Pleno del Congreso n.º 45 · XII legislatura

Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols CDC

Sí, prometo per imperatiu legal i judicial. Va por ti, Quico.

Lourdes Ciuró i Buldó CDC

Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Nuestras propuestas de resolución sobre la memoria del Consejo General del Poder Judicial van dirigidas a tres grandes conceptos. El primero, en materias de transparencia e independencia; el segundo, en cuestiones más técnico-jurídicas y, el tercero, en lo relativo a la politización de la justicia. En materia de transparencia e independencia. Señorías, el Greco —Grupo de Estados contra la Corrupción— en el ámbito del Consejo de Europa emite un mensaje diáfano: España evidencia un muy bajo nivel de cumplimiento de sus recomendaciones, y critica de forma contundente a España por no atender sus recomendaciones para fortalecer la independencia judicial. En este sentido, el Greco recomienda que contra el poder discrecional en los nombramientos, que ahora exhibe el Consejo, se establezcan en la ley criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de los rangos más altos del poder judicial… .

Lourdes Ciuró i Buldó CDC

Gracias, señora presidenta. Decía que el objetivo es garantizar que estos nombramientos no pongan en cuestión la independencia, la imparcialidad y la transparencia del proceso de elección. Señorías, el 67 % de los encuestados por el propio consejo, es decir, el 67 % de jueces y magistrados, opinan que no se observan los criterios de mérito y competencia en las decisiones de nombramientos que adopta el Consejo con respecto a los rangos más altos del Poder Judicial. Queremos garantizarlo. Por ello, desde el Partit Demòcrata proponemos al Consejo que los nombramientos en los altos tribunales se inspiren únicamente en los criterios de igualdad, mérito y capacidad y, que para ello, se establezcan los parámetros marco para su aplicación. No puede repetirse el lamentable episodio que sucedió en la Audiencia Provincial de Barcelona en el nombramiento de su máximo representante, porque si bien a ojos del Consejo fue siguiendo criterios objetivos —me refiero al nombramiento— no se lo pareció a casi nadie más, puesto que la candidata, señora Àngels Vivas, quedó excluida, a pesar de ser la candidata con mayor antigüedad, con mejor posición en el escalado meritorio, y como mujer en igualdad de condiciones debía ella optar al puesto en equilibrio de géneros que prevé la Ley de Igualdad. Sin embargo, pesa sobre la señora Vivas en este no nombramiento la supuesta vertiente ideológica, porque tuvo la temeridad de apoyar el llamado manifiesto de los 33 jueces por el derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Otro orden de propuestas es que el informe Greco sostiene que las autoridades políticas no deberían intervenir en ninguna de las etapas del proceso de designación de los magistrados, y como quiera que los miembros del Consejo están designados por miembros del Parlamento, políticos a la sazón, este requisito no se cumple. Es evidente, pues, que el Consejo se percibe como órgano influenciado e influenciable y, por ello, le instamos a que proponga de su parte propuestas de mejora que garanticen su propia independencia y la de la justicia. Además le sugerimos que cree en su seno el observatorio para la independencia judicial, compuesto de forma que garantice su pluralidad. Es inexcusable tomar medidas. Fíjense, en el informe de indicadores sobre la justicia de la Unión Europea el Estado español ocupa el cuarto puesto por la cola —esto es, el veinticuatro de veintiocho Estados— en percepción de su independencia, y el 59 % de los ciudadanos valora el sistema judicial en materia de independencia como malo o muy malo. El Foro Económico Mundial coloca a España en el lugar noventa y siete de ciento cuarenta y cuatro. Segundo bloque de propuestas, en materia técnico-jurídica. En el Partit Demòcrata queremos que deje de existir un desierto lingüístico para el catalán en el ámbito de la justicia en Cataluña. Actualmente en el ámbito judicial es donde se dan las mayores vulneraciones de derechos lingüísticos de los ciudadanos. No se pueden seguir tolerando actuaciones como la de la jueza de Olot hace poco, que amonestó seriamente y con malos modos a dos letradas que pretendían ejercer los derechos de defensa de sus clientes en catalán y les dijo que hiciesen el favor de hablar en la lengua conocida por todos, que es el castellano. Señorías, la Unión Europea considera el catalán, lengua que tenemos el privilegio de hablar siete millones de personas en toda Europa, como lengua de comunicación, y cualquier ciudadano puede dirigirse y ser respondido en catalán por las instituciones comunitarias. Ello evidencia más intolerable si cabe la actuación de la jueza de Olot, más propia de la cerrazón que de la razón, y el Consejo no debe seguir permitiéndolo. Sabemos que el Consejo impuso a la jueza una sanción leve, pero ¿no debería también quizás preguntarse el Consejo si una jueza que lleva tres años viviendo en Cataluña, que es incapaz siquiera de entender el catalán, es capaz para dictar sentencias? Desconocemos si se hizo esta pregunta. Otra de las propuestas es dotar a la Administración de Justicia de más recursos humanos y crear nuevas plazas de jueces y magistrados después de las recientes modificaciones legales, que van a soportar mayores cargas de trabajo en demandas masivas de reclamación de cláusulas abusivas. También queremos acabar con las filtraciones en los procesos bajo secreto de sumario, que dan lugar sin duda a juicios paralelos. No hay un proceso con todas las garantías si se producen filtraciones en los medios de comunicación y estos conocen antes que el propio afectado las diligencias a practicar. Esto garantiza el espectáculo y viola todas las garantías. ¿Por qué no hacemos como en países vecinos y que sean los jueces y fiscales los que den las oportunas explicaciones cuando corresponda? . Finalmente y para ir acabando, el tercer grupo de propuestas van dirigidas a las cuestiones de máxima actualidad relativas a la politización de la justicia. Hoy la justicia está politizada por encima de sus posibilidades, a niveles de escándalo a nivel europeo e internacional, como les he referido anteriormente, y en esta materia estamos convencidos de que el máximo órgano de gobierno tiene mucho que decir. Nuestras propuestas, además, vienen avaladas por instituciones europeas, en esta ocasión por el Consejo de Europa, el cual, a través de la Comisión de Venecia, manifiesta que observa con preocupación la situación de España y constata que la atribución de poderes al Tribunal Constitucional para hacer ejecutar sus propias sentencias es una excepción en comparación con otros países democráticos, ya que estas funciones se atribuyen normalmente a otros poderes del Estado. Debería el Estado español revisar esta competencia. Además, la misma reclama que se genere la percepción de que el TC es árbitro neutral, como corresponde a un juez de leyes; hoy el TC es percibido como un árbitro que sube a rematar los córners del equipo de casa. Por ello, proponemos al Consejo que abogue por la derogación de la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ya que, como recoge la Comisión de Venecia, la aplicación de la medida contemplada en esta reforma de inhabilitación a cargos electos, especialmente diputados, es problemática porque atenta contra el mandato democrático que les ha atribuido la soberanía popular. De hecho, tenemos varias muestras —termino, señora presidenta, en dos segundos— en las recientes inhabilitaciones políticas dictadas, especialmente contra nuestro portavoz, el señor Francesc Homs, quien ha sido inhabilitado —depurado, diría yo— por poner urnas, por demócrata y no por incumplidor de ninguna orden del TC, porque si fuese por incumplidor, ¿dónde debería encontrarse el señor Rajoy que, con la friolera de treinta y cuatro sentencias del Tribunal Constitucional, es el recordman en sentencias del TC incumplidas a favor de Cataluña? . Por ello, queremos que el Consejo manifieste que la justicia española es igual para todos y conmine al presidente del Gobierno a cumplir las treinta y cuatro sentencias del Tribunal Constitucional bajo apercibimiento de delito de desobediencia, con la consabida pena de inhabilitación aparejada. Muchas gracias. .

Mikel Legarda Uriarte EAJ-PNV

Muchas gracias, presidenta. Las propuestas de resolución que este Grupo Parlamentario Vasco plantea se ordenan en varios ejes: en primer lugar, y en relación con un diagnóstico y unas propuestas para afrontar los retos de la justicia en este siglo XXI, se demanda al Consejo su opinión a fin de que esta Cámara las pueda incorporar en los trabajos que está realizando sobre una Estrategia nacional de la justicia. En segundo lugar, y en relación con las funciones del Consejo relativas a la formación, nombramientos e inspección, se han planteado una serie de propuestas que agrupamos del siguiente modo: dentro de las funciones del consejo General del Poder Judicial relativas a la formación de jueces y magistrados, se propone la promoción de la especialización que evite el entendimiento transversal de los asuntos. Asimismo, se propone la formación en violencia de género, menores incursos en causas judiciales y delitos de odio. También se articulan una serie de propuestas respecto a la utilización de lenguas oficiales distintas al castellano así como la vuelta de Rights International Spain a su inclusión en los programas y actividades formativas del Consejo, excluida en años pasados en relación con una denuncia con el relator de Naciones Unidas por ciertos nombramientos del presidente del Consejo en relación con la sala tercera del Supremo. Además, se insta a seguir formando en materia de memoria histórica y derecho de víctimas en delitos contra la humanidad. Igualmente, en la función de nombramientos del Consejo, se propone un año más en relación con los altos cargos de audiencias, tribunales superiores y Supremo que se establezca baremación de méritos ex ante y se siga promoviendo la igualdad de género en una cantidad mayor que en la actualidad se encuentran representadas las mujeres dentro de los cargos del Poder Judicial. . Respecto de las funciones de la inspección de servicios, se propone de manera similar al año pasado que se culmine la propuesta de carga de trabajo en relación con el riesgo para salud de jueces y magistrados, y que se informe a esta Cámara en cuanto se haya culminado esta propuesta, así como la agilización en las causas de corrupción tanto en su instrucción como en el enjuiciamiento. También se propone que el Consejo siga promoviendo la mediación intrajudicial a fin de consolidarla, visualizarla y velar por una mejor calidad, como mecanismo procesal complementario para la resolución de conflictos y como método complementario de la tutela judicial. Asimismo, se propone, como el año anterior, que el Consejo informe y dé su opinión sobre el derecho de gracia y sus límites en el siglo XXI, sobre la cuestión de los aforamientos en nuestro ordenamiento jurídico y sobre el Registro Civil y su modelo en cuanto a su llevanza y su carácter público. El último bloque de propuestas de resolución que hacemos se refiere a la adecuación territorial de la justicia. Se sigue proponiendo un año más que se acometa, con carácter definitivo, el principio de plenitud de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas, así como la desconcentración gubernativa de funciones del Consejo en las salas de gobierno de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas. Respecto del personal al servicio de la Administración de Justicia, se propone la reforma de su carácter nacional y del cuerpo de letrados a fin de que su gestión dependa de las autoridades autonómicas, en aquellas que tengan los medios personales y humanos al servicio de la Administración de Justicia, en cuanto que de ellas depende también la provisión y la llevanza de la oficina judicial. De la misma manera, se propone para el cuerpo de letrados y del resto del personal de la Administración de Justicia que se tenga en cuenta y se complemente de mejor manera su conocimiento de las lenguas oficiales propias y del derecho autonómico. En cuanto a los registros civiles, se propone mantenerlos en el ámbito de gestión pública, bajo la dirección del cuerpo de letrados a fin de que sigan siendo públicos y se provea una mejor llevanza. Por último, señorías, en lo relativo a las enmiendas que nos han planteado otros grupos, quiero manifestar que admitiremos la número 1 del Grupo Parlamentario Socialista frente a la propuesta 27 de nuestro grupo, y también la número 20 del Grupo Popular frente a la propuesta de resolución número 43 de nuestro grupo parlamentario. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidenta.

Ester Capella i Farré ERC-CATSÍ

Bon dia, senyora presidenta, senyores i senyors diputats. Esquerra Republicana ha presentado 12 propuestas de resolución a este Congreso para dirigirlas al Consejo General del Poder Judicial; propuestas, por cierto, muy parecidas a las que presentamos en su momento a la memoria del Consejo General del Poder Judicial del año 2015 porque en esencia nada ha cambiado desde aquel momento. En primer lugar, en Esquerra Republicana vemos con preocupación la política de nombramientos del actual Consejo General del Poder Judicial porque, me permitirán que les diga, seguimos considerando que se basa en posicionamientos ideológicos por cuanto son cesados o nombrados quienes tienen posicionamientos a favor o, en su caso, contrarios al Partido Popular. En Esquerra Republicana consideramos que estos nombramientos son discriminatorios, contrarios a los acuerdos en materia de igualdad y no basados en ningún caso en los méritos de los candidatos. Por ello, volvemos a proponer que el Congreso de los Diputados inste al Consejo General del Poder Judicial al abandono de la arbitrariedad en su política de nombramientos y respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad. En segundo lugar, a pesar de que la tendencia en el ingreso de la carrera judicial es mayoritariamente femenina, la política de nombramientos efectuados por el Consejo General del Poder Judicial está muy lejos de la paridad. Queremos que el Consejo General del Poder Judicial tome medidas con el fin de tender a la paridad entre mujeres y hombres. A pesar de que la mayoría de los ingresos en la carrera judicial en estos momentos se corresponde con mujeres, los hombres son mayoría en las audiencias provinciales, en los tribunales superiores de Justicia, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, que son los órganos de mayor responsabilidad. La proporción es prácticamente un 70 % en la escala básica, en Primera Instancia e Instrucción, mientras que los cargos de las audiencias, de los tribunales superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo alcanzan suponen un 16 %. En orden a la política de nombramientos, quiero hacer una reflexión: uno de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial ha sido avalado por el Tribunal Supremo mientras que otros han sido anulados. Pues bien, a pesar del aval del Tribunal Supremo, que deja mucho que desear, en orden a doña Ángels Vivas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de la Sala Social, pues la sentencia hace referencia a que la misma no alcanzó la plaza a la que concurría por haber manifestado su opinión mediante la firma de un manifiesto a favor del derecho a decidir en Cataluña. Este es el elemento que prima en la política de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. En tercer lugar, en la memoria del Consejo General del Poder Judicial no existe mención alguna a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Esquerra Republicana propone que el Congreso de los Diputados inste al Consejo General del Poder Judicial a garantizar el acceso a la justicia de las personas Lgbti, desarrollando acciones para lograr una mayor sensibilización de jueces y magistrados. En cuarto lugar, con respecto al uso de las lenguas propias distintas al castellano, la solución definitiva desde el punto de vista de Esquerra Republicana pasa por hacer del conocimiento de estas lenguas un requisito y no solo un mérito. Se trata de garantizar un derecho de la ciudadanía y de cumplir con la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales. En definitiva, a nadie se le escapa que si la Administración de Justicia es un servicio público debe atender a la ciudadanía y no blindarse en un derecho de jueces y magistrados. Pedimos que actúen y velen por el cumplimiento del derecho de los ciudadanos catalanohablantes en el ámbito de los països catalans a poder relacionarse con la justicia en la lengua que les es propia, la catalana, y ante la disminución creciente del número de sentencias dictadas en lengua catalana queremos que el Consejo General del Poder Judicial ponga todos los medios necesarios con el fin de normalizar plenamente el uso por jueces y magistrados en el ámbito de los països catalans de la lengua catalana. En quinto lugar, solicitamos que el Consejo General del Poder Judicial asuma el protagonismo de la reforma de la Administración de Justicia, promoviendo criterios objetivos para racionalizar la planta judicial sin alejar la justicia de la ciudadanía, incrementando los recursos de los juzgados con mayores cargas de trabajo, asegurando una oficina judicial eficiente e implantando plenamente las nuevas tecnologías, coordinadas todas estas competencias con el Ministerio de Justicia y con las comunidades autónomas. Voy terminando. Las restantes propuestas son compartidas con el resto de grupos de la Cámara. Instamos al Consejo General del Poder Judicial a que reduzca los plazos de aprobación de las relaciones de puestos de trabajo, así como las órdenes de creación de los servicios comunes procesales, puesto que se aprueban plenos solo un día al mes, a que el Servicio de Inspección y el de Estadística Judicial lleven a cabo los cambios necesarios para dar respuesta al nuevo modelo organizativo de la oficina judicial y a que mejore la coordinación e impulse la inspección remota y respete el test de compatibilidad, pese a las decisiones del Comité técnico estatal de la Administración Judicial Electrónica. Finalmente, creemos que vistos los datos de alta temporalidad, el Consejo General del Poder Judicial debe tomar medidas para lograr una mayor estabilidad de los jueces y magistrados. En orden a que no podrá ser posible en estas propuestas presentadas por Esquerra Republicana, ya avanzamos que queremos que el Consejo General del Poder Judicial se comprometa a garantizar —esto será la siguiente propuesta en la nueva memoria del Consejo General del Poder Judicial— la necesaria colaboración entre los distintos poderes del Estado. Por ello, debe otorgar permiso a los jueces y magistrados que sean requeridos para comparecer en las comisiones parlamentarias cuando su comparecencia no guarde relación alguna con su tarea como miembros del Poder Judicial, ya que este hecho no cuestiona ni menoscaba su independencia ni compromete su función. Por ello, y dado el reciente posicionamiento del Consejo General del Poder Judicial, presentaremos en la próxima memoria del mismo una resolución en este sentido. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias a todos. .

José Ignacio Prendes Prendes Cs

Presidenta, señorías, nos encontramos en un trámite como es el de la memoria del Consejo General del Poder Judicial y las distintas propuestas de los grupos parlamentarios que, en este caso, tiene una característica: que se repite después de que hace escasamente cuatro meses hayamos celebrado este mismo trámite en esta Cámara. Las circunstancias y avatares de la anterior legislatura y de ésta hacen que prácticamente se produzca, con ese escaso lapso de tiempo, la presentación y defensa de estas propuestas y, por lo tanto, en muchas de las cuestiones tenemos que remitirnos a lo que ya dijimos aquí el 30 de noviembre del 2016, cuando defendíamos las propuestas referidas a la memoria del Consejo General del Poder Judicial del año 2014. Tiene que ser también una visión general de la situación de la justicia la que en un breve trámite como éste podamos ofrecer. . En primer lugar, lo que nosotros queremos decir es que entendemos que un servicio público eficaz, moderno, a la altura del siglo XXI como es el que demandan los ciudadanos, el servicio de la justicia requiere de una serie de reformas. Hay que decir hoy que esta Cámara, además, se ha dotado de una subcomisión en la que estamos trabajando la Estrategia nacional de justicia, en la cual seguramente muchas de las recomendaciones a las que hoy hacemos referencia los grupos con estas propuestas, encuentran su marco de debate y de discusión. Y esa es una novedad con respecto a otras legislaturas y al debate que se produjo aquí en el mes de noviembre. Por lo tanto, entendemos que muchas de las propuestas que hoy los grupos dirigimos al Consejo General del Poder Judicial deben ser dirigidas a nosotros mismos, a los grupos parlamentarios…. .

José Ignacio Prendes Prendes Cs

… que tenemos en nuestras capacidades la posibilidad de acometer esas reformas y esos cambios que estamos inquiriendo al Consejo. La visión de la Administración de Justicia que nos anima es la de un verdadero servicio público eficaz, eficiente y capaz de cumplir con esa función, con su verdadera función, que es la de ser la garantía jurisdiccional de los derechos y libertades de los españoles. Y para eso hay que actuar en cuatro ejes, en cuatro líneas fundamentales. Esos son los cuatro puntos que resumen las 18 propuestas que hemos presentado a esta memoria. Y la primera de ellas, la primera línea de actuación absolutamente prioritaria, que algunos grupos ya han dicho aquí, es dotar a la justicia de una verdadera despolitización. Es verdad que en esto hay una dualidad de criterios y hay quien habla de la politización de la justicia haciendo referencia a los jueces y magistrados. Nosotros queremos hacer referencia a la percepción que reciben los ciudadanos sobre la independencia de nuestros jueces y magistrados, a esa percepción que ha sido acreditada y ratificada por todas las encuestas y con todos los datos de los observatorios, a los que ya se ha hecho referencia, y por los cuales los ciudadanos no perciben que la justicia en su conjunto sea un poder independiente servido por jueces y magistrados guiados única y exclusivamente por su respeto y aplicación de la ley. Esa es la percepción que reciben los ciudadanos y esto es muy importante porque a la hora de recuperar el prestigio de las instituciones es fundamental recobrar ese criterio de despolitización de los órganos de la justicia. Cuando hablamos de los órganos nos referimos a los órganos de gobierno de la justicia, los órganos de gobierno del Poder Judicial. Por eso para nosotros es fundamental recuperar la designación por parte de la carrera judicial de los vocales de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial. Es una propuesta que ya hemos traído aquí y que debatiremos en esa Estrategia nacional de justicia. Es una primera línea que nos parece absolutamente prioritaria: la despolitización de los órganos de gobierno del Poder Judicial, sin que, repito, esto comprometa nuestro criterio de que estamos seguros de que absolutamente todos y cada uno de los jueces y magistrados que componen el Poder Judicial, a la hora de dictar las sentencias, se guían exclusivamente por la aplicación de la ley. El segundo eje que nos parece imprescindible es crear una verdadera carrera judicial presidida por los criterios objetivos de mérito y capacidad; algo que, tal y como está ahora mismo configurado el sistema de acceso sobre todo a los estratos más altos de la carrera judicial, no se produce. Ese grado de discrecionalidad, ahora en manos del Consejo General del Poder Judicial, en algunos casos ha conducido a decisiones no suficientemente justificadas, cuando no arbitrarias. Nos parece que ese Poder Judicial independiente requiere de esa carrera judicial presidida, como decía, por los criterios objetivos de mérito y capacidad. Una tercera línea absolutamente prioritaria es la dotación de más recursos humanos y técnicos para nuestra Administración de Justicia, más recursos humanos que exigen evidentemente una reorganización de la oficina judicial y también más recursos técnicos, una verdadera dotación de medios tecnológicos. En este sentido, la interoperabilidad entre los distintos sistemas judiciales que, por la dispersión competencial de nuestro sistema, han permitido que en muchos casos vivan de espaldas unos de otros, es una situación que no pude seguir manteniéndose durante más tiempo. Evidentemente, una mejor organización en cuanto a la planta judicial para adaptarse a las características sociodemográficas de una sociedad española del siglo XXI, que ha evolucionado y que es muy diferente de cuando se adoptó la vieja organización judicial en partidos judiciales del siglo XIX, es absolutamente prioritaria. Una última línea en la que hay que actuar es en el ámbito de los procedimientos. Hay que modernizar y someter a una importante revisión los procedimientos judiciales, fundamentalmente —y en esto coinciden todos los operadores jurídicos— en el ámbito del procedimiento penal. El único código procesal que no ha sufrido una revisión completa desde la Constitución es el Código Procesal Penal, y necesitamos poner al día nuestras normas penales para acabar con la duración indebida de muchos de los procedimientos. Como les decía, muchas de estas propuestas, aunque en realidad van dirigidas al Consejo General del Poder Judicial, entendemos que su marco de debate y de discusión, y de aprobación y de impulso, es esa Estrategia nacional de justicia en el ámbito de la subcomisión creada en la Comisión de Justicia. Pero también queremos hacer referencia a que todas estas propuestas tienen que concretarse en medios económicos, y por eso nuestro grupo parlamentario en los presupuestos que hemos acordado con el Gobierno, con el Partido Popular, hemos impuesto una partida específica para modernización tecnológica de la justicia de más de 100 millones de euros, con una vocación plurianual, porque necesitamos un gasto continuado y recurrente para esa modernización tecnológica de la justicia. Por eso, una buena oportunidad para dotar de medios e impulsar muchas de estas medidas será precisamente poner en marcha los presupuestos, con ese Plan de modernización de la justicia específicamente diseñado para acabar con el retraso de medios tecnológicos de nuestra justicia. Finalmente —ya termino, presidenta—, anuncio que admitiremos dos enmiendas, las números 105 y 110 del Grupo Popular, que van en la misma línea de lo que nosotros planteamos, mejoran nuestras propuestas y, por lo tanto, son susceptibles de ser aprobadas. El resto de las enmiendas presentadas a nuestra propuesta las rechazaremos. Muchas gracias. .

Jaume Moya Matas ECP

Bon dia. Buenos días. Desde nuestro grupo parlamentario hemos planteado veintidós propuestas de resolución que van estructuradas en una serie de ejes temáticos de los cuales les voy a hacer una pequeña exposición. El primer grupo de propuestas van destinadas a reforzar la democracia interna del gobierno de los jueces. Como tuvimos ocasión de decir el día de la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial, desde las reformas del Consejo realizadas por las leyes orgánicas 4/2013 y 7/2015, el órgano de gobierno de los jueces adolece de un cierto régimen presidencialista —como así dijimos—, un régimen que supone que la mayoría de las decisiones tanto a nivel político como a nivel técnico dependan directamente del presidente o de una comisión permanente formada solo por siete de los magistrados y magistradas. En ese sentido, proponemos una serie de medidas que refuercen estos mecanismos de democracia interna y garanticen la participación de todas las vocalías en la toma de decisiones relativas a los derechos económicos, representativos y al régimen de incompatibilidades. Por otro lado, también defendemos una serie de medidas en pro de conseguir el auténtico objetivo de la independencia judicial, de manera que se establezcan unos mecanismos reales que velen por la independencia judicial que, de hecho, como ya se ha dicho… .

Jaume Moya Matas ECP

Gracias, señora presidenta. De hecho, en este sentido no podemos olvidar las llamadas de atención que se han formulado a nivel internacional, por ejemplo, el informe Greco —el cual ha sido referido ya desde esta tribuna—, sobre la falta de independencia que viene a denunciar el mismo informe, encargado en el año 2015 por el propio Consejo General del Poder Judicial, en el cual se hace constar una clara preocupación, una clara desconfianza respecto a esta independencia por parte del 75 % de jueces y juezas del Estado español. Una independencia judicial que vemos gravemente en peligro últimamente, sobre todo por este nuevo criterio que ha adoptado el ministro de Justicia de comentar públicamente las sentencias, como hemos visto cuando ha celebrado la sentencia por la cual se ha venido a interpretar de forma restrictiva el derecho de huelga. Estas declaraciones públicas, estas opiniones respecto a las sentencias entendemos que suponen un grave ataque del Ejecutivo a dicha independencia judicial. Respecto al tema de nombramientos de la cúpula judicial, hemos presentado también una serie de propuestas de resolución en las cuales venimos sencillamente a pedir que se defiendan los criterios de igualdad, de capacidad, de paridad, que se mantenga en igualdad de méritos el criterio de preferencia de mujeres, y en ese sentido permítanme que me detenga. Nuestra propuesta número 54 —quédense con este número a la hora de votar— es la única de las veintidós en la que hemos recibido enmiendas por parte del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos. En esta propuesta decimos sencillamente que se salvaguarden los criterios de igualdad, capacidad y, en igualdad de méritos, el criterio de preferencia de las mujeres. Este es un criterio que viene avalado por el Tribunal Supremo y es un criterio absolutamente necesario. Ambas enmiendas vienen sencillamente a enmendar el mantenimiento del respeto de este criterio de preferencia de las mujeres; las únicas dos enmiendas que nos encontramos en las veintidós propuestas de resolución vienen a eliminar este criterio de preferencia asentado por el Tribunal Supremo. Señorías, altos tribunales del Estado español, audiencias provinciales, solo en las presidencias de ocho de cincuenta encontramos mujeres; tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas, solo encontramos una mujer en los diecisiete tribunales; magistrados del Tribunal Supremo, once mujeres de un total de setenta y nueve; Consejo General del Poder Judicial, cuatro mujeres respecto a once; Tribunal Constitucional, dos de doce. Entendemos que es imprescindible presentar el criterio de paridad, la preferencia de las mujeres en igualdad de méritos, y ya que de forma espontánea no ha habido manera, establezcamos de una forma definitiva el sistema de cuotas. Se ha hablado aquí del caso de la magistrada Àngels Vivas, que se presentó para ocupar la Presidencia de la Audiència de Barcelona. Aquí encontramos una doble discriminación, no solo hacia la señora Àngels Vivas en virtud de su candidatura, que fue rechazada por constar en el manifiesto de los treinta y tres a favor del dret a decidir dels catalans i catalanes sino, además, en su condición de mujer, ya que fue discriminada teniendo los mismos méritos que el candidato que fue finalmente designado. De manera que insistamos en este criterio. Por otro lado, racionalización de las cargas de trabajo. Un informe efectuado por el Consejo establece que un 45 % de los juzgados del Estado español supera en un 150 % los módulos de trabajo que serían deseables. De manera que también es importante invertir en la racionalización de este trabajo y definir reglamentariamente el cumplimiento de estos módulos. En cuanto a los planes de formación, formación inicial y formación continua de los jueces y juezas, también incidimos en la necesidad de que en esos planes de formación conozcan directamente la formación en derechos humanos, en memoria histórica, en lenguaje inclusivo y no endocéntrico y en derechos lingüístico, el respeto de los derechos lingüísticos. El otro día el presidente del Consejo General del Poder Judicial nos sorprendió cuando le formulamos esta cuestión y nos dijo que esta era una cuestión nueva. Después de quince años de la Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias, que viene siendo sistemáticamente incumplida, después de años y años de denuncias, nos viene diciendo que esto es una cuestión nueva… .

Jaume Moya Matas ECP

Gracias, señora presidenta. Después de más de quince años de vigencia de la Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias sigue siendo absolutamente incumplida por parte de las sedes judiciales. Un caso escandaloso —ya se ha dicho en esta tribuna— es el del juzgado de Olot, en el cual ha quedado absolutamente impune una actitud de menosprecio a algo tan sencillo como ejercer el derecho de libertad lingüística por parte de dos abogadas que actuaban en la sala. Medidas contra la lacra de la violencia machista. Desde el ministerio y el Consejo se propone un proceso de comarcalización en pro de la especialización de los juzgados. Sin embargo, este proceso de comarcalización entendemos que es un eufemismo porque, en realidad, supone un alejamiento físico de las sedes judiciales de las víctimas, y eso nos parece intolerable. Suficientemente complicado es que la víctima acuda al juzgado como para que, a través de este mal llamado plan de comarcalización, se llegue a alejar la sede judicial a más de 50, 60 o 70 kilómetros de la víctima. Hay que establecer un principio de proximidad física y, también, de salas amables para que las víctimas menores que tengan que acudir a estas sedes judiciales al menos tengan un espacio de serenidad antes de comparecer ante el juez. Para terminar, señora presidenta, todas estas medidas son en pro de una justicia moderna, que garantice una respuesta homogénea, objetiva, previsible y segura a los derechos de la ciudadanía, que promueva una participación con transparencia, favorezca mecanismos de control y establezca precisamente que el Poder Judicial sea uno de los tres puntales del Estado y garante del Estado social y democrático de derecho y no se limite a ser una simple comparsa de las voluntades políticas del Gobierno de turno. Gracias. .

Avelino De Barrionuevo Gener PP

Muchas gracias, señora presidenta. El pasado 15 de marzo compareció ante esta Cámara el presidente del Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Lesmes, para presentarnos la dación de cuentas de la memoria del Consejo del año 2015. Es de agradecer que esta la hizo con los datos a fecha de 2016, lo que nos ha permitido tener una visión más real y actual de la labor que desempeñan los más de cinco mil quinientos jueces y magistrados que hay en España. Unos jueces que, con el espíritu de servicio e independencia, realizan las funciones encomendadas por la Constitución juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Queremos mostrar nuestro reconocimiento a su labor, y prueba de ello es que, a fecha 31 de diciembre de 2016, se han resuelto más de 6 millones de asuntos frente a los 5.800.000 que se han registrado nuevos. Sin duda, estos buenos resultados son como consecuencia del trabajo de los jueces y del fruto de las reformas legislativas llevadas a cabo por el Grupo Popular; reformas como la del Código Penal, destipificando algunas conductas, o las reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que establece que, con carácter general, no se remitieran los atestados a los juzgados de Instrucción cuando estos no tuvieran un autor propio… .

Avelino De Barrionuevo Gener PP

Gracias, presidenta. Por todo ello, estas medidas —que en su momento hizo el Partido Popular— han contribuido al descenso de la litigiosidad y, por lo tanto, a la carga de trabajo que asumen los jueces. En consecuencia, una de nuestras propuestas es instar al Consejo General del Poder Judicial a que en sus memorias incluya un apartado específico, en el que refleje el impacto en los distintos órdenes que han tenido las reformas legislativas que aprobamos aquí en la Cámara. Creemos que con ello tenemos una mejor evaluación de nuestro trabajo, pues nos corresponde a nosotros impulsar, aprobar y apoyar los instrumentos normativos necesarios para mejorar la situación de nuestra justicia. Otras de las medidas que alabamos del Consejo, y que seguimos animando a que la siga potenciando, son las políticas de transparencia, buen gobierno y modernización. Ello es necesario para acercar la justicia a los ciudadanos y que puedan transmitir sus quejas, con lo cual vamos a proceder a evaluar el grado de satisfacción que tienen estos ciudadanos con respecto a la calidad de la justicia. Por ello, instamos al Consejo a realizar campañas divulgativas de esta herramienta dentro del ámbito de sus competencias. Por otra parte, una propuesta compartida con casi todos los grupos es la necesidad de que por parte del Consejo General del Poder Judicial culminen los estudios sobre la carga de trabajo que desarrollan nuestros juzgados. Con dicha información podremos conocer cuántas nuevas plazas son necesarias para dar una mejor respuesta a los ciudadanos en los tiempos de resolución de sus pleitos y afrontar una mejora laboral de nuestros jueces. En este punto, señorías, quiero pedir corresponsabilidad a todos, a los 350 diputados que tiene esta Cámara para que se aprueben los presupuestos generales de 2017, presupuestos que van a permitir ofertar más de 100 plazas de jueces y fiscales para el próximo año. La aprobación de los presupuestos permitirá la convocatoria de más de 67.000 plazas de empleo público, muchas de ellas, unas 3.000, para distintos cuerpos de la Administración de Justicia. Pero si tan importante es tener una plantilla de jueces y magistrados adaptados a la realidad, no menos importante es la formación de estos. Desde el Partido Popular consideramos que mientras mejor formados estén nuestros jueces mejor servicio darán a la sociedad. Por eso, apoyamos todas esas medidas, en las que se insta a que mediante el Plan de formación organizada por la Escuela Judicial se organicen cursos que formen y sensibilicen a los jueces en materia de sustracción internacional de menores, violencia de género y delitos de odio y se dote de contenido el artículo 433 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial a los efectos de ascenso y promoción de los jueces. Siendo la violencia de género una de las lacras de nuestra sociedad, hemos presentado una propuesta de resolución para que continúen mejorándose los servicios prestados por las unidades de apoyo para los juzgados de violencia. Señorías, todas estas medidas no podrían ejecutarse si no tuviéramos una justicia moderna. Por tanto, instamos al Consejo a seguir trabajando para que el expediente digital sea una realidad y para que se lleve a cabo definitivamente la implantación de la oficina judicial. Señorías, se han presentado 128 proposiciones de resolución, muchas de ellas son coincidentes entre todos los grupos, como bien han apuntado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, como el fomento de la mediación intrajudicial para la resolución de conflictos, la lucha contra la violencia, la lucha contra el fraude y la necesidad de mejorar los medios materiales y humanos. Por ello, anuncio que nuestro grupo votará favorablemente más de setenta de esas propuestas. Las que hemos rechazado ha sido principalmente por dos motivos: uno, porque consideramos que no son necesarias, como la proposición número 31 del Partido Nacionalista Vasco, en la que pedía al Consejo que tuviéramos un código ético propio y no el código iberoamericano, sobre todo después de la intervención que tuvo en esta sede el presidente del Consejo que ya nos anunció —consta en el Diario de Sesiones en la página 51— que el 20 de diciembre se aprobó ese código ético bajo el nombre de Principios de ética judicial, producto de la elaboración de un trabajo desarrollado por las cuatro asociaciones judiciales. Otro de los motivos por los que hemos rechazado algunas de las propuestas es porque las propuestas se escapan de las competencias del propio Consejo General del Poder Judicial como, por ejemplo, la propuesta número 5 del PDeCAT de derogar la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que garantiza el pleno y efectivo cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional… .

Avelino De Barrionuevo Gener PP

Gracias, señora presidenta. Respecto a las diez enmiendas presentadas por mi grupo, lamentamos que Ciudadanos no aceptara la modificación a su propuesta número 98, en la que proponíamos instar al Consejo General del Poder Judicial a reforzar las garantías en la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad en los nombramientos de su competencia, introduciendo la mayor claridad posible en la baremación de cada candidato. Quiero terminar mi intervención, señorías, como hizo el señor Lesmes. La justicia representa la salvaguarda última de la defensa de los derechos de los ciudadanos. Trabajemos para ello, para que tengamos una justicia eficaz y de calidad. Muchas gracias, señorías. .