Pleno del Congreso n.º 94 · XV legislatura

Teslem Andala Ubbi SUMAR

Buenas tardes, señorías. Primero quiero agradecer a todas las personas que esta tarde nos acompañan ― colectivos de familias de acogida de niños saharauis en verano, compañeras, compañeros, personas de la sociedad civil y también de la abogacía que ha acompañado a tantos saharauis nacidos bajo el colonialismo español― para presenciar hoy la presentación de una ley crucial. . Como sus señorías saben, para mí es muy complicado no hablar hoy en primera persona, pero voy a intentar utilizar este altavoz para representar a todo el pueblo del Sáhara Occidental. He intentado encontrar una metáfora para explicarles el limbo legal que atravesamos los saharauis, y, como he escrito hoy en elDiario.es, mi llegada a ese escaño, al 2302, ha sido básicamente como en la película, de Tom Hanks, La terminal. No sé si sus señorías han visto esa película, en la que Tom Hanks se queda atrapado en un aeropuerto porque, durante su vuelo, su país entra en guerra civil y tampoco lo dejan entrar en Estados Unidos, y se queda en un limbo legal. Yo vi esa peli con 10 años: no sabía mucho español, pero sentía la misma angustia que el actor. Señorías, yo nací en los campos de refugiados ― yo y miles de refugiados expulsados durante la ocupación marroquí posterior al abandono de España―, y, revisando los miles de documentos que traemos los saharauis para poder hablar de nosotras y nosotros, ya que solemos traer una carpeta, yo quería mostrarles hoy un documento (muestra un documento), el censo de la MINURSO, el famoso censo para que, cuando llegue ese día en que podamos votar los y las saharauis, sepan que somos saharauis. Este censo es de mi madre, del año 1998. Es un censo que conservamos todos los saharauis. Tiene un gran valor político, un gran valor en el derecho internacional, pero realmente es papel mojado: solo sirve en los campos de refugiados para obtener un kilo de arroz a la semana como refugiado. Los saharauis también ostentamos nuestro pasaporte, el pasaporte de la República Saharaui. . Este pasaporte otorga y reconoce a los saharauis como saharauis de la República Árabe Saharaui Democrática. Pero con este pasaporte, si un saharaui entra en España, lo más probable es que Marlaska lo deporte, y no a los campos de refugiados saharauis, sino a Rabat. . Los saharauis también ostentamos el título de viaje humanitario argelino. . Este título de viaje argelino te deja salir de los campos de refugiados. Así venimos los miles de niños saharauis en régimen de acogida con familias españolas. Con este llegué yo en 2002, y, hasta que se me otorgó la ciudadanía española en 2022, pasaron veinte años. ¡Veinte años entre este pasaporte y este! . Y la terminal del pueblo saharaui representada por esa película muestra el verdadero drama que atravesamos no solo los saharauis, sino las familias que nos acogen todos los veranos. Yo fui mena tres años; mi hermano mellizo y yo. Mi madre de acogida vivía alarmada por si tenía cualquier enfermedad. Mi madre de acogida no podía sacarme del país. Mi madre de acogida no conseguía matricularme en el colegio; ni a mí ni a mi hermano mellizo. Y reitero: este no es mi caso, es el de todos los niños saharauis que se acogen en verano. ¡Veinte años entre ambos! . ¿Saben lo que me daba más pánico y lo que más miedo da a todos los saharauis? Perder el NIE, porque con el pasaporte argelino (muestra el citado pasaporte) tenemos una tarjeta de residencia para poder estudiar en España, pero tampoco se nos reconoce, obviamente, la argelina ni la saharaui. Y lo que más miedo me daba en la universidad era perder el NIE. De hecho, una vez, cuando lo perdí, un amigo me propuso matrimonio, viendo la alarmante situación de que me podían deportar. En el año 2022, señorías, se me otorgó la ciudadanía española. Pero este periplo que ha pasado mi familia de acogida y que he pasado yo misma se nos podía haber ahorrado. Y hoy traigo esta cartilla. . Este no es el DNI de mi padre, pero sí que es su Seguridad Social. Mi padre está censado en el Ministerio de Hacienda como trabajador de la mina de fosfatos. Nació en 1952. El Sáhara entonces era español. ¿Saben cuándo pudo recuperar su DNI? En 2007. Pero yo en 2007 no lo podía pedir porque España no reconocía mis papeles saharauis. Decían continuamente en las Administraciones y en las colas de extranjería: «No existís, tú no existes, y, por tanto, no podemos reconoceros». Señorías, mi llegada a ese escaño, gracias al ejercicio del sufragio pasivo y activo en el pasado año 2023, no solamente es una justicia restaurativa, para representar al pueblo madrileño y al pueblo español, sino que también es gracias al trabajo colectivo de las asociaciones que nos han acogido, gracias a la ternura de mis padres de acogida, gracias a la abogacía saharaui, que ha hecho un pleito extraordinario en los tribunales españoles para que se reconozcan nuestros papeles. Por eso, señorías del Partido Socialista…

Teslem Andala Ubbi SUMAR

Me dirijo a ustedes porque esta ley ya llegó la pasada legislatura y tuvo el apoyo mayoritario, y ustedes votaron en contra. Quiero que hoy suban a esta tribuna y digan por qué votan en contra, por qué votan en contra de las familias de acogida, por qué votan en contra del pueblo saharaui. ¿Qué les hemos hecho nosotros, que les hemos hecho los saharauis para que constantemente nos intenten borrar de la memoria histórica de este país? Esta ley no exime de responsabilidad al Estado español. Esta ley es un ejercicio de memoria restaurativa que devuelve a los nacionales su DNI, pero, sobre todo, nos iguala como saharauis para poder acceder a la nacionalidad española después de dos años, como ya ocurre con los ciudadanos de América Latina , como ya ocurre con los sefardíes; y eso fue gracias a Mariano Rajoy. Hoy sus señorías tienen la oportunidad de hacer un poco de ejercicio de memoria restaurativa.

Teslem Andala Ubbi SUMAR

Voten a favor. Gracias, presidenta. .

Enrique Fernando Santiago Romero SUMAR

Empiezo con una enhorabuena emocionada a nuestra diputada saharaui y señalando que hoy nos enfrentamos a ataques inaceptables al derecho internacional, creado precisamente para garantizar la paz y la convivencia entre pueblos y naciones. Nuestro grupo parlamentario defiende que es imprescindible construir amplios consensos entre fuerzas democráticas en defensa del derecho de libre determinación de los pueblos, la paz y la cooperación multilateral para el arreglo pacífico de controversias, y todos los grupos de esta Cámara deberíamos coincidir en que la guerra en el Sáhara Occidental la inició la actual potencia ocupante, Marruecos, que es una agresión contraria al derecho internacional y que la paz debe beneficiar a todas las partes, no puede beneficiar solo al agresor. Sin ambigüedades, son principios que defendemos aplicables a cualquier conflicto o territorio, y es doctrina de la Corte Internacional de Justicia que un pueblo sometido a colonización tiene la opción del derecho a la autodeterminación, y nada ha variado jurídicamente desde 1991, cuando se constituyó la Misión de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental para la realización del referéndum en ese territorio sometido a colonización. Lo que ha cambiado es que Marruecos ha realizado una intensa campaña minando los apoyos a la libre determinación del pueblo saharaui. Pero el 17 de octubre del año 2024 el Consejo de la Unión Europea acordó reforzar el derecho internacional, conforme a la Carta de Naciones Unidas, y respetar el derecho de libre determinación de los pueblos, y el 4 de octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó tres sentencias sobre los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos, país que se obstina en incluir al Sáhara Occidental como territorio propio. El Tribunal de Justicia Europeo decide que los productos procedentes de los territorios saharauis ocupados deben etiquetarse expresamente como productos del Sáhara Occidental, porque ese territorio no es Marruecos . Y esas sentencias reiteran el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y reconocen la condición del Frente Polisario como representante del pueblo saharaui, que es el legítimo y único titular del derecho de autodeterminación del territorio, recordando que es un pueblo que, a raíz de la ocupación del año 1976, ha tenido que abandonarlo. Y concreta que el pueblo saharaui está compuesto por 500 000 personas, de las que 255 000 se encuentran en campamentos de refugiados en Argelia, 125 000 están en la diáspora y otras 125 000 están en territorios ocupados por Marruecos, de forma que el resto de los habitantes del territorio ocupado deben ser considerados como colonos. Y concluye que, debido a la situación de ocupación ilegal del Sáhara Occidental por Marruecos ― literal―, «es necesario el consentimiento del pueblo saharaui para acuerdos con la Unión Europea que incumban a productos del Sáhara Occidental». Para el tribunal de la Unión Europea esto es jurisprudencia consolidada, y el respeto a la legalidad internacional nos obliga a cumplirlo. No hay formas distintas de aplicar el derecho internacional en función de que afecte a ucranianos, palestinos o saharauis. . Y presentamos esta proposición de ley como lógica consecuencia de nuestra cercana relación con el pueblo que hace pocos años contaba con representación en las Cortes Generales, estudiaba en idioma español, desempeñaba puestos de funcionarios y formaba parte de nuestras Fuerzas Armadas. Es una pequeña reparación del daño causado por la entrega a un tercer país de un pueblo y un territorio pendiente de descolonización. La actuación vergonzante que protagonizó el franquismo moribundo trae consecuencias que hoy aún padecemos y que, en especial, padece el pueblo saharaui, con el que tenemos una deuda histórica. En 1976, una España incapaz de impedir la ocupación por Marruecos de nuestra provincia comunicó a Naciones Unidas el abandono del territorio. Seis meses más tarde, se aprobó una norma que solo en teoría permitía a los saharauis conservar la nacionalidad española, norma de imposible cumplimiento debido a la represión implantada por los ocupantes, Marruecos y Mauritania. El Acuerdo de Madrid de noviembre de 1976 es una capitulación sin valor jurídico, que ni siquiera fue publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y, tras cuarenta y siete años sufriendo exilio, la ocupación o la vida en campos de refugiados, hoy podemos aprobar una ley con tres medidas: primera, la concesión de nacionalidad por carta de naturaleza a los nacidos en el Sáhara Occidental bajo soberanía española mediante un procedimiento similar al que se utiliza para otorgar la nacionalidad a los sefardíes, que la perdieron hace quinientos años ; la segunda, la posibilidad de optar por la nacionalidad española para los descendientes en primer grado de consanguinidad de los que adquieran la nacionalidad por carta de naturaleza, con un plazo de cinco años desde la inscripción de la nacionalidad de sus progenitores, y, en tercer lugar, la equiparación en el Código Civil de los saharauis a los nacidos en países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes para adquirir la nacionalidad por residencia. Y los documentos requeridos para optar a la nacionalidad española que incluimos en la ley son en sí mismos una acreditación de su intensa vinculación con España: el documento nacional de identidad aunque esté caducado o la certificación de inscripción en el registro del censo para el referéndum del Sahara Occidental o certificados de nacimiento expedidos en los campamentos de refugiados o partidas de nacimiento, libros de familia o documentos que acrediten la condición de empleado público en el Sáhara u otros documentos de una autoridad española que acrediten el nacimiento en el Sáhara Occidental antes del 26 de febrero de 1976. Hoy esta Cámara puede acabar con la discriminación de los saharauis respecto a personas de otros pueblos que también han sido parte del Estado español en cualquier momento de la historia: dos años de residencia legal y continuada exigidos a estas últimas, frente a los diez años que ahora mismo se exigen a los saharauis. . Y es un orgullo para cualquier diputada o diputado aprobar una iniciativa tan importante, que va de personas más que de leyes, de vivencias más que de derechos, de justicia práctica y humana más que de jurisprudencia , de arena, calor, campamentos y dignidad más que de DNI, sellos o pasaportes. Nuestras hermanas y hermanos saharauis deben ser reconocidos como lo que son, nuestros iguales. Saldemos la deuda histórica con el pueblo saharaui. Llevamos cincuenta años de retraso: no perdamos más tiempo mirando a otro lado. España sigue siendo, de iure, la potencia administradora del territorio, aún pendiente de descolonización. Y no estamos regalando la nacionalidad a nadie, estamos devolviendo un derecho histórico que fue arrebatado. . Hagámoslo, en nombre de miles de familias españolas que desde hace cuarenta años acogen cada verano a niños y niñas saharauis en el proyecto Vacaciones en Paz, iniciado por el Partido Comunista de España e Izquierda Unida, y del movimiento de solidaridad con los presos políticos saharauis que se moviliza cada semana desde hace cuatro años en apoyo de quienes han sido condenados por Marruecos solo por defender de forma pacífica el derecho a la autodeterminación. Reconozcamos el sentir mayoritario de toda la sociedad. Muchas gracias. .

Cristina Valido García CCa

Señorías, créame que se hace difícil intervenir después de escuchar a Tesh, saharaui española, diputada de este congreso y mujer valiente, de la que yo, por lo menos, me siento orgullosa. ¡Felicidades por tu discurso! . Bastaría con esa intervención para que hoy aprobáramos sin ninguna duda, sin ninguna fisura esta propuesta. Ha hecho la fotografía de una injusticia histórica que aquí nadie puede discutir. El Estado español tiene una deuda histórica con el pueblo saharaui, un pueblo pacífico, un pueblo paciente, un pueblo que ha demostrado su capacidad de autoorganización, de resiliencia, de lucha en circunstancias extremas, en ocasiones sin ninguna atención de la comunidad internacional, pero, sobre todo, sin atención ni justicia ni acción de la potencia que un día les dijo «ustedes son españoles», la que les llevo el idioma, la que le repartió el carné, la que les puso a trabajar. En Canarias tenemos una vinculación con el pueblo saharaui que nos convierte en familia. Hemos convivido y hemos participado de muchas de esas Vacaciones en Paz, de muchas de esos viajes a Tinduf, de muchas de esas acciones para llamar la atención sobre esta injusticia histórica. Y, señorías, llega el momento de abandonar la solidaridad de boquilla a la que estamos acostumbrados en esta Cámara, a darnos golpes de pecho con las injusticias mundiales, a viajar por el mundo diciendo a los Estados lo que tienen que hacer y cómo han de reconocer el derecho de la gente a defender su territorio, la integridad de su suelo, y obviar, ignorar al Sáhara Occidental. Un Estado se hace respetar no solo cuando asume sus responsabilidades del presente, también cuando asume las responsabilidades de lo hecho en el pasado. No podemos obviar los derechos civiles de quienes han padecido una descolonización fallida, la de la provincia 53, que estaba representada en esta Cámara, que contaba con diputados en esta Cámara y a la que hoy se ignora. Les hemos robado el derecho a tener una patria, a tener una nacionalidad durante décadas, desde hace cincuenta años. ¿A qué les recuerda esta fecha? Año 1975. Vamos a recordar también parte de lo que ocurrió en ese momento, porque parte de lo que ocurrió en ese momento es que abandonamos a los hermanos saharauis, españoles hasta ese momento, a su suerte. Eso también es memoria democrática. Gracias. .

Néstor Rego Candamil BNG

Grazas, señora presidenta. Esta é a segunda ocasión en pouco tempo en que a cuestión do recoñecemento á nacionalidade por carta de natureza aos e ás saharauís, nacida coa administración española é debatida neste congreso. Na pasada lexislatura foino cunha proposición de UPN, perdón de Unidas Podemos, agora de SUMAR. No BNG non mudamos de posición e imos dicir o mesmo. Estamos de acordo coa concesión da nacionalidade aos e ás saharauís que o desexaren; evidentemente, a aqueles e aquelas que xa a tiveron, que xa gozaron desa nacionalidade española, mais tamén aos seus descendentes directos. Achamos que para alén de resolver situacións individuais e comportamento da administración española en relación coa poboación saharauí que chega ou se encontra no Estado español e que non teñen xustificación de ningún tipo ¿lembramos hai poucos meses aínda esa deportación de saharauís retidos en Barajas e solicitantes de asilo¿, é importante do punto de vista simbólico, na medida en que tamén implica o recoñecemento de España como antiga potencia colonial ou mesmo como potencia administradora, polo menos así o segue sendo a ollos da comunidade internacional. Dito isto, reiteramos o evidente: o que precisa o pobo saharauí é unha saída colectiva que pasa polo recoñecemento da nacionalidade saharauí a nivel internacional e para todos os efectos, quere dicir, o que cómpre facer é recoñecer a República Árabe Saharauí Democrática como Estado soberano e independente. Isto é o que debe ser feito por parte do Estado español para reparar a ignominiosa traizón realizada ao pobo saharauí en 1976. Para iso é necesario comezar porque o Goberno de Pedro Sánchez rectifique a infame, impresentábel e inxustificábel viraxe sobre o Sáhara Occidental, que pasou por recoñecer a soberanía de Marrocos e dobregarse ante o ditador marroquino ante o ocupante marroquino. En todo caso, o BNG mantense sempre á beira do pobo saharauí e reafirma a súa posición histórica de defensa da autodeterminación e a independencia do Sáhara Occidental. Moito obrigado. Gracias, señora presidenta. Esta es la segunda ocasión en poco tiempo en que la cuestión del reconocimiento de la nacionalidad por carta de naturaleza a los y las saharauis nacidas bajo la Administración española se debate en este Congreso. En la pasada legislatura se hizo con una proposición de Unidas Podemos y ahora con esta de SUMAR. En el BNG no hemos cambiado de posición y vamos a decir lo mismo: estamos de acuerdo con la concesión de la nacionalidad a los y las saharauis que lo deseen; evidentemente a aquellos y aquellas que ya la tuvieron, que ya disfrutaron de esa nacionalidad española, pero también a sus descendientes directos. Nos parece que va más allá de resolver situaciones individuales y comportamientos de la Administración española con respecto la población saharaui que llega o se encuentra en el Estado español y que no tienen justificación de ningún tipo ― recordemos, hace pocos meses todavía, esa deportación de saharauis retenidos en Barajas y solicitantes de asilo―. Más allá de eso, es importante desde el punto de vista simbólico en la medida en que también implica el reconocimiento de España como antigua potencia colonial o, incluso, como potencia administradora, por lo menos, y así lo sigue siendo a ojos de la comunidad internacional. Dicho esto, reiteramos lo evidente: lo que necesita el pueblo saharaui es una salida colectiva que pasa por el reconocimiento de la nacionalidad saharaui a nivel internacional y a todos los efectos, es decir, lo que hay que hacer es reconocer la República Árabe Saharaui Democrática como Estado soberano independiente. Esto es lo que debe hacer el Estado español para reparar la ignominiosa traición realizada al pueblo saharaui en 1976. Para eso, es necesario empezar por que el Gobierno de Pedro Sánchez rectifique el giro infame, impresentable e injustificable sobre el Sáhara Occidental, que pasó por reconocer la soberanía de Marruecos y doblegarse ante el dictador marroquí, ante el ocupante marroquí. En todo caso, el BNG se mantiene siempre al lado del pueblo saharaui y reafirma su posición histórica de defensa de la autodeterminación y la independencia del Sáhara Occidental. Muchas gracias. .

Martina Velarde Gómez SUMAR

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas las que nos acompañáis hoy. Muchas gracias a los colectivos y muchas gracias a las asociaciones en defensa de los derechos humanos. Muchas gracias por vuestra lucha y vuestra resistencia. Evidentemente, esta iniciativa que traemos hoy al Congreso la vamos a apoyar porque es una iniciativa que ya presentó en la legislatura pasada en el Congreso, como también ha dicho el compañero del BNG, Néstor Rego, por parte de Unidas Podemos para otorgar la nacionalidad a aquellos y aquellas saharauis nacidas antes de 1976 y a sus descendientes. La iniciativa proponía que para conseguir la nacionalidad bastaría con presentar un DNI, Libro de Familia o una partida de nacimiento emitida por la Administración española antes de 1976, y eso permitiría a los saharauis conseguir la carta de naturaleza y, por consiguiente, la nacionalidad española en un plazo de cinco años. Esa toma en consideración de esta proposición de ley salió adelante a pesar del voto en contra del Grupo Socialista. Además, es doloroso, porque estaba en el Gobierno igual que está hoy, pero, lamentablemente, aunque la toma en consideración salió adelante, no se pudo tramitar por ese adelanto de elecciones. Y yo me pregunto ahora, cuando se trae de nuevo aquí, qué va a votar el Grupo Socialista. En aquel momento, el diputado Sergio Gutiérrez alegó que no estaban de acuerdo con el diseño de la propuesta y que era un debate complejo. Me pregunto también que, si no le gustaba el diseño o era un debate complejo, por qué hasta hoy no han dado ese debate ni han traído ninguna propuesta alternativa. Nosotras en Podemos tenemos muy claro que son excusas por las relaciones que tiene el Partido Socialista con Marruecos, porque hemos visto los viajes a Marruecos, las vacaciones del señor Sánchez en Marruecos, mostrando siempre esa complacencia, día tras día, mientras Marruecos sigue vulnerando los derechos fundamentales con total impunidad. Hace muy poco Marruecos vetó la entrada de nuestra eurodiputada Isabel Serra y otras europarlamentarias, que fueron para observar el cumplimiento de las resoluciones de la Unión Europea. Se cree con ese derecho. Este debate, además, no puede ni debe hacernos olvidar a ninguna de las que estamos aquí la traición de este Gobierno al pueblo saharaui y a la vida también de miles de migrantes, que en muchos casos tenían derecho al asilo y a la protección internacional, derechos vulnerados por las fuerzas de seguridad marroquíes, también en este momento en la proximidad de las vallas de Ceuta y de Melilla. Una vez más ― termino― exigimos a este Gobierno ― lo hacemos con el pueblo saharaui, igual que lo hemos hecho con el pueblo palestino― que cumpla con el derecho internacional, que, por favor, deje el postureo, asuma responsabilidades y revise profundamente las actuales relaciones con el autoritario Gobierno de Marruecos. Queremos mostrar todo nuestro apoyo al pueblo saharaui y al Frente Polisario en su lucha por la libre determinación ante el uso ilegítimo de los recursos saharauis y vamos a seguir oponiéndonos al indiscutible apoyo del Gobierno a un régimen en decadencia que vulnera de forma sistemática los derechos humanos del pueblo del Sahara Occidental. El Estado español tiene una deuda histórica con el pueblo saharaui, una deuda fruto de una injusticia en el ámbito de la política internacional que tiene muy pocos antecedentes similares. Señorías, lo que no hagamos nos convierte en cómplices. Por eso hay que reparar el daño hecho y las injusticias cometidas también por el Estado español. Justicia y reparación para el pueblo saharaui. Como dijo Pablo Iglesias en 2014, los saharauis no son solamente nuestros vecinos del sur, son nuestros hermanos, y a los hermanos no se les abandona. Muchas gracias. .

Maribel Vaquero Montero EAJ-PNV

Arratsalde on guztioi. Mila esker, presidenta. La deuda histórica y democrática que tiene el Estado español con el pueblo saharaui da sentido a lo que hoy debatimos. La proposición de ley que presenta SUMAR diferencia la posibilidad de acceder a la nacionalidad española de las personas saharauis dependiendo de su momento de nacimiento, un dato muy importante, ya que los nacidos antes de 1976 lo hicieron bajo protección española. Por una parte, en el artículo 1 se recoge la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis y las saharauis nacidos en el territorio del Sáhara Occidental bajo la administración de España y, por otro lado, se plantea la concesión de la nacionalidad por residencia, por dos años de residencia, al igual que los nacionales de los países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, y también de los sefardíes. En el primer supuesto, la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza a la que se refiere el artículo 21 del Código Civil es una decisión política, ya que es el Gobierno quien la concede basándose en ciertos requisitos. Sin embargo, esta iniciativa aboca la decisión a la Cámara en el caso de los saharauis. El artículo 21 dice que la nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza otorgada discrecionalmente mediante real decreto cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales. El grupo proponente, con el que estamos de acuerdo, considera que las circunstancias excepcionales concurren en los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976, cuando España la abandonó a su suerte, y por eso esta modificación legal. El Tribunal Supremo denegó en mayo del 2020 la nacionalidad española a una saharaui nacida en 1973 durante el plazo de tutela del Estado español sobre el Sáhara Occidental, cuando resulta evidente que, conforme a las reglas generales del derecho de la nacionalidad, los naturales del territorio colonial carecen de una nacionalidad distinta de la del Estado colonizador, dado que no poseen una organización estatal propia. Los saharauis que nacieron en la colonia española, en la provincia 53, tenían un DNI bilingüe, un pasaporte español, se les inscribía en el censo y sus actos fueron inscribibles en el Registro Civil español. A nivel político, designaron representantes en las Cortes Generales, ejercieron el derecho al voto en el referéndum de 1966 y una pequeña parte de la población accedió a la función pública, reservada a los nacionales españoles. Es decir, no se les aplicaron las normas relativas a los extranjeros. La jurisprudencia del Tribunal Supremo no considera que los territorios de las colonias formaran España, pero mucho menor sentido tiene atribuir este territorio a Marruecos. Así, la única solución que les queda a los saharauis es ser apátridas en su propio país a la espera de construir un Estado propio que les reconozca como tales o disponer de documentos que Argelia o Mauritania les facilitan en los campos de refugiados, que, más que un reconocimiento de nacionalidad, cubre una carencia de documentación. En el segundo supuesto se plantea, mediante una disposición final, la modificación del Código Civil para que, en el caso de las personas saharauis, sean necesarios dos años, y no diez, de periodo de residencia para la concesión de la nacionalidad por residencia, al igual que se hace con los nacionales de otros orígenes, con los que España tiene una vinculación especial. Teniendo en cuenta que en el 2016, cuando se trató esta petición, todos los grupos de la Cámara votaron a favor y lo han hecho también hace dos años, entendemos que la proposición de ley que instaba al Gobierno a la modificación del Código Civil se podría haber hecho antes, propuesta por un grupo político o por otro, porque se han turnado en el Gobierno. Por otro lado, es evidente que ha habido dos varas de medir completamente diferentes en relación con la obtención de la nacionalidad por residencia. Se evidencia un abandono por parte del Gobierno del Estado hacia el pueblo saharaui, y estos últimos años todavía se hace más patente. Denunciamos nuevamente, aprovechando este debate, que no se cumplan los mandatos de esta Cámara en relación con la partida presupuestaria. Nuestro grupo, con la suma de otros grupos de esta Cámara, votó a favor de los presupuestos generales del Estado, esos presupuestos que todavía no sabemos cómo han quedado ni cómo ha quedado aquella partida que tenía que haber ido a los campos de refugiados de Tinduf. También queremos mostrar nuestra preocupación por no atender a las ONG ni al Gobierno vasco, ya que no se ha podido incluir, entre los defensores de derechos humanos saharauis, en los programas de protección de Defensoría de Derechos Humanos, negándoles la entrada al Estado español. Lamentamos este cambio de 180 grados en las políticas del Gobierno hacia el pueblo saharaui. No nos queda otra opción que seguir insistiendo en esta reclamación. Votaremos a favor de la toma en consideración de la proposición de ley, incidiendo en la injusticia hacia el Sáhara Occidental por el incumplimiento de España de la legalidad internacional. Aquella Ley 40/1975 provocó el exilio de multitud de saharauis, que, cincuenta años después, siguen viviendo en el desierto, con generaciones que no han conocido otra cosa que la precariedad y un futuro poco esperanzador. Por ello, consideramos que, hasta que el pueblo saharaui pueda acceder a su derecho a la autodeterminación, tengan una nacionalidad propia y reconocida, se realicen las modificaciones legales necesarias para que las personas que en su día nacieron en lo que era una colonia española y sus descendientes puedan optar, si es su voluntad, a la nacionalidad. Mila esker. .

Jon Iñarritu García EH Bildu

Arratsalde on, buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Una vez más, hablamos del Sáhara Occidental. Esta misma mañana, en la Comisión de Exteriores tratábamos un asunto que es de actualidad, la gestión del espacio aéreo del Sahara Occidental, que, como saben ustedes, lo lleva España por un mandato de Naciones Unidas. Sorpresivamente, esta proposición no de ley no ha sido aprobada, ya que las dos grandes fuerzas políticas han decidido votar en contra. El Grupo Popular ha tenido un argumento estrella: ha dicho que estaban de acuerdo, pero que, como la presentaba Euskal Herria Bildu, no podían votar a favor. Parece que la memoria les ha fallado, ya que hace tres años presentamos una proposición no de ley ― junto con Esquerra― para afear el cambio de posición del Gobierno ante el Sáhara Occidental y sí votaron a favor. Pero bueno, cosas veredes, ¿verdad, señor Barrio? Estoy seguro de que lo hubiera aprobado, estoy convencido. Pero más curioso ha sido el posicionamiento del Grupo Socialista, que no ha sabido explicar por qué votaba en contra. Lo han intentado, pero no se ha entendido. ¿Qué les ocurre con el asunto del Sáhara Occidental, señores del Partido Socialista? No sé si han escuchado a la diputada Tesh Sidi. Es que es de sentido común, es de lógica, y me extraña que ustedes no puedan aprobar lo que se pide en esta proposición de ley. ¡Si es lógica pura! Estamos hablando de un asunto que va más allá del Sáhara Occidental. Estamos hablando de un asunto de restitución de derechos, al igual que se ha hecho con la llamada ley de nietos para otorgar la nacionalidad a aquellos nietos y aquellas nietas de personas que tuvieron que huir del régimen franquista; al igual que se hizo en el pasado con la ley de sefardíes. ¿Por qué no se puede otorgar la nacionalidad española o, mejor dicho, restituirla para aquellas y aquellos que fueron privados de ella? Miren, en Euskal Herria Bildu defendemos que, en relación con el Sáhara Occidental, lo principal es que este pueblo pueda ejercer su derecho de autodeterminación cuanto antes y sin ningún tipo de obstáculo, que puedan votar libremente sin presiones ni amenazas qué futuro constitucional quieren para su pueblo. Eso es lo único que prima, lo principal. Como bien se ha dicho, hace ya dos años tuvimos ocasión de debatir esta proposición de ley en esta Cámara. Fue aprobada la toma en consideración, pero quedó en el congelador. Es cierto que unos meses después acabó la legislatura, pero no tuvo recorrido. Esperamos que, si hoy, como todo parece indicar, es aprobada, no se deje en el congelador. Pedimos que se escuche el mandato de esta Cámara y que se repare la injusticia de que fueron objeto todas aquellas personas al ser privadas de su nacionalidad en ese contexto colonial. Se trata de personas que, como también se ha recordado, habitaban en la provincia 53 del Estado español, tenían DNI, eran funcionarios, contaban con representantes aquí, y de la noche a la mañana fueron privadas de esa nacionalidad. Es cierto que se hizo la trampa de permitir reclamarla durante un año, cuando ya no había autoridades coloniales españolas en el Sáhara Occidental y gran parte de los saharauis estaban ya en campamentos, huyendo de la ocupación. Pero más allá de que sea una restitución de un derecho, decía antes que ya había ejemplos que se podían tomar, ya sea la ley de nietos o ya sea la de sefardíes. Es cierto que la ley de sefardíes que se aprobó en esta Cámara era una yincana administrativa y que, terminado el plazo, hoy en día esas personas no pueden reclamar el derecho a la nacionalidad. Y también es cierto que en la proposición que hace el Grupo SUMAR, que nos parece muy correcta, se ponen plazos de cara a los descendientes. Creemos que, si es un derecho, el tema de los plazos, ya sea en la ley de nietos, ya sea en toda la ley de sefardíes, incluso en la que recoge que los descendientes puedan solicitarlo durante cinco años, desde mi punto de vista, no puede tener límites, sino que debe ser reconocido siempre. Ahora bien, este debate ya lo tendremos durante el proceso legislativo, y espero ― decía antes― que esta norma se apruebe cuanto antes. En relación con el Sáhara Occidental, es evidente que el principal partido que apoya al Gobierno tiene un problema a la hora de explicar cuál es su posición, más allá del cambio de posición del Gobierno en 2022, y se hace inexplicable. Lo comentaban otros diputados y otras diputadas: las expulsiones de solicitantes de asilo en los últimos meses del aeropuerto de Barajas y de El Prat no se entienden. No se entiende que esas personas sean devueltas a Marruecos. De igual forma, cabe recordar que, en las últimas semanas, tres delegaciones de ciudadanos españoles han sido expulsadas del Sáhara Occidental cuando se dirigían allí a hacer misiones de reconocimiento de derechos humanos. ¿Ha protestado el Gobierno en algún caso? No. ¿Y cuál es la prueba del algodón? Pues, miren, a mí, junto con otros diputados y senadores, las autoridades turcas me detuvieron hace dos años y me expulsaron del Kurdistán, y hay que reconocer que el Gobierno español estuvo a la altura: protestó en todo momento, estuvo interesándose y, cuando llegamos a Madrid, lo primero que hizo el Ministerio de Exteriores fue presentar una nota verbal al Gobierno de Turquía para protestar por lo que había ocurrido. ¿A que no ha presentado ninguna nota verbal el Gobierno de España ante Marruecos por la expulsión de las delegaciones de ciudadanos del País Vasco, de parlamentarios vascos, de periodistas y de eurodiputados y eurodiputadas en estas últimas semanas? ¿A que no lo ha hecho? ¿Y por qué? En ese porqué está el sinsentido de la actuación del Gobierno, pero también de ustedes (señala los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Por eso, yo les pido que, ante esta proposición de ley, que es de sentido común, voten en conciencia. No hagan caso a esos mandatos ni a esas propuestas que les llegan desde el Ministerio Exteriores, porque, en este caso al menos, creo que se están confundiendo gravemente. Muchas gracias. .

Josep Pagès i Massó JxCAT-JUNTS

Molt bona tarda. La proposició de llei presentada és el mateix text que es va prendre en consideració el 14 de febrer de 2022, amb els únics vots discordants de VOX, que es va abstenir, i del PSOE que va votar en contra. Junts per Catalunya va votar a favor llavors i ho tornarà a fer ara, perquè és una iniciativa justa i que, encara que considerem insuficient per al poble sahrauí, creiem que s’ha de tramitar. Però el rellevant és que els seus socis de Govern, senyora Tesh Sidi, són els que van votar en contra i, per tant, el que avui es discuteix és, en certa part, una iniciativa retòrica o un experiment amb gasosa, i vostès ho saben, vostès ho saben. Perquè si per a vostès fos realment important la concessió de la nacionalitat espanyola als sahrauís, el primer que haurien d’haver fet és forçar els seus socis de Govern, no només a la presa en consideració, que no passarà, sinó que, en l’eventual cas que se superés aquesta presa en consideració, la PL, la proposició de llei, no es guardés en un calaix per sempre més. Per això, com va dir la diputada Mariona Illamola quan va intervenir el 2022, sorprèn que la iniciativa que avui passa com a proposició de llei no passi com a projecte de llei, com diu la lògica, ja que són socis de govern i, per tant, se suposa que tenen un programa de govern. Entrant en el text presentat, que és idèntic al 2022, volíem fer una precisió, i és que no s’han esmentat algunes de les contradiccions o incoherències que vam assenyalar en aquell moment. La més sagnant, la més sagnant, que, de fet, és una mostra de cinisme polític, és la frase de l’exposició de motius que diu: «En los últimos años, España ha desarrollado un conjunto de actividades tendentes a reforzar los lazos históricos con el pueblo saharaui, como las medidas para promocionar el castellano, una de sus señas de identidad». Creiem, sincerament, que és una afirmació hipòcrita, perquè caldria començar a dir les coses pel seu nom. El conjunt d’activitats que ha desenvolupat Espanya en relació amb el Sàhara Occidental els darrers anys ha estat senzillament deixar-los abandonats. Diguem les coses pel seu nom. O no és això, no és deixar-los abandonats el gir que ha fet el Govern espanyol, del qual vostès formen part, en les seves relacions amb el Marroc, incloent en aquest gir el suport del president Sánchez al Pla autonomista del Marroc, que vulnera les resolucions de les Nacions Unides? Quant a la situació del Sàhara, em remeto al que ja va dir la diputada Mariona Illamola. Segons les Nacions Unides, Espanya és de facto l’única potència administradora del Sàhara, segons resolució de l’ONU de 2022, la resolució 161. Dels 17 territoris no autònoms reconeguts per Nacions Unides, el Sàhara és l’únic territori d’Àfrica no descolonitzat. I això és així perquè Espanya va comunicar a Nacions Unides que donava per finalitzada la seva presència en el territori sahrauí el 1976. Però donar per finalitzada una presència no és descolonitzar, no és passar les responsabilitats a un altre, és abandonar a la seva sort tot un poble. No per aquesta comunicació de 1976 Espanya va deixar de tenir les seves responsabilitats internacionals respecte d’aquell territori. I com és de veure, no les ha complert. Ha faltat a la seva responsabilitat, especialment en termes humanitaris. I ho han fet governs de tots colors, els del Partit Socialista, els militants del qual s’enorgulleixen d’acollir nens sahrauís i històricament ho han fet i tots hem viscut als nostres pobles els militants socialistes com acollien aquests nens. Doncs bé, resulta que ara els han girat la cara. S’han desentès del seu futur, del futur d’aquests nens que en el seu moment acollien. I anant a la qüestió de la nacionalitat. Des de Junts, vist el tracte que l’Estat espanyol ha donat al poble sahrauí, ens fem la pregunta següent: per què pot estar interessat un sahrauí en obtenir la nacionalitat espanyola? Espanyola precisament. Doncs bé, ens ho preguntem perquè és la nacionalitat d’un Estat que els va abandonar el 1976. És la nacionalitat d’un Estat que els nega el dret a autodeterminar-se. És la nacionalitat d’un Estat que dona suport a les forces d’ocupació del Marroc. I és la nacionalitat d’un Estat que no respecta la legalitat internacional i els pronunciaments d’aquesta legalitat internacional respecte del poble sahrauí. Per tant, l’únic possible interès que hi veiem és que, en obtenir la nacionalitat espanyola, serien també automàticament ciutadans de la Unió Europea. I ni que sigui per aquest efecte utilitari, a més a més d’òbvies raons de justícia històrica, votarem a favor d’aquesta proposició. Així mateix, voldria plantejar alguns dubtes que ja s’han plantejat. La principal qüestió: tornarà a passar el que va passar el 2022, quan la PL es va prendre en consideració, però immediatament va ser guardada al congelador i no en vam saber res més? Perquè recordo que aquí l’obstacle no és menor, són els seus socis de Govern del Partit Socialista, senyors de SUMAR. Tenen alguna garantia que aquesta llei no quedarà aturada? No quedarà enterrada en un calaix? I encara més, en el suposat cas que no només es prenguin en consideració i hipotèticament s’aprovi, quina garantia hi ha que Espanya acabi complint fins i tot la llei aprovada? Ho dic perquè, com recordava la diputada Mariona Illamola en la seva intervenció, els beneficiaris del Reial decret de 1976 no van poder exercir els seus drets perquè Espanya, va considerar el Tribunal Suprem en una sentència molt recent de l’any 2022, havia abandonat el territori sahrauí. Literalment, el Tribunal Suprem deia: «El Sáhara no puede ser considerado España a efectos de nacionalidad de origen, según el Código Civil». Es pensen que ara la cosa anirà diferent? Disculpin, però continuo tenint els meus dubtes. I acabo. No fa gaire, en la compareixença de l’advocat Gonzalo Boye en una comissió d’investigació, la diputada del seu Grup SUMAR, la senyora Engracia Rivera, deia que els líders independentistes no poden ser víctimes de delictes d’odi per la seva situació econòmica i social. En concret, va dir que el president Puigdemont no era víctima ni podia ser-ho de delictes d’odi, perquè en el seu exili gaudeix, segons ella, d’un alt nivell de vida a Bèlgica i cobra un sou d’eurodiputat, repetint tots els tòpics de la ultradreta espanyola. I per aquesta raó, perquè viu a Bèlgica exiliat i en el seu moment cobrant un sou d’eurodiputat, no podia ser un exemple de víctima dels discursos d’odi. La pregunta que vull fer-li, senyora Tesh Sidi, és si vostès pensen aplicar el criteri equivalent que va expressar la senyora Rivera en el cas dels sahrauís. Si vostès pensen que la nacionalitat espanyola és un dret de totes les persones sahrauís, o bé si aquest dret depèn de les circumstàncies de cada persona. Li dic això, li dic això, perquè a l’hora de defensar els drets humans, a l’hora de defensar els drets fonamentals, li recordo que no es pot fer a la carta, tatxant aquells que no et cauen bé, eliminant de la llista aquells que consideres que no en són mereixedors. Els drets són per a tothom. Els drets no són d’aplicació personalitzada. Els drets són per a tothom o de ningú. Moltes gràcies. Muy buenas tardes. La propuesta de ley presentada es el mismo texto que se tomó en consideración el 14 de febrero de 2022, con los únicos votos discordantes de VOX, que se abstuvo, y del PSOE, que votó en contra. Junts per Catalunya votó a favor entonces y lo hará ahora. Es una iniciativa justa que, además, aunque pensemos que es insuficiente para el pueblo saharaui, debe tramitarse. Lo relevante es que sus socios de Gobierno, señora Tesh Sidi, son quienes votaron en contra y, por lo tanto, hoy se trata de una iniciativa retórica, un experimento con gaseosa, y ustedes lo saben, porque, si fuera importante para ustedes de verdad la concesión de la nacionalidad española a los saharauis, lo primero que tendrían que haber hecho hubiera sido forzar a sus socios de Gobierno no solo a la toma en consideración ― que no ocurrirá―, sino a que, una vez se supere la toma en consideración, la propuesta no se guarde para siempre en un cajón. Por eso ― como ya se dijo en 2022―, sorprende que la iniciativa que hoy pasa como proposición de ley no se presente como proyecto de ley, ya que son socios de Gobierno, ¿no?, por lo que deberían tener un programa común. Quiero hacer una precisión al texto presentado, idéntico al de 2022. No se han citado algunas de las incoherencias que señalamos en ese momento, la más flagrante, que es una muestra de cinismo político, es la frase de la exposición de motivos que dice: «En los últimos años, España ha desarrollado un conjunto de actividades tendentes a reforzar los lazos históricos con el pueblo saharaui, como las medidas para promocionar el castellano, que es una de sus señas de identidad». Creemos, sinceramente, que es una afirmación hipócrita ― habrá que empezar a llamar las cosas por su nombre―. El conjunto de actividades que ha desarrollado España en el Sáhara Occidental en los últimos años ha sido ― llamémoslo por su nombre― dejarlos abandonados. ¿O acaso no es dejarlos abandonados lo que ha hecho el Gobierno español, del que ustedes forman parte, en las relaciones con Marruecos, incluyendo ese giro en el apoyo del presidente Sánchez al plan autonomista de Marrueco, que vulnera lo que dice Naciones Unidas? Me remito a lo que dijo ya Mariona Illamola, y es que según Naciones Unidas, España es, de facto, la única potencia administradora del Sáhara. Resolución 161 de la ONU de 2022. De los diecisiete territorios no autónomos reconocidos por Naciones Unidas, el Sáhara es el único territorio de África no descolonizado, y esto es así porque España comunica a Naciones Unidas que daba por finalizada su presencia en el territorio saharaui en 1976. Pero dar por finalizada una presencia no es lo mismo que descolonizar, no es pasar la responsabilidad a otro, es abandonar a su suerte a todo un pueblo. Con esta comunicación de 1976 España no dejó de tener responsabilidades a nivel internacional para con ese territorio, y no las ha cumplido, ha faltado a su responsabilidad, sobre todo en términos humanitarios; y, además lo han hecho Gobiernos de todos los colores, Gobiernos socialistas, cuyos militantes se enorgullecen de acoger a niños saharauis ― todos hemos visto cómo se acoge a estos niños― y, ahora, resulta que les han dado la espalda, se desentienden del futuro de estos niños que antes acogían. Y, pasando a la cuestión de la nacionalidad, en Junts, visto el trato que el Gobierno español da al pueblo saharaui, nos preguntamos: ¿por qué le interesa a un saharaui obtener precisamente la nacionalidad española? Nos lo preguntamos porque es la nacionalidad de un Estado que les abandonó en 1976, es la nacionalidad de un Estado que les niega el derecho a autodeterminarse, es la nacionalidad de un Estado que da apoyo a las fuerzas de ocupación de Marruecos, es la nacionalidad de un Estado que no respeta la legalidad internacional ni los pronunciamientos de esta legalidad internacional sobre los derechos del pueblo saharaui. Por lo tanto, el único interés que vemos en obtener esa nacionalidad es que serían automáticamente también ciudadanos de la Unión Europea, y aunque solo sea por el efecto utilitario, además de obvias razones de justicia histórica, votaremos a favor de esta propuesta. Pero, no obstante, quería plantear algunas dudas. La principal es: ¿va a pasar otra vez lo que pasó en 2022, cuando la PNL se tomó en consideración, pero se guardó en el congelador, y nunca más se supo? Recuerdo que aquí el obstáculo no es menor; son sus propios socios de Gobierno, señores de SUMAR. ¿Tienen ustedes alguna garantía de que esta ley no quedará escondida en un cajón otra vez? Y, es más, en el supuesto caso de que no solo se tome en consideración, sino que hipotéticamente se llegue a aprobar, ¿qué garantía hay de que España acabe cumpliendo esta ley aprobada? Lo digo porque, como recordaba la diputada Mariona Illamola en su intervención, los beneficiarios del Real Decreto de 1976 no pudieron ejercer sus derechos porque España, en una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo, de 2022, había abandonado al territorio saharaui a efectos de nacionalidad de origen, según el Código Civil. Si piensan que ahora la cosa irá por otros derroteros, disculpen, pero yo sigo teniendo mis dudas. Acabo. No hace mucho, en la comparecencia del abogado Gonzalo Boye en una comisión de investigación, la señora Engracia Rivera, del Grupo SUMAR, decía que los líderes independentistas no pueden ser víctimas de delitos de odio por su situación económica y social. En concreto, dijo que el presidente Puigdemont no era víctima ni podía serlo de delitos de odio, porque en su exilio disfruta, según ella, de un alto nivel de vida en Bélgica y con sueldo de eurodiputado, repitiendo todos los tópicos de la ultraderecha española, y, por esa razón, como vive en Bélgica, está exiliado, y en su momento tenía un sueldo de eurodiputado, no podía ser ejemplo ninguno de víctima de discursos de odio. La pregunta que quiero hacerle, señora Tesh Sidi, es si ustedes piensan aplicar el criterio equivalente que expresó la señora Rivera en el caso de los saharauis, si ustedes piensan que la nacionalidad española es un derecho de todas las personas saharauis o si este derecho depende de las circunstancias de cada persona. Y se lo digo porque, además de defender los derechos humanos y fundamentales, les recuerdo que esto no se puede hacer a la carta, tachando a los que no te caen bien y quitando de la lista a aquellos que no son merecedores, según uno. Los derechos son para todos, todos merecen los derechos; los derechos no son de aplicación personalizada; esos derechos son para todos o de nadie. Muchas gracias.

Jordi Salvador i Duch ERC

Bona tarda. Gràcies, presidenta. Comencem amb un cas real, el cas de Moha. Em recordo que li vaig dir a la companya, la camarada Tesh Sidi, li vaig dir que tenia un xaval que portava molts anys aquí i que no podia ser..., era apàtrida. Aquí sempre es descobreixen coses noves, jo ho ignorava que això era així i li vaig preguntar què podíem fer. I pràcticament vam arribar a la conclusió que s’havia de canviar la llei. Doncs bé, avui és el moment de canviar aquesta llei. Hem arribat, ha arribat l’hora, no? Moha va néixer al Sàhara Occidental. El vaig conèixer a Llorenç del Penedès. Va ser adoptat per una família. Ha estudiat aquí, treballa aquí, paga impostos aquí i contribueix a la societat com qualsevol altre ciutadà. Però l’Estat espanyol, el mateix que va administrar el Sàhara fins al 1976, li gira l’esquena i el deixa com a apàtrida. Té la seva declaració de renda, la seva història laboral, una carta oficial d’arrelament de ciutadania. Però l’administració..., per la part de l’administració, no és ningú. Això no és només absurd, és que és insultant, la veritat. I si això no és una injustícia històrica, no sé què ho és. Aquesta proposició de llei vol posar fi a aquest despropòsit. Els sahrauís haurien de tenir dret a la nacionalitat espanyola com ja la tenen ciutadans de Llatinoamèrica, Andorra, Filipines o Guinea Equatorial. No és cap privilegi, és justícia. Això va de reconèixer el que és obvi. Espanya va colonitzar el Sàhara el 1884 i el va convertir en la seva província número 53. El va explotar i el va controlar fins al 1976, quan va fugir per la porta del darrere, darrere d’un personatge corrupte i franquista com era Joan Carles I. Aquesta retirada vergonyant, aquesta retirada vergonyant, va deixar la gent que era colònia a la seva sort. Els sahrauís van passar de ser ciutadans espanyols a convertir-se en refugiats en un desert. I això, 40 anys després, encara no s’ha reparat. El Codi Civil concedeix la nacionalitat als ciutadans de certs països amb només dos anys de residència. Però el poble sahrauí, que va formar part de l’Estat fins al 1976, repeteixo, queda fora d’aquesta norma. Per què? És un oblit? És desídia? És pura vergonya? No ho sabem, però el que sí que sabem és que això s’ha d’acabar. I avui és el dia per fer-ho, l’Estat espanyol ha de reparar aquest error. Aquesta llei no és un caprici ni un símbol, és una obligació moral i política, perquè Moha i milers com ell porten tota una vida aquí condemnats al llimb burocràtic per culpa d’un Estat que no assumeix les seves responsabilitats. I això no va de fer favors. Això va de drets. I mentrestant, el Govern espanyol canvia de bàndol. El Govern espanyol fa el ridícul. Ha passat de defensar el dret de l’autodeterminació del Sàhara a fer-li joc al Marroc. Autodeterminació que hauria de ser un principi bàsic per a qualsevol partit que s’autoanomeni demòcrata. Dit això, Tesh, a veure si algun dia els nostres pobles poden exercir el dret a l’autodeterminació i podem decidir el nostre futur com a poble. Tant de bo arribi. Naltros estarem com sempre per la lliure determinació dels pobles i per la unió lliure de pobles lliures. Ho portem a l’ADN. Com deia, l’Estat espanyol ha passat de defensar el dret del poble sahrauí a vendre’l, a vendre’l a Rabat per quatre acords comercials, una mica de gas i l’externalització de la repressió contra els migrants, i l’externalització o la privatització de la repressió contra els migrants a les fronteres. Tot plegat amb el beneplàcit de França i altres potències occidentals. El nostre vot serà avui a favor de la justícia. Votarem a favor d’aquesta proposició de llei perquè és de sentit comú, perquè s’ha de fer justícia i perquè l’Estat espanyol ha de començar a fer les coses bé i deixar de ser còmplice de l’opressió sobre el poble sahrauí. La nacionalitat és un dret, no un favor. Així de clar. Moltes gràcies. Buenas tardes. Gracias, presidenta. Vamos a empezar con un caso real, el caso de Mohamed. Recuerdo que le dijo la compañera Tesh Sidi que teníamos a un chico que llevaba muchos años aquí y que era apátrida ― siempre se descubren cosas nuevas―. Yo lo ignoraba, no lo sabía, y le pregunté qué podíamos hacer, y llegamos a la conclusión de que se tenía que cambiar la ley. Bueno, pues hoy es el momento de cambiar la ley. Mohamed nació en el Sáhara Occidental, fue adoptado por una familia, trabaja aquí, estudió aquí y paga impuestos aquí y contribuye a la sociedad, como cualquier otro, pero el Estado español, el mismo que administró el Sáhara hasta 1976, le da la espalda y lo deja como apátrida. Tiene su declaración de la renta, su historia laboral, su carta oficial de reglamento de ciudadanía, pero para la Administración no es nadie. Esto no solo es absurdo, es insultante. Y si esto no es una injusticia histórica, me pregunto yo qué lo es. Esta propuesta de ley quiere poner fin a este despropósito. Los saharauis deberían tener derecho a la nacionalidad española, como lo tienen los ciudadanos de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Latinoamérica. No es un privilegio, es reconocer algo que es obvio. España colonizó el Sáhara Occidental en 1884 y lo convirtió en su provincia número 53, la explotó y la controló hasta 1976, cuando huyó de él tras un personaje corrupto y franquista como fue Juan Carlos I. Esta retirada vergonzosa dejó a aquellos que estaban en la colonia a su suerte. Los saharauis pasaron de ser ciudadanos españoles a ser refugiados en un desierto, y esto cuarenta años después todavía no se ha reparado. El Código Civil concede la nacionalidad a ciudadanos de terceros países solo con dos años de residencia aquí, pero el pueblo saharaui, que formó parte del Estado hasta 1976, queda fuera de esta norma. ¿Y por qué? ¿Es un olvido, es desidia, pura vergüenza? No sabemos. Lo que sí sabemos es que esto debe terminar, y hoy es el día para hacerlo. El Estado español debe reparar ese error, esa injusticia. Esta ley no es un capricho ni un símbolo, es una obligación moral y política, porque Mohamed y muchos como él llevan toda la vida aquí condenados al limbo burocrático por un Estado que no asume sus responsabilidades. Y aquí no se trata de hacer favores, se trata de derechos. Mientras, el Gobierno español cambia de bando, el Gobierno español hace el ridículo: ha pasado de defender el derecho de autodeterminación del Sáhara a hacerle el juego a Marruecos. La autodeterminación debería ser un principio básico para cualquier partido que se llame demócrata. Y, dicho esto, a ver si nuestros pueblos pueden ejercer el derecho a la autodeterminación y podemos ejercer nuestros derechos como pueblo. . Nosotros estaremos siempre a favor de la libre determinación de los pueblos, está en nuestro ADN. Como decía, el Estado español ha pasado de defender el derecho de los pueblos saharauis a venderlo a Rabat por acuerdos comerciales y la externalización de la represión de los migrantes o la privatización de la represión contra los migrantes en las fronteras, con el beneplácito de Francia y otras potencias occidentales. Nuestro voto será hoy a favor de la justicia. Estaremos a favor de esta propuesta de ley porque es de sentido común y porque hay que hacer justicia. El Estado español tiene que empezar a hacer las cosas bien y dejar de ser cómplice de la opresión sobre el pueblo saharaui. La nacionalidad es un derecho, no es un favor, así de claro. Muchas gracias. .

José María Sánchez García VOX

Con la venia. Debo decir que estoy entre perplejo e inmerso en una sensación de incredulidad ante lo que he visto. Llevo escuchando este debate ya hace bastantes minutos y parece que todos los portavoces que intervienen y que se proponen apoyar esta proposición de ley se han olvidado de lo que es la memoria histórica y democrática, y, con arreglo a lo que eso significaba, han entrado en la amnesia histórica y democrática, porque están todos reconociendo a las Cortes orgánicas, todos sin excepción. . Sobre esto, solamente les quiero decir que, efectivamente, lo de la memoria democrática e histórica es una locura y que esto no hace más que poner de manifiesto que ustedes no están cuerdos cuando apoyan leyes como esa. La prueba de ello es este cambio súbito, repentino, nada menos que por razón de lo que sucedió en África, en el Sáhara Occidental, en el último cuarto del siglo XX. O sea, verdaderamente lo de estos grupos con este cambio indica claramente que lo suyo es enfermizo. Voy a hablar un poco de esta proposición de ley, que plantea muchas dificultades. Creo que es de honradez intelectual reconocerlo así, honradez política también. La exposición de motivos del texto presentado no es falsa, es decir, no se dice nada que no sea conforme con la verdad, pero se omite una parte importante de lo que sucedió. ¿Qué es lo que se omite en esencia, que es relevante para adoptar una postura sobre esta cuestión? Se omite principalmente que las decisiones adoptadas en el año 1975 por el Gobierno español fueron determinadas porque España fue agredida mediante una acción bélica del Reino de Marruecos, que se llama la Marcha Verde, con 350 000 participantes que violentaron y traspasaron la frontera del territorio del Sahara Occidental. Esto es lo que se omite. La Marcha Verde comenzó el día 6 de noviembre de 1975. En esas circunstancias ― y en contra de lo que se ha escrito por algunos historiadores, periodistas y diplomáticos, todos ellos con un sesgo político conocido―, España actuó como actuó porque renunció a repeler militarmente la agresión, porque el Gobierno español no quería provocar una guerra colonial. Nunca estuvo en el propósito del Gobierno español, ni siquiera en el momento inicial de irritación ante aquella acción bélica de Marruecos, causar una guerra colonial. Por lo demás, recordemos que España en materia de descolonización nunca se había opuesto a la desconexión de los territorios en África. No lo hizo en 1956, tampoco en 1958, tampoco en 1968, ni con el protectorado en el norte de Marruecos ni más tarde con Cabo Juby e Ifni. En Ifni hubo un episodio fugaz, nada más, porque hubo también una agresión militar. Lo propio cabe decir también de la descolonización de Guinea Ecuatorial en 1968. Siempre, en todos los casos, con arreglo a las resoluciones y normas para la descolonización según la entiende las Naciones Unidas. Ante esa agresión militar, el 14 de noviembre de 1975 España firma, en orden a evitar esa guerra, la llamada Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental, también llamado Acuerdo de Madrid, en la que ya se dice que uno de los principios es poner término a las responsabilidades y poderes de España en ese territorio y poner fin también a la presencia de hecho en dicho territorio que tendría lugar, con arreglo a lo allí proclamado, antes del 28 de febrero de 1976. El 19 de noviembre de 1975 — fecha significativa— se aprueba por las Cortes una Ley sobre Descolonización del Sáhara que, en razón de las circunstancias, sanciona quien entonces era príncipe de España en condición de jefe de Estado en funciones. En dicha ley se dice expresamente que el Estado español ha venido ejerciendo como potencia administradora, no que lo siga siendo o vaya a seguir siéndolo, por la elemental razón de que, con arreglo a esas decisiones políticas y a esas normas, España renuncia a la soberanía sobre ese territorio. Por lo tanto, es ocioso aquí debatir si España sigue siendo potencia administradora o no lo es. Y si España no lleva a cabo el proceso de descolonización con arreglo a las normas y resoluciones de Naciones Unidas, como había manifestado que era su voluntad antes de la Marcha Verde, fue precisamente por la agresión bélica de Marruecos y en orden a evitar la guerra. Por lo tanto, su decisión fue poner fin a su presencia con carácter soberano en ese territorio, llámese en condición de administradora o llámese como se quiera. Esta es la situación y, por lo tanto, ese es el motivo por el que no cabe invocar los artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas para decir que España hizo dejación de sus obligaciones con el pueblo saharaui. Por lo demás, es sabido que unos meses más tarde, el 10 de agosto de 1976, se aprobó un decreto — de cuyo refrendo fue titular el entonces ministro de Justicia Landelino Lavilla, que había presidido este Congreso— sobre la concesión de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sáhara nacidos en dicho territorio y se les daba el plazo de un año. Ese plazo se agotó y se extinguió. Nosotros comprendemos que acaso la situación de los habitantes en ese territorio nacidos durante el tiempo en el que España ejerció esa condición soberana o de potencia administradora pueda haber sufrido las consecuencias de cómo se desarrollaron los acontecimientos, pero nos resulta complicado ahora tener la convicción de que es legítima la pretensión de que se les reconozca la nacionalidad a todos aquellos, y menos aún nos resulta razonable que se les reconozca a sus hijos, que es lo que se pretende. Por lo demás, hay una sentencia que se ha citado aquí del Tribunal Supremo del año 2020 que les niega la condición de nacionales españoles con arreglo al principio del ius soli, artículo 17.1 c) del Código Civil. Finalmente, nosotros tenemos sobre esta proposición graves sospechas en razón de la identidad del grupo proponente. Ustedes actúan siempre con un prejuicio ideológico heredado de la Guerra Fría y de alineación con el Frente Polisario y con Argelia, que entonces era parte del polo soviético. Esto es evidente. Hemos oído aquí varias loas al Frente Polisario, que es una organización política que tuvo un ala militar que atentó hasta 19 veces contra España desde el año 1973 en el territorio del Sáhara Occidental contra objetivos civiles, militares y económicos, organización de naturaleza terrorista por lo demás. Además, consideramos que aquí hay una intención de contribuir a los designios del Gobierno en relación con una política enloquecida de fronteras abiertas, regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales, ampliación del concepto del arraigo social — lo que todos sabemos— …

José María Sánchez García VOX

… con la culminación de la naturalización. Esto es evidente para nosotros. Luego, todo esto que ustedes han presentado con invocaciones a la hermandad, nosotros solamente lo entendemos así de modo relativo. Ustedes deberían haber tenido la sinceridad y la lealtad de decir que aquí hay un propósito político, porque lo han expresado, siquiera sea alineándose de nuevo con el Frente Polisario, que no es una entidad reconocida por España, como no lo es la república saharaui hoy en día, como no la reconoce ningún Estado miembro de la Unión Europea ni los Estados Unidos ni Rusia, etcétera.

José María Sánchez García VOX

En conclusión, señores diputados, señora presidente, nos abstendremos en la toma en consideración de esta iniciativa. Nada más. .

Sergio Gutiérrez Prieto PSOE

Buenas tardes, presidenta. Muchas gracias. Creo que este debate es complejo y muy sensible, al que a muchos en el Grupo Socialista nos ata todo tipo de lazos, también emocionales. Por supuesto, tengo un respeto absoluto a la diputada proponente, a la compañera Tes. También creemos que existen razones, que compartimos, para introducir este debate, pero tenemos claro que, además de un debate que nos ata emocionalmente a muchas cosas, tiene que ser un debate bajo la responsabilidad de los que tienen la decisión jurídica y legislativa en sus manos. No es un debate que versa sobre, como se ha empeñado el diputado de VOX, cómo se produjo el proceso de descolonización, ya que creo que hay un consenso histórico sobre los desastres de ese proceso y de la responsabilidad. Tampoco versa sobre el fondo de la causa saharaui en relación con su derecho de autodeterminación, donde tenemos más consensos que disensos. Compartimos que existe un agravio comparativo en el acceso a la nacionalidad del pueblo saharaui, especialmente, con respecto a otros procesos iguales, como el llevado a cabo para Guinea Ecuatorial, que fue provincia española hasta 1968, pero este es un debate — y en eso queremos centrarlo— sobre en qué condiciones se debe producir ese acceso a la nacionalidad, sobre quiénes tienen derecho a solicitarlo, a través de qué procedimiento, bajo qué requisitos y quién tiene el matasellos para dar esos certificados que produzcan ese acceso a la nacionalidad española. Por lo tanto, es un debate complejo y sensible, pero también tenemos la responsabilidad de hacer un debate desde este punto de vista jurídico. Para ello, tenemos tres puntualizaciones a la proposición de ley que nos trae el Grupo Parlamentario SUMAR. La primera, por supuesto, jurídica. Como saben, existen dos clases de procedimiento para acceder de manera general a la nacionalidad española reconocidos en el Código Civil: el de carta de naturaleza, que es el que propone esta proposición, y el de por residencia continuada con diferentes plazos, diez años de residencia continuada para causas generales, cinco para los solicitantes de refugio y asilo y dos años para determinadas comunidades con vinculaciones históricas con España. Este último es el caso de la comunidad sefardí y de Guinea Ecuatorial. La propuesta de ley que hoy debatimos propone en su artículo 1 aplicar el primero de los procedimientos, el de la carta de naturaleza — es el que se usa, por ejemplo, para los hijos de los españoles que tuvieron que emigrar de España durante la época de la dictadura franquista y que se exiliaron en el extranjero—, cuando el procedimiento establecido como regla general para el resto de excolonias, especialmente el de Guinea Ecuatorial que es el que lleva más similitudes con el de la causa saharaui, es un procedimiento de residencia abreviada de dos años y no el general de diez. En aquel entonces, en el caso de Guinea Ecuatorial, se optó por este camino no por capricho, sino porque así lo consideraban numerosos dictámenes del Consejo de Estado, diversas resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado y, al menos, cuatro sentencias del Tribunal Supremo de 1993, 1998, 1999 y, la más reciente, de 2020. En dicha sentencia, la más próxima en el tiempo, se dice literalmente que el Sáhara nunca debió ser entendido territorio español a efectos de adquisición de la nacionalidad, porque aquel territorio se entendía sometido a la soberanía española y, de hecho ― como reitera la sentencia del 29 de mayo de 2020―, el Tribunal Supremo dicta que no son nacidos en España a efectos de nacionalidad quienes nacieron en un territorio durante la etapa en la que fue colonia. Por lo tanto, todas estas razones claro que predeterminan la posición del Grupo Parlamentario Socialista, al menos la condicionan, compartiendo que existe un agravio comparativo y que este es un debate que es necesario ejercer. Desde esta fase jurídica, también entendemos una cuestión política compartiendo, como digo, que es un debate necesario. Creemos que no es conveniente crear procesos ex novo, ad hoc o exprés para situaciones similares, procesos diferentes para situaciones similares, ya que tenemos el riesgo de caer en este caso en alguna contradicción jurídica. Además, tenemos claro que existió un consenso político en el año 2016 de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara de optar por equiparar el proceso del Sáhara al de Guinea Ecuatorial. Creemos que ese es un buen punto de partida. Por último, también debemos tener clara alguna cuestión técnica que nos presenta muchas dudas, también jurídicas. Estamos cerca de la proposición de ley en cuanto a quiénes podrían tener derecho a acceder a la nacionalidad española, con alguna matización, pero no estamos de acuerdo con que el proceso general sea el proceso de carta de naturaleza y, también, nos presenta varias dudas otorgar a organizaciones privadas la capacidad de expedir de manera automática esos certificados que otorgarían la carta de la naturaleza y, por lo tanto, la nacionalidad española. Esas son las tres cuestiones que hoy fundamentan la posición del Grupo Parlamentario Socialista. Como digo, muchos de los miembros del Grupo Parlamentario Socialista compartimos lazos emocionales con esta causa, compartimos que es un debate necesario, compartimos que existe un agravio, pero, obviamente, no compartimos el procedimiento concreto, jurídico y técnico que nos plantea el Grupo Parlamentario SUMAR. Por todo ello, le proponemos volver como punto de partida a la proposición no de ley que obtuvo consenso en esta Cámara en el año 2016 y, a partir de ahí, ver las soluciones más oportunas. Muchas gracias, señorías. .

Carmelo Barrio Baroja PP

Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Como ha hecho Tes, yo también quisiera saludar a los representantes de la sociedad que hoy nos acompañan. A algunos de ellos ya los conozco de otras veces y de estar con ellos en reuniones y en viajes. Por ello, les doy la bienvenida. Señor Gutiérrez, no se esconda detrás de lo estrictamente jurídico. Esencialmente, este es un tema político, así que eso que lo que ha hecho usted ha sido esconderse detrás de algunos datos , discutibles, pero esconderse detrás, como se están escondiendo detrás de muchas actuaciones que está llevando a cabo su Gobierno. Nos encontramos en días de aniversarios en relación con importantes cuestiones que afectan al pueblo saharaui. Por un lado, pasado mañana, el día 27 de febrero, se celebra el 49.º aniversario del día nacional del Sáhara Occidental. Han sido muchos los años en los que muchas delegaciones hemos podido compartir en los campamentos de refugiados días de cercanía, hermanamiento y solidaridad con la población saharaui y con sus dirigentes, generalmente en los campos de Tinduf o, también, aquí, en muchas localidades, en muchos pueblos y ciudades de España. Estos días en muchas ciudades y pueblos de España se celebran actos, se pone la bandera saharaui y se estrechan los lazos que nos unen. El otro día nosotros mismos estuvimos en Vitoria; desde aquí les enviamos nuestros deseos. Desde luego, aquí también, en mi grupo, tenemos madres de acogida que han trabajado y han tenido a niños saharauis y conocen muy bien la realidad; somos sensibles a ella. Dentro de dos semanas se cumplirán también los tres años de algo que no debió ocurrir: el envío de la carta de Sánchez a Marruecos, una misiva que complacía de una manera forzada e ilógica pretensiones unilaterales que no se sostienen hoy ni por Naciones Unidas ni por el derecho internacional, sin ningún tipo de explicación ni dar cuentas de esa decisión a este Congreso ni siquiera al propio Gobierno. Sánchez se comportó en 2022 igual que el régimen lo hizo en el 1975: unilateralmente y con desconocimiento de cómo se resuelve un problema de descolonización. . Es oportuno que este debate se repita en esta Cámara para recordar, desde luego, esta lamentable actitud. Esperemos que en esta ocasión se complete su trámite, que tengamos pronto una ley para que los y las saharauis puedan acceder a la nacionalidad española. Lo han dicho ya, el 14 de febrero de 2023 ya fue sometida a consideración por el Pleno del Congreso una proposición casi idéntica y se aprobó su toma en consideración. Las condiciones son las mismas que entonces. El debate legislativo quedó truncado por la disolución de la Cámara. Dar trámite a una proposición de ley de dos artículos y varias disposiciones permitiría dar salida a una cuestión de la que se ha hablado y que está sin resolver. Desde luego, en el periodo de enmiendas nosotros las presentaremos. Tenemos algunas aportaciones que introducir en esta sencilla proposición de ley, que tiene sus aspectos complejos y que quizá, en relación con algunas cuestiones como plazos y tal, puede ser matizada o modulada. Después de casi cincuenta años seguimos sin abordar una responsabilidad histórica que nos interpela a todos. La gran mayoría de los saharauis que nacieron bajo dominio español no tuvieron la oportunidad de optar a la nacionalidad española y muchos han muerto sin ver reconocida esa deseada aspiración. Efectivamente, en 1976 se concedió un año para acceder a la nacionalidad, pero ustedes saben en qué circunstancias: en unas circunstancias de destierro, en unas circunstancias de urgencia. Los cabezas de familia querían saber dónde iban a vivir sus hijos y sus familias. Muchos de ustedes conocen dónde fueron a parar en ese exilio, cómo para hacer trámites administrativos y poner… ¿qué?, ¿un telefax? ¿A quién?, ¿a qué autoridad? Es decir, eso hay que completarlo. Está bien claro que queda eso por resolver. A mí, como vasco, me gusta referirme y hablar de los derechos históricos como factor de singularidad y riqueza política. En Euskadi se reflejan en la Constitución española y en el Estatuto de Guernica. Pues bien, los y las saharauis tienen sus derechos históricos, que se ligan y reconocen en el derecho internacional en relación con el proceso de descolonización en las resoluciones de Naciones Unidas, reconociendo el derecho de autodeterminación. Y todo ello se vincula al derecho español como última potencia administradora ― lo dice la ONU, no lo dice el Grupo Popular ni Carmelo Barrio― y al derecho de la Unión Europea, como ya se ha demostrado en las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión sobre relaciones comerciales y recursos naturales. Parece que al Gobierno de España, al presidente Sánchez y al ministro Albares, esto no les interpela y prefieren pasar por alto esta realidad jurídico-política, una realidad que también es comprendida por la mayoría. Eso es lo fundamental: más que lo entienda Sánchez o Albares, lo importante es que esta realidad la entienden mayoritariamente tantas familias españolas, tantas instituciones y tantas asociaciones de amistad que han promovido miles de declaraciones institucionales, miles de viajes de solidaridad, hermanamientos, acogidas e iniciativas de cooperación de la sociedad española. Es la sociedad española; ahí no estaba el Gobierno ni los Gobiernos. . Es la sociedad española. Y el Gobierno de Sánchez da la espalda a estos esfuerzos de la sociedad española; también de la sociedad saharaui, pero, sobre todo, de la sociedad española. A eso le da la espalda el Gobierno; no sé si a SUMAR, a los partidos que le apoyan o al Partido Popular, le da la espalda a la sociedad española, y eso tiene que verse como lo esencial y lo importante. No sabemos a qué obedeció esa carta de Sánchez a Marruecos, dando un giro incomprensible, una ciaboga de la tradicional postura española de respeto a las resoluciones y estrategias de la ONU. Saltaron por los aires todos los mecanismos de acción exterior; repito, todos los mecanismos de acción exterior, señor Gutiérrez, todos. Usted, señor Gutiérrez, ha dicho al principio que les atan muchos lazos; sí, les atan muchos lazos incomprensibles en relación con esta situación. . Muchos lazos incomprensibles: ¿qué pasó para que ocurriese eso, para que alguien hiciese esa carta?, ¿qué extrañas circunstancias?, ¿qué se quería tapar? Nada de eso ha sido explicado ni por el presidente ni por el ministro y nosotros protestamos ― lo hicimos― por esa actitud oscurantista e ilegal. Los portavoces de mi grupo han traído diferentes iniciativas a esta Cámara, que se han aprobado, en las que se ha denunciado esa actitud incomprensible. Pero todas esas iniciativas no tienen respuesta del Gobierno. Es una mala carta, señor Gutiérrez, en un mal momento, mal redactada, confusa e inexplicable. Desde luego, en la sociedad española y en la sociedad internacional nadie la puede entender. Querían ocultar, desde luego, otros problemas. Vamos a ver, señorías, a los palestinos sí ― claro―, a los ucranianos sí ― por supuesto― ¿y a los saharauis no? ¿Cómo se comprende esa situación? No obedece a ninguna lógica. Si en las tres realidades hay ocupación de potencia extranjera, hay exilio, hay agresión y represión, hay pronunciamientos de Naciones Unidas y de la legalidad internacional en relación con situaciones de guerra, hay enviados del secretario general de la ONU y hay misiones de Naciones Unidas. Pero ¿cómo en unos casos sí y en otros no? Es decir, las tres realidades, señor Gutiérrez, señores del Grupo Socialista, deben ser medidas por el mismo rasero, y vamos a aplicar datos jurídicos, pero también políticos. Sin embargo, a los saharauis ustedes les traicionan y les olvidan en sus aspiraciones de pueblo. La iniciativa del presidente es contraria a los valores de la paz, de la seguridad y del respeto entre territorios, ya que, señorías, apuesta por una insoportable solución para territorios que son invadidos militarmente y ocupados ilegalmente; ese es el elemento fundamental. Una vez más, exigimos al Gobierno de Sánchez una rectificación del viraje de hace tres años y una vuelta a la posición de apoyo al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas.

Carmelo Barrio Baroja PP

Acabo, señora presidenta. Señor Santiago, en cualquier caso, me gustaría recordar al grupo proponente que desde hace ya demasiados años están ustedes en el Gobierno ― Podemos, SUMAR― y, lejos de dar pasos en un sentido positivo en relación con el problema, se han dado pasos atrás. Se han complicado aún más las situaciones que afectan al pueblo saharaui y ustedes han sido incapaces de neutralizar esos retrocesos. . Han sido incapaces. Ustedes y otros grupos ― Esquerra, Podemos― han firmado iniciativas, acuerdos y compromisos sobre muchas cosas ― las energéticas…

Carmelo Barrio Baroja PP

… la protección a los okupas, la amnistía, la deuda, los palacetes—, todo eso lo han aprobado, pero por el Sáhara Occidental no han firmado nada negro sobre blanco. . Eso caerá sobre su conciencia y tiene que caer porque no lo han hecho. Señora presidenta, finalizo. Le pido que no meta la iniciativa en ese congelador tan grande que tiene la Presidencia de este Parlamento — que es parecido a los congeladores de Mercadona — y que aproveche también para sacar del congelador otras iniciativas pendientes. Muchas gracias. .

Maribel Vaquero Montero EAJ-PNV

Arratsalde on berriro. Milesker, presidenta. Aurreko asteko osoko bilkuran aurreratzen genuen bezala, gaur gure taldeak, Eusko Alderdi Jeltzaleak, eztabaidara dakar hasiera batean Alderdi Sozialistarekin batera aurkeztu genuen Lurzoru Legearen aldaketaren inguruko lege proposamena. PSOErekin hitzartutako testua ekarri dugu aldaketarik gabe, nahiz eta pentsatuko duzuen bezala, hau ez da ehuneko ehunean gure testua, baina beharrezkoak diren, behar-beharrezkoak diren, aldaketak proposatzen ditu. Orain, ordezkaritza duten talde politikoen eskuetan dago lege proposamen honi bide ematea, tramitazioari baiezko botoa emanez eta, bide batez, emendakinen bitartez, horrela uste bada, eta horrela, beharrezkoa balitz, testua hobetuz. Etxebizitza falta dagoela esan dugu tribuna honetan guztiok eta Eusko Alderdi Jeltzaletik etxebizitzen gabeziari aurre egiteko neurri ezberdinak hartu behar direla diogu. Hutsak daudenak merkaturatzeko laguntzak eman, planak martxan jarri, alokairuaren inguruan segurtasuna bermatu, planak denboran zehar mantenduz, erosketan laguntzeko, gazteei abalak eman, fiskalitatearen bitartez lagundu eta baita ere etxebizitza berriak eraiki. Eusko Alderdi Jeltzaleak proposamenak jartzen ditu mahai gainean egingarriak diren neurri zehatzak. Gaur etxebizitzak egiteko beharrezkoa den lurzoruari buruz eta plangintza urbanistikoek behar duten segurtasun juridikoari buruz arituko gara, lege proposamen honen eztabaidan. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, señora presidenta. Tal y como adelantábamos en el Pleno de la semana pasada, hoy nuestro grupo, el Grupo Vasco, trae a debate la proposición de ley sobre la modificación de la ley del suelo que inicialmente presentamos junto con el Grupo Socialista. Traemos hoy el texto pactado con el PSOE sin cambios, aunque, como pensarán, este no es nuestro texto al cien por cien, pero propone las modificaciones totalmente necesarias. Ahora está en manos de los grupos políticos con representación, está en su mano, dar paso a esta proposición de ley votando a favor de su tramitación y, de paso, mediante enmiendas, si así se considera, mejorando el texto si fuera necesario. Todos y todas hemos dicho en esta tribuna que hay falta de vivienda. En el Partido Nacionalista Vasco creemos que hay que tomar diferentes medidas para hacer frente a la carencia de viviendas: ofrecer ayudas para sacar al mercado viviendas vacías, poner en marcha diferentes planes, garantizar la seguridad del ámbito de los alquileres, dar avales a la juventud para ayudar en la adquisición de vivienda, ayudar a través de la fiscalidad y también construir nuevas viviendas. El Partido Nacionalista Vasco pone sobre la mesa propuestas, medidas concretas que son factibles. Hoy, en el debate de esta proposición de ley, abordaremos el asunto del suelo necesario para construir viviendas, así como la seguridad jurídica que requieren los planeamientos urbanísticos. Presentamos hoy esta proposición de ley, que en un principio tuvo la firma del Grupo Socialista. Podemos no estar de acuerdo con la totalidad de lo que plantea esta modificación de la ley del suelo; podemos mejorarlo entre todos y todas, sobre todo entre aquellos grupos que no quieran hacer demagogia con algo tan serio como dotar de seguridad jurídica el planeamiento urbanístico, para que los ayuntamientos puedan desarrollar sus políticas de vivienda, de dotaciones públicas, de parques y de actividades económicas con la seguridad de que un vicio formal o de procedimiento pueda ser subsanado o posibilite una nulidad parcial cuando estos posibles vicios se consideren insignificantes. Este es el mayor cambio que proponemos mediante esta modificación, y está motivado en los nocivos efectos que están teniendo las sentencias judiciales. Los planeamientos urbanísticos, cuya tramitación siempre es compleja, mediática y sujeta a informes preceptivos y vinculantes de numerosos órganos forales, autonómicos y estatales, precisan de muchos años — una media de ocho años en Euskadi, incluso se puede llegar hasta los doce años—, de mucha escucha y negociación política para su aprobación definitiva, y, sin embargo, están siendo anulados por los tribunales ante defectos formales que pueden llamarse menores, al serles aplicada una interpretación estricta del régimen de nulidad. A ello se une el efecto radiactivo de nulidad en cascada sobre los planeamientos inferiores que desarrollan otros anulados judicialmente, así como otros defectos colaterales con enormes perjuicios, muchas veces desproporcionados, sobre el interés público. Por ello, en esta proposición de ley se establece un régimen ad hoc de vicios legales sobre las partes normativas de estos planes, dando respuesta a una necesidad demandada por los ayuntamientos y los expertos en urbanismo. Se propone un nuevo artículo 55, que limita los supuestos de nulidad de pleno derecho sin alterar el régimen general de nulidad y anulabilidad establecido en la legislación de procedimiento administrativo común, con especial atención a los trámites procedimentales, a la legitimación para el ejercicio de las acciones y, sobre todo, a la identificación de los posibles vicios, cuando se consideren insignificantes, para que estos no comporten la declaración de nulidad. Así, la nulidad por vicios formales o de procedimiento de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística solo podrá declararse cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: la aprobación definitiva por órgano manifiestamente incompetente por razón de materia o territorio, el desconocimiento total o absoluto del procedimiento legalmente establecido de las normas que contengan reglas esenciales para la voluntad de los órganos colegiados, la omisión del trámite medioambiental o la omisión absoluta del trámite de información pública y participación. Esta reforma de artículos señala los efectos de la declaración de la nulidad a los efectos o disposiciones dictados en su desarrollo, así como la posibilidad de su parcial afección y la de subsanación de los vicios formales y de procedimiento que en ningún caso se aplicarán en las zonas verdes y espacios libres. Asimismo, se regula la conservación de los actos y trámites no afectados por el vicio cometido, otorgando un plazo de un año a las Administraciones para la subsanación de los defectos, sin que se impida la aprobación de un nuevo instrumento que contenga soluciones de ordenación idéntica al anulado, siempre que se haya procedido a la corrección de los vicios observados. Este nuevo artículo 55 se completa con la disposición transitoria única, que establece un régimen transitorio sobre aquellos planeamientos que sean recurridos antes de la entrada de vigor de la ley. ¿Es necesaria esta modificación? Sí. Todas aquellas personas que hayan sido concejales o alcaldes y les haya tocado enfrentarse al proceso de aprobar un nuevo planeamiento urbanístico para satisfacer las necesidades de su ciudadanía saben de lo que les estoy hablando. Otro de los puntos que en algunos grupos genera controversia es la regulación de la acción pública, que se modifica tanto en el artículo 5 como en el 62, para subrayar que la acción pública deberá hacerse en defensa de los intereses generales y teniendo en cuenta los principios de buena fe que debe presidir toda reclamación ante las Administraciones públicas y la ausencia de lucro ante desistimientos interesados. El hecho de que se impongan determinados condicionamientos al ejercicio de la acción pública, tanto en su motivación en el momento procesal y procedimental como en la correcta ejecución del fallo judicial y el establecimiento de plazos para su ejercicio, es necesario, ya que viene siendo cuestionada por diversas resoluciones judiciales. Por otra parte, se incorporan a la proposición de ley otras modificaciones que lo que pretenden es determinar el régimen de valoración a efectos expropiatorios, modificar aspectos registrales e incluso corregir alguna errata. Sin embargo, como ya he dicho, los objetivos principales de esta proposición de ley son crear un régimen ad hoc de la nulidad y anulabilidad de los instrumentos urbanísticos y concretar el alcance de la acción pública para impedir abusos de derecho, es decir, dotar de seguridad jurídica al ordenamiento urbanístico. Podemos discutir sobre cómo mejorar la proposición de ley para incorporar las visiones de los diferentes grupos e incluso cabe mejora en el ámbito competencial. Nuestro grupo presentará enmiendas, ya que, como he dicho al inicio, hemos respetado el texto acordado con el Grupo Socialista, que parte con un acuerdo previo reclamado por muchos municipios; acuerdo que, sobre la necesidad de modificación de la ley del suelo, se ha trasladado desde otros grupos de la Cámara sobre los mismos puntos que he expuesto hasta ahora. Por lo tanto, está en nuestra mano hacerlo dando paso a esta proposición de ley y mejorándola en el trámite de enmiendas. Y en este punto me quiero dirigir al Grupo Popular. Me he leído detenidamente la proposición de ley que han presentado en el Senado y, si bien en su iniciativa engloban más leyes, en lo sustancial, en lo relativo a la ley del suelo, que es de lo que hoy estamos hablando, su planteamiento es muy similar, incluso en algún párrafo la redacción es idéntica — es comprensible, ya que ustedes también gobiernan en numerosos municipios y las peticiones que les hacen llegar son compartidas por todos los colores políticos— y va en la línea de la moción que su grupo presentó y debatimos la semana pasada en esta Cámara. Por lo tanto, un voto no favorable por parte de su grupo sería muy difícil de explicar, sobre todo si se actúa en beneficio de la ciudadanía y no desde el oportunismo político. Recuerden que son más de un centenar los municipios afectados en todos los territorios y gobernados por diferentes partidos políticos. Esta proposición de ley se puede mejorar vía enmiendas. Nosotros, como ya he dicho antes, también queremos participar en ello, pero lo que no cabe es quejarse, denunciar inacción y, cuando se tiene la posibilidad, no actuar. A los que ven en esta modificación solo negocio y una potencial especulación urbanística he de decirles que no parece que gobiernen en muchos municipios, o puede que hayan tenido la inmensa fortuna de no haber visto anulado su planeamiento urbanístico por un defecto completamente subsanable, tras doce años de negociación política y de participación ciudadana en los que el municipio no puede prosperar ni cubrir la falta de dotaciones públicas, como son las zonas educativas, las sanitarias, las de cuidados, ni tampoco hacer frente a la necesidad de vivienda. Acotar la nulidad de los planes y facilitar la posibilidad de subsanación de los vicios no supone per se una actuación especulativa, algo que tanto Podemos como SUMAR plantean con sus reticencias. Ustedes realizan una declaración de presunción de culpabilidad hacia todas las corporaciones locales, que son en última instancia las que aprueban los planes urbanísticos sobre la base del interés general e intentando mejorar la vida de su ciudadanía. No pongan en duda que aquellas personas que dedican parte de su vida a la política municipal no lo hagan ética y legalmente, no al menos menos éticamente de lo que ustedes realizan esta función política en este Parlamento. No se olviden que son los ayuntamientos los que disponen de suelo para poder solventar el problema de vivienda. Escudarnos en frases populistas como que esta modificación normativa es volver a las leyes que posibilitan el pelotazo urbanístico, además de insultante, es poner en duda la labor y la legalidad de los alcaldes y concejales y es ejercer la política desde la demagogia, a brocha gorda. Desde nuestro grupo seguiremos trabajando, siendo proactivos en la búsqueda de las mejores soluciones, proponiendo la modificación de la ley del suelo, la de arrendamiento urbanos ― esa en la que nosotros les dimos el voto de confianza―, acordando las leyes que sea necesario modificar para posibilitar el acceso a una vivienda digna y asequible. Seguiremos trabajando a favor de la ciudadanía. Mila esker.

Cristina Valido García CCa

Señorías, debatimos hoy la admisión a trámite de esta propuesta, que no busca otra cosa que abrir una puerta al diálogo, al trabajo conjunto, en el que podremos estar de acuerdo en cosas y podremos no estarlo en otras; algunas prosperarán, otras no, y puede que finalmente decaiga el acuerdo, pero es el inicio del trámite. Yo creo que no podemos negarnos a hablar de algo que afecta a millones de personas y a miles de municipios y que está generando enormes problemas. Nadie puede dudar que en los últimos tiempos hemos llevado la planificación, el ordenamiento del territorio, a una complejidad tal que nos encontramos con multitud de territorios que no pueden avanzar en su planeamiento. Buscando evitar que algunos especulen y que algunos se enriquezcan, perjudicamos a la generalidad, perjudicamos a esos municipios, perjudicamos a las personas que necesitan herramientas más rápidas, herramientas más ágiles, normas más comprensibles y también más recursos humanos y técnicos. Mientras no revisemos esas lagunas de la actual ley e intentemos resolverlas, estaremos enfrentándonos a una situación de inseguridad jurídica, de parálisis importante del desarrollo. ¿Por qué no va a ser compatible evitar la especulación del suelo, por qué no va a ser compatible perseguir a los que tratan de enriquecerse ilícitamente con facilitar el desarrollo urbanístico en los municipios que lo necesitan? ¿Por qué no va a ser compatible? La Federación Española de Municipios, con alcaldes y alcaldesas de todos los colores, pide esta revisión. La ministra de Vivienda, en varias intervenciones, nos ha hablado de las dificultades para aplicar algunas de las vías más importantes para la generación de vivienda de esa ley aprobada en la Cámara, las enormes dificultades que encuentra en este momento y la necesidad de revisar esta ley del suelo. Estamos hablando de evitar la anulación por defectos menores o formales de planes que llevan años tramitándose y que finalmente decaen para empezar el procedimiento desde el inicio; estamos hablando de plantearnos limitar hasta cuántos años se puede impugnar un plan general. ¿Qué seguridad tienen aquellos que toman las decisiones basándose en un plan aprobado que no sé cuántos años después se impugna y cae? Hay que reducir los plazos para los informes sectoriales; hay planes que pasan años esperando los informes sectoriales. Estamos hablando de la posibilidad de agilizar la construcción de vivienda protegida de muchos municipios que, al no poder desarrollar sus nuevos planes generales de ordenación urbana, no pueden disponer de suelo ni ponerlo a disposición de instituciones supramunicipales para construir vivienda protegida. Tenemos que evitar la parálisis, planteándonos únicamente o como prioridad evitar que algunos pocos se enriquezcan y obviando la necesidad de tomar decisiones para poder ver a nuestros municipios desarrollarse, también en infraestructuras públicas, que son muy necesarias y muchas de ellas están paradas. Señorías, yo creo que en este tema, como en otros, tenemos que abandonar las trincheras. No debemos tener miedo al debate, a trabajar juntos, a ver qué compartimos o qué no compartimos, a ver la práctica, la realidad en el territorio municipal. Tenemos que avanzar. Nosotros apoyaremos esta propuesta para la admisión a trámite, para iniciar el trabajo, para mejorar las cosas.

Noemí Santana Perera SUMAR

Muchas gracias, señora presidenta. Hoy vamos a debatir una proposición de ley que viene de la mano del Grupo Vasco y del Grupo Socialista para, supuestamente, agilizar los procesos urbanísticos, pero, sinceramente, cuando algunos hablan de agilizar, hay que mirar alrededor para ver quién se frota las manos. Dicen que esta ley va a evitar que muchos proyectos urbanísticos sean anulados por errores menores. Esto es como si a una la pillan copiando en un examen y el profesor le dice: Mira, no, corrige esto y sigue adelante; vamos a hacer como que no ha pasado nada. Por eso nosotras entendemos que estos no van a ser errores inocentes, que no van a ser despistes administrativos, sino que esta ley va a facilitar un urbanismo sin control, el ladrillo sin reglas, la barra libre y la ley del lejano Oeste. Con las excusas de siempre, quieren volver a priorizar los intereses de los especuladores y de aquellos que apuestan por el cemento. Si aprobamos esta ley, ¿qué vamos a permitir exactamente? En primer lugar, que se limiten las anulaciones de planes urbanísticos por errores formales. Y esto ¿qué quiere decir en cristiano? Que si un ayuntamiento aprueba un plan de vivienda sin, por ejemplo, haber hecho una consulta ciudadana antes, ahora se podría anular, y con esta ley simplemente se les pone una multita y «p’alante». Eso es como si tú coges a un ladrón robándote la cartera en la que tienes 300 euros y, como le pillas, te dice: ¡Ay! Perdón. Te devuelve 30 euros, pero se queda con la cartera. Así, en resumen. En segundo lugar, ¿qué se puede hacer con esta ley? Pues solo se van a poder impugnar estos proyectos en los cuatro primeros años. Es decir, si en el año cinco uno descubre que se ha aprobado un proyecto irregular, por ejemplo ― pongo de ejemplo a mi tierra―, un hotel en un espacio natural protegido, como las dunas de Corralejo, este hotel va a seguir adelante y nadie va a poder hacer nada. Los pelotazos urbanísticos, perdónenme que les diga, no se descubren, como los asesinatos de la serie CSI, en veinticuatro horas, sino que a veces se tarda años en demostrarse que hay un pelotazo detrás de ese proyecto. En Canarias lo sabemos bien, por ejemplo, con proyectos ilegales que hemos descubierto décadas después. En tercer lugar, si un plan urbanístico se anula, los edificios, casas y rascacielos van a poder seguir adelante. Esto ya hemos visto que se viene haciendo per se en comunidades autónomas como la mía. Ya se hizo, por ejemplo, con el hotel que está en La Tejita. Nos hablan de digitalizar los procesos para que sean más rápidos, es decir, va a ser casi más rápido solicitar un proyecto urbanístico que pedir una pizza a domicilio. Señorías del PSOE, si de verdad quieren agilizar los procesos, lo tenemos que hacer de acuerdo con la ley y salvaguardándonos de cualquier tipo de corrupción. Nosotras estamos de acuerdo en que hay que agilizar los procesos, por ejemplo, en aspectos como la construcción de vivienda pública, pero esto tiene que ser con garantía. No se puede justificar la corrupción con la excusa de la eficiencia. Por tanto, nosotras vamos a votar en contra de esta proposición de ley, porque no creemos en la impunidad urbanística, no queremos hoteles ilegales y no queremos leyes que sean trajes a medida de los especuladores urbanísticos. Muchas gracias.

Oskar Matute García de Jalón EH Bildu

Presidenta, señorías, arratsalde on guztioi. Déjenme que comience la intervención con la cita de un pensador alemán, de quien yo no reniego en absoluto, que se llama Karl Marx. Él dice que la realidad social determina la conciencia. Probablemente porque todos y todas tenemos conciencia y la realidad social determina nuestras conciencias hoy estamos hablando de esto, porque es la realidad social la que ha hecho que este asunto, el que tiene que ver con la vivienda, con los suelos, con la rehabilitación, con la regeneración y con la posibilidad de construir ciudades en las que la gente pueda vivir y no de las que la gente tenga que huir, venga a este debate. En ese sentido, agradezco al grupo proponente — o a los grupos proponentes cuando eran dos, ahora uno— que el debate se dé. Otra cosa bien distinta es si lo que aquí se propone en materia de reforma de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana es lo que se necesita o no, porque si he empezado diciendo que la realidad social determina la conciencia, habría que definir bien esa realidad social, ese contexto. Yo creo que todos y todas podremos estar de acuerdo en que esa realidad social viene marcada por la emergencia habitacional para cada vez más millones de personas, con que ese contexto o esa realidad social viene marcada por la existencia de una exigencia clara y nítida por parte de la ciudadanía para que los poderes públicos hagan mucho más lo de han hecho y para que lo que hagan lo hagan incluso a veces en sentido contrario al que lo han hecho. ¿Y qué es lo que han hecho? Generalmente, utilizar el suelo como una pasarela para el enriquecimiento de grandes constructores a costa de la generación de una burbuja inmobiliaria que ha hecho que las vidas de la gente se hipotecaran con un destino y un futuro bastante incierto, hasta — y no hace falta remontarse muchos años— llegar a situaciones de emergencia real en las vidas de la gente, con la existencia de decenas de miles de desahucios. Bien, pues si lo que existe es eso, y yo creo que hasta ahí casi casi podríamos estar todos de acuerdo, lo que hay que ver es si la iniciativa que hoy se nos trae aquí siquiera resuelve en parte esto que estamos planteando. ¿Y qué es lo que se plantea en la iniciativa? Se ha señalado bien — no quiero tampoco reiterarlo— por parte de la persona que ha presentado la proposición de ley. Se plantea evitar que los planeamientos urbanísticos caigan después de muchos años de trabajo por defectos de forma subsanables. Parece razonable que sea así, es decir, que todo el trabajo hecho durante mucho tiempo en municipios pequeños, medianos y grandes para llevar a cabo un planeamiento urbanístico no caiga a las primeras de cambio por un defecto que puede ser subsanable. Pero ante la lista definida surgen dudas, y esa es una realidad que también hay que constatar. Ante la lista de definición de todos esos elementos que podrían ser subsanables en modo parcial, tenemos dudas y las queremos poner ahí. Luego hay otro elemento que es más complicado, y es el que tiene que ver con la dificultad para la presentación de acciones populares o legales en materia de urbanismo, es decir, lo que se venía a llamar la acción popular para grandes proyectos urbanísticos y no tan grandes. Nosotros ahí no estamos de acuerdo con que se limite, al menos en la forma en la que viene resuelto. Es verdad que se nos ha hecho una invitación a que demos plácet, a que demos luz verde a esta toma en consideración, y a que, a partir de ahí, en el proceso de enmiendas, intentemos mejorar, paliar o adecuar a lo que cada uno entiende que es más oportuno o acorde a lo que busca el texto final. Es una invitación razonable y probablemente también en esta tribuna en alguna ocasión lo hayamos hecho nosotros y nosotras. Yo no voy a entrar a decir que la iniciativa está mal trabajada, mal preparada, que le falta rigor o que no le falta, porque seguramente nada de todo eso que dijera sería cierto. Lo que sí puedo decir es que esa invitación a que mejoremos el texto la hemos hecho muchas veces, pero todos sabemos la trampa implícita que lleva detrás, y es que bajarse de un tren ante la presión social que determina que ese pequeñito paso, aunque sea pequeñito, es mejor que la nada sitúa toda la carga de la prueba, toda la responsabilidad en aquel que entiende que el texto resultante no es el adecuado. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo creo que esta reforma de la ley del suelo, si de algo adolece, es precisamente de lo que señalaba al principio. Todos sabemos la magnitud del problema, todos sabemos fórmulas que se han empleado durante tiempo y que no han ayudado a resolver el problema, sino que incluso podríamos decir o convenir que lo han empeorado. Sin embargo, con esta reforma, para que se construya más, estamos dando más capacidades para emplear las mismas herramientas que nos han llevado hasta aquí. Y me explico todavía de manera más gráfica para que me entienda todo el mundo. Si de verdad queremos que esta ley de urbanismo, que esta Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana sirva para empezar a resolver el problema de la vivienda, ¿por qué no se toca el artículo 18? Y ahora me dirijo a las señorías del Partido Socialista, porque lo saben, porque en la ley de vivienda les insistimos sobre este tema. ¿Por qué no tocan el artículo 18? Esa es la piedra angular que puede permitir que la ley del suelo sea una ley efectiva para resolver los problemas de vivienda y no tanto esto, que puede esconder virtudes y vicios, defectos y problemas. ¿Qué dice el artículo 18? El artículo 18 habla de los aprovechamientos de suelo a los que pueden tener acceso las Administraciones cuando deciden recalificar un terreno. Léase: un propietario tiene un suelo rural, un municipio quiere ampliarse — o una ciudad— y decide recalificar ese terreno para que pase de ser un suelo rural a un suelo urbano. Ni qué decir tiene que el valor de ese suelo se multiplica por mucho. No creo que haya nadie en esta Cámara que lo ponga en cuestión, porque el valor del metro construible es mucho mayor que el del metro cuadrado en suelo rural. ¿Cuáles son las plusvalías que obtiene el propietario? Entre un 95 % y un 85 %, porque el artículo 18 dice que el poder público solo se puede quedar con entre un 5 y un 15 % de esa recalificación, entre un 5 y un 15 % — en Madrid se quedan con el 5 % y en la Comunidad Autónoma Vasca se quedan con el 15 %—. ¿No sería mejor que, si de verdad queremos alterar el principio de realidad con la acción de las cosas, modificáramos esos porcentajes y determináramos, por ejemplo, que solo hubiera un suelo mínimo y común del 20 % destinado a vivienda de protección, que es lo que dice el artículo 18, y a partir de ahí que cada comunidad autónoma lo elevara al 30, al 35 o al 40 % para así dotar a las ciudades de viviendas de protección pública en cualquiera de sus formas o tipología y de equipamientos urbanos o residenciales en las formas y necesidades que tuvieran? Esa es la pieza, la clave de bóveda, y se lo dijimos al Partido Socialista, y el Partido Nacionalista Vasco también lo sabe porque sobre esto hemos incidido mucho, y sobre los porcentajes. Es ahí donde habría que entrar. Si se entrara ahí, no habría ningún problema para contar con nuestra aprobación o, por lo menos, con nuestro apoyo para intentar hacer una buena ley de suelo, una buena adaptación de ley de suelo, pero si lo que no se nos plantea es no tocar el 18 para que las plusvalías sigan exactamente igual que siempre, para que sigamos asistiendo a un espectáculo donde parece que se hacen muchas cosas, pero ninguna resuelve nada, nosotros no estaremos ahí. Modificar leyes, agilizar está bien, sin duda, pero no así. Eskerrik asko, mila esker. .

Marta Madrenas i Mir JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bona tarda a totes les senyories. La nostra posició avui, com sempre, serà la de la defensa de Catalunya, la nostra gent, les nostres institucions i les nostres competències. I, per fer-ho, és necessari que s’impedeixi encotillar allò en què Catalunya té plena sobirania per cap norma que pugui néixer d’aquest Parlament. Aquesta proposició, de fet, tots ens hi hem referit. És bàsicament idèntica, excepte l’article 4, del projecte de llei de l’abril passat, projecte que va haver de ser retirat al darrer moment per manca de suport. I ja saben que Junts per Catalunya hi vam registrar una esmena a la totalitat. La nostra esmena feia únicament palesa la invasió de competències catalanes per la sempre infal·lible voluntat intervencionista estatal. Segur que saben que, cada cop que s’ha desenvolupat normativa específica sobre l’àmbit que ens ocupa, dites normes han estat objecte de dictàmens per part del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. Dictàmens que han conclòs que els preceptes dictaminats vulneraven les competències de la Generalitat en matèria d’habitatge, d’urbanisme, d’ordenació territorial, així com de procediment administratiu en aquelles normes que són substancials, pròpies, regulades a l’Estatut d’autonomia català. Finalment, es va haver de substituir la regulació prevista i es va establir un nou marc normatiu en aquest àmbit i, novament, aquells canvis van ser sotmesos al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, i fins i tot el Tribunal Constitucional en va declarar parcialment la seva inconstitucionalitat. Aquell text parcialment inconstitucional que va ser incorporat al text refós, que és el que avui es porta a modificació. Ni quan vam presentar l’esmena a la totalitat ni avui ens centrarem en l’oportunitat o no de les mesures proposades, sinó que ens vam centrar, com també farem avui, en els títols competencials. Des del nostre punt de vista, és una extralimitació usada massa sovint i que nosaltres no podem acceptar el fet de justificar que l’Estat té competència exclusiva en aquest àmbit, acudint a aquests articles 149.1.13a de la Constitució, que parla sobre que sí que té competències l’Estat quan es tracta de la regulació de les condicions bàsiques que garanteixen la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals. Escolti, diu que tenen competències d’urbanisme? O d’ordenació territorial? O d’habitatge? Per què hem d’anar a pescar aquests articles de la Constitució per fer encabir? Nosaltres no ho podem compartir, perquè no és certa l’afirmació que es fa al preàmbul per justificar aquesta competència exclusiva estatal. No és certa. Aquestes competències són, pel que respecta a Catalunya, del Parlament de Catalunya. Junts per Catalunya en aquest hemicicle ens sentim responsables de vetllar per les competències catalanes. De fet, ja saben vostès que el nostre objectiu, de fet, és exercir-les totes, però en tant no sigui així, estarem sempre vigilants per tal que no se’ns n’arrabassi cap. I, per això, no tindria cap sentit que avui nosaltres contribuíssim a validar patrons legislatius recentralitzadors i amb caràcter restrictiu cap a les autonomies. I sí, sabem que en ocasions sí, senyora Vaquero, hem d’abordar solucions amb pragmatisme, és així, però això no ha d’implicar en cap cas que renunciem al que defensem Junts per Catalunya. No podem validar reformes furtives del nostre sistema competencial, encara que es fonamentin en temes de seguretat jurídica, perquè fer-ho, de fet, implica obrir la porta a aquells que malden per l’eliminació de les autonomies i de la capacitat legislativa dels nostres parlaments. La cerca de la seguretat jurídica no pot fonamentar un model homogeneïtzador. En el preàmbul també hi consta una consideració del Tribunal Constitucional que argumenta que la competència autonòmica exclusiva sobre urbanisme ha d’integrar-se sistemàticament amb aquelles altres estatals que, si bé de cap manera podrien legitimar una regulació general respecte al règim jurídic del sòl, etc. Aquest paràgraf, per a nosaltres, condensa allò que Junts per Catalunya combatem: la idea que Catalunya, en realitat, no pot tenir cap competència exclusiva de veritat, perquè pel damunt, amb una posició de superioritat, hi ha un Estat que al final sempre podrà acabar decidint tot allò que li vingui de gust en base a aquells articles que ja ha dit el 149.1.13a de la Constitució. Mirin, amb l’Estatut del 2006, l’Estatut d’autonomia del 2006, es va proposar el blindatge de les competències catalanes. S’havia constatat durant anys, i en tots els àmbits, el relativisme competencial consistent en el fet que en tot allò que li corresponia exclusivament a Catalunya també hi podia intervenir a l’Estat. La sentència del Constitucional del 2010, saben bé, s’ho va carregar. El Constitucional va venir a dir: «Senyors catalans, allà on el seu Estatut diu competència exclusiva, han de llegir amb el permís de l’Estat espanyol». I ens varen donar una lliçó que portem gravada a foc: una competència autonòmica exclusiva només ho podrà ser si no hi ha cap norma estatal que la condicioni ni mínimament. I això darrer és el que explica el que Junts farem avui: evitar legitimar i votar cap norma de l’Estat que tingui cap tipus d’afectació a matèries qualificades d’exclusives de Catalunya que les vinguin a condicionar sota cap justificació, tampoc la de la seguretat jurídica. I encara més, fixin-se bé, a nosaltres ens crida l’atenció que la justificació d’aquesta llei sigui també la d’adequar-se a diferents pronunciaments del Tribunal Constitucional que, mitjançant diverses sentències, com he dit, va advertir que la regulació imposada per la normativa de la Llei del sòl anterior no respectava la distribució de competències. Però el que s’està proposant, al nostre entendre, no és adaptar-se al règim de distribució competencial que s’havia vulnerat, que és el que hauria d’haver estat, sinó fer aquelles modificacions precises perquè ara el Tribunal Constitucional ja sí que ho tingui molt més difícil pronunciar-se en aquest sentit en una propera ocasió. És a dir, estem davant d’un perfeccionament i d’una sofisticació de la vulneració competencial. És un que surja el efecto sin que se note el cuidado. En definitiva, podríem estar d’acord, ho sap, senyora Vaquero, en propostes que avui formulen en aquesta proposició, però el que nosaltres defensem és que aquestes propostes es debatin i decideixin allà on toca, que és al Parlament de Catalunya i no aquí. La raó és ben lògica. A Catalunya tenim, la volem exercir i ho farem, competència exclusiva en aquesta matèria. Moltes gràcies. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Nuestra postura hoy, como siempre, será la defensa de Cataluña, de nuestra gente, de nuestras instituciones y de nuestras competencias, y para ello es necesario que se impida encotillar aquello en lo que Cataluña tiene plena soberanía para cada norma que pueda nacer de este Parlamento. De hecho, esta propuesta es idéntica, menos en el artículo cuarto, al proyecto de ley de abril pasado, que tuvo que ser retirado por falta de apoyo. Ya saben que Junts per Catalunya presentó una enmienda a la totalidad, y nuestra enmienda solo dejaba clara la invasión de competencias catalanas por la siempre infalible voluntad intervencionista del Estado. Sabrán seguro que cada vez que se desarrolla normativa específica en el ámbito que nos ocupa, estas normas han sido objeto de dictámenes por parte del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Esos dictámenes han incluido que los preceptos dictaminados vulneraban las competencias de la Generalitat en materia de vivienda, ordenación territorial y urbanística, etcétera, todas aquellas normas esenciales que están reguladas en el estatuto de autonomía. Por último, hubo que sustituir esa reglamentación prevista y se previó un nuevo marco normativo en este ámbito. De nuevo, esos cambios fueron sometidos al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, e incluso el Tribunal Constitucional declaró su parcial inconstitucionalidad. Ese texto parcialmente inconstitucional que fue incorporado al texto refundido es el que hoy se plantea para su modificación. Ni cuando presentamos la enmienda a la totalidad ni hoy nos centramos en la oportunidad o no de las medidas propuestas, sino que hoy, como entonces, nos centramos en los títulos competenciales. Desde nuestro punto de vista, es una extralimitación utilizada con demasiada frecuencia, y nosotros no podemos aceptar el hecho de que se justifique que el Estado tiene competencias en exclusiva en este ámbito, acudiendo a artículos como el 149.1.13ª de la Constitución, que habla de que el Estado tiene competencias cuando, de hecho, se trata de la reglamentación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los derechos constitucionales. ¿Dice que tiene competencias en urbanismo, de ordenación territorial o de vivienda? ¿Por qué tenemos que ir a pescar esos artículos de la Constitución para que se metan con calzador? Nosotros no podemos compartir, porque no es cierta la afirmación que se hace en el preámbulo para justificar esta competencia exclusiva estatal. ¡No es cierta! Estas competencias son, en lo que respecta a Cataluña, del Parlamento de Cataluña. Junts per Catalunya en este hemiciclo se siente responsable de velar por las competencias catalanas. Ya sabrán ustedes que nuestro objetivo es ejercerlas todas. Pero mientras no sea así, siempre estaremos muy vigilantes para que no se nos quite ni se nos rebaje ninguna. Por eso no tendría sentido hoy que nosotros contribuyéramos a validar patrones legislativos que son recentralizadores y, además, restrictivos de cara a las autonomías. Y sí, ya sabemos, señora Vaquero, que en ocasiones hemos de abordar soluciones con pragmatismo, pero eso no tiene que implicar en ningún caso que renunciemos a lo que defendemos nosotros. No queremos validar reformas furtivas de nuestro sistema de competencias, aunque se basen en temas de seguridad jurídica, porque hacerlo, de hecho, implica abrir la puerta a aquellos que lo que buscan es eliminar las autonomías y la capacidad legislativa de nuestros Parlamentos. La búsqueda de la seguridad jurídica no puede fundamentar un modelo homogeneizador. En el preámbulo también consta una consideración del Tribunal Constitucional que dice que la competencia autonómica exclusiva sobre urbanismo debe integrarse sistemáticamente en esas otras estatales que, si bien de ninguna manera podrían legitimar una regulación general en cuanto al régimen jurídico del suelo, etcétera, este apartado para nosotros condensa aquello que combatimos en Junts per Catalunya: la idea de que Cataluña, en realidad, no puede tener ninguna competencia exclusiva de verdad porque por encima, en una posición de superioridad, tenemos a un Estado que, al final, siempre podrá acabar decidiendo todo lo que le venga en gana con base en esos artículos que he mencionado: el 149.1.1.ª y 13.ª de la Constitución. Con el Estatuto de 2016, en Cataluña se propuso el blindaje de las competencias catalanas, porque se había visto durante años y en muchos ámbitos el relativismo competencial, que consiste en que todo aquello que le incumbe exclusivamente a Cataluña, allí también podía intervenir el Estado. La sentencia constitucional de 2010 se lo cargó. El Tribunal Constitucional vino a decir: señores catalanes, allí donde su estatuto dice «competencia exclusiva», deben leer ustedes «con permiso del Estado español», y nos dieron una lección que se nos ha quedado marcada a fuego. Una competencia autonómica exclusiva solo podrá serlo si no hay ninguna norma estatal que la condicione, aunque sea mínimamente. Y esto último es lo que justifica qué va a hacer hoy Junts: evitar votar ninguna norma del Estado que tenga ningún tipo de afectación en materias cualificadas como exclusivas de Cataluña, que las pueda condicionar bajo ninguna justificación, tampoco la de la seguridad jurídica. Es más, a nosotros nos llama la atención que la justificación de esta ley sea la de adecuarse a diferentes pronunciamientos o fallos del Tribunal Constitucional que, mediante diferentes sentencias, como ya he dicho, ya advirtió que la reglamentación impuesta por la normativa de la ley del suelo anterior no respetaba la distribución de competencias. Pero lo que se está proponiendo ahora, a nuestro entender, no es adaptarse al régimen de distribución de competencias que se había vulnerado, que es lo que tendría que haber sido, sino hacer aquellas modificaciones precisas para que ahora el Tribunal Constitucional ya tenga mucho más difícil pronunciarse en ese sentido en una próxima ocasión. Es decir, estamos ante un perfeccionamiento y una sofisticación de la vulneración competencial: que surja el efecto sin que se note el cuidado. En definitiva, podríamos estar de acuerdo — lo sabe usted, señora Vaquero— en propuestas que ustedes formulan en esta iniciativa, pero lo que defendemos es que estas propuestas se debatan y se decidan donde toca: en el Parlamento de Cataluña y no aquí. La razón es muy lógica: en Cataluña queremos ejercer — y lo haremos— competencia exclusiva en esta materia. Muchas gracias.

Etna Estrems Fayos ERC

Hola, bona tarda. Els he de confessar que estem força perplexos amb aquesta presentació d’aquesta iniciativa. Quan va arribar a les nostres mans el text vam pensar: «Calla, que això ens sona». I fent memòria vam trobar que, com han dit els altres grups, era un text pràcticament idèntic al text que el Partit Socialista va intentar aprovar l’any passat i no va arribar a tramitar-se perquè tres grups van presentar esmenes a la totalitat. Un text que vol regular teòricament millor les tramitacions urbanístiques i que només ha modificat, en aquesta ocasió, un mínim en l’article 4, suposo que per tal que la pugui presentar el PNB, però del qual en realitat se’n desprenen tres coses greus, tres coses tècniques greus. Limita el dret de la gent a impugnar projectes urbanístics tant com a ciutadans com a drets dels afectats. Com a ciutadans, perquè es vol limitar l’acció pública, i com a titulars dels drets dels afectats pel planejament, perquè es limita la possibilitat d’impugnació d’un planejament a través de la seva execució, abans que es dugui a terme. Per tant, els ciutadans afectats poden quedar indefensos. L’urbanisme és un tema que ens afecta com a societat i no només si la parcel·la on es desenvolupen els projectes és nostra o hi tenim alguna vinculació. L’urbanisme ordena i condiciona els espais que són de tots i totes. Espais on passem part de la nostra vida, on eduquem els nostres fills, on treballem, on passegem i on formem les nostres relacions personals. I tots i totes hem de tenir dret a defensar que s’hi facin les coses bé. Aquest text això s’ho vol carregar. A més, limita el dret de les mateixes administracions a dir la seva en projectes de parcel·lació, instal·lació de cases prefabricades o processos de tales massives d’arbrat. I, greu, modifica les normes de reversió amb uns canvis que semblen fets ad hoc per al projecte Madrid Nuevo Norte. No negarem, evidentment, com deia el company de Bildu, que els processos administratius de canvis urbanístics són complexos, llargs i que, en molts moments, són feixucs i que, segurament, molts ajuntaments celebrarien que es poguessin simplificar. Però s’ha de fer de forma seriosa. No pot ser que agafem una norma i la rebreguem de tal manera que, en comptes d’ajudar, el que faci és retornar-nos a aquelles èpoques en què, al servei de l’especulació, es rebaixen les garanties ciutadanes en els processos administratius urbanístics i que assumeixi coses com que, per fer front a l’emergència en habitatge, l’única resposta és construir més i més. Nosaltres, escolti’m, neguem la major. Construir més no és una solució màgica per millorar l’accés a l’habitatge i aconseguir que més gent hi pugui accedir. I hi ha dades. L’habitatge no es comporta pel que fa a la qüestió del mercat, de l’oferta i la demanda, com els altres mercats. En aquesta línia, dos estudis fets a San Francisco i a Nova York expliquen que, quan es construeix un nou bloc en un barri, els habitatges que estan a 100 metres a la rodona baixen entre un 1 % i un 2 % el seu preu, però adverteixen que, dins un radi de 500 metres, els pisos pugen fins a un 10 %. Hi ha un tercer estudi fet a Minneapolis que compara els preus de l’abans i el després de la construcció d’un bloc. Els pisos més cars s’abarateixen una mica, sí, cert, un 3 %, però els més assequibles s’encareixen gairebé un 7 %. El fet és que, en definitiva, construir més no vol dir que fa que sigui més fàcil accedir a l’habitatge, sinó que contribueix a fer — o pot contribuir a fer— que els més vulnerables, com sempre, no puguin seguir pagant un pis al seu barri i hagin de marxar de casa seva perquè hi vagi a viure gent més rica que ells. De fet, hi ha hagut èpoques en la història recent de Catalunya i també d’Espanya en què s’ha construït més que mai i que, malgrat això, els preus s’han disparat. I em sembla que tots som, érem presents i vam viure la bombolla immobiliària que va fer esclatar la crisi de l’habitatge. No estem dient avui que no sigui necessari construir cap nou habitatge de primera residència, però l’emergència habitacional que vivim és un problema complex i cal abordar-lo atenent aquesta complexitat. Per començar, cal que el Partit Socialista deixi de bloquejar a la mesa de tramitació la llei dels lloguers de temporada i habitacions. Si impedim l’ús especulatiu dels pisos, guanyarem habitatges que ja estan construïts. A més, cal que l’Estat deixi de vendre els immobles de la Sareb i traspassi tot el parc a les administracions competents en matèria d’habitatge. S’han de posar els pisos a disposició de la ciutadania que ja els ha pagat i també els solars, i s’han de traspassar aquestes competències amb el finançament corresponent. I no oblidem, evidentment, els pisos buits, els quals s’ha de ser molt més decidit a l’hora de desincentivar mantenir-los buits. Dit tot això, no vull acabar la meva intervenció sense deixar de dir que, aquesta llei que avui proposa el PNB, el Partit Socialista ja la va proposar el 2023, i no és que sigui una llei del 2023, sinó que és una proposta recuperada del Partit Popular del 2018, del Partit Popular de Mariano Rajoy, que avui, a través d’aquest acord d’aquests dos grups, torna a estar a la taula d’aquest hemicicle. Com a estratègia de govern de progrés, jo ho veig regulinchi, no ho sé. Per no parlar de l’estratègia negociadora que han tingut amb aquesta llei amb els partits del bloc d’investidura, que és zero absolut. Ni una trucada, ni una conversa. Tant diàleg i negociació que exhibeixen a la premsa i tan poc que en fan quan realment el necessitarien. En fi, no van escoltar tampoc cap de les nostres demandes quan van intentar-ho l’altra vegada i van fer moltíssimes reunions amb el govern de la Generalitat, que en aquell moment estava capitanejat per Esquerra Republicana. Reunions que no van servir absolutament per a res, perquè el text no va introduir-les i es va presentar exactament igual que en el seu primer moment, i ara ho han tornat a fer. D’entrada, la situació és que no crec que puguin comptar amb nosaltres. Si volen el nostre suport, s’ho hauran de treballar molt més i molt fort. Gràcies. Buenas tardes. Debo confesar que estamos muy perplejos con la presentación de esta iniciativa. Cuando llegó a nuestras manos el texto pensamos: vaya, esto nos suena. Haciendo memoria, vimos, como han dicho otros grupos, que era un texto prácticamente idéntico al texto que el Grupo Socialista intentó aprobar el año pasado y no se llegó a tramitar porque tres grupos presentaron enmiendas a la totalidad. Uno de ellos quiere regular mejor las tramitaciones urbanísticas y solo ha modificado, en esta ocasión, un mínimo en el artículo 4, imagino que para que la pueda presentar el PNV. Pero lo que se desprende de ello son tres cosas técnicas graves: una, limita el derecho de la gente a impugnar elementos urbanísticos. Como ciudadanos, porque se quiere limitar la acción pública, y como titular de los derechos de las personas, porque imposibilita la viabilidad de un planeamiento para su ejecución antes de que se lleve a cabo. Por tanto, los ciudadanos afectados pueden quedar indefensos. El urbanismo es un tema que nos afecta como sociedad, y no solo es la parcela donde se desarrollan los proyectos, es nuestra, o tenemos alguna vinculación. El urbanismo ordena y condiciona los espacios que son de todos y de todas, espacios en los que pasamos parte de nuestra vida, donde educamos a nuestros hijos, trabajamos, paseamos y desarrollamos nuestras relaciones personales. Todos y todas tenemos derecho a que se hagan las cosas bien. Este texto esto se lo quiere cargar. Además, limita el derecho a las propias Administraciones a dar su opinión en cuestiones como procesos de talas masivas de árboles, entre otros, y grave: modifica las normas de reversión con unos cambios que parecen hechos ad hoc para el proyecto de Madrid. No vamos a negar, como decía el compañero de Bildu, que los procesos administrativos de cambios administrativos son complejos y largos y que muchas veces son complicados, y muchos ayuntamientos celebrarían que se pudieran simplificar, pero debe hacerse de forma seria. No puede ser que tomemos una norma y la doblemos de tal forma que, en lugar de ayudar, lo que haga es devolvernos a las épocas en las que, al servicio de la especulación, se rebajen las garantías ciudadanas en los procesos administrativos y urbanísticos y que se sumen cosas como que, para hacer frente a la emergencia habitacional, la única respuesta es construir más y más. Nosotros vamos a negar la mayor. Construir más no es una solución mágica para mejorar el acceso a la vivienda y conseguir que más gente pueda acceder. Y hay datos. La vivienda no se comporta, respecto al mercado de la oferta y la demanda, como otros mercados. En esta línea, hay dos estudios realizados en San Francisco y en Nueva York que explican que cuando se construye un bloque en un barrio, las viviendas que están a 100 metros a la redonda bajan entre un 1 y un 2 % su precio; pero advierten que, dentro de un radio de 500 metros, los pisos suben hasta un 10 %. Y un tercer estudio de Mineápolis, que compara los precios de antes y después de la construcción de un bloque, señala que los pisos más caros se abaratan en un 3 %, pero los demás se encarecen en un 7 %. El hecho es que, en definitiva, construir más no significa que sea más fácil acceder a la vivienda, sino que contribuye o puede contribuir a hacer que los más vulnerables, como siempre, no puedan seguir pagando un piso en su barrio y tengan que irse de su casa para que vaya a vivir allí gente más rica que ellos. De hecho, ha habido épocas en la historia reciente de Cataluña y de España en las que se ha construido más que nunca y, a pesar de ello, los precios se han disparado. Me parece que todos estábamos presentes y conocimos la burbuja inmobiliaria. No estamos diciendo hoy que no sea necesario construir ninguna nueva vivienda de primera residencia, pero la emergencia habitacional es un tema complejo y hay que actuar atendiendo a esta complejidad. Para empezar, es necesario que el Grupo Socialista deje de bloquear la ley de alquiler temporal y de habitaciones. Si impedimos el uso especulativo, vamos a ganar viviendas ya construidas. Además, es preciso que el Estado deje de vender los inmuebles de la Sareb y que traspase todo el parque a las Administraciones competentes en materia de viviendas. Hay que poner los pisos a disposición de los ciudadanos que ya los han pagado, y también los solares, y hay que traspasar estas competencias con la financiación correspondiente. Y no olvidemos también los pisos vacíos, hay que ser mucho más decididos a la hora de desincentivar tener los pisos vacíos. No quiero finalizar mi intervención sin decir que esta ley que hoy propone el PNV ya fue propuesta por el Grupo Socialista en el 2023. Y no es una ley de 2023, sino que es una propuesta del Grupo Popular de 2018, del Partido Popular de Mariano Rajoy. Y hoy, a través de este acuerdo de estos dos grupos, vuelve a estar sobre la mesa de este hemiciclo. Como estrategia de progreso, la verdad, parece «regulinchi», por no decir que la estrategia negociadora que han tenido con esta ley en cuanto a los partidos del bloque de investidura es un cero absoluto: ni una llamada ni una conversación. Tanto diálogo y negociación que exhiben en la prensa y tan poco que hacen cuando realmente lo necesitan. En fin, tampoco escucharon ninguna de nuestras demandas cuando lo intentaron la otra vez, hicieron muchas reuniones con el Gobierno de la Generalitat ― en aquel entonces capitaneado por Esquerra Republicana―, que no sirvieron absolutamente para nada, porque el texto no las introdujo y se presentó exactamente igual que en su primer momento. Y hoy lo han vuelto a hacer. De entrada, la situación es que no creo que puedan contar con nosotros. Si quieren nuestro apoyo, deberán trabajarlo mucho más. Muchas gracias. .

Alberto Ibáñez Mezquita SUMAR

Moltes gràcies, señora presidenta. Señora Vaquero, tengo que reconocer que es un texto solvente, que es un texto técnicamente adecuado, pero tengo que decir que es para aquellos que creen que el sistema funciona y que es un problema de aplicación, que es un problema de burocracia, que es un problema solamente de que las Administraciones públicas no son eficientes en esta materia. Y es obvio ― lo han señalado los diferentes grupos parlamentarios― que existe un problema en la aplicación y en la aprobación de los planes urbanísticos en nuestro país al que hay que encontrar una salida. Pero hoy no se presenta una ley técnica basada en el consenso del sector; hoy se presentaba una ley que, como todas las leyes, es ideológica, que genera riqueza y desigualdad. Por ello, quiero recomendar este libro (muestra un libro), que es El código del capital: cómo la ley crea riqueza y desigualdad, de Katharina Pistor. Aquí explica muy bien lo que nosotros venimos hoy a posicionar como grupo parlamentario, y es que esta propuesta ― que es un copia y pega de la propuesta de Rajoy del 2018, como apuntaba ahora la compañera de Esquerra, la que intentó traer el Grupo Socialista a través de la ministra de Vivienda― plantea la respuesta a lo que los promotores inmobiliarios dicen que es su inseguridad jurídica. Es cierto y es obvio que los procesos son largos y pesados; hay que desburocratizar ― por cierto, señores del Grupo Socialista, podríamos empezar por el ingreso mínimo vital ―. Pero esta proposición no aborda lo que para nosotros es la mayor inseguridad jurídica en la propiedad y gestión del suelo en nuestro país, que es la distorsión que hay entre las leyes y su aplicación en la práctica jurídica del derecho a la expectativa urbanística. Quizá esto nos haga desconectar un poco del discurso, pero vamos a poner un ejemplo que seguro que todos y todas conocemos: el de alguien ― seguro que les suena esta historia― que tiene un trocito o compra un trocito de suelo rústico porque hay alguien que conoce ― seguramente amigo suyo o conocido― que lo va a reclasificar como urbanizable, y, de repente, por la magia del mercado, ese trocito de rústico que no valía demasiado pasa a valer el triple, el cuádruple. ¡Magia!, él no ha hecho nada, no ha mejorado ese trocito rústico, pero, hoy, a pesar de ello, solo por si acaso, ya vale el triple. Esto, señorías, es lo que deberíamos estar ahora mismo intentando resolver en esta Cámara. . Y, sin duda, esta propuesta no aborda esta problemática, que es algo tan sencillo como que alguien que tiene un trocito de rústico, cuando alguien decide que ahora es urbanizable, de repente tiene el triple de lo que tenía en el bolsillo. Y esto les parece normal; a nosotros, no. Quizá por ello no entienden nuestra posición, y es que ustedes entienden que el sistema funciona bien, excepto algunos casos que hay que resolver. Nosotros, en cambio, pensamos que no. Por otra parte, ustedes piensan que esta propuesta va a mejorar la realidad de la vivienda, y ahí nosotros no podemos estar de acuerdo porque pensamos que es radicalmente falso que en España haga falta más vivienda. Ahora mismo existe un stock de 450 000 viviendas sin vender en España, de las que el 20 % están en Madrid y Barcelona. Lo digo porque seguro que alguien dice: es que están en un sito al que nadie quiere ir a vivir y son casas viejas que están a punto de caer. No, no es cierto. Aparte, en España, hay medio millón, entre legales e ilegales, de apartamentos turísticos, que lo que hacen es expulsar a los vecinos de sus casas. Pero es que, además, según el propio ministerio, hay 4 millones de viviendas vacías. Entenderán que con estas cifras no hay un problema de oferta; lo que hay es una desviación fraudulenta del uso social de la vivienda para la especulación y su secuestro por parte del turismo. . ¿Quieren más casas? Prohibamos la compra especulativa de vivienda. ¿Quieren más casas? Expropiemos a los fondos buitre ― por cierto, la ley de expropiación sigue siendo del año 1954―. ¿Quieren más casas? Prohibamos que haya apartamentos turísticos en nuestros edificios. Claro que hay margen para lograr que haya más casas. Y no solo no hay un problema de que falten casas, sino que es falso que el hecho de que haya más casas suponga que sean más baratas. ¿O no recuerdan ustedes al señor Aznar cuando decía: España ha construido más casas que Alemania, Francia e Italia? ¿Saben cuántas veces de estas bajó el precio de la vivienda? Ninguna, porque más vivienda no supone que sea más barato, porque la oferta y la demanda no funciona tampoco en el tema de la vivienda. Así que, señorías, hay que elegir bando, yo lo entiendo; y priorizar la construcción, priorizar liberalizar más suelo y quitar más participación ciudadana, sin duda alguna no puede ser el nuestro. Es una propuesta que no va a mejorar la realidad de la vivienda. Ustedes dicen: Es que no confían en los alcaldes. Yo confío en todo el mundo, pero, señores del Grupo Nacionalista Vasco y del Grupo Socialista, ¿creen que es casual que España fuera el primer país en introducir la especulación en la Constitución cuando se hablaba sobre el tema del suelo? Es evidente que no, porque existe una tradición en la que unos pocos se han forrado con el suelo que era la casa de demasiados. . Y es por eso por lo que nosotros no podemos estar en ese lado. Señorías, con esta ley, hurtando la acción popular, se toma bando por Goliat y le quitan a David la honda. Claro que muchas veces es un pequeño tema formal; yo no voy a ser hipócrita y voy a decir que eso es mentira, pero es que, cuando uno está luchando contra poderosos, quizás solamente le queda esa herramienta para poder hacer de contrapoder. Y gracias a esto, pudimos parar la demolición del barrio del Cabanyal en Valencia, pudimos hacer que el Algarrobico no continúe en pie en Almería, que la Marina de Cope en Murcia no esté completamente asfaltada o que, en Galicia, los vecinos y vecinas puedan plantearse luchar contra lo que efectivamente es dar herramientas al pueblo o quitárselas solamente a los poderosos. Termino con una cuestión mol valenciana, señora presidenta. I és que mentre estem ací, al meu país, hi ha, en paral·lel, un debat molt concret, que és l’ús que ha fet el govern del senyor Mazón per aplicar la doctrina del xoc per a negar el que va passar el dia de la DANA. A més a més, amb una estratègia trumpista, com vam veure ahir a l’Hotel Ritz. I és que el senyor Mazón, que no va alertar la població, que no va evitar la mort de 227 persones que sí que eren possibles, era la seua responsabilitat, com diu la jutgessa de Catarroja, ha aprofitat la commoció de la DANA per a culpar la legislació en matèria de protecció del territori i ecologista, derogar-la i fer que ara construir al nostre país siga un 42 % més car per al formigó que no només tenen en la seua cara. I és que, efectivament, el que ha fet el senyor Mazón és legalitzar la barra lliure per als promotors i constructors que hui, d’aprovar-se aquesta llei, també estarien molt contents. Perquè no és casual que el senyor Mazón, l’únic alcalde que cridara el dia de la DANA fora l’alcalde de Cullera. I és que, probablement, el que li va dir el senyor Mazón a l’alcalde de Cullera és que anava a desbloquejar un pelotazo urbanístic de torres de 35 altures per a 12 000 persones en la ciutat de Cullera. I saben què? Que això no anava a millorar el dret a l’habitatge de ningú, perquè anava a ser per al turisme una vegada més. I nosaltres, senyors del Partit Nacionalista Basc, senyories del Partit Socialista, no volem tornar a ser un país de pais. Volem ser un país dempeus que protegeix el seu territori, que protegeix l’horta, que no vol asfaltar el poc que li queda per al pulmó de les seues filles i fills. I per això hui, malauradament, hem de triar costat. Nosaltres no estarem en els rendistes, no estarem amb Florentino Pérez i en aquells que creuen que és el moment de construir, sinó aquells que pensem que és el moment de regularitzar la vivenda, d’abaixar els preus i de poder cuidar un poc el nostre planeta. Moltes gràcies. Mientras estemos así, en mi país hay en paralelo un debate muy concreto, a saber, el uso que ha hecho el Gobierno del señor Mazón para aplicar la doctrina del choque, para negar lo que sucedió el día de la dana. Y, además, con una estrategia trumpista, como vimos ayer en el Hotel Ritz. Y es que el señor Mazón no alertó a la población y no evitó la muerte de más de 200 personas, que sí era posible, y era su responsabilidad; y ha aprovechado la conmoción de la dana para derogar la ley de protección del territorio, y hacer que ahora construir en nuestro país sea un 42 % más caro que el hormigón que tiene en su rostro. Lo que ha hecho el señor Mazón ha sido legalizar la barra libre para promotores y constructores, que hoy, de aprobarse esta ley, estarían muy contentos. Porque no es casual que el señor Mazón al único alcalde que llamara fuera al alcalde de Cullera, porque probablemente lo que le dijo el señor Mazón a este alcalde es que iba a desbloquear o que iba a hacer un pelotazo con torres de muchos pisos en esa ciudad, y eso no va a mejorar el derecho a la vivienda de nadie, porque será para el turismo, una vez más. Señores del Grupo Socialista, nosotros no queremos volver a ser este tipo de país. Queremos ser un país que esté de pie, que no quiere asfaltar lo poco que le quede para los pulmones de sus hijos e hijas. Por eso, tenemos que decantarnos. No estaremos a favor de Florentino Pérez, ni de aquellos que creen que es el momento de construir, sino que es el momento de regularizar la vivienda, bajar los precios y cuidar un poco nuestro planeta. Muchas gracias. .

Carlos Hernández Quero VOX

Gracias, señora presidenta. El debate de hoy llega tarde, tardísimo; y es ilustrativo de cómo toda una generación de políticos ha sido incapaz de dar respuesta a la necesidad habitacional acuciante que hay en España, una necesidad que ha sido creada de forma artificial por esos mismos políticos, al convertir en escaso y en consecuencia, en tremendamente caro y lucrativo, un bien esencial como es la vivienda. Señorías, tenemos el mismo parque inmobiliario que en el año 2009, 26 millones de inmuebles, pero hay diferencias bastante notables que conviene mirar con detalle. La primera, este parque está concentrado en menos manos. Tenemos muchos menos propietarios de una sola vivienda, muchos menos propietarios jóvenes, muchos menos propietarios de rentas bajas y muchos más multipropietarios, particularmente fondos y fortunas extranjeras. Esto quiere decir que las familias tienen menos poder para organizar su vida y los grandes más poder para condicionársela. La segunda diferencia, también bastante notable, es que tenemos el mismo parque inmobiliario para 3,5 millones más de personas; 3,5 millones más de personas que algunos trajeron para poder abaratar costes laborales y otros para poder saciar sus ansias multiculturales y que, hoy, de camino, han generado también un grave problema habitacional porque, a más población, también más necesidad de hogares; algo que parece que ninguno de los genios del Excel que diseñaron estas políticas previó ni fue capaz de imaginar. La tercera diferencia tiene que ver con la distribución de la población y la distribución de las casas en el territorio, porque, claro, cuando uno se carga las oportunidades en medio país, vía desindustrialización, vía deslocalización de la producción, vía estigmatización del modo de vida rural, las personas se mueven a las grandes ciudades, pero las casas no, las casas se quedan. En este país, se construyeron muchas casas en los años ochenta, noventa o dos mil, en capitales de comarca, en pequeñas y medianas ciudades, en agrociudades y en pequeños pueblos industriales que hoy están vacíos, porque, al mismo tiempo que se construían esas casas, se acababa con las condiciones de habitabilidad de estas. Al mismo tiempo que se construían esas casas, ustedes condenaban a emigrar a sus potenciales inquilinos o a sus potenciales compradores. Es decir, que puede que tengamos el mismo número de casas que en 2009, pero en algunos sitios no se llenan y, en otros sitios, faltan cada vez más. Cuarta diferencia: como consecuencia de los nuevos hábitos culturales, cada vez hay menos personas por hogar. Actualmente, se forman al año el triple de hogares de los que se producen, la estimación del INE para 2039 es que habrá 4 millones de hogares nuevos y el hogar más repetido en España estará formado por una sola persona. Aun así, habrá señorías como el señor Ibáñez, que dirán que no les daremos casa a estas personas, y yo creo que es que, al final, algunos seguirán erre que erre y no se bajarán nunca de la burra hasta que no haya infravivienda en cada esquina de nuestro país, en cada esquina de nuestras calles. Sigamos, quinta diferencia: en un panorama, en un contexto de demanda infladísima, cada vez menos inmuebles se destinan al alquiler permanente, que es el que necesitan las familias, no otro, el permanente, y esto no es por arte de magia. Esto es consecuencia de sus regulaciones y su fracaso, de cómo han desatado inseguridad jurídica, un millón menos — y bajando— desde que ustedes gobiernan. No sé si es para considerar que es algo ajeno a la política. Y sexta y última diferencia: en ese transcurso, han pasado dieciséis años, señorías y, en consecuencia, muchos edificios han envejecido, se han deteriorado y no ha habido las pertinentes y necesarias rehabilitaciones. Vistas las diferencias, creo que podemos concluir que tener el mismo parque inmobiliario que en 2009 con los cambios sociodemográficos que hemos experimentado desde entonces es una verdadera catástrofe que, en verdad, no es tener el mismo parque inmobiliario, sino tener muchas menos casas para mucha más gente y ubicadas en muchos peores lugares. En España, faltan grúas y faltan casas, faltan casas y faltan grúas, pero, sobre todo, falta una clase dirigente que piense en el país a largo plazo y que se haga cargo también de los efectos perniciosos de sus políticas, de los consensos que aquí ha habido sobre no construir, de los consensos que aquí ha habido sobre la organización territorial desquiciada que hay en este país y sobre los consensos que aquí ha habido sobre traer y traer cada vez a más gente sin decir y sin tener claro dónde van a poder alojarse y dormir. . Señorías, si faltan casas, hace falta construir, y, si hace falta construir, hace falta suelo y, por tanto, bienvenidas sean las mejoras técnicas de esta PL, bienvenida sea la seguridad jurídica, bienvenida sea la atención a las demandas de los ayuntamientos y bienvenida sea también toda fórmula para evitar las paralizaciones de los PGO sine die por errores absolutamente subsanables. Bienvenido sea todo esto, pero no nos contemos a nosotros mismos una película particularmente reconfortante. Esta modificación de la ley del suelo, si sale adelante, puede ser absolutamente inane y estéril si no viene acompañada de otras reformas absolutamente necesarias que están pendientes. Está pendiente, desde luego, acelerar los procesos de transformación del suelo. Está pendiente aligerar trabas, burocracia, peajes o impuestos a la construcción. Está pendiente abrir de una vez por todas el melón de la densidad; sí, de la densidad, que fue clave para canalizar el empuje demográfico de este país hacia las grandes ciudades entre los años cincuenta y ochenta, y que tiene que ser clave para poder canalizar el empuje demográfico hoy hacia las grandes ciudades si no queremos aceptar — yo creo que nadie lo quiere en esta Cámara— que haya personas que trabajan a dos horas y media de donde viven, familias desplazadas de su barrio de toda la vida, parejas embutidas en pisos compartidos o precios de las casas por las nubes. Esto es lo que creo que haría un Estado social digno de tal nombre: dejar de especular con suelo público, dejar de llevarse picos indecentes con la necesidad de la gente, colaborar con la iniciativa privada para extender el parque de vivienda de protección oficial, planificar espacios amables y habitables y bonificar la densidad. Pero, bueno, parece que en España hay quien prefiere la España de las chabolas y la España de la infravivienda a la España de las grúas, porque si no hay grúas, en un panorama de concentración urbana brutal como el que tenemos, habrá chabolas y habrá infravivienda. Y en esas chabolas y en esas infraviviendas no vivirá ninguno de los que aquí vota contra las grúas, vivirán españoles normales y corrientes que no tienen por qué pasar por ese trance. . Saber esto ha de llevarnos a cerrar el círculo; construir es el medio, no es el fin. De nada servirá esta modificación si es aprobada, ni tampoco las reformas pendientes, si no tenemos un horizonte colectivo hacia el que caminar, si no tenemos una ambición, un norte moral. El de VOX es claro, y ya lo he repetido aquí en innumerables ocasiones: un país de familias que puedan ser dueñas de su casa y que puedan vincularse de forma duradera al espacio en el que residen. Por eso hay que construir, en primer lugar, para que haya vida en común, con una concepción humanística y no solamente contable, como tanto se estila por estos lares; es decir, un urbanismo para vivir y no solamente para sobrevivir. En segundo lugar, hay que construir para quien no tiene casa actualmente. Hay que construir para que jóvenes y rentas bajas que han sido expulsados de la posibilidad de comprar vuelvan a tener la posibilidad de acceder a una vivienda en propiedad. Hay que construir para que los españoles anónimos tengan un hogar digno de tal nombre, no para seguir concentrando la propiedad en pocas manos, ni para que grandes fortunas extranjeras hagan su agosto, ni para levantar bloques de estudios unipersonales o de apartamentos turísticos donde no hace falta, ni para que unos pocos depreden nuestro patrimonio natural o peguen el pelotazo que llevan años esperando. Hay que construir al servicio de un orden justo y de una causa noble, y a mí no se me ocurre una causa más noble que la de devolver al español corriente la posibilidad de ser dueño de su casa y, con ello, de ser dueño de su destino. Muchas gracias. .

Rafaela Romero Pozo PSE-EE (PSOE)

Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. El Grupo Socialista votará a favor de la toma en consideración de la proposición de ley. La hacemos nuestra porque comparte la partitura con la presentada en común con el Partido Nacionalista Vasco el pasado mes de mayo, aunque finalmente no saliera adelante en la tramitación al no contar con los apoyos necesarios, especialmente el del principal partido de la oposición, el Partido Popular. Ahora es el grupo del PNV el que trae de nuevo esta propuesta. Señorías del PP, agradezcan que tienen una nueva oportunidad para demostrar con hechos que trabajan para el interés general y no para los intereses electorales. Señorías, suelen decir que no hay dos sin tres, pero yo confío en que aprovechen esta segunda oportunidad y voten a favor de la toma en consideración, que no dejen tirados a alcaldes y alcaldesas, ni a la FEMP que ustedes presiden, que lleva ya mucho tiempo reclamando esta modificación legal. Calculen el inmenso volumen de suelos calificados para viviendas protegidas que están bloqueados por la regulación actual, impidiendo este bloqueo la construcción de decenas de miles de hogares y dificultando el acceso a una vivienda digna y asequible. Señorías, la vivienda se ha convertido en el principal problema que preocupa a los ciudadanos y ciudadanas, y no lo digo yo. Lo decimos todos, lo sabemos todos y lo gritan los ciudadanos y las ciudadanas en la calle, nos lo gritan en todas partes. Dejen a un lado sus prejuicios ideológicos y sus recetas precocinadas de liberalización, de regulación y, en no pocos casos, de pelotazo. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con diálogo, sin prejuicios ni exclusiones, con todos los grupos de la Cámara, empezando por ustedes, señorías del Partido Popular, para una reforma que consiga ampliar aún más los consensos políticos, sociales e institucionales de aquellos con los que ya cuenta esta proposición de ley. La propuesta de ley socialista, compartida por el Partido Nacionalista Vasco, pretende sumar los máximos apoyos para hacer de la reforma del suelo y rehabilitación urbana un acuerdo de país para responder, como dije antes, a una necesidad largamente demandada por administraciones locales de diferente color político. Es una petición sin distinciones; de hecho, en el año 2022, once de las diecisiete comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla, solicitaron al Estado la tramitación de esta ley. La demandan porque la reforma de la ley del suelo es imprescindible para dotar de estabilidad y seguridad jurídica al desarrollo urbanístico de España para que prime sobre los intereses privados y particulares los públicos y de los ciudadanos en general, fomentando un desarrollo urbano integrado, igualitario y medioambientalmente sostenible. Por otro lado, es también una obligación adeudada a los ayuntamientos, que ya dejaron de ser hace mucho tiempo ese hermano pequeño de la democracia española y no pueden seguir sometidos a una legislación obsoleta, lenta y confusa respecto a una de sus políticas esenciales, la de cómo ordenar sus pueblos y ciudades para hacer entornos habitables y sostenibles. Señorías, los socialistas estamos donde las soluciones para estar a la altura de las demandas ciudadanas. Nosotros no faltamos nunca, nos retratamos siempre para hacer frente a los retos de país, poniendo los derechos de las personas por encima de intereses nacionalistas, partidistas y territoriales también. Ante esta grave emergencia habitacional que creo que todos y todas compartimos, los ciudadanos nos necesitan a todos porque se requieren soluciones transversales y multicompetenciales. En este acuerdo de país no sobra nadie y hacemos falta todos, vuelvo a decirlo, a uno y otro lado somos necesarios. A la gente ya le sobran excusas y le faltan razones cuando no se está a la altura y se ponen trabas a una medida, como en el día de hoy, que es imprescindible para incrementar o contribuir a incrementar el parque de vivienda y, por ende, a bajar los alquileres. Por cierto, señoría, ¿qué es eso de equiparar planificación urbanística y especulación? Un respeto a los más de 60 000 concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas de este país. ¿Qué es eso de hablar con esa superioridad moral desde el escaño diciendo que se quedan con algo en el bolsillo?, ¿qué es eso de unir el poder municipal con la especulación y la corrupción? Basta ya. . Aquí no se trata de elegir bando, aquí lo que no se puede hacer es cambiar de bando cuando la gente te necesita y abandonar el barco, eso es lo que no se puede hacer. . Por cierto, señorías, no creo yo que siendo presentada por el Partido Nacionalista Vasco sea susceptible de decir que invade competencias autonómicas. Lo tendría que hacer muy mal el Partido Nacionalista Vasco para presentar una normativa así y no creo que sea el caso. Así que, señorías, vamos a dejar de ser parte del problema para pasar a ser parte de la solución. Empecemos hoy dando más herramientas para que todos los poderes cuenten con una legislación ágil y garantista, mejorando la seguridad jurídica y la claridad de la norma. Termino con Tierno Galván, el llamado alcalde eterno de Madrid, gran defensor del poder transformador de los ayuntamientos, que decía con pasión que la vivienda no debe ser un lujo, sino un bien accesible para todas las personas, sin distinción de clase o condición. Señorías, en nombre de la justicia social, a los poderes públicos nos toca a todos y a todas nosotras hacer todo lo posible para garantizar el acceso a una vivienda digna a un precio asequible. Trabajo de todos, pongámonos a ello. Muchas gracias. .

Miguel Ángel Sastre Uyá PP

Gracias, presidenta. Señorías, antes de entrar en el fondo de esta iniciativa, para entenderla es importante hacer memoria. En mayo de 2024, el Gobierno retiró su proyecto de ley del suelo en la mañana que se iba a debatir. El motivo: ni siquiera contaba con el apoyo de SUMAR. Hoy, parece ser que SUMAR tampoco apoyará este texto. Así que el primer bulo que hay que desmontar es que no culpen al PP de sus fracasos, sino que hablen mejor con sus socios. . Pero seguimos. En junio, el Grupo Vasco y el Socialista registran una iniciativa similar a la que hoy debatimos, de la que el Grupo Socialista se borra en septiembre. Tres meses en el congelador, o más incluso, y se reactiva ahora, con prisas, porque el Partido Popular presenta su alternativa el 31 de enero en el Senado, que ahora explicaremos, porque hay ciertas diferencias. Por último, si vamos más atrás, vemos que el Partido Popular fue ya pionero en esta materia de seguridad jurídica, aprobando en 2018 un anteproyecto de ley del suelo. De este breve recorrido sacamos dos conclusiones. La primera, el texto que hoy debatimos no es solo del Grupo Vasco, como ya se ha dicho, sino también, en el fondo, del Grupo Socialista. Y la segunda, que ahora parece urgente proteger la seguridad jurídica, porque el PP ha tomado la delantera. Ese es el motivo real. Relacionado con esto, una reflexión: si el PNV no hubiese apoyado la moción de censura de 2018, nos habríamos ahorrado siete años. Siete años con más seguridad jurídica y siete años, también, evitando a este Gobierno. Un dos por uno. . Pero yendo al texto en sí, reconocemos que tiene base lógica, porque busca, precisamente, más seguridad jurídica, y en eso coincidimos, porque es algo que piden ― como bien ha dicho la proponente del Grupo Vasco― comunidades autónomas y municipios. Esto solo parecen unas palabras, pero la seguridad jurídica es mucho más, influye directamente en el reto de la vivienda. Cuanta menos seguridad jurídica, más incertidumbre y más sube el precio de la vivienda. Por eso, como le digo, coincidimos en protegerla. Pero resulta irónico que ahora hablen de ella cuando apoyan a un Gobierno que la ataca permanentemente. Cuando, además, blindan la okupación y bloquean nuestra ley de esta materia aprobada en el Senado. En cambio, este texto se nos queda muy corto para el momento que estamos viviendo. Ya no sirven los parches ni la propaganda. Como decimos en nuestro plan de vivienda, la reforma de la ley del suelo es urgente y necesaria. Sin embargo, no vale cualquier reforma. Las propuestas que nos están trayendo no están a la altura y, además, nos da la sensación ― lo ha dicho el señor portavoz de SUMAR― de que son copias de ese anteproyecto de ley que se presentó en 2018. Yo le matizo al señor Ibáñez que son malas copias, copias a medias. En cualquier caso, además, son pura fachada, porque este texto modifica solo dos leyes y de forma superficial, insuficiente para el momento actual que vivimos. Solo afectaría al 10 % de los proyectos de vivienda en España, dejando el 90 % restante en el mismo estado de ruina actual. En cambio, la nuestra es fruto de hablar con los expertos y con comunidades autónomas. Responde, precisamente, a lo que necesitamos. Objetivamente, vemos que esta ley y la suya tienen poco que ver, sobre todo, porque la nuestra es un plan integral que reforma con lógica y sentido varias normas que son imprescindibles: la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, la ley de vivienda, la ley de arrendamientos urbanos, la ley del contrato de concesión de obras públicas y la ley de enjuiciamiento civil. ¿Para qué? Para agilizar y asegurar la tramitación del planeamiento, evitando anulaciones innecesarias; también intentamos bajar los plazos, de diez a quince años en algunos casos, hasta cuatro; para acabar con la ineficacia en la emisión de informes sectoriales que su perpetua, estableciendo plazos y aplicando el silencio positivo cuando corresponda; para dar seguridad real a la inversión y aumentar la oferta de vivienda, que está ahora mismo estrangulada; para derogar las medidas lesivas que la ley de vivienda ha hecho que se hunda la oferta del alquiler; para proteger al propietario frente a la okupación y la inquiokupación. Señores del PNV, sin reformar todo eso, sus deseos se quedan solo en castillos de arena. Y, por eso, vemos dos caminos posibles: el de reformar solo la fachada y el otro, el nuestro, el de reforzar desde la estructura. No olvidemos que una fachada que no tiene una estructura fuerte se debilita y suele caer, así que ustedes verán. Además, esta ley del suelo es un plano también que nos ayuda a orientarnos en el funcionamiento de este Gobierno. Vemos parches que no resuelven problemas y que, cuando se impregnan de mantras ideológicos, se agravan. Encontramos fisuras y colisión permanente en la coalición, tanto es así que nos hacen debatir los mismos textos dos veces. Observamos también un croquis de las contradicciones sobre las que hace equilibrios el Partido Nacionalista Vasco, porque reclama seguridad jurídica aquí, mientras que apoyan a este Gobierno que, como decíamos antes, la pone siempre en jaque y, aparte, en el Gobierno vasco, ceden la competencia de vivienda al PSOE, ese mismo partido que aprueba leyes contra la vivienda. Y, por último, este tema es una maqueta a escala de la chimenea, el humo y la propaganda de este Gobierno. Prometen y prometen las 184 000 viviendas de Sánchez, mientras hay miles paralizadas. En mi tierra, en Cádiz, sin ir más lejos, se podrían ofrecer casi 2500 viviendas a la bahía, en el desarrollo de la Florida del Puerto de Santa María, un municipio que está ahora mismo imparable. Sin embargo, este desarrollo lleva años de retraso y avanza a un ritmo muy lento por la dejadez del Gobierno, a través de su empresa pública, del Sepes. En resumen, nosotros siempre estaremos a favor de la seguridad jurídica, pero no de los parches de este Gobierno que han provocado, entre otros datos desoladores, que la vivienda pase a ser la primera preocupación de los españoles, cuando en 2018 era la número dieciséis, y que mi generación vea su proyecto de vida demolido. ¿Queremos perpetuar este modelo? Nosotros no. De ahí, nuestra alternativa, que se debatirá y se aprobará en el Senado dentro de muy poco. Nos jugamos mucho y no podemos fallar, y con esto termino. Lo que nos estamos jugando es que los españoles, sobre todo los de mi generación, la de los jóvenes, recuperen la esperanza que este Gobierno les ha quitado y puedan construir un proyecto de vida en libertad, con un hogar para formar una familia si quieren. Trabajamos para que la España donde vivimos crezca y avance y dé oportunidades a todos, pero, especialmente, a quienes tienen el futuro en sus manos. Muchas gracias. .

Ione Belarra Urteaga SUMAR

Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. El pasado 9 de abril, hace casi un año, esta Cámara admitía a trámite por mayoría absoluta la ILP de regularización de las personas migrantes en situación administrativa irregular. Se trataba de una medida que, como ya dijimos en aquel momento, era de pura justicia social y de derechos humanos. Esa ILP ― creo que es de justicia recordarlo― fue el resultado del trabajo voluntario de cientos de personas que, desde la sociedad civil, se organizaron para plantear algo de puro sentido común y es que en una sociedad democrática no pueden existir ciudadanos y ciudadanas de segunda. Señorías, todos y todas ustedes saben perfectamente a qué se enfrenta una persona en situación administrativa irregular en este país: explotación laboral permanente, redadas racistas basadas en perfil étnico y el riesgo de enfrentarte, por una mera falta administrativa, a una cárcel racista, como son los centros de internamiento de extranjeros. El Grupo Socialista lleva un año bloqueando esta ILP. Lo hizo primero en la Mesa del Congreso y lo está haciendo ahora en la ponencia. Una vez más, el Partido Socialista está utilizando a Junts per Catalunya como excusa para no hacer algo que no quiere hacer, que no es otra cosa que aprobar esta regularización extraordinaria de personas migrantes. . De hecho, han aprobado una reforma del reglamento de extranjería, que es puro maquillaje, señorías. Intenta lavarse la cara, porque están bloqueando está ILP. Señorías del Partido Socialista, basta de pactar políticas racistas con el PP y con Junts. Basta de comprarle el discurso a la derecha y a la extrema derecha, porque, si no, señorías, entre la copia y el original, la gente acabará votando el original. . Es tan grave la cosa que hace unos meses el presidente del Gobierno decía que el retorno de las personas que entran irregularmente en España era una medida imprescindible. Alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez cómo es posible que alguien prefiera pagar cinco veces más por jugarse la vida en el mar en un cayuco o atravesar a pie el desierto que pagar un billete de avión de Dakar a Madrid. ¿Por qué alguien haría eso? Pues muy sencillo: porque no hay vías legales y seguras para migrar a este país, porque es imposible, señorías, conseguir un visado legal para migrar desde Senegal y, por eso, la gente se juega la vida en el mar. . La regularización es urgente porque de ella dependen la seguridad y la vida de cientos de miles de personas en este país y alentar el discurso alarmista sobre la cuestión migratoria es una enorme irresponsabilidad. España no tiene un problema migratorio. Entre el 1 de enero de 2022 y el 15 de agosto de 2024 entraron irregularmente en España 119 000 personas. En ese mismo período, señorías, entraron casi el doble de ucranianos y ucranianas. El año pasado se concedieron en España 41 000 permisos de residencia por motivos humanitarios; la mayoría a personas de origen venezolano. ¿Son las personas que llegan en un cayuco menos merecedoras de esas condiciones de asilo humanitario? . Nosotras lo tenemos claro: el color de piel o la procedencia no pueden determinar que veamos o no razones humanitarias a la hora de reconocer derechos. Señorías, el racismo es el caldo de cultivo en el que está creciendo la extrema derecha en toda Europa. Por eso, ningún demócrata puede dar un paso atrás en esta medida de regularización extraordinaria. Cada día miles de cuentas en redes sociales extienden el discurso de odio y el racismo; lo hacen también cientos de cuentas del partido de ultraderecha VOX. Hay incluso una diputada de extrema derecha que se permite decir que el nacimiento de un niño de una pareja migrante en un pueblo de España es un hecho tenebroso. ¡Qué vergüenza, señorías! . Ya sabemos cuál es el objetivo: vincular el fenómeno humano de las migraciones, algo que es puro derecho humano ― y, si fuéramos honrados, reconoceríamos que cualquiera en esa situación haría exactamente lo mismo―, con la criminalidad, el peligro existencial y la delincuencia. Los datos de Interior demuestran tozudamente que todos estos bulos son mentira. En la serie de los últimos quince años, el porcentaje de extranjeros aumentó 3 puntos y la tasa de criminalidad en nuestro país ha caído 6. Por tanto, no son estos los extranjeros que deberían preocuparle a esta Cámara ni tampoco a este Gobierno. A nosotros y a nosotras nos preocupan los extranjeros que sí vienen a saquear este país, que no son otros que los fondos buitre, que vienen a especular con la vivienda, que vienen a robarnos la energía, que vienen a apropiarse del sistema bancario y del sistema de comunicaciones. . Esos son los extranjeros que le tienen que preocupar al Gobierno, esos son los extranjeros que nos preocupan a nosotros, y no la gente que viene a vivir con nosotros y nosotras. Es asqueroso ver cómo desde el Partido Socialista al Partido Popular, pasando por la ultraderecha de VOX, ustedes se arrodillan ante los fondos buitre, le lamen las botas a Trump ― dan ustedes vergüenza― y, sin embargo, quieren hacerle creer a la gente que el problema son nuestros vecinos y vecinas, la gente que trabaja con nosotras, que vive con nosotras, que ama con nosotras, que paga sus impuestos aquí; por cierto, más que algunos de ustedes. Por ahí nosotras no vamos a pasar. La regularización de las personas migrantes es una tarea democrática que no se puede dilatar más tiempo. Pensamos que tenemos que ser ambiciosas. Por eso, hemos trabajado una enmienda con Euskal Herria Bildu, con Esquerra Republicana de Catalunya, con el Grupo Plurinacional SUMAR y también con el BNG para hacer que esta regularización extraordinaria se amplíe, por lo menos, hasta el 20 de mayo del año 2025, precisamente para que no perjudique a estas personas todas las dilaciones que ha provocado el Partido Socialista. Señorías, la pregunta esta tarde es sencilla: ¿con quiénes van a estar el Partido Socialista, Junts y PNV? ¿Con la mayoría social, con la gente que quiere la regularización administrativa de estas personas o con los racistas del Partido Popular y VOX? Esa es la pregunta que hay que contestar. . Es lo que son: unos racistas que hacen políticas racistas. . Hablamos…

Ione Belarra Urteaga SUMAR

Gracias, señor presidente.

Ione Belarra Urteaga SUMAR

Gracias. Les he llamado racistas porque son racistas, porque hacen políticas racistas. . Por tanto, es lo que son. No es un insulto, es una descripción, señorías. Es una descripción. . ¿O se olvidan de El Tarajal? ¿Se olvidan de El Tarajal? Responsabilidad de gobierno del Partido Popular. Se olvidan de El Tarajal. . Yo sé que la verdad duele, pero la tienen que escuchar porque es necesario para nuestro país, de verdad. Si me dejan terminar (continúan las protestas), les diré que la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular es una cuestión de pura justicia, que sin embargo no resuelve el conjunto de problemas que tenemos en política migratoria, que tiene que ver también con la necesidad de crear vías legales y seguras para migrar legalmente. Señorías, hablamos de vida, de derechos humanos y de justicia. .

Ione Belarra Urteaga SUMAR

Por mucho que grites, no nos vamos a callar.

Ione Belarra Urteaga SUMAR

Gracias, presidente. Simplemente, un mensaje para el Partido Socialista: no compren el discurso racista de la extrema derecha y de la derecha , porque, como dijo Irene Montero en esta Cámara, a la derecha y a la extrema derecha se les frena con más derechos, y eso es lo que tenemos que hacer. Si este Gobierno persiste en este rumbo, quienes están poniendo una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha son ustedes. Ningún ser humano es ilegal. Muchas gracias. .

Marije Fullaondo la Cruz EH Bildu

Eskerrik asko mahaiburu jauna. Arratsaldeon guztioi. Apirilaren bederatzian beteko da urte bat Espainiar estatuan bizi diren bostehun mila migratzaile ingururen ezohiko erregularizazioa eskatzen zuen Herri Ekimen legegilearen izapidetza onartu zela. Ia zazpiehun mila sinadurek babestu zuten herri ekimen legegilea, baina ia urtebeteren ondoren, ponentzia eratuta eta lanean hasita ere, gaia lotan dago, geldirik. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. El 9 de abril se cumplirá un año de la aprobación de la tramitación de la iniciativa legislativa popular que pedía la regularización extraordinaria de los cerca de 500 000 migrantes que viven en el Estado español. Casi 700 000 firmas apoyaron la iniciativa legislativa popular, pero después de casi un año, aun con la ponencia formada y el trabajo comenzado, el tema está quieto, parado. La realidad es que la regularización, además de razonable y pertinente, es urgente, muy urgente, y lo es por muy diversas razones. Para nosotros la más importante, sin duda, es la sistemática vulneración de los derechos fundamentales de las personas migrantes que están en situación irregular. La migración, la posibilidad de vivir y prosperar en un país extranjero, es un derecho inalienable del ser humano que ningún Estado puede cercenar. Hablamos de humanidad, de solidaridad para con las personas más vulnerables, y de nuestra obligación de protegerlas; de protegerlas, entre otras cosas, de sufrir pobreza y explotación por el simple hecho de no tener papeles. Hablamos, al fin y al cabo, de decencia, de decencia colectiva. Pero para quienes la decencia colectiva, el Estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales de las personas no parece ser razón suficiente, pongamos sobre la mesa otra razón, una razón que, aunque para nosotras, por decirlo de manera suave, mercantiliza las necesidades y los derechos de las personas, puede que a quienes están en contra de la regularización les dé algún motivo menos humanitario pero más favorable respecto a los intereses económicos de ese país que dicen defender con uñas y dientes, y es que la regularización es también una oportunidad fiscal, además de un modo de equilibrar los derechos y las obligaciones de todos y todas las ciudadanas que viven en el Estado, porque la realidad es que la mayor parte de las personas adultas en situación irregular es que están trabajando; en negro y en precario, sin derechos y en situación muchas veces de explotación y/o de semiesclavitud, pero trabajando. Y, si bien pagan impuestos indirectos a través de su consumo, el empleo en la economía sumergida les impide realizar aportaciones fiscales directas a través de los impuestos y las contribuciones sociales, porque sí, señorías, porque las personas migrantes, al igual que la mayoría de la sociedad, quieren aportar para poder disfrutar de los servicios públicos. No son como esos extranjeros ricos, a los que ustedes defienden, que tienen como objetivo dejar de pagar, cuando no defraudar, porque las personas migrantes en situación irregular son trabajadoras y trabajadores, y lo quieren ser con todos los derechos y con todas sus obligaciones, porque esos y esas migrantes, a quienes ustedes señalan, vienen a trabajar y a contribuir; en cambio, esos a quienes ustedes nunca señalan vienen a defraudar. Pero, mientras que la tramitación de la ILP, como hemos dicho, se duerme, el RELOEX entrará en vigor en mayo de este año y afectará negativamente a la regularización de diferentes colectivos de migrantes, que no van a poder acceder a la regularización por vías ordinarias. Por poner un ejemplo, el colectivo de los y las solicitantes de protección internacional, personas que llevan meses o años esperando respuesta y que deberán desistir de su solicitudes o recursos y permanecer en situación irregular entre seis meses y dos años más para poder acceder a una residencia por arraigo, ante la denegación sistemática de las solicitudes de asilo o el silencio administrativo, que puede ser directamente negativo. Para ir terminando, señor presidente, queríamos traer hoy aquí la petición de la asociación «Regularización.Ya», que simplemente pide a los grupos parlamentarios valentía para llegar a la aprobación de la ILP de la que esa asociación es promotora, valentía para no dejar atrás una vez más a las personas migrantes, porque las regularizaciones extraordinarias, además de beneficiosas, son posibles. De hecho, se han hecho muchas veces. Solo en el Estado español se hicieron nueve entre 1986 y 2005, cuatro de ellas llevadas a cabo por Gobiernos del PSOE y cinco por Gobiernos del Partido Popular, lo que deja claro que esta es una cuestión únicamente de voluntad política. Por nuestra parte, esperamos que, siendo el objetivo común que la ILP de regularización salga adelante en las mejores condiciones, la negociación para llevarla a buen término siga abierta. Desde Euskal Herria Bildu apostamos abiertamente por esa negociación, para que se cumplan todos los objetivos de regularización de los y las promotoras de la ILP, por lo que esperamos que esta proposición no de ley, lejos de ser un obstáculo en la consecución de estos objetivos, sirva de revulsivo y dé empuje a la aprobación de la ILP en el menor tiempo y en los mejores términos posibles.

Marije Fullaondo la Cruz EH Bildu

Termino. Beraz, eta helburu horiek gogoan, helburu horiek gogoan, «Regularización Ya»-ko kideek eskatzen duten moduan, jaun-andreak izan zaitezte ausartak. Por lo tanto y teniendo en cuenta esos objetivos, como dicen los miembros de «Regularización.Ya», señorías, sean valientes. Sean valientes, señorías. Muchísimas gracias. .

Jordi Salvador i Duch ERC

Senyor president, senyories. Gràcies. El 2021, la societat civil va impulsar una iniciativa legislativa popular per regularitzar centenars de milers de persones migrades. No ho van fer nosaltres ni cap partit, ho va fer la gent. Quatre anys després, aquesta gent continua esperant. Quatre anys després, aquesta gent continua esperant. Esperant que el Govern més progressista de la galàxia es decideixi a fer allò que diu que defensa. Perquè la veritat és aquesta. Van deixar morir la ILP a l’anterior legislatura i el mateix dia en què en aquesta es començava la ponència per debatre aquesta proposició, aquesta ILP, treuen un reglament. Un reglament que no és una regularització exprés, com defensa la ILP per a més de 400 000 persones. Un reglament que continua deixant fora milers de persones, continua deixant fora milers de persones. El Govern diu que aquest reglament és un avenç. No, no. Un avenç hauria estat fer allò que van prometre. Mireu, posem exemples concrets. No es compatibilitza el temps amb petició d’asil per a l’arrelament. És a dir, una persona pot haver esperat quatre anys una resposta i, quan arriba, li diuen que ha de tornar a començar. No s’han eliminat les barreres administratives. I si no em creieu, intenteu demanar una cita ara mateix per telèfon, a veure si podeu o bé en línia. No podreu. És impossible. S’ha eliminat la possibilitat d’accedir a l’arrelament en alguns casos. Tot plegat és un pas enrere. Com podem guanyar les dretes si, en política migratòria, de vegades fem el mateix, les mateixes polítiques que venen dictades per la Unió Europea, per la Unió Europea, una Unió Europea que està dominada per les dretes, per no dir dretes extremes. Aquesta és la realitat. Si aquí no fem la diferència, al final solament hi haurà un sol color i part de culpa tindrem tots plegats. Quan va esclatar la guerra d’Ucraïna, el Govern espanyol va regularitzar de cop 200 000 persones ucraïneses sense cap problema i ens va semblar bé. I així ha de ser. Però aleshores, la pregunta és inevitable, per què per a uns sí i per a altres no? Quina és la diferència? Per què quan els qui truquen a la porta són africans o llatinoamericans, el Govern diu que no pot ser? I jo em pregunto, això és progressisme o és racisme institucional? Més hipocresia. El mite de la saturació. I atenció, també perquè ens diuen que Espanya no pot assumir més migració. Però aquest mateix país ha rebut 33 milions de turistes en cinc mesos i cap ministre ha sortit a dir que els hospitals estan col·lapsats per això. I sí, estan col·lapsats, i ho seguiran estant o pitjor, si gastem els diners del 3,7 %, per exemple, en despesa en armament. Senyories, això no va de sostenibilitat. Això va de qui té drets i qui no té drets. I això va de a qui interessa regularitzar i a qui interessa mantenir la precarietat de totes aquestes persones, perquè al final aquesta és la veritat incòmoda. El Govern prefereix tenir centenars de milers de persones sense papers explotades i vulnerables. I per què? Per què? Si saben que estan aquí, que estan treballant i que estan a l’economia submergida. Per què? No ho acabo d’entendre d’un partit que s’autoanomena progressista. És que no ho entenc. Perquè, a més, això s’ha fet en altres governs. Senyories, avui no votem el reglament. Avui votem sobre la dignitat de milers de persones i el Govern diu que no es pot fer i és mentida, sí que es pot fer. El Govern diu que aquest reglament ja és suficient. No, no és suficient. El Govern diu que no hi ha alternativa. Sí, sí que hi ha alternativa. L’única cosa certa és que avui PSOE i SUMAR han de decidir una vegada més, han de decidir una vegada més, o es posen al costat dels drets humans, i fins i tot diria de l’economia d’aquest país, o es pleguen a les polítiques migratòries dictades per una Unió Europea més de dretes que mai. Nosaltres ho tenim clar. Regularització ja i sense excuses. Moltes gràcies. Señor presidente, señorías, en el año 2021 la sociedad civil impulsó una iniciativa legislativa popular para regularizar a centenares de personas migrantes; no lo hicimos nosotros ni ningún partido. Pero esta gente, cuatro años después, sigue esperando, esperando a que el Gobierno se decida a hacer lo que dice defender, porque lo cierto es esto, que dejamos morir la ILP en la anterior legislatura. Ese mismo día se empezaba la ponencia para debatir esta proposición, esta ILP, para sacar un reglamento, que no es una regularización exprés, como defiende la ILP, para más de 400 000 personas, un reglamento que sigue dejando fuera a miles de personas; insisto, que sigue dejando fuera a miles de personas. El Gobierno dice que este reglamento es un avance. No, un avance habría sido hacer lo que prometieron. Demos ejemplos concretos. No se compatibiliza el tiempo de petición de asilo con el reglamento, es decir, una persona puede haber esperado durante cuatro años una respuesta, pero, cuando llega el momento, le dicen que tiene que volver a empezar. No se eliminan las barreras administrativas, y, si no me creen, intenten pedir cita ahora mismo por teléfono, online: no podrán, es imposible. Se ha eliminado la posibilidad de acceder al reglamento en muchos casos. Todo es un paso hacia atrás. ¿Qué pasa? ¿Cómo pueden ganar las derechas si se hacen las mismas políticas dictadas por la Unión Europea, una Unión Europea que está dominada por las derechas, por no decir que por las derechas extremas? Esta es la realidad. Si aquí no marcamos la diferencia, al final habrá un solo color, y parte de la culpa la tendremos todos. Cuando explotó la guerra de Ucrania, el Gobierno regularizó a 200 000 personas de repente, y nos pareció bien. La pregunta es inevitable: ¿Por qué para unos sí y para otros no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué cuando los que llaman a la puerta son latinoamericanos o africanos el Gobierno dice que no puede ser? Yo me pregunto: ¿Esto es progresismo o es racismo institucional? Más hipocresía, el mito de la saturación: atención, porque nos dicen que España no puede asumir más inmigración. Pues bien, hemos recibido treinta y tres millones de turistas en pocos meses y nadie ha dicho que los hospitales estaban colapsados por ello, y, si estaban colapsados, lo seguirán estando, o peor si gastamos el dinero que no corresponde. Aquí no estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de quién tiene derechos y quién no, a quién interesa regularizar y a quién le interesa mantener la precariedad de todas estas personas, porque, al final, esta es la realidad incómoda. El Gobierno prefiere tener centenares de miles de personas sin papeles explotadas y vulnerables. Y ¿por qué? Si saben que están aquí, que están trabajando en la economía sumergida, ¿por qué? No acabo de entenderlo de un partido que se denomina progresista, porque además esto se ha hecho con otros Gobiernos. Señorías, hoy no votamos el reglamento, votamos la dignidad de millones de personas, de miles de personas. El Gobierno dice que no se puede hacer. Es mentira; se puede hacer. Y dicen que el reglamento es suficiente; no, no es suficiente. Dicen que no hay alternativas; sí hay alternativa. Hoy PSOE y SUMAR deben decidir si se ponen del lado de los derechos humanos, e, incluso, diría que del lado de la economía de este país o si se rinden a las políticas migratorias de una Unión Europea más de derechas que nunca. Nosotros lo tenemos claro: regularización ya, y sin excusas. Gracias. .

Vicenç Vidal Matas SUMAR

Gràcies, president. Avui de matí m’he llevat a les sis i mitja del matí. He sortit de casa. Al costat hi havia Maria Antònia. L’acompanyava la seva cuidadora. M’ha saludat graciosament. He anat cap a l’aeroport. He arribat a l’aeroport de Palma, que està ple d’obres. Hi havia uns obrers que estaven berenant, perquè havien fet feina tota la nit a l’aeroport. He anat i he fet un cafè. He seguit el meu camí. He arribat aquí a Madrid. He agafat un taxi i he arribat fins al Congrés. No m’he tornat boig, senyories, els descric la meva quotidianitat, el que he fet jo aquest matí. Per a vostès, totes les persones que m’he creuat són invisibles. Totes aquestes persones són persones migrants, persones que tenen dret. Persones invisibles per a la dreta i per a l’extrema dreta, però per a nosaltres imprescindibles. I, per tant, per totes aquelles persones que ens fan la vida possible, per totes aquelles persones que contribueixen a fer d’aquest Estat un Estat una mica millor, són les iniciatives com la ILP de regularització tan necessàries, per donar-los drets. Drets per a tothom perquè no siguin explotats pels de sempre, pels de dalt, pel de l’extrema dreta. I som aquí per defensar aquesta idea, perquè la ILP probablement és la iniciativa legislativa popular. És la demostració democràtica del poder del poble. El poble s’uneix per defensar els drets de les persones que manco en tenen. De les persones que estan en situació irregular. I ens passen del carrer, directament del carrer, una iniciativa per debatre aquí. I com deia el company d’Esquerra Republicana, fa quatre anys que no els donem resposta. Vergonya ens hauria de fer que ja no l’hàgim aprovada, perquè ens ho han demanat, han participat, han cregut en la democràcia, han cregut en aquesta institució i aquesta institució no els està donant resposta. I la ILP de regularització ha arribat molt lluny. Alguns pensaven que no passaria el primer tall, que era la presa de consideració, però la va passar i ara està en ponència. I hem d’avançar i hem de ser capaços, senyors del Partit Socialista, d’arribar a acords, d’acords que no traeixin la voluntat de la gent del poble, de la gent que l’ha feta. Perquè si algo ens uneix a totes les forces que estem aquí donant suport a aquest Govern, si hi ha qualque fil conductor en aquesta legislatura, ha de ser que volem un Estat més democràtic, que volem un Estat que avanci en drets, que, per exemple, llevi la llei mordassa, que agilitzi la justícia, que evidentment aixequi secrets que encara tenim. Que evidentment lluiti per millorar drets com el de l’habitatge, com el dret també a tenir una dignitat, a poder morir dignament, o els drets més bàsics d’estimar a qui un vol. Per això ho volem per a tothom, per a les persones en situació regular i per a les persones en situació irregular. Tothom es mereix que aquesta legislatura sigui una legislatura d’avanços en drets i en democràcia. En aquella agenda que el senyor Sánchez va dir democratitzadora, que pareix que la tenim agafant pols, també hi ha d’haver la ILP, perquè la ILP és un avanç en drets. La ILP de regularització també és un avanç en democràcia. Si ens creiem això, també ha de ser a l’agenda del Govern. Perquè si no, com bé ha dit una companya, si hem estat capaços de regularitzar persones que venien de la guerra d’Ucraïna, si hem estat capaços d’intentar donar respostes a les persones afectades per la DANA, si no donem resposta a altres persones, podria ser que ho féssim per un racisme institucional i això no ens ho podem permetre, perquè això sols ho pot fer l’extrema dreta. Per tant, nosaltres estem per cosir, per arribar a acords. I per això avui donem suport a una esmena de substitució amb els companys d’Esquerra Republicana, amb BNG, amb Bildu, amb Podem. Gent diversa que ens posem d’acord per tirar endavant una proposta. Una proposta de quatre punts bàsics que volem que es produeixi aquesta regularització de les persones que estan més vulnerables, en una situació de vulnerabilitat extrema, i volem que tots ells tinguin dret a aquesta regularització fins al dia d’avui. Evidentment, volem uns perfils més amples perquè el reglament ha deixat molta gent fora. Que aquesta gent també es pugui acollir a aquesta regularització. Volem que, com que a l’administració li demanem que sigui àgil, també ho sigui en l’estrangeria, també ho sigui en el procés d’autoregularització i que no demanin documents que sabem que són impossibles de tenir. I també volem, evidentment, que les persones que han estat en asil no es vegin perjudicades. Per tant, sigui perquè creuen en els drets humans, sigui perquè creuen que volem un Estat més democràtic… Gracias, presidente. Hoy me he despertado a las seis y media de la mañana. He salido de casa; al lado tenía a María Antonia, a quien acompañaba su cuidadora, que me ha saludado atentamente. He llegado al aeropuerto de Palma, que está lleno de obras; había unos obreros que estaban merendando porque habían trabajado durante toda la noche. He tomado un café, he seguido mi camino, he llegado a Madrid, he cogido un taxi y he llegado hasta el Congreso. Señorías, no me he vuelto loco, les he explicado mi cotidianeidad, lo que he hecho esta mañana. Para ustedes todas las personas con las que yo me he cruzado son invisibles; todas estas personas son personas migrantes, que tienen derechos, pero personas invisibles para la derecha y la extrema derecha, y para nosotros imprescindibles. . Por consiguiente, por todas esas personas que nos hacen la vida posible, para todas esas personas que contribuyen a hacer de este un Estado un poco mejor son las iniciativas como la ILP de regularización, tan necesarias para darles derechos, derechos para todos, para que no sean explotados por los de siempre, los de arriba, la extrema derecha. Y estamos aquí para defender esta idea, porque probablemente la iniciativa legislativa popular es la demostración democrática del poder del pueblo; el pueblo se une para defender los derechos de las personas que no los tienen, que están en situación irregular. Y nos pasan directamente de la calle una iniciativa para debatir aquí. Y, como decía el compañero de Esquerra Republicana, hace cuatro años que no les damos respuesta. Vergüenza nos debería dar que no lo hayamos aprobado ya, porque nos lo han pedido, han participado, han creído en la democracia, han creído en esta institución, y esta institución no les está dando respuesta. Y la ILP de regularización ha llegado muy lejos. Algunos pensaban que no iba a pasar el primer corte, pero lo pasó, y ahora está en ponencia. Y tenemos que avanzar y tenemos que ser capaces, señores del Partido Socialista, de llegar a acuerdos, a acuerdos que no traicionen la voluntad de la gente del pueblo, de la gente que la ha hecho posible, porque si algo une a todas las fuerzas que aquí estamos brindando apoyo a este Gobierno, si hay un hilo conductor en esta legislatura tiene que ser que queremos un Estado más democrático, un Estado que avance en derechos, y que, por ejemplo, elimine la ley mordaza, agilice la justicia, elimine los secretos que todavía tenemos, que luche por mejorar derechos como el de la vivienda, el derecho a morir dignamente y otros más muy básicos. Todo esto lo queremos para todos, para las personas en situación irregular y para las personas en situación regular. Todo el mundo se merece que esta sea una legislatura de avances en derechos y en democracia. En esta agenda que el señor Sánchez dijo que es democratizadora pero que parece que está llenándose de polvo, esta ILP es un avance en democracia. . Esto también tiene que estar en la agenda del Gobierno, porque, como bien ha dicho la compañera, si hemos sido capaces de regularizar a personas que venían de la guerra de Ucrania, si hemos sido capaces de intentar dar respuesta a las personas afectadas por la dana, deberíamos hacerlo también respecto a las personas que están en esta situación, y no pecar de racismo institucional. Por ello, tenemos que apoyarla, con los compañeros de Bildu, de Podemos y de Esquerra Republicana, gente diversa con los que nos ponemos de acuerdo para sacar adelante propuestas. Y esta es una propuesta de cuatro puntos básicos. Queremos que se produzca esta regularización de las personas que son más vulnerables, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, y queremos que todos ellos tengan derecho a esta regularización. Evidentemente, queremos unos perfiles más amplios, porque el reglamento ha dejado a mucha gente fuera, y queremos que todas estas personas también puedan acogerse a esta regularización. Queremos que, cuando a la Administración la pedimos agilidad, sea también con los procesos de regularización de extranjería y que no pidamos documentos que sabemos que son imposibles de tener. Y queremos que las personas que están en asilo no se vean perjudicadas. Por tanto, ya sea porque creen en los derechos humanos, ya sea porque creen en un Estado más democrático…

Vicenç Vidal Matas SUMAR

O purament per interès democràtic. Els demano, els prego que escoltin la societat civil. Regularització Ja, el col·lectiu que varen fer moltíssima feina perquè nosaltres prenguéssim una decisió. Avancem, siguem valents i regularitzem ja tantes persones que ho estan esperant. Per la democràcia i pels drets humans. … o puramente por interés democrático, les pido, les ruego que escuchen a la sociedad civil, al colectivo «Regularización.Ya», que ha hecho mucho trabajo para que tomáramos una decisión. Avancemos, seamos valientes y regularicemos ya a tantas personas que lo están pidiendo por la democracia y por los derechos humanos. .

Vicente Montávez Aguillaume PSOE

Señorías, la posición del Gobierno de España ante el reto que supone la migración es clara. Defendemos en Europa una visión humanitaria y solidaria. Apostamos por vías de inmigración regulares y seguras, colaborando con los países de origen y de tránsito, y, por supuesto, combatimos las redes de tráfico de personas. En definitiva, el Partido Socialista defiende una migración regulada, segura y respetuosa con los derechos humanos que garantice la inclusión, la convivencia y el fortalecimiento de nuestra sociedad. Son estos principios, señorías, los que marcan la posición de mi grupo y son los que nos llevan a defender que el compromiso de esta Cámara debe ser buscar el máximo consenso en la tramitación como ley de la iniciativa legislativa popular que trajeron hasta aquí cientos de miles de personas. . Señora Belarra, ¿cuándo el PSOE ha dicho que no a esa ILP? Es ahí donde debemos centrar nuestros esfuerzos. Y por ese motivo hemos presentado una enmienda que esperamos que tenga en cuenta. Como saben, la última gran regularización la realizó en España un Gobierno socialista en 2005. Aquella medida fue un éxito, respondiendo a las necesidades del momento, pero se limitaba a determinados sectores, y no combinaba residencia y permisos de trabajo. Veinte años después, tanto la legislación nacional como la europea han cambiado y cualquier proceso debe adaptarse a la nueva normativa. Ante esta realidad, nuestro modelo apuesta por una estrategia ordenada, basada en la formación y en el empleo, que garantice la dignidad y la integración efectiva de cada persona. En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó en el mes de noviembre del año pasado un nuevo reglamento de extranjería, que tiene como principales objetivos adecuar la norma a la situación migratoria actual, garantizar los derechos de las personas migrantes y satisfacer las necesidades de nuestro mercado laboral. Nuestro modelo impulsa medidas innovadoras para proteger a los migrantes en situación de vulnerabilidad y facilitar su integración. Se ha creado un título específico para visados, se ha extendido el visado de búsqueda de empleo de tres meses a un año, y el objetivo es evitar la situación de irregularidad sobrevenida. . Además, se han hecho modificaciones en la figura del arraigo, que se unen a las del año 2022, sobre la cual permítanme subrayar que somos el único país de la Unión Europea que dispone de una figura para regularizar a las personas día a día a través del arraigo, reduciéndose el tiempo requerido de tres a dos años. Y los datos son contundentes: en 2023 se regularizaron más de 210 000 personas, 210 000 vidas, y se estima una proyección de 300 000 anuales. La reforma ha reducido la economía sumergida, ha aportado seguridad jurídica y ha simplificado trámites, eliminando la precarización y la explotación. En conjunto, el reglamento abre puertas que antes estaban cerradas, y lo hace mediante tres llaves: la formación, el empleo y la familia. Estos avances demuestran que una política migratoria basada en los derechos humanos es viable y beneficiosa para todos. Señorías, somos plenamente conscientes del reto que asumimos, pues el éxito de nuestras acciones marcará el futuro de nuestra sociedad. España no puede caer en la trampa de convertir la diversidad en un problema, en lugar de verla como una oportunidad. No podemos permitir que la xenofobia y la desinformación oscurezcan el debate, cuando la realidad es que España necesita migrantes. Señorías, las sociedades con éxito han sido, son y serán aquellas que integran migrantes. No intenten obstaculizar el progreso inevitable. . Necesitamos su talento y esfuerzo para sostener el Estado del bienestar, cubrir sectores laborales esenciales y mantener el crecimiento económico. Su llegada debe ir acompañada de un compromiso real. No basta con aceptar su presencia; hay que garantizar derechos y oportunidades, que supondrán también obligaciones. Frente a quienes intentan dividirnos, respondemos con derechos, convivencia y cohesión social , porque la España del futuro se construye con inclusión y solidaridad, no con muros y prejuicios. Es necesario buscar el mayor consenso posible para dar estabilidad y dignidad a quienes enriquecen nuestra sociedad. El ejercicio de derechos se garantiza con medidas concretas, recursos y procedimientos ágiles y garantistas. Señorías, construyamos un país que no se ciegue ante el sufrimiento ajeno, que reconozca la emigración como una oportunidad y que actúe con responsabilidad, justicia y humanidad. Muchas gracias. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidente. Arratsalde on, jaun-andreok. Buenas tardes, señorías. Presenta Podemos una iniciativa para que el Gobierno apruebe de forma inmediata la regularización de las personas extranjeras en situación administrativa irregular que se encuentran en España antes del 1 noviembre de 2021, objeto de la proposición de ley que coincide con el objeto de la ILP debatida y tomada en consideración por esta Cámara en abril del pasado año y que se encuentra en tramitación, por lo que, señorías, y ya como primera observación, no consideramos lo más adecuado instar a hacer al Gobierno, en sustitución de la Cámara, lo que al parecer es competencia de la Cámara y se encuentra en tramitación, aunque ciertamente con dificultades para ello. Pero, más allá de consideraciones competenciales y procedimentales y en cuanto al fondo del asunto, tenemos que recordar, señorías, que nuestro grupo parlamentario dio un sí condicionado a la toma en consideración de la ILP para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España. Como recordarán, sostuvimos que la iniciativa debería reorientarse hacia una regularización caso a caso y de modo causal, bien por motivos humanitarios, como la reagrupación familiar, entre otros, o por razones económicas y demográficas, en concurrencia con los derechos de las personas migrantes, para así eliminar la precariedad en sus contratos de trabajo, levantando el velo de los hoy abusivos y opacos y coadyuvando a la mejora de sus condiciones de vida, y por respeto también a su dignidad como personas. Como también conocerán, señorías, en el periodo de enmiendas a la ILP presentamos una en este sentido para posibilitar el tránsito de la irregularidad a la regularidad a través del contrato de trabajo, incluso sin periodo de carencia. Como es sabido, señorías, la aprobación en este tiempo de un nuevo reglamento de la ley de extranjería, a nuestro juicio, ha venido a aliviar la situación que era objeto de la ILP, especialmente a través del arraigo, una figura específica, como ya se ha dicho, respecto de las personas que están en irregularidad administrativa para que puedan incorporarse a la regularidad, que en el marco de la Unión Europea solo se dispone en España, aunque ciertamente el reglamento de la ley de extranjería no da solución a todo lo que se pretendía con la ILP porque el pacto de migración y asilo de la Unión no posibilita las regularizaciones colectivas y sin causa, como en otros momentos sí fueron posibles, y las que recientemente se han realizado por países de la Unión han sido, como hace poco recordó la secretaria de Estado de Migraciones, por un tiempo muy específico y no recogían simultáneamente la residencia y los permisos de trabajo, o bien eran permisos de trabajo para sectores específicos, como se hizo durante la COVID-19, o eran en sectores de trabajo o actividades estratégicas que se necesitaban por cuestiones puntuales, como fue en los casos de Portugal o Italia, donde hubo regularizaciones muy acotadas en el tiempo y en determinados sectores de actividad. En definitiva, señorías, nuestro grupo parlamentario mantiene respecto la ILP y su objeto y también respecto a esta iniciativa la misma posición que mantuvimos en su toma en consideración y en la enmienda presentada, lo cual no quiere decir que no seamos proclives a estudiar que se recorte, por ejemplo, el tiempo de arraigo para la obtención de autorización de residencia a quienes se les haya denegado su solicitud de protección internacional, máxime respecto a aquellas personas con contratos de trabajo regulares, ya que no tiene sentido que los pierdan, que pasen a una irregularidad durante meses y tengan que volver a pedir la residencia por arraigo e intentar conseguir un nuevo contrato de trabajo, o cualquier otra medida, siempre que se trate de regularizaciones causales, individualizadas personalizadas, ordenadas y con seguridad jurídica. Muchas gracias.

Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS

Gràcies, president. Bona tarda, senyories. La senyora Belarra, diputada de Podemos, ens porta a debat aquesta proposició no de llei per instar el Gobierno a aprovar, en el termini de dos mesos, la regularització de totes les persones estrangeres en situació administrativa irregular que es trobessin a l’Estat l’1 de novembre del 2021. Mirin, més de dos mesos és el temps que fa que aquesta cambra té pendent de tancar l’informe de ponència de la proposició de llei conseqüència de la iniciativa legislativa popular promoguda per la societat civil, per a la mateixa finalitat, i a què tots han fet referència. Pensem des de Junts que voler resoldre la incapacitat per arribar a acords en la tramitació de la proposició de llei en marxa, mitjançant l’aprovació d’una iniciativa no vinculant, mitjançant aquesta PNL, en aquests moments és, no només innecessari, sinó fins i tot absurd. Però entenem el que fa la senyora Belarra, el que fa Podemos, ho ha explicat ella mateixa, és evidenciar el que hem vist a les reunions de ponència per a la regularització extraordinària i el que hem vist en totes les intervencions d’aquesta tarda. El que fa aquesta proposició no és res més que airejar la dificultat per a alinear en un sol posicionament els dos grups que conformen el Gobierno, perquè aquesta iniciativa avanci. PSOE i SUMAR ho veuen diferent, com tantes coses i com està quedant clar en tots els punts d’aquest ple. Aquesta divergència es fa encara més evident amb les dues esmenes presentades. La primera, la del PSOE, que com gairebé sempre és un vaya, vaya, digo, digo. O dit d’altra manera, puntada de peu a la pilota perquè vagi endavant sense arribar mai a l’àrea, no fos que marquessin gol. I la segona, la de SUMAR i els altres, per pujar la pressió, per prémer l’accelerador, amb aquella dita o amb aquell argument tan populista de papers per a tothom. Esmenes que uns aprofitaran per posar-nos d’excusa i que altres segur que aprofitaran un cop més per traslladar-nos la responsabilitat de la situació i assenyalar-nos, assenyalar Junts. I el més trist és que ho faran renunciant a les especificitats i a les singularitats del nostre país, Catalunya. I, òbviament, el que ja saben és que nosaltres, Junts, senyora Belarra, sempre hem estat allà mateix, al costat i a favor de Catalunya, enlloc més. I en aquest moment, avui per avui, i en aquest àmbit, Junts per Catalunya ho condicionem tot a la delegació integral a la Generalitat de les competències en immigració mitjançant l’article 150.2 de la Constitució. Una gestió integral de competències, però també de recursos que han de servir per implementar una política migratòria des de Catalunya, una política migratòria que respongui als veritables interessos i necessitats del nostre país. Sí, del nostre país, en el marc normatiu europeu, però sense supeditar l’aplicació de les directives de la Unió a les prioritats d’Espanya, que sabem que són diferents de les de Catalunya. Mirin, a nosaltres ens trobaran sempre treballant per la independència. Mai per res que ens n’allunyi. I avui ho fem per a una delegació de competències que ens doni la capacitat de dissenyar una política pròpia basada en un model de drets i de deures, que asseguri l’accés a la catalanitat, a la cohesió social i a la viabilitat de la nostra nació. La política migratòria que des de Junts volem és la que ens ha de permetre donar resposta en temps i forma a la complexitat del fenomen i al repte demogràfic. El d’avui i el del futur. La política que a Junts volem és la que ens ha de permetre anticipar-nos, que Catalunya s’anticipi per no haver de parlar mai més de regularitzacions extraordinàries. Moltes gràcies. Gracias, presidente. La señora Belarra, diputada de Podemos, nos trae a debate esta proposición no de ley para instar al Gobierno a aprobar en el plazo de dos meses la regularización de todas las personas extranjeras en situación administrativa irregular que se encontraban en el Estado el 1 de noviembre de 2021. Miren, más de dos meses es el tiempo que hace que esta Cámara tiene pendiente tratar el informe de ponencia de la proposición de ley consecuencia de la iniciativa legislativa popular promovida por la sociedad civil para la misma finalidad a la que hacemos referencia. Pensamos en Junts que querer resolver la incapacidad para llegar a acuerdos en la tramitación de la proposición no de ley en marcha mediante la aprobación de una iniciativa no vinculante mediante esta PNL en estos momentos no solo es innecesario, sino incluso absurdo. Pero entendemos lo que hace la señora Belarra, lo que hace Podemos — lo ha explicado ella misma—, que es evidenciar lo que hemos visto en las reuniones de ponencia para la regularización extraordinaria y lo que hemos visto en todas las intervenciones de esta tarde. Lo que hace esta proposición no es nada más que airear la dificultad para alinear en un solo posicionamiento a los dos grupos que conforman el Gobierno para que esta iniciativa avance. PSOE y SUMAR lo ven distinto, como tantas cosas y como está quedando claro en todos los puntos de este Pleno, y esta divergencia se hace todavía más evidente con las dos enmiendas presentadas. La primera, la del PSOE, que, como casi siempre, es una «vaya, vaya, digo, digo», o, dicho de otro modo, puntapié al balón para que avance, sin llegar al área nunca, por si hubiera gol. Después, SUMAR y los demás, para sumar la presión, para apretar el acelerador con ese argumento tan populista del papeles para todos. Unos Enmiendas que aprovecharán para ponernos de excusa y que otros van a aprovechar, una vez más, para trasladarnos la responsabilidad de la situación y señalarnos, señalar a Junts. Y lo más triste es que lo harán renunciando a las especificidades y las singularidades de nuestro país, Cataluña. Evidentemente, lo que ya saben, señora Belarra, es que nosotros, Junts, siempre ha estado ahí mismo, al lado y a favor de Cataluña, en ningún otro lugar. Y, en este momento, hoy por hoy, y en este ámbito, Junts per Catalunya lo condiciona todo a delegar a la Generalitat las competencias en inmigración, según el artículo 150.2 de la Constitución, una cesión integral de competencias y también de recursos que deben servir para implementar una política migratoria desde Cataluña, una política migratoria que responda a los verdaderos intereses y necesidades de nuestro país ― sí, de nuestro país― en el marco normativo europeo, pero sin supeditar la aplicación de las directrices de la Unión a las prioridades de España, que sabemos que son distintas de las de Cataluña. Miren, a nosotros nos encontrarán siempre trabajando por la independencia, nunca por nada que nos aleje, y hoy lo hacemos por una delegación de competencias que nos dé la capacidad de diseñar una política propia basada en un modelo de derechos y deberes que asegure el acceso a la cohesión social y a la viabilidad de nuestra nación. La política migratoria que en Junts queremos es la que debe permitirnos dar respuesta en tiempo y forma a la complejidad del fenómeno y al reto demográfico, al de hoy y al del futuro. La política que en Junts queremos es la que debe permitirnos anticiparnos, que Cataluña se anticipe para no tener que hablar nunca más de regularizaciones extraterritoriales.

Josep Maria Cervera Pinart JxCAT-JUNTS

Moltes gràcies.

Rocío De Meer Méndez VOX

Gracias, señor presidente. Parece que aquí se normalizan los insultos de los de siempre. Los de siempre tienen carta blanca para insultar a los demás partidos políticos. Y, miren, a nosotros, al menos a nosotros, a VOX, no nos ofenden , pero con estos insultos ustedes lo que hacen es silenciar a millones de españoles que protestan, y lo hacen porque sus vidas han cambiado gracias a las políticas que ustedes vienen aquí a defender. Pero ¿saben qué? Que sus insultos, para los que ustedes tienen carta blanca, ya ni siquiera les funcionan. Ya nadie va a amordazar una realidad que se está viviendo en las calles de España y en las calles de Europa, a las que nosotros vamos a dedicarnos hasta el último minuto para ponerles fin. Vienen ustedes aquí a cristalizar, a que se acelere una regularización masiva de medio millón de personas en nuestro país. No sabemos quiénes son este medio millón de personas, no sabemos a qué han venido, no sabemos cuáles son sus antecedentes, no sabemos cuál es su cultura, no sabemos dónde viven entre nosotros, no sabemos nada sobre ellos. Y, miren, es insoportable. Ha llegado un momento en el que es insoportable. Señora Belarra, esta misma semana hay una familia en Múnich llorando la muerte de su niña de 2 años y la de su madre, que empujaba un cochecito. Esa niña de 2 años y su madre han sido asesinadas por sus políticas de fronteras abiertas. . Podemos viene hoy aquí a asegurarse de que vengan más. Al día siguiente, en las calles de Austria, un crío de 14 años también fue asesinado. Y son ustedes, son sus políticas, señora Belarra, son sus políticas, Partido Socialista, son sus políticas, Partido Popular, las que arrancaron la vida a ese crío de 14 años. Y parece que Podemos aún no tiene suficiente y viene aquí a perpetuar esa apertura de fronteras que acaba con vidas de españoles y europeos. Hubo un muerto y un herido horas después a cuchilladas en Francia, y ustedes vienen aquí a ponerse encima de las paredes de nuestra casa para que nadie las vuelva a levantar. Sábado, calles de Berlín. La víctima fue un español de 33 años, y ese cuchillo, señorías, señora Belarra, también lo empuñaban ustedes. . Ese cuchillo lo empuñaban todos aquellos que quieren la apertura de fronteras y que trabajan todos los días para que nuestras calles sean más inseguras. ¿Y saben qué? Que esta misma mañana también se han sufrido sus políticas en las calles de Ciudad Lineal, a machetazo limpio en las calles de Ciudad Lineal, cuyos vecinos están hartos y muertos de miedo. Hace unos meses estuve en una mezquita de La Mojonera y un tipo asiduo a esa mezquita había asesinado a su mujer degollándola días antes en la calle de al lado delante de su hija de 3 años. Son costumbres que ustedes importan a nuestras calles permanentemente. Todos estos sucesos les pilla a ustedes siempre callados, señorías. ¿Y saben qué? Que estamos hartos, que los españoles están hartos, que las fronteras y las políticas de fronteras abiertas matan. Matan nuestra seguridad, matan nuestra economía y matan nuestra identidad. ¿Qué creían, señorías, que traer procesos de inmigración masiva y desbordada a nuestras calles no iba a acabar con nuestra tranquilidad, no iba a acabar con la tranquilidad de los españoles de a pie? ¿De verdad creían eso? Las calles de España y de Europa están diciendo basta, pero para ustedes parece que aún no es suficiente. Dicen aquí, en su PNL, la PNL de la señora Belarra, que como España recibe treinta millones de turistas al año caben treinta millones de inmigrantes más en nuestro país. Respóndame a algo, señora Belarra, usted, que ha sido ministra, que ha tenido y tiene posibilidades: ¿cuántos inmigrantes ha metido usted en su casa? ¿Cuántos? Ninguno, ¿verdad? Inmigrantes en su casa con sus hijos, sin saber quiénes son, sin saber de dónde vienen, sin saber cuáles son sus antecedentes, sin saber cuál es su cultura, porque igual su cultura es que nuestras hijas caminen cinco pasos por detrás de los hombres. . Usted no ha metido ni uno de ellos en su casa, ¿por qué quiere meterlos en las casas de los españoles? ¿Por qué tienen que pagar ellos? Usted, señora Belarra, junto con el PSOE y el PP — ya termino, señor presidente— son la compañía aseguradora de las mafias, garante de las muertes en el Mediterráneo, la pieza que necesitan los tratantes de personas para que les vaya bien, la muleta perfecta de las patronales, de los económicos, que son quienes quieren que nuestras fronteras estén abiertas de par en par y que nuestros sueldos sean precarios, la facilitadora de los machetazos, de las cuatrocientas violaciones al mes, de la yihad en la Plaza Alta de Algeciras…

Rocío De Meer Méndez VOX

Termino, señor presidente.

Rocío De Meer Méndez VOX

Ustedes son el felpudo, el escupidero de los multimillonarios apátridas del mundo, que están afanados en desestabilizar España y Europa. Y solo hay una solución para salvar vidas…

Rocío De Meer Méndez VOX

…y es la remigración. Muchísimas gracias. .

Sofía Acedo Reyes PP

Gracias, señor presidente. Señora Belarra, aquí la única xenófoba, racista, sectaria y machista de libro es usted. Es usted. Además, tapa a presuntos agresores sexuales porque son sus líderes mesiánicos. . ¡Tápese un poquito, señora Belarra. ¡Tápese un poquito! Voy al tema que nos ocupa. Con la ILP de regularización de extranjeros el Partido Socialista y SUMAR engañaron vilmente a todos, pero especialmente a la población migrante, generándoles unas falsas expectativas, que, como ya avisamos, no eran reales. Les prometieron barra libre de regularización, que, como ya les dijimos, no iba a ser por una cuestión de imposibilidad legal, y por nuestra parte, concretamente, también por responsabilidad y por convicción. Señorías, en el marco de la Unión Europea no existen las regularizaciones masivas, todo se sustancia en procedimientos individualizados con cumplimiento exhaustivo de requisitos. Además, ustedes saben, señorías de Podemos, que el Gobierno lo podría haber aprobado en un real decreto de hoy para mañana. Si no lo han hecho es porque no quieren hacerlo, señora Belarra. No quieren hacerlo, y menos ahora con su cada vez más palmaria y evidente minoría. Pero sí, el Gobierno socialista sí ha llevado a cabo una regularización encubierta a través de la modificación del Reglamento de Extranjería. Sí la ha llevado a cabo, señorías. Por cierto, no he visto a sus señorías de VOX decir nada sobre este asunto ni presentar alegaciones. Entiendo que las trescientas páginas eran demasiadas con respecto a los 140 caracteres. Pero esto no es una crítica en absoluto, señorías, es una simple observación; somos plenamente conscientes de que para hacer oposición real pero firme al Gobierno de Sánchez ya estamos nosotros, el Partido Popular. . Ustedes, sin embargo, hacen buena pinza con Sánchez para hacer oposición al Partido Popular y, ahora también, al campo español. Está bien que todos sepamos dónde estamos cada uno. Está muy bien. Hablemos de inmigración. Hablemos de lo que hace este Gobierno con la gestión migratoria. La inmigración irregular en España está disparada: en 2024, más de 64 000 personas han entrado irregularmente a nuestro país. El Gobierno de Sánchez no ejecuta las órdenes de expulsión, menos de un tercio de las que se dictan. El Gobierno mantiene en precario las oficinas de extranjería y a las fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, provocando más irregularidad sobrevenida y la proliferación de mafias. Las personas están muriendo en el mar, señoría: más de diez mil personas muertas en el mar en el año 2024 porque se ha dado carta de naturaleza a estas rutas mortíferas. Y a la vez que hacinan a inmigrantes en los centros y gastan miles de millones de euros en sus traslados, los expulsan a la calle a los sesenta días y se desentienden. Pero todo esto no es casualidad, no, es una improvisación perfectamente organizada para generar verdaderos problemas en las ciudades receptoras, principalmente gobernadas por el Partido Popular, y así levantar el populismo del que se alimentan el Gobierno de Sánchez y la extrema izquierda. . Ustedes, señorías socialistas, con su nefasta gestión han provocado una preocupación ciudadana que no puede ser escondida ni por el CIS de Tezanos. Vayan con cuidado, porque de tanto forzar la máquina les va a pasar como a los socialdemócratas de Alemania. Tengan cuidado, señorías socialistas. En el Partido Popular, alejados de la brocha gorda, vamos a seguir defendiendo desde la responsabilidad una política migratoria seria y firme. Señorías, las fronteras existen y los países soberanos tienen el deber y la obligación de protegerlas. Los inmigrantes que vienen a España a trabajar y a vivir cumpliendo con la normativa son bienvenidos, pero aquellos que tienen expedientes de expulsión deben ser devueltos a sus países. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no son enemigas de los inmigrantes, sino que garantizan la seguridad y la protección de todos. Y en España, señorías, se respetan los derechos humanos, a diferencia de los países de referencia de muchas de sus señorías, como Venezuela o Rusia. . Por todo ello, no al papeles para todos. Residencia y trabajo para quienes cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Sí a la protección internacional para quienes tienen que huir, pero en ningún caso hacerles el negocio a las mafias que trafican con personas, muchas de ellas mujeres y niñas que acaban siendo explotadas sexualmente. Y sí al control de fronteras, a la ordenación de flujos, a la devolución de inmigrantes y a los acuerdos con terceros países para una colaboración efectiva. Ni demagogia ni falsa solidaridad ni engaños ni hipocresía. Inmigración, sí, pero regular, ordenada, segura y respetuosa con las normas y valores de España y la Unión Europea. Las propuestas populistas y disparatadas del socialismo y la izquierda radical tienen los días contados. Ya no engañan a nadie, son todos ustedes un verdadero fraude. Nada más y muchas gracias. .

Ione Belarra Urteaga SUMAR

Pedimos que se vote en los términos de la transaccionada con Esquerra, Bildu, SUMAR y BNG.

Ricardo Chamorro Delmo VOX

Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Lo que pretende esta iniciativa, consecuencia de la interpelación que hicimos el otro día el ministro Planas, es eliminar los verdaderos aranceles al campo que han llevado a cabo socialistas y populares con todas las políticas ecofanáticas y sus nefatos acuerdos de libre comercio con países de fuera de Europa, que siempre utilizan de moneda de cambio a nuestro sector agrario, siempre utilizan al campo español en esos oscuros acuerdos de libre comercio. El acuerdo de París, por ejemplo, que ya nombramos en la interpelación y que fue impulsado por el Partido Popular europeo y por el partido socialista ― pero ahí teníamos al comisario Arias Cañete―, sentó las bases del Pacto Verde Europeo al priorizar objetivos climáticos radicales en detrimento del desarrollo económico y la seguridad alimentaria de España y Europa. Los acuerdos de libre comercio, por ejemplo el de Marruecos o el de Egipto o el ahora pretendido y pendiente de ratificar de MERCOSUR, machacan al sector haciendo bajar los precios y forzando a nuestros productores y a nuestro sector agrario y al de Europa a competir con costes imposibles de asumir. El Partido Popular al parecer quiere imitar últimamente a Giorgia Meloni. Le decimos que imite al Partido Popular italiano en vez de al Partido Popular alemán, que ahora quiere gobernar con el Partido Socialista, incluso modificar la Constitución en contra de la segunda fuerza más votada. Imiten ustedes al Partido Popular italiano que está gobernando con Giorgia Meloni, como les he dicho, y con Salvini. Y le pedimos encarecidamente que vote a favor de quitar esta soga al campo, y se lo decimos también al resto de grupos que quieren ahora disimular ante el cambio que se está produciendo en Europa. Nunca es tarde para retrotraer esas políticas fanáticas que ustedes han impulsado. Aléjense, como digo, de la señora Von der Leyen. Aléjense y vengan ustedes al sentido común, a defender realmente al sector agrario europeo y al español. . Gracias a sus aranceles, tal y como los definió el señor Draghi en el Financial Times, a todas estas normativas absurdas de Bruselas ― así se lo dijimos al ministro Planas el otro día y se lo decimos a ustedes también―, unas cien mil explotaciones están en riesgo de desaparecer si no se toman las medidas urgentes que nosotros estamos defendiendo en esta iniciativa. No hay relevo generacional debido a la falta de rentabilidad de las explotaciones agrarias y también a ese Pacto Verde y a esas políticas ecoclimáticas que impulsan ustedes desde Bruselas. Es un drama debido, como digo, a esas políticas locas que hacen ustedes en Bruselas. Gracias a sus aranceles, gracias al Pacto Verde Europeo y a la Agenda 2030, se han perdido ya 14 300 empresas agrarias en España. Gracias a sus aranceles del Pacto Verde, han desaparecido 35 000 empleos en el sector primario. Gracias a sus aranceles, a su Pacto Verde, se ha producido una reducción del 4,8 % en el número de explotaciones y un descenso del 4,2 % en el empleo respecto a diciembre de 2021. Gracias a sus aranceles, del Partido Popular y del Partido Socialista, con sus normativas ecofanáticas, se han implementado normativas que han limitado y encarecido el uso de productos esenciales para el campo, como es el caso de los insumos agrícolas o el combustible, los fitosanitarios, etcétera, lo que se ha traducido en mayores costes para las explotaciones, en amenaza para su viabilidad y el debilitamiento de nuestra capacidad competitiva en los mercados internacionales. Gracias a las estrategias y políticas derivadas del Pacto Verde Europeo, es decir, de sus aranceles, el verdadero arancel europeo, han elevado los costes de producción y han impuesto exigencias ambientales, reduciendo drásticamente la rentabilidad de las explotaciones agroganaderas y comprometiendo su futuro. También gracias a sus políticas en el ámbito de los acuerdos de libre comercio, otro arancel para el campo. Por ejemplo, Marruecos superó a España y se convirtió en el primer vendedor de tomate en la Unión Europea, una posición que nuestro país había ostentado durante décadas, gracias a ustedes, Partido Popular y Partido Socialista, firmando esos acuerdos de libre comercio. . Al mismo tiempo, se ha permitido la importación masiva de productos que no cumplen los mismos requisitos fitosanitarios y laborales o medioambientales que los productos españoles, favoreciendo con ello, por lo tanto, la competencia desleal, ejercida, en este caso, por los productores marroquíes. Por último, otro nuevo arancel que quieren ustedes imponer a agricultores y ganaderos es el acuerdo de libre comercio de MERCOSUR, pendiente todavía de ratificar por las instituciones comunitarias y los Estados miembros, tras el acuerdo alcanzado en diciembre de 2024. En lugar de beneficiar a nuestros productores, va a favorecer a los países del bloque MERCOSUR al liberalizar el 82 % de sus importaciones agroalimentarias, sin exigirles el cumplimiento de las normativas fitosanitarias y laborales europeas. Estamos hablando de setecientos millones de habitantes, los que tiene MERCOSUR, y en este ámbito el salario medio es de 200 o 300 euros. Por lo tanto, los costes de producción para competir con esos países productores a nivel agroalimentario son imposibles para el sector agrario. Van a volver ustedes a arruinar al sector agrario y también van a hundir los precios de nuestros agricultores y ganaderos. Hay que darles a ustedes la enhorabuena, socialistas y populares. En el Congreso de los Diputados lo que nosotros pretendemos ahora mismo con esta iniciativa es que se rechace el Pacto Verde Europeo, que se reviertan todas las políticas derivadas de su aplicación por su impacto negativo en los intereses del pueblo español y en nuestra soberanía alimentaria; denunciar el Acuerdo de París hecho en París el 12 de diciembre de 2015, que tanto les gustó a ustedes en el 2015 ― lo impulsó su compañero Arias Cañete―, y del que ya ha salido, por ejemplo, Estados Unidos; rechazar el acuerdo comercial de MERCOSUR en todo aquello que perjudique los intereses de los productores españoles y, concretamente, al sector primario, al mundo rural y sus formas tradicionales de vida; promover a las instituciones europeas a que suspendan el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos, la revisión de los acuerdos comerciales con terceros países y suspender los que permitan la importación de productos que incumplan las exigencias fitosanitarias aplicables a los productos nacionales; suspender también de inmediato la financiación del sector agrícola en terceros países y reasignar esos fondos a la producción agroalimentaria nacional y europea; fomentar — ya termino, señor presidente— una política de conservación del medio natural compatible con la protección y desarrollo del sector primario; desarrollar una política agrícola pesquera y ganadera basada en el interés nacional; adoptar medidas para garantizar la rentabilidad y viabilidad de las explotaciones agrarias españolas, y reforzar la defensa frente a la competencia desleal de terceros países, mediante una serie de medidas. Por lo tanto, pretendemos defender nuestra soberanía alimentaria, defender los principios de la política agraria común…

Ricardo Chamorro Delmo VOX

… la preferencia comunitaria, la unidad de mercado y la solidaridad financiera, defender a Europa, no defender un tinglado que existe en Bruselas y que está arruinando a nuestros agricultores. Muchas gracias. .

Javier Sánchez Serna SUMAR

Gracias, presidente. VOX no podría traer otra moción sobre el campo español. Además de ser un calco de la que presentaron hace pocos meses, descansa sobre la misma idea de siempre, y es que los agricultores son tontos y VOX los puede engañar e instrumentalizar a voluntad. En esta ocasión, esta moción de VOX advierte sobre los graves peligros del Pacto Verde Europeo, un pacto que, por lo demás, está hecho a la medida del capital europeo, que no supone tampoco nada muy ambicioso, que no implica ninguna transformación social, pero que la ultraderecha nos lo pinta como la enésima conspiración del ecofanatismo y que, por supuesto, nos va a llevar a todos a la perdición. No sé si ustedes se creen mucho lo que dicen, señorías de VOX. En cualquier caso, no es este Pacto Verde, este pacto a medio gas, el que nos va a llevar a la perdición y sí un cambio climático que cada verano arroja temperaturas extremas y sequías como nunca antes las hubo. A pesar de los delirios negacionistas de la extrema derecha, existe un consenso científico mayoritario de que hemos superado los límites biofísicos del planeta, y esto tiene consecuencias catastróficas. Yo sé que a usted esto no le importa mucho, porque tampoco le pagan a usted por pensar. Ustedes, señorías de VOX, dicen hablar en nombre de los agricultores y los ganaderos asfixiados por las legislaciones medioambientales y las trabas burocráticas, pero estaría bien preguntarse qué han hecho ustedes por estos pequeños agricultores y ganaderos que dicen defender. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Votaron, por ejemplo, a favor de una ley de cadena alimentaria que prohibía la venta a pérdidas? No, no lo hicieron, y no lo hicieron porque a ustedes no les importa la pequeña explotación familiar, sino que trabajan por la macroexplotación y por la propiedad concentrada. ¿Votaron contra tratados de libre comercio que enriquecían a fondos de inversión y a grandes propietarios y empobrecían a esos pequeños agricultores y ganaderos? Rotundamente, sí. Ustedes, por ejemplo, han apoyado el tratado de libre comercio de la Unión Europea con Vietnam, que se carga de un plumazo regulaciones laborales y ambientales y golpea directamente a producciones arroceras europeas, y lo han hecho con el voto a favor de Hermann Tertsch y la abstención del señor don Jorge Buxadé. Señorías de VOX, ¿cuándo se lo van a contar a los arroceros valencianos o extremeños? Ustedes vienen aquí a pedir que se suspendan los acuerdos de libre comercio, pero luego, en el Parlamento Europeo, la realidad es que votan todos y cada uno de ellos. Y cuando el grupo de la izquierda, por ejemplo, en Europa, propone rechazar estos tratados de libre comercio y que se impongan regulaciones que protejan derechos laborales o ambientales, ustedes votan de forma sistemática con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Así que menos lobos. Repásese usted las votaciones de su grupo en Europa. . Aquí piden suspender el acuerdo de libre comercio de Marruecos, pero en Europa, cuando creen que nadie los está viendo, lo votan. Por eso, señorías de VOX, esta moción es una engañifa, un papel mojado, una pérdida de tiempo. Ustedes no están con el campo español, ustedes están con quienes exprimen y saquean el campo español. Por eso, ustedes votan unas veces a favor de los acuerdos de libre comercio contra nuestro campo, lo que les viene bien a los grandes capitales sin patria, a los fondos de inversión sin patria, y otras veces les toca apoyar los aranceles de Trump, que eso sí va a ser una ruina para nuestro campo español. . ¿Y todo para qué, señorías de VOX? ¿Para que Trump diga mal el nombre de su líder ― «Sandiego Obescal»― en la cumbre del saludo romano? ¿Para eso lo hacen ustedes? Miren, ustedes se llenan la boca con España y mucha España, pero la realidad es que no dejan de conspirar contra los intereses de nuestro país y nuestros trabajadores, y algún día vamos a saber a cambio de qué lo hacen ustedes. Las soluciones para el campo no son fáciles, pero si algo tenemos claro, es que ustedes no trabajan para los agricultores y para los ganaderos; es más, criminalizan a muchos de esos productores cuando hablan de paguitas por las ayudas que recibe la gente para que mantengan su actividad y tengan un mínimo de subsistencia. Podemos va a seguir reivindicando que se cumpla la ley de cadena alimentaria y se pongan sanciones ejemplares a todas aquellas grandes distribuidoras que ahora mismo no están cumpliendo esa ley. Lo vamos a hacer nosotros, y ustedes no lo van a hacer. Nosotros y nosotras vamos a seguir denunciando todos los tratados de libre comercio que no respeten nuestras normas laborales, ambientales y sanitarias y que supongan jugar a la competencia a la baja. VOX, pese a lo que diga esta moción, no lo va a hacer, porque ustedes no trabajan para el pequeño, ustedes trabajan para el grande y para el fondo de inversión apátrida. Por último, en Podemos tenemos muy claro, como le digo, que vamos a estar con los pequeños productores frente a esos fondos de inversión que están acaparando la tierra, que están acaparando las ayudas y que practican una agricultura intensiva que esquilma nuestro territorio. Lo hará Podemos, VOX no lo hará, porque la extrema derecha ― ya nos lo han demostrado muchas veces― está con los grandes propietarios y con los fondos de inversión. Este tipo de mociones solo son un espantajo que engaña cada vez a menos gente. Nada más. Muchas gracias. .

Teresa Jordà i Roura ERC

Molt bona tarda, diputades i diputats. Deixi’m començar amb dues notícies, una de bona i una de dolenta. No sé amb quina s’acostuma a començar. Jo començaré per la dolenta. És innegable que no estem complint amb els compromisos de lluita contra el canvi climàtic. De fet, el mes de gener d’enguany, les dades del Servei de Canvi Climàtic de la Unió Europea van revelar un panorama si més no alarmant. I és que el 2024 es va superar en 1,6 graus el nivell de l’era preindustrial, i aquesta xifra el que feia era marcar el primer any en què s’excedia d’un grau i mig el llindar fixat pels Acords de París per evitar els pitjors efectes del canvi climàtic. Això és una realitat. Els darrers deu anys han estat els més càlids registrats i els rècords s’estableixen a un ritme imparable. I per molt que els diputats i les diputades de VOX neguin cada cop que respiren ¿per cert, el mateix aire que tots¿, les evidències científiques ens diuen que ens acostem a una situació irreversible. I, en aquest context, justament en aquest context, les polítiques per mitigar el canvi climàtic han de ser europees i han de ser globals, ja que ningú se’n salva en un món interconnectat. Els incendis de Los Angeles, la DANA del País Valencià, la sequera de l’Amazones o les inundacions de l’Àfrica Oriental són exemples claríssims dels efectes d’aquest fenomen a escala evidentment planetària. El negacionisme climàtic, senyores i senyors de VOX, sovint es barreja amb la defensa del sector primari, vostès en són especialistes, i s’intenten vincular a temes com Mercosur amb la protecció de la pagesia. Mirin, avui la pagesia i la sostenibilitat han d’anar de la mà. I aquest és un clam que, des del Grup Republicà, fem sempre i ho fem a la ministra de Transició Ecològica i ho fem al ministre d’Agricultura. Sempre. Perquè al final la producció agrària ha de ser sostenible, sostenible amb tres vectors: ambientalment, socialment i també econòmicament. I, evidentment, les polítiques que afecten el sector s’han de fer al costat del sector. Crec que és important destacar que Esquerra lidera la defensa dels nostres pagesos i ramaders sempre, però sobretot en el Tractat de la Unió Europea amb Mercosur; mentre que altres, Junts per Catalunya ¿que avui en aquests moments no hi ha ningú¿ o el PSC, per exemple, el conseller Ordeig l’altre dia, voten a favor a Brussel·les. Nosaltres, Esquerra Republicana ens oposem a un acord que no garanteix ni criteris de qualitat ni tampoc criteris sanitaris, que afavoreix les grans empreses agroalimentàries i que no posa la lluita contra el canvi climàtic al centre de l’agenda. I ara la bona notícia. La bona notícia és que hi ha marge, hi ha marge per fer bones polítiques. Al Brasil, per exemple, el Govern de Lula ha aconseguit reduir en un 30 % el ritme de desforestació de l’Amazones, per exemple. I a Europa també s’ha arribat a bons acords comercials, acords compatibles amb les polítiques climàtiques, com per exemple l’experimentat amb Nova Zelanda. Aquestes experiències ens demostren que és possible actuar amb decisió i que és possible també actuar amb responsabilitat. Mentrestant, el moment actual és molt difícil per als treballadors del sector productiu. Ho sabem. La pagesia viu amb la frustració de veure com els màxims responsables polítics ¿PP i PSOE, VOX no hi espatlla absolutament res¿ actuen d’esquena a ells i actuen en contra dels seus interessos, tot intentant combatre les conseqüències d’aquestes decisions, que al final són les que prenen ells, com per exemple els acords de Mercosur o, per exemple, les asfixiants quotes pesqueres. En aquest escenari, i acabo president, VOX torna a exercir el seu ja recurrent intent d’instrumentalització i manipulació del sector agroalimentari. Quan VOX diu, quan vostès diuen que recolzen el camp, menteixen. No passa de convertir les dificultats del sector en lemes de campanya. No n’hi ha prou. Aquesta estratègia evidencia¿, que vostès evidencien, val a dir, per fer gestos teatrals, com per exemple fer-se un selfie davant damunt d’un tractor, és veritat que els ha permès ocupar alguns llocs, per exemple a Castella i Lleó, a l’Aragó o al País Valencià. Però quines millores han aconseguit vostès en aquests llocs? Doncs miri, els ho dic: a Castella i Lleó seran recordats per haver provocat situacions de risc altíssim per a la salut de persones i d’animals; A l’Aragó, les mesures promeses per pal·liar la sequera i millorar les condicions del camp han quedat enterradíssimes en la retòrica, i al País Valencià han quedat promeses trencades amb la manca de complementació d’ajudes europees, òbviament, retards en els pagaments i un llarg etcètera. És a dir ¿i acabo ara sí¿ el que sí que fan vostès, senyories de VOX, és votar a Brussel·les en contra de regular els tractats de comerç per evitar que s’enfonsin els preus del producte local. I vostès també el que fan a Brussel·les és votar en contra de prohibir la revenda a pèrdues o de controlar els preus dels insums dels processos productius. Això ho fan vostès i no és cap sorpresa, ja que, si tenen amics, els seus amics són sempre, i no es confonguin, les empreses macro i grans empreses agroindustrials. Res més. Moltes gràcies, president. Buenas tardes, diputadas y diputados. Déjenme empezar con dos noticias, una buena y otra mala. No sé con cuál se empieza normalmente, yo empiezo con la dolenta. Es innegable que no estamos cumpliendo con los compromisos de lucha contra el cambio climático. De hecho, el mes de enero de este año los datos del servicio de cambio climático de la Unión Europea mostraron un panorama como mínimo alarmante, y es que en el 2024 se superó en 1,6 grados el nivel de la era preindustrial. Esta cifra lo que hacía era marcar el primer año en el que se excedía en un grado y medio el umbral fijado en París respecto al cambio climático. Esto es una realidad. Los últimos diez años han sido los más cálidos registrados y los récords se establecen a un ritmo imparable. Por mucho que los diputados y las diputadas de VOX lo nieguen cada vez que respiran — por cierto, el mismo aire que todos—, las evidencias científicas nos dicen que nos acercamos a una situación irreversible. Justamente en este contexto, las políticas para mitigar el cambio climático deben ser europeas y globales, ya que nadie se salva en un mundo interconectado. Los incendios de Los Ángeles, la dana del país valenciano, la sequía del Amazonas, las inundaciones en África oriental son ejemplos muy claros de los efectos de este fenómeno a escala planetaria. El negacionismo climático, señoras y señores de VOX, normalmente se mezcla con la defensa del sector primario. Ustedes son especialistas y mezclan temas como el Mercosur con la protección del campesinado. Hoy el campesinado y el clima tienen que ir de la mano. Nosotros lo decimos claramente. Lo decimos a los ministros correspondientes porque, al final, la producción agrícola tiene que ser sostenible ambiental, social y también económicamente. Evidentemente, las políticas que afectan al sector tienen que hacerse junto al sector, de la mano del sector. Es importante decir que Esquerra defiende a los ganaderos y agricultores siempre, también en la Unión Europea y en el Mercosur. Mientras tanto, Junts per Catalunya — que ahora mismo no hay nadie— o el PSC con el conseller Ordeig el otro día votan a favor en Bruselas, mientras nosotros, Esquerra Republicana, nos oponemos a un acuerdo que no garantiza ni criterios de calidad, ni sanitarios, que favorece a las grandes empresas agroalimentarias y que no pone la lucha contra el cambio climático en el centro de la gente. Ahora, la buena noticia. La buena noticia es que hay margen para hacer buenas políticas. En Brasil, por ejemplo, el Gobierno de Lula ha conseguido reducir en un 30 % el ritmo de deforestación del Amazonas, y en Europa también se ha llegado a buenos acuerdos comerciales compatibles con las políticas climáticas como, por ejemplo, lo acordado en Nueva Zelanda. Estas experiencias demuestran que es posible actuar con decisión y que es posible también actuar con responsabilidad. El momento actual es muy difícil para el sector productivo, lo sabemos. Los agricultores y ganaderos viven con la frustración de ver cómo los máximos responsables políticos — PP y PSOE; VOX aquí ni actúa—, actúan contra sus intereses, intentando combatir también las consecuencias de estas decisiones que al final son las que ellos adoptan, como, por ejemplo, los acuerdos de Mercosur o las asfixiantes cuotas pesqueras. En este escenario, VOX sigue intentando instrumentalizar el sector alimentario. Cuando VOX dice, cuando ustedes dicen que apoyan al campo, mienten; no pasan de convertir las dificultades del sector en lemas de campaña. No basta. Esta estrategia que ustedes evidencian para hacer gestos teatrales ― como, por ejemplo, hacerse una selfi sobre un tractor, es cierto― les ha permitido ocupar algunos lugares en Castilla y León, Aragón o el país valenciano. Pero, ¿qué mejoras han conseguido ustedes en estos lugares? Se lo voy a decir: en Castilla y León serán recordados por haber provocado situaciones de alto riesgo para la salud de personas y animales; en Aragón, las medidas prometidas para paliar la sequía y mejorar la situación del campo han quedado simplemente en la retórica; y en el país valenciano, son promesas rotas con la falta también de ayudas europeas, retrasos de pagos, etcétera. Es decir — y ahora sí termino— lo que sí ustedes hacen, señorías de VOX, es votar en Bruselas en contra de regular los tratados de comercio para evitar que hundan los productos de comercio local, lo que hacen ustedes en Bruselas es votar en contra de prohibir la reventa a pérdidas o controlar los precios de los insumos de los procesos productivos. Esto es lo que hacen ustedes y no sorprende porque sus amigos, y no se confundan, son siempre, las grandes empresas macroindustriales. Muchas gracias. .

Juan Antonio Valero Morales SUMAR

Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Cuando VOX trae una moción sobre el campo yo reconozco que tengo esa amarga sensación de vivir en el día de la marmota porque siempre vienen a contar los mismos mantras. Da igual que todavía se esté quitando barro en las zonas de la dana, ustedes siguen negando el cambio climático antropogénico. Da igual que los fondos de inversión se estén haciendo con el campo, que cuatro de cada diez euros de beneficios que da el campo ya se los quedan los fondos de inversión, la mayoría estadounidenses, que ustedes siguen cargando las tintas contra el fantasma de las políticas verdes cuando hay vampiros de verdad que se están haciendo con los beneficios del campo. . Su discurso, señorías de VOX, es una estafa piramidal como las criptomonedas de Milei. Ustedes quieren lo mismo que Milei, quieren convertir todo en un casino y por eso no señalan a los especuladores que se están haciendo con el campo. Ustedes son como Milei, quieren una motosierra para podar todo aquello que les suena a regulación y control, y por eso atacan al Pacto Verde Europeo y al Acuerdo de París, porque es regulación y control, y ustedes quieren un casino y quieren la ley de la selva. . Llama mucho la atención la de veces que usted ha dicho «aranceles». Llama mucho la atención que vengan a hablar del campo y no digan nada de lo que hoy está atormentando a agricultores y ganaderos en nuestro país. Llama mucho la atención que en su discurso haya un silencio atronador sobre lo que hoy preocupa a las cooperativas. ¿Cómo es posible que ustedes, que están a pie de obra, en los campos, en las calles, pisando el terreno, no hayan escuchado en ninguna barra de un bar por qué no duermen hoy los agricultores?, ¿cómo es posible que no hayan dicho nada de la guerra comercial que ha declarado Donald Trump al campo español con aranceles ilegales? . No lo han hecho porque ustedes van de patriotas, pero están al servicio de Donald Trump, sois la franquicia de Donald Trump en España , sois unos cipayos de una potencia colonial, eso es lo que sois. Trump impulsa un proceso «descivilizatorio» y ha declarado una guerra comercial a Europa y España. Nos quiere sometidos comprando sus manufacturas, comprando su gas licuado, comprando su armamento y con Gobiernos autoritarios títeres con gente como ustedes al mando. Por eso, digan a los agricultores y ganaderos que los fondos de la PAC los prefieren para comprar armamento estadounidense; digan por qué al señor Abascal le invitan a las fiestas en la Casa Blanca; digan por qué el otro día el señor Trump felicitó a «Sandiego Obescal»; díganlo, son la quinta columna de la Internacional reaccionaria. . Esta guerra arancelaria de Donald Trump nos pone por delante de tres realidades ante las que tiene que responder este país. La primera es que la ultraderecha de VOX es el caballo de Troya, es la franquicia de Trump en España; la segunda es que hay que romper la dependencia con los Estados Unidos, porque Trump nos quiere sometidos como una colonia, y la tercera es que hay que reorientar el sector agroganadero, excesivamente dependiente de las exportaciones. Hay que fomentar el consumo de proximidad y hay que poner en marcha instrumentos como la seguridad social alimentaria. El Estado tiene que asimilar el derecho a la alimentación al derecho a la sanidad, al derecho a la educación y, siguiendo el modelo de la Seguridad Social, proporcionar una tarjeta vital alimentaria para garantizar el acceso a la población a productos de ganadería y agricultura ecológicas, con precios justos para los productores. Señorías, los fondos de inversión se están haciendo con el campo. Novecientos fondos de inversión ya controlan más de 100 000 millones de euros en tierras en nuestro país. Estos fondos están implantando el modelo Uber; el modelo Uber es que acaparan tierras de regadío, eliminan puestos de trabajo, ponen a los agricultores a trabajar tierras que eran suyas, pero ahora como asalariados, y esto trae unas consecuencias nefastas. La uberización del campo trae como consecuencia la precarización de la mano de obra, el deterioro del medioambiente por sus prácticas intensivas, la falta de relevo generacional y el despoblamiento del mundo rural. Por tanto, el campo español está siendo invadido, pero no por los migrantes que vienen a generar riqueza con su trabajo, está siendo invadido por especuladores extranjeros que hoy se llevan casi la mitad de los beneficios del campo. . ¿Por qué ustedes, señorías de VOX, no hablan de esto? Pues porque sois los manijeros de los fondos de inversión, porque sois los manijeros de los especuladores. Igual que defendéis los intereses de los especuladores del sector inmobiliario, criminalizando a los inmigrantes para desviar la atención, defendéis a los especuladores y fondos de inversión en el campo, criminalizando las políticas verdes para desviar la atención. . Los problemas del campo no se resuelven con su estafa piramidal. Los problemas del campo se resuelven por cuatro caminos: proteger a la ganadería y agricultura socialmente necesarias, y para eso hay que cumplir la ley de cadena alimentaria; adaptar al sector a la crisis climática; combatir la especulación de las distribuidoras, y para eso hace falta un impuesto a los excesivos márgenes de beneficios de estas distribuidoras para que dejen de especular , y, también, fortalecer los servicios públicos en el mundo rural. Porque quienes garantizan que vengan alimentos del campo merecen tener un pueblo en el que vivir, merecen tener donde arraigarse y necesitan seguridad, la seguridad que da la sanidad pública, la educación pública y la dependencia. Gracias, presidente. .

Herminio Rufino Sancho Íñiguez PSOE

Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Señorías, sin agricultores, no hay agricultura; sin ganaderos, no hay ganadería. Esto que puede parecer obvio, no lo es para ustedes, señorías de VOX, no lo es para usted, señor Chamorro, a tenor de su intervención de hoy. Permítame, señor Chamorro, preguntarle algo: ¿Usted cree en los agricultores? ¿Usted cree en los ganaderos? Señor Chamorro, ¿usted cree en la explotación familiar agraria y en el modelo mayoritario? . No asienta, ya le digo yo que no. . Ya le digo yo que no. Pero, señorías de VOX, no hace falta que nosotros le quitemos la careta, se la quitan ustedes solos en cuanto tienen alguna responsabilidad de gobierno. Es lo que hicieron en mi comunidad autónoma, en Aragón, cuando entraron en el Gobierno del presidente Azcón. Una de sus máximas prioridades fue derogar la ley de agricultura familiar, por cierto, junto con la ley de memoria democrática. Sí, señorías, derogar la ley de agricultura familiar que había puesto en marcha el Gobierno de Aragón anterior, porque ustedes no defienden a los agricultores, ustedes no defienden a los ganaderos, ustedes defienden a unos pocos y representan a muy pocos. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes se encuentran cómodos poniéndose al lado de los fondos de inversión que vienen a la tierra a especular, no a producir alimentos. Ustedes no apoyaron la ley de la cadena alimentaria y ustedes no apoyarán de ley de agricultura familiar que va a traer el Gobierno del presidente Pedro Sánchez a este Congreso, estoy convencido de que no la van a apoyar. Permítanme que me dirija al Grupo Popular, porque estoy convencido — y me duele— de que ustedes tampoco van a apoyar esa ley de agricultura familiar que va a traer el Gobierno del presidente Sánchez a este Congreso. Señor Gallardo, señor Folch, señora Marcos ― no sé si está por ahí―, me encantaría felicitarles por apoyarla, me encantaría, pero estoy convencido de que no lo van a hacer. Solo tuve que escuchar el otro día al consejero de Agricultura de Aragón, al señor Izquierdo, con cierta sorpresa, como defendía y ponía en valor a los fondos de inversión. Es algo que se lo deberán mirar ustedes. Nosotros, señorías, una vez más, vamos a estar al lado de los agricultores y de los ganaderos. Lo dijo el presidente Pedro Sánchez, aquí, en esta sede parlamentaria. . Estaremos a su lado en esta transición que hay que hacer a ese nuevo modelo productivo agrario que tenemos que afrontar. Sí, en la agenda verde, fruto del cambio climático; sí, señor Chamorro, fruto del cambio climático. Nadie que no crea en el cambio climático puede ayudar a los agricultores y ganaderos; nadie que no crea en la Unión Europea puede ayudar a los agricultores y a los ganadores. . Repito: nadie que no crea en el cambio climático puede ayudar a los agricultores y ganaderos. Evidentemente, nosotros tenemos políticas para poder afrontar estos desafíos de una forma directa, con una PAC inclusiva, que redistribuya fundamentalmente hacia los agricultores que trabajan, a los que madrugan, a los que están en la actividad; hacia el modelo que hemos defendido siempre: la explotación familiar agraria; hacia la incorporación de jóvenes, no podemos permitir que haya uno menos en el censo agrario. Señorías, hay que redistribuir y hay que impulsar una PAC inclusiva, que garantice la renta de los agricultores en esta transición que tenemos que hacer. Fruto de estas políticas seremos capaces de terminar con la mayor enfermedad que ha tenido la biodiversidad, que fue el desacoplamiento de las ayudas a la ganadería extensiva. Todos los que defendemos a los agricultores y a la agricultura debemos tener muy presente que hay que tener unos seguros que cubran los costes de producción de los secanos más áridos y de las zonas más vulnerables, porque no tener acceso al agua no quiere decir que no tengamos que seguir haciendo agricultura. Señorías de VOX, he escuchado sus puntos — los había leído esta mañana y lo leí el otro día— y son una contradicción en sí mismos. Ustedes mismos se contradicen. Solo les pido que no utilicen a los agricultores. Así pues, como nieto, hijo y padre de agricultores, quiero terminar diciéndoles, señorías de VOX, señorías del Grupo Popular ― de la derecha―, como diría La Bullonera — un grupo de mi tierra, de Alcorisa—, que son la peor enfermedad que ha padecido el campo nunca, «son una plaga peor que el gorgojo y la patera». Muchas gracias, señor presidente. .

Manuel García Félix PP

Gracias, señor presidente. Señorías, comparezco en esta Cámara para fijar nuestra posición en relación con la moción presentada por el Grupo Parlamentario VOX sobre el Pacto Verde Europeo y su impacto en el sector primario en España. En el Grupo Popular sabemos que el campo español se encuentra en una situación crítica, pero de igual manera entendemos que es debido a la incompetencia, la dejadez y la falta de una política agraria coherente por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. . Su nefasta gestión convierte al PSOE, cada vez que gobierna, en experto en castigar al campo. Por ejemplo, ahí está la aprobación de un plan estratégico, la PAC, muy restrictivo y perjudicial para los intereses de nuestra agricultura, sobre todo, para Andalucía, mi tierra, donde se ha perdido en el marco 2023-2027 casi 500 millones de euros. Las cifras son contundentes y reflejan una realidad incontestable en estos años de Gobierno de Pedro Sánchez: descenso de la renta agraria, destrucción de empleo ― el sector primario ha perdido más de 30 000 puestos de trabajo―, aumento de los costes de producción, competencia desleal de terceros países o burocracia excesiva. Nosotros consideramos el campo como una fuente de riqueza, de empleo, de desarrollo que evita la España vacía de tradición, de cultura ancestral, porque, como decía Rousseau, la agricultura es la primera de las artes. . Es necesario dejar claro que el problema se aloja en las políticas erráticas y dogmáticas del Gobierno socialista; un Gobierno dividido que no gobierna ni se le espera, que ha perdido durante esta legislatura en esta Cámara más de ochenta y cinco votaciones y ha convertido el campo español en el laboratorio de sus políticas ideológicas sin ofrecer soluciones a los desafíos que les plantea el sector. Señorías de VOX, con la misma intensidad que abrazáis los populismos internacionales, hacéis lo propio con nosotros, porque vuestra oposición no es a las políticas del ministro Planas, verdadero causante del atropello y empobrecimiento de nuestra agricultura, sino que es constantemente al grupo de la oposición de este hemiciclo (señalando al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso). Ustedes mismos os retratáis. . Por eso entendemos, con fundamento, que las soluciones que planteáis adolecen de una falta de rigor técnico y estratégico que no puede obviarse. Proponer la derogación del Pacto Verde Europeo sin alternativa alguna nos parece una postura simplista e inviable. Además, una curiosidad: cuando se aprobó el Pacto Verde Europeo, ¿el comisario era de vuestra familia política en Europa? . ¿Es casualidad o es virtud? De la misma manera, plantear la salida del Acuerdo de París supondría aislar a España en el concierto internacional. Por lo tanto, queremos saber: ¿ustedes, de qué lado están?, ¿del lado de los intereses de nuestros agricultores o, por el contrario, del lado de otros intereses, que desde luego son contrarios? Y si finalmente se gravan nuestros productos alimenticios con un impuesto arancelario, ¿con quién estaríais de acuerdo?, ¿os mantendríais en un silencio cómplice? . Porque claramente iría en perjuicio de nuestras exportaciones agrarias. Solo os pedimos que cuando llegue el momento de la verdad, que va a llegar, no dejéis en la estacada a nuestros agricultores. No se puede nadar y guardar la ropa al mismo tiempo y los populismos, bien de derechas, bien de izquierdas, no conducen a ningún sitio. Nuestro presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado recientemente una ley de fiscalidad agraria en la que se dan soluciones efectivas y realista como la reducción de la presión fiscal ― esto ya sucede en mi tierra, Andalucía, porque el Gobierno de Juanma Moreno es un ejemplo de gestión y de bajada de impuestos a los agricultores ―, la revisión de la burocracia en las tramitaciones, las deducciones fiscales en seguros agrarios o un plan de modernización del regadío, entre otras muchas propuestas. Termino. El Partido Popular ha demostrado ser siempre el partido de los agricultores , con un compromiso cierto: trabajar de la mano de todas las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias, sabiendo escuchar sus propuestas y atendiendo sus demandas.

Manuel García Félix PP

Termino, señor presidente. El campo es el alma de los pueblos, la tierra es generosa porque nos devuelve con abundancia lo que en ella sembramos con esfuerzo. Soy de Huelva, una provincia eminentemente agrícola…

Manuel García Félix PP

… de la campiña y de mi pueblo, La Palma del Condado, del que tantos años fui alcalde, que tiene como una de sus identidades la viticultura. Por eso, sé de lo que hablo, pero sobre todo siento lo que digo. Muchas gracias. .

Aurora Nacarino-Brabo Jiménez PP

Gracias, presidente. Señorías, empecemos por el principio. El 31 de mayo de 2018, hace casi siete años, el diputado José Luis Ábalos subió la escalera de esta tribuna, se aclaró la garganta y defendió durante cuarenta y cinco minutos la moción de censura que pondría fin al Gobierno de Mariano Rajoy para llevar a Pedro Sánchez a la Moncloa. Aquel Día D del sanchismo Ábalos habló de dignidad, decencia y democracia, y el resto es historia. Si Sánchez eligió a Ábalos para la misión más trascendente de su carrera política, fue porque nadie le merecía más confianza que él. José Luis había estado a su lado en los peores momentos, cuando tuvo que abandonar la secretaría general porque el partido no le siguió en su veleidad de pactos con los independentistas. ¡Qué tiempos! ¿Verdad, señorías del Grupo Socialista? José Luis le había acompañado en su gira en coche, como Koldo, como Cerdán, por las agrupaciones socialistas de toda España para ganar unas primarias a Susana Díaz. Con ellos empezó todo. Eran los hombres de Sánchez y así lo reflejaban los periódicos de la época. Un titular del diario El País en 2017 decía: Ábalos, el hombre para construir el partido de Pedro Sánchez. Ya nos avisaban de que el partido de Pedro Sánchez y el PSOE no eran la misma cosa. . Pero allí estaba José Luis y sobre esa piedra Sánchez edificó su iglesia. El presidente le entregó todo el poder: fue su jefe de campaña, en el Congreso lo nombró portavoz, en el partido secretario de organización, y en el Gobierno ministro de la cartera que más fondos públicos reparte a las empresas. Han pasado muchas cosas desde entonces. La iglesia de Sánchez cada vez tiene menos fieles y José Luis ya no está. «Sabes que te tienes que ir ¿verdad?», le dijo el presidente cuando le llamó para fulminarlo. Y todavía no nos ha explicado por qué se tenía que ir. A Ábalos se le imputan hoy cuatro delitos de integración en organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias; a su mano derecha, Koldo García, el guardián de los avales de Sánchez, el corazón comprometido, el referente socialista, como lo llamó el presidente, se le considera el brazo ejecutor de una trama de corrupción ligada a la compra de mascarillas en los días en que el común de los españoles vivíamos encerrados en nuestras casas, y Santos Cerdán estoy segura de que ha conocido tiempos mejores. En cuanto al presidente, están imputados su mujer, su hermano, su fiscal general y su ex número dos. Ya saben: dignidad, decencia y democracia. En resumen, Ábalos, Koldo, Cerdán, Sánchez… El coche está para el desguace. Y eso demuestra que la corrupción que rodea a este Gobierno no es una anécdota. No puede considerarse circunstancial ni accidental ni contingente, porque está en el mismo embrión, en el núcleo fundacional del sanchismo. . La corrupción, quién sabe si todavía en potencia o ya en acto, viajaba en 2016 a bordo de aquel coche con Pedro Sánchez. Es irónico. Llegaron al Gobierno con la promesa de combatir la corrupción, y hoy no hay un solo día en que la prensa no hable de la corrupción de este Gobierno. Han colonizado todas las instituciones, han atacado la separación de poderes y han mentido a mucha gente, a gente que les confió su voto, y, en lugar de rendir cuentas, vienen aquí cada semana a hacer oposición a la oposición. Y mientras se dedica a hacer oposición a la oposición, claro, el Gobierno no gobierna, porque lo peor de todo es que un Gobierno que destina toda su energía a defenderse en los tribunales, a apagar fuegos en su coalición y a renegociar en Suiza su hipoteca con Puigdemont carece del liderazgo y la capacidad ejecutiva para hacer frente a los desafíos que España y Europa tienen por delante, y créanme que son desafíos de primer orden. Hay muchas razones que pueden llevar a una persona a corromperse. Contra la corrupción no sirve de vacuna la ideología ni la moral religiosa ni el género ni la clase social, pero siempre hay un denominador común: todos los que se corrompen creen que a ellos no les van a pillar. Pero todos se equivocan. Contra la corrupción solo vale una cosa: atarse al mástil de las instituciones, como un Ulises, para no sucumbir a sus cantos de sirena. Eso es lo que hoy les propone mi grupo a sus señorías. Esta moción ofrece un pacto, un acuerdo para fortalecer nuestras instituciones en materia de colaboración con la justicia, en materia de transparencia y en materia de autonomía e independencia, siguiendo las recomendaciones que la Comisión Europea le hizo a España en su informe sobre el Estado de derecho. Y es algo más; es un recordatorio de la función de este Parlamento, que es escrutar al poder y pedir explicaciones, y la función de cualquier Gobierno, que es ofrecer respuestas y rendir cuentas. Creemos que no puede haber justificación para votar en contra de esta iniciativa. No hay excusas para seguir callando. Hoy mismo el juez del Supremo ha dicho que el fiscal general, y cito textualmente, ha hecho desaparecer pruebas. No sean ustedes como el fiscal general, sean mejores, como aquel juez americano, Louis Brandeis, que decía que la luz del sol es el mejor desinfectante. Que se haga la luz, pues. El Gobierno debe despejar todas las incógnitas, debe relatar todos los pormenores de la relación de la trama con los distintos ministerios, y sus señorías deben saber que guardar silencio ante ciertas conductas no es propio de socios, sino de cómplices. Tampoco está muy claro qué clase de sociedad es esta. ¿Qué coalición puede fundarse sobre el único propósito compartido de hacer imposible la alternancia? Acaso una de socorros mutuos, pero, desde luego, no una de progreso. En fin, señorías, dijeron que llegaban con tres banderas, pero en realidad llegaban, como el poeta, con tres heridas, ya saben, la de la dignidad, la de la decencia y la de la democracia. Muchas gracias. .

Andrés Alberto Rodríguez Almeida VOX

Muchas gracias, señor presidente. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, han traído a debate una iniciativa que vuelve a poner de manifiesto la abdicación del Partido Popular en todo lo que puede representar una verdadera oposición al PSOE, colaborador necesario del bipartidismo con quien se empeñan en pactar y desprestigiar las más altas instituciones del Estado. Esta moción es la mejor prueba de esa falsa confrontación y de la renuncia a una oposición real y efectiva, ya que, ante la extrema gravedad de los hechos de corrupción y colonización de las instituciones y poderes del Estado, se limita a pedir informes, explicaciones o colaboración con la justicia a un Gobierno que todos los españoles contemplan indignados cómo guarda silencio ante los tribunales o, incluso, se permite mentir abiertamente negando unas relaciones y contactos con los ya autodeclarados participes de la trama de corrupción que alcanza a ministros y a familiares del presidente del Gobierno. Al contrario de esta falsa oposición del Partido Popular, VOX ha registrado unas enmiendas para introducir en esta iniciativa una batería de acciones proporcionadas a la gravedad de la corrupción que inunda a este Gobierno. En primer lugar, promover la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la finalidad de que los doce vocales de origen judicial del mismo sean elegidos mediante voto personal, igual, directo y secreto, por y entre los propios jueces y magistrados, y de imponer la observancia exclusiva del criterio reglado de la antigüedad en la carrera judicial con arreglo a su escalafón para la provisión de plazas en el Tribunal Supremo y en las presidencias de los tribunales de justicia. Recordarán, señorías, que ustedes decían que el pacto de la infamia que hicieron con el PSOE para entregar el Consejo General del Poder Judicial incluía una reforma, y ellos, desde el primer momento, negaron que estuviese incluida esa reforma. Han vuelto a estafar a los españoles en la garantía de la independencia del Poder Judicial. . También proponemos impulsar una modificación de la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en el sentido de convertir en vinculante la audiencia preceptiva del Consejo General del Poder Judicial prevista en la Constitución para el nombramiento del fiscal general del Estado, y lo más importante, una situación de coyuntura actual, que es lo que demandan los hechos: destituir de forma inmediata en ejercicio de atribuciones constitucionales a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado por la causa abierta que tiene en el Tribunal Supremo por revelación de secretos en el desempeño de su cargo. . Proponemos adoptar las medidas necesarias para garantizar la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia del fiscal general del Estado, y también derogar el real decreto ley por el que se modificó la ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, para adoptar medidas urgentes relativas al régimen jurídico aplicable a la Corporación de Radiotelevisión Española, por suponer el control político y, por lo tanto, arbitrario de la radiotelevisión pública en España, que debe prestar servicios desde la neutralidad. Proponemos asimismo aclarar con qué responsables ejecutivos o miembros del órgano de Administración de sociedades cotizadas que dependen de la regulación pública ha contactado personalmente el presidente del Gobierno con la finalidad de que recibieran a su esposa, pregunta insistentemente reiterada y nunca contestada por parte del presidente del Gobierno, y también poner fin a la intolerable situación actual de deterioro institucional del Gobierno por medio de la convocatoria de elecciones a Cortes Generales, que deberá realizarse por el jefe del Ejecutivo. Por cierto, esta última petición ha sido calificada desfavorablemente por la Mesa de esta Cámara. Parece que de repente ha cambiado de criterio, porque esta situación viene siendo demandada reiteradamente desde hace años, porque no es nuevo el deterioro y la corrupción en este Gobierno, y ahora es cuando esta Cámara impide que se inste esta disolución del Gobierno y convocatoria de elecciones generales. Volvemos a pedir la restauración de la dignidad y el prestigio de las instituciones del Estado también en lo que tiene que ver con esta Cámara parlamentaria. Termino. Señorías del Partido Popular, si aceptan nuestra enmienda y convierten su inocua moción en una iniciativa cuya exigencia esté a la altura de la gravedad, podrán contar con nuestro apoyo. Desde VOX seguiremos ofreciendo una alternativa patriótica que cada vez cuenta con más apoyos en España y en el resto del mundo. Es la hora de los patriotas. Muchas gracias. .

Martina Velarde Gómez SUMAR

Gracias, presidente. Señorías, no hay nada que aleje más a la ciudadanía de las instituciones y de la política que la corrupción. Por eso nadie hoy debería estar satisfecho o satisfecha aquí por el hecho de que otra vez se vuelva a hablar en esta Cámara de un caso de corrupción y de una trama como la que hoy tenemos la obligación de debatir y la justicia de investigar y de juzgar. En concreto, el caso nos produce indignación y rabia; indignación, porque mientras el país estaba volcado durante la COVID en resistir y en sobrevivir, literalmente hablando, había quien estaba pensando en cómo enriquecerse a costa del dolor, a costa del miedo y del sufrimiento colectivo; en medio de lo que fue quizá el momento más complicado desde la Transición, mientras muchos y muchas buscábamos soluciones y estábamos trabajando para eso, había por lo visto unos cuantos que pensaban en meter la mano en la caja. Eso nos genera, como he dicho, rabia, porque mientras estábamos dentro del Gobierno y hacíamos absolutamente todo lo posible para que nadie se quedase atrás, había quien estaba centrado en acumular riqueza o en construir redes de poder o en abrir la puerta a empresas afines y empresarios amigos. Mientras peleábamos por un escudo social, otros estaban poniendo sus esfuerzos en llevárselo calentito, y frente a esto, como he dicho, solamente podemos sentir indignación y rabia. La corrupción es un problema estructural del régimen del 78, heredado del franquismo, y el verdadero motor de esa herencia ha sido siempre el bipartidismo, pero lo que trae aquí el Partido Popular ― perdonen que les diga― lo estamos viendo en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana y en Andalucía, por poner un ejemplo. Por eso nada más hipócrita que el «y tú más» al que estamos asistiendo sobre la corrupción entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y nada más hipócrita que una moción del Partido Popular señalando la corrupción. Por eso, señorías, ya no cuela eso de que alguien salió rana, como decía la señora Aguirre, aquella cazatalentos de ranas que se multiplicaban en los charcos de corrupción , y tampoco es, como decía el Partido Popular — partido, por cierto, más corrupto de Europa; y no lo digo yo―, que había manzanas podridas. No, señorías del Partido Popular, el de ustedes ha sido y sigue siendo un partido podrido también de corrupción. Más allá del mandato ético, que en Podemos hemos seguido con ejemplaridad, sin ningún caso de corrupción ― por eso le molestamos tanto, porque invalida eso de que todos son iguales―, hay un problema político de fondo que tiene mucho que ver con el actual régimen constitucional. ¿Cómo se le puede exigir a la ciudadanía que cumpla con las normas si al rey emérito, que debería ser un ejemplo, se le está permitiendo ser un corrupto a través de la impunidad más absoluta? . Presidente, es imposible.

Martina Velarde Gómez SUMAR

Muchas gracias, presidente. Entendemos que la corrupción no se puede dilucidar exclusivamente en los tribunales. A la corrupción también se la combate haciendo corresponsables a las instituciones como la Monarquía o a los partidos políticos que la amparan, y no con penas de prisión exclusivamente, sino también con un reintegro de cada euro robado al pueblo por parte de los partidos que no actuaron con el rigor y con el deber in vigilando que les correspondía. Sin embargo, vemos cómo se cae en lo más bajo, que es usar las necesidades que se trasladaban a partir de la COVID para enriquecer a amiguetes, y ahora, con la situación complicadísima que tenemos con la dana en Valencia, tenemos a Anticorrupción investigando un contrato millonario que Mazón dio a un amigo empresario en la Diputación de Alicante; también hemos conocido que ha multiplicado por ocho el valor del contrato a dedo de la dana a la empresa en la que trabajó su jefe de gabinete y que ha adjudicado a dedo 4,4 millones de euros a una empresa que infló la caja del PP valenciano. Y en Madrid tenemos al clan de la señora Ayuso, pero es que en Andalucía Moreno Bonilla hace pocas semanas destituyó a la interventora de la Junta que señalaba fraude. La Junta tiene abiertos procedimientos judiciales por abuso en la contratación pública en el ámbito sanitario, y en Andalucía tenemos nuestro propio caso mascarillas, no se nos olvide, por el que se detuvo a Óscar Liria, vicepresidente de la Diputación de Almería, recuerdo, gobernada desde hace tres décadas por el Partido Popular, y también se detuvo a otras diez personas. El caso mascarillas se extiende también a contratos de obra. Termino. Señorías del Partido Socialista, sé perfectamente que están cómodos en el ping-pong con el Partido Popular sobre quién es más corrupto; ha sido la manera de operar en política durante estas décadas.

Martina Velarde Gómez SUMAR

Termino. Señorías del Partido Popular, si esta moción estuviese completa y hubiese consistido también en analizar cómo afectan las ramificaciones territoriales, la corruptela del Partido Popular, hubiésemos votado que sí, porque para hablar de corrupción hay que hablar de bipartidismo, y ustedes deberían estar incluidos en su propia moción. Menos hipocresía, pero, sobre todo, menos corrupción bipartidista. Muchas gracias. .

Francesc-Marc Álvaro Vidal ERC

President, senyories. Sempre que em toca parlar tard ja sé que poca gent escoltarà, però sempre en aquesta hora em toca parlar de corrupció. És un clàssic. Podríem dir que, si són tres quarts de vuit, parlem de corrupció. L’altre dia un veí em preguntava: «Quants tipus de corrupció pot haver detectat al Partit Popular?». Jo em vaig posar una mica tècnic i vaig dir: «Home, en primer lloc, la primera gran corrupció és la incompetència, i això té un nom, es diu Mazón». Mazón és un exemple magnífic de la corrupció per incompetència. Un president autonòmic del qual no sabem què va passar en les hores més complicades al seu país. Presidente, señorías, siempre que me toca hablar tan tarde ya sé que pocos me escucharán, pero es que siempre a esta hora toca hablar de corrupción, es un clásico. Podríamos decir que, si son las ocho menos cuarto, estaremos hablando de corrupción. El otro día un vecino mío me preguntaba: ¿Cuántos tipos de corrupción puede haber detectado el Partido Popular? Yo me puse en plan técnico y le dije: en primer lugar, la primera gran corrupción es la incompetencia, y eso tiene un nombre, se llama Mazón. Mazón es un ejemplo estupendo de corrupción por incompetencia, un presidente autonómico que no sabemos qué hacía, cómo pasó las horas más complicadas en su región. .

Francesc-Marc Álvaro Vidal ERC

Gràcies, president. És curiós que el senyor Mazón, com a exemple d’incompetència, ha aconseguit intentar tapar la seva corrupció incompetent, mitjançant, per exemple, una estratègia, que és preparar una consulta sobre la llengua. Ara, el senyor Mazón vol distreure la seva incompetència parlant del valencià. De fet, intentant extirpar el valencià de la vida escolar del País Valencià. Però encara és més interessant el que ha fet el senyor Mazón, que demostra, a més a més de ser incompetent, ser maldestre, torpe, tradueixo, perquè el senyor Mazón no ha tingut altra ocurrència que comparar la DANA amb l’11-M. És una cosa tremenda. Com ha dit un periodista, és mentar la soga en casa del ahorcado. Jo crec que el senyor Mazón haurà de ser cridat a Génova perquè busqui altres metàfores, perquè em sembla que realment l’11-M no és la millor manera que el Partit Popular tingui una posició preeminent quan argumenta. La segona corrupció és encara més interessant, perquè és oblidar la realitat en favor de la propaganda. I això també ens porta al Partit Popular i ens porta al que ha fet el seu líder, senyor Feijóo, parlant del que s’ha anomenat la quita autonómica. El senyor Feijóo els diu als presidents autonòmics del PP que rebutgin diners per a les seves poblacions, per a la gent, perquè ho ha demanat Catalunya. Fixin-se que és divertit el que ha passat en la història recent d’Espanya. Durant una època, si Catalunya demanava una cosa, tothom volia lo que dice Cataluña. Ara hem invertit el joc i ara es tracta de dir si lo pide Cataluña, que no lo tenga nadie. És sensacional. És el que es vindria a dir un tret al peu. Jo espero que el senyor Feijóo ¿que, per cert, va ser president de Galícia, encara que a vegades costa recordar-ho¿ pugui parlar als ciutadans de les autonomies governades pel PP i els digui que, efectivament, renuncia als diners per la gent. És magnífic. És un cas també de corrupció, diríem, de caràcter conceptual. I finalment, hi ha un tercer tipus de corrupció que és legitimar, blanquejar i donar la raó als enemics de la democràcia. I això està passant a Europa i està passant a Espanya. Passa quan el PP dona la raó a VOX. La pregunta és fins quan aquest tipus de corrupció? Fins que el soci alça el braç saludant a la manera dels nazis i aleshores hi ha un disgust? Per exemple, el senyor de la ultradreta francesa es va escandalitzar perquè Bannon va aixecar el braç. Quan s’escandalitzaran els senyors del PP? Perquè, clar, els seus socis també acabaran aquí. O potser aquesta corrupció s’acaba quan la ultradreta assoleix més del 20 %. És una cosa que hem vist que ja ha passat a Alemanya. Fixin-se, senyories del PP, vostès que són experts a portar cada setmana el tema de la corrupció aquí, que he parlat de corrupció i he parlat de vostès i encara no he esmentat ni la Gürtel ni Bárcenas, o sigui que el tema és ampli. Podria haver començat per aquí, però no. Aleshores, fem-nos una pregunta: per què parlen tant de corrupció vostès? Si vostès no tenen, en aquest sentit, la cartilla endreçada. I, sobretot, el que és pitjor, quan parlen de corrupció d’aquesta manera com ho fan, en el fons, el que fan és embrutar tothom, perquè estan fent una generalització i ens estan fent petits. Perquè saben quina és la corrupció més gran en aquests moments a Europa? La corrupció dels que han oblidat la història, la corrupció dels que han oblidat el que ha passat al segle XX, que és molt greu. I aquesta corrupció la pagarem molt cara, senyories del PP, però veig que aquesta no els preocupa gaire. Els dic una cosa: aquesta corrupció no se soluciona a cops de martell. Gràcies. Gracias, presidente. Es curioso que el señor Mazón, como ejemplo de incompetencia, haya conseguido tapar su corrupción e incompetencia mediante, por ejemplo, una estrategia que consiste en preparar una consulta sobre la lengua. Ahora el señor Mazón quiere distraer su incompetencia hablando del valenciano, intentando extirpar el valenciano de la vida escolar de su región. Pero aún es más interesante lo que ha hecho el señor Mazón, que demuestra que además de ser incompetente es torpe, porque no ha tenido otra ocurrencia que comparar la dana con el 11M; es algo increíble. Como ha dicho un periodista, es mentar la soga en casa del ahorcado. Yo creo que el señor Mazón debería ser llamado a Génova para buscar otras metáforas distintas, porque realmente el 11M no es la mejor forma de que el Partido Popular tenga una postura preeminente cuando argumenta. La segunda forma de corrupción es aún más interesante, porque consiste en olvidar la realidad en favor de la propaganda, y eso también nos lleva al Partido Popular y a lo que ha hecho su líder, el señor Feijóo, hablando de lo que se ha llamado quita autonómica. El señor Feijóo les dice a los presidentes autonómicos del PP que rechacen dinero para sus poblaciones, para sus ciudadanos, porque quien lo pide es Cataluña. Imagínense lo divertido con la historia reciente de España. Durante una época, si Cataluña pedía algo, todo el mundo quería lo mismo: lo que dice Cataluña. Ahora hemos invertido el juego, ahora se trata de decir: si lo pide Cataluña, que no lo tenga nadie. Es increíble, es lo que se llamaría un tiro en el propio pie. Espero que el señor Feijóo, que fue presidente de Galicia, aunque parezca mentira, pueda hablar a los ciudadanos de las autonomías gobernadas por el PP y les diga que, en efecto, renuncia a ese dinero para sus ciudadanos. Es magnífico, otro caso de corrupción de carácter conceptual. Y luego hay un tercer tipo de corrupción, a saber: legitimar o blanquear y dar la razón a los enemigos de la democracia. Esto está pasando en Europa y en España, y pasa cuando el PP da la razón a VOX. La pregunta es: ¿hasta cuándo tendremos este tipo de corrupción? ¿Hasta que el socio levante el brazo saludando a la manera de los nazis y que allí se dé el disgusto? Por ejemplo, el señor de la ultraderecha francesa se escandalizó porque Bannon levantó el brazo. ¿Cuándo se va a escandalizar el PP? Porque sus socios van a acabar de la misma manera. O a lo mejor esta corrupción se acaba cuando la ultraderecha llegue a más del 20 %, cosa que ya ha pasado en Alemania. Fíjense, señorías del PP, ustedes que son expertos en traer aquí cada semana el tema de la corrupción: he hablado de corrupción, he hablado de ustedes y todavía no he hablado ni de Gürtel ni de Bárcenas. Es decir, el tema da para mucho, es muy amplio. Podría haber empezado por aquí, pero no. Entonces hagámonos una pregunta: ¿por qué hablan tanto ustedes de corrupción si no tienen, en este sentido, la casa en orden? Y, lo que es peor aún, cuando hablan de corrupción de esta manera, en el fondo, lo que hacen es embarrar a todo el mundo al hacer esa generalización, porque ¿saben cuál es la corrupción mayor en Europa en estos momentos? La corrupción de los que se olvidan de la historia, la corrupción de los que se olvidan de lo que ha pasado en el siglo XX, que es muy grave. Y esta corrupción la pagaremos muy cara, señorías del PP, pero esto no les preocupa mucho a ustedes. Les diré algo: esta corrupción no se soluciona a martillazos. Muchas gracias. .

Lander Martínez Hierro SUMAR

Buenas tardes, señorías. Hoy, una vez más, debatimos otra iniciativa del Partido Popular que yo no sé si pretende hacer oposición, porque, desde luego, soluciones no plantea, y mejorar nuestras instituciones, tampoco. Esta iniciativa no responde a una preocupación sincera por el fortalecimiento institucional o por la corrupción; es, una vez más, un intento burdo de utilizar cualquier pretexto para atacar al Ejecutivo y sembrar dudas sobre el funcionamiento del Estado, y esto sí que es grave. Pues, señorías del PP, déjenme que les aclare tres cosas. La primera, muy breve, es que este Gobierno continúa y, además, gracias al empeño y al tesón de SUMAR, lo hace conquistando avances sociales. La segunda es una muy mala noticia para ustedes: la siembra de la desconfianza produce una cosecha que el Partido Popular no recoge, la recoge la extrema derecha, así que ustedes sabrán lo que hacen. Algunos, como sus tutores de la FAES, ya están empezando a ponerse nerviosos. La prueba evidente de que esta generación de desconfianza en el Estado solo favorece a la ultraderecha la tienen ustedes en Estados Unidos o en Argentina, pero también la tienen mucho más cerca, la tienen en el país valencià. Y esto me lleva a la tercera cuestión, señorías del PP: que vengan ustedes a dar lecciones sobre el buen funcionamiento institucional y sobre anticorrupción. ¿De verdad? No solo llevan ustedes décadas acumulando casos de corrupción — Gürtel, Bárcenas, Lezo, Púnica o Kitchen, por nombrar solo los más conocidos—, sino que a estos casos de corrupción se les suma lo que algunos han calificado de otra manera, pero que yo voy a llamar, por ser prudente, malas prácticas y gestión ineficiente de los recursos públicos. Y el ejemplo más reciente lo estamos viendo justo ahora en el país valencià, donde el Gobierno del presidente de El Ventorro multiplica por ocho, por ejemplo, el valor de un contrato a dedo a la empresa en la que trabajó su jefe de gabinete. En realidad, ninguna novedad, no es más que una forma de hacer. Ahí está la investigación también por parte de la Fiscalía Anticorrupción de contratos superiores a los dos millones de euros adjudicados en la Diputación de Alicante por el señor Mazón y por su sucesor a empresarios amigos, cómo no. Nosotros lo tenemos claro. El fortalecimiento institucional, la ampliación de la democracia no va ni de juegos ni de oportunismos políticos; no va de cínicos «y tú más»; no va de encender el ventilador de la desconfianza y del «todos iguales», porque no, todos no somos iguales. . Estas artimañas comunicativas suyas solo tienen unos ganadores: los mercaderes de la desesperanza, la ultraderecha. Y no va tampoco solo de perseguir las malas prácticas cuando se producen, sino que va sobre todo de adoptar medidas para prevenirlas. Por eso defendemos, por ejemplo, la creación de un organismo independiente del Gobierno como tienen otras democracias de nuestro entorno, que cuente con recursos y se emplee a fondo para que la corrupción sea solo historia de la democracia en España. Eso es actuar con responsabilidad, no lanzar acusaciones genéricas para confundir a la opinión pública. Es llamativo cómo el Partido Popular utiliza cualquier argumento para erosionar la legitimidad institucional cuando está en la oposición, pero cuando gobierna desmonta los organismos que deben garantizar el correcto funcionamiento democrático. Ahí está su historial de recortes en la Agencia Tributaria, en la Fiscalía Anticorrupción o en los controles de contratación pública. Solo un titular: PP y VOX entierran la oficina anticorrupción de Baleares. Marzo de 2024. Es un invento, dijeron. Para el Partido Popular la responsabilidad institucional es un lema vacío que abandona en cuanto tiene la oportunidad de manejar los recursos públicos a su antojo. Y frente a esta estrategia de confusión, frente a esta estrategia de desgaste, en SUMAR apostamos por una política basada en hechos y en reformas concretas. . Actuar con responsabilidad significa defender la democracia con medidas reales, no con discursos vacíos. Señorías, la ciudadanía está cansada de su juego sucio y de su crispación calculada. No necesita espectáculos, necesita soluciones. Y por eso, desde luego, esta moción no merece nuestro apoyo. Lo que merece el apoyo de esta Cámara es un compromiso serio por el refuerzo de los controles democráticos y por la lucha y la prevención contra la corrupción, para que nunca vuelva a ocurrir, justo lo contrario de lo que practica el Partido Popular cuando gobierna. Muchas gracias. .

Alejandro Soler Mur PSOE

Señor presidente. Señorías. Al Grupo Popular hay que reconocerle que con esta moción mantiene lealtad y fidelidad absoluta a su línea de acción política: despistar la atención de lo importante, mentiras, bulos, y enreda, que algo queda. Hay que decir que las mociones tienen como objeto el poder tratar y someter a consideración de los distintos grupos parlamentarios lo que se trató en la interpelación de la semana anterior. La semana pasada la interpelación fue al ministro Torres, y se ve que al señor Tellado no le fue muy bien, porque solo con enseñar su agenda desmontó las falsas acusaciones que le estaban haciendo. . Y, por tanto, han dicho esta semana: Vamos con la moción a ampliar el objeto, a ver si así nos va un poquito mejor. Pero, señorías del Grupo Popular, señores representantes de Aldama en este hemiciclo, no hay ni una sola evidencia ni una sola prueba ni una sola verdad. . Dicen ustedes que este Gobierno no ha dado ninguna explicación, más de cien, señorías. Ha dado respuestas a preguntas, interpelaciones; ha tenido intervenciones y comparecencias en comisiones en el Senado, en el Congreso, en las comisiones de investigación, y también una auditoría realizada de oficio sin que nadie la pida. Y, miren, la comisión de investigación del Congreso para estas cuestiones, señorías, finalizó porque ustedes no quisieron ampliar su plazo. . ¡No quisieron que siguiéramos trabajando! ¿Lo recuerda, señor Tellado? ¿Lo recuerda, señor Bendodo? . Ustedes no querían no fuera que… La del Senado va bien, a esa llaman a quien ustedes quieren, pero aquí a lo mejor llamábamos a Ayuso, a su pareja, y hablábamos del piso, de las mascarillas en Madrid, de los fraudes fiscales, eso no les interesaba. Pero miren, señorías, por encima de todo eso, lo importante es cómo actúan ante un posible caso de corrupción, ustedes y nosotros. Nosotros, con transparencia, colaborando con la justicia y apartando a los posibles responsables. . Ustedes, con opacidad; ustedes, destrozando la información. Ustedes no apartan a los responsables, apartan a quien acusa a los responsables. Muchos de nosotros estábamos aquí cuando ustedes, día tras día, aplaudían y vitoreaban a Casado, hasta el día en que Casado se atrevió a señalar a la señora Ayuso. . Ese día se acabaron los aplausos al señor Casado. ¡Ese día lo despidieron de manera fulminante! . ¡Señorías, al señor Casado se lo cargaron por atacar las corruptelas de la señora Ayuso!, no lo acompañaron ni a la puerta de salida. Un compañero suyo sí lo hizo, Pablo Montesinos, y también se lo cargaron. Eso es lo que hacen ustedes, señorías, esa es la diferencia. Ustedes dicen ahora: ¡qué escándalo! — lo dicen en su moción—, un exministro del PSOE va al banquillo del Tribunal Supremo. Si eso es un escándalo hoy tan grave, ¿cómo consideran ustedes que varios exministros suyos hayan pasado noches y noches en la cárcel? . El señor Zaplana, Rato, Matas, ¿qué calificación le dan ustedes a eso, señorías? Hablan de lo que nosotros hemos hecho, yo le diré lo que no hemos hecho. ¡El PSOE no ha repartido sueldos en B al presidente y a los ministros del Gobierno, como hicieron ustedes! ¡No ha pagado la sede con dinero B, como hicieron ustedes! . ¡Y no hemos destruido la contabilidad a martillazos o con un punzón! ¡No la hemos destruido, esa es la realidad! . Y miren, señorías, ¿la verdad cuál es? Que ustedes hablan de todo esto porque no quieren hablar de dos cosas: de la economía, que va muy bien. Hemos crecido al 3,2 % y vamos a crecer al 2,4 %, cuando este país ha sido el responsable, con solo el 10 % del PIB de la Unión Europea, de la mitad del crecimiento de la Unión y de uno de cada tres empleos que se han generado en el último año. Hemos hecho crecer las pensiones una media de 400 euros al mes, y hemos hecho crecer el salario mínimo un 61 %, desde los 735 euros en que lo dejaron ustedes hasta 1184 euros. Y ustedes tampoco quieren hablar de política internacional, porque ustedes tienen que decidir si están con Trump y con VOX, arrodillados en Washington, como está el señor «Obascal» en este momento. O están con el señor «Obascal» o están con la Unión Europea y con España frente al ataque a la igualdad y a la diversidad, frente al racismo y frente a la xenofobia. . Señorías, tienen ustedes que decidir. ¡Plántenle cara a VOX de una vez! Aquí mismo el señor Casado les dijo a ellos: Hasta aquí hemos llegado. Ustedes, señorías, no sabemos hasta dónde van a llegar. Muchas gracias. .