tienen precisamente los que más tienen. Por tanto, hablamos de progresividad y de justicia fiscal, y para hacer justicia fiscal y progresividad, redistribución de la riqueza, lo que hacen falta son políticas impositivas que graven más a quien más tiene, que recauden más de quien más tiene. Eso es lo que Euskal Herria Bildu ha pretendido hacer en todo momento y en toda circunstancia, porque es difícil sostener una sociedad que avance en la erradicación de la desigualdad si no se hace de ese modo, desde una lógica tan sencilla como la de que quien más tenga más pague. Y lo hacemos también desde la convicción de que se pueden concertar y respetar los niveles de autogobierno existentes, aunque a algunos y a algunas nos gustaría que fueran mucho más allá, hasta lo pleno, hasta la soberanía plena de nuestra nación, de nuestras respectivas naciones, pero se puede y se debe respetar el autogobierno existente. Por tanto, estamos de acuerdo con que se concierte y se hagan los convenios con las haciendas forales. ¿Por qué? Por una cuestión, como acabo de señalar, de puro objetivo soberanista. ¿Pero para qué? Y es tan importante como el porqué: para generar más espacios de protección a los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de dónde han nacido y de cuánto dinero disponían cuando han nacido. Creo que es justo señalar que, atendiendo al principio de realidad, hay que poner encima de la mesa los niveles de beneficio, por ejemplo, ya que estamos hablando de ello ―ahora me voy a centrar en esto―, de las empresas energéticas: 7700 millones de euros acumulan de beneficios en un solo semestre del año 2024; 7700 millones de euros. Se dice fácil, seguramente contarlo cuesta bastante más tiempo, y eso en un solo semestre. Y en este contexto hay quien plantea que a las energéticas hay que mimarlas, que a los CEO de las energéticas hay que escucharlos, atenderlos y, casi diría, obedecerles. Nosotros creemos que ese no es el camino correcto, porque creemos que ese es un camino de desprestigio de la política para el común de los mortales, para el común de los ciudadanos y ciudadanas, porque ¿cómo les explicamos a ellos que con las rentas de su trabajo soportan en mayor medida el Estado o las Administraciones públicas que esos CEO y que tienen que ser magnánimos y generosos para con aquellos que acumulan estos beneficios cuando los ciudadanos y ciudadanas tienen dificultades para llegar a fin de mes? También lo decimos, el 1 de enero va a haber gravamen a las energéticas, y vamos a pelear ―estaremos dispuestos a hacerlo con quien sea― para que ese gravamen se convierta en un impuesto que podamos decidir y dilucidar cómo aplicar en el ámbito de nuestra soberanía y a través de nuestras haciendas forales. Pero va a haber gravamen. Primero, hagamos proyecto de ley y transformémoslo en impuesto, porque también hay que decir, para que la gente lo entienda, que por lo menos en la Comunidad autónoma vasca, porque les afecta directamente a ellos y a ellas, nos afecta directamente a nosotros y a nosotras, que este gravamen supone 67 millones de euros anuales, que se recaudan y se quedan en las haciendas forales vascas. Aun siendo gravamen, se quedan en las haciendas forales vascas. Tan es así que en los presupuestos generales de la Comunidad autónoma vasca ya vienen contemplados los 67 millones que pretenden recaudar para 2025. Si no fuera dinero que se queda en los bolsillos de los vascos y las vascas, ¿por qué los incluyen en los presupuestos? Y eso me sugiere la siguiente pregunta. Si alguien plantea que hay que atender las reclamaciones de un CEO, digamos de Repsol, ¿cómo pretenden paliar el agujero de los 67 millones de euros? ¿De dónde pretenden quitar 67 millones de euros para tapar ese agujero que puede quedar ahí? Porque esa es la pregunta que seguramente se estará haciendo quién pueda atender a este argumento. ¿A quién se lo van a quitar? No creo, y finalizo ya, que se pueda hacer todo lo que mande y lo que decida Repsol, sinceramente no lo creo, y hay empresas vascas, con las que he sido muy crítico en otras ocasiones, que ya han señalado que van a mantener su actividad aunque haya gravamen y que van a mantener su sede fiscal en Euskadi aunque haya gravamen, por ejemplo, Iberdrola. ¿Por qué Repsol, que ni siquiera tiene la sede fiscal en Euskadi, lo tiene que hacer? ¿Cuál es la obediencia soberanista o soberana que nos debemos para con una empresa que ni siquiera está radicada, su sede fiscal, en Euskadi? Finalizo. Ser fuerte con los débiles, con la gente, es relativamente fácil, pero no es demasiado honesto. Ser débil con los fuertes es bastante entendible, pero no es muy valiente. Y ser fuerte con las personas para ser débil con Repsol no es la mejor tarjeta de presentación. Habrá gravamen el 1 de enero; pelearemos para que sea impuesto a través de la modificación del proyecto de ley, pero, en cualquier caso, seguiremos defendiendo que este Estado, que cualquier Administración pública tiene que avanzar hacia niveles de cohesión social, y eso solo se consigue redistribuyendo la riqueza, porque si no estaremos hablando en abstracto. Cuando hablamos de redistribuir la riqueza hay que ir a las fuentes donde está esa riqueza. .

Josep Maria Cruset Domènech JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies, presidenta. Sovint, fer política pensant en la curta distància i el titular fàcil és el més agraït: requereix poc esforç i fins i tot pot ser àmpliament aplaudit en aquell moment. Però també sovint es fa evident que, passat el temps, d’aquest tipus de política no en queda cap resultat. Per contra, hi ha una altra manera de fer política, aquella en la que nosaltres creiem, segurament menys agraïda a la curta distància, però infinitament més efectiva en la defensa dels ciutadans i del nostre país: analitzar les propostes, escoltar els sectors afectats, aprofundir en l’estudi dels temes, contraposar allò que es consideri necessari, negociar amb qui tens al davant, mantenir la posició ferma i decidir en tot moment pensant en el país i la seva gent. Fa més de vuitanta dies que va començar el gruix de la tramitació d’aquesta llei que avui culminem — vuitanta dies—, i el que hem vist durant la tramitació d’aquesta llei recull perfectament aquestes maneres diferents de fer política: o pensar en la galeria i el titular de cada dia o pensar en el país. Alguns, quan avui s’acabi el Ple i quan d’aquí a uns quants dies es publiqui aquesta llei, no tindran absolutament res del que sentir-se’n orgullosos, res, no hi haurà res en la seva cistella. Per contra, la manera de fer de Junts per Catalunya haurà representat importants assoliments en sectors claus de la societat catalana. Per exemple, les 532 000 microempreses i pimes catalanes representen la columna vertebral del nostre teixit econòmic i empresarial, un 62,7 % del valor afegit brut de Catalunya i ocupen el 68,6 % de l’ocupació privada. Les 4450 cooperatives catalanes, que ocupen 41 000 treballadors, són el pilar fonamental de molts sectors econòmics i socials del país. Gràcies a Junts per Catalunya se’ls hi reduirà la pressió fiscal, reduint l’impost de societats per un valor de 2500 milions d’euros, fet que augmentarà la productivitat, facilitarà una major activitat empresarial i propiciarà un creixement de l’ocupació. A Catalunya, les mútues sanitàries donen cobertura a milions de catalans que fan un enorme esforç mensual per pagar-se aquesta cobertura sanitària, un sector que genera una activitat econòmica superior als 2500 milions d’euros i que ocupa més de 25 000 treballadors. Gràcies a Junts per Catalunya s’ha eliminat l’impost que es volia imposar als 2 700 000 catalans que fan aquest esforç i que se’ls volia castigar amb 250 milions d’euros anuals. A Catalunya, 21 000 clubs esportius i 69 federacions organitzen activitats esportives per als 520 000 ciutadans amb llicència esportiva federativa i per a uns altres centenars de milers més que practiquen esport amateur sense llicència. Gràcies a Junts per Catalunya es bonificarà la seguretat social dels entrenadors dels clubs esportius, ajudant la seva viabilitat econòmica i facilitant l’accés a la pràctica esportiva als menors de divuit anys. A Catalunya, més de 300 000 persones tenen reconeguda una discapacitat. En el nostre país, 199 centres especials de treball donen feina a més de 23 000 persones amb discapacitat. Gràcies a Junts, hem fet possible que les persones amb una prestació per incapacitat permanent no perdin aquesta prestació si es posen a treballar. I, finalment, a Catalunya hi ha 1985 empreses químiques que ocupen 61 000 treballadors i que representen un 27 % de les exportacions catalanes. Gràcies a Junts, hem preservat el present i el futur d’aquest sector; gràcies a Junts, hem preservat les inversions industrials estratègiques per descarbonitzar aquest sector, i gràcies a Junts hem evitat que s’augmenti la factura energètica a les famílies a causa d’una major pressió fiscal en el sector. Aquesta és la diferència entre una manera d’entendre la política i l’altra: uns, gastant el temps, posant-nos etiquetes, classificant-nos en blocs quan saben que només estem al costat de Catalunya o pensant en fer grans tuits; nosaltres, dedicant tots els nostres esforços precisament a defensar Catalunya i la seva gent. La diferència entre una manera de fer i l’altra és que la primera té les cames curtes, curtíssimes, i la segona, aquella que ens agrada practicar, és la que ens porta lluny, al costat de la gent i guanyant-nos la seva confiança, la confiança, l’essència de la política, la confiança que es guanya picant pedra cada dia, la confiança que es perd incomplint acords. La confiança, en política, és l’essència per tindre o no tindre futur. Oi que s’entenen? Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, presidenta. A menudo, hacer política pensando en la distancia corta y el titular fácil es lo más agradecido, requiere poco esfuerzo e incluso puede ser ampliamente aplaudido en aquel momento. Pero, también, a menudo se hace evidente que, pasado el tiempo, de este tipo de política no queda ningún resultado. Por el contrario, hay otra manera de hacer política, aquella en la que nosotros creemos, seguramente menos agradecida a corto plazo, pero infinitamente más efectiva en la defensa de la ciudadanía de nuestro país: analizar las propuestas, escuchar a los sectores afectados, profundizar en el estudio de los temas, contraponer aquello que se considere innecesario, negociar con quien tienes delante, mantener la posición firme y decidir pensando en todo momento en el país y en su gente. Hace más de ochenta días que comenzó el grueso de la tramitación de esta ley que hoy culminamos; ochenta días, y lo que hemos visto durante la tramitación de esta ley recoge perfectamente estas maneras diferentes de hacer política: pensar de cara a la galería y el titular de cada día, o pensar en el país. Algunos, cuando hoy acabe el Pleno y cuando dentro de pocos días se publique esta ley, no tendrán absolutamente nada de lo que sentirse orgullosos, nada, no habrá nada en su cesta; al contrario, el modo de hacer de Junts per Catalunya habrá representado importantes logros en sectores clave de la sociedad catalana. Por ejemplo, las 532 000 microempresas y pymes catalanas representan la columna vertebral de nuestro tejido económico y empresarial, un 62,7 % del valor añadido bruto de Cataluña, y ocupan el 68,6 % del empleo privado. Las 4450 cooperativas catalanas, que ocupan a 41 000 trabajadores, son el pilar fundamental de muchos sectores económicos y sociales del país. Gracias a Junts per Catalunya se les reducirá la presión fiscal, reduciendo el impuesto de sociedades por valor de 2500 millones de euros, hecho que aumentará la productividad, facilitará una mayor actividad empresarial y propiciará un crecimiento del empleo. En Cataluña, las mutuas sanitarias dan cobertura a millones de catalanes, que hacen un esfuerzo enorme cada mes por pagarse esta cobertura sanitaria, un sector que genera una actividad económica superior a los 2500 millones de euros y que ocupa a más de 25 000 trabajadores. Gracias a Junts per Catalunya se ha eliminado el impuesto que se quería imponer a los 2 700 000 catalanes que hacen este esfuerzo y a quienes se quería castigar con 250 millones de euros anuales. En Cataluña, 21 000 clubes deportivos y 69 federaciones organizan actividades deportivas para los 520 000 ciudadanos con licencia deportiva federativa y para otros centenares de miles más que practican deporte amateur sin licencia. Gracias a Junts per Catalunya se bonificará la Seguridad Social de los entrenadores de los clubes deportivos, ayudando a su viabilidad económica y facilitando el acceso a la práctica deportiva a los menores de dieciocho años. En Cataluña, más de 300 000 personas tienen reconocida una discapacidad. En nuestro país, 199 000 lugares de trabajo ayudan a más de 23 000 personas con discapacidad. Gracias a Junts hemos hecho posible que las personas con una prestación por incapacidad permanente no pierdan esta prestación si se ponen a trabajar. Y, finalmente, en Cataluña hay 1985 empresas químicas, que ocupan a 61 000 trabajadores y que representan un 27 % de las exportaciones catalanas. Gracias a Junts, hemos preservado el presente y el futuro de este sector. Gracias a Junts, hemos preservado las inversiones industriales estratégicas para descarbonizar este sector. Y gracias a Junts, hemos evitado que se aumente la factura energética a las familias a causa de una mayor presión fiscal en el sector. Esta es la diferencia entre una y otra manera de entender la política: algunos gastando, pasando el tiempo, poniéndonos etiquetas, clasificándonos por bloques cuando saben que solo estamos al lado de Cataluña o pensando en hacer grandes tuits; nosotros dedicando todos nuestros esfuerzos precisamente a defender Cataluña y a su gente. La diferencia entre una manera de hacer y la otra es que la primera tiene las piernas cortas, muy cortas, y la segunda, aquella que nos gusta practicar, es la que nos lleva lejos, al lado de la gente y ganándonos su confianza. La confianza es la esencia de la política. La confianza se gana trabajando duro cada día y se pierde incumpliendo acuerdos. La confianza en política es la esencia para tener o no tener futuro. ¿Verdad que se entiende? Muchas gracias. .

Pilar Vallugera Balañà ERC

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, en primer lloc, deixin-me donar les gràcies als diferents diputats que m’han donat pastilles per al coll i així igual puc parlar una estoneta que s’entengui alguna cosa. Gràcies, Cristina Valido. Jo la veritat és que surto una mica estupefacta de tanta supèrbia i de tant estar content de conèixer-se un mateix d’alguns dels que pugen aquí. I els he de dir que no em sento en absolut concernida pel que s’ha dit, perquè la política — i està bé que reflexionem a l’entorn de què és la política—, segurament, més enllà de l’esforç de confiança que et va prestant la gent a mesura que ets coherent i que obtens resultats i que, efectivament, millores la seva vida en el dia a dia, té molt a veure amb els principis. I sap què passa? Que nosaltres no som aquells que si els nostres principis no els agraden, tenim d’altres. Tinc els que tinc, i no en tinc més. Per tant, al no tenir-ne més, són difícilment vendibles. I permetin-me que torni a repetir el mateix que vaig dir la darrera vegada que vaig estar en aquest faristol: el meu grup parlamentari, el meu partit, no es deu a ningú més que als ciutadans de Catalunya; el meu grup parlamentari, el meu partit, no és comprable, no ven els seus vots, no està al servei de cap interès econòmic que no siguin les classes populars i treballadores del meu país. Per tant, clar que fem política de llarga durada, és clar que sí. I per això som capaços de tenir la flexibilitat d’explicar que la negociació que nosaltres vam plantejar i vam estar disposats a tirar endavant es produïa en el marc d’unes modificacions fiscals que contenien un impost a la banca — o la transformació del gravamen, que era temporal, en impost— i l’impost a les energètiques, i que estàvem disposats — i ho estem— a modelar aquest impost per fer possible la transició energètica i ecològica d’aquest sector industrial, perquè vivim amb els peus a la realitat i som conscients de que cal que la indústria funcioni al nostre país. El que no som és hostatges dels que ens diuen que o fem la política fiscal que ells volen o, mira, deixen d’invertir, perquè nosaltres estem al seu servei, no ells creant riquesa al nostre país. I, per aquí, ho sento moltíssim... Jo soc molt capaç d’admetre que m’equivoco; sí, m’equivoco, m’equivoco sovint. Segurament m’equivoco més que no pas l’encerto, però, en qualsevol cas, ho faig, indubtablement, amb la bona fe que pretén la redistribució de la riquesa i amb la convicció de que tot allò que faig ve dirigit perquè hi ha un motor ideològic, hi ha una voluntat de canviar la realitat, perquè és una realitat injusta, incòmoda per als que tenim menys i molt més fàcil per als que teniu més. Potser que baixeu a la realitat de tots plegats i entendreu per què entenem que les rendes de capital no poden ser com les rendes del treball i entendreu per què no volem ciutadans només rendistes amb els lloguers dels pisos. I per això volem que, entre altres coses, en matèria d’habitatge es cenyeixin les capacitats de treure els pisos del mercat per fer-los de temporada. I per què creiem que si un impost o gravamen o exacció o tribut o el que sigui, és a dir, un establiment d’una quota pública que reverteix en els pressupostos de tots, durant dos anys no ha produït cap drama econòmic, no ha produït cap forat, no ha produït cap impacte en el compte de resultats de les empreses, s’ha de mantenir, perquè s’ha demostrat que no ha parat el funcionament d’aquesta empresa i la seva consecució de beneficis. I com que això és així, parlarem amb tothom, és clar que parlarem amb tothom. Però no pretengui que canviem els nostres principis, perquè no ho farem. Per tant, l’acord a que vam arribar amb el Govern del PSOE, amb el grup parlamentari del PSOE, incloïa, per donar suport a tota la resta del pacte fiscal... I permetin-me recordar també que això prové d’una transposició d’una directiva europea i, per tant, és important que s’aprovi; de la mateixa manera que conté el final del frau als hidrocarburs i, per tant, és important que... Gracias, presidenta. Diputados, diputadas, en primer lugar, dejen que dé las gracias a los distintos diputados que me han dado pastillas para la garganta y así, quizás, puedo hablar un poco y que se entienda algo. Muchísimas gracias, Cristina Valido. La verdad es que salgo un poco estupefacta de tanta soberbia y de tanto estar contento de conocerse uno mismo de la gente que ha subido aquí. Tengo que decir que no me concierne en absoluto lo que se ha dicho, porque la política ―y está bien que reflexionemos sobre qué es la política― seguramente, más allá del esfuerzo de confianza que te va prestando la gente a medida que eres coherente y que obtienes resultados y que, efectivamente, mejoras su vida en el día a día, tiene mucho que ver con los principios. ¿Y saben qué pasa? Que nosotros no somos aquellos que si nuestros principios no les gustan, tenemos otros. No. Yo tengo los que tengo y no tengo más; por lo tanto, al no tener más, son difícilmente vendibles. Permitan que repita lo que dije la última vez que estuve aquí. Mi grupo parlamentario y mi partido no se deben a nadie más que a los ciudadanos de Cataluña. Mi grupo parlamentario y mi partido no se pueden comprar, no venden sus votos, no están al servicio de ningún interés económico que no sean las clases populares y trabajadoras de mi país. . Claro que hacemos políticas de larga duración, claro que sí. Por eso somos capaces de tener la flexibilidad de explicar que la negociación que nosotros planteamos y estuvimos dispuestos a sacar adelante se producía en el marco de unas modificaciones fiscales que contenía un impuesto o gravamen a la banca, que era temporal, y la transformación en impuesto, y el impuesto a las energéticas, y que estábamos dispuestos ―y lo estamos― a modelar este impuesto para poder hacer posible la transición energética y ecológica de este sector industrial porque vivimos con los pies en la tierra y somos conscientes de que es necesario que la industria funcione en nuestro país. Lo que no somos es rehenes de aquellos que nos dicen que o hacemos la política fiscal que ellos quieren o dejan de invertir, porque nosotros estamos a su servicio, no ellos creando riqueza en nuestro país, y por aquí, lo siento muchísimo… Yo soy muy capaz de reconocer que me equivoco; sí, me equivoco. Me equivoco a menudo, seguramente me equivoco más de lo que acierto. En cualquier caso, lo hago indudablemente con la buena fe que pretende la distribución de la riqueza y con la convicción de que todo aquello que hago viene dirigido porque hay un motor ideológico, hay una voluntad de cambiar la realidad, porque es una realidad injusta, incómoda, para los que tenemos menos, y mucho más fácil para los que tenéis más. Quizás hay que bajar a la realidad del resto y así entenderéis por qué las rentas de capital no pueden ser como las rentas del trabajo y entenderéis por qué no queremos ciudadanos solo rentistas con los alquileres de los pisos. Por eso, queremos que, entre otras cosas, en materia de vivienda se ciñan las capacidades de sacar los pisos del mercado para hacerlos de temporada. Creemos que si un impuesto, gravamen, transacción, tributo o lo que sea ―es decir, el establecimiento de una cuota pública que revierte en los presupuestos de todos― durante dos años no ha producido ningún drama económico, no ha producido ningún agujero, no ha producido ningún impacto en la cuenta de resultados de las empresas, se debe mantener porque se ha demostrado que no ha parado el funcionamiento de esta empresa y su consecución de beneficios. Y como esto es así, hablaremos con todo el mundo. Claro que lo haremos con todo el mundo. Pero no pretendan que cambiemos nuestros principios porque no lo vamos a hacer. Por lo tanto, el acuerdo al que llegamos con el Gobierno del PSOE, con el grupo parlamentario del PSOE, incluía dar apoyo al resto del pacto fiscal. Permitan que les recuerde también que esto procede de una trasposición de una directiva europea y, por lo tanto, es importante que se apruebe, del mismo modo que contiene el final del fraude de los hidrocarburos; por lo tanto, es importante que siga… .

Pilar Vallugera Balañà ERC

Gràcies, presidenta. De tota manera, acabaré molt ràpid. És a dir, recupero el que estava dient. La veritat és que em costarà una mica. Estava dient que això prové de la transposició d’una directiva i que conté també el final del frau dels hidrocarburs. I aquesta és una cosa que ens havia arribat per part de tots els estaments econòmics que cal fer-ho. Per tant, des d’aquesta perspectiva hem de creure que pacta sunt servanda, que els pactes es compliran, que hi haurà l’1 de gener impost a les energètiques i que això mereix, juntament amb la resta de coses que hem aconseguit i que altres s’imputen, i em refereixo ara, per exemple, a la distribució territorial de l’impost a la banca, que és fonamental, i em refereixo a alguns elements més que no tinc en aquest moment aquí... Deia: farà que el nostre vot sigui favorable a que aquesta llei continuï tal com la vam dibuixar i, per tant, votant en contra de les esmenes del Senat. De vegades sembla que la feina que fem aquí sigui molt de relat, sigui només de foc d’encenalls, de proclames. Tombar aquesta llei sí que seria una irresponsabilitat. Acceptar les esmenes que fessin impossible que tirés endavant el dibuix fiscal, el pacte fiscal, en el seu total sí que seria una irresponsabilitat. Quant a les cames curtes, mirin, saben què passa?, que el que té les cames més curtes són les mentides, i, tard o d’hora, abans un mentider que un coix. Bona tarda. Gracias, presidenta. De todas maneras, acabaré muy rápido. Es decir, recupero lo que estaba diciendo. La verdad es que me va a costar un poco. Estaba diciendo que esto proviene de la trasposición de una directiva que contiene también el final del fraude de los hidrocarburos. Esto es algo que nos había llegado por parte de todos los estamentos económicos que hay que hacer. Por lo tanto, desde esta perspectiva tenemos que creer que pacta sunt servanda, que los pactos se cumplirán, que habrá el 1 de enero impuesto a las energéticas y que esto merece, junto con el resto de cosas que hemos conseguido y que otros se imputan, me refiero ahora a la distribución territorial del impuesto a la banca, que es fundamental, y me refiero a algunos elementos más que no tengo en este momento aquí... Decía: hará que nuestro voto sea favorable a que esta ley continúe tal y como la dibujamos y, por lo tanto, votando en contra de las enmiendas del Senado. A veces parece que el trabajo que hacemos aquí sea muy de relax, que sea solo de proclamas. Tumbar esta ley sí que sería una responsabilidad. Aceptar las enmiendas que hicieran imposible que saliera adelante el dibujo fiscal, el pacto fiscal en su totalidad sí que sería una responsabilidad. En cuanto a los atajos, miren, lo que tiene las piernas más cortas son las mentiras y pronto o temprano antes se pilla a un mentiroso que a un cojo. Buenas tardes. .

Manuel Lago Peñas SUMAR

Ya me gustaría a mí ser Carlos Martín, pero no lo soy. . Como galego que son, puedo empezar realizando una pregunta a las diputadas y a los diputados del Partido Popular, también a los de VOX. ¿Por qué les parece bien que un autónomo tribute tres veces más que una empresa multinacional en el impuesto sobre sociedades? . ¿Por qué no les importa que un taller de automoción, una tapicería o una tienda tributen seis veces más que un gran banco? Eso es lo que hoy está sucediendo en España. Con los datos de la Agencia Tributaria, sabemos que el tipo efectivo sobre el resultado contable de una pyme es del 18 %, mientras que el de las grandes empresas multinacionales es del 5 %, y si es un grupo bancario, el tipo efectivo en sociedades no llega al 3 %. Las grandes empresas españolas ganan más que nunca, pero siguen sin pagar lo que les corresponde. En el año 2023 los beneficios empresariales declarados alcanzaron los 173 000 millones de euros, es la cifra más alta de la historia, pero la recaudación en el impuesto sobre sociedades todavía está por debajo de la alcanzada en 2006. A esta deserción fiscal protagonizada por las grandes multinacionales hay quien las llama ingeniería fiscal; yo creo que el término correcto, como siempre dice Carlos Martín, es escaqueo fiscal. . Un dato lo demuestra. Según el último informe de Oxfam Intermón, las 40 grandes empresas españolas tienen ―atención a esto, por favor― 832 filiales en guaridas fiscales. No es una práctica exclusiva de las multinacionales españolas, por eso la OCDE y la Comisión Europea han aprobado el establecimiento de un tipo mínimo del 15 % en el impuesto sobre sociedades. Ese es un acuerdo internacional que hoy votamos aquí. Señorías del PP ―señor Bravo, que lleva usted economía―, ustedes votan no a esta medida internacional y con ello se sitúan a la derecha de la derecha del consenso internacional sobre fiscalidad de las grandes empresas multinacionales. . Le voy a decir más, cuando suben a la tribuna se les llena la boca hablando de proteger a las pequeñas empresas, pero en realidad son cómplices de los privilegios fiscales de los oligopolios. Ese es su papel. Lo que hoy votamos aquí va más allá de la trasposición de la directiva europea, porque se incluyen otras medidas que hacen más justo nuestro sistema fiscal. Ahora bien, aquí se dijo que esto no es una reforma fiscal, es solo un paquete fiscal con medidas que van en la buena dirección, pero no la reforma estructural que llevamos décadas reclamando. Lo voy a decir claro: España es un país de tributación baja en términos comparados con la Unión Europea. En fiscalidad estamos más cerca de Hungría que de Francia o de Bélgica. Nuestros ingresos fiscales medidos sobre PIB están 5 puntos por debajo de la media europea. Situarnos en esa media, homologarnos a Europa supondría disponer de 80 000 millones de euros más cada año para mejorar nuestro estado del bienestar. El paquete fiscal que hoy votamos avanza en esta dirección, pero lo hace de forma insuficiente. Quiero destacar dos avances significativos. El primero es transformar en impuesto permanente el gravamen a los beneficios extraordinarios de la banca. Hagamos memoria. En la crisis financiera, en 2012, el Gobierno de Rajoy rescató a la banca: le dio 100 000 millones de euros. Nos dijo que lo iban a devolver. No lo hicieron. Ahora el Gobierno de SUMAR y el Partido Socialista ha establecido un gravamen que ha recaudado 3000 millones de euros en sus dos años de vigencia. Falta mucho para llegar a 100 000 millones, pero ya hemos empezado a recuperar a través de los impuestos. . Esta es la enorme diferencia entre un gobierno de la izquierda y un gobierno de la derecha. Ustedes le dan dinero a la gran banca y nosotros gravamos sus beneficios. . El segundo avance del paquete fiscal es el incremento de 2 puntos en el IRPF a las rentas de capital superiores a 300 000 euros. Hoy, en España, una persona asalariada que gana 27 000 euros tributa en IRPF lo mismo que un rentista que gana 240 000 euros, diez veces más. Por eso el 90 % de la recaudación del IRPF lo aportan las personas asalariadas y las personas pensionistas. Termino hablando del gravamen a las empresas del oligopolio energético. Es una vergüenza que este impuesto decaiga. . El oligopolio energético ha multiplicado sus ya enormes beneficios subiendo todavía más los precios de la electricidad y los combustibles, lo que ha generado un grave problema de inflación en 2022 que ha pagado la ciudadanía con pérdida de poder adquisitivo. El Gobierno de coalición de SUMAR y el Partido Socialista intervino los precios del mercado eléctrico y, al mismo tiempo, estableció un gravamen sobre los beneficios extraordinarios que ya ha recaudado 2800 millones de euros. Hoy, una alianza de las derechas amenaza con terminar con este impuesto, una alianza a favor de los privilegios fiscales del oligopolio energético. Ya les digo que SUMAR hará todo lo posible para impedirlo. . Termino. Nuestras propuestas para construir un sistema fiscal fuerte y justo tienen como eje central perseguir que aporten más los que más tienen, que contribuyan más los que más ganan, y esos son los grandes grupos multinacionales, los grandes patrimonios, las rentas del capital y las grandes fortunas. Muchas gracias. .

Pablo Sáez Alonso-Muñumer VOX

Gracias, señora presidenta. Señorías, cuando este texto entró en el Registro general de esta Cámara se trataba de debatir sobre un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición. Del Congreso salió incluyendo más impuestos, como el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, o como el impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos. Además, con la coletilla «y se modifican otras normas tributarias»; coletilla que para los socialistas significa «y otras subidas más de impuestos». Subidas de impuestos es algo que practican siempre los socialistas. Estamos ante un Gobierno que ha aumentado más de 81 veces los impuestos, cifra que con este proyecto de ley seguirá aumentando, aunque esto parece que la señora Montero no lo entiende muy bien. Estas subidas de impuestos supondrán una mayor carga fiscal y van en contra de la prosperidad de los españoles, de la competitividad de nuestras empresas y del futuro de España. Se trata de un impuesto que los Gobiernos acordaron en el seno de la OCDE, a espaldas de sus ciudadanos y empresas, y que la Comisión Europea ha decidido aplicar bajo amenaza de sanciones. Una Comisión Europea empeñada en que Europa siga perdiendo importancia en la economía mundial; empeñada en potenciar la deslocalización de las empresas europeas; empeñada en profundizar en la dependencia comercial de determinados gigantes económicos. Una Comisión Europea que está convirtiendo nuestro modelo social y económico en un sistema por el que la única forma de ensanchar el PIB es a través de subvenciones para mantener una estructura económica sin industria, sin campo y con un sector servicios dependiente del sector público. Señorías, la realidad es que en 2004 la Unión Europea representaba el 30,96 % del PIB mundial y este año, según datos del Fondo Monetario Internacional, representará tan solo un 17,41 %. En un contexto de pérdida de importancia de la economía europea a nivel mundial, de deslocalización de empresas que buscan ahorros de costes y entornos fiscales menos hostiles, ningún grupo político ha votado a favor de las enmiendas presentadas por VOX, tanto en el Congreso como en el Senado. . En ellas proponíamos la exclusión del impuesto a las empresas que reinviertan beneficios, relocalicen industria y actividad económica a España y generen empleo neto. Nadie ha votado a favor de una enmienda buena para incentivar la actividad económica, buena para reducir los altísimos niveles de desempleo y buena para aumentar la productividad de nuestra economía y la competitividad de nuestras empresas. El Senado ―esto es, el PP― nos devuelve un texto que trata de maquillar este proyecto de ley con una serie de enmiendas. Entre ellas, una que plantea deducciones en la cuota del impuesto por la aplicación de reducciones de tipos de interés para favorecer el acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes. Señorías, para ayudar a quienes de verdad quieren comprarse una vivienda, y así lo hemos propuesto en VOX, lo principal es recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF para todos los españoles; deducción que, a propósito, suprimió el Partido Popular. Lo principal es considerar no sujeta, a efectos del IVA, la adquisición de la primera vivienda. Incorpora el PP también dos enmiendas para ayudar a los afectados por la DANA. La postura de VOX a este respecto es muy clara: ningún afectado por la DANA debe pagar ni un solo euro de impuestos por aquellos bienes esenciales que necesita para salir adelante ; por tanto, para los afectados 0 % de IVA para los alimentos básicos, pañales, biberones, alimentos infantiles, bienes de aseo personal y ropa; un 0 % de IVA para suministros básicos de los hogares como electricidad, gas, agua y servicios de telecomunicaciones; un 0 % de IVA para materiales de obra, construcción y enseres para viviendas; un 0 % de IVA para talleres de vehículos ; y, por supuesto, un 0 % de IVA para la adquisición de vehículos nuevos o de segunda mano. Incluyen también una enmienda para reducir tributación de las micropymes. Bajar impuestos es una propuesta que siempre ha apoyado VOX, cosa que no se puede decir del Partido Popular. Por eso, proponemos simplificar y reducir el tipo general del impuesto sobre sociedades para favorecer el crecimiento de nuestras empresas y la creación de empleo en España. VOX propone que el tipo se reduzca efectivamente en función de la relocalización de beneficios a España y de la creación efectiva de empleo en España. Señorías, es de sentido común buscar la relocalización de beneficios de las empresas españolas, es de sentido común favorecer la creación de empleo en España. Incluyen también otra enmienda para reforzar las actividades de I+D+i, medida de puro sentido común, ya que España invierte en I+D+i un 1,43 % del PIB, mientras en la OCDE la media es del 2,71 % y en la Unión Europea del 2,15 %. Presenta el PP otra enmienda para liquidar y distribuir la cantidad recaudada por el nuevo impuesto complementario a las comunidades autónomas cuanto antes. Parece que el PP tiene más prisa en que se repartan los ingresos adicionales que provengan del impuesto complementario que en aliviar la carga fiscal a las empresas. . Señorías, la recaudación que se obtenga por este impuesto debería traducirse en reducción de las cargas fiscales a todas las empresas españolas y autónomos, en medidas que potencien su competitividad y faciliten su crecimiento y expansión internacional. Termino. Señorías, estamos ante un Gobierno insaciable con el gasto y que pretende obtener más ingresos para mantener su red de subvenciones ideológicas; estamos ante un Gobierno que no quiere reducir el gasto público superfluo, ineficiente e innecesario; estamos ante un Gobierno que no entiende la importancia de mejorar la competitividad de las empresas españolas; estamos ante un Gobierno que el mejor favor que puede hacer a los españoles es irse. Muchas gracias. .

Juan Antonio González Gracia PSOE

Gracias, presidenta. ¿Qué es el patriotismo, señorías? Uno de los mejores oradores que han pasado por este hemiciclo, don Manuel Azaña, dijo hace noventa años en este mismo atril: El patriotismo no es un código de doctrina. El patriotismo es una disposición del ánimo que nos impulsa, como quien cumple un deber, a sacrificarnos en aras del bien común. Señorías, la patria es nuestra bandera, nuestro himno y nuestro escudo, y los socialistas nos sentimos muy orgullosos de ello. Pero la patria también es sacrificarnos en aras del bien común, como decía Azaña, y por eso, en estos cuarenta y seis años de Constitución española, los socialistas hemos defendido como nadie la caja de la Seguridad Social, los derechos de los trabajadores, una fiscalidad más justa, nuestro sistema de pensiones, nuestra educación pública, nuestros sistema sanitario público, gratuito y universal , y cuando estábamos en la oposición siempre tendimos la mano al Gobierno, por ejemplo, en temas como el terrorismo. El proyecto de ley que estamos debatiendo es un nuevo ejemplo. También significa sacrificarnos por el bien común, que decía Azaña, y eso es lo que están haciendo la mayoría de grupos en esta Cámara. Señorías del Partido Popular, explíquenle ustedes a los españoles y a las españolas que han votado en contra de un impuesto que ha aprobado toda Europa, incluidos aquellos países donde gobierna el Partido Popular Europeo, un impuesto que garantiza que las empresas con ingresos de más de 750 millones tributen un mínimo aquí en España y no se vayan a otros países. ¿Es ser leal a este país votar en contra de esto? . Creo, señores del Partido Popular, que votar en contra de esto es ser desleal a España. ¿Qué problema tiene el Partido Popular para no votar a favor de bonificaciones para entrenadores por contratación en entidades deportivas? Pues ustedes votaron que no. ¿Saben cuánto beneficio obtuvo la banca en España en el año 2023? Fueron 26 000 millones de euros. Parece razonable que con ese beneficio pueden hacer un esfuerzo para contribuir al reparto de la riqueza en este país o que ese dinero, por ejemplo, vaya a becas para nuestros jóvenes estudiantes. Parece razonable, ¿no? ¿Y qué votó el Partido Popular? Votó que no. ¿Están ustedes, señores y señoras del Partido Popular, a favor del fraude de hidrocarburos? ¿Están ustedes a favor de que haya mafias operando en estos momentos haciendo competencia desleal a nuestras gasolineras y poniendo en riesgo a nuestras pymes y a nuestros trabajadores? Pues con este proyecto de ley vamos a evitar ese fraude, y ustedes votaron que no. Pero, claro, ¿qué podemos esperar del Partido Popular, que se llena la boca de patriotismo, pero a la hora de la verdad no hacen nada? Porque, señorías, ¿quién es más patriota, el presidente del Gobierno de España que en los últimos seis años ha subido 14 puntos las pensiones a diez millones de personas, o el jefe de la oposición, que se ha opuesto sistemáticamente a ellas? . ¿Quién es más patriota, señorías, el jefe de la oposición cuyo partido aprobó la reforma laboral que consagró el despido sin causa, que limitó la negociación colectiva y afloró los contratos basura, o el presidente del Gobierno que derogó la reforma laboral? . Con el Partido Popular, uno de cada diez contratos era indefinido, y en estos momentos, con el Gobierno de Pedro Sánchez, de cada dos contratos, uno es indefinido. Por cierto, si The Economist elige a España como la mejor economía de la OCDE en 2024, o si la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social está batiendo récord en estos momentos, el patriotismo no consiste en que a los señores de la bancada de la derecha se les agrie la cara y se les ponga mal humor por cada buen dato de España, porque cualquier español, señores de la derecha, debería sentirse orgulloso de su país si este presenta buenos datos. . Porque, señorías, ¿quién es más patriota, el jefe de la oposición que se opone sistemáticamente a la subida del salario mínimo interprofesional y cuyo partido, el Partido Popular, dejó en 735 euros, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo ha incrementado un 54 %, y ahora está en 1134 euros? . Hay 2,5 millones de personas en España que cobran el salario mínimo interprofesional y saben de sobra cuál es la diferencia. Por cierto, si la jefa del jefe de la oposición, es decir, la señora Ayuso, insinúa que debe haber diferentes salarios mínimos, uno para extremeños y otro diferente para madrileños, yo desde aquí le exijo públicamente que aclare de una vez lo que quiso decir y que pida disculpas públicas a los trabajadores de Extremadura. . No se puede permitir que los dirigentes del Partido Popular sigan pensando que debe haber trabajadores de primera y trabajadores de segunda. ¿Y en fiscalidad, señorías, quién fue más patriota? ¿Montoro, que concedió una amnistía fiscal para los ricos, o Montero, que aprobó un impuesto para las grandes fortunas, para que precisamente esa recaudación se destinara a que la clase trabajadora tuviera mejores servicios? . Señorías del Partido Popular, ¿dónde está su sacrificio en aras del bien común? ¿Cómo se puede ser patriota cuando se vota en contra de los intereses de España? Terminaba Manuel Azaña aquel discurso diciendo: «Nadie tiene el derecho de monopolizar el patriotismo y nadie tiene el derecho, en una polémica, de decir que su solución es la mejor porque es la más patriótica; se necesita que, además de patriótica, sea acertada». Eso es lo que buscan el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista, acertar, para seguir mejorando este país, del que nos podamos seguir sintiendo muy orgullosos. Muchas gracias y felices fiestas, con el mayor deseo de esperanza a toda la maravillosa gente de Valencia. .

José Vicente Marí Bosó PP

Gracias, señora presidenta. Señor González, me he de referir necesariamente a su intervención. Lo que está haciendo el Partido Socialista en esta legislatura está muy alejado del patriotismo que propugnaba don Manuel Azaña, muy alejado. Patriotismo es pagar los impuestos aquí, no irse a Portugal a pagarlos. . Esta legislatura, señor González, señorías, ha respondido desde el inicio a dos intereses particulares, al interés particular del señor Sánchez por seguir en la silla y al interés del separatismo en ser amnistiado. Y lo único que tenemos hoy es al señor Sánchez en la silla, con algún porrazo que otro, y al separatismo amnistiado. En todo lo demás, un Gobierno inviable, una mayoría que no se entiende, que no coincide, y el bienestar de los españoles postergado. Y es que, tratándose del bienestar de los españoles, de su progreso, el Gobierno solo tiene capacidad para proteger esos dos intereses particulares, pero no tiene nada que proponer, porque no tiene mayoría para proponerlo. No hay política presupuestaria ni presupuestos 2024 porque el Gobierno no tuvo mayoría siquiera para presentarlos. No hay senda de estabilidad 2025 porque el Gobierno no tuvo mayoría para aprobarla. No hay, de momento, presupuestos 2025, y habrá que seguir prorrogando el de 2023 porque el Gobierno no tiene mayoría. Señorías, es que el Gobierno para lo único que tiene mayoría es para seguir deambulando, para nada más. . Hoy la extrema debilidad del Gobierno nos lleva a la incerteza e inseguridad permanentes, de tal forma que hoy el principal riesgo para el progreso de nuestro país es la falta de credibilidad del señor Sánchez. Pero es que no solo el Gobierno no es creíble por haber sido y ser el Gobierno del engaño permanente, sino también porque dice cosas increíbles, como lo de la multilateralidad bilateral o lo de que el año que viene habrá impuesto a las energéticas sin que haya impuesto a las energéticas. En fin, señorías que respaldan al Gobierno, si ustedes se creen estas trolas tan grandes es que necesitan creérselas; si no, no se entiende. . Esta falta de mayorías que respalden las políticas del Gobierno se ha puesto de manifiesto en esta ley, cuyas enmiendas y vetos del Senado debatimos. La señora Montero, además de ser la ministra que no sabe aprobar presupuestos, es la ministra del infierno fiscal: en seis años ha sometido a los españoles a una auténtica sangría. Entre subidas de impuestos y cotizaciones ha modificado ochenta y una figuras y ha obtenido 41 000 millones más de recaudación, de los cuales 27 000 es solo por influjo de la inflación. Le pedimos reiteradamente que deflactara la tarifa del IRPF para ayudar a los españoles. No ha habido una política fiscal y tributaria coherente y definida en función de objetivos de políticas públicas, sino que la única y exclusiva obsesión ha sido subir, subir, subir y subir todo. Da igual si el impuesto a la banca se repercute directamente a los ciudadanos o si el impuesto a las energéticas impide la inversión y la implicación de estas en la lucha contra el cambio climático: este impuesto lo pongo, por poner, con unos; aquel impuesto lo pongo, también por poner, con otros; con uno pacto subir las primas de seguros a 18 millones de españoles, con el otro pacto subir el diésel a 14,5 millones de españoles; y cuarto y mitad de SOCIMI; y el impuesto sobre bienes suntuarios; y en paquete me viene el impuesto a las herencias, y póngale un lacito. Pero, señorías, ¡¿esto qué es?! . Así, señorías, con la señora Montero diciendo una cosa a unos y la contraria a otros, se nos hizo la una de la mañana en la Comisión de Hacienda, y la casa de los intereses generales de los españoles sin barrer. Ante tanto desgobierno, nosotros decidimos formular una política fiscal y tributaria que atienda el bienestar de los españoles en este momento. Respaldamos la bajada del impuesto de sociedades a las pymes planteada por Junts y también la bajada del IVA a los productos con leche fermentada. Planteamos que las empresas puedan deducir de las bases imponibles negativas a compensar aquello que reinviertan, porque la baja inversión es uno de nuestros principales desequilibrios. Redirigimos el impuesto de la banca para que las entidades financieras se comprometan con el acceso a la vivienda a un precio asequible de nuestros jóvenes. Bonificamos al cien por cien la tarifa del IRPF, y así hasta el cuarto año, para que nuestros jóvenes puedan iniciar un nuevo proyecto de vida. También nos comprometemos con los impuestos cero, la fiscalidad cero, para los afectados por la DANA, en la adquisición de vehículos, en los impuestos y tributos municipales y en aquellas donaciones que lleguen a todos, para que no se vean gravadas. Todo esto es lo que entendemos que sirve en este momento al bienestar de los españoles. Señorías, estos años ha habido una decidida política del Gobierno socialista de devaluación salarial y de pensiones vía subida de impuestos e inflación, y esto ha tenido como resultado que hayamos perdido 5 puntos de convergencia con la Unión Europea, la nula inversión privada, la baja productividad y que el índice de riesgo de pobreza y exclusión se sitúe en el 26,5 % ―solo nos superan Bulgaria y Rumanía― y que tengamos la tasa de paro más alta de toda la Unión, pese a los maquillajes. Esta es la realidad, no propaganda, y con esta realidad ¿de qué crecimiento y de qué escudo social nos hablan, señorías? ¿En qué país viven? . Hay que hacer otra política económica, presupuestaria y fiscal, que no aspire a intervenirlo todo hasta la extenuación, que no quiera complicarlo todo con papeleo, que prefiera crear condiciones para tener trabajo antes que necesitar subsidios. Hemos de reformar las condiciones para crear más empleo, eliminando la precariedad y reformando el mercado de la energía y también el mercado inmobiliario, pero el mercado inmobiliario del conjunto de los españoles para abaratar la vivienda, no el mercado inmobiliario de los ministros, los asesores y los jefes de gabinete del Partido Socialista. . Y ha de haber un Gobierno que, en lugar de dedicarse veinticuatro/siete a su agenda judicial, se dedique, junto con las comunidades autónomas, a mejorar nuestra educación, a mejorar nuestra sanidad y a mejorar mucho el sistema que tenemos de atención a la dependencia y a la discapacidad. Señorías, los españoles no aspiran a nada anormal, solo quieren y merecen un Gobierno que gobierne, un Gobierno que no les engañe y un Gobierno que sea limpio. Eso es lo que esperan los españoles. Queda mucho por hacer y por reconstruir, y podemos empezar hoy porque podemos estar de acuerdo en muchas de las enmiendas que hoy planteamos. Lleguemos a acuerdos hoy, señorías, y también en el futuro. Hagámoslo, no podemos perder más el tiempo. Muchas gracias, señora presidenta. .