Pleno del Congreso n.º 4 · XV legislatura

Sofía Acedo Reyes PP

Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señorías. Registramos y solicitamos la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, señor Albares, para que informe a esta Cámara sobre las negociaciones que está llevando a cabo con el Reino de Marruecos relativas a las fronteras de Ceuta y Melilla. La exigencia de su comparecencia responde, entre otras cuestiones, al ostracismo con el que el Gobierno de Sánchez despacha asuntos de gran importancia para nuestro país, pues estos son de vital importancia para las dos ciudades autónomas españolas. Esta ocultación de información ha llevado a que los propios presidentes de las dos ciudades autónomas se hayan tenido que enterar vía medios de comunicación o por terceros. Además de la falta de respeto institucional, pone de manifiesto lo poco que considera este Gobierno a los ceutíes y melillenses, que son los que en las urnas otorgaron su confianza mayoritaria a los populares Juan Vivas y Juan José Imbroda, así como al partido mayoritario de este país en las Cortes Generales, el Partido Popular. Ostracismo, ausencia total de transparencia, deslealtad institucional y falta de respeto a los ciudadanos, un combo perfecto, permítanme la ironía, para tratarse de un asunto internacional que requeriría de la participación de todas las partes, pero, especialmente, de las más afectadas, las ciudades de Ceuta y Melilla y sus representantes legítimos. Haré un breve repaso cronológico de los hechos para contextualizar el asunto. En junio del año 2018 se produce un cambio de Gobierno en España con Sánchez al frente. En agosto de ese mismo año, Marruecos cierra unilateralmente la aduana comercial con España en Melilla. A día de la fecha, señorías, permanece cerrada, aduana comercial española con un tercer país, Marruecos, aduana internacional de importación y exportación de mercancía, sujeta al pago de aranceles y tributos, absolutamente legal, en términos asimilados a cualquier otra aduana española que exporte al extranjero e importe desde otro país. Marruecos quiso propinar un golpe diplomático al Gobierno de Sánchez con el cierre de esta aduana que llevaba funcionando décadas, mucho antes de que el Reino de Marruecos se independizara en 1956, pero, a partir de entonces, señorías, también, sin ningún problema técnico. En el primer trimestre del año 2022, en la reunión de alto nivel, Marruecos y España firman un memorando donde se recogían los acuerdos alcanzados, entre ellos la normalización del tránsito de mercancías y personas a través de los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, con la reapertura de la aduana comercial de esta última y la apertura de una nueva en Ceuta. Desde entonces han pasado tres años y seguimos sin reapertura, sin apertura de una nueva en Ceuta y sin normalización del tránsito en frontera. Cuando parecía que aquella hoja de ruta era real y sincera, España llevó a cabo un reconocimiento sin precedentes del plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, rompiendo así con la postura histórica española de todos los Gobiernos. Marruecos vuelve a asestar otro golpe a España, bloqueando ahora el régimen aduanero de viajeros a través de Ceuta y Melilla hacia Marruecos, pero no al contrario. Un régimen reconocido y aceptado internacionalmente. Marruecos decide bloquear la salida por las fronteras terrestres de cualquier compra de consumo individual realizado en las ciudades de Ceuta y Melilla. A día de hoy, señorías, esto se mantiene. En este punto, déjenme aclararles que nada de lo que hoy hablamos aquí tiene que ver con el contrabando, el comercio atípico y las imágenes tercermundistas de fardos. Lo aclaro porque, intencionadamente, se pretende mezclar todo, haciendo un totum revolutum para devaluar la importancia de la reapertura de la aduana comercial internacional de España con Marruecos, sita en Melilla y la recuperación total y absoluta del régimen de viajeros aduanero, que nada tiene que ver, insisto, con el porteo de fardos. Por lo que, señorías socialistas, si tenían intención de utilizarlo como argumento, absténganse de hacerlo, porque solo pondría de manifiesto el desconocimiento total y absoluto que tienen del asunto. Lo digo porque ya lo han hecho. Continúo. En febrero del año 2024, el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, en una comparecencia en Moncloa afirmó que por la parte española no existía ningún problema técnico, que ya estaba todo listo para reabrir la aduana de Melilla y la nueva en Ceuta y recuperar los tránsitos comerciales. Mentía entonces el presidente del Gobierno o mienten ahora el señor Albares y todos ustedes, porque convendrán conmigo en que es difícil sostener una cosa y la contraria, hasta para ustedes que son expertos malabaristas y especialistas en los cambios de opinión. Además, siguen afirmando que estamos en el mejor momento de nuestras relaciones con el Reino de Marruecos. ¿Qué pasaría entonces si no estuviésemos en este mejor momento? Señorías socialistas, ¿están sacando, entonces, de la ecuación a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla? Porque en ningún caso podrían hablar de normalización o restablecimiento de las relaciones con el vecino país, atendiendo a la anomalía que lleva años produciéndose en nuestras fronteras terrestres del sur. ¿Son ustedes conscientes de lo perverso de tales afirmaciones y de lo peligroso e irresponsable que es pasar de puntillas por los asuntos que afectan a Ceuta y Melilla? Es cierto que nuestro país, España, trasciende a su Gobierno y también es cierto que el daño que su Gobierno está haciendo a España va a costar muchos años repararlo. Señorías, desde el año 2018, el Gobierno de España ha sido incapaz de conseguir la reapertura de la aduana comercial con Melilla y la nueva en Ceuta. El Gobierno ha permitido un tratamiento hostil de un país tercero contra las ciudades de Ceuta y Melilla. El Gobierno ha permanecido impasible ante un cambio unilateral y desigual para Ceuta y Melilla y de las reglas del juego comerciales entre dos países que se presuponen amigos, lo que ha supuesto un golpe económico a las ciudades, ya no solo con la aduana comercial, sino con el régimen aduanero de viajeros fundamental para el comercio minorista de ambos lados de la frontera. ¿Pueden seguir ustedes afirmando que nos encontramos en el mejor momento? Si es así, además de irresponsables, ustedes nos tendrán que contar a qué se debe tanta sumisión y pleitesía a Marruecos. Promover las mejores relaciones debe ser, por supuesto, la obligación de ambas partes, pero no hay que ceder ante cualquier exigencia de un tercero a costa de los intereses españoles en Ceuta y Melilla, bajo ningún concepto, señorías. Es inaceptable que todavía en este momento el ministro de Asuntos Exteriores haya sido incapaz de mantener una reunión con los dos presidentes de las ciudades autónomas para informarles de la situación de ambas fronteras. Sería inasumible que el Gobierno de España aceptase cualquier apertura que no pasase por una aduana internacional documentada, absolutamente legal y con un régimen de viajeros recíproco, donde los intereses de ambas partes, España y Marruecos, estén ponderados en un plano de igualdad. Es inconcebible que se antepongan permanentemente los intereses de su Gobierno, del presidente Sánchez, al interés general, al interés de España, ya sea en Ceuta, Melilla o cualquier otra parte del territorio nacional. Termino. En una de sus últimas declaraciones el señor Albares afirmó estar escuchando ―y cito literalmente― estupideces en torno a las aduanas comerciales y las fronteras españolas en Ceuta y Melilla. Permítanme decirles que no hay nada más estúpido, no hay mayor estupidez, como diría el señor Albares, que permitir un ninguneo constante a España, como hace su Gobierno. Miren, las decisiones que adopte Marruecos en su soberanía, señorías socialistas ―les hace mucha gracia―, es su responsabilidad. A mí, como melillense y española, me preocupan y afectan las que adopte mi Gobierno, el Gobierno de España, en defensa de los intereses de mi país en Ceuta y Melilla. Por ello, para saber cuáles son estas, solicitamos la comparecencia del señor ministro en esta Cámara y solicitamos, también, el apoyo del resto de grupos parlamentarios. Nada más y muchas gracias. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidenta. Yo haré una intervención inicial que valdrá para el resto de los puntos del orden del día de esta Diputación Permanente. Como suele suceder fuera del periodo de sesiones ordinarias, se convoca esta diputación para debatir la convocatoria de sesiones urgentes para que determinados miembros del Gobierno expliquen ante la Cámara, en los pocos días que suelen quedar hasta final de mes, determinados asuntos sobre los que los grupos parlamentarios consideren que se debe comparecer para explicarlos con carácter urgente. Nosotros, sin entrar a ponderar la urgencia de estos asuntos, lo que no vemos, para los pocos días que nos quedan de mes, es convocar sesiones extraordinarias, máxime cuando, como en otras ocasiones, varios de los ministros interpelados han solicitado ya a la Cámara la comparecencia para explicar buena parte de los asuntos que se le exigen en la comparecencia con carácter urgente. Por lo tanto, como en otras ocasiones, votaremos que no a estas peticiones, porque en breve, cuando se inicie el periodo ordinario de sesiones, comparecerán y darán cuenta de aquellos asuntos de los que se les pide explicación con carácter urgente. Nada más y muchas gracias.

Mertxe Aizpurua Arzallus EH Bildu

Gracias. Nosotros también haremos una única intervención para anunciar que no apoyaremos ninguna de las solicitudes del Partido Popular, y lo hacemos así por una cuestión de forma: todos los ministros y ministras parece que van a comparecer en sus respectivas comisiones. Pero, sobre todo, por una cuestión de fondo: el Partido Popular aprovecha cada periodo sin sesiones para traer aquí sus obsesiones, que, además, nada tienen que ver con las necesidades de la ciudadanía. Esta vez piden comparecencias urgentes para hablar sobre Venezuela, para defender a jueces prevaricadores y para seguir con su estrategia de unir absolutamente todo con el supuesto manto de acusaciones sobre corrupción, con el que pretenden hundir esta legislatura. Nada sobre los problemas de acceso a la vivienda y la especulación de sus protegidos rentistas. Nada sobre la contención de los precios, que no paran de subir. Nada sobre la necesidad de aumentar los salarios o el SMI. Nada, ni una sola solicitud sobre las cuestiones que realmente preocupan a la ciudadanía. Porque no tienen nada que ofrecer, como hemos podido comprobar hoy mismo, esta mañana, mientras tumbaban subidas de pensiones o ayudas al transporte público, solo sus obsesiones para desarrollar su agenda reaccionaria. En todo lo que dependa de nosotros, no vamos a darles ni una sola opción para continuar embarrándolo todo. Por tanto, no apoyaremos ninguna de sus propuestas. Nada más y muchas gracias.

Àgueda Micó Micó SUMAR

Gracias, presidenta. Nosotros también expresamos que no vamos a dar apoyo a estas propuestas de comparecencia, porque, efectivamente, los ministros y las ministras lo harán en comisión o en Pleno, porque ellos mismos quieren dar explicaciones al respecto. Por tanto, entendemos, igual que los diputados y las diputadas que me han precedido en el uso de la palabra, que es ahí donde se tienen que explicar todas las cuestiones. En todo caso, sí que me gustaría aprovechar para explicar nuestra postura sobre esta cuestión. La verdad es que la reapertura de la aduana comercial de Melilla y la apertura inicial en Ceuta son presentadas por el Gobierno, por el ministro, como avances en la hoja de ruta con Marruecos. Sin embargo, estas medidas, fruto del giro político que respaldó el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, suscitan numerosas dudas. Por eso, también es importante que los ministros lo expliquen. Tras años de negociaciones y múltiples pruebas frustradas, Marruecos finalmente permitió el paso de un camión desde Melilla limitado a 600 kilogramos de mercancía, mientras que en Ceuta se intenta replicar el operativo con estrictas restricciones, un camión diario en cada dirección, horarios limitados y un listado cerrado de productos. Esto no constituye una normalización comercial, sino una cesión unilateral de España a los intereses de Marruecos, que continúa muchas veces imponiendo condiciones, incluso retrasos e incumplimientos reiterados. Además, esta apertura no resuelve el problema de fondo que existe. El Gobierno ha ignorado cómo estas acciones refuerzan la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental, violando la legalidad internacional y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que rechazan el aprovechamiento de recursos en territorios ocupados sin el consentimiento de su población legítima. Por tanto, queremos que haya transparencia sobre los términos de estos acuerdos y garantías para los derechos de los ciudadanos afectados tanto en Ceuta como en Melilla, así como medidas para evitar que estas decisiones perpetúen la vulneración de la soberanía saharaui. Aprovecho también el tiempo para explicar un caso que ha pasado este mismo sábado. Un periodista y dos activistas fueron expulsados de Dajla, en en el Sáhara Occidental ocupado, tras llegar en un vuelo directo desde Madrid operado por Ryanair. Esta ruta ha sido denunciada como un intento de normalizar la ocupación marroquí y viola la legalidad internacional, como confirman también sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Marruecos explota ilegalmente recursos saharauis y gestiona de forma indebida el espacio aéreo, que según la OACI corresponde a España. Por tanto, también les vamos a pedir al ministro y al Gobierno que, en este caso, defiendan la libertad de prensa, los derechos humanos y también el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, así como que aclare la posición de ENAIRE y actúe para garantizar que no ceda el control del espacio aéreo ni se permita la explotación económica del territorio ocupado del Sahara. En todo caso, y, para terminar, quiero reiterar que es misión del Gobierno y de los ministros dar cuentas de forma transparente. Yo creo que la ciudadanía del Estado español quiere esa información, y lo harán en tiempo y forma, pero también quería aprovechar para decir al Partido Popular que no puede dar lecciones a nadie en temas relacionados con la inmigración e intentaran ser menos hipócritas a la hora de plantear los temas que realmente importan a la gente de nuestro Estado. Gracias.

Ignacio Gil Lázaro VOX

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, Ceuta y Melilla son ciudades tan inequívocamente españolas como lo son Cuenca, Jaén, Barcelona o Bilbao. Sin embargo, Marruecos lleva años trabajando para apropiarse de ellas; una estrategia marroquí que, en los últimos años, se ha visto favorecida por la actitud de debilidad y sumisión del Gobierno de Sánchez a los intereses del autócrata Mohamed VI. Esa sumisión, además, se ha hecho especialmente sensible y evidente a partir de saberse que había sido espiado el teléfono móvil del presidente del Gobierno y de alguno de sus ministros. Y, de ahí, sucesos y evidencias tales como el giro sorpresivo en la cuestión del Sáhara, la política de migración del Gobierno de España o la financiación pública española a intereses de Marruecos en su territorio, en concreto, notables inversiones en materia de seguridad, defensa y regadíos que benefician a esos intereses de Marruecos en su propio territorio. La permisividad que el Gobierno de España está teniendo en todos los ámbitos en relación con los productos agrícolas marroquíes o en cuestiones de pesca son ―como digo― aspectos que vienen acreditando esa cesión inexplicable y esa sumisión de los intereses estratégicos de España por parte del Gobierno de Sánchez a las conveniencias de Marruecos. Desde luego, para cumplir esas pretensiones anexionistas sobre Ceuta y Melilla, Marruecos ha estado utilizando diversas estrategias que van desde la presión migratoria masiva sobre ambas ciudades hasta el intento de asfixiarlas económicamente con el cierre de las aduanas, la apertura de la nueva aduana con Marruecos o el llamado régimen aduanero de viajeros. Y todo ello, con el fin evidente de acabar con la prosperidad de Ceuta y Melilla, dañar su tejido empresarial y fomentar la competencia desleal al otro lado de la frontera. En abril de 2022, tras reunirse el presidente Sánchez con Mohamed VI, se pactó una hoja de ruta para la reapertura de la aduana de Melilla y la apertura de una nueva en Ceuta. Esa hoja de ruta no se ha cumplido manifiestamente por parte del Gobierno marroquí por más que Sánchez y el señor ministro de Asuntos Exteriores reiteren sistemáticamente declaraciones equívocas y engañosas tratando de tapar o disfrazar esa realidad del incumplimiento marroquí. Lo que está ocurriendo en Ceuta y Melilla ―y conviene hacer también este apunte― no es solo responsabilidad del Gobierno de Sánchez, es también responsabilidad de sus respectivos gobiernos locales, que no han plantado cara con claridad en los últimos años a las estrategias de marroquización en todos los ámbitos ―incluido el económico― impulsadas por Mohamed VI. Ante esta realidad, el Grupo Parlamentario VOX reitera que el futuro de Ceuta y Melilla ha de construirse mirando exclusivamente a España y, en especial, a aquellas provincias con las que históricamente estas dos ciudades han tenido más relación. Y hay que hacerlo, además, abordando medidas concretas. Hay que dar un refuerzo efectivo y real a nuestras fronteras para combatir la inmigración ilegal que amenaza la identidad española de ambas ciudades, su seguridad y su prosperidad. Por supuesto, tenemos que poner fin a los fraudes en el padrón. Hay que realizar fuertes inversiones estatales que mejoren los servicios públicos de ambas ciudades y garanticen también la prioridad nacional ―la prioridad de nuestros compatriotas― en el acceso a todas las ayudas sociales. Tenemos que promover iniciativas económicas y fiscales que atraigan inversión privada y un marco jurídico estable, seguro y claro que permita, precisamente, alentar esa inversión. Hay que abaratar y aumentar la frecuencia de los viajes entre la Península y las dos ciudades autónomas para fomentar el turismo y las relaciones sociales y económicas de estas con el resto de España. Y, desde luego, debemos acabar con todas las subvenciones y ayudas económicas de España a Marruecos porque no tiene ningún sentido financiar a quien ejerce una competencia desleal sobre nuestros productos, amenaza nuestra integridad territorial y pretende ahogar económicamente a Ceuta y Melilla. En definitiva ―y concluyo, señora presidenta―, el compromiso de VOX con Ceuta y Melilla es total. Buena vecindad con Marruecos, sí, siempre desde el respeto mutuo y desde la defensa de los intereses nacionales. Muy pronto, desde el Gobierno, VOX pondrá fin a los chantajes y estrategias de Marruecos con firmeza y con determinación, recuperando el prestigio de España que Sánchez se ha cargado con su política dócil y sumisa frente a Marruecos. Así que ténganlo muy claro en Rabat: Ceuta y Melilla son y serán siempre España. Apoyaremos, desde luego, la solicitud de comparecencia porque en esto, como en todo, hay ya demasiada exhibición por parte del Gobierno de Sánchez de mentiras, oscurantismo e incapacidad manifiesta para defender el interés superior de España. Muchas gracias. .

Begoña Nasarre Oliva PSOE

Gracias, señora presidenta. Señorías, hablamos de política exterior ―por cierto, transparente; nada de ostracismo ni oscurantismo― llena de hitos. Y sí que observamos un contraste evidente entre un Gobierno que construye relaciones estratégicas en un momento internacional complejo y un Partido Popular que solo destruye y siembra conflictos, oportunismo y connotaciones negativas para nuestro país, sin importarles ni el respeto institucional ni el sentido de Estado ni, por supuesto, los ciudadanos, como hemos visto antes en el hemiciclo. Vamos a contextualizar. Marruecos es un socio estratégico para España en múltiples ámbitos: comercio, colaboración esencial en materia de seguridad, en la lucha contra el terrorismo y el tráfico de seres humanos y otras numerosas cuestiones que benefician no solo a ambos países, sino también a Europa. Estamos debatiendo un hito importante como es la apertura de las aduanas en Ceuta y Melilla. La de Ceuta es la primera en la historia, y se ha producido la reapertura de la de Melilla tras años de parálisis, señora Acedo. Estas decisiones son fundamentales para la economía de ambas ciudades ―y, por ende, de nuestro país― y marcan un cambio radical frente al inmovilismo de los Gobiernos del Partido Popular. . Recordemos: la aduana de Melilla llevaba cerrada desde el año 2018. Durante el mandato del Partido Popular no se movió ni un solo dedo para revertir esta situación. Es más, jamás contemplaron la posibilidad de abrir una aduana en Ceuta. ¿Por qué? Porque la política exterior del PP no se basaba en construir, sino en ignorar los problemas y buscar excusas. Tuvieron años para actuar, pero no lo hicieron. No nos sorprende para nada. Miren, señorías. El compromiso del presidente Sánchez con Ceuta y Melilla no tiene precedentes. No lo digo yo ni tan siquiera mi grupo parlamentario; consulten al presidente de Ceuta. Sánchez es el presidente que más veces ha visitado estas ciudades. Y no se ha quedado en palabras: se han implementado planes estratégicos e inversiones significativas para garantizar su desarrollo a largo plazo. Este Gobierno no se limita a prometer, sino que actúa. Mientras tanto, el Partido Popular muestra una preocupante instrumentalización de la política exterior para atacar al Gobierno y generar tensiones con cualquier socio estratégico. Nada sorprendente según su trayectoria. Da igual política exterior que justicia, que las instituciones o, recientemente, el Senado, continúan sin ruborizarse con su permanente campaña de desprestigio y de atacar el Gobierno, con la que demuestran una falta de visión de Estado y su incapacidad para liderar un tema tan delicado como son nuestras relaciones internacionales. Señorías, no es desprestigiar al Gobierno, es desprestigiar a España. Es evidente que este Gobierno tiene claros los intereses de España. Es un socio fiable, de cooperación, de diálogo y de progreso. Por ello, el ministro Albares ―el ministro de Asuntos Exteriores― comparecerá a petición propia ―ya registrada en la C ámara― para informar detalladamente y con la máxima transparencia sobre el avance del proceso de apertura de las aduanas y sobre las prioridades de nuestra política exterior en el año 2025. Señorías, hay dos caminos: avanzar ―como hace este Gobierno progresista de liderado por Pedro Sánchez y con el ministro Albares en Exteriores― con progreso, compromiso y resultados sin olvidar el contexto actual de nuevas relaciones internacionales o retroceder con la política de la confrontación, de la instrumentalización de absolutamente todo y el vacío del Partido Popular. España, afortunadamente, tiene lo primero, un Gobierno con valentía, con responsabilidad, con transparencia, con diálogo, con valores democráticos y humanistas ―y así lo demuestra cada día―, que construye un proyecto de país basado en la fiabilidad, en la responsabilidad y en el entendimiento, algo tan tan importante para estos nuevos tiempos internacionales que vienen. Muchas gracias. .

Macarena Montesinos de Miguel PP

Gracias. Buenas tardes. Nos congratulamos porque tan pronto el Gobierno vio registrada nuestra petición para esta Diputación Permanente se apresuraron a registrar la comparecencia de la ministra Morant, que además es la presidenta de honor del patronato. Nos alegramos de ser tan efectivos, espero que finalmente se sustancie esa comparecencia y que la ministra dé todas las explicaciones que tiene que dar, que son muchas. Pero además de comparecer de inmediato, el Grupo Parlamentario Popular exige que en esa intervención se anuncie el cese de María Blasco como directora del CNIO, devolviendo así la confianza a sus investigadores, a los enfermos de cáncer y a la sociedad española en su conjunto. Si la ministra no cesa de inmediato a María Blasco con todo lo que sabemos ya y lo que aún nos queda por saber, lamentablemente, el Gobierno estará siendo cómplice. Tienen delante la oportunidad de hacer lo correcto y salvar el prestigio del CNIO. Señorías, la situación por la que atraviesa el CNIO está generando gran preocupación en el personal que trabaja en el centro, en los pacientes con cáncer, en los investigadores básicos y clínicos líderes en investigación oncológica en España. El desencanto de los investigadores con la gestión de María Blasco ha ido in crescendo, tanto a nivel económico ―porque no olvidemos que el centro llegó a contar con un colchón de recursos de 42 millones de euros y hoy tiene un déficit previsto en el presupuesto de 2025 superior a 3 millones de euros― como a nivel científico, porque ha provocado un éxodo paulatino de investigadores de prestigio que han buscado salida en otros centros de investigación, la mayoría fuera de nuestras fronteras, lo que ha causado una drástica reducción de ingresos por proyectos. Señorías, si la ministra Morant no cesa de inmediato a María Blasco será cómplice de su mala gestión. Pero lamentablemente no estamos solo ante un caso de mala gestión. Desde 2018 la directora del CNIO ha dedicado una parte significativa de recursos a actividades no recogidas en sus estatutos y que no se ajustan a los objetivos fundacionales; es decir, recursos procedentes de la recaudación para la investigación contra el cáncer se están dedicando a actividades que no tienen nada que ver con esa investigación. Y eso, cuando menos, es muy grave. El CNIO ha gastado unos 3 millones de euros destinados a investigación del cáncer en obras de arte. Quiero recalcar que el programa de arte detrae fondos para la investigación y ni siquiera es rentable. Y la justificación de la directora es que el CNIO Arte es — según ella— una iniciativa para darse a conocer a la sociedad, hacerse más visibles y así obtener más financiación al ser el arte un vehículo importante. Pues no, mantener el programa es cuando menos ofensivo. En investigación el prestigio no lo dan ese tipo de actividades, el prestigio lo dan los científicos, no su corralito y, por tanto, es inadmisible que se estén detrayendo fondos para la investigación en algo como esto. Señorías, es un sinsentido y una falacia ya que según los estatutos del CNIO todos los fondos ingresados deben destinarse a un fin: la investigación. Así lo denunció el comité de empresa y así está recogido en los estatutos del CNIO. Señorías, esto no acaba aquí, Blasco se ha gastado miles de euros en viajes relacionados con el programa de arte sin que se haya justificado ni su utilidad ni los participantes. La contratación de personal o de determinados servicios relacionados con actividades no investigadoras carece de lógica. Galeristas, fotógrafas, aquí es donde se consolida la mayor parte del gasto del programa de arte, en sueldos fijos de plantilla de personal no científico asumidos con el presupuesto ordinario del centro elevando el dinero desviado a casi 2 millones de euros. En contraste, los investigadores cuentan con menos fondos públicos para la investigación que en 2010, teniendo que recurrir a la iniciativa privada para poder continuar sus investigaciones, como por ejemplo a la Fundación CRIS contra el cáncer. Señorías, si la ministra Morant no cesa de inmediato a María Blasco será cómplice de estas corruptelas. Y por si todo esto no fuera suficiente, el abuso de poder y las irregularidades de la aún directora se han disparado en los últimos años. El sueldo que María Blasco ha percibido regularmente está por encima del límite que marca el real decreto. Su retribución es de 120 000 euros anuales, excediéndose en 30 000 euros lo establecido por ley. Esto viene recogido en el real decreto. La cúpula del CNIO se ha repartido sobresueldos de manera no justificada y sin soporte legal suficiente, según ha puesto de manifiesto la Intervención General del Estado, que les invito a que se lo lean. La actual directora acumula más de diez denuncias internas por acoso laboral, la última de este año. Estas no han sido tramitadas por no existir protocolo de acoso vigente y hablan de trato vejatorio, racista, ofensivo, acoso laboral y psicológico. Señorías, si la ministra Morant no cesa de inmediato a María Blasco será cómplice de su abuso de poder. El resultado de todo esto, señorías, es la fuga de talento y la degradación de la actividad y el prestigio del centro. El propio personal del centro solicita el cese de la directora recabando la firma del resto de los trabajadores. La acusan de falta de transparencia, deterioro de las estructuras claves del CNIO, incapacidad para asegurar financiación competitiva y una desconexión entre el equipo de liderazgo científico y el personal. La rueda de prensa que dio esta semana la señora Blasco ha sido bochornosa. Señorías, no existe ninguna bicefalia en el CNIO, ella es la responsable de la gestión del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, los estatutos del CNIO lo dejan muy claro, no puede escudarse en una bicefalia inexistente. Las decisiones de contratación son suyas, las decisiones del CNIO Arte son suyas, la decisión sobre su irregular sueldo es suya y los abusos de poder son única y exclusivamente suyos. Lo único que no es suyo, eso sí, es la capacidad para cesarla de inmediato, eso es competencia de Pedro Sánchez y de su ministra Diana Morant. Y, por eso, el Grupo Parlamentario Popular le exige su inmediata comparecencia y el cese fulgurante de María Blasco, que no puede seguir ensuciando el prestigio de un centro que siempre fue una referencia internacional en los estudios contra el cáncer. Muchas gracias. .

Carlos Martín Urriza SUMAR

Muchas gracias, presidenta. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CNIO, es una institución pública de referencia internacional en la lucha contra el cáncer, una enfermedad que afecta cada año a millones de personas. Su labor no es solo un ejemplo de excelencia científica, sino también de compromiso social, desarrollando tratamientos innovadores al servicio de la ciudadanía sin distinciones ni barreras económicas. Nuestro grupo parlamentario quiere destacar que el CNIO encarna los valores de la sanidad pública, que busca garantizar el acceso universal a la salud. Frente a ello, las políticas de la derecha insisten en privatizar servicios esenciales, dejando en manos de intereses mercantiles lo que debe ser un derecho básico. Instituciones como el CNIO demuestran que un modelo público no solo es posible, sino que también es más eficaz, equitativo y barato. La ciencia y la salud no pueden depender del ánimo de lucro, sino que deben ser herramientas al servicio del bien común. A pesar del prestigio del CNIO, este sigue enfrentando retos importantes. En España, la ciencia necesita más apoyos económicos, sociales y laborales. Sin inversión suficiente ni condiciones dignas para sus profesionales es difícil mantener nuestra competitividad internacional y avanzar en la investigación que salva vidas. Como ha dicho previamente mi compañera Àgueda Micó, nosotros vamos a votar en contra de esta propuesta porque, como ha reconocido la propia diputada del Grupo Popular, la ministra ya va a comparecer el próximo día 6 de febrero en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, y es allí donde van a tener ella y ustedes oportunidad de responder a las cuestiones que se han planteado. Nada más. Muchas gracias.

Ricardo Chamorro Delmo VOX

Muchas gracias, señora presidenta. Creemos que la solicitud de comparecencia, como estamos viendo, estaba perfectamente legitimada, por eso nosotros la apoyaremos en cualquier caso, aunque ya hemos visto que la ministra va a comparecer porque este es un tema muy muy grave. Yo creo que es muy relevante toda esta corrupción que estamos viendo y teniendo en cuenta ese concepto que tienen de lo público algunas personas, a las que luego se les llena la boca con la sanidad pública, etcétera. Es absolutamente vergonzoso, mucho más tratándose de una cuestión tan gravosa y dramática para los españoles como es el tema de la enfermedad del cáncer. A nuestro entender, ha existido un uso fraudulento de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ―yo creo que eso es evidente―, del CNIO, perteneciente al sector público estatal, ya que, al parecer, se han dedicado cientos de miles de euros a adquirir obras de arte. Según las informaciones publicadas, en la documentación interna de la entidad consta que el comité de empresa alertó de la existencia de actividades que no son acordes con el fin fundamental del CNIO y que, además, no beneficia su imagen como centro de investigación del cáncer. Así, la entidad reveló, tras un requerimiento de su portal de transparencia, que el centro de investigación del cáncer se ha gastado cerca de 1 millón de euros en la compra de obras de arte y en la contratación de, al menos, dos personas pertenecientes a la Oficina de Imagen Institucional y a la responsable de actividad del CNIO Arte, una sucursal del CNIO que puso en marcha la actual dirección del organismo. Al final, dicho gasto podría elevarse casi a 2 millones de euros si se tiene en cuenta que miembros del equipo de comunicación de la entidad y otra serie de personas realizaron funciones centradas en esta actividad artística, entre comillas. Según reza el artículo 5 de los estatutos sobre los fines de la fundación ―por eso, además, esto es tan gravoso―, la misión del CNIO es el fomento de la investigación oncológica y la consiguiente promoción de los avances científicos y sanitarios en el área oncológica. A continuación, la misma disposición habla de los fines particulares de la entidad. En ningún momento se menciona en esos estatutos nada relacionado con el arte o con la promoción artística. Tampoco hay mención ni explícita ni implícita a actividad artística alguna cuando, a renglón seguido, se habla de las posibles actividades que tiene que desarrollar el CNIO con el objeto de lograr su finalidad. En cambio, sí se hace referencia expresa a colaborar con otros centros de investigación oncológica; a que los avances científicos repercutan sobre el sistema sanitario y, por tanto, sobre el bienestar de los pacientes, y a potenciar y colaborar en la investigación de carácter oncológico que se realiza en España, entre otras finalidades. En resumidas cuentas, nos encontramos ante un claro caso de uso indebido de fondos públicos. El CNIO debe destinar todos sus recursos económicos y humanos a luchar contra el cáncer en España a través de la investigación, con el fin de que su actividad impacte positivamente en la vida de los enfermos oncológicos de nuestro país, y abstenerse de cualesquiera otras actividades ajenas a sus fines estatutarios. Es una auténtica vergüenza este despilfarro y esta corrupción de los fines de la entidad, más aún tratándose, como he dicho al principio de mi intervención, de una enfermedad como el cáncer. En España, desde hace años, una de las principales causas de mortalidad es el cáncer. En el primer semestre del 2024, un 25,6 % de las defunciones fueron causadas por un tumor. VOX propone que el presupuesto público se ejecute siguiendo los criterios de eficiencia en el gasto para cumplir con la máxima de servir al bien común de España y de los españoles, en este caso concreto, de los pacientes oncológicos. Es fundamental asegurar la transparencia de la financiación y el trabajo del CNIO, para que los fondos destinados a la investigación del cáncer se dediquen, efectivamente, a las necesidades en materia de salud de los españoles y no al despilfarro provocado por malos gestores. Igualmente, es esencial avanzar en el desarrollo de una red de centros nacionales de oncología con el fin de promover la investigación, el diagnóstico precoz y las terapias innovadoras. Nuestro país sufre las consecuencias de la inequidad del sistema autonómico en el acceso a las prestaciones sanitarias y, como vemos con este ejemplo, en la ejecución del gasto por ese concepto — vuelvo a repetir— de que lo público o las entidades públicas se utilizan para hacer chiringuitos absolutamente impresentables. Por lo tanto, hay que fomentar esa conciencia pública. En lo que respecta a los pacientes oncológicos, como es palpable, esa conciencia tendría que estar mucho más presente. Por eso, nos parece absolutamente vergonzoso todo lo que está ocurriendo. Es necesario un cambio de rumbo que, más pronto que tarde, llevará a cabo nuestro partido, llevará a cabo VOX, cuando gobierne, cambiando este sistema sanitario estatal que está causando desigualdades y que, además, se está gastando el dinero público en estupideces en vez de en lo importante, que es ayudar a los enfermos con cáncer. Muchísimas gracias. .

Obdulia Taboadela Álvarez PsdeG-PSOE

Muchas gracias, presidenta. Señorías, las comparecencias del Gobierno en el Pleno, no solo por su forma y procedimiento especial, sino por la expectación que suscitan, son acontecimientos parlamentarios de primer orden reservados a cuestiones de trascendencia, trascendencia que una cuestión de gestión interior de un instituto de investigación no tiene. No se trata ya de valorar si los hechos por los que se pide la comparecencia son más o menos ciertos o son más o menos correctos, ya se dilucidará, sino que estamos hablando de elevar al Pleno del Congreso algo que no tiene tal rango. Una vez más es una exageración sobreactuada del PP, un caso más de oposición inútil que, desafortunadamente, ya es lo normal en este Partido Popular de Feijóo. Pretender elevar la temperatura de esta cuestión no solo es una exageración, sino que es una irresponsabilidad que empaña el brillante trabajo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Como saben, es un centro de referencia internacional en la investigación contra el cáncer. Porque ya se ha convertido en una mala praxis parlamentaria, señores y señoras del Partido Popular, el intentar erosionar la labor del Gobierno criticando la actividad de instituciones que están y deben estar al margen del debate político. Luego tienen la osadía de acusarnos de ocupar las instituciones. ¿Cuál es el mensaje que el PP está pretendiendo mandar a la ciudadanía con este tema? ¿Que el CNIO no funciona? ¿Que sus investigaciones no son reales? ¿Que una cuestión de gestión, que está por dilucidarse, es más importante que los avances reales en la mejora de las condiciones de vida de los enfermos de cáncer? ¿Qué quieren?, ¿denigrar, echar por tierra el magnífico trabajo de la institución y de su personal? . Yo he escuchado con toda la educación; quiero lo mismo, por favor, señoría. Además, el PP se contradice a sí mismo. Primero registraron una solicitud de comparecencia en comisión, el 12 del 12 de 2024, una petición razonable que el Gobierno ya ha respondido. La ministra, desde luego, comparecerá el día 5 de febrero a petición propia. Un mes después se contradicen y, de repente, deciden que la misma cuestión ya no merece las explicaciones en comisión, que es el sitio donde deben darse, sino que necesitan dar un paso más para embarrar el asunto ante el Pleno. El Gobierno nunca se ha negado a dar explicaciones. En lo que va de legislatura, en la Comisión de Ciencia, ha comparecido la propia ministra, el secretario de Estado, la secretaria general de Innovación, la directora general de Planificación, Coordinación y Transferencia del Conocimiento y la secretaria general de Investigación, que, por cierto, en menos de un mes dio respuesta a preguntas orales en el seno de esa comisión. Les recuerdo, señorías del Grupo Parlamentario Popular, que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas depende de su patronato. Como muy bien ha dicho usted, señoría, la ministra es presidenta de honor. Es el patronato quien toma las decisiones en torno al funcionamiento y la gestión de ese CNIO. Ya se ha reunido una vez y volverá a hacerlo el 29 de este mes. ¿Qué explicaciones pretenden ustedes que dé el Gobierno cuando el órgano rector de este instituto aún no se ha reunido para analizar la información recabada y determinar lo que considere? Llama la atención que al PP no se le ocurriese cuestionar ni la acción de la directora del centro, cuando, por cierto, la nombró Mariano Rajoy (la señora Montesinos de Miguel: No, Zapatero), o que no les pareciese cuestionable el programa CNIO Arte en ninguno de los patronatos en los que el PP cuenta con una nutrida representación por el cupo de comunidades autónomas. Como parece que andan flojos de memoria, de la histórica y de la de corto plazo, se lo voy a recordar: en Baleares, don Vicenç Juan Verger, director general de Investigación en Salud; en Castilla y León, doña Blanca Ares González, directora de Universidades e Investigación; en Extremadura, doña Silvia Torres Piles, directora general de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias; y en Murcia, don Antonio Caballero Pérez, director general de Universidades e Investigación. Por cierto, en todas estas comunidades gobierna el Partido Popular. Señorías, ¿no hubiera sido más fácil dirigirse al patronato para todas esas cuestiones que tienen ustedes? . Por supuesto, eso sería así si el afán que les moviera fuera el de trabajar por este país y por esta institución, como en tantas otras, pero no. Ya lo dijo su anterior jefe y parece que sigue siendo el mantra que les guía en la oposición, y voy a leer para no equivocarme: cuanto peor, mejor para todos y cuanto peor para todos, mejor; mejor para mi ―el suyo― beneficio político. . Como, por cierto, acaban de hacer en el último Pleno (el señor Tellado Filgueira: ¡Qué frivolidad!―Rumores.―El señor López Álvarez: ¿Por qué no te callas?―El señor Tellado Filgueira: ¿Por qué no te callas?―Risas) negando la posibilidad de que los 12 millones de pensionistas cobren una mejora en sus pensiones y negando las ayudas en el transporte público. . Este es el nivel que quieren darle al país, a la oposición, a la ciencia y a la investigación. . Pero no se preocupen ―ya termino―, aquí seguirán el Gobierno y el Partido Socialista , apostando por la ciencia, el conocimiento científico y las políticas de apoyo a la investigación. . Ustedes sigan siendo una oposición inútil; nosotros seguiremos trabajando para contribuir a una España de ciencia y de progreso. Muchas gracias. .

Miguel Tellado Filgueira PP

Gracias, presidenta. Señora del Partido Socialista, quien nombró a la señora María Blasco fue el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Debería darles vergüenza que esa señora desvíe dinero destinado a investigar sobre el cáncer para comprar obras de arte. . Es una vergüenza. Como diría Mariano Rajoy, es su vergüenza, la del Partido Socialista, la suya, que parece ser que tienen bastante poca. . Voy a ir rápido para permitir a los diputados del PNV que puedan ir a intentar cambiar las llaves del palacete de París que el PSOE pretendía regalarles esta mañana y que el Congreso de los Diputados les ha denegado. . Esperamos que el PNV no pretenda convertirse en okupa de un edificio que no les pertenece, y no porque lo diga yo, sino porque ya lo ha dicho previamente el Tribunal Supremo y esta mañana lo ha hecho el Congreso de los Diputados. . El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la convocatoria de esta Diputación Permanente para exigir al Gobierno explicaciones. Los asuntos sobre los que solicitamos comparecencia son de una enorme gravedad. En concreto, la situación del fiscal general del Estado es de las más preocupantes que tenemos encima de la mesa. Preocupante para todo el mundo menos para el Partido Socialista, que necesita una cortina de humo sobre todo lo que está ocurriendo. Un auto del Tribunal Supremo habla ―y cito textualmente― de dinámicas delictivas entre la Presidencia del Gobierno ―o sea, Pedro Sánchez― y el fiscal general del Estado ―su fiscal general del Estado―. Los españoles hemos presenciado abochornados cómo la guardia civil entraba a registrar la sede del Ministerio Fiscal. Al Partido Socialista le trae sin cuidado. En una institución que debe promover la acción de la justicia y la defensa de la legalidad se han destruido pruebas, borrado móviles y entorpecido investigaciones judiciales: sello Partido Socialista, sello sanchista. Lamentablemente, estas conductas no son casuales ni aisladas, pues Sánchez se ha dedicado sistemáticamente a colocar en puestos clave de los tres poderes del Estado a militantes que solo responden a sus intereses; ni siquiera partidistas, a sus intereses particulares. El mejor ejemplo lo tenemos aquí, en esta Cámara, y no quiero señalar a la presidenta del Congreso ni a su brazo armado, el letrado mayor, que también responde a intereses concretos, concretísimos, de la Presidencia del Gobierno. . Supongo que también habrá borrador el móvil y cambiado de terminal. . El caso del fiscal García Ortiz ha superado todos los límites. Hoy vengo a esta Diputación Permanente a reclamar de forma inmediata y urgente la comparecencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. ¿Para qué? Para que nos aclare, en primer lugar, quién ordenó al fiscal general filtrar información de un ciudadano particular. ¿Fue Bolaños?, ¿fue Óscar López?, ¿fue Patxi López?, ¿fue el presidente del Gobierno? Recordemos aquello de ¿la Fiscalía de quién depende? Pues eso, ya está. Y, en segundo lugar, ¿es razonable que siga en su puesto el principal encargado de perseguir delitos en nuestro país cuando lo están investigando por haberlos cometido? ¿Es razonable? Para el Partido Socialista, sí; pero para el común de los mortales en nuestro país, no. El zorro cuidando de las gallinas. Espero que no se molesten ni por lo de zorro ni por lo de las gallinas. Lo cierto es que a Álvaro García Ortiz ya lo conocíamos en Galicia, cuando participaba en los mítines del PSdG-PSOE. Hoy sabemos que iba a esos mítines a hacer méritos para ascender en la carrera fiscal y, caramba, parece ser que los ha hecho. Su nombramiento fue polémico y el tiempo lamentablemente nos está dando la razón, porque Álvaro García Ortiz no ejerce como fiscal general del Estado, seamos honestos y seamos sinceros; Álvaro García Ortiz ejerce de comisario político de Pedro Sánchez. No es otra cosa, es lo que es y hay que llamar a las cosas por su nombre. Se ha dedicado a filtrar información privada de un ciudadano particular para atacar a un adversario político del Gobierno, y es por eso y no por otra cosa por lo que está siendo investigado por la justicia. Su actuación no ha estado regida por la legalidad ni por la imparcialidad que exige la Constitución española a un fiscal general del Estado. No contento con esto, desde que comenzó la investigación judicial se ha dedicado a borrar e-mails, borrar wasaps, cambiar de terminal móvil y obstruir, en definitiva, la labor de la justicia. ¡Caramba con la ejemplaridad del fiscal general del Estado! . La destrucción de pruebas es un delito en sí mismo, es un delito tipificado en el Código Penal. Por eso nos preguntamos: si el fiscal ha cometido otro delito para borrar sus mensajes, ¿a quién está encubriendo el fiscal? ¿A quién está encubriendo su fiscal? Nos gustaría que el señor Bolaños nos explicara este punto. . Según las informaciones periodísticas, desde que la Guardia Civil empezó la investigación, Bolaños, el fiscal general, el presidente Sánchez y otros miembros del Ejecutivo han cambiado de terminal móvil, todos. ¿Por qué? . O les han hecho una oferta muy buena en Vodafone, o algo huele a podrido en el Gobierno. . Me temo que es lo segundo. Me gustaría terminar esta intervención dirigiéndome a las señorías de los grupos políticos que apoyan al Gobierno, a las señorías del PNV, de Junts, de Esquerra Republicana, de SUMAR y demás partidos que sostienen a Pedro Sánchez. ¿De verdad van a seguir apoyándole?, ¿de verdad van a seguir amparando los delitos, la corrupción, los Airbnb llenos de prostitutas? ¿De verdad que lo van a hacer? . Me gustaría hacerles una advertencia: el fiscal general del Estado está siendo investigado por cometer delitos para atacar a los enemigos políticos de Sánchez y hoy su enemigo es el Partido Popular, pero mañana podrían ser ustedes; ¿o alguien cree que si Sánchez no necesitara sus votos para seguir en el poder no iría también a por ustedes? Señores del PNV, ustedes podrían decir aquello de que «París bien vale una misa», en este caso tres, porque son las propiedades que pretendían obtener. Los señores del Partido Socialista podrían pensar que un palacete en París bien vale mirar para otro lado, pero en mi opinión es un grave error que desde luego no deberían cometer. El proceso de degradación democrática es imparable. Ahora han decidido cargarse la acción popular y cambiar el acceso a la carrera judicial. Están intentando crear un espacio de impunidad para los amigos y los próximos. Esta misma mañana aprobamos el suplicatorio para investigar al exministro Ábalos por corrupción, pero con las reformas que quiere aprobar el Gobierno al próximo Ábalos nunca se le juzgará, esa es la realidad. Esperamos que ustedes apoyen esta petición de comparecencia, que es tremendamente razonable. Si no lo hacen por principios democráticos y si no lo hacen para luchar contra la corrupción que emana del Gobierno, al menos háganlo por protegerse para cuando Sánchez ya no los necesite. Nada más y muchas gracias.

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

La imputación formal del fiscal general del Estado, de la fiscal jefe provincial de Madrid y del teniente fiscal de la Secretaría Técnica por una nota con la que la Fiscalía General del Estado desmentía un bulo manipulador difundido por el gabinete de la señora Ayuso supone criminalizar el funcionamiento de una institución como el Ministerio Fiscal. Estamos ante una imputación judicial que ignora el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, norma que regula la dependencia jerárquica en la Fiscalía, como establece el artículo 124 de la Constitución. Según la sorprendente resolución judicial, la obligada dación de cuentas al fiscal general por los fiscales puede ser considerada a partir de ahora como un delito. Es una resolución que adolece de absoluta falta de indicios de criminalidad, lo que debería llevar de forma inmediata al archivo del procedimiento. Pero esta causa es una sorprendente caza de brujas que ha contado con la entusiasta participación de una conservadora y politizada Asociación de Fiscales, que ejerce una de las acusaciones. . Nunca la autonomía del Ministerio Fiscal se había puesto tan en peligro. Órganos muy importantes de la justicia se han convertido en actores políticos: o bien ponen en entredicho la aplicación de las normas que aprueba el Parlamento, o bien abren procedimientos judiciales al dictado del Partido Popular usando a sus organizaciones satélites como acusaciones. Es la derecha política la que ha abierto una investigación judicial al fiscal general del Estado con la pretendida excusa de una filtración procesal de no tan desconocido origen, sin importarles que su estrategia judicial deslegitime una institución esencial en el Estado de derecho. Se les ha ido la mano en sus ataques a la democracia y al Estado de derecho, ataques en coordinación con los sectores más reaccionarios de la justicia, de los poderes económicos y de los medios de comunicación. Nuestro grupo parlamentario denuncia esta estrategia trumpista y convocamos a toda la sociedad a defender la democracia a la que la derecha está poniendo en grave peligro en todo el mundo. Los sectores más conservadores y corporativos de la justicia han perdido toda independencia, imparcialidad o neutralidad. Hemos conocido que el PP, experto en destruir pruebas a martillazos, tiene ahora a sueldo en el Senado al abogado del grupo extorsionador Manos Limpias en la causa contra el fiscal general. La web de la Cámara Alta lo tiene asignado al Grupo Parlamentario del Partido Popular. El señor Soriano, gran conocedor de las técnicas de filtración de información procesal, se pone la venda antes de la herida y afirma que no es lo mismo si la filtración de un sumario la hace un abogado como él o un fiscal. Esto nos confirma que el PP organiza las filtraciones de información contenida en procedimientos judiciales que le interesa hacer, ya sean filtraciones que interesan a Alberto ‘el de Quirón’ o las que ya hemos empezado a ver, la filtración de forma absolutamente irresponsable de información procedente de los dispositivos electrónicos intervenidos al fiscal general. ¿Quién va a responder cuando la información relativa a investigaciones de organizaciones criminales se filtre? Hoy es imprescindible recuperar la vía de la exigencia de responsabilidad civil a los jueces, como es exigible al resto de profesionales de este país. Así algunos instructores serían más ponderados, más equilibrados, y se lo pensarían antes de adoptar resoluciones politizadas al servicio de la oposición del Partido Popular y de VOX. El que debería comparecer en la Cámara es el señor Feijóo para explicarnos la utilización de buena parte del Poder Judicial por el Partido Popular. Un ejemplo. El panfleto digital ultraderechista okdiario organiza ahora jornadas jurídicas a las que asisten, junto al empleado del PP en el Senado, el señor Soriano, jueces como Manuel García-Castellón, Eloy Velasco o Enrique López, el exresponsable de Justicia del Partido Popular. . Todos ellos jueces destacadamente vinculados al Partido Popular. Los que acabaron con Pablo Casado por denunciar corruptelas que implicaban al hermano de Ayuso (el señor Tellado Filgueira: Bueno, bueno, esto es mortal) ahora quieren acabar con el fiscal general por cumplir su deber de perseguir a otro presunto delincuente del círculo personal de la señora Ayuso, la jefa del Partido Popular, quien miente descaradamente al decir que se trata de una simple multa. No olvidamos que el comisionista Alberto ‘el de Quirón’ es quien está investigado por un presunto delito tributario, que consiste en defraudar más de 120 000 euros a la Hacienda pública (el señor Tellado Filgueira: Ábalos, un poco más). Es mucho dinero. No cualquiera de los que nos oye podría defraudar 120 000 euros a la Hacienda pública. Delitos que su abogado siempre ha estado dispuesto a reconocer para obtener reducción de condena, no reducción de multa, reducción de condena, que sabe su abogado que se tiene bien merecida. Votaremos en contra. .

Francisco Javier Ortega Smith-Molina VOX

Muchas gracias. Ni toda la propaganda gubernamental ni todos los medios lacayos de subvenciones del Gobierno ni todas las soflamas van a poder ocultar una realidad, una realidad que desde hace años cada vez es mayor en España: la profunda degradación de las instituciones, del sistema democrático, del Estado de derecho y, por tanto, de la división de poderes y de la independencia del Poder Judicial, algo que a algunos no cabe duda que les resulta bastante inaceptable, porque no aceptan que la justicia debe ser independiente de los poderes políticos y económicos. Esa intromisión permanente del Poder Ejecutivo, como se ha demostrado recientemente en la toma al asalto, de la mano del Partido Popular, del Consejo General del Poder Judicial para el reparto de los vocales y, por tanto, para la designación posterior de las altas magistraturas de la justicia; ese permanente desprecio a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a las sentencias condenatorias que, gracias a la acusación popular de VOX ―esa que ahora algunos quieren limitar―, lograron sentar en el banquillo a los actuales socios del Gobierno ―de Esquerra Republicana, de Junts, los socios de Sánchez― y que fueron condenados en firme por dar golpes de Estado contra la democracia, contra la Constitución y contra la unidad de la nación española, esos a los que luego el Gobierno de Sánchez indultó y amnistió. Y aquí llegamos al punto del fiscal general del Estado, que es para el que se pide la comparecencia, que se encuentra en un evidente conflicto de intereses, que está bajo permanente sospecha, que está siendo investigado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo nada menos que por presuntos delitos de revelación de secretos y que, por tanto, es incompatible con su condición de fiscal general del Estado. Porque la Fiscalía General del Estado, con este Gobierno y, desgraciadamente, con Gobiernos anteriores, ha sido utilizada como una herramienta política, en beneficio de intereses políticos, partidistas, de los distintos Gobiernos de los distintos partidos. El Gobierno, en su permanente designación de fiscales, introduciendo a asociaciones minoritarias en la carrera fiscal dentro del Consejo Fiscal para intentar amortiguar las decisiones de este, dando permanentes directrices en la intervención de los fiscales en los diferentes procedimientos en los que se encuentran implicadas personas del Gobierno o cercanas al Gobierno. En el nombramiento de fiscales de sala, como lo fueron los intentos reiterados con la anterior fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Esto que el Tribunal Supremo en su auto ha declarado como dinámica delictiva, que no es otra cosa que un sistema político que necesita del delito para perpetuarse en el poder. Y para que ese delito no salga a la luz pública necesita, como he dicho al principio, todo un entramado de cortinas permanentes de humo mediante el control mediático, pero también necesita peones judiciales y peones fiscales, empezando por el citado fiscal general del Estado. Esa Fiscalía General del Estado, que debería ser ―y no nos cansaremos de decirlo― la garante de la legalidad, se ha convertido en la garante de la impunidad de los delitos del Gobierno. La UCO, en sus últimas investigaciones, está investigando el volcado de los datos que pudiera haber en los teléfonos móviles del fiscal general del Estado, pidiéndole información a las empresas de Google y wasaps de toda la información que haya podido ser borrada. Esto de por sí resulta bochornoso, es de un nivel de delincuencia barriobajera. Y ahora nos encontramos con que todo eso tiene unas gravísimas consecuencias — voy terminando, señora presidenta—: La pérdida de confianza en las instituciones, en la justicia, especialmente en el fiscal general del Estado; el desprecio al Poder Judicial y a la independencia de ese Poder Judicial; esa sensación que tiene la sociedad, aunque aquí algunos quieran poner tapones y cerrar los ojos, de privilegios políticos, esa doble vara de medir, ese criterio de que existe un embudo ancho para unos y estrecho para otros en la aplicación de la ley. Por todo ello, y termino, nos vamos a adherir a esta petición de comparecencia del ministro de Justicia. Desde ya anunciamos que pediremos la dimisión o el cese inmediato del fiscal general del Estado, además de seguir insistiendo en las muy necesarias y urgentes modificaciones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial para revertir esta situación intolerable de manoseo, control y manipulación de la justicia. Muchas gracias. .

Francisco Aranda Vargas PSC-PSOE

Muchas gracias, señora presidenta, y feliz año, señorías, pese a todo. ¿Sabe, señor Tellado, de lo que se acuerdan, o más bien no olvidan, en Galicia? Del fiscal que investigó su catástrofe del Prestige, esos hilillos de plastilina para su Gobierno. De ese fiscal sí que se acuerdan en Galicia. Nos trae el Grupo Popular una petición de comparecencia del ministro de la Presidencia y Justicia, aderezada con la pertinente intervención indecente habitual contra este Gobierno, así que nada nuevo bajo el sol. Año nuevo, viejo PP. Resulta curioso que ustedes, cuyo bagaje parlamentario en esta legislatura en justicia es entre cero y nada, pidan la comparecencia del ministro de Justicia. Nos hubiera gustado verles ese interés por la justicia en la aprobación de la ley de eficiencia que, por cierto, ya está plenamente vigente en este país desde el 3 de enero, y nos traen un redactado de comparecencia al hilo del caso Alberto Quirón hablando de la implicación de este Gobierno en una dinámica delictiva. ¡El mundo al revés! Señorías, ayer supimos que la mayoría absoluta del PP en el Senado tiene pocas cosas positivas para la ciudadanía, menos si eres abogado de Manos Limpias, que entonces te cae un sueldo cortesía de la Mesa. Por la mañana les asesora, por la tarde les monta bulo querellas. Con la mano izquierda cobra del erario público, con la derecha activa la máquina del fango. Luego ustedes ponen el grito en el cielo si presentamos iniciativas que pretenden regular el uso abusivo de la acusación popular, pero es que ustedes confunden acusación popular con acusación del Partido Popular. Y, señorías, el legislador no tenía esa idea en mente cuando la puso. Pero que nadie vea aquí una contraprestación, que cobre un sueldo del Senado, ni una dádiva generosa por servicios prestados, no, no, ni mucho menos, esto es la línea discursiva del PP en esta política del embudo a la que nos tiene acostumbrados. Es el normal funcionamiento de las instituciones que ustedes controlan. Tampoco busquen similitudes con la cantidad de empresas vinculadas a la Gürtel que parece que van a estar gestionando recursos en la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana. Tampoco, nada que ver aquí. Circulen, que diría aquel. Señorías, no quiero ser ingenuo, no hay nada casual en su proceder, es todo causal. Señores del Grupo Popular, ustedes han creado una UTE de la manipulación, del fango y de la mentira. Y ya que ustedes han subarrendado a entidades ultra su tarea de oposición, dimitiendo de lo que debería ser su tarea parlamentaria, uno tiene la duda de si sirve de algo interpelarles, porque nada de lo que ustedes traen aquí tiene su origen aquí. Así que, efectivamente, vamos a votar en contra de su petición. . Y pedimos al resto de grupos que la rechacen porque esto no hace más que inaugurar por todo lo alto la nueva temporada de la máquina del fango edición 2025. Y es que todo en esta vida es muy curioso. La justicia va bien y no hace falta reformar nada, pero aquí se publican todos los audios y vídeos de juicios menos el de uno, el de un jefe de gabinete, casualmente. La justicia va bien, perfecta, no hay que reformarla, pero aquí un abogado reconoce a la Fiscalía que su cliente ha cometido un presunto delito fiscal y pasan por el juzgado todos menos el del origen de la causa, casualmente. . Visto desde afuera es difícilmente comprensible, a no ser que luego uno vea sus propuestas en la Cámara y entonces se aten ya todos los cabos. Asistimos a la función, muy bien guionizada, donde el PP, en un cinismo que resulta ya insoportable, aparece como defensor de la democracia, la transparencia y la separación de poderes, cuando son los instigadores de una estrategia destinada a minar la credibilidad de las instrucciones, a establecer una dinámica de descreimiento de la verdad, a poner una alfombra roja a la ultraderecha y luego recoger unos frutos que vendrán ya envenenados de origen. Solo hay que ver el inicio del mandato de Trump en Estados Unidos. Ustedes y sus socios aplauden con las orejas a quien amenaza con imponer unos aranceles que serían gravísimos para muchos sectores productivos, como el campo, que ustedes dicen defender. . Señorías, para que no sigan más nerviosos, voy acabando. No hay medias tintas en el nuevo devenir político. No hay dudas sobre dónde estar ante el auge de la extrema derecha. Muchos nos tememos que ustedes, en su ansia descontrolada por acceder a un poder que consideran que les pertenece por origen o por cuna, ya han tomado partido. Y eso, señorías, dinamita todos sus intentos desde su fundación para ser un partido europeo demócrata cristiano, conservador, liberal, algunas veces, y les sitúa del lado de quienes quieren destruir todo aquello por lo que colectivamente tanto han luchado. Muchas gracias. .

Carmen Navarro Lacoba PP

Gracias, presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular solicita la comparecencia del ministro titular de la Función Pública para informar sobre las actuaciones del Gobierno dirigidas a garantizar la prestación sanitaria de los funcionarios de Muface, incluidos los 8000 que prestan servicio en el extranjero. Nos encontramos a cinco días de descifrar el futuro de una política pública que debería cumplir este mismo año cincuenta años, que afecta a un millón y medio de funcionarios y a sus familias, y que atañe a una prestación básica para ellos, como es el servicio de salud. Estamos a cinco días para ver si se resuelve el vodevil de licitaciones, correcciones, mensajes teledirigidos en prensa a las aseguradoras y advertencias veladas a los funcionarios. Todo, además, muy al estilo sanchista: sin rendir cuentas en esta Cámara, sin el diálogo con el principal partido de la oposición y sin acuerdo previo con las comunidades autónomas, especialmente quiero recordar a las catorce donde gobierna el Partido Popular, y que serían las encargadas de gestionar su fracaso y su desaguisado. Por supuesto, sin reunirse con las aseguradoras, aunque si bien la rápida y opaca maniobra del viernes por la tarde, muy ochentera, también para asaltar Telefónica desde un despacho de la Moncloa, se trata de otras de sus estrategias para poner fin a las hostilidades y comprar así la vuelta de Adeslas a Muface. Nada es descartable con este Gobierno. Tampoco se han reunido con los sindicatos, ni con CSIF ni con ANPE, que es el mayoritario en la educación, cuando el 60 % de los mutualistas son docentes, y a pesar de las manifestaciones multitudinarias que les han hecho a las puertas del ministerio y también a las puertas de la ya anunciada huelga, como han hecho esta mañana, que prevén y anuncian para próximas semanas. Sabemos que los sindicatos para el Gobierno solo cuentan si son de parte, ahora también hemos sabido que había una reunión prevista el viernes entre el ministro y Comisiones Obreras y UGT. Qué desinterés, ¿verdad? O qué casualidad, señorías socialistas. Todo en la sombra, todo en el terrible e ineficaz espacio de gestión pública socialista al que nos tienen acostumbrados. Ningún Gobierno había logrado deteriorar tanto el sistema de Muface como para llevarlo al peligro de extinción. Bueno, sí, tenemos que recordar que fue Zapatero, el ideólogo del sanchismo ―que continúa su deriva contra el Estado y contra todo aquello que funciona en España―, quien acabó también con el régimen de jubilación de clases pasivas. Quizás ahí empezó todo. Pero ya sabemos que no hay límites imposibles para el sanchismo; ningún aspecto de los cimientos del modelo de Estado que no estén dispuestos a reformular. Como decía, este espectáculo responde a una nueva prueba de ineficacia de la gestión pública sanchista o es, quizás, otro movimiento torpe, pero muy calculado, de la reforma encubierta del Estado que parece que están haciendo en todos los órdenes. Sí, porque si los jueces hacen su labor, ustedes dicen que hay lawfare; si la justicia les persigue por su corrupción, ustedes nos anuncian, como ayer, una reforma de acceso a la carrera judicial y así colocar a los suyos; si la empresa privada no les baila el agua, ustedes la califican de tecnocasta y colocan a un militante socialista al frente de la misma. Por tanto, ni instituciones ni empresa privada se salvan; mucho menos se iba a salvar la Función pública de este país. Si su ineficacia e inoperancia les delata, ustedes desmantelan Muface, dejando en el limbo la atención sanitaria de millón y medio de españoles y fomentando la visión de que Muface es un privilegio innecesario. Sí, sí. Eso lo dijo el ministro en prime time en una entrevista cuando dice que solo uno de cada tres funcionarios elige esta prestación. ¿Es que acaso tienen menos derecho aquellos que eligen Muface y que les ampara el marco de la ley, o es que a ustedes les da alergia el principio de libertad de elección? El relativismo socialista es para todo y todo lo pudre. Las cosas valen únicamente si afectan al líder o a su entorno, pero, si no, son accesorias, prescindibles o de opinión cambiable. Señorías, Muface nació como respuesta a las carencias del sistema de protección social que vivían los funcionarios civiles. Muface es un derecho adquirido y consolidado por los servidores públicos de España que permitió y permite mantener niveles de calidad de asistencia sanitaria a los funcionarios y que ha permitido, desde ese mix, levantar los cimientos del Estado del bienestar en el que vivimos hoy. La vigencia de Muface, hasta la llegada del sanchismo, reflejaba el esfuerzo de cada Gobierno de la democracia española por lograr su permanencia, equilibrar el principio de solidaridad, la sostenibilidad económica y la calidad en las prestaciones sociales. Por supuesto que no es fácil. El sostenimiento de muchas políticas públicas no es sencillo. El sistema Muface tiene puntos delicados que cada Gobierno ha sabido prever, analizar y anticiparse. Pero su Gobierno, como les decía, o no supo anticiparse o no quiso saber, ambas cosas muy sanchistas. Y ante la caducidad del concierto 2022-2024, el Consejo de Ministros aprobó, el 8 de octubre de 2024, la licitación de un concierto que ya llegaba tarde. El 5 de noviembre la licitación quedó desierta; convocaron la segunda licitación y, cuando vieron que iban camino del segundo fracaso, ampliaron el plazo hasta el 27 de enero, ya bien entrado el año 2025, cuando el nuevo concierto tenía que estar en vigor. Ahora que estamos a cinco días de conocer el posible descalabro, también la prensa anuncia que vamos camino de la tercera licitación. El ministro se empeña en decir que la aportación es milmillonaria, para tapar así su nefasta gestión. Lo que no cuenta es que la financiación per cápita a Muface es de 1031 euros, frente a los 1736 euros de media que cuesta el servicio público de salud por persona; y que la infrafinanciación del sistema de su Gobierno ―sí, señorías socialistas, son ya siete años de su Gobierno, con lo cual es su gestión― ha mermado la calidad asistencial de los beneficiarios de Muface, ha colapsado a las aseguradoras, que han asumido pérdidas millonarias, y ha hecho fracasar sus licitaciones hasta precipitar al funcionario a la incertidumbre del futuro de su atención sanitaria. Muchos ya tienen sus citas médicas suspendidas, sus intervenciones quirúrgicas aplazadas y hasta cartas en sus casas que les advierten de la finalización de la prestación de sus servicios sanitarios, con la incertidumbre y el miedo que ello genera. Mucho me temo que, como he mencionado antes, todo esto forme parte de ese tacticismo perverso en el que llevan años involucrándonos. Estamos a cinco días de que termine el plazo de licitación y el Gobierno aún no tiene la garantía sanitaria para millón y medio de funcionarios, ni mucho menos para los ocho mil funcionarios que están en el extranjero, que son funcionarios dando servicio en embajadas, en consulados; se trata de nuestra Policía Nacional que vela por la seguridad en el extranjero; son docentes, orgullosos, marca España, que prestan servicio en el exterior y que hacen una labor imprescindible. La cobertura sanitaria para ellos requiere de pericia y de experiencia, y hoy están en el limbo porque ninguna empresa aseguradora va a ser capaz de asumirla y de cubrir este servicio. Estos funcionarios ya adelantan con su sueldo ―que, por cierto, no es muy grande, quiero recordarlo― las facturas astronómicas imposibles de afrontar de su atención sanitaria. Esta anomalía es típica del Gobierno sanchista, pero no por frecuente deja de ser muy preocupante. ¿Qué escenario contemplan el Gobierno y el ministro que se puede desencadenar si el sistema sanitario tiene que asumir de repente la incorporación de un millón y medio de españoles y todos sus familiares? Pues ya se lo digo yo: el colapso y la reducción de la garantía sanitaria. Y eso, probablemente, es también lo que indica el informe de la AIReF que el ministro está empeñado en ocultar y que ya ha pedido el Grupo Parlamentario Popular ―por cierto, vía la presidenta de esta Cámara, según el artículo 7 del Reglamento― y que aún no tenemos. Dijo que lo publicaría el 17 de enero y estamos a 22 y no lo ha publicado. De nuevo, ustedes, como nos tienen acostumbrados, reaccionaron a la comparecencia del Grupo Parlamentario Popular registrando también la comparecencia del ministro a petición propia hace tan solo dos días. Dirán que es muy loable y muy rápido. Pues no, no estamos de acuerdo. Ustedes quieren hacerlo a puerta cerrada en una comisión. El Grupo Parlamentario Popular exige la comparecencia del ministro de la Función Pública en el Pleno de esta Cámara, porque lo que está en juego es la prestación sanitaria de millón y medio de españoles y de sus familias. Ya sabemos que SUMAR no nos va a apoyar. Claro, la ministra del ramo acaba de publicar un informe adelantándonos el desmantelamiento de Muface, simplemente con el pretexto ideológico. Tampoco esperamos que el PNV, aunque se haya mostrado contrario a la gestión del Gobierno con Muface, vote a favor, ya que con el magnífico palacete que han recibido, el Gobierno tendrá asegurado su apoyo al menos por una temporada. Por lo tanto, insisto, es urgente que comparezca en Pleno el ministro de la Función Pública por la prestación sanitaria del millón y medio de españoles y sus familias. Muchas gracias. .

Aina Vidal Sáez SUMAR

Yo quiero empezar recordando que no era necesario convocar una Diputación Permanente por este asunto, como el resto de cuestiones, en realidad, que se van a tratar en esta Diputación Permanente, que deberían ser tratadas claramente en un Pleno ordinario con el tiempo y la reflexión que necesitan. Pero voy a empezar haciéndoles, o sugiriéndoles, dos preguntas: ¿es razonable mantener un modelo sanitario que diferencie entre ciudadanos? ¿Es acaso razonable asumir el chantaje de las aseguradoras? Fíjense que el baile de beneficios que pretenden atribuirse las aseguradoras debería recordarnos el interés de estas, que nada tiene que ver con garantizar la salud, sino con hacer un negocio con la salud pública. No es el Gobierno quien debilita Muface, señorías, no lo es; son las aseguradoras, que no quieren atender a los trabajadores, mayores o adultos, porque no les sale rentable. Porque para ellos la salud no es importante; lo que importa es el negocio que hacen. Se lo digo con un poco de sorna, porque, sin duda, Alberto Quirón sabe muy bien de lo que hablo y el Grupo Popular también. La ministra de Sanidad, Mónica García, advirtió que el Sistema Nacional de Salud está preparado para asumir la integración de los mutualistas de Muface, que representan, por cierto, tan solo un 2 % de la población beneficiaria. Insistir en pagar un seguro privado sanitario a los trabajadores públicos es una herencia de una realidad pasada que no tiene ningún sentido actualmente y no deberíamos seguir asumiéndolo como algo lógico. Es la primera vez que una ministra de Sanidad plantea que los seguros privados para empleados públicos son algo anticuado, inequitativo e ineficiente, y en este grupo estamos orgullosas de la ministra García. El momento es ahora, pero también es cierto que el convenio que propone el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública da tres años para dar los pasos hacia una planificación pausada de algo, señorías, que es inevitable: un modelo, Muface, que es, más allá de otras valoraciones, insostenible, y el sistema público no solo puede absorber a los mutualistas, sino que esta integración permitiría redistribuir recursos de manera mucho más equitativa y reforzar, por tanto, la atención primaria. Yo no voy a ser tibia. Hay propuestas que nos recuerdan a las políticas del Partido Popular de Madrid, de la señora Díaz Ayuso; de un modelo impulsado, un modelo liberal, que deja fuera, al fin y al cabo, a quienes más necesitan del sistema público. En el Grupo Plurinacional SUMAR tenemos muy claro que este Gobierno debe dar pasos en la dirección de reforzar lo público y no en la de reproducir esquemas de privatización ni de favorecer los intereses de quienes hacen negocio con la salud de todos y todas. Este grupo ya ha presentado propuestas para integrar en la salud nacional, en este caso, los colectivos actualmente cubiertos por las mutualidades, y resolver estos problemas de equidad, eficiencia y cohesión en atención sanitaria. Nosotras proponemos la creación de una comisión de trabajo interministerial liderada por el Ministerio de Sanidad para diseñar el proceso de transición de mutualistas desde el sistema de aseguradoras privadas al sistema público. Defendemos también una transición progresiva, empezando con Muface, y estableciendo mecanismos flexibles para garantizar la continuidad asistencial, incluyendo prórrogas y medidas para situaciones especiales, como, por ejemplo, las que atraviesan los trabajadores en el extranjero. Defendemos transferir los recursos destinados a las aseguradoras privadas ―les recuerdo: 2436 millones de euros, según los datos, en este caso, del año 2022― al sistema público, que es donde deberían estar, de forma proporcional y finalista, y priorizamos ―sin duda― el refuerzo de la atención primaria y comunitaria con personal y equipamiento. Nuestro sistema sanitario enfrenta desafíos como las listas de espera o la infrafinanciación de no pocos servicios, pero la solución, sin duda, no pasa por externalizar ni tampoco por privatizar; pasa por invertir en un sistema de salud que también garantice la financiación autonómica y que asegure que todas y todos, funcionarios o no, tengamos acceso a una sanidad pública de calidad. Esto no es una cuestión de chantajes, esto no va de hacer negocios. Esto de lo que va es de garantizar una salud pública para todos y para todas, y allí van a encontrar a este Grupo Plurinacional SUMAR. Muchas gracias. .

María de los Reyes Romero Vilches VOX

Muchas gracias. Señorías, en VOX apoyamos la petición ―que más bien debería ser una exigencia― de que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública comparezca en el Congreso para dar cuenta de cuáles son las gestiones que está realizando para garantizar que los funcionarios integrados en Muface, Mugeju e Isfas puedan seguir recibiendo las prestaciones sanitarias a las que tienen derecho. Realmente da la impresión de que el Gobierno no solo no está haciendo nada positivo en este sentido, sino que más bien está dejándose llevar por los prejuicios propios de la izquierda. Pretende conseguir la desaparición total de Muface en su afán de estatalizar y de dar culto a lo público aunque sea cada vez más insostenible. Para VOX, todo sistema administrativo es siempre susceptible de mejorar y de reformas, pero nosotros entendemos que el mutualismo funcionarial representado por Muface y el resto de entidades a las que hemos hecho mención es un sistema válido de colaboración entre lo público y lo privado, que no solo resulta satisfactorio para miles de funcionarios en España, sino que ha conseguido grandes dosis de eficacia y de eficiencia en la gestión pública de recursos ―que sabemos que son limitados, aunque ustedes no lo crean―, garantizando siempre unas prestaciones sanitarias de alta calidad. Además, lo hace respetando la voluntad del usuario de elegir entre una compañía privada o la sanidad pública y, por supuesto, siempre sirviéndose de convenios de colaboración mutua, que es lo propio de las sociedades prósperas y abiertas y que no encontrarán ustedes, señorías de SUMAR, ni en Cuba ni en Venezuela, que son sus referentes de gestión pública. Si echamos la vista atrás, contemplamos cómo los diferentes Gobiernos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, han maltratado a Muface tratándola como un apéndice menor del sistema y ahogándola poco a poco a base de una insuficiente y cicatera financiación. Deben saber ustedes ―si tienen un mínimo de empatía con los españoles― que existen en la actualidad muchos miles de beneficiarios de este sistema, personas de carne y hueso ―muchas de ellas son muy mayores― que tienen a sus médicos de cabecera ―hoy en día, llamados de familia― y a sus especialistas en los que confían, porque los han tratado, a veces, durante décadas. Ahora se verán abocados a buscar a nuevos profesionales que los atiendan sin que los conozcan ni su historial médico, con los trastornos que esto supone para nuestros mayores o para las personas que están siendo tratadas por graves enfermedades. Espero que no traten de convencernos de que todo es un privilegio que hay que liquidar con la excusa de que se va a destinar el dinero a la sanidad pública, porque todos sabemos que no es así, y tenemos un ejemplo con el CNIO. No se trata de ningún privilegio, sino que forma parte del derecho de la salud del que habla el artículo 43 de la Constitución española. Ahora, nos encontramos con un sistema de Seguridad Social ―que ya de por sí está hiperendeudada― con listas de esperas que son bochornosas a causa, en parte, de la masificación que produce una sociedad envejecida por el invierno demográfico, pero también debido al despilfarro autonómico, en el que cada comunidad va por libre; también a causa de las concesiones a los que les sostienen en el poder, a sus amiguitos, esos que quieren romper España, y debido a los crecientes contingentes de población a los que se tiene que atender a causa de la inmigración masiva y descontrolada que todos ustedes están promoviendo con su efecto llamada. ¿Saben ustedes cuánto cuesta a las arcas del Estado mantener a la ingente cantidad de personas que jamás han cotizado en nuestro país? No hace falta que se lo diga. ¿Saben ustedes cuántos españoles que llevan toda su vida cotizando se van a quedar desasistidos por sus delirios ideológicos? Con este panorama ―ya de por sí poco halagüeño― resulta evidente que la entrada, de golpe y porrazo, de 2,5 millones de funcionarios en el sistema público sanitario producirá un verdadero colapso. Realmente, no esperamos nada bueno de este Gobierno a causa de su sectarismo e incompetencia, pero tenemos claro que las Administraciones públicas tienen que hacer un esfuerzo para conseguir convenios que sean justos y equilibrados y que permitan a las aseguradoras médicas una rentabilidad que las haga viables. Porque sí, en España todos estamos orgullosos de los logros obtenidos por nuestra Seguridad Social ―que, por cierto, no han creado los socialistas―, pero también estamos orgullosos del servicio que reciben los españoles en los excelentes hospitales concertados que existen repartidos por todo el territorio nacional, con peligro de desaparecer, y que descongestionan en gran medida la sanidad pública y de los que son usuarios muchos de ustedes a pesar de que quieran liquidarla. Ya sabemos de su hipocresía. Por no hablar del devastador efecto que tendría la medida en los más de 13 000 empleados que existen en este sector. La sanidad privada quedaría como privilegio exclusivo de los pocos afortunados que pudieran pagarla de su propio bolsillo. Por todo ello, creemos que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública tiene mucho que explicar ante el Pleno de esta Cámara. Muchas gracias, señoría. .

Pedro Casares Hontañón PSOE

Muchas gracias, presidenta. Señorías del Grupo Popular, voy a ser muy claro: es indecente lo que están haciendo con los mutualistas y con la prestación sanitaria de 1,5 millones de funcionarios y sus familias. . Sí, les da igual todo. Les da igual todo, señorías del Grupo Parlamentario Popular, incluso jugar con el miedo y la salud de la ciudadanía con tal de desgastar al Gobierno de España. .

Pedro Casares Hontañón PSOE

¿Ven como de lo que se trata es de desgastar al Gobierno de España? . Señorías, no me sorprende lo que están haciendo… . Señorías, dejen hablar. . No me sorprende después de lo que han hecho esta mañana en el Pleno votando en contra de subir las pensiones de nuestros mayores, de las bonificaciones al transporte público o de las ayudas a los afectados de la dana. Señorías del Grupo Popular, es indecente su forma de hacer política porque con ella están perjudicando la vida de la gente. . No vamos a permitir ―se lo digo también muy claro― su política de bulos y de desinformación. Y voy a ser más claro todavía: vamos a seguir trabajando para que las pensiones sean actualizadas y también vamos a garantizar la prestación sanitaria de los funcionarios. Por tanto, quiero lanzar, sí, un mensaje de confianza y de tranquilidad: hasta que se adjudique el nuevo concierto, todos los mutualistas de este país tendrán asegurada su asistencia sanitaria en las condiciones actuales. Así que dejen de engañar a la gente. Estamos trabajando para renovar el concierto cuanto antes, y lo estamos haciendo, además, con un esfuerzo económico sin precedentes. Lo hicimos en la primera licitación ―con una prima del 17 %― y lo hemos vuelto a hacer ahora en esta segunda licitación con un incremento de más del 33 % en tres años, casi 1000 millones de euros más que el contrato vigente, el mayor incremento de la historia desde que existen registros, señorías del Grupo Popular. . Además, lo estamos haciendo con transparencia (el señor Tellado Filgueira: ¡Hombreee!), convocando consultas preliminares de mercado para que las empresas justifiquen cómo fijan sus precios. Con todo esto, además, confiamos en que pueda salir bien y les recuerdo, señorías del Grupo Popular ―porque también parece que les molesta―, que hasta el día 27 hay plazo para presentar las ofertas. Y mientras que el Gobierno de España y el Partido Socialista están haciendo esto, ¿qué hicieron ustedes, señorías del Partido Popular? Se lo digo: abandonar a los mutualistas cuando gobernaban. ¿Y saben por qué? ¿Saben cuánto incrementaron ustedes las partidas? Se lo digo: en 2014, un 0 %; en 2015, un 0,9 %; en 2016, un 3,5 %; y en 2017, un 0 %. Esa fue su apuesta por el sistema de los mutualistas y de los trabajadores, señorías del Grupo Popular. . ¿Y ahora qué hacen? No contentos con lo que hicieron, ¿qué hacen ahora? Pues son más portavoces de las entidades aseguradoras que de los mutualistas y del interés general, que parece también que se les olvida, señorías del Grupo Popular. Estos son ustedes, este es su retrato, señorías, y les persigue. Y termino con una idea: compromiso y transparencia máxima del Gobierno de España y del ministro de la Función Pública con esta Cámara. Tan es así, señorías, que el ministro comparecerá la próxima semana en las Cortes Generales. Lo hará el próximo miércoles, 29 de enero, en periodo extraordinario, en el Senado. Además, como saben, ha pedido comparecer en el Congreso de los Diputados, y lo hará el próximo 19 de febrero en la Comisión de Hacienda y Función Pública. Por tanto, señorías del Grupo Popular, dejen de generar alarmas y, si no quieren ayudar, al menos déjennos trabajar. Muchas gracias. .

Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos PP

Muchas gracias. Señorías, ¿son ustedes demócratas? ¿Condenan todas las dictaduras? ¿Y consideran que un venezolano tiene el mismo derecho a vivir en libertad que ―pongamos― un chileno o un español? Entiendo que la mayoría de ustedes sí. Por eso el Pleno del Congreso aprobó en septiembre el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Por eso instamos al Gobierno a abandonar su complacencia frente a Maduro. Y por eso le dijimos: defiendan lo moral, porque lo moral es lo eficaz. Lamentablemente, deplorablemente, el Gobierno despreció el mandato de esta Cámara y siguió con su política inmoral e ineficaz, una política útil, inteligente ―dicen―, solo para los que no quieren acabar con la dictadura. El 10 de enero Nicolás Maduro consumó su golpe de Estado y el presidente elegido por el 70 % de los venezolanos ni siquiera pudo poner un pie en su país. El Gobierno de España tiene en ese desenlace una responsabilidad indelegable. Señorías, mi grupo considera que el ministro de Exteriores debe comparecer ante el Pleno del Congreso para dar cuenta de su claudicación ante la dictadura de Maduro, y eso que ya intuimos lo que dirá. Lo conocemos bien. ¿Saben lo que hizo el señor Albares el 9 de enero, mientras millones de venezolanos se jugaban la vida en las calles, mientras nosotros y representantes de la mayoría de esta Cámara nos concentrábamos para exigir que Edmundo González pudiera tomar posesión, mientras María Corina Machado era retenida, golpeada y amenazada? Lo que hizo fue grabar un tiktok sobre los complementos del traje diplomático: el sombrero bicornio, los guantes, el espadín y las condecoraciones. . Sobre todo, las condecoraciones, que al ministro le apasionan. Pues bien, vamos a concederle la ‘gran cruz de la orden del cinismo’, porque solo con un cinismo olímpico se puede decir lo que dice el señor Albares sobre Venezuela. Uno, se jacta de haber traído a Edmundo González a España cuando su obligación era exactamente la contraria: sacar a Maduro de Venezuela. Dos, dice que el objetivo del Gobierno es promover una solución política genuinamente venezolana entre venezolanos. ¿Y qué cree el ministro que fueron las elecciones del 28 de julio, una solución privada entre suecos? Tres, nos acusa al PP de comportarnos como un partido venezolano. Será que él se comporta como un militante chavista. E incluso dice que importamos a España la división de los venezolanos. ¿A qué división se refiere, a la que Zapatero lleva años promoviendo en beneficio de la dictadura? Esa división ya no existe. Venezuela es hoy un pueblo unido contra un cártel criminal y Zapatero un operador de Maduro ya desenmascarado, como ese Monedero que ha dado una conferencia sobre derechos humanos en el mayor centro de torturas de América Latina. ¡Ni el más miserable de los mercenarios! ¡Qué crueldad! Y cuatro, algo que dijo el ministro el lunes. Le preguntaron quién es el presidente de Venezuela y contestó: Nosotros no hemos dado legitimidad al acto de toma de posesión de Maduro, pero hay un presidente que representa internacionalmente a Venezuela, eso no lo podemos desconocer. Es decir, reconoció a Maduro y desconoció a Edmundo, a Edmundo y al pueblo venezolano que lo eligió. De equidistante, nada. El Gobierno de España ha tomado parte: es cómplice de un usurpador. . Señorías, el Gobierno no ha apoyado la transición en Venezuela ni la liberación de los presos políticos, diecisiete de ellos españoles. Por no hacer, no ha hecho ni lo más elemental, que es llamar a las cosas por su nombre. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, repitan con el presidente de Chile, ya que no quieren hacerlo con nosotros: Maduro es un dictador. Ahora están celebrando su fracaso contra Franco. Nosotros sí decimos que Franco fue un dictador. De hecho, esta Cámara votó por unanimidad, hace ya veintitrés años, la condena del franquismo. Ustedes, en cambio, solo ven dictaduras en ojo ajeno o, lo que es peor, blanquean a los sátrapas que consideran suyos, afines. ¿O cuál es su plan, señorías? ¿Esperar de brazos cruzados y dentro de cincuenta años conmemorar que Maduro murió tranquilamente en su cama? Y apuntarse el mérito, claro, con su correspondiente condecoración. Señorías, las dictaduras se perpetúan gracias a dos mentiras: la mentira del apaciguamiento y la mentira de que no hay alternativa. Dice el ministro que la solución es el diálogo. ¿Saben cuántos procesos de diálogo han patrocinado Zapatero y otros? Más de veinte. ¿Y para qué han servido? Para dar oxígeno a la tiranía. El apaciguamiento es un negocio próspero y no, la resignación no es una opción. Los venezolanos no están condenados a sobrevivir bajo una tiranía narcocriminal y eso depende también de nosotros. ¿Qué puede, qué debe hacer España? Primero, demostrar valentía. Bastaría con una milésima parte de la que exhiben los líderes venezolanos, asediados, secuestrados y torturados. No les pidamos más heroísmo, seamos nosotros decentes. Segundo, decir y defender la verdad. ¡Qué papelón el de España y, por extensión, el de Europa! Tanto denunciar los bulos y la desinformación para luego decir que no ganó Maduro, pero, oye, tampoco Edmundo. Entonces, ¿quién ganó, señorías? ¿Napoleón Bonaparte? Tercero, promover la acción de la justicia. Esta Cámara, también a instancias de mi grupo, ha exigido al Gobierno que impulse la causa contra Maduro ante la Corte Penal Internacional. ¿A qué espera el Gobierno para acatar el mandato del Congreso y, por cierto, el fiscal Khan para actuar? Cuarto, reforzar y ampliar las sanciones. Se lo advertimos: rebajarlas en vísperas de las elecciones era un gravísimo error que solo serviría para envalentonar a los criminales, como sucedió. Quinto, dejar de financiar a la dictadura. Evidente, ¿no? Ojalá lo fuera. Hace unos días, nada menos que en la audiencia para su confirmación como secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio dijo que Chevron lleva años llenando las arcas de un régimen corrupto y criminal y anunció un cambio de política. ¡A ver si es verdad! A ver si el lobby petrolero no acaba dejando las promesas de Trump en papel mojado, y a ver qué hace el Gobierno de España. El señor Albares justificó el lunes su condescendencia con Maduro por la necesidad de proteger a las empresas españolas. Una excusa más, probablemente. Y yo pregunto: señorías de izquierdas, ¿deben los derechos humanos y la vida y la dignidad de millones de personas supeditarse a los intereses de una petrolera? Si es así, díganlo abiertamente, reconózcanlo. Y en cuanto a Repsol, no quiere asumir las consecuencias económicas de su apuesta por la Venezuela chavista, de sus estrategias de inversión. Bien, pero al menos que asuma las consecuencias morales. Sus fotos y acuerdos con Delcy Rodríguez el pasado septiembre, en plena ola represiva, son éticamente inaceptables. Sexto, utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance para deponer a Maduro. Todos. Por ejemplo, ¿saben ustedes que en 2005 la ONU ―la ONU― adoptó el principio de la responsabilidad de proteger, que la obliga a intervenir en aquellos Estados que cometen crímenes de lesa humanidad contra sus ciudadanos? Nadie lo invoca. ¿Por qué? ¿Preferimos que actúe un mercenario a que lo haga una institución internacional? Y séptimo, hay que forjar una gran alianza transatlántica por la democracia que lleve la libertad a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. España tiene aquí una responsabilidad histórica. Estamos en el centro de un triángulo cuyos vértices son Europa, América Latina y los Estados Unidos. Tenemos que trabajar con la Administración americana, tenemos que liderar a la Unión Europea y no frenarla, como hasta ahora, y tenemos que defender para nuestros países hermanos lo que exigimos para nosotros mismos. Pero, claro, señorías, todo esto requiere de un Gobierno coherente y comprometido y este es el problema. ¿Cómo va a luchar por la democracia en Venezuela quien trabaja compulsivamente para socavarla en España? Muchas gracias. .

Txema Guijarro García SUMAR

Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que, escuchando a la señora Álvarez de Toledo, tengo alguna duda. Decía usted que el señor Monedero ha dado una charla en el mayor centro de torturas de las Américas, pero, hasta donde yo sé, creo que el señor Monedero no puede entrar en la base norteamericana de Guantánamo. Base norteamericana de Guantánamo, el mayor centro de torturas de las Américas. Quizá eso se le ha olvidado, señora Álvarez de Toledo. Y también se le olvida a la señora Álvarez de Toledo el valor cristiano de la mediación. . Y no se lo digo por Zapatero, no; se lo digo por el Vaticano (continúan los rumores), que está, como usted bien sabe, haciendo esfuerzos para la mediación (el señor Tellado Filgueira: ¡Qué burla!), para que las partes lleguen a acuerdos, para que no haya más detenidos, para que no haya más violencia, para que los problemas en Venezuela se arreglen y la convivencia sea real. Pero, claro, nunca sabremos realmente para qué sirve una mediación. Nunca lo sabremos, ¿verdad?, porque nunca tenemos el elemento comparativo de cuál hubiera sido el escenario alternativo. En esto hay que tener una cierta profesión de fe , y hay algunos y algunas que creemos en los procesos de mediación y otras u otros que no creen en ellos. En tercer lugar, señora Álvarez de Toledo, entiendo que usted quiera hablar de Venezuela, y está bien que hablemos de Venezuela, pero quizá yo empezaría hablando de Cuba. . Como usted bien sabe, después de haber tenido que soportar un bloqueo inhumano durante décadas, por fin la Administración norteamericana se avenía a levantar algunas de las sanciones más gravosas que tenía la República de Cuba y estas sanciones han vuelto a ser establecidas el lunes pasado con la llegada del señor Donald Trump a la Casa Blanca. Señora Álvarez de Toledo, de lo que viene ocurriendo últimamente al otro lado del océano, a mí lo que me preocupa es lo del lunes. Eso me preocupa mucho. . Efectivamente, como dice por ahí alguno de sus voceros, la democracia, porque, como usted bien sabe, el señor Trump no es precisamente un demócrata. . Aunque haya llegado por métodos democráticos, no es precisamente un demócrata... .

José María Sánchez García VOX

Con la venia, señora presidente. Francamente, voy a dedicar un minuto porque no puedo resistirme; si no, creo que sufriría aquí una apoplejía. Haré dos comentarios sobre las intervenciones de los vocales de SUMAR. Señor Santiago Romero, usted dice que los jueces españoles actúan por motivos políticos y persiguen al fiscal general del Estado y a no sé quién más. Parece que a Ábalos no, según ustedes, porque ha sido expeditivo sobre esto con tal de hacer recaer sobre él todo el mochuelo; claro, qué van a hacer. Y si es así, ¿qué tendríamos que hacer entonces, según usted? Supongo que, con arreglo a un modo de actuar propio del comunismo, matar a los jueces. Eso es muy característico del comunismo y hay muchos precedentes de esta actuación. Otra posibilidad es someterlos al enjuiciamiento de un tribunal popular, que también es una práctica totalmente conforme con las exigencias de una justicia democrática. O, finalmente, que supongo que es lo que quieren ―lo estamos viendo ahora con esta última iniciativa del Gobierno―, que esos jueces sean juzgados por otros jueces, pero que sean los designados por ustedes, es decir, por el Poder Ejecutivo. Esto también es muy respetuoso con un entendimiento de lo que es la justicia en una democracia. ¡No tienen ustedes vergüenza! Ustedes están descalificados para, en el siglo XXI, hablar en un Parlamento en estos términos. Y en cuanto al señor Guijarro, es otra manifestación del comunismo irredento. Le voy a hacer una observación, si me lo permite ―y si no me lo permite, también―, sobre el valor de los pronunciamientos del romano pontífice. Para los católicos, entre los que me cuento, lo que diga el romano pontífice sobre Venezuela no nos obliga. ¿Usted esto lo sabe? En la Iglesia hay libertad, aunque, claro, entiendo que usted no lo comprenda porque es comunista. Bueno, y ahora voy a hablar sobre este punto. El funesto hecho consistente en que no haya podido tomar posesión de su cargo de presidente de la República el señor González Urrutia el pasado día 10 de enero en Caracas no ha hecho modificar en nada la postura que hasta ahora viene manteniendo sobre la cuestión de Venezuela al Gobierno español. En nada. Ya sabemos lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, el microministro, que recordemos ―lo ha dicho la portavoz del Grupo Popular― que fue aquel señor que, en una idea esclarecida, ya propuso en septiembre de 2023 que se levantasen las sanciones a Venezuela porque confiaba en que las elecciones iban a ventilarse en unos términos respetuosos con las exigencias democráticas. Verdaderamente, comprendo que ustedes y el presidente del Gobierno mantengan a este hombre en el cargo, porque desde luego derrocha inteligencia allá por donde va, por todas las cancillerías, y todas estas se inclinan respetuosamente ante su entendimiento. Bueno, pues este señor sigue sin enterarse de nada. No se quiere enterar ―su entendimiento es escaso―, pero es que además en esto hay malicia. Dice que no ha cambiado esencialmente nada y que el Gobierno español no va a reconocer al señor González Urrutia. Aquí hay un precedente, que es un reconocimiento no ejecutivo hecho por este Parlamento en septiembre de 2024, es decir, después de las elecciones del 28 de julio. El propio señor Borrell dijo que las actas electorales que obraban en poder de la oposición venezolana eran suficientes para tener por vencedor en esos comicios al señor González Urrutia. ¿Cómo se componen de modo coherente las manifestaciones del señor Borrell con lo que dice y hace el ministro de Asuntos Exteriores y con lo que dice y hace el Gobierno español o con lo que hace y dice el señor Rodríguez Zapatero, destacado dirigente del Partido Socialista y expresidente del Gobierno español, que sigue defendiendo explícita e implícitamente muchas veces a Maduro y que, por lo tanto, está justificando la tiranía de la Venezuela bolivariana? Pues no hay explicación. Es de nuevo, en este caso, no el comunismo irredento, sino el resabio ideologizado de un marxismo que ya ha concluido, salvo en el caso de Venezuela. ¿Pero es que ustedes no se han enterado de esto? ¿Ustedes no se han enterado? ¿En qué mundo viven? Sí, viven aquí, en España. Bueno, sí, claro, y vienen aquí y dicen, como el señor Guijarro: Trump no es demócrata. No, claro, si con este tipo de observaciones de la realidad, cualquier cosa se puede hacer y decir. Ustedes viven en un mundo ideal, pero no ideal en el sentido de que sea óptimo, sino ideal porque no es más que el producto de una ideación suya, un proceso psíquico de ideación claramente morboso, es decir, enfermizo. Precisan ustedes, además de una corrección política severa, acaso ―y lo he dicho en más de una ocasión en esta Cámara― de algún tratamiento facultativo.

José María Sánchez García VOX

Sí, termino. Termino de verdad. Urge el reconocimiento del señor González Urrutia, y no aleguen aquí razones de ineficacia posible. Urge la ampliación objetiva y temporal de las sanciones ―medidas restrictivas de 2017 de la Unión Europea― a la República de Venezuela. Y urge que se siga informando y se informe cuanto se pueda ―se transmita lo que se llama una situación a la Corte Penal Internacional― para que la Sala de Cuestiones Preliminares, una vez examinadas esas denuncias, dé traslado a la Fiscalía y esta pueda por fin, como deseamos y creemos que es de justicia ―de justicia―, ordenar la detención de Nicolás Maduro y de los dirigentes de la República Bolivariana por crímenes de lesa humanidad, les guste o no. .

José María Sánchez García VOX

Y si les parece que me he extendido en el tiempo…

José María Sánchez García VOX

… se aguantan, porque es más importante esto que una compostura formal…

José María Sánchez García VOX

… de políticos que lo que hacen es justificar asesinatos constantemente en esta Cámara. .

Cristina Narbona Ruiz PSOE

Muchas gracias, presidenta. Señorías, no hay peor sordo que el que se empeña en no querer oír. Ustedes están pidiendo explicaciones, y con carácter urgente, al ministro Albares, pero es que el ministro Albares sobre el tema de Venezuela no solamente ha dado explicaciones aquí, en el Congreso (el señor Tellado Filgueira: No, no), y en el Senado ―un total de ocho comparecencias entre Pleno y comisiones desde que se inició esta legislatura―, sino que todos los días hay declaraciones o hay iniciativas lideradas por España a las que ustedes no hacen en absoluto referencia (el señor Sánchez García: ¡Porque son insuficientes!― Protestas), aunque, claro, no es de extrañar que ustedes no escuchen al Gobierno de España. Eso no me extraña en absoluto. Pero es que tampoco escuchan al señor Edmundo González. ¿O es que no leyeron el comunicado emitido por el señor Edmundo González desmintiendo rotundamente las barbaridades que ustedes fueron capaces de decir sobre que en la embajada española en Caracas se torturaba y se amenazaba a la gente? Todavía estamos esperando, señorías, que pidan ustedes disculpas , que pidan ustedes disculpas habiendo escuchado al señor Edmundo González. Me ha resultado sorprendente que la señora Álvarez de Toledo haya dicho que, en vez de traer aquí a Edmundo González, lo que teníamos que haber hecho era echar al señor Maduro. No sé si es un exceso de ingenuidad, señora Álvarez de Toledo, pero echar al señor Maduro, como ya le dije en una ocasión, no se puede hacer con una varita mágica, diciendo «el señor Edmundo González es el presidente» y ya está, y a partir de ese momento desaparece por arte de magia el señor Maduro. . No, señorías, las cosas no son así. .

Cristina Narbona Ruiz PSOE

Escuchen al señor Edmundo González, porque lo que va diciendo tiene poco que ver con muchas de las barbaridades que les oímos decir, como que somos militantes chavistas. ¿De verdad un Gobierno de militantes chavistas habría dado asilo político a 125 000 venezolanos? . ¡A 125 000 venezolanos! Y, señora Álvarez de Toledo, la invito a que me diga en qué momento el señor Mariano Rajoy definió como dictador al señor Maduro, porque no lo hemos encontrado reflejado en ninguna parte, no sé por qué. No sé si también era un militante chavista un poquito oculto, pero lo cierto es que no hemos visto eso a lo que ustedes dan tanta importancia y que tiene el mismo valor que decir con la varita mágica «este es el verdadero presidente». Señoría, no ha ido nadie en representación del Gobierno de España a la toma de posesión del señor Maduro. Ni del Gobierno de España ni de los Gobiernos de la Unión Europea, donde, les guste o no, quienes llevan la voz cantante en defensa de los derechos humanos, en defensa de la democracia en Venezuela, son el ministro Albares y el presidente del Gobierno. . No hay ningún otro país de la Unión Europea que haya sido tan beligerante como lo ha sido y lo seguirá siendo el Gobierno de España. . Por cierto, sanciones incluidas, que parece que de eso tampoco se han enterado. Ustedes cuentan la película como si nos hubiéramos quedado callados, como si no se hubiera hecho nada, como si no se hubiera movido un pelo desde el año pasado hasta ahora, cuando hay varias declaraciones impulsadas por el Gobierno de España donde se niega la legitimidad del señor Maduro. Caramba, para ser militantes chavistas, la verdad es que somos muy originales , porque negarle la legitimidad al señor Maduro se compadece poco con esa militancia chavista. Pero sí, señorías, sería muy bueno que ustedes escucharan y entendieran, entendieran en qué momento estamos. Ustedes se empeñan en instrumentalizar el tema de Venezuela y aprovecharse del dolor de muchos venezolanos (el señor Tellado Filgueira: ¡Qué vergüenza!) para atacar al Gobierno de España una y otra vez. Y, desde luego, hoy no es un buen día para ustedes , porque lo que han hecho esta mañana, lo que han hecho esta mañana, señorías (la señora Vidal Sáez: ¡Como para reírse!), es como para ponerse a reír ahora mismo. . Ya lo explicará, pero, desde luego…

Cristina Narbona Ruiz PSOE

… creo que pueden estar ustedes muy orgullosos del papelón que han hecho votando en contra de la revalorización de las pensiones y de muchas otras cosas que afectan a la vida de los españoles. . Sigan hablando ustedes de Venezuela. Sigan hablando ustedes de Venezuela. En todo caso, señorías, el ministro vendrá, como ha venido otras veces. . Vendrá y contestará a todo lo que ustedes le quieran preguntar. Muchas gracias. .